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11-M

La Audiencia abre juicio a 29 procesados por la masacre del 11-M y rechaza imputar a Aznar

Por Narrador - 1 de Noviembre, 2006, 6:00, Categoría: 11-M

El Tribunal advierte de que puede suspender la vista si aparecen «nuevos datos relevantes»

Madrid - La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretó ayer la apertura de juicio oral contra los 29 procesados por su presunta relación con los atentados del 11-M de Madrid, aunque advierte que se puede suspender la vista, incluso si han comenzado las sesiones, si aparecen «nuevos datos relevantes», es decir, «si se producen revelaciones o retractaciones inesperadas que sean sustanciales para el enjuiciamiento de los procesados». En la resolución de la Sala, integrada por los magistrados Javier Gómez Bermúdez -presidente-, Fernando García Nicolás y Antonio Díaz Delgado, se rechaza la petición de una acusación particular, ejercida por unos afectados de los atentados terroristas, para que se imputase al ex presidente del Gobierno José María Aznar y a los ex ministros Ángel Acebes y Federico Trillo, ya que en este trámite procesal «sólo puede instarse la imputación de aquellas personas que previamente se hubiera solicitado su procesamiento ante el instructor y, denegado por éste, se hubiera recurrido en reforma con idéntico resultado». Este mismo argumento sirve para rechazar la imputación de los tres peritos que relacionaron a ETA con el 11-M, tal y como había pedido otra acusación particular.

En esta misma línea, la Sala ha rechazado la petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de revocar la conclusión del sumario. La AVT esgrimía que no se conoce realmente «la verdad» de los atentados. Sin embargo, la Sala deniega esa posibilidad y asegura que la AVT «confunde el agotamiento de todos los aspectos o hipótesis en relación con los hechos investigados», con la terminación de un sumario «cuando a juicio del instructor se hayan practicado todas las diligencias pertinentes y/o posibles».

Por ello, los magistrados avalan la decisión del juez instructor, Juan del Olmo, de dar por concluido el sumario en relación con las 29 personas que aparecen como presuntos responsables de los atentados. Es en este punto donde destaca la Sala que lo anterior no impide que puedan aparecer «nuevos datos relevantes, lo que puede ocurrir antes, durante o después del juicio», que podrían incluso determinar la suspensión de las sesiones de la vista oral «si se producen revelaciones o retractaciones inesperadas que sean sustanciales para el enjuiciamiento de los procesados».

Fuerzas de Seguridad

La misma suerte denegatoria de sus pretensiones ha sufrido la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, quien argumentaba que su tardía incorporación al proceso no le había permitido intervenir en la instrucción para «despejar las lagunas», que, en su opinión, persisten y esclarecer la «actuación presuntamente irregular de algunos funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado». Sin embargo, la Sala afirma que esa razón no es causa para revocar la conclusión del sumario, «sin perjuicio de que, de confirmarse, den lugar a la investigación y/o exigencia de responsabilidad correspondiente en procedimiento aparte».

El fiscal tiene ahora cinco días para presentar su escrito de calificaciones provisionales. El juicio podría comenzar en febrero.

Información de F. Velasco publicada por el diario LA RAZON el miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Santano niega ahora ante la juez que avalara la eliminación de las referencias a ETA

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: 11-M

Afirma que Mélida no le comunicó qué decían las observaciones del informe de los tres peritos Hace un mes dijo que la supresión fue correcta y que «si volviera a ocurrir lo volvería a quitar»

MADRID.- Miguel Angel Santano, máximo responsable de la Comisaría General de Policía Científica, compareció ayer en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.

Su titular, la magistrada Gemma Gallego, investiga si los mandos policiales que intervinieron en la alteración de un informe pericial sobre el 11-M en el que se mencionaba a ETA incurrieron en un delito de falsedad documental.

La manipulación de ese informe fue desvelada por EL MUNDO el pasado 21 de septiembre. Fue entonces cuando trascendió que el informe elaborado por los funcionarios de la Policía Científica Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre el ácido bórico hallado en la vivienda del procesado Hasan Haski fue manipulado antes de su remisión al juez Del Olmo.

Entre otras alteraciones, el informe enviado al instructor del 11-M no incluía las tres observaciones que hicieron constar los peritos. En ellas, mencionaban los antecedentes de terrorismo en los que se había intervenido ácido bórico (en un piso franco de ETA y en la casa de un joven antisistema), destacaban la cualidad del boro como conservante de determinados componentes de los explosivos, así como su facultad de enmascararlos para impedir su detección, y sugerían la «posibilidad» de una relación entre los autores de los hechos.

El mismo 21 de septiembre, Santano hizo pública una nota -que también envió por fax a la Audiencia Nacional- en la que aseguraba que «cuando el comisario general [el propio Santano] fue informado del tema, le pareció correcta la remisión del informe íntegro, eliminando las observaciones, como así se hizo».

En una entrevista concedida días después a un medio del grupo Prisa, Miguel Angel Santano declaró que «si volviera a ocurrir esta noche, lo volvería a quitar».

Ayer, sin embargo, el comisario tuvo que declarar como imputado y el tenor de sus manifestaciones fue diferente en cuanto a conocimiento de los hechos y en cuanto a la asunción de la responsabilidad.

Según el acta de la declaración, a la que ha tenido acceso este periódico, Santano arrancó diciendo que «tuvo conocimiento de lo que ocurrió con el informe pericial cuando leyó la noticia en EL MUNDO, el mismo día que firmó la nota, el 21 de septiembre» pasado.

Añadió que habló con el segundo jefe y secretario general, Pedro Luis Mélida, «que le comunica que ya ha sacado toda la información, que contrastan juntos».

Santano afirmó que fue entonces cuando «comprobó los dos informes», aunque matizó que el de los tres peritos «no es un informe en sí, sino un borrador». También Mélida le informó «de todos los hechos que ocurrieron».

El comisario general ratificó ante la juez que las observaciones hechas por los peritos en su informe no eran «más que elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico alguno».

La juez le preguntó qué supo sobre los hechos cuando sucedieron, esto es, en marzo de 2005. El comisario general eludió el día 21 (que fue cuando los tres peritos entregaron el dictamen a su superior, el jefe del laboratorio, Francisco Ramírez), y se remontó a dos días más tarde. «El 23 de marzo de 2005», consta en la declaración, «el funcionario que me sustituye [Mélida] me hace la comunicación de novedades, pues yo me encontraba de vacaciones, y me comunica que ha habido un problema con un informe que habían elaborado unos peritos y que, habiéndoseles comunicado que deberían modificarlo, se habían negado».

