Se veía venir. Por desgracia sólo los necios, los analfabetos o los malintencionados podían creer el supuesto deseo de los asesinos de ETA de integrarse en la vida democrática y pacífica. Muchos lo hemos dicho por activa y por pasiva. Nos han llamado de todo. Hemos tenido que soportar como más de un malnacido nos decía que lo que en realidad deseábamos era que continuasen los atentados. Una vez más el tiempo da o quita razones. Tiempo habrá para el análisis, para la reflexión y, por supuesto para exigir muchas responsabilidades. Hoy toca expresar nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas amenazadas, a todos los posibles objetivos de esta panda de asesinos. Hoy toca expresar nuestro firme deseo y esperanza de no volver a vivir otra tragedia causada por estos desalmados.

Texto íntegro del comunicado de ETA que da por finalizado el alto el fuego ETA quiere dar a conocer esta noticia a los ciudadanos; Son momentos de aclaración. ETA quiere dar pasos para superar la división institucional y caminar hacia un Estado independiente. Miles de votos en favor del cambio político y miles de voces por el futuro de este pueblo. ETA está también a favor del proceso de liberación. Sin duda, el final de ese proceso será un Estado independiente llamado Euskal Herria, pero para llegar a eso, deberá lograrse un único marco que integre a Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa en uno y otro que englobe a Lapurdi, Nafarroa Behera y Zuberoa. Construyamos el futuro de nuestro pueblo y, al final, las siete en una. Porque está claro ahora que las falsas salidas que ha habido hasta la fecha no nos llevan a ningún lado. El futuro está en nuestra mano y lo conseguiremos. Han desaparecido los disfraces. El talante de Zapatero se ha convertido en un fascismo que deja a los partidos y a los ciudadanos sin derechos. Pero no son los únicos. También se le ha caído la careta a los burukides del PNV, que andan insultando continuamente y cuya sed de dinero es insaciable. Por desgracia, la libertad de los pueblos tiene, a menudo, como enemigo, la traición. Cada vez que hay que tomar decisiones firmes en la defensa de Euskal Herria y a la hora de decidir el futuro, ha cometido fraude. Esta vez, sin embargo, no les han dado un cheque en blanco para, al amparo del españolismo, seguir aumentando el sufrimiento de este pueblo. Han 'seducido' a los responsables de la represión de los derechos del pueblo, pero no a los que queremos vivir en democracia y libertad. Los ciudadanos sufrimos la falta de democracia. Las agresiones en contra de Euskal Herria, en vez de desaparecer se están incrementando y agravando. La Justicia española ha dejado a miles de ciudadanos y al principal activo del proceso, la izquierda abertzale, fuera de estas elecciones antidemocráticas. La situación que vivimos actualmente en Euskal Herria es una situación de excepción. Las pasadas elecciones no tienen legitimidad. El Gobierno español ha respondido al alto el fuego permanente ofrecido por ETA con detenciones, tortura y todo tipo de acoso. No se dan las condiciones democráticas mínimas necesarias para un proceso negociador. Sin embargo, tenemos a la vista las claves políticas para garantizar el presente y el futuro de Euskal Herria: la autodeterminación y territorialidad y las semillas que han sembrado miles y miles de ciudadanos traerá una abundante cosecha a nuestro pueblo. Hasta entonces, renovamos nuestra decisión de defender con las armas al pueblo que es agredido con las armas. A los ciudadanos en general, llamamos a rebelarse ante esta falsa y corrompida democracia y a trabajar firmemente en la construcción de un Estado libre llamado Euskal Herria. Cada uno en su ámbito y según sus posibilidades. Con generosidad y unos junto a otros. Por último, ETA ha decidido suspender el alto el fuego indefinido y actuar en todos los frentes en defensa de Euskal Herria a partir de las 00.00 del 6 de junio. Traducción del Comunicado de la banda criminal ETA publicado en GARA y BERRIA el martes 5 de junio de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) - La banda terrorista ETA anunció hoy que el próximo miércoles, día 6, dará por finalizado el "alto el fuego permanente" que anunció hace poco más de un año, según un comunicado remitido al diario 'Berria'.

El alto el fuego permanente fue anunciado el 22 de marzo de 2006 y entró en vigor dos días más tarde. Durante este tiempo, la banda ha asesinado a dos personas en el atentado del 30 de diciembre en la T-4 de Madrid-Barajas.

Antes del robo de las armas todo estaba preparado para plasmar esta semana en un documento las 'bases sólidas' de la futura negociación de un nuevo marco político y jurídico para el País Vasco

MADRID.- ETA dio un plazo para que los partidos cerraran un preacuerdo sobre la mesa política, plazo que se iniciaba sobre el pasado día 20 y que concluía al finalizar octubre. El robo de armas en Francia y las declaraciones que este acto delictivo ha provocado pueden estar influyendo en la marcha de este aspecto del proceso pero, según los datos en poder de los expertos antiterroristas, PSE, Batasuna y PNV tenían hasta el miércoles, aproximadamente, para ultimar las negociaciones que vienen realizando de manera secreta desde hace semanas.

