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Galicia
BRUSELAS. Dos meses después de que el fuego se ensañara con los bosques y tierras gallegas y se cobrase la vida de cuatro personas, el Gobierno español se ha dirigido a la Comisión Europea para pedir el apoyo económico de Bruselas a través del Fondo de Solidaridad, que prevé la asistencia a Estados miembros de la UE en casos de catástrofes naturales.
Según han confirmado el Gobierno, la Xunta y fuentes comunitarias, España solicitó la ayuda de Bruselas a finales de la semana pasada apurando así la fecha límite establecida por la norma comunitaria para pedir la asistencia económica de la UE, según la cual el Fondo sólo puede ser activado si la solicitud del país afectado se produce en un plazo de diez semanas a partir de la fecha en que se produjeron los primeros daños.
El pasado 7 de septiembre el PP y PSOE europeos pidieron a la Comisión Europea la movilización del Fondo de Solidaridad de forma que las regiones europeas afectadas puedan acogerse a él para paliar los daños causados por las catástrofes naturales. No obstante, días antes el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, había hecho público que el Gobierno español y la Xunta de Galicia no se habían pronunciado ante Bruselas para pedir la asistencia contemplada por el fondo comunitario y paliar así los daños provocados por los devastadores incendios.
Según fuentes del Ejecutivo comunitario, el Gobierno español ha enviado a Bruselas un informe en el que da parte de los daños totales derivados de la catástrofe, de las repercusiones que ha tenido sobre la economía y la población, de los costes aproximados que supondrá a las arcas españolas y de las fuentes de financiación de las que dispone.
Con este paso se abre un periodo de análisis en el que la Comisión Europea (CE) estudiará si lo expuesto en el informe concuerda con los requisitos establecidos para acogerse a las ayudas. El estudio de la CE podría durar entre dos y tres meses, aunque el proceso total hasta que España pueda recibir el pago de Bruselas en caso de ser aprobado podría alcanzar un año a partir de ahora y, en caso de que la cantidad estimada por España sea superior a los cálculos posteriores de Bruselas, deberá procederse a la devolución de la cantidad correspondiente.
El Fondo de Solidaridad puede ser ejecutado en casos de daños que superen los 3.000 millones de euros o representen pérdidas superiores al 0,6% del PIB del país. En caso de catástrofes regionales inferiores que afecten a la mayoría de la población y supongan un duro golpe para su economía el Fondo prevé una ayuda anual de 5.625.000 euros.
Misión a Galicia
Por su parte, la Mesa de Presidentes el Parlamento Europeo (PE) pretende aprobar mañana el envío de una misión a Galicia para analizar la gestión de los incendios del pasado verano y visitar las zonas más afectadas.
Hasta el momento, la única ayuda que el Gobierno había solicitado a Bruselas para combatir los incendios se limitaba a tres aviones Canadair, cinco helicópteros dotados de contendores de agua y 20 camiones cisterna, que fueron previstos en un plazo de pocas por la CE el pasado 9 de agosto. El PE se plantea en estos momentos la creación de un «Cuerpo europeo de protección civil» que haga más eficaz la asistencia comunitaria en estos casos.
Una información de Laura Villena (Servicio Especial) publicada por el diario ABC el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido. |
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SANTIAGO. El 22 de mayo de 2005, el colectivo «Burla Negra», vinculado a la plataforma «Nunca Máis», presentó en Santiago el documental «Hai que botalos», compuesto por 25 cortometrajes y que pretendía «mostrar una visión crítica de la situación política, social, cultural y económica de Galicia», si bien su fin último era animar al electorado a no votar al PP en las elecciones autonómicas del 19 de junio. El proyecto seguía el mismo patrón que el film «Hay motivo», promovido por sectores culturales afines al PSOE en la precampaña de las generales de 2004 con la intención de menoscabar la imagen de los ocho años del Gobierno de Aznar.
En el caso de «Hai que botalos» -cuya página web, desde la que podía descargarse el documental, ya no está activa-, la Xunta de Galicia llegó a plantear a sus servicios jurídicos si el documental era injurioso hacia la figura del entonces presidente Manuel Fraga. «Es morralla y porquería», denunció tras visionarlo el también candidato del PP a la reelección, «y a quien lo vea le va a dar asco». En uno de los cortometrajes se imitaba al propio Fraga y se recordaba su pasado franquista; en otro se sucedían insultos en gallego hacia los dieciséis años de gobierno popular, y en tres de ellos se justificaban las actuaciones del colectivo «Nunca Máis» durante la crisis del «Prestige».
Pues bien, tras el cambio de gobierno en la Xunta de Galicia, cerca de cuarenta de los participantes en «Hai que botalos», muchos de ellos a su vez integrantes de «Burla Negra» y «Nunca Máis», reciben ayudas de la Administración autonómica o trabajan para distintos departamentos de la misma.
De monologuista político a la TVG
El caso más claro es el del actor Carlos Blanco, participante como monologuista en diversos actos electorales del PSOE y el BNG, e intérprete en el cortometraje «O Derradeiro», dentro de «Hai que botalos». En una entrevista en julio de 2005 explicaba que «han sido muchos años de lucha, no tanto contra Fraga, sino contra una Galicia a superar, la del enchufismo». El pasado 9 de junio, Blanco presentaba su nuevo programa en la TVG, «Somos unha potenzia». Este 2006, Blanco ha participado también en las películas «O partido» y «Hotel Tívoli», ambas producidas por la Televisión de Galicia y subvencionadas por la Consellería de Cultura de la Xunta. También apareció en «Cargo», otra cinta producida por el ente público autonómico.