Según Santano, Mélida le dijo: «El tema está resuelto», y no le explicó el contenido de las observaciones. Cuando la juez quiso saber si preguntó de qué forma se había resuelto, respondió: «No recuerdo».

La representante del Ministerio Fiscal incidió en este punto. Santano manifestó: «No se me hizo saber que el informe era relativo al 11-M». «Seguramente», añadió, «me citarían el nombre de los peritos». Preguntado por si no le parecía extraño que le dijeran la identidad de los peritos y no de qué informe se trataba, el comisario general dijo que no. «Nunca he conocido que los peritos se nieguen a modificar los informes, por eso la novedad».

Santano se negó a contestar a las preguntas del abogado José María de Pablo, que ejerce la acusación particular en nombre de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, y a las del letrado José Benítez, que actúa como acusación popular.

Por otra parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) salió ayer en defensa de Mélida, Santano y Ramírez, a los que considera «tres profesionales íntegros, víctimas de la voluntad política y mediática de utilizar este Cuerpo como arma arrojadiza». Asimismo, el SUP denuncia «la manipulación de la periodista» de EL MUNDO que firmaba una información el pasado sábado sobre que Mélida había admitido que se vulneraron las normas al alterar el informe ETA/11M. El sindicato considera que esta información «no se corresponde con la verdad».

«No sé si el perito que firmó el análisis lo hizo»

Refugiado en que las normas de calidad del laboratorio de ADN -al parecer, aplicables por extensión al laboratorio químico, «aunque no hay disposición» que lo diga», admitió- no avalaban el informe sobre el 11-M en el que se citaba a ETA, Santano tuvo que descalificar ayer el trabajo de tres de sus subordinados (Escribano, López y Manrique) para tratar de exculpar a su segundo, Pedro Mélida, y al responsable del laboratorio, Francisco Ramírez, firmante del dictamen mutilado que se envió al juez del 11-M.

Pese a ello, no pudo evitar la confrontación del comportamiento de estos últimos con esas mismas normas de calidad. «¿Dónde figura que quien no ha hecho un informe pericial pueda firmarlo?», se le preguntó. El comisario general dijo: «No sé si el perito que firmó el análisis de las muestras lo hizo».

«Si el análisis se hubiera hecho por alguien del laboratorio, lo consideraría correcto», dijo citando ante la juez sentencias del Supremo que, según manifestó, avalan que un perito certifique en un informe remitido al juez que ha hecho unas pruebas analíticas que, en realidad, no hizo.

Según él, en las normas de calidad no figura que un perito pueda firmar lo que no ha hecho, «pero tampoco lo contrario». «No es lo mismo un informe pericial que las pruebas analíticas, que son parte de un informe. El que firma el informe tiene que haber revisado las pruebas analíticas que figuran en él», explicó.

Información publicada por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Santano se desdice para eludir el banquillo (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 6:30, Categoría: 11-M

La declaración ante la juez del jefe de la Policía Científica dejó ayer en evidencia flagrantes contradicciones entre su actitud como imputado y la que ha mantenido cuando EL MUNDO destapó hace un mes la falsificación del informe que vinculaba a ETA con el 11-M. Basta cotejar lo que Santano aseguró ayer con las respuestas que entonces dio en televisión y con su nota de respuesta a la información de EL MUNDO para concluir que ha faltado a la verdad. Dice Santano que en ningún momento avaló la eliminación en el informe de las referencias a ETA. Es más, asegura que lo único que su segundo le dijo en marzo de 2005 fue que unos peritos se habían negado a modificar un informe y añade que se enteró por EL MUNDO de los detalles de la manipulación y de que ésta guardaba relación con el 11-M. La versión a la que ahora parece haberse abonado Santano no se sostiene. Es impensable que su segundo le contara a medias un incidente tan delicado. En la nota de respuesta a nuestras revelaciones, el propio Santano reconoció que cuando fue informado «le pareció correcta la remisión del informe íntegro eliminando las observaciones» y ante Iñaki Gabilondo afirmó sin rubor y con uniforme -ayer acudió a declarar de paisano-: «Si volviera a ocurrir esta noche, lo volvería a quitar». ¿Por qué ahora dice justo lo contrario? No cabe duda de que, al cambiar de versión, Santano intenta eludir el banquillo, pero todo acusado tiene derecho a mentir en su estrategia de defensa.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

200 cintas grabadas por Garzón a los islamistas estaban sin traducir el 11-M

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: 11-M

Estuvieron amontonadas sobre una mesa de la UCIE y parte de ellas estaban deterioradas cuando el juez las reclamó en septiembre de 2004. Había charlas telefónicas de 'El Tunecino', 'El Egipcio' y 20 radicales más

MADRID.- Más de 200 cintas de casete apiladas en varios montones sobre una mesa de las dependencias de la Comisaría General de Información, en concreto, en la Unidad Central de Información Exterior (UCIE). Todas, pertenecientes a grabaciones realizadas por la Policía con autorización del juez Baltasar Garzón a varios de los implicados en los atentados del 11-M, de Casablanca y de la célula desarticulada cuando trataba, presuntamente, de volar la Audiencia Nacional. Y esas cintas se acumularon en las dependencias policiales meses antes de que se produjera la masacre de Madrid.

Las grabaciones estaban sin traducir porque el único traductor que actuaba para la Policía estaba centrado, al igual que los expertos en la lucha contra el terrorismo internacional, en un ciudadano marroquí asentado en Tarragona y sobre el que se había recibido información de su alta peligrosidad desde Gran Bretaña. Ese ciudadano nunca fue detenido por delitos relacionados con terrorismo.

Desde septiembre de 2003 se le dio prioridad a esta investigación de Tarragona y se abandonaron las pesquisas que en ese momento se estaban realizando sobre los ya entonces denominados miembros del grupo de Lavapiés, entre los que estaban algunos de los presuntos implicados en el 11-M.

Las cintas permanecieron en estas dependencias policiales hasta que, en septiembre de 2004, el juez Baltasar Garzón se las reclamó a la Comisaría General de Información.

Según explicaron a este periódico fuentes de la investigación, fueron muchas las cintas magnetofónicas que estaban ya deterioradas y no se podían escuchar las conversaciones intervenidas.

El juez renovó los permisos pese a que las grabaciones anteriores no eran traducidas, según le informaron al magistrado, «por razones técnicas».

Previamente, tras la matanza de Madrid, el juez requirió a la Unidad Central de Información Exterior que le remitiera un informe sobre el estado de las indagaciones sobre los sospechosos islamistas que estaban siendo investigados por su juzgado. El magistrado tuvo que insistir a la UCIE para que le remitiera el informe.