Socialistas y nacionalistas aseguran desconocer la existencia de dichos límites temporales. La banda terrorista puede habérselos hecho llegar únicamente a Batasuna y no hay una lectura clara de cuál será el siguiente paso de ETA si alrededor de la fecha señalada no se vislumbran ciertos resultados.

De hecho, a escasos días de que finalice el mes, los dirigentes del PSE consultados aseguran que cualquier cuestión relativa a la preparación de la mesa de partidos sigue totalmente abierta y que las negociaciones no están lo suficientemente avanzadas como para que se produzca un anuncio inminente.

Sin embargo, los nacionalistas sostienen que el contenido del preacuerdo está prácticamente perfilado y reconocen que, antes del robo, estaban convencidos de poderlo cerrar hacia mediados de semana.

La idea es que el resultado de las conversaciones mantenidas se plasme en un documento en el que se establecerán las «bases sólidas» sobre asuntos políticos de fondo con un calendario estimativo sobre cuál puede ser el margen temporal para llevarlos a cabo; un calendario que sólo podría empezar a correr, según las fuentes consultadas, en el momento en el que Batasuna sea legalizada y cuando se produzca una total «ausencia de violencia».

En cualquier caso, independientemente de las fechas en las que se cierre el preacuerdo, la mesa oficial y pública no se constituirá probablemente hasta el verano, con el fin de orillar las tensiones que pudieran surgir por la celebración de los comicios municipales.

El contenido y la convocatoria de la mesa de partidos se han convertido en estos momentos en la delicada piedra angular del proceso y su preparación está requiriendo de decisiones que hace pocos meses se hubieran tenido por imposibles.

El esquema de dos mesas establecido por Batasuna en el velódromo de Anoeta -una entre el Gobierno y la organización terrorista ETA para hablar de asuntos militares como presos y armas y otra entre los partidos para abordar cuestiones políticas- provocó que, incluso antes del anuncio de alto el fuego, los representantes de las formaciones políticas vascas mantuvieran reuniones bilaterales para preparar la segunda de éstas.

Así como la mayoría de los partidos reconocieron estar manteniendo encuentros con Batasuna, los socialistas negaron que ellos estuvieran secundando estas iniciativas. Pero sí consideraron conveniente hacerlo para superar los obstáculos surgidos en el mes de julio, después de que varios miembros de la formación ilegalizada hubieran sido llamados a declarar por los jueces de la Audiencia Nacional.

Tras esa escenificación pública, mantuvieron algunos encuentros en privado que tuvieron que ser reforzados a principios de septiembre después del comunicado que la banda terrorista hizo público advirtiendo de que el proceso estaba en un momento de «crisis», y apuntando la necesidad de ir consolidando la vía política.

Se creó una situación de bloqueo porque tanto socialistas como nacionalistas recordaron que Batasuna no podría participar en la mesa política mientras no efectuase los trámites para conseguir ser legalizada, y el portavoz de esta formación, Arnaldo Otegi, pidió la firma de un preacuerdo como forma de superar el bache del momento.

La gestación de ese preacuerdo se ha estado produciendo desde entonces con los encuentros secretos habidos entre PSE, Batasuna y PNV, que en realidad son los tres únicos partidos imprescindibles para la creación de la mesa política.

Según las fuentes consultadas, en estas reuniones no se ha hablado únicamente de reglas de funcionamiento de la futura mesa pública -tales como si la presidencia ha de ser rotatoria o si las decisiones han de ser adoptadas de manera transversal-, sino que se ha entrado en asuntos de fondo -el derecho a decidir o las relaciones entre Euskadi y Navarra-, con el fin de encauzarla del modo más ajustado posible.

Se encuentre el preacuerdo en una fase avanzada, tal como indican en el PNV, o se encuentre en una fase menos definida, tal como indican los socialistas, los hechos de los últimas jornadas parecen haber enrarecido el ambiente y sugieren dificultades cuyo alcance tendrá que ser aclarado en los próximos días.

No en vano, tras el robo de 350 armas en Francia por parte, presuntamente, de ETA y la advertencia efectuada por el presidente el pasado miércoles, Arnaldo Otegi, puso el sábado otras dos condiciones -la legalización de Batasuna y la anulación de la doctrina Parot- a la del preacuerdo para desbloquear la crisis.

Información de Angeles Escriva publicada por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido

MADRID / BILBAO. La cúpula de la banda terrorista ETA -que se ha desplazado del sur de Francia por «motivos de seguridad»- ordenó a uno de los «comandos» instalados en territorio galo una acción fulminante de respuesta a las dos decisiones judiciales del pasado lunes, día 23 de octubre, cuando restaban dos días para el debate parlamentario en Estrasburgo. Debate en el que los terroristas y la izquierda radical abertzale iban a conseguir -como así sucedió- que el «conflicto vasco deje de ser un asunto interno del Estado español». Pese al riesgo de que el debate y la resolución de la Eurocámara se frustrasen, ETA prefirió ofrecer una muestra de «capacidad operativa» en respuesta al auto de la «Sala del 61» del Supremo que, en ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna de 27 de marzo de 2003, acordó por unanimidad ordenar el inventario y registro de las «herriko tabernas» de Batasuna con el propósito final de proceder a la liquidación del patrimonio del partido ilegalizado en cumplimiento de la resolución 1373 de la ONU que exige que el patrimonio de bandas y organizaciones terroristas sea extinguido y destinado a determinadas causas sociales.

