La corrupción urbanística sacude al PSPV

Los socialistas valencianos critican la política urbanística del PP mientras los escándalos salpican a sus ayuntamientos y a su secretario general le acusan de «pasar la bandeja» a los empresarios

Valencia - El pasado miércoles el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, defendió en las cortes valencianas una moción de censura al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Uno de los principales pilares en los que Pla sustentó esta moción fue la supuesta corrupción urbanística que padece la región. El Gobierno que preside Francisco Camps, que «salió» reforzado de una moción que no cosechó ni los votos de Esquerra Unida, aprovechó tanto esa jornada como el posterior debate de Política General de los dos días siguientes para sacar todos los trapos sucios de los socialistas.

Retirada de competencias. El Consell jugó sus cartas y anunció justo antes de la moción de censura una medida sin precedentes en la Comunitat. La Generalitat comunicó la retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento socialista de Catral, en Alicante. La justificación a esta actuación la dan las 1.270 viviendas ilegales, construidas sobre suelo no urbanizable e incluso dentro del propio Parque Natural de El Hondo de Elche.

Aparte del caso de Catral, el PSPV se ha visto salpicado por numerosos casos de supuesta corrupción. Un ir y venir de denuncias, acusaciones, multas y sentencias rodean a los socialistas valencianos, precisamente cuando su discurso de oposición se basa en gran medida en los supuestos casos de corrupción del PP.

Sobrecostes en obras públicas. Retrocediendo un poco en el tiempo, la denuncia inmediatamente anterior al caso Catral y que afecta al PSPV, se fecha hace apenas dos semanas cuando los grupos en la oposición de la localidad valenciana de Paiporta denunciaron ante el Tribunal de Cuentas al alcalde socialista, Bertomeu Bas, por presuntas irregularidades contables en el Ayuntamiento. Algunas de las acusaciones ante el juez son por sobrecostes en obras públicas, procesos de selección de trabajadores y gratificaciones a los funcionarios.

También en La Albufera. En abril del año pasado, el secretario general del PSPV en Sueca, Salvador Marín, fue condenado a seis meses de prisión y a una multa de 4.320 euros por construir sin licencia dentro del Parque Natural de La Albufera. El juicio se inició tras una denuncia presentada por Medio Ambiente.

El pasado septiembre, este mismo municipio volvió a ser noticia por otro delito urbanístico, en esta ocasión del alcalde socialista, Salvador Gil. El juez prohibió al Ayuntamiento construir una urbanización de 25 adosados (Residencial Costa Blava) en terrenos de La Albufera. Casualmente, este proyecto había sido diseñado por el despacho de arquitectos del alcalde.

Calpe y Orihuela. De nuevo en Alicante, Calpe y Orihuela son los dos grandes casos de denuncias por corrupción, que en este caso involucran al propio secretario general del partido, Joan Ignasi Pla. En Calpe, dos empresarios denunciaron en enero una trama político-financiera supuestamente impulsada por el concejal socialista Joan Morató, hombre de confianza de Pla. En el mismo municipio, hace apenas dos meses, varios empresarios anunciaron demandas millonarias contra Pla y Morató por instigar una campaña de difamación contra el PP para desacreditar las firmas contratadas por el Ayuntamiento en la red de Aguas de Calpe. El fiscal no ha abierto ninguna investigación. En Orihuela el ex militante socialista y edil Francisco García Ortuño acusó al secretario general del partido de ir a la Vega «a pasar la bandeja» a los empresarios.

El alcalde de Zarra, investigado. Por otra parte, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha abierto diligencias al alcalde socialista de Zarra (Valencia) por presuntos delitos de estafa, delito societario, prevaricación, malversación y fraude. L’Alcudia de Crespins se vio también envuelta en polémica cuando en 1994 recibió un préstamo de 169 millones de las antiguas pesetas por parte de Caixa Ontinyent, una operación calificada por la propia entidad, de la que Joan Ignasi Pla era vicepresidente segundo, como «morosa en su totalidad». Alaquàs, El Puig, Moncada, Paiporta, Benissa, Bigastro, Elx, Elda, Alcalá de Xivert, Benicarló, Jérica, son otros municipios en los que algún cargo socialista tiene ya condena o está imputado en algún delito.

