Sin Pancarta Street Journal

Barcelona - La denuncia de la asociación Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha sido escuchada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La asociación hizo ayer público un comunicado en el que aseguraba que el Ministerio Fiscal ha abierto una investigación por los incidentes habidos en el transcurso del partido de fútbol entre las selecciones de Cataluña y Euskadi, que tuvo lugar el pasado 8 de octubre, y en cuyas gradas pudieron verse todo tipo de pancartas, en su amplísima mayoría de corte independentista.

La denuncia de la asociación, presentada el pasado día 10 de octubre, se basaba en el hecho de que «resulta evidente que en el referido encuentro, determinados grupos de personas, perfectamente organizados, y cuya identificación no debe resultar difícil, al amparo del legítimo ejercicio de la libertad de expresión, exhibieron de manera ostensible pancartas que contenían expresiones y eslóganes de exaltación de la organización terrorista Eta y de la “lucha armada”, así como de determinados terroristas convictos, tal y como han mostrado todos los medios de comunicación, ante la total pasividad de los responsables del orden», explica en el documento.

El texto de la denuncia hace referencia, también, a otros carteles portados por los asistentes y que aparecieron entre las gradas en los que se defendía al procesado por pertenencia a banda armada, Iñaki de Juana Chaos, añadió el presidente de la asociación, Francisco Caja.

La asociación mantiene que dicho comportamiento «es indudablemente constitutivo de delito de exaltación del terrorismo», recogido en el Código Penal en su artículo 579. Sostiene, además, que durante el partido «se profirieron frases y se exhibieron pancartas que contenían graves ofensas y ultrajes a España, sus símbolos o emblemas, llegándose a quemar la bandera española», sostiene, amparándose en «el delito contemplado en el artículo 543».

A través de dicho comunicado, Convivencia Cívica Catalana afirmó que el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, «ha puesto en conocimiento de los denunciantes la incoación de diligencias procesales para depurar las responsabilidades». «La Fiscalía cuenta con unos días para posicionarse sobre un caso, y a nosotros nos ha respondido favorablemente», dijo Caja.

A raíz de la decisión fiscal, la asociación quiso expresar su «satisfacción» por esta medida, que «confirma su confianza en las instituciones políticas en la seguridad de que, en esta ocasión, ha de prevalecer la legalidad, los derechos de los ciudadanos, y el interés público tutelado por la Ley frente a la barbarie de los terroristas y de los que los secundan».

Información de Xiana Siccardi publicada por el diario LA RAZON el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Entre 30 y 40 españoles se marchan cada año a participar en la yihad. Los servicios de seguridad alertan de la llegada a España de decenas de combatientes radicales musulmanes que ahora luchan en Irak y Afganistán

Madrid. Las guerras de Irak y Afganistán están centrando todos los esfuerzos de la yihad islámica en su lucha contra las naciones occidentales. Los atentados en estos países son diarios y en ellos participan miles de insurgentes. Allí han sido identificados ya decenas de musulmanes de nacionalidad europea, que han protagonizado ataques suicidas o han combatido contra los ejércitos occidentales. Algunos de ellos procedían incluso de España.

Las fuerzas de seguridad y los investigadores del terrorismo internacional están pensando ya en el día después. La preocupación por lo que se avecina es máxima.

La opinión generalizada entre los expertos consultados por LA GACETA es que, cuando los conflictos de Irak y Afganistán desaparezcan o bajen de intensidad, muchos de estos muyahidines europeos se plantearán volver a casa con la yihad en las maletas. No hace muchos meses, el propio comisario europeo de Seguridad, Franco Frattini, advertía de que “millones” de terroristas de Irak estarían dispuestos a atacar Europa.

La cifra, quizá, es algo exagerada, pero lo cierto es que se palpa el miedo y las agencias de seguridad europeas ya están alerta. “Es una situación peligrosa. En la medida en que el régimen iraquí se consolide, muchos de estos terroristas bien preparados vendrán a Europa”, vaticinaba el comisario, en unas declaraciones que ratificó de nuevo a LA GACETA.

Frattini advierte de que la información de los servicios de seguridad europeos y norteamericanos habla de que son “muchos los que podrían volver”. “No puedo ser más explícito. Algunos son europeos que volverán a sus países de origen, y otros han llegado a Irak desde otros países. Lo que digo sobre Irak vale también para Afganistán. Hay una fuerte amenaza de exportación de terroristas. En Irak se está formando a kamikazes”, sentenció Frattini.

Españoles suicidas

Por el momento, no han trascendido cifras exactas sobre este tipo de movimientos de regreso, tan sólo aproximaciones. Hay más datos sobre los que se han marchado que sobre los que han vuelto.

Hasta la fecha, sólo han sido identificados en Irak dos suicidas que partieron de suelo español. Uno de ellos es el marroquí Mohammad Alfalah, considerado autor material del 11-M. Alfalah se habría inmolado en un atentado, entre el 12 y el 19 de marzo de 2005.

El otro muyahidin con nacionalidad española es Belgacem Bellil, de origen argelino, un carnicero que residía en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y que atentó, el 12 de noviembre de 2003, contra una base italiana, con un resultado de 28 fallecidos, 19 de ellos italianos.