Registro e inventario

La «Sala del 61» disponía de un informe previo de la Agencia Tributaria sobre el particular, aunque la liquidación patrimonial definitiva de los bienes de Batasuna está pendiente de otra resolución que requiere de la emisión de informes que el Supremo ya ha solicitado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. El inventario y registro de los locales de Batasuna -cerrados tras la ilegalización en 2003, pero progresivamente abiertos como locales de reunión y recaudación de fondos del partido ilegal- es una medida provisional pero indicativa de la voluntad del Supremo de ejecutar la sentencia de ilegalización del brazo político de ETA. Ese mismo día 23 -el lunes pasado- la Sección IV de la Audiencia Nacional confirmaba el procesamiento de 38 dirigentes de Batasuna por pertenencia a banda armada, respaldando las resoluciones del juez Garzón dictadas en enero, febrero y junio de 2005.

Este auto y el del Supremo «sorprendieron» a ETA por partida doble: por un lado, porque el preacuerdo entre el PSE, el PNV y Batasuna estaba ya listo para ser discutido en la mesa de partidos políticos -el PP estará ausente- que se constituiría en diciembre. Por otro, porque la cúpula de la banda terrorista, para que el Gobierno pudiera dar el pistoletazo de salida a la negociación en la mesa extraparlamentaria, estaba dispuesta a ofrecer a Rodríguez Zapatero un nuevo comunicado declarando la «irreversibilidad» del «alto el fuego permanente», si bien, «en el contexto de este proceso». Tanto socialistas como nacionalistas, así como los batasunos, han incluido en su preacuerdo que el futuro estatuto jurídico-político incorpore el carácter nacional de Euskadi, también el «derecho a decidir» -como un concepto ambiguo respecto del de autodeterminación-, la creación de un órgano común de cooperación con Navarra y la constitución de una eurorregión integrada por el País Vasco, Navarra y las tres provincias vascas francesas que integran el Departamento de los Pirineos Atlánticos.

También está pactado el sistema de votación de los acuerdos -un sistema llamado transversal- e, incluso, las fechas aproximadas en las que el acuerdo final debería estar terminado, tal y como ha venido informando ABC.

Por su parte, el Gobierno estaba facilitando este nuevo y decisivo paso, ofreciendo señales inequívocas de determinación en la utilización de todos sus recursos para controlar la acción de la justicia. En ese contexto se inscribieron las declaraciones en el Senado del fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, en las que se negó a propiciar «una justicia de trinchera» y una «justicia vengativa», aduciendo que la justicia no «tiene que obstaculizar los procesos políticos». La decisión del fiscal general -impuesta al fiscal encargado del caso, Jesús Alonso, que se negó a asumir el planteamiento de Pumpido- de no acusar a De Juan por integración en banda armada y reducir la petición de penas por amenazas, fue otra «señal» que el Gobierno enviaba a ETA para forzarle a ofrecerle un mayor margen de maniobra.

Vuelta al punto de partida

Sin embargo, las actuaciones del pasado lunes -fuera del calendario previsto en la Moncloa- de la «Sala del 61» del Supremo y de la Audiencia han retrotraído el «proceso» a un estado inicial: la reclamación de garantías, no ya políticas, sino personales de impunidad tanto para los actuales dirigentes de Batasuna como de ETA. O en otras palabras: la banda exige a Zapatero que desactive la acción de la justicia, mediante la derogación de la ley de Partidos -de esa manera decaería la vigencia de la sentencia de ilegalización de 27 de marzo de 2003 y todos los dirigentes de Batasuna se verían libres de su condición penal de integrantes de una organización terrorista-; la revocación de la «doctrina Parot», según la cual los beneficios penitenciarios en caso de condena por varios delitos se aplican sobre cada una de las penas, alargando así la estancia en la cárcel de los condenados (los batasunos sostienen que este cambio en la aplicación de los beneficios penitenciarios es, en realidad, una «cadena perpetua») y, en su caso, las modificaciones legales necesarias para cambiar -incluso hacer desaparecer- determinados órganos jurisdiccionales que ETA y Batasuna califican de «excepción» -la Audiencia Nacional- para evocar así el Tribunal de Orden Público del franquismo. Luego vendría la política de indultos, que se irían produciendo de manera progresiva dentro de un determinado plazo temporal.