Ya desde septiembre de 2002, los agentes de la Comisaría General de Información estaban sobre la pista de un grupo de islamistas radicales, compuesto fundamentalmente por ciudadanos de nacionalidad marroquí. A esta célula la llamaron grupo de Lavapiés.

Sus integrantes tenían una visión radical del islam, se reunían periódicamente en una mezquita del sur de Madrid y en locales del madrileño barrio de Lavapiés. Su objetivo eran los herejes y los infieles.

Un mes después, la Policía logró acotar algo más las sospechosas intenciones de este grupo. Estaba delimitado perfectamente, con estrictas medidas de seguridad en las comunicaciones entre ellos. La dirección y el rol de cada uno de los integrantes estaban perfectamente definidos.

Los agentes tenían constatada ya su «peligrosidad»: los sospechosos hablaban de que para hacer la yihad no hacía falta ir a Bosnia ni a Afganistán o cualquier otro territorio musulmán que consideraran ocupado por infieles.

Apostaban por atacar a los herejes en Marruecos o en España, sin distinción de país.

En ese momento ya se produjo un punto de inflexión en las actuaciones policiales. Los investigadores acudieron a la Audiencia Nacional con nombres, direcciones, vehículos y teléfonos. Y ya se pidió autorización para la intervención telefónica de los números utilizados por los sospechosos.

La actuación policial no fue, como es habitual, a través de Tepol al Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional para que fuera a reparto. Los agentes acudieron directamente al magistrado Baltasar Garzón, ligando estos datos del grupo de Lavapiés con el sumario 35/01 sobre la operación Dátil.

El juez instructor autorizó las intervenciones telefónicas en el marco de unas diligencias previas nuevas, las 396/02, fuera del anterior sumario, ya que no había vinculación.

En esos momentos, los investigadores tenían centrados a numerosos integrantes de ese grupo. Varios de ellos se presume que participaron en los atentados de Casablanca y en la masacre de Madrid el 11-M, y otros formaban parte de la célula islamista que se supone que preparaba un atentado contra la Audiencia Nacional.

Así, en el marco de la denominada operación Esfera (anteriormente denominada Sancristóbal) se controló a Mustapha Maymouni, actualmente en prisión por su relación con los atentados de Casablanca.

También figuraba Mohamed Ouazzani, presuntamente implicado con el comando que pretendía volar la Audiencia Nacional y que fue desarticulado en la operación Nova.

En los informes policiales figuraba también uno de los presuntos líderes de la célula autora del 11-M, Serhane ben Abdelmajid, El Tunecino.

También se controló a Mohamed El Egipcio, otro de los presuntos máximos responsables de la masacre de Madrid. Otro de los procesados por esta matanza, Mohamed Larbi ben Sellam, también era seguido desde entonces por la Policía. Está procesado por el 11-M. Otro integrante de la célula desmantelada en la operación Nova, Faissal Allouch, también estaba bajo vigilancia de los agentes de Información desde finales de 2002.

A partir de ese momento, todos los datos sobre las actuaciones de este grupo fueron a parar a manos del juez Garzón. Hasta 20 teléfonos fueron intervenidos. Se le pasaban informes periódicos al juez del avance de las investigaciones.

Durante meses, los teléfonos de algunos de los principales implicados en el 11-M estuvieron pinchados con autorización del juez instructor de la Audiencia Nacional.

La estructura del grupo, las filiaciones de sus miembros, sus domicilios, sus vehículos, sus negocios, mezquitas donde se reunían...todo, según explicaron fuentes de la investigación, estuvo en el juzgado de este magistrado.

Es tras el atentado de Casablanca, en mayo de 2003, cuando el juez convierte las diligencias previas 396/02 en el sumario 9/03.Tras esta masacre, la Policía marroquí detuvo a Mustapha Maymouni, al que la Policía española consideraba como el líder del grupo de Lavapiés.

Pese a este atentado en tierras marroquíes, ni desde la Policía ni desde el juzgado de Baltasar Garzón se tomaron más iniciativas ni se decidió actuar contra esta célula, estrechamente relacionada con Maymouni.

De hecho, ni las vigilancias sobre los sospechosos se incrementaron, según explicaron las mismas fuentes.

En septiembre de 2003 se tuvo conocimiento de que en Tarragona había un ciudadano llamado Mohamed Berzizoui que podría formar parte del terrorismo islamista, según la información facilitada por un servicio secreto extranjero.

Pese a que no había vínculos conocidos entre este sospechoso y los integrantes del grupo de Lavapiés, es de nuevo el juez Baltasar Garzón el que se hace cargo también de estas pesquisas y autoriza la intervención de su teléfono en el marco del sumario abierto por el atentado de Casablanca.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2003, y enero, febrero y marzo de 2004, toda la actividad del grupo que estaba controlando a los de Lavapiés se trasladó a Tarragona para controlar exclusivamente a este sospechoso.

Pinchazos sin traducción

Por ello, se dio prioridad a la traducción de las conversaciones del teléfono de este sospechoso, aunque se siguieron pinchando ininterrumpidamente los teléfonos de Lavapiés, pero no traduciendo las conversaciones que se captaban.

Pese a que las pesquisas estaban centradas en Tarragona y el seguimiento a los de Lavapiés se había semiabandonado, el juez siguió prorrogando las escuchas sobre los integrantes de esta célula.

Finalmente, las pesquisas sobre Berzizoui no fueron a ningún sitio, y nunca fue detenido en España. Pero, por este motivo, sí se estuvo durante cinco meses, los cinco meses previos al atentado del 11-M en Madrid, interviniendo los teléfonos de algunos de los principales implicados en la masacre de Madrid, pero siempre sin llegar a traducir las conversaciones.

De esta forma, todo el trabajo de prevención de atentados terroristas internacionales en España fue baldío, y no se llegó a aprovechar ni la orden judicial de intervención telefónica, ni el trabajo policial realizado a tal efecto.

Información de Fernando Lázaro publicada por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Los viajes del magistrado

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 8:30, Categoría: 11-M

Meses antes de los atentados Garzón se desplazó con cinco licencias de estudios a México, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú

MADRID.- Meses antes de que se cometieran los atentados de Madrid, Baltasar Garzón estuvo tres veces en México, viajó a Brasil, visitó Bolivia y permaneció una semana en Ecuador y Perú. Entre abril de 2003 y febrero de 2004, el juez de la Audiencia Nacional disfrutó de hasta cinco licencias de estudios concedidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Garzón es, sin duda, el miembro de la Judicatura que más licencias ha obtenido para viajes al extranjero. Mientras en su Juzgado de la Audiencia Nacional instruía los sumarios contra ETA/Batasuna o los terroristas islamistas, Garzón ha sabido organizarse para realizar frecuentes desplazamientos al extranjero bajo el formato de licencias de estudios, un sistema de permisos fundamentalmente destinado a que los jueces mejoren su formación en materias relacionadas con la función jurisdiccional, aunque en la práctica está teniendo un contenido más amplio y cubre desde el dictado de conferencias hasta la participación en programas de cooperación internacional o las estancias de idiomas en el extranjero.