Esos dos casos ejemplifican el problema, pero no su dimensión. Porque los investigadores creen que en estos momentos podría haber hasta 100 guerrilleros de origen español combatiendo en Irak y Afganistán, a los que se suman continuamente nuevos radicales. Fuentes de la Policía cifran entre 30 y 40 el número de muyahidines españoles que viajan anualmente a hacer la yihad a estos territorios en conflicto.

Muchos mueren en los ataques, pero algunos de ellos volverán. De hecho, algunos ya han vuelto. Amer Azizi, por ejemplo, considerado por los investigadores uno de los hombres clave en los atentados del 11-M. Azizi se encuentra en busca y captura porque sus huellas aparecieron en la casa de Morata de Tajuña, el lugar donde se confeccionaron las mochilas-bomba.

Comprometidos

La Policía considera que pudo ser el enlace entre la célula que ejecutó los atentados y Al Qaeda. Azizi no llegó a España por el Estrecho, como otros compatriotas marroquíes, sino que procedía de los campos de entrenamiento afganos. Una vez en suelo español, pudo transformar una pandilla de delincuentes de medio pelo en una célula radical, adiestrada para matar.

Hassan Mourdoude también llegó a España procedente de los campos de batalla iraquíes. La Policía lo detuvo en Cataluña, tras probarse que había participado en la captación de Bellil.

El perfil de los ex combatientes de Irak es muy diferente del de los simpatizantes que pueda tener la yihad en suelo occidental (se calcula que sólo en el Reino Unido hay 10.000 musulmanes simpatizantes de Al-Qaeda o grupos afiliados).

“La gente que vuelve de Irak está realmente comprometida con la causa. Son gente que ha combatido y que además ha sido entrenada, con conocimientos para fabricar bombas, por ejemplo. Representan un gran desafío”, explica Javier Jordán, profesor de la Universidad de Granada, experto en terrorismo islámico.

Hay que tener en cuenta que no sería la primera vez que el fin de un conflicto tiene como consecuencia la propagación de la “guerra santa” a otros escenarios. Cuando la URSS se retiró de Afganistán, en 1989, tras 10 años de conflicto, muchos afganos radicales experimentados en el combate armado extendieron la yihad a los países cercanos. Lo mismo ocurrió tras las guerras de Chechenia y los Balcanes.

“Hace años, la influencia de algunos islamistas radicales aumentó por el prestigio que les reportaba que hubieran participado en conflictos como los de Bosnia, Afganistán o Chechenia. Aumentaron su carisma entre los jóvenes, y también su potencial para radicalizarlos y reclutarlos”, explica Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos. “La cercanía de estas personas con experiencias directas les da un peso considerable. Pueden transmitir en Occidente los agravios que sufren otros hermanos en los países en conflicto, a miles de kilómetros de distancia. El retorno de estas personas es un peligro”, concluye Alonso.

La puerta de entrada (y salida) de Irak y Afganistán para estos “guerreros de la fe” musulmana es Siria, un país enclavado en un lugar estratégico y con pocos obstáculos para atravesar sus fronteras. Los muyahidines llegan a Siria desde Europa, a través del Reino Unido y los Países Bajos. Si es necesario despistar más a las autoridades hacen escala en Turquía. Al regresar a Europa, se sigue la misma ruta, en este caso, con Siria como punto de partida.

El factor suicida

Los viajes se realizan en avión y se utilizan pasaportes falsos. Los propios voluntarios se financian los desplazamientos, aunque algunas organizaciones terroristas sufragan los viajes de los suicidas captados con los beneficios que obtienen practicando la delincuencia común (tráfico de droga a pequeña escala y robos menores).

El regreso de estos terroristas a Europa puede acarrear también la importación de los métodos que se están empleando en los conflictos de Oriente Medio, entre ellos, el factor suicida. Los atentados de Londres del 7-J son, por ahora, los únicos en los que se ha empleado este tipo de agresión en suelo europeo. En los atentados de Madrid, los terroristas dejaron las mochilas con explosivos en los trenes y huyeron. Ni uno solo de los terroristas pereció en las explosiones. Posteriormente, al ser descubierta, la célula del 11-M se suicidó en el piso de Leganés, con 30 kilos de explosivos. La detonación acabó con la vida del miembro de los GEO Torronteras. Pero esta acción no estaba en los planes de los terroristas.

No obstante, la utilización de este instrumento con premeditación para atentar en España puede tener lugar en cualquier momento. El factor suicida introduce elementos desconocidos hasta ahora en la lucha contra el terrorismo en España. A la hora de atentar, los etarras, que hasta hace poco eran casi la única amenaza, piensan en la huida tanto como en acertar. Teniendo esto en cuenta, los investigadores pueden reducir el número de posibles objetivos y también los procedimientos.

Pero el suicida no necesita escapar. Bellil se estrelló contra el puesto militar italiano con un camión cargado con 3.500 kilos de explosivos. No pensaba huir.

Los expertos consultados por LA GACETA creen que la única fórmula para combatir el terrorismo suicida es la información. “Cuando esta gente vuelva, la noticia se difundirá en los ámbitos radicales en los que se muevan. Si las autoridades europeas tienen gente infiltrada en esos ámbitos, confidentes policiales, no deberían encontrar problemas para controlarlos”, explica Jordán.