Exigencias batasunas

Este mensaje -la necesidad de neutralizar a los jueces y tribunales- es el que están lanzando insistentemente los dirigentes de Batasuna desde hace días. Otegi -al que el Gobierno confiere un carácter «esencial» en el desarrollo del «proceso»- ha instado al Ejecutivo a «desactivar los instrumentos del pasado que lastran el futuro». Consciente de las dificultades del Gobierno para garantizar la reclamada impunidad, el cabecilla batasuno declaró el sábado que la responsabilidad de la situación actual es del Ejecutivo, porque «no quiere, no tiene voluntad o no puede -nos da lo mismo- garantizar la igualdad de condiciones para el diálogo multipartito». Y puntualizó: «hay que desactivar la ley de Partidos y la imposición de la cadena perpetua a los presos».

Por su parte, el segundo portavoz más cualificado de Batasuna, Pernando Barrena, se preguntó el viernes sobre «lo que está en juego y para qué es y para qué no es este proceso», añadiendo -para que no hubiese duda alguna- que «las reglas de las que habla Zapatero y Rubalcaba no son en absoluto las de la izquierda abertzale».

El capote a De Juana

Las declaraciones de Zapatero en Soria echando un capote a De Juana -«está en el proceso», dijo el presidente, que calificó sus presuntas amenazas de «crítica pura y dura»- fueron acogidas con un despectivo silencio entre los dirigentes de Batasuna, que consideran que De Juana ha actuado en su huelga de hambre al margen de la disciplina de la organización y alque reprochan en privado no haber proclamado su militancia en ETA cuando fue preguntado al respecto por el fiscal Burgos en la vista oral.

La situación actual está demostrando que en los contactos indirectos entre el grupo de intermediarios captados por Javier Solana a instancias del jefe del Ejecutivo y los representantes de ETA, reina una «notable confusión». Zapatero lleva el «proceso de manera muy personal y al margen de las pautas y asesoramientos habituales». El presidente y tanto ETA como Batasuna no van romper el llamado «proceso», pero éste ha quedado desvirtuado, no sólo por el terrorismo callejero, sino por la «acción de aprovisionamiento y suministro» perpetrado por la banda en Francia. «Estamos en el voluntarismo», dijeron a ABC fuentes conocedoras -y muy inmediatas- de los contactos ETA-Gobierno. «No es descartable, sino todo lo contrario, que los etarras sigan delinquiendo para presionar al Ejecutivo, porque en tanto no solucionen su situación penal y la vean despejada, se han plantado y las posibilidades de Zapatero son muy escasas en este terreno; es más, ya no puede -salvo grave escándalo- hacer más de lo que hace».

Información de J. Molina, J. Pagola y A. Martínez publicada por el diario ABC el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Utiliza a los intermediarios internacionales para conocer si fue una decisión de la «dirección»

Madrid - El Gobierno pide explicaciones a ETA. A través de los intermediarios que participan en el llamado «proceso de paz», entre ellos los suizos del centro Henry Dunant, ha solicitado a la banda que le informe de las razones por las que robó una partida de armas de un almacén en Francia. El hecho ha dejado al Ejecutivo absolutamente «descolocado», ya que daba por superadas las tensiones que se produjeron en el mes de septiembre y pensaba que las cosas iban razonablemente bien.

El robo de las 350 armas cortas, en una operación terrorista que ha requerido varias semanas de preparación, cogió por sorpresa al Gobierno que, en función de lo que le transmiten los citados interlocutores, creía que el «proceso» estaba encauzado. Ahora, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del «proceso», el Ejecutivo quiere saber si el asalto se debe a tensiones internas o es una decisión de la dirección de ETA. En ambos casos, el asunto se considera preocupante.

Sin control

El presidente del Gobierno, como ha hecho a lo largo del «proceso», ha tratado de transmitir que todo está controlado, casi previsto, y que no ocurre nada que no fuera a suceder. La realidad es diferente y, como ha pasado en otros momentos, el Ejecutivo ha carecido de la información adecuada sobre lo que se cuece en el seno de ETA.

Las acusaciones de «improvisación» lanzadas este fin de semana por el PNV contra Rodríguez Zapatero responden a una opinión bastante extendida, y no sólo en ambientes nacionalistas. La sensación que se ha tratado de transmitir desde el Palacio de la Moncloa de que todo estaba controlado y que era el presidente el que llevaba la batuta se la creen ya muy pocos.

Según las citadas fuentes, la nueva «verificación» de la que ha hablado el Gobierno consiste en que ETA explique las razones del robo de las armas. La obtención de los datos puede durar varios días o semanas, si es que los terroristas se prestan a ello, y, a la vista de lo que contesten, el Ejecutivo sabría qué camino seguir. Otra de las opciones que se consideran es que la banda haga público un comunicado en el que explique el alcance del robo. No es normal que los terroristas asuman públicamente la responsabilidad de lo que consideran «labores de abastecimiento», pero las referidas fuentes creen que en esta ocasión sí podría ocurrir.