El otro actor gallego más identificado con los movimientos opositores al anterior gobierno popular es Luis Tosar. Integrante de las listas del BNG al Parlamento Europeo en 2004, fue voz en «off» de otro de los cortometrajes. En 2006 ha prestado su voz a la campaña audiovisual de Turgalicia, organismo dependiente de la Consellería de Industria, controlada por el Bloque. Además de participar en «Hotel Tívoli», formó parte de la película «Galatasaray-Depor», coproducida por la TVG.
Del campo de las letras gallegas proceden Suso de Toro y Manuel Rivas, guionistas de los cortos «Non hai palabras» y el controvertido biopic de Manuel Fraga, respectivamente. De Toro, inspirador de Zapatero, se ha convertido en tertuliano habitual de la Radio Galega, una emisora cuyo director de programas es Xurxo Souto, que fue uno de los portavoces de «Nunca Máis», y cuya labor ha sido duramente cuestionada durante la ola de incendios que asoló Galicia este verano. Rivas, por su parte, vio cómo su obra «O Héroe» era subvencionada por la Xunta de Galicia e incluida en los circuitos culturales de la Consellería del ramo y el Instituto Galego de Artes Escénicas.
Junto a Carlos Blanco en el corto «O Derradeiro» actuaba Paco Lodeiro, intérprete que en la actualidad presenta en la TVG los programas «Cifras y letras» y «Terceira rede». Del celuloide a la televisión autonómica saltó también la actriz Iria Piñeiro, participante de otro documental de «Hai que botalos» y que este verano ha presentado en el canal autonómico el espacio vespertino «Supermáster».
Intérpretes de «Hai que botalos» como Evaristo Calvo, Miguel de Lira, Patricia de Lorenzo o Marcos «Petete» han encontrado un hueco en la serie «Pepe O Inglés», también emitida por la TVG con discretos resultados de audiencia. Paula Carballeira combina su participación en la referida serie con la dirección e interpretación de «A cabana de Babaiagá», una producción para el público infantil del Centro Dramático Galego, dependiente de una Consellería de Cultura que subvencionó con 27.600 euros a la compañía «Berrobambán», a la que pertenece junto a Anabel Gago, Chiqui Pereira y Teresa Rodríguez. Las cuatro, a su vez, aparecieron en el cortometraje crítico «Untos».
En este documental, que relataba las «guerras internas del PP», también fue parte activa Lorena Conde, productora en la actualidad del espectáculo «Circo-Lar», dentro del circuito «A Cultura Circula» - financiado por la Vicepresidencia de la Xunta y las Consellerías de Cultura e Industria, tres departamentos gobernados por el nacionalismo gallego-, en el que también se han incluido obras de Xesús Ron y Pela del Álamo, actores protagonistas de otro de los cortometrajes.
La Consellería paga
A sueldo de la Consellería de Cultura está también la actriz Nazaret López -guionista de la pieza «Me lo dijo Pérez»-, que presenta los actos de «O ano da memoria», organizados por este departamento. De Cultura depende también el Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC), donde se han proyectado vídeos de Juan Lesta, autor de un corto sobre la «manipulación informativa durante el «Prestige»». El músico Boy Elliot, responsable de la banda sonora del corto «¿Nunca Máis», ha participado en giras financiadas por la Consellería, caso parecido al del grupo de hip-hop «Dios ke te crew», que puso ritmo a una de las piezas del proyecto y ha participado recientemente en el festival «A Mocidade coa Lingua», subvencionado por la Vicepresidencia.
El programa «Onda Curta» de la TVG recoge, igualmente, a diversos integrantes del movimiento intelectual contra el anterior gobierno de Manuel Fraga. Su presentador, «Juanillo» Esteban, fue activo militante de los actos públicos de la plataforma «Nunca Máis». En su programa se han emitido cortometrajes de Cesar Martínez Goldi, participante a su vez en dos de los documentales de «Hai que botalos»: uno sobre el «despilfarro de las ayudas europeas» en la etapa de Fraga y otro acerca del «acarreo» de votos en el rural.
Así hasta superar la treintena de nombres y apellidos que, tras colgar la pancarta con el cambio de color político en San Caetano, se manifestaron el pasado agosto en Santiago no para exigir la depuración de responsabilidades en la Xunta por el «agosto negro» que calcinó más de 80.000 hectáreas entre el 4 y el 14 de dicho mes, sino para responsabilizar sin reparos a la anterior política del PP de la catástrofe incendiaria y defender la gestión de la actual Administración. PSOE y BNG duermen tranquilos. Saben que contra ellos no filmarán otro «Hai que botalos».