Gracias a una generosa política de permisos del órgano de gobierno de los jueces, el magistrado se ha desplazado a medio mundo, siendo sus destinos preferidos los países de Iberoamérica, donde ha adquirido protagonismo por haber iniciado procesos penales contra responsables de las dictaduras militares.

En 2003, obtuvo cuatro licencias de estudios: del 8 al 12 de abril, para asistir a un seminario sobre terrorismo y procesos de paz en la universidad mexicana de Puebla; del 26 al 29 de mayo, invitado por la Procuraduría de Río de Janeiro y Recife (Brasil); del 5 al 7 de noviembre, para participar en un seminario internacional de derecho en Bolivia, y del 2 al 4 de diciembre, para impartir una conferencia en la Universidad de Guadalajara (México).

Durante 2004, un mes antes del 11-M, el Consejo le autorizó una licencia para impartir conferencias en Ecuador, México y Perú entre el 16 y el 24 de febrero.

Asimismo, disfrutó de otras cuatro licencias a lo largo del año: del 26 al 30 de junio, para lo mismo en San Diego (California); del 13 al 15 de septiembre, para participar en la IV Conferencia de Seguridad Pública para América del Sur en Porto Alegre (Brasil); del 23 al 30 de septiembre, para intervenir en las II Jornadas Hispano-Mexicanas de Derecho Penal en Tabasco (México); y el 5 de octubre, para participar en un coloquio sobre terrorismo en Bruselas.

El CGPJ le ha concedido numerosas licencias de corta duración y también un superpermiso sin precedentes que le permitió residir en Nueva York durante un año y tres meses, desde marzo de 2005 a junio de 2006, para desarrollar «actividades de docencia e investigación» sobre terrorismo internacional.

Garzón aprovechó su estancia para realizar actuaciones tan variadas como entrevistarse en mayo de 2006 con el secretario general de la ONU, Kofi Annan (al que, según un comunicado difundido por Naciones Unidas, «informó de su experiencia en el último año como profesor e investigador en el Centro Juan Carlos I de la Universidad de York»), o hacer de testigo de un acuerdo entre las autoridades de Colombia y aborígenes del Cauca en septiembre de 2005.

Antes de trasladarse a EEUU, el juez se fue a Bruselas (Bélgica) en febrero de 2005 para participar en un seminario sobre el Tribunal Penal Internacional organizado por el Parlamento europeo, y en enero viajó a La Haya (Holanda) a una reunión de Eurojust sobre terrorismo islámico.

Tras su regreso de Nueva York, Garzón ha continuado su periplo internacional con licencias concedidas por el Consejo. El 2 de octubre se desplazó a Colombia para intervenir en un seminario-taller sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. El permiso se prolongaba hasta el día 6, pero el juez optó por regresar a España el día 3 ante la polémica suscitada por su actuación en el caso de los peritos del 11-M. Veinte días después, volvió a Colombia.

Información de María Peral publicada por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Las cintas, otra negligencia más de la policía y de Garzón (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: 11-M

La investigación sobre el 11-M que está llevando a cabo EL MUNDO tiene dos caras distintas: de un lado, el esfuerzo por desvelar los enigmas sin aclarar o los hechos cuya versión oficial no es convincente. Del otro, el examen de la ineficacia de las Fuerzas de Seguridad y del sistema judicial en la persecución de la trama islamista que participó en la masacre.

No faltará quien a continuación objete que EL MUNDO incurre en una contradicción: apuntar a la trama islamista cuando en otras ocasiones hemos señalado hacia otras hipótesis. No hay tal contradicción porque la implicación islamista es compatible con otra trama superpuesta o complementaria. De lo que no hay ninguna duda es de que un grupo de islamistas participó en los atentados del 11-M bien como autores materiales, bien como cortina de humo. Nunca hemos negado esta evidencia.

Nuestro periódico aporta hoy una importante revelación que tiene mucho más que ver con ese segundo aspecto de la ineficacia policial y judicial en la prevención del macroatentado de Madrid. El MUNDO publica que más de 200 cintas con conversaciones grabadas de implicados en la masacre y personas de su entorno permanecieron durante muchos meses sin traducir en las dependencias policiales.

Esas cintas contenían conversaciones de El Tunecino, El Egipcio y Mohamed Larbi, tres personas clave en el 11-M. Fueron grabadas por orden del juez Baltasar Garzón en los últimos tres meses de 2003 y en los primeros de 2004. Esos y otros fanáticos musulmanes hablaban entonces de la necesidad de llevar la guerra santa a Occidente. Pero seis meses antes de la masacre, la Policía dejo de traducir ese material por falta de medios para centrarse en un supuesto líder islamista de Tarragona.

Nunca sabremos si de haberse traducido esas cintas a tiempo se habría podido evitar el 11-M, entre otras razones, porque buena parte de ellas quedaron tan deterioradas que nadie pudo escuchar ya su contenido. No es más que una conjetura, pero el hecho es que permanecieron amontonadas en un despacho. Garzón las reclamó seis meses después del 11-M y en el día de hoy no sabemos qué ha hecho con esas cintas. ¿Se las ha remitido, como sería lógico, al juez Del Olmo?

No estamos diciendo que el juez Garzón sea el único responsable de esa negligencia, ya que la Policía Nacional carecía entonces de traductores de árabe, entre otras muchas carencias para prevenir el terrorismo islámico. Pero sí se le puede reprochar la falta de diligencia en los muchos asuntos que instruye, su escaso rigor y tenacidad y, en este caso concreto, su fallo en la valoración de la importancia de las cintas.

En el año 2003, Garzón obtuvo cuatro permisos para ausentarse de España y, al año siguiente, otros cinco. Alguno de ellos, de más de una semana. Si en lugar de dedicarse al estrellato mediático, el juez hubiera dedicado más atención a los asuntos que instruía, tal vez habría investigado con más acierto sumarios como los del terrorismo islámico, auténticos ejemplos de chapuza judicial.

Lo dicho vale para la actuación de la Guardia Civil en Asturias, que obró con muy poca diligencia para investigar los chivatazos sobre Toro y Trashorras cuando éstos estaban procesados por tenencia ilícita de explosivos.