En cualquier caso, esta «verificación» se produce después de que el Gobierno diese por bueno, con el fin de iniciar la negociación, que ETA había decidido abandonar la violencia pese a que los hechos demostraban lo contrario. La primera «verificación», en la que no fueron consultadas unidades especializadas que están sobre el terreno en el País Vasco y Navarra, se dio por resuelta con «evidente precipitación».

Fuentes antiterroristas consideran que una lectura atenta de los comunicados de la banda, de las declaraciones de sus cabecillas y de los representantes de sus presos, y un somero análisis de los acontecimientos que se han sucedido en los últimos meses, permitiría al Gobierno la obtención de respuestas rápidas y adecuadas, sin tener que recurrir a los mediadores internacionales cuya fiabilidad empieza a ser más que cuestionada.

No puede sorprender el robo de las pistolas y los revólveres si se recuerda la «demostración armada» que varios fusileros etarras hicieron el pasado 23 de septiembre en un monte de Oyarzun (Guipúzcoa). Con anterioridad habían dado lectura a un comunicado en el que expresaban la voluntad de la banda de «seguir luchando firmemente, con las armas en la mano, hasta conseguir la independencia y el socialismo de Euskal Herria». Es probable, agregan, que en esas fechas ya estuviera en preparación el asalto al almacén de Francia del que se llevaron las pistolas, los revólveres y la munición.

El problema radica en que el Gobierno se ha empeñado en transmitir a la opinión pública que hechos tan graves como el de Oyarzun, y los comunicados o declaraciones, son cosas que la banda hace «para el consumo interno». Desde luego, subrayaron, el robo de las armas y la munición es para «consumo interno» de una banda terrorista.

ETA ha reclamado, hasta en tres ocasiones, el cumplimiento de unos supuestos compromisos que el Gobierno habría adquirido a cambio de que anunciara el alto el fuego. La banda, por su parte, había renunciado a robar armas y explosivos. ¿Incumplimiento por incumplimiento?

Las fuentes consultadas no descartan que esto es lo que haya ocurrido y que los terroristas hayan enviado al Ejecutivo otro aviso, que sería el cuarto ¿y último?

Información de J. M. Zuloaga y R. L. Vargas publicada por el diario LA RAZON el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El PP lleva al Congreso la «vergüenza» de la rebaja penal a De Juana

Rajoy califica la actuación del Ministerio Fiscal de «escándalo monumental» y denuncia que responde a una «orden política»

Madrid/Vitoria - «Vergüenza nacional» y «escándalo descomunal». Así de contundente se manifestaba ayer el presidente del PP, Mariano Rajoy, en una entrevista a Cataluña Radio al ser preguntado por la decisión de la Fiscalía de rebajar la petición de pena -de 96 a 6 años- para el preso etarra Iñaki de Juana Chaos, que estuvo durante tres meses en huelga de hambre en protesta por su situación procesal.

La respuesta política la concretó el portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, quien anunció la solicitud de comparecencia en el Congreso de los ministros de Interior y de Justicia, Alfredo Pérez Rubalcaba y Juan Fernando López Aguilar, respectivamente, y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que expliquen en la Cámara por qué el Ministerio Fiscal ha modificado su criterio justo coincidiendo con el anuncio de De Juana Chaos de que desiste de su huelga de hambre.

Es más que previsible que el PSOE se apoye en las minorías para vetar en la Mesa del Congreso la del fiscal general de Estado. Las de los ministros tienen que producirse obligatoriamente, pero es también más que seguro que los socialistas utilizarán la misma fórmula, la alianza con sus socios, para retrasarlas «sine die». En cualquier caso, la respuesta a estas peticiones determinará si el PP mueve otra ficha y lleva este asunto a la sesión de control de la Cámara Baja. En principio, la de la próxima semana -ésta no hay Pleno por el Día del Pilar- se centrará en la inmigración y la tensión territorial, sin descartarse que se incluya a última hora el «caso De Juana».

Tras anunciar las solicitudes de las citadas comparecencias -hay hasta doce del ministro del Interior relativas al 11-M y a ETA que están pendientes de calificar por la Mesa-, Zaplana no se andó por las ramas. «El cambio de criterio de la Fiscalía huele por todas partes a decisión y a orden política».

A su juicio, es «inaudito» e «inaceptable» que el fiscal general «cambie de criterio 180 grados» en función de «negociaciones o acuerdos políticos con los terroristas». «Rebajar la petición de pena es jugar con el Estado de Derecho y poner el Estado de Derecho en rebajas en pleno proceso de diálogo con la organización terrorista ETA. Así no funciona bien una democracia», concluyó. En la misma línea se había pronunciado Rajoy y también Acebes. Este último calificó de «tremendo» que un terrorista culpable de 25 asesinatos «esté a punto de salir a la calle», y recordó que «cuando mataron al matrimonio Jiménez Becerril, Chaos dijo que "sus lloros son nuestras sonrisas y acabaremos a carcajada limpia"». «Efectivamente hoy se debe de estar riendo a carcajada limpia», indicó, informa Ep. El PP echó mano de la hemeroteca para recordar la retahíla de declaraciones de dirigentes socialistas, desde López Garrido a López Aguilar o Alonso, oponiéndose a facilitar la excarcelación del etarra porque no había demostrado «la más mínima apariencia de arrepentimiento».