Una información de Jose Luis Jiménez publicada por el diario ABC el domingo 24 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido. |
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Una multitudinaria concentración -superior a la de «Nunca Máis»- reclamó responsabilidades a la Xunta y el Gobierno central por los incendios de Galicia. Rajoy cree que la crisis se gestionó de forma «incompetente»
Santiago - El Partido Popular de Galicia enseñó ayer en la plaza del Obradoiro de Santiago su musculatura. Ya no gobierna, pero su capacidad de convocatoria es incuestionable. 40.000 simpatizantes, según cifras de «Sós contra o lume» (Solos contra el fuego), la plataforma organizadora de la manifestación; 12.000 personas, según cálculos de la policía local, elevaron su voz para pedir una comisión de investigación y dimisiones en el bipartito por la plaga de incendios que puso en jaque a Galicia durante los primeros quince días del pasado agosto.
Galicia está quemada. Y continúa sin saber qué pasó durante esa fatídica quincena. Lo que sí ha quedado claro es que «no ha habido tramas organizadas», como aventuró en los primeros momentos de la crisis el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y como ya adelantó este periódico. El presidente del PP, Mariano Rajoy, se apoyó en un informe elaborado por la Guardia Civil «que descarta la trama criminal» para desdecir al ministro.
El líder popular, que definió la marcha como «la más importante de Galicia de los últimos quince años», aprovechó para pedir que «se forme una comisión de investigación que esclarezca» lo sucedido.
Para Rajoy, la labor de un Gobierno es la de «no crear problemas» y, en su opinión, los manifestantes se citaron en Santiago para reclamar que «los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Touriño asuman sus responsabilidades», que las «ayudas a los damnificados sean serias y que se cree un plan serio y de verdad». A continuación, el presidente del PP acentuó el gesto de seriedad para indicar que «los incendios de Galicia demuestran la incompetencia y la ineficacia de la Administración, como en otros temas como la inmigración, las deficiencias en el control de las fronteras o la paralización del aeropuerto de El Prat. Lo grave es que la Administración haya intentado derivar sus responsabilidades hacia otros».
Rajoy, que llegó media hora tarde a Santiago por un retraso en su vuelo, también recordó las palabras de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, señalando el «bajo nivel sociocultural de los gallegos». Le respondió que «está muy por encima de alguno de los miembros del Gobierno de España».
Antes de sumarse a la manifestación, el líder popular criticó al PSOE por utilizar su Conferencia Política para «agredir al PP y a los que no piensan como ellos. Los únicos y grandes protagonistas hemos sido los dirigentes y militantes del PP». Además, censuró la presencia del ministro de Asuntos Exteriores en la Cumbre de Países No Alineados y apostó por «estar al lado de las democracias liberales y occidentales, y no con Cuba, Venezuela o Irán».
Después de su alocución ante los medios, Rajoy se integró en la manifestación con Alberto Núñez Feijoo, presidente del PPdeG, y Ana Pastor para escuchar atentamente los discursos de la plataforma «Sós contra o lume».
Especial trascendencia, por la emotividad, sonaron las palabras de Ana Massó, que perdió a su madre y a su abuela en el incendio de Cerdedo: «¡Qué ironía, señores de la Xunta! Yo les voté a ustedes y estas muertes se podrían haber evitado cortando a tiempo la carretera. Por eso les insto a que asuman sus responsabilidades, que se sepa toda la verdad y que se haga justicia». Su discurso fue premiado con un atronador aplauso, que retumbó en la milenaria plaza de la catedral. En esta línea, Núñez Feijoo, señaló que «es una segunda oportunidad para que el Gobierno deje la soberbia y de incriminar a la oposición y explique a los gallegos qué sucedió. Es su segunda oportunidad y le tiendo la mano». Los dirigentes populares vieron el clamor de sus simpatizantes entre el gentío, «porque el partido no convocó la manifestación», señaló Feijoo.
Una información de Xabier R. Blanco publicada en el diario LA RAZON el lunes 18 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido. |
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CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA). El lento avance sobre el río Umia de una letal mancha tóxica de productos cancerígenos derivados del petróleo y sulfato de cobre, de 1,5 kilómetros de largo y color azulado blanquecino, amenaza desde el incendio el viernes en la central química de la firma alemana Brenntag los bancos pesqueros de la ría de Arosa. Se trata de una nueva gran tragedia medioambiental en una Comunidad ya castigada por el «Prestige» y los incendios forestales, que ha obligado al Gobierno gallego a cerrar de forma cautelar los bancos marisqueros en la desembocadura del río y prohibir a más de 100.000 personas el uso doméstico de sus aguas, incluso para el riego.
El fuego, declarado pasadas las 14.00 horas del viernes en la central situada en Caldas (Pontevedra), y controlado a las tres horas con la acción conjunta de efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Bomberos de diferentes distritos, pareció, en principio, lo de menos. El tráfico entre Villagarcía de Arosa, Pontevedra y Santiago cortado durante horas; una enorme columna de humo y las primeras tesis del fallo humano -un trabajador pudo manipular erróneamente un disolvente y provocar la deflagración- dieron paso, momentos después, a la incertidumbre de vecinos y personal de las naves contiguas que sufrieron importantes molestias en los ojos por la combustión de los productos corrosivos e inflamables que manipulaba la factoría.