Una información de Ana Garrido publicada en el diario LA RAZON el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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El ladrillo destapa las vergüenzas del PSOE

VALENCIA/MURCIA. Los discursos grandilocuentes socialistas sobre el medio ambiente y el respeto a la naturaleza se diluyen a golpe de realidad. Mientras la ministra Narbona realiza operaciones de maquillaje al derrumbar alguna que otra construcción en la costa y arremete a diario contra el modelo urbanístico mediterráneo -aunque obvia atacar al catalán y andaluz, centrando sus críticas en el valenciano y murciano-, los escándalos de sus compañeros de partido en esta disciplina en los municipios en que gobiernan en el Levante desenmascaran su estrategia y ponen de relieve que tienen más cosas que callar que denunciar, por mucho que se les llene la boca con el concepto «desarrollo sostenible».

Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, los ayuntamientos socialistas, desde marzo de 2003 hasta junio de 2006 -lo que va de legislatura-, han reclasificado ya 25,4 millones de metros cuadrados, y en las dependencias de la Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalitat se agolpan solicitudes para reclasificar 63 millones de metros cuadrados más, lo que suma la friolera de cifra de casi 90 millones de metros cuadrados. Todo un ejemplo de por dónde van los tiros.

También fue curiosa la situación que se produjo justo antes de cambiar de normativa urbanística en esa misma región -de la polémica y denostada por la Unión Europea Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, aprobada por los socialistas, a la Ley Urbanística Valenciana-, cuando 26 alcaldes socialistas presentaron 33 Programas de Actuación Integral (PAI) para construir alrededor de 26.000 viviendas en una superficie que ya entonces suponían 23 millones de metros cuadrados.

Pero, obviamente, el crecimiento urbanístico no es mal en sí mismo, y todos los municipios, sean del color político que sean, están legitimados para incrementar el número de viviendas en su población, siempre y cuando se respeten las leyes vigentes. Ahora bien, siempre no es así y últimamente los paladines y defensores del medioambiente, los partidos de izquierdas, se han visto salpicados por escándalos territoriales dignos de mención, que no fueron citados el pasado día 4 por el secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, al explicar su programa de gobierno durante la moción de censura contra Francisco Camps cuando habló de «urbanismo coherente y responsable».

Catral

El municipio alicantino ha sido el último gran escándalo. El acalde ha reconocido que ha permitido la construcción de 1.270 viviendas ilegales en el municipio, algunas de ellas en el Parque Natural de El Hondo, lo que ha provocado que la Generalitat le haya retirado las competencias en disciplina urbanística y no descarta asumir más, como las de planificación e, incluso, disolver el Consistorio y reclamar al Gobierno central la convocatoria de nuevas elecciones municipales. Se calcula que el beneficio de las constructoras (la que más edificó es del cuñado del alcalde) ha sido de 80 millones de euros, con evasión de impuestos. El asunto está en los Juzgados.

Estivella

El mayor Programa de Actuación Integrada (PAI) de la Comunidad Valenciana, con cinco millones de metros cuadrados, se quiere construir en las localidad valencianas de Estivella, Algimia y Torres-Torres, con tres campos de golf, un hotel de alto standing y un área residencial de 4.000 viviendas en una actuación que se encuentra incluido en la zona de influencia del Parque Natural de Sierra Calderona.

Sueca

El alcalde socialista intentaba construir 25 viviendas en el Parque Natural de la Albufera de Valencia, proyectadas por el despacho de arquitectos al que él pertenece. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha dado la razón a la Consejería de Territorio y Vivenda.

Elda

El ayuntamiento gobernado por el ex presidente del PSOE valenciano ha adjudicado la construcción de un campo de golf y 7.500 viviendas en el paraje Las Cañadas-El Tite a una empresa con la que firmó un acuerdo para incorporar el proyecto al nuevo Plan General de Ordenación Urbana en el caso de que la Generalitat lo rechazara. Asimismo, la empresa adjudicataria compró suelo para la construcción del campo de golf a cuatro euros y, en una semana, después de la rectificación municipal, multiplicó su valor por cinco.

