Se veía venir. Por desgracia sólo los necios, los analfabetos o los malintencionados podían creer el supuesto deseo de los asesinos de ETA de integrarse en la vida democrática y pacífica. Muchos lo hemos dicho por activa y por pasiva. Nos han llamado de todo. Hemos tenido que soportar como más de un malnacido nos decía que lo que en realidad deseábamos era que continuasen los atentados. Una vez más el tiempo da o quita razones. Tiempo habrá para el análisis, para la reflexión y, por supuesto para exigir muchas responsabilidades. Hoy toca expresar nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas amenazadas, a todos los posibles objetivos de esta panda de asesinos. Hoy toca expresar nuestro firme deseo y esperanza de no volver a vivir otra tragedia causada por estos desalmados.

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) - La banda terrorista ETA anunció hoy que el próximo miércoles, día 6, dará por finalizado el "alto el fuego permanente" que anunció hace poco más de un año, según un comunicado remitido al diario 'Berria'.

El alto el fuego permanente fue anunciado el 22 de marzo de 2006 y entró en vigor dos días más tarde. Durante este tiempo, la banda ha asesinado a dos personas en el atentado del 30 de diciembre en la T-4 de Madrid-Barajas.

Antes del robo de las armas todo estaba preparado para plasmar esta semana en un documento las 'bases sólidas' de la futura negociación de un nuevo marco político y jurídico para el País Vasco

MADRID.- ETA dio un plazo para que los partidos cerraran un preacuerdo sobre la mesa política, plazo que se iniciaba sobre el pasado día 20 y que concluía al finalizar octubre. El robo de armas en Francia y las declaraciones que este acto delictivo ha provocado pueden estar influyendo en la marcha de este aspecto del proceso pero, según los datos en poder de los expertos antiterroristas, PSE, Batasuna y PNV tenían hasta el miércoles, aproximadamente, para ultimar las negociaciones que vienen realizando de manera secreta desde hace semanas.

Socialistas y nacionalistas aseguran desconocer la existencia de dichos límites temporales. La banda terrorista puede habérselos hecho llegar únicamente a Batasuna y no hay una lectura clara de cuál será el siguiente paso de ETA si alrededor de la fecha señalada no se vislumbran ciertos resultados.

De hecho, a escasos días de que finalice el mes, los dirigentes del PSE consultados aseguran que cualquier cuestión relativa a la preparación de la mesa de partidos sigue totalmente abierta y que las negociaciones no están lo suficientemente avanzadas como para que se produzca un anuncio inminente.

Sin embargo, los nacionalistas sostienen que el contenido del preacuerdo está prácticamente perfilado y reconocen que, antes del robo, estaban convencidos de poderlo cerrar hacia mediados de semana.

La idea es que el resultado de las conversaciones mantenidas se plasme en un documento en el que se establecerán las «bases sólidas» sobre asuntos políticos de fondo con un calendario estimativo sobre cuál puede ser el margen temporal para llevarlos a cabo; un calendario que sólo podría empezar a correr, según las fuentes consultadas, en el momento en el que Batasuna sea legalizada y cuando se produzca una total «ausencia de violencia».

En cualquier caso, independientemente de las fechas en las que se cierre el preacuerdo, la mesa oficial y pública no se constituirá probablemente hasta el verano, con el fin de orillar las tensiones que pudieran surgir por la celebración de los comicios municipales.

El contenido y la convocatoria de la mesa de partidos se han convertido en estos momentos en la delicada piedra angular del proceso y su preparación está requiriendo de decisiones que hace pocos meses se hubieran tenido por imposibles.

El esquema de dos mesas establecido por Batasuna en el velódromo de Anoeta -una entre el Gobierno y la organización terrorista ETA para hablar de asuntos militares como presos y armas y otra entre los partidos para abordar cuestiones políticas- provocó que, incluso antes del anuncio de alto el fuego, los representantes de las formaciones políticas vascas mantuvieran reuniones bilaterales para preparar la segunda de éstas.