La experiencia de otros países en la lucha contra este tipo de terrorismo, como Israel, puede permitir a los países europeos, entre ellos España, ponerse al día en el desafío que se avecina.

Una información de José María Olmo publicada por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Un etarra acusado de tres crímenes en los años 80 trabaja para Hugo Chávez

Arturo Cubillas lleva un año como alto cargo del Ministerio de Agricultura de Venezuela y su mujer es directora general del Despacho de la Presidencia

CARACAS.- Arturo Cubillas, que en los años 80 perteneció a un comando de ETA y que en su momento fue buscado por la Policía española por tres asesinatos, trabaja desde octubre de 2005 como director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela. Además, su esposa, Goizeder Odriozola, ha sido contratada por el presidente venezolano, Hugo Chávez, para trabajar en el Palacio de Miraflores como directora general de la Dirección del Despacho de la Presidencia de la República, según documentos oficiales venezolanos a los que ha tenido acceso Europa Press.

El nombramiento de Odriozola fue hecho oficial el 5 de septiembre. Hasta entonces trabajaba como directora general encargada de la Oficina de Información y Relaciones Públicas del Ministerio de Agricultura, donde fue contratada en marzo de 2006, misma cartera en la que Cubillas ocupa un cargo desde 2005.

Cubillas, al que la Policía española buscó en su momento por tres asesinatos, fue detenido el 18 de julio de 2002 en Venezuela, y puesto en libertad al cabo de unas horas porque entonces no figuraba en la lista de etarras reclamados por la Audiencia Nacional, a los que la Fiscalía venezolana ordenó su captura. Cubillas fue deportado a Venezuela y se le consideró el cabecilla de los etarras que residen en el país, donde regentó el restaurante Oker's, que dio nombre del comando al que perteneció.

Nació en diciembre de 1964 en San Sebastián, y en marzo de 1984 pasó a formar parte del comando Oker. Huyó el 22 de octubre de 1985 cuando, tras atacar una sucursal de Caja Postal de Rentería, fueron detenidos los miembros del comando José Angel Aguirre y José Ramón Zapirain Tellechea. Fue expulsado de Francia a Argelia tras ser detenido en 1987 en el país vecino.

La Policía atribuye a Cubillas haber formado parte de un comando del que eran miembros Idoia López Riaño y José Angel Aguirre. El grupo se constituyó en 1984 como comando legal de ETA y estuvo activo durante un año y medio hasta que la Policía capturó a José Angel Aguirre.

Al comando Oker se le atribuyen el asesinato del ciudadano francés Joseph Couchot, cometido el 16 de noviembre de 1984 en Irún; el de Angel Facal Soto, perpetrado el 26 de febrero de 1985 en Pasajes, y el del policía nacional Máximo García Kleinte, acaecido en San Sebastián el 15 de mayo de 1985.

Una información publicada por el diario EL MUNDO el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Hugo Chávez nombra a la esposa de un etarra directora general de su gabinete

CARACAS. El presidente de la República bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, ha nombrado a la esposa del etarra Arturo Cubillas directora general de la Dirección del Despacho de la Presidencia, es decir, jefa de su gabinete en el Palacio de Miraflores. La Policía española acusa al marido de la elegida por Chávez de tres asesinatos como miembro del «comando Oker», del que también formó parte Idoya López Riaño, «Margarita». En concreto, se trata de los asesinatos del ciudadano francés Joseph Couchot, el 16 de noviembre de 1984 en Irún; de Ángel Facal Soto, el 26 de febrero de 1985, en Pasajes, y del policía nacional Máximo García Kleinte, el 15 de mayo de 1985, en San Sebastián.

El terrorista tiene también trabaja en el Gobierno venezolano: desde octubre de 2005 ocupa el puesto de director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras. Además, en 1996 regentaba un restaurante llamado «Oker´s», el mismo nombre del «comando» al que perteneció.

Junto al hermano de Chávez

Antes de ocupar su nuevo cargo en el Palacio de Miraflores, Goizeder Odriozola, periodista venezolana de padres vascos, ha sido jefa de prensa de varios ministerios -entre ellos el de Agricultura- durante los últimos siete años, según cuentan los que la conocen en el Ministerio de Información y Comunicación. A partir de ahora será la directora general del Despacho del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, cuyo titular es Adán Chávez, hermano del presidente venezolano, un comunista de toda la vida que nunca ha disimulado su postura ideológica. El ministro Adán Chávez fue hasta hace un mes embajador de Venezuela en Cuba y el artífice del idilio que mantiene el mandatario venezolano con Fidel Castro desde antes de llegar al poder en 1998.

El marido de Goizeder Odriozola llegó a Venezuela en 1989 con un grupo de once etarras que fueron deportados de Argelia, adonde había llegado dos años antes expulsado por Francia. Era la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, que para ayudar al Gobierno socialista de Felipe González, aceptó acoger a los etarras por «razones humanitarias».