Los Alcázares

Dentro de las filas socialistas, el caso más sonado hasta ahora en la Región de Murcia ha tenido como resultado la dimisión del alcalde de esta población, Juan Escudero, sobre el que han caído varias denuncias por supuestas irregularidades urbanísticas y, últimamente, por los negocios que han mantenido en su municipio empresas de Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama marbellí. Hasta ahora, ningún tribunal ha condenado a Escudero, quien dijo que se marchaba porque no pensaba repetir en las próximas elecciones y dejaba el campo libre a su sucesor. Escudero ha mantenido una fuerte controversia con la direccoión regional de su partido por el modelo urbanístico. Sobre las empresas de Roca -intervenidas judicialmente- que han actuado en su municipio, Escudero declaró que «siempre se han ajustado a la ley». El PP también ha denunciado que la urbanización Torre de Rame carece de declaración de impacto ambiental y que el campo de gol municipal se riega irregularmente con agua de un pozo.

Lorca

El alcalde murciano socialista, Miguel Navarro, también dimitió por fuertes discrepancias con su partido sobre el modelo urbanístico y la docena larga de convenios para edificar nada menos que 150.000 viviendas (una ciudad grande) en los próximos años. Navarro no tiene denuncia en los juzgados, aunque sí las críticas de Izquierda Unida, que ha denunciado que el Ayuntamiento aprobó la urbanización Villa Real a pesar de ocupar espacios protegidos de la sierra de Almenara.

Lorquí

El PP ha denunciado ante la Fiscalía a la alcaldesa socialista murciana por un supuesto delito de prevaricación. Le acusa de perdonar el 10 por ciento de aprovechamiento público del suelo a varios propietarios, entre ellos al concejal de Urbanismo del propio Consistorio. El PSOE niega que haya pelotazo y rebate que una concejal del PP es la que sale más beneficiada.

IU expedienta a dos de sus alcaldes

VALENCIA. La fiebre urbanística ataca por igual a todos los partidos políticos, pero algunos casos son más notorios que otros y adquieren un significado especial por quien la sufre.

Por ejemplo, choca que una coalición como Izquierda Unida, que en la Comunidad Valenciana está unida electoralmente con Los Verdes, tenga su cuota de escándalos del cemento y del ladrillo, teniendo en cuenta que gobierna en pocos y pequeños municipios.

Sin embargo, el frenesí constructor que les ha entrado a sus alcaldes en la costera población de Canet d´En Berenguer y en Salinas han obligado a la propia dirección de IU a desautorizar a sus máximos ediles y a abrirles expedientes por no seguir las recomendaciones urbanísticas expresadas por los órganos de gobierno de la coalición.

Una información de Javier Reigadas y Manuel Buitrago publicada en el diario ABC el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El director general de Tecnología de la Junta no sólo no se inhibió en el concurso, como manda la ley, sino que firmó él mismo la concesión

SEVILLA.- El director general de Tecnología e Infraestructuras Deportivas de la Junta de Andalucía, Leonardo Chaves, hermano del presidente regional, Manuel Chaves, firmó al menos una adjudicación de obras para una empresa de la que su hijo formaba parte como aparejador y jefe de obra destinado a ese proyecto en concreto. En la empresa, Climo Cubierta, trabajaba además otro hermano de Chaves como asesor.

Así figura en uno de los expedientes remitidos por la propia Consejería de Turismo y Deporte al Parlamento regional para tratar de aclarar la relación de los familiares de Chaves con la empresa Climo Cubierta y las adjudicaciones que ésta viene recibiendo de la Junta.

En concreto, se trata del expediente para la adjudicación de suministro por procedimiento negociado de obras para una cubierta presostática de la piscina de la Ciudad Deportiva de Huelva, adjudicada a Climo Cubierta el 15 de noviembre de 2005, con firma de Leonardo Chaves.

Ese expediente, al que ha tenido acceso EL MUNDO, recoge todos los documentos correspondientes al proceso de adjudicación; entre ellos, el proyecto presentado por la empresa Climo Cubierta para optar a la realización de la cubierta de la piscina en la capital onubense.