Así como la mayoría de los partidos reconocieron estar manteniendo encuentros con Batasuna, los socialistas negaron que ellos estuvieran secundando estas iniciativas. Pero sí consideraron conveniente hacerlo para superar los obstáculos surgidos en el mes de julio, después de que varios miembros de la formación ilegalizada hubieran sido llamados a declarar por los jueces de la Audiencia Nacional.

Tras esa escenificación pública, mantuvieron algunos encuentros en privado que tuvieron que ser reforzados a principios de septiembre después del comunicado que la banda terrorista hizo público advirtiendo de que el proceso estaba en un momento de «crisis», y apuntando la necesidad de ir consolidando la vía política.

Se creó una situación de bloqueo porque tanto socialistas como nacionalistas recordaron que Batasuna no podría participar en la mesa política mientras no efectuase los trámites para conseguir ser legalizada, y el portavoz de esta formación, Arnaldo Otegi, pidió la firma de un preacuerdo como forma de superar el bache del momento.

La gestación de ese preacuerdo se ha estado produciendo desde entonces con los encuentros secretos habidos entre PSE, Batasuna y PNV, que en realidad son los tres únicos partidos imprescindibles para la creación de la mesa política.

Según las fuentes consultadas, en estas reuniones no se ha hablado únicamente de reglas de funcionamiento de la futura mesa pública -tales como si la presidencia ha de ser rotatoria o si las decisiones han de ser adoptadas de manera transversal-, sino que se ha entrado en asuntos de fondo -el derecho a decidir o las relaciones entre Euskadi y Navarra-, con el fin de encauzarla del modo más ajustado posible.

Se encuentre el preacuerdo en una fase avanzada, tal como indican en el PNV, o se encuentre en una fase menos definida, tal como indican los socialistas, los hechos de los últimas jornadas parecen haber enrarecido el ambiente y sugieren dificultades cuyo alcance tendrá que ser aclarado en los próximos días.

No en vano, tras el robo de 350 armas en Francia por parte, presuntamente, de ETA y la advertencia efectuada por el presidente el pasado miércoles, Arnaldo Otegi, puso el sábado otras dos condiciones -la legalización de Batasuna y la anulación de la doctrina Parot- a la del preacuerdo para desbloquear la crisis.

Información de Angeles Escriva publicada por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido

MADRID / BILBAO. La cúpula de la banda terrorista ETA -que se ha desplazado del sur de Francia por «motivos de seguridad»- ordenó a uno de los «comandos» instalados en territorio galo una acción fulminante de respuesta a las dos decisiones judiciales del pasado lunes, día 23 de octubre, cuando restaban dos días para el debate parlamentario en Estrasburgo. Debate en el que los terroristas y la izquierda radical abertzale iban a conseguir -como así sucedió- que el «conflicto vasco deje de ser un asunto interno del Estado español». Pese al riesgo de que el debate y la resolución de la Eurocámara se frustrasen, ETA prefirió ofrecer una muestra de «capacidad operativa» en respuesta al auto de la «Sala del 61» del Supremo que, en ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna de 27 de marzo de 2003, acordó por unanimidad ordenar el inventario y registro de las «herriko tabernas» de Batasuna con el propósito final de proceder a la liquidación del patrimonio del partido ilegalizado en cumplimiento de la resolución 1373 de la ONU que exige que el patrimonio de bandas y organizaciones terroristas sea extinguido y destinado a determinadas causas sociales.

Registro e inventario

La «Sala del 61» disponía de un informe previo de la Agencia Tributaria sobre el particular, aunque la liquidación patrimonial definitiva de los bienes de Batasuna está pendiente de otra resolución que requiere de la emisión de informes que el Supremo ya ha solicitado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. El inventario y registro de los locales de Batasuna -cerrados tras la ilegalización en 2003, pero progresivamente abiertos como locales de reunión y recaudación de fondos del partido ilegal- es una medida provisional pero indicativa de la voluntad del Supremo de ejecutar la sentencia de ilegalización del brazo político de ETA. Ese mismo día 23 -el lunes pasado- la Sección IV de la Audiencia Nacional confirmaba el procesamiento de 38 dirigentes de Batasuna por pertenencia a banda armada, respaldando las resoluciones del juez Garzón dictadas en enero, febrero y junio de 2005.