Ya entonces saltó la alarma: el aire podría ser tóxico. Descartada tal posibilidad por los técnicos de Protección Civil que, desplazados a la zona, aseguraban que el nivel de contaminación atmosférica era, definitivamente, cero, el fantasma de una nueva catástrofe ambiental sobrevoló de la mano de los agentes de «Aguas de Galicia», el organismo autonómico responsable de la calidad de las aguas en la Comunidad. Los técnicos observaron que el río Umia tenía una mancha de color azul turquesa, de aproximadamente un kilómetro y medio, que se desplazaba lentamente -a un ritmo de medio kilómetro cada cuatro horas- por el cauce fluvial y que podía provocar, según el consejero de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, una «elevada mortandad» a su paso.
El veneno fluyó durante trece horas
Y, lamentablemente, así ha sido. Una simple visita al tramo del cauce por donde el vertido se ha paseado a sus anchas ofrece la triste panorámica de cientos de peces muertos y plantas teñidas del turquesa maldito en los márgenes donde se ha posado la mancha, que, según comentaron testigos de la zona a ABC, no dejó de fluir sobre el río hasta trece horas después de declararse el fuego. Para controlar más «fugas», Pesca ordenó la extracción de muestras de agua del Umia cada 3-4 horas por parte de técnicos del Instituto Tecnológico del Mar. Apenas unos kilómetros río arriba, el personal de la nave de almacenamiento y distribución de productos químicos de Caldas, ataviado con trajes especiales, continuó retirando durante toda la jornada los productos corrosivos aún presentes en la parte posterior de los 5.000 metros cuadrados de instalación que quedaron totalmente chamuscados.
Mientras eso ocurría, en el Ayuntamiento de Cambados, los titulares autonómicos de Medio Ambiente y Pesca «sorprendieron» a los alcaldes de la comarca pontevedresa del Salnés, a las que surte de agua el río Umia, al revelarles el alcance de la tragedia: cortado a última hora de la tarde del viernes, el suministro de agua para el consumo doméstico queda prohibido, incluso para el riego, como «medida de prevención», explicó la consejera de Pesca, Carmen Gallego.
El embalse de Caldas de Reis también quedó cerrado para usar el agua almacenada hasta agotar las reservas. Además, el excedente de los depósitos de la cabecera del río sólo durarán hasta hoy o mañana, como máximo, momento en el que la Xunta dispondrá «una flota de camiones cisterna» para abastecer a los 110.000 residentes en la comarca afectada.
Las caras largas de los regidores se acentuaron cuando se les informó de que la mancha química es altamente volátil y tóxica, hasta el punto de que, a la salida de la reunión, hablaban de «una catástrofe medioambiental sin precedentes, la primera de la historia de la comarca», que se salvó a duras penas del «Prestige» y que rozó la de los incendios de este verano.
Una información de Érika Montañés publicada en el diario ABC el domingo 3 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido. |
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20.000 personas, encabezadas por el PSOE y el BNG, se manifiestan en Santiago contra «el terrorismo incendiario». Pese a la falta de efectivos durante los fuegos no hubo críticas ni a Xunta ni al Gobierno. José Blanco: «Rajoy no quería que los incendios se apagaran»
Madrid - La manifestación convocada ayer por «Nunca Máis» en Galicia tenía como lema «Paremos el terrorismo incendiario. Por un cambio en las políticas para nuestro monte». Miles de personas -20.000, según la Policía; 40.000, según la organización- se sumaron a una marcha en la que el principal interrogante que gritaron los asistentes fue: «¿A quién beneficia que arda Galicia?».
José Blanco, secretario de Organización del PSOE, a la misma hora en Madrid declaraba lo siguiente: «Sonará fuerte decirlo, pero lo voy a decir, durante estos días he escuchado en muchas ocasiones al señor Rajoy hablar de los incendios en Galicia, el señor Rajoy no quería que los incendios se apagaran, ni que se detuviera a los pirómanos, lo único que quería era criticar al presidente del Gobierno de España».
Al inicio de la manifestación, una de las portavoces de «Nunca Máis», Adela Figueroa, afirmó que Galicia «necesita un cambio radical en la política anterior, que durante muchos años desestructuró el país». Según esta ecologista, cuando hay una ordenación del territorio lógica prender fuego, aunque se quiera, es muy difícil», aseveró.Y es que, aunque desde agosto de 2005 el Partido Popular no está al frente de la Xunta, las críticas hacia sus dirigentes fueron la tónica durante toda la jornada de ayer. A las pancartas en las que se podían leer «Incendiario = Terrorista. Eucaliptos= gasolina» o «Partido Popular, terrorismo ambiental» se sumaron las palabras de la nutrida representación de representantes políticos del PSOE y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) que encabezaron la manifestación.
Entre los asistentes se encontraban el secretario de Organización del PSdeG, Ricardo Varela, el portavoz del Grupo Parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, y su homólogo del PSdeG, Ismael Rego. Jorquera valoró como «increíble» que el anterior Ejecutivo gallego destinase «recursos a la lucha contra el fuego» pero «nunca a investigar las causas». Además, resaltó que lo «fundamental» es «acelerar las políticas que está poniendo en marcha el actual Gobierno» para contrarrestar el «abandono rural» y la «gran eucaliptada» que provocó la gestión de la anterior Xunta.
Sin embargo, en relación «a las políticas del actual Gobierno», Alberto Blanco, alcalde popular de Muxía, en La Coruña, afirmaba hace dos días en una entrevista concedida a LA RAZÓN que «Narbona hasta ahora no había hecho nada» y que la catástrofe gallega era consecuencia de «reducir las plantillas de la lucha contra incendios un 34 por ciento».