El cierre del sumario del 11-M no va a permitir profundizar en los muchos errores y negligencias cometidas por las Fuerzas de Seguridad y el sistema judicial. La propia actitud -realmente inaudita- de Garzón en el sumario de los peritos revela sus ansias por contribuir a dar carpetazo a todo lo que tenga que ver con el 11-M para diluir así las huellas de sus muchas equivocaciones. Pero El MUNDO seguirá hasta el final la investigación de la masacre, tanto en lo que atañe a quienes fueron los autores materiales y a quienes les indujeron a actuar como a los fallos del aparato del Estado.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Un jefe de los Tedax fechó la radiografía en abril sin tener competencia para ello

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: 11-M

El funcionario policial argumentó ante el juez Del Olmo que escribió en la placa la fecha “12-04-04” por equivocación, aunque tampoco le correspondía realizar esa labor

Madrid. La radiografía de la mochila de Vallecas, la número 13, está fechada con un mes de retraso respecto al día que en realidad debería constar en ella por un error de transcripción. Así lo explicaron los dos Tedax que declararon ante el juez Juan del Olmo cuando fueron citados en la Audiencia Nacional para aclarar el desfase de fechas.

Esa equivocación en la reseña de la placa realizada en el parque de Azorín a la mochila número 13 explicaría esta diferencia de un mes entre la fecha en que, según consta en el sumario, se realizó la radiografía y la fecha que consta en el propio documento.

El sumario del 11-M recoge que el autor de la equivocación en el fechado de la prueba fue el subinspector Cobo, segundo jefe de la unidad de los Tedax de Madrid, con carné profesional número 26.858. En sus declaraciones a Del Olmo, el subinspector explicó que escribió "12-04-04" en la placa por error.

El subinspector realizó una labor que no le correspondía. El encargado de fechar la radiografía debía haber sido el mismo tedax que la hizo aquella madrugada del 12 de marzo de 2004, el operador número uno, con carné profesional número 64.501, que acabó desactivando manualmente el artefacto. En la placa figura su número de identificación, como si él fuera quien la hubiera manuscrito. Pero, en realidad, fue el subinspector Cobo el que reseñó la placa, a pesar de que llegó al parque de Azorín después de que ésta se realizara.

La radiografía, con valor probatorio, ha acabado convirtiéndose en uno de los elementos clave de la investigación del 11-M. Después de todo, se trata de la única placa realizada a los artefactos colocados por los terroristas en los trenes de Cercanías. Ni siquiera de los dos artefactos que no llegaron a explotar en los convoyes y que fueron detonados de forma controlada por los Tedax se obtuvieron radiografías.

Aclaración

Cuando acudieron a declarar para explicar el error, el subinspector Cobo y el operador número uno explicaron al juez que, aunque el carné que figura en la prueba sea el número 64.501, fue el funcionario con carné 26.858, el subinspector Cobo, el que reseñó en ella el lugar, la procedencia de la mochila, la cantidad de radiación empleada y también la polémica fecha.

La versión definitiva de los hechos que recoge el sumario aparece reflejada en las páginas 83.304 y 83.305 del documento judicial. "Oficial del C.N.P. con carné 64.501. RADIOGRAFÍA ARTEFACTO EXPLOSIVO DEL PARQUE AZORÍN (26 de julio de 2004). Reconoce dicha placa como la realizada por el compareciente, aunque señala que el texto que aparece recogido en dos de los laterales, superior y derecho, manuscrito con rotulador azul, no ha sido redactado por él, sino por el policía con carné 26.858".

El mismo día, el subinspector Cobo reconoció ante el juez ser el autor del texto manuscrito y, por tanto, del error en el fechado de esta prueba. "Sub-Inspector del C.N.P. con carné 26.858. RADIOGRAFÍA ARTEFACTO EXPLOSIVO DE PARQUE AZORÍN (26 de julio de 2004). Que él es el redactor de la fecha que consta en la placa, y por error puso 12-04-04 cuando realmente era 12-03-04".

Los otros dos tedax que participaron en la desactivación de la mochila número 13, con los carnés profesionales 65.255 y 66.618, también corroboraron en sus declaraciones la misma versión de los acontecimientos.

Si todo no es más que una equivocación, el desfase de un mes en las fechas deja en mal lugar al subinspector y segundo jefe del grupo. El tedax Cobo cometió un error que alienta múltiples elucubraciones sobre la autenticidad de la prueba y de la propia mochila número 13.

Pero, aunque parezca difícil de creer, el fallo en la inscripción de la fecha no fue la única torpeza que se cometió aquella noche de marzo con la radiografía.

Paradero desconocido

LA GACETA ha podido saber que la reseña de la placa no se hizo justo después de efectuarla —sobre las 3.00 horas de la madrugada— en el parque de Azorín de Vallecas, como corresponde en este tipo de procedimientos, sino varias horas después y en un escenario completamente diferente. En realidad, Cobo hizo la inscripción a primera hora de la mañana del 12 de marzo de 2004 en dependencias policiales, no en el parque de Azorín, cometiendo otra irregularidad.

La otra gran chapuza que rodea a la radiografía desde hace tiempo, y que ha servido también para que planeen más dudas sobre la autenticidad de la mochila de Vallecas, es la ocultación de la placa a la Justicia. La radiografía fue ocultada al magistrado Juan del Olmo durante los cuatro meses siguientes al 11-M por el inspector Cáceres, jefe del grupo de los Tedax de Madrid.

En un primer momento, la placa fue omitida en las declaraciones de los Tedax que participaron directamente en la desactivación de la bolsa-bomba por insignificante (su mala calidad no permitió extraer conclusiones a los artificieros aquella madrugada de marzo). Pero la radiografía salió a relucir cuando el inspector Cáceres se la presentó a Del Olmo el día que acudió a declarar, el 13 de julio de 2004, nada menos que cuatro meses después de los atentados.

LA GACETA también ha podido averiguar sobre este extremo que fue el propio inspector Cáceres, con carné profesional 28.296, quien ocultó esta prueba crucial en la investigación del 11-M al magistrado Del Olmo, escodiéndola en un lugar desconocido, sin que haya llegado a aclarar nunca por qué entorpeció la investigación judicial. Como el resto de pruebas, la radiografía debía haber sido enviada a la Comisaría General de Información, encargada de realizar la investigación policial. Pero no hay rastro de la placa desde que fue mal reseñada por el subinspector Cobo la mañana del 12 de marzo de 2004 hasta que el inspector Cáceres la entregó en la Audiencia Nacional el 13 de julio de ese mismo año.

La ocultación de la radiografía durante cuatro meses motivó que el error en el fechado no se aclarara hasta el 26 de julio de 2004, día en que volvieron a declarar en la Audiencia Nacional los tres tedax que participaron activamente en la desactivación del artefacto y el propio subinspector Cobo, autor de la equivocación, para explicar al juez el motivo del desfase en las fechas.