Este auto y el del Supremo «sorprendieron» a ETA por partida doble: por un lado, porque el preacuerdo entre el PSE, el PNV y Batasuna estaba ya listo para ser discutido en la mesa de partidos políticos -el PP estará ausente- que se constituiría en diciembre. Por otro, porque la cúpula de la banda terrorista, para que el Gobierno pudiera dar el pistoletazo de salida a la negociación en la mesa extraparlamentaria, estaba dispuesta a ofrecer a Rodríguez Zapatero un nuevo comunicado declarando la «irreversibilidad» del «alto el fuego permanente», si bien, «en el contexto de este proceso». Tanto socialistas como nacionalistas, así como los batasunos, han incluido en su preacuerdo que el futuro estatuto jurídico-político incorpore el carácter nacional de Euskadi, también el «derecho a decidir» -como un concepto ambiguo respecto del de autodeterminación-, la creación de un órgano común de cooperación con Navarra y la constitución de una eurorregión integrada por el País Vasco, Navarra y las tres provincias vascas francesas que integran el Departamento de los Pirineos Atlánticos.

También está pactado el sistema de votación de los acuerdos -un sistema llamado transversal- e, incluso, las fechas aproximadas en las que el acuerdo final debería estar terminado, tal y como ha venido informando ABC.

Por su parte, el Gobierno estaba facilitando este nuevo y decisivo paso, ofreciendo señales inequívocas de determinación en la utilización de todos sus recursos para controlar la acción de la justicia. En ese contexto se inscribieron las declaraciones en el Senado del fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, en las que se negó a propiciar «una justicia de trinchera» y una «justicia vengativa», aduciendo que la justicia no «tiene que obstaculizar los procesos políticos». La decisión del fiscal general -impuesta al fiscal encargado del caso, Jesús Alonso, que se negó a asumir el planteamiento de Pumpido- de no acusar a De Juan por integración en banda armada y reducir la petición de penas por amenazas, fue otra «señal» que el Gobierno enviaba a ETA para forzarle a ofrecerle un mayor margen de maniobra.

Vuelta al punto de partida

Sin embargo, las actuaciones del pasado lunes -fuera del calendario previsto en la Moncloa- de la «Sala del 61» del Supremo y de la Audiencia han retrotraído el «proceso» a un estado inicial: la reclamación de garantías, no ya políticas, sino personales de impunidad tanto para los actuales dirigentes de Batasuna como de ETA. O en otras palabras: la banda exige a Zapatero que desactive la acción de la justicia, mediante la derogación de la ley de Partidos -de esa manera decaería la vigencia de la sentencia de ilegalización de 27 de marzo de 2003 y todos los dirigentes de Batasuna se verían libres de su condición penal de integrantes de una organización terrorista-; la revocación de la «doctrina Parot», según la cual los beneficios penitenciarios en caso de condena por varios delitos se aplican sobre cada una de las penas, alargando así la estancia en la cárcel de los condenados (los batasunos sostienen que este cambio en la aplicación de los beneficios penitenciarios es, en realidad, una «cadena perpetua») y, en su caso, las modificaciones legales necesarias para cambiar -incluso hacer desaparecer- determinados órganos jurisdiccionales que ETA y Batasuna califican de «excepción» -la Audiencia Nacional- para evocar así el Tribunal de Orden Público del franquismo. Luego vendría la política de indultos, que se irían produciendo de manera progresiva dentro de un determinado plazo temporal.