Criminalizar. Por su parte, el portavoz parlamentario del PP de Galicia, Xosé Manuel Barreiro, recordó que cuando él era consejero de Medio Ambiente ya decía que el 90 por ciento de los incendios eran intencionados y que, ante tal afirmación, Emilio Pérez Toruriño, actual presidebte de la Xunta, y su vicepresidente, Anxo Quintana, le respondían que «pretendía criminalizar a la sociedad». «¿Por qué se quiere desviar la atención y no se quiere analizar la situación a fondo?», se preguntó.
A la manifestación se sumó también un reducido grupo de independentistas, que portaban grandes fotografías del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el líder del PP, Mariano Rajoy, o el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, su vicepresidente y el responsable de Medio Ambiente, con la leyenda «Responsable». No obstante, fueron abucheados por la gente cuando entraron en la plaza de la Quintana, donde la cantante Uxía Senlle leyó un manifiesto donde señaló que, en doce días, Galicia sufrió una «auténtica barbarie que sólo puede ser calificada de terrorismo incendiario».
El manifiesto recordó que se registraron cuatro víctimas mortales: dos mujeres que quedaron atrapadas en su coche en un fuego los primeros días, un hombre que apareció calcinado y otro que sufrió quemaduras mientras apagaba un fuego y murió tras varios días ingresado en un hospital.
«No lo vamos a olvidar», gritó Uxía Senlle, que también indicó que este año los incendios fueron «cualitativamente distintos» a los que habitualmente se registran en Galicia, ya que se registraron especialmente en la fachada atlántica, muy cerca de zonas habitadas y amenazaron casas, aeropuertos o gasolineras. «La percepción de la gente llegó a ser de un cierto desamparo cuando, pese a los esfuerzos desplegados por el operativo, el fuego era una amenaza real», y «otra vez» la sociedad civil «suplió con sus propias manos las carencias que se daban en los momentos más duros de la catástrofe». El manifiesto explicó también los objetivos de la manifestación: mostrar que la sociedad gallega «no ampara estas prácticas de terrorismo incendiario, sino que las repudia y combate» y reclama que no haya impunidad. «Los culpables, directos o indirectos -si se demuestra que existen- deberán pagar por su proceder», señaló.
248 millones de pérdidas. La plataforma «Nunca Mái» reclamó en el manifiesto la creación de una comisión parlamentaria en la Cámara gallega para estudiar lo acontecido estos días y apuntó que, más allá de la confrontación partidista, la sociedad gallega reclama de sus representantes soluciones al problema del fuego, ante lo que demanda una nueva política forestal. Mientras, técnicos y veterinarios de la Consejería de Medio Rural calculan los daños ocasionados por las llamas. Uniones Agragarias ya ha cifrado en 248 millones la pérdida de renta a la que tendrán que hacer frente los agricultores, ganaderos y dueños de madera, por lo que no ha dudado en situarlos como «las grandes víctimas reales».
Una información de F. Martínez publicada en el diario LA RAZON el lunes 21 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido. |
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Complementamos la información sobre estos farsantes de ‘Nunca Mais’ con la reseña que publicaba la pasada semana Libertad Digital sobre una ‘manifestación’ también en Santiago de Compostela el 9 de Agosto. Según algunas de sus pancartas ‘Rajoy debe morir’ y con estos se manifiestan representantes del gobierno gallego. De asco, de nausea y de terror.
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La manifestación del pasado 9 de agosto en Santiago de Compostela revivió las peores épocas del acoso político organizado tras el caso Prestige. Las pancartas de Nuca Máis volvieron a estar presentes pese a que se quiso hacer ver que todo era espontáneo. No protestaron contra el Gobierno ni contra la Xunta sino desempolvando las consignas con las que nacieron, es decir, contra el PP. Las pancartas que pudieron verse el día 9 decían cosas como "¿A quién beneficia el terrorismo del fuego?", "PP-irómanos" o, directamente, "Rajoy debe morir". Toda una muestra de cómo se posicionan los simpatizantes de Nunca Mais contra lo que califican de "terrorismo incendiario". Este domingo vuelven a la calle en Santiago de Compostela.
(Libertad Digital) La plataforma cívica Arde Galicia, una de las que está denunciando más activamente la verdadera estrategia de Nunca Mais, alertó este viernes en su página web de lo que pasó desapercibido en la pasada manifestación del 9 de agosto.
Las imágenes, que hablan por sí mismas, fueron divulgadas con orgullo en un sitio de extrema izquierda (galiza indymedia). En ellas pueden encontrarse varios lemas que no reflejan una excesiva preocupación por los incendios. Acusan al Partido Popular aprovechando las tesis sobre las tramas organizadas. La pancarta dice "Fuego nunca más. PPirómanos". Detrás del cartel, todos portan la simbología de la plataforma que acosó al PP durante el desastre del Prestige.
Y de la acusación pasan a la amenaza. Sin rodeos, una frase escrita en un cartón y perfectamente visible para el público que lo rodeaba dice así: "Rajoy debe morrer" (Rajoy debe morir).