La aclaración sobre el desfase en el fechado de este documento clave arroja luz sobre uno de los enigmas de la investigación de los atentados. Cada vez son menos las sombras pero más las evidencias que cuestionan el rigor de algunos funcionarios del Estado.

Una información de José María Olmo publicada por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El 'número 2' de la Policía Científica admite que ordenó cambiar el informe ETA/11-M

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: 11-M

Reconoce ante la juez Gallego, que le mantiene imputado, que se lo notificó a su jefe, Santano

MADRID.- El secretario general de la Comisaría de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, admitió ayer ante la juez Gemma Gallego que él autorizó la alteración del informe de los tres peritos del 11-M en el que se hacía una referencia a ETA.

Mélida, que declaró como imputado, informó del asunto al comisario general, Miguel Angel Santano.

El número dos de la Comisaría General de Policía Científica declaró ayer como imputado durante dos horas ante la juez que investiga si tiene relevancia penal la alteración del dictamen elaborado por los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre el ácido bórico hallado en la vivienda de un procesado por el 11-M.

En ese dictamen, realizado el 21 de marzo de 2005, los expertos de la Policía Científica incluyeron unas observaciones en las que recordaban que también fue intervenido ácido bórico en un piso franco de ETA desmantelado en Salamanca en 2001 y en la casa de un joven antisistema en 1999.

A partir de esos precedentes, los peritos indicaban que, «dado lo poco frecuente que esa sustancia ha sido intervenida en hechos terroristas», existía la «posibilidad» de que el ácido bórico se utilizara como conservante de determinados componentes de los explosivos o para impedir la detección de éstos por perros entrenados. También apuntaban la «posibilidad de que el autor/autores de esos hechos estén relacionados entre sí o hayan tenido un mismo tipo de formación o sean los mismos autores».

En el informe oficial remitido al juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, no sólo fueron suprimidas esas últimas consideraciones, sino incluso los datos objetivos sobre los casos precedentes de terrorismo en los que había aparecido ácido bórico.

El dictamen oficial fue firmado por el superior de los tres peritos, Francisco Ramírez, que el pasado viernes reconoció ante la juez que él modificó el informe de sus subordinados cuando éstos se negaron a eliminar las observaciones.

Ramírez manifestó que indicó a los peritos que había que corregir el documento después de consultarlo con Mélida, que ese día era el responsable de la Comisaría General porque el jefe de la misma, Miguel Angel Santano, estaba de permiso.

Pedro Mélida confirmó ayer durante su declaración judicial que autorizó la alteración del informe, ya que, a su parecer, contenía apreciaciones subjetivas impropias de un dictamen pericial. También aseguró que informó a Santano de lo sucedido, pero precisó que lo hizo a posteriori.

Fuentes jurídicas señalaron que, al igual que en el caso de Ramírez, la juez mantiene por el momento la condición de imputado del comisario Mélida por un presunto delito de falsedad documental.

El secretario general de la Policía Científica abandonó el Juzgado escoltado por personal de seguridad de la sede judicial y por miembros del Sindicato Profesional de Policía (SPP) que acudieron a arroparle, informa Efe. Un representante del SPP dijo a los periodistas que Mélida le pidió que transmitiera que «era una pena que un profesional intachable tuviera que pasar por esta situación» de declarar como imputado.

Por su parte, la Abogacía del Estado anunció ayer que presentará de inmediato un recurso contra la decisión de Gallego de dejar sin efecto su personación en este proceso.

Aunque la instructora aceptó el pasado día 13 la personación de la Abogacía del Estado, el lunes dictó un auto por el que deja en suspenso la decisión «en tanto no se justifique en debida y legal forma la condición que le corresponde ostentar en estas diligencias».

El auto es consecuencia de una comparecencia de la abogada del Estado efectuada el pasado día 20 ante la secretaria judicial para «aclarar» que se persona «como perjudicado o responsable civil», conceptos que, subraya Gallego, son incompatibles.

La Abogacía del Estado, que también ha recurrido el secreto de las diligencias, interpreta que se quiere expulsar del proceso a quienes denuncian «irregularidades» procesales.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La juez «expulsa» al abogado del Estado

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 6:30, Categoría: 11-M

La magistrada considera que no puede personarse a la vez como perjudicado y responsable civil en la causa que investiga la supuesta falsedad del informe que relacionó el 11-M con ETA

Madrid - Diez días. Ése es el tiempo que ha durado la personación de la Abogacía del Estado en la causa que investiga la supuesta falsificación del informe que relacionaba los atentados del 11-M con ETA. Si el 13 de octubre la juez Gema Gallego, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, admitió la personación del abogado del Estado, el pasado día 23 adoptó la resolución contraria, al considerar que éste pretende ostentar una doble representación procesal, como perjudicado y responsable civil, que según la magistrada es incompatible.

Gallego -que investiga la presunta falsedad documental desde que Garzón se inhibió del asunto, después de imputar a los tres peritos que redactaron el informe y exculpar a sus mandos policiales-, mantiene en su auto que el abogado del Estado «aclaró que se le tuviera por personado en concepto de “perjudicado” y “responsable civil”». Pero esa aclaración, añade, «difícilmente permite deducir cuál ha de ser la condición en la que debe tenerse su personación en esta causa».

Esa doble consideración, dice la magistrada, «adolece de indeterminación, incluso de incompatibilidad y sin duda dificulta la adecuación del tratamiento procesal» que, con la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la mano, corresponde otorgar a esa parte. En esa norma, recuerda, «no aparece precepto alguno que regule la coincidencia de ambos conceptos en el curso de la fase de instrucción». Por todo ello, Gallego acuerda dejar en suspenso la personación en la causa del abogado del Estado «sin perjuicio de ulterior resolución una vez que se justifique, en debida forma, la condición que le corresponde ostentar en estas diligencias». Fuentes jurídicas explicaron que la Abogacía del Estado, que se personó por orden del Ministerio del Interior para «defender los intereses del Estado concernidos en la causa», recurrirá la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.

Por otro lado, los tres peritos acusados por el juez Garzón de falsedad documental consideran en el recurso presentado contra la imputación que no sólo no incurrieron en irregularidades, sino que además «deben ser premiados por su labor profesional» al persistir para que «prevalezca la verdad de su informe pericial».