Los terroristas han disfrutado a lo largo de estos años de bastante libertad para moverse por Venezuela, hasta el punto de que Arturo Cubillo montó el restaurante de cocina vasca «Oker´s» en el barrio del Hatillo de Caracas, cerca de la lujosa zona residencial de Lagunita.

Cubillo es conocido como unos de los más activos miembros de la comunidad etarra en Venezuela y ha mantenido siempre buenos contactos con militantes de la extrema izquierda venezolana. En 2002 fue detenido por agentes de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Desip) de Venezuela por «obstaculización de la acción» judicial, aunque fue puesto en libertad cuatro horas más tarde por no figurar en la lista de etarras reclamados por la Audiencia Nacional.

Una información de Ludmila Vinogradoff (Corresponsal) publicada por el diario ABC el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

«Kale borroka» a plena luz del día

Un grupo de radicales instala una barricada incendiaria en el metro de Bilbao. El ataque se suma a los sufridos por una sede del PSE, autobuses urbanos y cajeros automáticos

Vitoria - La violencia callejera se perpetra casi diario en el País Vasco a pesar del alto el fuego de la banda terrorista ETA. El último ataque, que coincidió con la celebración del «Gudari Eguna» -Día del Soldado vasco- con el que la izquierda abertzale recuerda cada año a los etarras fallecidos, tuvo lugar cerca de las ocho de la mañana de ayer. Un grupo de radicales colocó una barricada incendiaria compuesta por un neumático al que prendieron fuego en las vías del Metro de Bilbao a la altura del barrio de Elorrieta, en la capital vizcaína. No hubo daños personales ni materiales pero la circulación del convoy se vio afectada por diversos retrasos.

Descolgado por radicales

Este ataque se produjo en un tramo comprendido entre las paradas de San Ignacio y Lutxana de la línea 1 del suburbano. Agentes de la Ertzaintza se trasladaron hasta la zona donde localizaron sobre las vías un neumático ardiendo. Las primeras investigaciones realizadas, apuntan a que el neumático había sido descolgado con una cadena por un grupo de radicales y que tras depositarlo en las vías, le prendieron fuego. La Policía Autónoma Vasca fue la encargada de retirar la barricada de las vías, restableciéndose así el servicio media hora después.

La empresa Metro Bilbao informó de que la infraestructura de la red ferroviaria no resultó afectada por la barricada y que durante las labores de retirada del neumático ardiendo, se utilizó la vía que no quedó bloqueada. De esta forma, se pudo continuar con el servicio, si bien repercutió a toda la red de Metro Bilbao, con retrasos de hasta quince minutos.

Este acto de «kale borroka» se suma en los últimos días al ataque de una sede del PSE en Álava, al asalto de un repartidor del Diario de Navarra y a la quema de contenedores y un cajero en Bilbao. Pero el balance de este mes deja también ataques a los estudios de la cadena de radio Onda Cero en Pamplona, a un juzgado de paz de Vizcaya, a la estación de la localidad guipuzcoana de Errentería y a la quema de dos autobuses, en uno de los cuales resultó herido un pasajero que increpó a los violentos. No sólo la violencia callejera salpica la tregua, la izquierda abertzale no cesa de convocar manifestaciones a favor de la independencia -están previstas para el próximo sábado- en lo que ha denominado «ofensiva popular» ante la «grave» situación del llamado proceso de paz.

Ante esta situación, el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkárraga, en clave de este proceso, destacó que «le toca al Gobierno mover ficha pero también le toca a la «kale borroka» quedarse en su casa y dejar actuar en la mesa de negociación». Y, aprovechando, declaró que «si hay exclusión política en las elecciones es que todo el proceso de paz se ha ido al carajo».

Una información de Iker Moneo publicada por el diario LA RAZON el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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ETA mantiene activa la violencia callejera y corta el Metro de Bilbao con una barricada

BILBAO. La celebración del «gudari eguna» (día del soldado vasco) por los proetarras se inició ayer con la colocación de una barricada incendiaria en las vías del Metro de Bilbao a primera hora de la mañana, en plena hora punta, que obligó a parar la circulación y a organizar el paso alternativo de los convoyes durante más de media hora en Elorrieta, en el barrio de San Ignacio, provocando retrasos en todos los recorridos. Los trenes iniciaron más tarde la circulación alternativa, aprovechando la proximidad de un cambio de vía situado a pocos metros de la estación de Luchana.

La capital vizcaína amaneció con grandes pancartas con el anagrama de ETA y el mensaje de que «La lucha es el futuro». En los carteles aparecía la figura de un encapuchado portando un arma y el eslogan «Euskal Herria dugu irabasteko» (Tenemos Euskal Herria para ganar).

La imagen recordaba a los encapuchados que participaron en el acto celebrado el pasado sábado en un monte de Oyartzun, también con motivo del «gudari eguna», aunque la fecha en la que los radicales proetarras conmemoran cada año el día del soldado vasco es el 27 de septiembre. En Oyartzun se animó a los asistentes a participar en las concentraciones previstas para ayer en la mayoría de los pueblos vascos.