Por otra parte, la portavoz del Ejecutivo vasco, Miren Azkarate, interpretó que la anunciada rebaja de la petición de cárcel del fiscal al preso de ETA Ignacio de Juana y la reducción de la condena a varios acusados de violencia callejera puede significar el comienzo «de una nueva política penitenciaria que podrá favorecer y ayudar al proceso de paz». Preguntada sobre si estos cambios en las penas tienen una inspiración política respondió: «¿alguien lo duda?». Azkarate afirmó que la revisión de la petición de condena para Ignacio de Juana «puede estar más ajustada a una política penitenciaria más flexible y más de acuerdo con los tiempos que estamos viviendo, olvidando épocas pasadas de los gobiernos del presidente Aznar». En este sentido mostró su deseo de que se mantenga esta nueva línea de actuación para que se respeten los derechos de los presos de ETA a la reducción de las penas y los de sus familias a visitarles en cáceles vascas. Por su parte, el dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi eludió referirse al asunto de la rebaja de la condena del etarra De Juana Chaos y desmintió «rotundamente» que el Gobierno haya pactado con su formación el final de su huelga de hambre.

Una información de C. Morodo y Iker Moneo publicada por el diario LA RAZON el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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Aznar: «Han dado a la banda la llave»

Aarhus (Dinamarca) - La foto del ex presidente del Gobierno español ocupaba ayer la portada del suplemento Internacional del periódico liberal danés «Jyllands Posten». En una entrevista de más de cinco páginas, Aznar aborda la situación de Europa y las relaciones con los Estados Unidos pero también hay lugar para la situación política en España. El ex jefe del ejecutivo español considera «un grave error las negociaciones con ETA» y dice que «por desgracia, el Gobierno ha dado a los terroristas la llave de la situación política en España».

En respuesta a las preguntas de Flemming Rose, el redactor jefe del diario que publicó las polémicas caricaturas de Mahoma, Aznar dice estar convencido de que no sólo los terroristas islámicos participaron en los atentados del 11 de marzo en Madrid. «Ellos lo hicieron, pero la idea, el objetivo y los recursos vinieron de fuentes en España, no de fuera» dijo José María Aznar al diario, y añadió que «El sistema judicial ya ha dicho que el objetivo de los terroristas era cambiar el Gobierno. Lo consiguieron, pero a partir de ahí, el Gobierno socialista ha iniciado negociaciones con ETA. No quiero decir que se pueda separar el atentado y las consecuencias que ha tenido, pero vamos a esperar y no sacar conclusiones hasta que hayan salido a la luz todos los detalles. A lo mejor no tardan mucho. Estoy seguro que no sólo fue un ataque de los islamistas. El juez ha reconocido que no se sabe de dónde partió la idea del atentado, quién lo preparó y quién lo dirigió».

Por otra parte, Aznar dice que la OTAN se tiene que abrir para todas las democracias y desea que la Alianza Atlántica sea un instrumento del mundo libre en la lucha contra el terrorismo. En su opinión, el futuro de Europa depende de una fuerte alianza con los Estados Unidos.

Una información de Miguel Mielgo publicada por el diario LA RAZON el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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Interior facilitó gestiones de los familiares de De Juana para que dejara la huelga de hambre

El Gobierno intenta desligar la decisión de la Fiscalía y el final de la protesta del preso de ETA Rubalcaba confirma la participación del obispo Uriarte y Otegi niega que negociara con el Ejecutivo

MADRID.- El Ministerio del Interior facilitó gestiones de la familia del preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos para que le convencieran de que abandonara la huelga de hambre.

El etarra anunció el domingo por la noche el final de su protesta, y el mismo lunes la Fiscalía anunció que estudia reducir de 96 a seis años la petición de condena para De Juana.

Según elconfidencial.com, la persona clave para convencerle de que pusiera fin a su protesta fue su novia. Incluso, según este medio digital, el Ministerio del Interior permitió que el etarra recibiera visitas de su compañera sentimental para que le hiciera ver la necesidad de concluir su huelga de hambre.

La protesta de De Juana supuso un inconveniente en la marcha del proceso de paz, tanto para el Gobierno como para Batasuna.

Según publicó ayer este periódico, el Ejecutivo, a través de la vía de contacto indirecto que mantiene con Batasuna, ha tratado en las últimas semanas con dirigentes de la coalición la situación del recluso.

Además, también intervino como mediador el obispo de San Sebastián, monseñor Uriarte, según confirmó ayer el propio Alfredo Pérez Rubalcaba.

El ministro del Interior admitió ayer en Sabadell que el Gobierno «accedió» a que el obispo Uriarte «explicara las preocupaciones de la familia», y añadió: «Le hemos escuchado».