En el escrito, la defensa de los peritos -que ejercen los abogados de la Confederación Española de Policía- afirma que Francisco Ramírez, jefe de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, no aceptó el informe presentado por los agentes «en un claro abuso de sus competencias». «Los peritos, bajo su responsabilidad y sólo bajo su responsabilidad y con todas las consecuencias son quienes deben elaborar libremente sus informes, sin presiones ni coacciones». Ramírez, en ese caso, debió actuar según ellos simplemente «como coordinador o superior, pero nada más» porque entre sus misiones, añaden, «no está la de corrector o censor de informes periciales».

Sin embargo, denuncian, no quiso dar por bueno su informe «por cuanto contiene observaciones que no gustan o que disgustan al Sr. Ramírez, hasta el punto de que por primera vez en la historia de la Policía Científica, ante la discrepancia, obstruyendo la labor de colaboración de los peritos con la Justicia, se autonombra perito, pensando que le sería fácil encontrar entre sus compañeros otras dos firmas».

Mélide declara que el informe era sesgado

El secretario general de la Comisaría General de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, declaró ayer como imputado ante la juez Gallego, a quien aseguró que la conexión que establecieron los peritos entre el 11-M y ETA era una información sesgada y sin sustento científico. Mélida contó a la magistrada (que le mantuvo la condición de imputado) que explicó al superior de los peritos, Francisco Ramírez, que esas consideraciones podían remitirse como nota informativa a la Comisaría General de Información, pues excedían las características de un informe pericial. Mélida negó que dijera a los peritos que debían suprimir las referencias a ETA en el informe.

Una información de F. Velasco y R. Coarasa publicada por el diario LA RAZON el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Antonio Toro asegura que nunca ha comprado o vendido dinamita

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: 11-M

Alega que no eran suyos los 96 detonadores hallados en su garaje El juez dice que es «inadmisible» incluir pruebas del sumario del 11-M

GIJON.- Antonio Toro Castro, imputado en el 11-M por haber suministrado presuntamente los explosivos empleados en los atentados, negó ayer haber traficado jamás con dinamita. Lo hizo durante su declaración ante el juez en la vista que se sigue en la Audiencia Provincial de Oviedo por la llamada operación Pípol, en la que está inculpado.

Toro, que sólo quiso responder a las preguntas de su abogada, aseguró durante el interrogatorio que «nunca» había comprado o vendido dinamita. También dijo que no eran suyos -ni sabía de dónde habían salido- los 16 cartuchos de Goma 2 ECO (como la utilizada en los trenes de Madrid) y los 94 detonadores industriales encontrados en el garaje de Avilés que compartía con José Ignacio Fernández Díaz, Nayo, que está huido de la Justicia.

Según su versión, en julio de 2001 acompañó a la Policía a realizar un registro en ese garaje. Al encontrar los explosivos, aseguró desconocer «qué hacían allí» y aseguró que tampoco sabía de quién eran otras cajas que la Policía requisó.

Contó que las llaves del garaje se las dio a Nayo para que guardase hachís, pero no tenía ni idea de la existencia de los cartuchos de dinamita. También negó haber ofrecido explosivos a Francisco Javier Lavandera, que trabajaba en el club Horóscopo de Gijón durante el verano de 2001, como señala el fiscal en su escrito de calificación. Lavandera tendrá la oportunidad de declarar lo contrario durante su comparecencia en el juicio como testigo, prevista para el 8 de noviembre.

El acusado, que se mostró tranquilo, se negó a contestar a las preguntas del fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, que había preparado para él una serie de cuestiones relacionadas con el tráfico de drogas y con el de explosivos.

Entre otras cosas, quería saber la relación que tenía con Rafá Zouhier, con quien coincidió en la cárcel de Villabona; de dónde procedía la dinamita que se encontró en el garaje; si ésta era de su cuñado, o si tenía entre 50 o 150 kilos más de explosivos en otro domicilio de Avilés que nunca fueron encontrados por la Policía.

En la segunda jornada del juicio, la abogada de Toro solicitó que su cliente pudiera permanecer sin esposas, como había hecho el día antes el letrado de Trashorras. Pero de nuevo el jefe de seguridad se negó.

Toro y Trashorras comparecen en este juicio acusados de un delito de tráfico de drogas y tenencia y depósito de explosivos. La Fiscalía pide para ellos un total de 17 años de prisión y sendas multas de 218.000 euros.

Por otro lado, el presidente de la Sala, Bernardo Donapetry, aseguró al inicio de la vista que «es inadmisible» incluir pruebas que se encuentran en el sumario del 11-M en la vista por la operación Pípol porque «proceden de otro proceso penal, posterior y aún en curso, que está a la espera de juicio». Por ello, el pasado lunes se negó a incluir las pruebas testificales, documentales y periciales que pedía la Fiscalía y que procedían en algunos casos de la Audiencia Nacional.

Una información de Patricia Del Gallo publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La radiografía de la mochila de Vallecas está fechada un mes después del 11-M

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: 11-M

En la placa entregada al juez Del Olmo por el inspector de los Tedax consta que la prueba se practicó el “12-04-04”, es decir, 30 días más tarde de la fecha que le correspondería

Madrid. La radiografía de la mochila-bomba que apareció en la Comisaría de Puente de Vallecas en la madrugada del 12 de marzo de 2004 está fechada el 12 de abril de 2004, es decir, justo un mes después de la fecha que le correspondería. Así consta en el sumario de los atentados del 11-M, instruido por el magistrado de la Audiencia Nacional Juan del Olmo.

En la página 19.280 de este procedimiento, en el que se acredita la entrega como prueba de la radiografía a la Audiencia Nacional, el 13 de julio de 2004, de manos del inspector de Policía de los Tedax con carné profesional 28.296, el secretario judicial escribe: “Por el Inspector se aporta [...] radiografía del artefacto explosivo desactivado en la Comisaría de Puente de Vallecas, constando en dicha radiografía la fecha de 12-04-04”.

La fecha que aparece en la radiografía, acompañada de otros datos manuscritos en dos de los bordes de la placa, choca frontalmente con la versión oficial reflejada en el sumario. La fecha que debería recoger la radiografía sería en realidad la del 12 de marzo de 2004, la misma madrugada en la que un tedax desactivó en el parque de Azorín de Vallecas la mochila-bomba, conocida ya como la número 13.

La mochila número 13 es uno de los elementos más importantes de la investigación del 11-M, sino el que más. La desactivación de este explosivo aquella madrugada de marzo permitió a las autoridades recoger las primeras pruebas que encaminaban claramente la investigación policial hacia la pista islamista.

Por un lado, la tarjeta del móvil permitió la detención de Jamal Zougam; condujo hasta la casa de Morata de Tajuña en la que se elaboraron las bombas; y destapó la trama asturiana gracias a las llamadas efectuadas desde la tarjeta al teléfono de Carmen Toro Castro.