Manifestación en Llodio

En Llodio se concentraron unas cien personas, que corearon gritos a favor de los presos etarras y de la independencia y apoyaron al miembro de ETA Ignacio de Juana Chaos. La Ertzaintza no intervino en esta manifestación, que concluyó con el himno al soldado vasco. Una furgoneta de la Ertzaintza acompañó la marcha.

Las manifestaciones se repitieron por otros puntos del País Vasco y de Navarra. En Pamplona, alrededor de medio millar de personas, la mayoría jóvenes, recorrieron por la tarde las calles del centro. Durante la marcha, que partió de la Plaza del Castillo pasadas las 20 horas, se escucharon gritos como: «La fuerza de los luchadores. La fuerza del pueblo», «Trabajar por la lucha es la libertad», «Independencia y socialismo» y otras proclamas por el estilo.

La manifestación recorrió el Casco Antiguo de Pamplona precedida de una amplio despliegue policial. A la altura de la calle Eslava, varios agentes se dirigieron hasta la cabeza de la manifestación y advirtieron a las personas de que los gritos que proferían podían incurrir en un delito de enaltecimiento del terrorismo.

La marcha transcurrió con normalidad y desembocó en el Paseo de Sarasate, para terminar, a las 20.45, en la Plaza del Castillo. Una vez allí, los manifestantes se congregaron en el centro, donde colocaron la imagen de varios miembros de ETA fallecidos y leyeron un comunicado.

En San Sebastián, unas 200 personas emprendieron un breve recorrido por las calles de la parte vieja de la ciudad con la pancarta «Borroka gaur eta etorkizuna» (La lucha hoy y mañana).

Y el sábado, más

La izquierda abertzale tiene convocada para el próximo sábado nuevas movilizaciones, esta vez a las seis y media de la tarde en las tres capitales vascas y en Pamplona. Firman la convocatoria, con el eslogan «Autodeterminación de Euskal Herria», un grupo de ciudadanos que se definen como «de izquierdas y abertzales».

La Asociación Dignidad y Justicia había enviado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el cartel que convocaba la principal de esas concentraciones, la de la localidad alavesa de Llodio, y había pedido que se impidieran. Sin embargo, el fiscal de la Audiencia Nacional, Juan Antonio García Jabaloy, remitió ayer un informe al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para que no prohibiese las manifestaciones al no haber un convocante específico.

El juez dictó ayer un auto en el que permitía las concentraciones convocadas en el País Vasco y Navarra con motivo del «gudari eguna» al considerar que no se puede actuar en genérico contra este tipo de actos en los que no hay un convocante formal.

Una información de M. Luisa G. Franco publicada por el diario ABC el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

García Matos, apodado «Toñiño», aprovechó el despiste judicial para huir de España. ETA activa el terrorismo callejero para «preparar» la negociación con el Gobierno

Madrid - Antom García Matos, «Toñiño», señalado por las Fuerzas de Seguridad como uno de los máximos responsables del incipiente terrorismo en Galicia, se encuentra en paradero desconocido y el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, dictó el pasado 10 de julio una requisitoria en la que ordenaba su búsqueda y captura por terrorismo, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la Audiencia Nacional. Este individuo, al que no se le ha llegado a tomar declaración, ya estuvo detenido y, por una serie de circunstancias, ha desaparecido.

Detención

García Matos, junto a otros nueve miembros de la Assambleia da Mocidade Independentista (AMI) compareció en noviembre en la Audiencia -tras ser detenido en el marco de la «operación Castiñeira»- ante el juez Santiago Pedraz. Tanto él como los demás imputados, que se negaron a declarar, quedaron en libertad sin cargos. Pedraz consideró -al igual que el fiscal Ignacio Gordillo- que los delitos imputables a los detenidos podían considerarse asociación ilícita y no terrorismo, por lo que no eran competencia de la Audiencia. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 decidió entonces remitir el asunto al Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela.

Pero este juzgado, a su vez, se inhibió en favor de la Audiencia, en concreto del Juzgado de Teresa Palacios, que lo devolvió de nuevo a Santiago que, finalmente, ha elevado el asunto al Supremo para que decida sobre quién es el competente.

Mientras, la Guardia Civil, que había iniciado las investigaciones contra AMI, encontró una serie de evidencias que implicaban a García Matos en el atentado con bomba que perpetraron en Santiago los independentistas gallegos el 23 de julio de 2005. La Benemérita advirtió en abril al juez competente en este caso, Fernando Andreu, del riesgo de fuga de «Toñiño». Sin embargo, hasta el pasado 10 de julio, cuando las Fuerzas de Seguridad pudieron constatar que no cumplía el trámite de presentación ante las autoridades que se le había marcado, no dictó la citada requisitoria para su «búsqueda, detención y personación» por terrorismo. Era tarde. García Matos, que ya fue condenado por su pertenencia al Exercito Guerrilheiro do Povo Galego Ceive, había desaparecido.

Fuentes conocedoras del asunto consideran que es uno de los responsables del rebrote del terrorismo en Galicia y creen que dirige las actividades de un grupo, vinculado al Movimiento de Liberación Nacional Gallego (MLNG), autor de los últimos atentados con explosivos perpetrados en esta comunidad.