El ministro explicó la situación penitenciaria de este preso y la acción del Gobierno que, según él, se ha limitado a obedecer a jueces y médicos y a atender por humanidad a la familia del detenido, informa Efe. Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, negó ayer públicamente que se haya negociado con Batasuna el final de la protesta y se esforzó en intentar explicar que la decisión de la Fiscalía no tiene nada que ver con el Ejecutivo ni con el final de la protesta, aunque hayan coincidido en el tiempo.

López Aguilar consideró que la calificación penal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre los actos por los que el próximo día 27 será juzgado no puede estar sujeta a ninguna «interferencia».

Sobre los contactos con Batasuna, añadió que «no se le puede pedir al Gobierno que desmienta informaciones carentes de fundamento. No se le puede pedir que gaste energía y tiempo en desmentir los bulos y los infundios con los que se intentan enjuiciar las intenciones del Gobierno». También el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, desmintió ayer públicamente esa negociación. Así, negó «rotundamente» que el Gobierno haya negociado el final de la huelga de hambre y habló de «mentira». La protesta de De Juana tuvo apoyo en las bases de la izquierda abertzale.

Quienes, desde posiciones opuestas, dieron por hecha la existencia de negociaciones para el final de la huelga y ligaron la decisión de la Fiscalía con el desenlace de la protesta fueron la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barcos, y la dirigente del PP vasco, María San Gil.

Uxue Barkos señaló a ETB que, si se tiene en cuenta la «coincidencia en el tiempo» de esas dos decisiones y que De Juana ha dicho que no abandonó la huelga de hambre por motivos de salud -«por tanto serán motivos de orden político», indicó-, se puede concluir que «hay una conexión y, por tanto, cierto desbloqueo» del proceso de paz.

Una información de F. G. publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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Las víctimas pueden creer que «la venganza es mejor que la Justicia» por el caso De Juana, asegura Buesa

MADRID. Sólo Batasuna, el Ejecutivo vasco y el Gobierno y sus aliados no criticaron la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de estudiar la rebaja de la pena del etarra José Ignacio de Juana Chaos, autor de 25 asesinatos. El resto no escatimó críticas. Desde el PP, Mariano Rajoy lo calificó de «vergüenza nacional» y «escándalo descomunal», y desde el Foro de Ermua, Mikel Buesa lanzó la advertencia más dura: «No me sorprendería lo más mínimo que entre las víctimas empezara a haber casos de personas que piensen que la venganza es mejor que la Justicia, y, si eso ocurre, la responsabilidad será de Zapatero, que no habrá sabido conducir las cosas hacia un verdadero Estado de justicia».

También la voz de la Iglesia se oyó ayer. Fue la del arzobispo de Toledo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares, quien dijo que la «solución política no está en mis manos, pero sí decir que la sociedad debe defenderse del terrorismo de ETA o de cualquier otro terrorismo, porque si no siempre habrá grupos que tengan una justificación» para usar la violencia. Recordó al Gobierno socialista que «con el terrorismo no se negocia», puesto que «sería dar la razón a unos actos que no tienen ninguna justificación». En declaraciones a «Antena 3», el purpurado pidió «pensar mucho las cosas» antes de hablar con la banda y alertó del peligro de que «se atisbe que detrás de todo esto haya una justificación del terrorismo». «Hay una condición para hablar con ETA: primero, que desaparezca», indicó Cañizares, quien recordó que «el terrorismo de ETA es intrínsecamente perverso, y lo primero que tiene que hacer ETA es desaparecer como tal».

Para el presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, el «cambio de posición» de la Fiscalía es «absolutamente inaceptable e incomprensible», y lo que es peor, dijo, responde a una motivación «de naturaleza política». «El empeño del Gobierno de negociar con ETA le conduce a desactivar a los órganos del Estado que se ocupan de la represión del terrorismo, como la Fiscalía», denunció el presidente del Foro de Ermua, quien lamentó que el Ejecutivo quiera, a través de los fiscales, establecer «un simulacro de Justicia, y no una verdadera Justicia».

El caso del etarra De Juana es para Mariano Rajoy una «vergüenza nacional», ya que la posible la rebaja de la Fiscalía -de 96 a 6 años- «es una invitación a todas las personas que estén en la cárcel a que hagan una huelga de hambre y así les rebajan la pena». Pero el presidente del PP fue más allá y aseguró que no tiene «la menor duda» de que en su actuación el Ministerio Público sigue «los parámetros del Gobierno».

Más duro si cabe se mostró el número dos de los populares, Ángel Acebes, que afirmó que es «tremendo» que un terrorista culpable de 25 asesinatos «esté a punto de salir a la calle». Recordó que «cuando mataron al matrimonio Jiménez Becerril, De Juana Chaos dijo que «sus lloros son nuestras sonrisas y acabaremos a carcajada limpia»; efectivamente, hoy se debe de estar riendo a carcajada limpia».

Comparecencias en el Congreso

Y por eso el PP quiere que los ministros de Interior y Justicia y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, expliquen las razones que han llevado al Ministerio Público a estudiar una rebaja tan considerable.