Exigencias batasunas

Este mensaje -la necesidad de neutralizar a los jueces y tribunales- es el que están lanzando insistentemente los dirigentes de Batasuna desde hace días. Otegi -al que el Gobierno confiere un carácter «esencial» en el desarrollo del «proceso»- ha instado al Ejecutivo a «desactivar los instrumentos del pasado que lastran el futuro». Consciente de las dificultades del Gobierno para garantizar la reclamada impunidad, el cabecilla batasuno declaró el sábado que la responsabilidad de la situación actual es del Ejecutivo, porque «no quiere, no tiene voluntad o no puede -nos da lo mismo- garantizar la igualdad de condiciones para el diálogo multipartito». Y puntualizó: «hay que desactivar la ley de Partidos y la imposición de la cadena perpetua a los presos».

Por su parte, el segundo portavoz más cualificado de Batasuna, Pernando Barrena, se preguntó el viernes sobre «lo que está en juego y para qué es y para qué no es este proceso», añadiendo -para que no hubiese duda alguna- que «las reglas de las que habla Zapatero y Rubalcaba no son en absoluto las de la izquierda abertzale».

El capote a De Juana

Las declaraciones de Zapatero en Soria echando un capote a De Juana -«está en el proceso», dijo el presidente, que calificó sus presuntas amenazas de «crítica pura y dura»- fueron acogidas con un despectivo silencio entre los dirigentes de Batasuna, que consideran que De Juana ha actuado en su huelga de hambre al margen de la disciplina de la organización y alque reprochan en privado no haber proclamado su militancia en ETA cuando fue preguntado al respecto por el fiscal Burgos en la vista oral.

La situación actual está demostrando que en los contactos indirectos entre el grupo de intermediarios captados por Javier Solana a instancias del jefe del Ejecutivo y los representantes de ETA, reina una «notable confusión». Zapatero lleva el «proceso de manera muy personal y al margen de las pautas y asesoramientos habituales». El presidente y tanto ETA como Batasuna no van romper el llamado «proceso», pero éste ha quedado desvirtuado, no sólo por el terrorismo callejero, sino por la «acción de aprovisionamiento y suministro» perpetrado por la banda en Francia. «Estamos en el voluntarismo», dijeron a ABC fuentes conocedoras -y muy inmediatas- de los contactos ETA-Gobierno. «No es descartable, sino todo lo contrario, que los etarras sigan delinquiendo para presionar al Ejecutivo, porque en tanto no solucionen su situación penal y la vean despejada, se han plantado y las posibilidades de Zapatero son muy escasas en este terreno; es más, ya no puede -salvo grave escándalo- hacer más de lo que hace».

Información de J. Molina, J. Pagola y A. Martínez publicada por el diario ABC el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Utiliza a los intermediarios internacionales para conocer si fue una decisión de la «dirección»

Madrid - El Gobierno pide explicaciones a ETA. A través de los intermediarios que participan en el llamado «proceso de paz», entre ellos los suizos del centro Henry Dunant, ha solicitado a la banda que le informe de las razones por las que robó una partida de armas de un almacén en Francia. El hecho ha dejado al Ejecutivo absolutamente «descolocado», ya que daba por superadas las tensiones que se produjeron en el mes de septiembre y pensaba que las cosas iban razonablemente bien.

El robo de las 350 armas cortas, en una operación terrorista que ha requerido varias semanas de preparación, cogió por sorpresa al Gobierno que, en función de lo que le transmiten los citados interlocutores, creía que el «proceso» estaba encauzado. Ahora, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del «proceso», el Ejecutivo quiere saber si el asalto se debe a tensiones internas o es una decisión de la dirección de ETA. En ambos casos, el asunto se considera preocupante.

Sin control

El presidente del Gobierno, como ha hecho a lo largo del «proceso», ha tratado de transmitir que todo está controlado, casi previsto, y que no ocurre nada que no fuera a suceder. La realidad es diferente y, como ha pasado en otros momentos, el Ejecutivo ha carecido de la información adecuada sobre lo que se cuece en el seno de ETA.