El resurgimiento del terrorismo independentista en Galicia es un hecho, aunque las autoridades traten de restar importancia al problema. Se sospecha que García Matos es uno de los cabecillas del grupo que perpetra los atentados, el último de los cuales, el pasado 20 de julio, causó importantes daños en una caseta de obras relacionada con la construcción de la autovía de Santiago de Compostela a la costa.

Las fuentes consultadas consideran que este individuo dirige desde la clandestinidad en Portugal las actividades de los grupos violentos. Las fuentes advierten del peligro que supone un individuo como García Matos, «absolutamente fanatizado», que tiene a dos de sus compañeros en la cárcel (detenidos tras el atentado del 23 de julio), lo que es un «estímulo» para continuar con sus actividades. La Audiencia no lo estimó oportuno. Asimismo, subrayan que es necesario cortar de raíz este rebrote del terrorismo para no «tener que arrepentirnos en el futuro». La relación que estos grupos mantienen con similares del País Vasco debe ser un motivo más de preocupación.

    

Una información de J. M. Z. y R. C. publicada en el diario LA RAZON el lunes 11 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El que fuese ideólogo del ‘diario independiente de la mañana’, el mismo que en su día “advertía” de los riesgos de imputar a Felipe González en el caso GAL porque las responsabilidades podían subir hacia arriba (en clara alusión al Jefe del Estado), este personaje nos da su delirante versión sobre los atentados del 11-M que como todos ustedes conocen nada tiene en común con el resto de atentados islamistas padecidos en los últimos años. No tengo idea de quien está detrás del 11-M (aunque tengo gran interés en conocerlo) pero sobre lo que no hay existe duda alguna es que la versión de Pradera es falsa. Es una estrategia más al servicio del engaño masivo, como en los tiempos del GAL Pradera se sitúa en primera línea del ominoso engaño. De paso la culpa de los atentados es de la globalización (léase Estados Unidos), Bush y Aznar. Hace tiempo que nos conocemos señor Pradera.   

“Del 11-S al 11-M” por Javier Pradera    El secuestro de los aviones de líneas regulares utilizados hace cinco años por Al Qaeda como bombas volantes contra las Torres Gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono en Washington llevaron hasta su último extremo la potencial lógica destructora de la globalización. El optimismo ilusorio sobre los beneficios sin coste de las tendencias mundializadoras sufrió así el peor desmentido imaginable: el crimen enseñó hasta qué punto la acelerada marcha hacia un planeta homogéneo incluye caminos desviados que conducen al abismo. De un lado, el golpe de audacia de Al Qaeda permitió comprobar que no existen barreras seguras para ningún país en la unificada sociedad transnacional del siglo XXI; de otro, la guerra global contra el terror declarada por Bush como represalia por el 11-S priva de escondrijos geográficos a los organizadores de las tramas islamistas radicales y niega amparo jurídico los simples sospechosos de militar en sus filas. La cruzada contra el terrorismo no se limita a borrar del mapa las fronteras territoriales protectoras de las soberanías estatales: tras la ocupación de Afganistán en busca de Bin Laden, la invasión de Irak utilizó como falso pretexto la participación de Sadam Husein en el 11-S y la existencia de armas de destrucción masiva a disposición del terrorismo internacional. Esa guerra global deja en suspenso o limita drásticamente los ámbitos tutelados de los derechos individuales, enarbolando como supuesta justificación la amenaza fundamentalista. El campo de concentración de Guantánamo, las torturas en la prisión iraquí de Abu Ghraib, las cárceles secretas de la CIA en diversos países y las leyes de excepción dictadas dentro de Estados Unidos marcan un espectacular retroceso en el terreno tan difícilmente conquistado por la democracia liberal a lo largo de la historia con el fin de garantizar los derechos humanos de inocentes o culpables. Por demás, los procesos de globalización alteran de otra manera la delicada dialéctica entre libertad y seguridad. Las organizaciones terroristas diseminadas geográficamente y conectadas mediante las nuevas tecnologías ven facilitado su trabajo: el 11-S es una buena lección al respecto. José María Irujo -El agujero (Aguilar, 2005)- describe cómo el radicalismo islamista había venido utilizando hasta el 11-M con relativa impunidad el territorio español, base operativa para antiguos combatientes en Afganistán, Bosnia o Chechenia y simpatizantes de la corriente salafista. Aunque la condena dictada en septiembre de 2005 por la Audiencia Nacional contra Abu Dadah -dirigente de esas redes- por su participación en los preparativos del 11-S haya sido desestimada el pasado junio por el Supremo, el atentado de los trenes de la muerte hunde sus raíces en un terreno abonado desde años antes por los predicadores de la yihad. La inclusión del 11-M español en el álbum de familia del terrorismo islamista, sangrientamente ilustrado por el 11-S de Nueva York y Washington, el 7-J de Londres y el 11-J de Bombay, se halla fuera de cualquier duda razonable para cualquier persona de buena fe y con un mínimo de inteligencia. Los engañosos esfuerzos del Gobierno de Aznar para hacer creer -el mismo día de la matanza de Atocha- que ETA había perpetrado el atentado no estuvieron movidos sólo por la estrategia electoral de promover la victoria del PP con mayoría absoluta el 14-M; también trataron de eludir sus culpas y negligencias por haber bajado "la guardia ante la amenaza fundamentalista" (Aznar dixit), pese a que el Ministerio del Interior (a cargo de Ángel Acebes e Ignacio Astarloa en aquel momento) disponía de una abundante información que le hubiese permitido prevenir el 11-M. Los ridículos intentos de los dirigentes populares -coreados por sus estridentes portavoces periodísticos y radiofónicos- para presentar todavía hoy a los autores materiales del 11-M como ciegos instrumentos de un misterioso deus ex machina (los servicios secretos de Marruecos, el PSOE, los cuerpos de seguridad del Estado o ETA, juntos o por separado) no pretenden -entre otras cosas- sino ocultar las evidentes responsabilidades políticas del Gobierno de Aznar en el pasado.      Publicado en el diario EL PAIS el domingo 10 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Sólo 20 policías han controlado a la banda al otro lado de la frontera durante el último año. Su sucesor, Miguel Angel Valverde, restablecerá el número de efectivos de esa brigada especializada