Al paso de este aluvión de críticas salió inmediatamente el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que en primer lugar exigió a los dirigentes populares «respeto» para la decisión del fiscal como una expresión del Estado de Derecho. «Es el mismo Estado de Derecho que existía con Rajoy, que yo respeté entonces, y que yo pido a Rajoy que respete ahora», dijo.

Sobre De Juana también se pronunció el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi. Y lo hizo para negar «rotundamente» que su formación haya negociado con el Gobierno este asunto. «Eso no es verdad», apostilló.

Desde el Gobierno vasco celebraron la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que calificaron como un signo «que indudablemente puede favorecer el proceso de paz» y que a su juicio responde a una inspiración política. La portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Miren Azkárate, afirmó que este tipo de medidas están «más de acuerdo con los tiempos que estamos viviendo», ya que la petición inicial para De Juana era demasiado «abultada».

«Excesiva» pena

La Fiscalía de la Audiencia Nacional también intentó contestar al alud de reproches recibidos por la posible reducción de la petición de pena para el etarra. En un comunicado, el Ministerio Público apunta que la pena de 96 años de cárcel solicitada para De Juana por las presuntas amenazas vertidas en dos cartas publicadas por «Gara» puede ser «excesiva y desproporcionada», pero también afirma que todavía es pronto para hablar de una «sustancial reducción», algo que muchos ya han dado por sentado. La Fiscalía precisa que la posible rebaja de la petición de pena no se decidirá hasta la celebración del juicio.

Así el Ministerio Público señala que «rechaza por absolutamente infundadas» las afirmaciones «que dan por cierta y segura una sustancial reducción» en su petición, o que vinculan esta hipotética rebaja «con otras circunstancias ajenas al proceso» judicial, en relación con las informaciones que relacionan el anuncio de la Fiscalía con el «proceso de paz» o con la huelga de hambre de De Juana.

Una información de J. Bastante publicada por el diario ABC el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Madrid/Vitoria - Quienes anunciaban el final del terrorismo callejero tras la conclusión de la huelga de hambre del preso etarra de Juana Chaos se equivocaban. Una furgoneta de Telefónica fue atacada ayer en Vitoria tras un ataque de «kale borroka», según informaron a LA RAZON fuentes antiterroristas. La acción criminal tuvo lugar a pleno día, sobre las tres menos cuarto.

La furgoneta, una Renault Kangoo, se encontraba en la calle Hortaleza de la capital alavesa y quedó parcialmente destruida por el fuego. Fue necesaria la intervención de los bomberos para apagar las llamas, que no produjeron daños materiales en las inmediaciones.

La Ertzaintza encontró en el lugar de los hechos gasolina, un aerosol y un petardo pirotécnico, elementos que utilizan de forma habitual los que cometen este tipo de atentados.

El terrorismo callejero se ha incrementado de forma notable desde el pasado 18 de agosto, cuando ETA hizo público un comunicado en el que reclamaba, y lo hacía por tercera vez desde el comienzo de la tregua, el cumplimiento de unos supuestos compromisos adquiridos por el Gobierno, a través de sus intermediarios, para que la banda anunciara el alto el fuego.

Desde el Ejecutivo y desde las filas socialistas se ha vinculado el incremento de esta actividad criminal con la citada huelga de hambre. Su finalización debería haber conllevado la desaparición de los atentados callejeros de ser cierta esta teoría.

Sin embargo, todo parece indicar que ETA va a continuar utilizando la «kale borroka» como forma de presión al Gobierno y a los partidos políticos para que se constituya la mesa para la independencia.

Una información de J. M. Z. publicada por el diario LA RAZON el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La AVT denunciará a Eguiguren

MADRID.- La Asociación de Víctimas del Terrorismo anunció ayer que interpondrá una denuncia en la Audiencia Nacional contra el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, por un presunto delito de obstrucción de la Justicia y de colaboración con banda armada, por haberse reunido con el dirigente de ETA Josu Urrutikoetxea Bengoetxea Josu Ternera.

El colectivo presidido por Francisco José Alcaraz considera que el representante socialista, en los encuentros que mantuvo en el pasado año en Noruega con el etarra, ha podido tener conocimiento de hechos delictivos. Sostiene que Eguiguren debía de haber informado de sus reuniones a las Fuerzas de Seguridad, dado que su interlocutor es un prófugo de la Justicia.

La AVT no descarta proceder por estos hechos contra algún miembro del Gobierno, dado que el líder del PSE, en este cometido, ha venido ejerciendo la función de enviado e intermediario del Ejecutivo.

Según Alcaraz, los hechos revelados por la prensa son «gravísimos» y demuestran que el presidente Rodríguez Zapatero «ha incumplido de nuevo la promesa de comenzar las negociaciones con ETA una vez que la banda terrorista abandonara las armas». El presidente de la AVT ha pedido al Gobierno que deje de «engañar» a las víctimas y a toda la ciudadanía y que explique lo que «está ocultando y ha pactado con los terroristas».

Una información publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos ínte