En la documentación aportada por Climo Cubierta al concurso, se adjunta la relación de técnicos de los que la empresa dispone para la ejecución de las obras en cuestión. Y entre ellos figura, como «arquitecto técnico y jefe de obra», Leonardo Chaves Marín, hijo del director general que luego firmó la adjudicación.

Este hecho pone de manifiesto dos cosas. En primer lugar, que ha podido existir, por parte de Leonardo Chaves, una vulneración de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos. El artículo 7 de esta ley dice: «Los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte de ellos su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil».

En este caso, el director general de Tecnología e Infraestructuras Deportivas no sólo no se inhibió en este concurso ante la presencia de su hijo como arquitecto técnico y jefe de obra, sino que él mismo firmó directamente la adjudicación.

Este hecho puede constituir una infracción tipificada como muy grave en la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, que se castiga con el cese y la imposibilidad de ser nombrado para ocupar cargos similares durante un periodo de entre tres y 10 años.

En segundo lugar, este expediente deja en entredicho la comparecencia del consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, el pasado 13 de septiembre sobre este asunto en el Parlamento regional. Zarrías dijo entonces: «Un hijo de Leonardo Chaves trabajó en Climo Cubierta, efectivamente. Entró en la empresa el día 1 de abril de 2004, salió el 31 de julio de 2005. Le puedo a usted asegurar que, en ese periodo de tiempo, ni un solo contrato se le adjudicó a Climo Cubierta».

Sin embargo, el expediente aportado por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía desmonta por completo la versión del consejero.

¿Mintió Zarrías?

En primer lugar, el hijo de Leonardo Chaves no trabajó formalmente en la empresa hasta el 31 de julio de 2005: al menos el 4 de noviembre (cuando Climo Cubierta entregó su documentación para optar a las obras) Leonardo Chaves Marín figura como arquitecto técnico y jefe de obra. En segundo lugar, sí se produjo, obviamente, una adjudicación, firmada por el propio director general, mientras su hijo trabajó para Climo Cubierta.

En un primer momento, las sospechas sobre la posible vulneración de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos por parte de Leonardo Chaves se centraban en el hecho de que en Climo Cubierta también trabaja como asesor un hermano suyo, Antonio José Chaves.

Sin embargo, Zarrías se remitió durante su comparecencia parlamentaria a un informe de la Inspección General de Servicios de la Junta que ha determinado, según manifestó el consejero, que «no aprecia incumplimiento alguno en la Ley de Incompatibilidades [por parte de Leonardo Chaves], puesto que en la fecha en que se realizó la adjudicación su hermano Antonio José ni era accionista ni desempeñaba ningún cargo directivo en la empresa, sin que esté acreditado, por otra parte, que tuviera relación directa con las adjudicaciones del contrato citado».

Ese informe de la Inspección General de Servicios -que no se ha hecho público- hacía referencia, por tanto, sólo a la presencia de Antonio José Chaves en Climo Cubierta mientras se producían las adjudicaciones de la Junta de Andalucía, pero no a la presencia del hijo del director general como arquitecto técnico y jefe de obra de los proyectos que su padre adjudicaba.

¿Un sobrino pluriempleado?

SEVILLA.- Leonardo Chaves Marín, hijo del director general de Tecnología e Infraestructuras Deportivas de la Junta de Andalucía y sobrino del presidente regional, ha tenido contacto profesional con la Administración socialista a través de su presencia en la empresa Climo Cubierta, en la que también trabaja como asesor su tío Antonio José.

Pero, además, el sobrino de Chaves ocupa actualmente una plaza de arquitecto técnico en el Ayuntamiento sevillano de Alcalá de Guadaira -que preside el socialista Antonio Gutiérrez Limones-, sin haberse sometido a ningún concurso u oposición.

El mes pasado, EL MUNDO informó de la contratación, el 8 de agosto de 2005, de Leonardo Chaves Marín por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Y esa fecha conduce a un nuevo interrogante: si, desde ese día, Leonardo Chaves Marín trabajaba en la localidad sevillana, ¿cómo es posible que su nombre figurase en expedientes aportados por Climo Cubierta en noviembre de ese mismo año para optar a un concurso de adjudicación de la Consejería de Turismo?