ALSASUA (NAVARRA).- El destituido comisario general de Información, Telesforo Rubio, esquilmó la brigada de la Policía Nacional especializada en la lucha contra ETA que trabaja en Francia y redujo a menos de la mitad sus efectivos. Rubio estableció este criterio de recortes a lo largo del último año, es decir, cuando todavía no se había producido el anuncio del alto el fuego por parte de la banda, pero ya circulaban insistentes rumores de que éste podía hacerse efectivo.

Su decisión limitó notablemente la capacidad operativa de los agentes destinados en el país vecino, disminuyó la posibilidad de controlar los movimientos de los etarras que siguen en activo en territorio galo, y trasladó a las fuerzas policiales francesas una impresión de cierta relajación en el combate contra la banda terrorista vasca.

Miguel Angel Valverde, sucesor de Telesforo Rubio al frente de la Comisaría General de Información y todo un experto en lucha contra el terrorismo, ya ha anunciado su intención de subsanar esta situación de manera inmediata.

Según ha podido saber este periódico, la sección de la policía destinada en Francia estaba integrada por unos 40 agentes, coordinados por un comisario. Este número debía haberse incrementado en el curso de los dos últimos años tal y como se había decidido.

De hecho, el grupo policial destinado al otro lado de la frontera vio ascender su consideración al ser transformado en brigada. Con este paso se pretendía reforzar su trabajo y darle mayor entidad. Una brigada está compuesta por, al menos, dos secciones, de modo que la consecuencia lógica hubiera sido la de incrementar en otros 40 el número de agentes destinados en el país vecino.

Sin embargo, no sólo no se llevó a cabo este aumento, sino que, a en el curso del último año, sólo una veintena de agentes han desarrollado su trabajo en territorio francés, con la circunstancia agravante de que están sujetos al mismo régimen de relevos y de viajes que efectuarían si el grupo estuviera integrado por el doble o el triple de funcionarios. Tampoco los medios materiales que tenían asignados se han visto aumentados en medida alguna.

La cifra óptima

Los expertos en materia de lucha antiterrorista consideran que la brigada debería estar constituida por un total de 60 funcionarios. Con esta dotación podría cubrirse, de manera holgada y con total eficiencia, los tres o cuatro dispositivos que los agentes franceses suelen tener en marcha en sus investigaciones contra el terrorismo de ETA.

La progresiva disminución del grupo español no ha influido necesariamente en el ánimo de los expertos franceses, pero sí les ha trasladado un mensaje de menor presión o menor interés en una lucha que necesitó décadas de concienciación entre las autoridades del país vecino.

El enfoque del hasta ahora comisario general de Información ha sido cuestionado repetidamente por varios expertos a lo largo de los últimos meses.

Especialistas de la lucha contra ETA han venido reiterando a los máximos responsables del Ministerio del Interior la conveniencia de aumentar la potencia de los controles y las investigaciones en territorio francés.

La experiencia adquirida durante la tregua de año y medio anunciada en el 98, les hizo concluir que no solamente no había que reducir los esfuerzos en la investigación y seguimiento de los terroristas, sino que había que aumentarlos hasta el punto de que cualquier desenlace fuera previsible y fácilmente neutralizable.

Según esta tesis, si el alto el fuego finalmente prospera, no importará haber realizado un seguimiento todo lo exhaustivo posible de la estrategia operativa de la banda; por el contrario, si las negociaciones realizadas no tienen el final esperado, las Fuerzas de Seguridad estarán perfectamente preparadas para desbaratar la actividad de los terroristas sin tener que enfrentarse a un periodo de tensión, descontrol y atentados hasta volver a retomar la línea que se había venido siguiendo hasta el anuncio del alto el fuego.

A pesar de la valoración positiva que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, realizó del trabajo de Telesforo Rubio, con la que justificó su ascenso a un puesto burocrático de mayor rango, los pasos dados por el hasta ahora comisario general de Información han estado ampliamente cuestionados, no solamente por sus compañeros, sino también por sus jefes.

Nombramiento político

Las dudas respecto a su estrategia estaban motivadas no sólo por el modo que tenía de enfocar investigaciones como la de los atentados del 11-M o por la información a los jueces sobre un chivatazo a ETA, sino también por sus nombramientos y por sus decisiones técnicas.