Las acusaciones de «improvisación» lanzadas este fin de semana por el PNV contra Rodríguez Zapatero responden a una opinión bastante extendida, y no sólo en ambientes nacionalistas. La sensación que se ha tratado de transmitir desde el Palacio de la Moncloa de que todo estaba controlado y que era el presidente el que llevaba la batuta se la creen ya muy pocos.

Según las citadas fuentes, la nueva «verificación» de la que ha hablado el Gobierno consiste en que ETA explique las razones del robo de las armas. La obtención de los datos puede durar varios días o semanas, si es que los terroristas se prestan a ello, y, a la vista de lo que contesten, el Ejecutivo sabría qué camino seguir. Otra de las opciones que se consideran es que la banda haga público un comunicado en el que explique el alcance del robo. No es normal que los terroristas asuman públicamente la responsabilidad de lo que consideran «labores de abastecimiento», pero las referidas fuentes creen que en esta ocasión sí podría ocurrir.

En cualquier caso, esta «verificación» se produce después de que el Gobierno diese por bueno, con el fin de iniciar la negociación, que ETA había decidido abandonar la violencia pese a que los hechos demostraban lo contrario. La primera «verificación», en la que no fueron consultadas unidades especializadas que están sobre el terreno en el País Vasco y Navarra, se dio por resuelta con «evidente precipitación».

Fuentes antiterroristas consideran que una lectura atenta de los comunicados de la banda, de las declaraciones de sus cabecillas y de los representantes de sus presos, y un somero análisis de los acontecimientos que se han sucedido en los últimos meses, permitiría al Gobierno la obtención de respuestas rápidas y adecuadas, sin tener que recurrir a los mediadores internacionales cuya fiabilidad empieza a ser más que cuestionada.

No puede sorprender el robo de las pistolas y los revólveres si se recuerda la «demostración armada» que varios fusileros etarras hicieron el pasado 23 de septiembre en un monte de Oyarzun (Guipúzcoa). Con anterioridad habían dado lectura a un comunicado en el que expresaban la voluntad de la banda de «seguir luchando firmemente, con las armas en la mano, hasta conseguir la independencia y el socialismo de Euskal Herria». Es probable, agregan, que en esas fechas ya estuviera en preparación el asalto al almacén de Francia del que se llevaron las pistolas, los revólveres y la munición.

El problema radica en que el Gobierno se ha empeñado en transmitir a la opinión pública que hechos tan graves como el de Oyarzun, y los comunicados o declaraciones, son cosas que la banda hace «para el consumo interno». Desde luego, subrayaron, el robo de las armas y la munición es para «consumo interno» de una banda terrorista.

ETA ha reclamado, hasta en tres ocasiones, el cumplimiento de unos supuestos compromisos que el Gobierno habría adquirido a cambio de que anunciara el alto el fuego. La banda, por su parte, había renunciado a robar armas y explosivos. ¿Incumplimiento por incumplimiento?

Las fuentes consultadas no descartan que esto es lo que haya ocurrido y que los terroristas hayan enviado al Ejecutivo otro aviso, que sería el cuarto ¿y último?

Información de J. M. Zuloaga y R. L. Vargas publicada por el diario LA RAZON el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Madrid/Vitoria - Quienes anunciaban el final del terrorismo callejero tras la conclusión de la huelga de hambre del preso etarra de Juana Chaos se equivocaban. Una furgoneta de Telefónica fue atacada ayer en Vitoria tras un ataque de «kale borroka», según informaron a LA RAZON fuentes antiterroristas. La acción criminal tuvo lugar a pleno día, sobre las tres menos cuarto.

La furgoneta, una Renault Kangoo, se encontraba en la calle Hortaleza de la capital alavesa y quedó parcialmente destruida por el fuego. Fue necesaria la intervención de los bomberos para apagar las llamas, que no produjeron daños materiales en las inmediaciones.