La plataforma que entonces defendió con tanta firmeza el propio José Blanco no se había pronunciado con ocasión de la oleada de incendios que este verano ha asolado Galicia. Ni una protesta, ni un reproche. Desde que el PSOE llegó al poder en los gobiernos central y autonómico, Nunca Mais había reducido su actividad a pequeñas notas de prensa sobre el Estatuto y poco más. El día 15 de agosto, antes de que arreciaran los reproches por su falta de sensibilidad con el Medio Ambiente anunciaron su vuelta: Contra o terrorismo incendiario reactívase a Plataforma Nunca Máis e convoca mobilización nacional. Lume Nunca Mais. Paremos o terrorismo incendiario.
Sin embargo ese mismo lema –Lume Nunca Mais– y las banderolas de esta plataforma ya estaban presentes el día 9 de agosto en Santiago de Compostela asociadas a nuevos ataques contra el Partido Popular.
Una información publicada en libertaddigital.com el viernes 18 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido. |
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SANTIAGO. El bipartito de la Xunta de Galicia sufrió ayer un nuevo revés en su intento de minimizar las consecuencias de la catástrofe de los incendios forestales. La corrección no viene ahora de la UE, de los madereros ni de la empresa que utilizó las imágenes de la Nasa: una estimación del Instituto de Economía y Geografía del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) eleva a 92.000 las hectáreas arrasadas por el fuego, frente a las 77.000 que contabilizó el pasado miércoles el consejero de Medio Rural, el nacionalista Alfredo Suárez Canal.
Los datos del Instituto reflejan la magnitud de la catástrofe -un desastre que no niegan ni los responsables del ejecutivo autónomo, aunque discrepen de su alcance- en la provincia de Pontevedra, con 40.000 hectáreas calcinadas, el 8,9 por ciento de la superficie total, con datos tan significativos como el del término municipal de la capital, que habría perdido un tercio de su superficie forestal, 4.000 hectáreas, Es información del propio Ayuntamiento, puesto como ejemplo de lealtad institucional por el ejecutivo autónomo, quizás porque el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, es el único nacionalista en las grandes ciudades gallegas.
El CSIC ha obtenido los datos basándose en la observación física, que no virtual, de dos imágenes del satélite «Aqua» de la Nasa, una con resolución de 250 metros por pixel, que permitía una mejor visualización espacial, y la segunda, de 500 metros por pixel, pero con siete bandas espectrales que facilitaban la localización de los focos, según explicó ayer a Efe la investigadora del Instituto de Economía y Geografía, una de las autoras del informe.
Contradicciones
No es la única desautorización que ha sufrido el Gobierno gallego. Sus datos se contradicen con los aportados por el Centro de Información Forestal de la UE, que contabilizaba 86.232 hectáreas, aunque sólo contemplaba incendios de más de 50; los aportados por los madereros, que hablaban de unas 100.000 hectáreas quemadas en las dos peores semanas de la lucha contra el fuego desde que esa responsabilidad estaba a cargo del tripartito, allá por 1989, y los de la empresa Infocarto, que se basaba también en imágenes de la Nasa para elevar la cifra a 175.000.
Por no coincidir, los datos aportados por el ejecutivo autónomo, que habló primero de 65.000 hectáreas, elevadas después por su presidente, el socialista Emilio Pérez Touriño, a unas 70.000, para llegar finalmente a las 77.000 en su valoración oficial provisional, ni siquiera se correspondían con los facilitados por el delegado de la Consejería de Medio Rural de Lugo, que hablaba de 2.800 hectáreas arrasadas en la provincia sólo unas horas antes de la comparecencia de los consejeros de Medio Rural y Presidencia en la que las reducían a 2.000.
Son en todo caso unos daños muy inferiores a los sufridos en la provincia de La Coruña, la más afectada por los incendios, con 43.000 hectáreas -el 5,4 por ciento de su superficie total-, con especial incidencia en municipios como el de Muxía, el punto cero de la marea negra provocada por el «Prestige», que perdió en esta campaña buena parte de su patrimonio forestal entre protestas airadas de su alcalde por la imprevisión del ejecutivo autónomo: «Antes se vigilaba de noche desde las torretas, ahora no; antes había cuadrillas y ahora no. Dependemos de la solidaridad de los vecinos y de los voluntarios. Ha venido a colaborar un grupo de Madrid, amigos de los tiempos del «Prestige»».
También en Compostela, donde el alcalde, Xosé Clemente Sánchez Bugallo, atribuyó un carácter de excepcionalidad a la proximidad de los fuegos a la residencia oficial del presidente de la Xunta y los núcleos de población, olvidando quizás la experiencia similar de anteriores campañas.
Una información de A. Aycart publicada en el diario ABC el sábado 19 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido. |
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SANTIAGO. El bipartito gallego se vanaglorió, desde que se hiciese con las riendas de la gestión antiincendios, de ahondar en la prevención frente a la extinción, salto y seña de la política forestal de la «era Fraga». Por eso, anunció un recorte del 34 por ciento de los presupuestos destinados al combate contra los fuegos, lo que arrastró, entre otras secuelas, el hecho de que la presente campaña estival se iniciase con un recorte de 750 brigadistas trabajando en los montes gallegos. Además, la pasada primavera fue la primera, desde el año 1990, en que Galicia no renovó su convenio anual con el Ejército, un «contrato» por el que los militares desempeñaban labores de vigilancia en terreno forestal de elevado riesgo ante los fuegos. Alberto Blanco, director general de Montes, justificó tal decisión con una disminución drástica (de 525 parroquias a 256) de las zonas que clamaban esa especial vigilancia y secundó que no se recurriría al Ejército salvo en situaciones de emergencia, crisis que finalmente estalló el pasado 7 de agosto.