¿Simultaneó ambos puestos por un tiempo, o simplemente la empresa siguió utilizando su nombre en la documentación que aportaba para conseguir contratos?

En todo caso, lo único seguro es que el expediente en el que figura el nombre de Leonardo Chaves Marín llegó a ser registrado por Climo Cubierta en la Consejería de Turismo entre la documentación necesaria para participar en una adjudicación. ¿No se percató el director general de que aparecía el nombre de su hijo?

La cuadratura del 'negocio familiar'

SEVILLA.- La confirmación de que Leonardo Chaves Marín, sobrino del presidente de la Junta de Andalucía, trabajó para Climo Cubierta y, sobre todo, participó -o por lo menos su nombre figuraba- en un proyecto de obras que recibió una adjudicación de la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas, con su padre al frente, viene a completar el trazado de un perfecto círculo familiar en torno al jefe del Gobierno andaluz y en relación al reparto de obras públicas desde la Junta.

En ese círculo, Manuel Chaves es nada menos que el máximo responsable de la elaboración anual de los presupuestos de la Junta, en cuya ejecución participa luego su hermano Leonardo, nombrado director general por el presidente andaluz como alto cargo político, es decir, sin concurso-oposición alguno.

A su vez, Leonardo Chaves adjudica, desde el departamento que dirige, proyectos de obra a la empresa Climo Cubierta, en la que trabaja como asesor otro hermano del presidente de la Junta de Andalucía, Antonio José, que, curiosamente, se había desposeído de sus acciones en la empresa 11 días antes del nombramiento de su hermano como director general en la Junta.

El círculo se cierra, de momento, con la presencia en esa misma empresa del propio hijo del director general, Leonardo Chaves Marín, que participó directamente en los proyectos que su padre adjudicaba, en calidad de arquitecto técnico y jefe de obra.

Una información de J. Caro Romero publicada por el diario EL MUNDO el martes 3 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La Fiscalía afirma que los bienes decomisados permitirán el «total resarcimiento del Estado»

MADRID.- La decisión de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior) de dar el tercer grado a Rafael Vera no podrá ser revisada por los jueces, ya que la Fiscalía no recurrirá.

El fiscal de Valladolid, que por dos veces se opuso a que Vera disfrutara de un régimen penitenciario más severo que el tercer grado, ha acordado ahora no recurrir su clasificación en régimen abierto, que se produce sin haber cumplido de forma efectiva ni la cuarta parte de la condena.

Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad en los gobiernos de Felipe González, ingresó en prisión el 16 de febrero de 2005 tras ser condenado a siete años de cárcel por malversar 3,7 millones de euros procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior. El fallo consideró probado que Vera se quedó para sí con, al menos, 141 millones de pesetas (847.427 euros) y que repartió entre sus subordinados otros 482 millones de pesetas (2,9 millones de euros).

Ha accedido al régimen abierto o tercer grado tras haber cumplido de forma efectiva poco más de seis meses de privación de libertad, ya que desde agosto de 2005 disfrutaba de un excepcional régimen de salidas de la cárcel acordado por la Administración Penitenciaria y convalidado por la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid, la que le condenó.

Con el visto bueno del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, el fiscal jefe de la Audiencia de Valladolid, Luis María Delgado, anunció ayer que no recurrirá la concesión del tercer grado a Vera.

El régimen abierto fue otorgado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, el pasado 11 de agosto, tras una propuesta unánime de la Junta de Tratamiento de la prisión de Segovia.

Vera vivirá fuera de la cárcel y estará controlado por un sistema telemático de voz, mediante llamadas telefónicas aleatorias. Además, estará obligado a presentarse determinados días en un centro de régimen abierto.

Según un comunicado oficial, tras el examen del expediente administrativo la Fiscalía ha considerado «ajustada a Derecho» la progresión de grado.

A su parecer, «concurren los requisitos exigidos por la legislación penitenciaria para dicha progresión, entre ellos, el de encontrarse cubiertas las responsabilidades civiles derivadas del delito y, específicamente, las cantidades de dinero público de las que Rafael Vera se apropió».