La Ertzaintza encontró en el lugar de los hechos gasolina, un aerosol y un petardo pirotécnico, elementos que utilizan de forma habitual los que cometen este tipo de atentados.

El terrorismo callejero se ha incrementado de forma notable desde el pasado 18 de agosto, cuando ETA hizo público un comunicado en el que reclamaba, y lo hacía por tercera vez desde el comienzo de la tregua, el cumplimiento de unos supuestos compromisos adquiridos por el Gobierno, a través de sus intermediarios, para que la banda anunciara el alto el fuego.

Desde el Ejecutivo y desde las filas socialistas se ha vinculado el incremento de esta actividad criminal con la citada huelga de hambre. Su finalización debería haber conllevado la desaparición de los atentados callejeros de ser cierta esta teoría.

Sin embargo, todo parece indicar que ETA va a continuar utilizando la «kale borroka» como forma de presión al Gobierno y a los partidos políticos para que se constituya la mesa para la independencia.

Una información de J. M. Z. publicada por el diario LA RAZON el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La AVT denunciará a Eguiguren

MADRID.- La Asociación de Víctimas del Terrorismo anunció ayer que interpondrá una denuncia en la Audiencia Nacional contra el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, por un presunto delito de obstrucción de la Justicia y de colaboración con banda armada, por haberse reunido con el dirigente de ETA Josu Urrutikoetxea Bengoetxea Josu Ternera.

El colectivo presidido por Francisco José Alcaraz considera que el representante socialista, en los encuentros que mantuvo en el pasado año en Noruega con el etarra, ha podido tener conocimiento de hechos delictivos. Sostiene que Eguiguren debía de haber informado de sus reuniones a las Fuerzas de Seguridad, dado que su interlocutor es un prófugo de la Justicia.

La AVT no descarta proceder por estos hechos contra algún miembro del Gobierno, dado que el líder del PSE, en este cometido, ha venido ejerciendo la función de enviado e intermediario del Ejecutivo.

Según Alcaraz, los hechos revelados por la prensa son «gravísimos» y demuestran que el presidente Rodríguez Zapatero «ha incumplido de nuevo la promesa de comenzar las negociaciones con ETA una vez que la banda terrorista abandonara las armas». El presidente de la AVT ha pedido al Gobierno que deje de «engañar» a las víctimas y a toda la ciudadanía y que explique lo que «está ocultando y ha pactado con los terroristas».

Una información publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La AVT se querella contra Eguiguren por colaboración con ETA

MADRID. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) anunció ayer su intención de interponer una querella contra el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, tras conocerse que ha mantenido al menos cuatro reuniones, en Ginebra y Oslo, con el dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, «Josu Ternera».

La AVT cree que «al reunirse con un etarra sobre el que pesa una orden de busca y captura», Eguiguren «ha cometido un presunto delito de obstrucción a la Justicia y de colaboración con banda armada». En opinión de esta Asociación, «estos gravísimos hechos demuestran de nuevo que Zapatero ha incumplido la promesa de negociar con ETA una vez que la banda terrorista abandonara las armas».

Así, la AVT «pide al Gobierno que deje de engañar a las víctimas y a toda la ciudadanía. Es necesario que Zapatero explique todo lo que está ocultando».

Las reuniones de Jesús Eguiguren con «Josu Ternera» en Ginebra y Oslo fueron desveladas por ABC. El hecho de que el cabecilla de ETA accediera a la entrevista sólo se entiende porque consideraba que Eguiguren actuaba en representación del Gobierno.

Una información publicada por el diario ABC el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La televisión noruega confirma que el Gobierno y ETA han contactado en Oslo

OSLO. Casi a la misma hora de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo desmintiera, el pasado sábado la TV2 abrió su espacio de noticias de las 21.00 horas con la confirmación de que el Gobierno de Noruega «toma parte activa en las negociaciones de Oslo» entre el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y la banda terrorista ETA.