«Se trata de optimizar y racionalizar los recursos, ya que sólo el 11 por ciento del territorio gallego registra el 40 por ciento de los incendios», comentó el 19 de abril Alberto Blanco, y concluyó que, en función del número de fuegos de los últimos años por zonas, sólo 256 parroquias requerían un importante despliegue de agentes forestales y policiales para luchar contra el fuego y sus artífices.
El efecto de optimizar recursos
Meses después de esa decisión, algunos de los ayuntamientos a los que se les levantó la «veda» respiran hoy enfangados en las cenizas y denuncian a voz en grito la falta de medios con que tuvieron que repeler las llamas. En concreto, esa «optimización de recursos» se dejó notar, entre otros datos, en que un centenar de cuadrillas de entidades locales (unas 700 personas) no renovaron su convenio con la Administración autonómica, además de otras siete subvencionadas a comunidades de montes. Respecto al dispositivo técnico, la comparativa del Plan Infoga (Incendios Forestales de Galicia) del pasado verano al presente revela un saldo negativo en 2006 de tres helicópteros de extinción, otros dos destinados a labores de vigilancia y coordinación y ocho motobombas.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Medio Rural están convencidos de que «los incendiarios usaron el mapa colgado en la web de este departamento con la delimitación de las zonas de especial vigilancia para ensañarse, precisamente, con los que carecían de esa mayor atención». Es decir, «se fueron directamente a prender las afueras de Pontevedra, Santiago y otras zonas que no tenían un alto riesgo». Fuesen tan astutos o no, lo cierto es que, para el PP, la acción de los pirómanos se suma a las deficiencias de la gestión contra incendios acumuladas por la actual Xunta.
De 20 minutos a varias horas
El máximo responsable durante años de la lucha contra incendios, el ex consejero de Medio Ambiente, Xosé Manuel Barreiro, tiene claro por qué el operativo que fue un «modelo pionero en España y se presentó ante la Comisión Europea como ejemplo a seguir para la lucha contra incendios, con un tiempo de respuesta ante los focos de 20 minutos», este mes «tardó horas» en activarse: «La diferencia ha estado en la gestión de todo ese operativo; ha fallado la cadena de mando y se ha actuado con improvisación y descoordinación».
Barreiro -que hoy valorará públicamente la gestión de la crisis por parte de la Xunta- denunció ante ABC que el bipartito, asimismo, desmanteló la cúpula directiva de ese organigrama perfectamente engrasado y despedazó importantes iniciativas impulsadas desde su departamento, como la unidad específica auspiciada con la Consellería de Justicia para investigar de forma permanente los incendios y sus autores y que hoy ya no existe.
Una información de Érika Montañés publicada en el diario ABC el viernes 18 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido. |
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Los expertos alertan de que «por cada hectárea calcinada han podido desaparecer 2.000 pinos y 3.000 eucaliptos jóvenes». Las lluvias previstas hasta el viernes ponen en peligro los bancos marisqueros al arrastrar las cenizas hasta los ríos
Madrid - Las llamas están controladas, pero en Galicia, las noticias de lluvias para los próximos días ahora, más que tranquilizar, inquietan. Hay miedo. La primera capa de suelo ha quedado deteriorada, sin ningún tipo de sujeción. Las aguas arrastrarán la superficie de estos territorios quemados y la llevarán directamente a los ríos. Los bancos marisqueros se salvaron del fuego, pero la cuestión, en estos momentos, es si sobrevirán también a las cenizas.
Xofe Veiras, vicecoordinador general de la organización ecologista de ámbito gallego Verdegaia, explica que es probable que haya «episodios» de pérdidas de almejas y berberechos. «Estas especies van a ser las más afectadas, ya que se sitúan en los arenales, en la parte interior de las rías», afirma. Pero no serán las únicas. El biólogo apunta a que, aunque aún no está probado, cada vez hay más indicios que relacionan estos arrastres de suelo provocados por los incendios con las mareas rojas, es decir, explosiones de fitoplacton. Según Veiras, estos organismos diminutos viven en la superficie del agua, contienen toxinas y contaminan de forma directa los mejillones. Ninguno podría ser utilizado.
Cuando el material en suspensión que portan estas aguas se deposite en los fondos de los ríos los efectos continuarán. «El suelo será cada vez más homogéneo por lo que la diversidad de las especies disminuirá», apunta el biólogo. En este sentido, el consejero de Medio Ambiente de la Xunta, Manuel Vázquez, aseguró el pasado lunes que se trabaja en la puesta en marcha de mecanismos para garantizar la calidad de las aguas y evitar la contaminación de los cauces ante estos posibles corrimientos de tierra. En algunos puntos, como las dunas del Parque Natural de Corrubedo, las hectáreas calcinadas tocan ya el agua. Sin embargo, Vázquez aseguró que se adoptarán medidas de prevención de la erosión en las zonas de «más riesgo», ya que no se disponen de medios para abordarlo en la totalidad.