Responsabilidad civil

La Fiscalía destaca que están decomisados bienes propiedad de Rafael Vera «en cuantía suficiente para garantizar el total resarcimiento del perjuicio causado al Estado».

Según ha sabido este periódico, en el procedimiento consta que las dos fincas que Vera adquirió con el dinero público del que se apropió, una en Torrelodones (Madrid) y otra en Alpera (Albacete), han sido decomisadas por la Justicia y devueltas al Estado, que es el que figura en los registros de la propiedad como titular de las mismas desde mayo y marzo de 2005, respectivamente.

La Audiencia de Madrid ordenó tasar las dos fincas para determinar si con su valor se cubre la responsabilidad civil de Vera. Hasta el momento sólo se ha realizado la tasación pericial de la finca de Torrelodones (residencia familiar de Vera todavía en la actualidad), cuyo valor ha sido estimado en 1,9 millones de euros.

Esta cantidad es, de sobra, suficiente para satisfacer la responsabilidad civil por el dinero del que Vera se adueñó para sí, pero no sería bastante para atender a la responsabilidad solidaria que tiene con Luis Roldán (2,3 millones de euros por los fondos reservados de los que se apropió el ex director de la Guardia Civil). No obstante, el valor previsible de la finca de Albacete permitirá la reparación total del daño causado al Estado por la cúpula socialista de Interior.

El comunicado oficial no hace referencia a otras variables que la ley obliga a tener en cuenta para la clasificación penitenciaria, especialmente la relativa a la duración de la pena y al tiempo de cumplimiento de la misma.

De una condena a siete años de cárcel, el ex número dos de Interior sólo ha estado en prisión de forma continuada seis meses. El 4 de agosto de 2005, la Administración Penitenciaria aprobó un régimen mixto entre el segundo y el tercer grado que permitió a Vera salir de prisión seis horas diarias de lunes a jueves, aparte de los permisos.

Este régimen fue autorizado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en septiembre de 2005. Pero la misma Fiscalía de Valladolid, que ahora no impugna el acceso de Vera al régimen abierto, recurrió en aquel momento lo que consideró un «tercer grado encubierto», y eso que la modalidad penitenciaria que se le impuso era más severa que la actual, dado que las salidas de la cárcel se limitaban a seis horas diarias durante las que Vera debía permanecer en su domicilio.

El 18 de noviembre de 2005, la Audiencia desestimó el recurso del fiscal y confirmó el régimen mixto acordado por la prisión.

El 2 de marzo pasado, la Administración Penitenciaria dio un paso más a favor de Vera y amplió su régimen de salidas. Podía estar fuera de la cárcel de sábado a jueves, con un seguimiento telemático a través de una pulsera.

Hace sólo seis meses, la Fiscalía de Valladolid informó desfavorablemente la medida y el juez de vigilancia penitenciaria no la aprobó. No obstante, un recurso de Vera prosperó ante la Audiencia de Madrid, que autorizó el régimen de salidas del que ha disfrutado hasta el pasado agosto.