La televisión citó «fuentes del Ejecutivo» de Noruega y recalcó el papel que esa nación, conocida como «el Apóstol de la Paz», siempre ha jugado en los «conflictos internacionales».

La información publicada por ABC el pasado sábado referente a que el Gobierno y ETA habían contactado ya en Oslo para abordar la negociación «armas por presos» ha dado la vuelta a Escandinavia. Los medios de información de estos países nórdicos sin ninguna excepción, incluidas las televisiones y radios, así como los diarios más prestigiosos como el «Aftonposten» noruego y el «Svenska Dagbladet» sueco han reproducido esa información con toda clase de comentarios.

Así, se hacen eco de que los representantes del Gobierno español y de la banda criminal están en Oslo con el conocimiento del Ejecutivo de Noruega para negociar la erradicación final del terrorismo. Escriben que esas negociaciones se celebran «a puerta cerrada y en el mayor de los secretos».

Los medios de comunicación de esos países reproducen los comentarios del pragmático consejero de Información del Ministerio de Asuntos Exteriores noruego, Björn Janhsen, quien al ser consultado por ABC el viernes, en vez de negar las conversaciones entre el Ejecutivo de Zapatero y ETA en ese país, algo que hubiera sido lógico de ser inexistentes, prefirió la fórmula diplomática de «no desmentimos ni confirmamos que tengan lugar esas negociaciones».

Por su parte, el «Dagavisen», que titulaba ayer su crónica «Encuentro en Oslo de ETA», escribe textualmente que el consejero de Información del Ministerio de Asuntos Exteriores Jahnsen, ante la insistencia de la agencia oficial noruega de noticias ANB, dijo únicamente: «No queremos comentar el tema». Asimismo, el embajador de España en Oslo, también consultado sobre el asunto por la agencia, contestó con un lacónico: «No comments» (sin comentarios). Ese rotativo termina su información recordando que «hace menos de medio año se supo que Noruega juega un papel central en el proceso entre ETA y el Ejecutivo de España. Entonces se dijo que la tregua concertada entre ambas partes se negoció con gran misterio en Oslo el pasado otoño». Aquellos contactos preliminares entre emisarios de La Moncloa y de la banda terrorista tampoco fueron entonces reconocidos por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

En círculos políticos se comenta que es probable que el lugar donde se celebran, o podían haberse celebrado los encuentros, es el Holmen-Kollen al norte de la capital. Un precioso y solitario hotel en pleno bosque con una pista de salto de esquí olímpica, únicamente visitado en invierno por los entusiastas de ese deporte.

Con todo, fuentes conocedoras del proceso consultadas por ABC explican que no necesariamente todo el proceso de la «negociación técnica» entre el Gobierno de Zapatero y ETA tiene que desarrollarse en Oslo. Así, la capital noruega podría acoger una primera fase y, de haber avance, las conversaciones podrían trasladarse a otro país europeo. Sería una de las exigencias de ETA, no sólo por razones de seguridad, sino también en su pretensión de extender la «internacionalización del conflicto vasco».

Una información de Erik Bergren publicada por el diario ABC el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El PP dice que Rubalcaba quiere ocultar el proceso

El secretario general del PP del País Vasco, Carmelo Barrio, aseguró ayer que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, busca «anestesiar» a la sociedad al negar las informaciones que apuntan a que el Gobierno y ETA han mantenido recientemente en Oslo (Noruega) conversaciones destinadas a preparar una posterior negociación.

En su opinión, «la persona menos fiable que hay en estos momentos en España es el ministro del Interior», puesto que, además de querer pagar un «precio político a ETA», tiene «una obsesión en engañar al PP».

Por este motivo, Carmelo Barrio se mostró convencido de que en lo referido a los contactos con la banda etarra, Rubalcaba «no sólo va a ser incapaz de decirnos la verdad, sino que deliberadamente nos va a ocultar todo el proceso de negociación, todos los contactos que el Gobierno ha mantenido con ETA-Batasuna».

Una información publicada por el diario ABC el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.