Desde un principio, su designación para el cargo de comisario general de Información fue considerada como claramente política por las simpatías indisimuladas que había prodigado a los socialistas.

El nombramiento de Rubio fue muy cuestionado por el hecho de que jamás había estado destinado en unidades especializadas en la lucha contra ETA o contra el terrorismo islamista. Sin embargo, esto no impidió que él mismo utilizase criterios similares a la hora de elegir personas para diferentes puestos, como fue el caso del comisario encargado de la unidad que realiza los análisis de los documentos incautados a la banda terrorista.

La gestión de Telesforo Rubio deja pendientes de resolver un buen número de bajas solicitadas por agentes que se dedicaban a la lucha contra ETA y, sobre todo, por quienes habían sido destinados a la brigada de Exteriores, especialmente reforzada en los últimos meses pero sin un patrón sistemático de trabajo.

   

Una información de Angeles Escriva publicada en el diario EL MUNDO el domingo 10 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Luego afirman en el PSOE que no existe justificación para las acusaciones, más o menos explicitas, que les atribuyen cierta sintonía con el "entorno" de la banda criminal. Con noticias como la que seguidamente la conclusión es evidente.

El socialista Alonso defendió la operación en el consejo de Caja Vital. Argumentó la presunción de inocencia del líder de LAB y que los 100.000 euros están garantizados por un inmueble del sindicato              VITORIA.- La comisión ejecutiva de la caja de ahorros de Alava (Caja Vital), presidida por el socialista Gregorio Rojo, ha concedido un aval de 100.000 euros al dirigente de LAB, Rafael Díez Usabiaga, para que haga frente a la fianza impuesta por el juez Fernando Grande-Marlaska y eluda la prisión en la causa abierta por los incidentes registrados en la huelga convocada por Batasuna y el sindicato abertzale el pasado 9 de marzo. El órgano delegado del consejo de administración tomó esta decisión el pasado jueves 16 de marzo, el mismo día en que Díez Usabiaga compareció ante el juez de la Audiencia Nacional. Fue el vicepresidente segundo de la entidad, Juan Carlos Alonso (PSE), quien puso sobre la mesa la solicitud recibida y defendió su procedencia en base a dos argumentos: la legalidad de su concesión y la presunción de inocencia que, destacó, rige en todas las causas judiciales. Como garantía del aval concedido, el dirigente sindical aportó las escrituras de una sede de LAB en Vitoria. Díez Usabiaga tramitó la solicitud con varios días de antelación al de su comparecencia ante Grande-Marlaska, en previsión de la petición de fianza que finalmente se ha producido. El líder sindical deberá hacer efectivo el depósito a lo largo de esta semana. El próximo jueves expira el plazo de siete días de que dispone, a contar desde su comparecencia, para entregar el importe requerido por el juez. En su misma situación se encuentra el dirigente de la ilegalizada Batasuna, Pernando Barrena, quien debe depositar una fianza de 200.000 euros para eludir la prisión provisional. Esta no es la primera ocasión en que Caja Vital, entidad gobernada por PSE y PP, tramita créditos o avales para organizaciones vinculadas con la izquierda abertzale. En junio de 2005, el consejo de administración trató la concesión de un aval de 54.000 euros al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK). La garantía no llegó a aprobarse debido a la oposición de los consejeros designados por el PP, a los que se sumó un representante socialista disconforme con la concesión de un crédito a la formación que sucedió a la ilegalizada Batasuna. La petición del PCTV respondía a la necesidad de la formación de presentar un aval ante la Junta Electoral del País Vasco para que se le adelantaran 54.000 euros a cuenta de las asignaciones que le correspondían por los votos obtenidos en los últimos comicios autonómicos. Criterios técnicos En el consejo de administración, la solicitud contó con el respaldo de los representantes socialistas. Como ahora, los consejeros del PSE defendieron que, en la tramitación del aval, debían tenerse únicamente en cuenta criterios técnicos y financieros. Y, ante la certeza de que la entidad no correría ningún riesgo, apostaron por la concesión de la garantía. En aquella ocasión, los representantes del PSE se toparon con la oposición de los populares, que aludieron a motivos «éticos y morales» y a la convicción de que el PCTV era la formación sucesora de un partido ilegal para negarse a aprobar el aval. Un consejero socialista inclinó la balanza a favor del no al abstenerse en la votación. Precisamente este representante será sustituido por el PSE-EE en la próxima renovación del consejo, que tendrá lugar en unas semanas. El rechazo a la concesión del aval del principal órgano de gobierno de la entidad fue acogido en aquel momento con gran malestar por los consejeros socialistas, y sobre todo por su presidente, Gregorio Rojo, que consideraron que una institución financiera no puede guiarse por motivos ideológicos. Por otra parte, el juez Fernando Grande-Marlaska ha vuelto a citar para el próximo viernes al portavoz de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi y también ha llamado el miércoles a declarar al dirigente de esta formación Joseba Alvarez en relación con la convocatoria de huelga del pasado día 9 en el País Vasco y Navarra.