Una información de Maria Peral publicado en el diario EL MUNDO el viernes 15 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El hermano de su cuñado alteró buena parte de la estructura de un complejo religioso románico sin contar con un permiso municipal    BARCELONA.- El legado que Joan Puig ha dejado tras su paso por el Ayuntamiento de Blanes (Girona) está plagado de irregularidades. El diputado de Esquerra Republicana en el Congreso no ha sido el único miembro de su familia en beneficiarse de su presencia en el Consistorio de la población. Un familiar de Joan Puig destrozó un complejo religioso del siglo XI para montar un restaurante. Además, pudo legalizar las obras y abrir el establecimiento con una multa simbólica de 13.202 pesetas de la época. Si su cargo de concejal de Blanes permitió a Puig recalificar hasta dos veces sus propios terrenos, un hermano de su cuñado, Jordi Coll Mora, salió más que bien librado de otra operación urbanística. Coll solicitó una licencia de obras para construir un restaurante merendero en los terrenos del Santuario de Nuestra Señora del Vilar, un complejo religioso a cuatro kilómetros del centro urbano de Blanes muy apreciado en la zona desde que el 5 de agosto de 1012 se encontró en la zona la imagen de la Madre de Dios del Vilar. Puig quiso desvincular al hermano de su cuñado de estas gestiones y aseguró, en declaraciones a EL MUNDO, que Coll era un «mero gestor» de la propiedad, y que todas las responsabilidades sobre este caso cayeron en su momento sobre los propietarios del solar. El Ayuntamiento de Blanes concedió la licencia correspondiente al expediente de obras 541/97 el 10 de junio de 1998, lo que ya de por sí es sorprendente dadas las especiales características del Santuario de la Madre de Dios del Vilar. El permiso, sin embargo, sólo le autorizaba a construir un edificio con una limitación explícita: bajo ningún concepto los trabajos para la edificación del merendero restaurante podían dañar en lo más mínimo cualquiera de las partes del complejo religioso. Además, Coll no contaba con la licencia municipal necesaria para explotar un establecimiento de hostelería. Los técnicos del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento se llevaron una desagradable sorpresa cuando al inspeccionar las obras en enero de 1999 descubrieron que Coll había hecho caso omiso de las limitaciones que la licencia de obras había impuesto a los trabajos de edificación. Los técnicos comprobaron que había construido un muro que afectaba a la imagen del conjunto arquitectónico del siglo XI y, lo que era mucho más grave, había realizado obras de derribo, construcción y rebaja de cimientos que afectaban directamente al Santuario de la Madre de Dios del Vilar. Puig, en su defensa, alega que «fueron obras de interior; no se tocó el techo». El Ayuntamiento inició inmediatamente un expediente sancionador contra Coll. Sin embargo, y a pesar de las irregularidades constatadas por los técnicos del Ayuntamiento de Blanes, la cuestión se resolvió con un acta sancionadora que no podía ser más baja: una multa de 13.202 pesetas de la época (algo menos de 80 euros). Tras el pago de la sanción y apenas unos meses más tarde, justo después de la llegada del cuñado del hermano de Coll, Joan Puig, al Gobierno municipal como socio del PSC para arrebatarle la Alcaldía a CiU, las obras en la ermita fueron legalizadas y la licencia para la explotación del restaurante concedida. En su defensa, Puig alega que él entonces era regidor de Hacienda y no de Urbanismo, y que no tuvo «nada que ver» con este caso del que, dice, se encargaron los técnicos municipales, que utilizan «baremos» para calcular la cuantía de las multas. El Restaurante Casa Jordi en el Santuario de la Madre de Dios del Vilar, legalizado desde que Joan Puig forma parte de la Corporación municipal, sigue abierto. Aunque, según Puig, Coll ya no trabaja allí. En algún caso, además, Puig ha sostenido posiciones completamente opuestas cuando estaba en la oposición y después de incorporarse al Gobierno municipal tras las elecciones de mayo de 1999. De hecho, el hoy diputado en el Congreso por Esquerra Republicana ya mostraba un precoz interés por las piscinas supuestamente ilegales en 1998, cuando era un concejal de la oposición en Blanes, lo que no supuso obstáculo alguno para que no se opusiera a la legalización de una de ellas cuando era miembro del equipo de gobierno del municipio de la Costa Brava. El camping El Pinar de Blanes fue objeto de una denuncia por parte del concejal Joan Puig en nombre de ERC por haber construido una piscina en sus instalaciones sin licencia urbanística alguna. En la sesión ordinaria del Pleno del 21 de diciembre de 1998, Puig solicitó información sobre la legalidad de la piscina y preguntó si se había «presentado un proyecto para legalizar las obras o, en caso contrario, si se ha iniciado un procedimiento sancionador». Como Puig no quedó satisfecho, volvió a insistir en febrero de 1999. Fue justo a escasos meses de las elecciones municipales que le permitirían incorporarse al equipo de gobierno de Blanes. Pero en esa ocasión la pregunta era diferente y sugería un cambio de postura del edil. El también diputado se interesó esa vez por saber si la piscina en cuestión se podía legalizar en precario. Finalmente, fue legalizada cuando se produjo el cambio en la Alcaldía y Puig accedió al cargo. Una información de Félix Martínez publicada en EL MUNDO el domingo 30 de julio de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.