Las primeras lluvias se esperan para hoy. A pesar de que el consejero se refiere a ellas como «hipotéticas», según las predicciones del Instituto Nacional de Metereología por la tarde aumentarán a moderadas y podrán ir acompañadas incluso de tormentas. Para saber cuál ha sido la repercusión de las cenizas en el medio acuático habrá que esperar. Para comprobar el efecto de las llamas en el medio terrestre sólo hace falta abrir los ojos.
Aún no hay datos oficiales, pero la NASA ya ha contabilizado 175.000 hectáreas quemadas. Por cada una, podría haber hasta 2.000 pinos jóvenes o 3.000 pies de eucalipto, según Francisco Fernández De Ana, presidente de la Asociación Forestal de Galicia. «Estas dos especies son las que más abundan. Se pueden contabilizar unas 600.000 hectáreas pinos y unos 300.000 de eucalipto. Pero no eran las únicas, el fuego se ha llevado robles, castaños, nogales, cerezos y fresnos. Además de eso, de los 1.800 socios que somos a muchos se les han quemado también pastos, jardines y viñedos», dice.
Regeneración. Óscar Freire, responsable de montes de Verdegaia, asegura que harán falta entre 50 y 60 años para ver «algo parecido a lo que estaba». El vicecoordinador de esta misma organización ecologista gallega, Xofe Veiras, va más allá y afirma que el suelo es un recurso natural no renovable en una escala de tiempo humano por lo que serán necesario cientos de miles de años para que este terreno se recomponga.
«La regeneración es lo más preocupante. Al destruirse la vegetación hay erosión física y una pérdida importante de la fertilidad química, por lo que el suelo pierde nutrientes y su capacidad para sustentar árboles», apunta. La recurrencia de tantos incendios en un mismo lugar favorece que las especies mejor adaptadas al fuego se conviertan en dominantes y que la vegetación instalada sea cada vez más pirófita, es decir, que arda con más facilidad. Conclusión: Galicia es el pez que se muerde la cola.
Centenares de aves rapaces, pájaros carpinteros y aves pequeñas se han quedado sin su hábitat. Ninguna de ellas está en peligro de extinción, pero Blas Molina, de SEO Bird Life, apunta que las llamas han afectado, entre otras, al milano negro y en España «no estamos como para perder ni un sólo ejemplar porque no son abundantes». De las ardillas, los vecinos no quieren ni hablar. Fernández De Ana asegura que son animales que «ya ni se ven». Las pérdidas serán cuantiosas. A nivel ecológico; a nivel económico. Aparte de las consecuencias de flora y fauna, ¿qué pasará con los que viven del papel? Galicia fabrica el 55 por ciento de la madera española. Fearmaga y la Asociación Galega Monte Industria consideran que el sector forestal sufrirá en los próximos años consecuencias como escasez de materia prima, falta de calidad en la madera, incertidumbre en la planificación de las inversiones, cierre de empresas y aumento del desempleo.
El coste de cada hectárea quemada asciende hasta los 3.000 euros, según WWWF/Adena, y cada 25 se pierde un puesto de trabajo directo. Antes de la oleada de incendios, Galicia concentraba más de la mitad de la superficie total arbolada que había en España, 1.400.000 hectáreas. Según el último Plan de Asignaciones del Ministerio de Medio Ambiente, hasta el pasado fin de semana era la comunidad autónoma que más dióxido de carbono fijaba a través de sus masas forestales. Al cierre de esta edición, aún no había datos para saber si se podía seguir haciendo esta afirmación.
Lo que los expertos ya anuncian son las devastadoras consecuencias en el efecto invernadero. «Se han emitido millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que ayudará a que haya alteraciones en las temperaturas, en los regímenes de lluvia y en la desertificación entre otras cosas», indica Miguel Ángel Soto, de Greenpeace.
Sólo este año se han destinado para las labores de extinción y prevención 70 millones de euros en Galicia, pero las organizaciones ecologistas consideran que el problema no se arregla con dinero. «Hasta que no se haga un modelo en condiciones seguiremos corriendo tras las llamas», dicen desde Verdegaia.
Una información de Celia Maza publicada en el diario LA RAZON el miércoles, 16 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido. |
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MADRID. Hace varios días que desde filas socialistas, ya sea de forma velada o abiertamente -como han hecho plataformas afines al PSOE, lideradas por «intelectuales» como Suso de Toro- se vienen difundiendo insinuaciones que pretenden vincular a personas cercanas al PP con el origen de los incendios. Así, a través de referencias a «tramas criminales» que intentan calcinar Galicia, expresión utilizada por el propio presidente Rodríguez Zapatero y por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y retomada ayer por el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, desde el PSOE se ha creado una atmósfera de sospecha que algunos escritores no han dudado en dirigir contra el Gobierno anterior.
Ayer se sumó también a esta tesis el compañero del PSOE en el bipartito: el portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Rodríguez, se mostró convencido del aspecto «delictivo, organizado e intencionado políticamente» que ha caracterizado la oleada de incendios. Esta política se volvió ayer, sin embargo, en su contra. Según hizo público Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP de Galicia, J. M. M. B., de 49 años, y una de las 23 personas detenidas por su supuesta participación en el origen de los incendios (se le imputa la quema de 15 hectáreas), y lo que es peor, una de las cinco que todavía permanecen en prisión, concurrió a las el | | |
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