Por otro lado, la desactivación de la mochila permitió recoger las únicas muestras de explosivo que se han conseguido hasta ahora. La mochila número 13 contenía 10,120 kilos de dinamita Goma 2-ECO. De ninguno de los otros 12 escenarios (las 10 bombas que explotaron en los trenes y las dos detonadas por los Tedax) se obtuvo muestra alguna del explosivo utilizado por los terroristas en los atentados.

Tres escenarios

Sobre la mochila planean grandes incertidumbres. En menos de 24 horas, según el documento judicial, el artefacto estuvo en, al menos, tres escenarios distintos. Antes de ser descubierta por un policía en la Comisaría de Puente de Vallecas, pasó por la estación de Cercanías de El Pozo, donde supuestamente fue encontrada, y por Ifema, donde se almacenaron durante unas horas los objetos recuperados en esa estación.

La mochila volvió a moverse de escenario la misma madrugada del 12 de marzo, para proceder a su desactivación. Los Tedax la llevaron al parque de Azorín, cercano a la Comisaría de Puente de Vallecas, para garantizar la integridad de los ocupantes de los edificios cercanos en caso de que se produjera una detonación incontrolada. Una vez allí, el operador número uno de los Tedax, con el carné profesional número 64.501, realizó una radiografía con el portaplacas de su unidad.

Las radiografías son uno de los instrumentos más importantes de todos los que forman el equipo de los Tedax. Les permiten conocer el dispositivo al que se enfrentan sin la necesidad de manipularlo y averiguar también si la bomba oculta trampas en un lugar inaccesible. Al mismo tiempo, las radiografías tienen valor probatorio en un proceso judicial.

En este caso, la radiografía se enfocó únicamente sobre la zona de la mochila en la que se alojaba el teléfono, ya que el portaplacas de la unidad no era lo suficientemente grande como para abarcar completamente la bolsa. En el negativo obtenido, se aprecia el teléfono móvil, una maraña de cables y la carga explosiva. La aportación de la radiografía aquella noche fue prácticamente nula. Su mala calidad apenas aportó información a los Tedax. Ni siquiera en el informe policial sobre la radiografía realizado a petición de la Audiencia Nacional posteriormente se extraen conclusiones definitivas.

Pero la radiografía ha acabado convirtiéndose en un elemento clave de la investigación. Ésta es la única placa que se realizó el 11-M. No hay ninguna otra prueba que acredite la composición de las otras 12 mochilas-bomba colocadas en los trenes. El valor de esta radiografía es, hoy por hoy, incuestionable, y ahora su fechado arroja nuevas dudas sobre esta prueba.

Una información de José María Olmo publicada por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La juez Gallego interroga hoy como imputado al 'número dos' de la Policía Científica

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: 11-M

Pedro Mélida, secretario general del departamento, dio el visto bueno a la alteración del informe de los peritos, según declaró ante la instructora el jefe de la Unidad de Análisis, Francisco Ramírez

MADRID.- La juez Gemma Gallego, que investiga la presunta falsedad de un informe pericial enviado al instructor del 11-M, interrogará hoy como imputado al comisario Pedro Luis Mélida, secretario general de la Comisaría General de Policía Científica.

Mélida es el segundo mando policial que comparecerá en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid acusado de un presunto delito de falsedad documental.

Su nombre aparece en una querella interpuesta por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M el pasado septiembre, a raíz de que EL MUNDO publicara que responsables de la Comisaría General de Policía Científica alteraron el informe elaborado por los tres peritos que analizaron los 1,3 kilos de ácido bórico encontrados en diciembre de 2004 en la vivienda de Hasan Haski, procesado como cabecilla del Grupo Islámico Combatiente Marroquí y como inductor de los atentados del 11-M.

Los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique incluyeron en su informe unas observaciones para destacar que también apareció ácido bórico en un piso franco utilizado por un comando de ETA que fue desmantelado en Salamanca en 2001 y, dos años antes, en la vivienda de un joven radical antisistema.

Esas observaciones fueron suprimidas por el jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, Francisco Ramírez, y no aparecen en el informe enviado al juez Juan del Olmo.

Según los peritos, Ramírez les manifestó que «la superioridad dijo que había que eliminar lo de ETA». Manrique precisó que, a su entender, Ramírez se refería al comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, o al secretario general, Pedro Luis Mélida.

Gallego interrogó el pasado viernes como imputado a Francisco Ramírez, que manifestó que, antes de indicar a los peritos que había que cambiar el dictamen, lo consultó con el secretario general.

Ese día, 21 de marzo de 2005, Mélida era el máximo responsable de la Comisaría General de Policía Científica porque Santano se encontraba de permiso.

Según Ramírez, el secretario general coincidió con él en que el dictamen de los tres peritos contenía «apreciaciones personales» que podían generar confusión y que no se ajustaban a las normas de control de calidad existentes en la Comisaría General de Policía Científica.

Mélida ya declaró sobre este asunto en calidad de testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. La testifical se produjo el 29 de septiembre y el comisario señaló que el informe de Escribano, López y Manrique era «una auténtica barbaridad, tanto científica como policialmente», y que hubiera sido «un desprestigio» para la Comisaría General de Policía Científica enviarlo así al juez instructor del 11-M.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"El testimonio clave de Pedro Mélida" (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 7:30, Categoría: 11-M

La juez Gallego ha citado a declarar hoy como imputado a Pedro Mélida, secretario general de la Policía Científica. Mélida figuraba en la querella presentada contra los mandos policiales, pero, además, la juez lo ha citado porque el viernes pasado Francisco Ramírez, jefe de los peritos, declaró que consultó con su superior la decisión de alterar el informe que vinculaba a ETA y el 11-M. El número uno de la Policía Científica era el comisario Santano, pero estaba de vacaciones, por lo que Ramírez consultó con Mélida, quien reconoció este extremo en su declaración ante Garzón, por lo que no hay duda de que la versión de Ramírez es cierta. El jefe de los peritos dijo ante la juez dos cosas muy importantes. La primera es que él firmó como autor unos análisis químicos que no había realizado. La segunda, que acordó con Mélida la decisión de alterar el informe de sus subordinados. Sabemos también, por la declaración judicial de los peritos, que Ramírez había dicho que sus jefes estaban muy interesados en suprimir cualquier vínculo de ETA con el 11-M. Por tanto, todo indica que Mélida le ordenó a Ramírez que modificara el informe para eliminar esa conexión. ¿Consultó Mélida a su vez con Santano por teléfono o con otros superiores del Ministerio del Interior? Su declaración de hoy debería servir para aclarar estos puntos y conocer hasta dónde pueden llegar las responsabilidades de los mandos en esta flagrante manipulación.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El juez rechaza pruebas que vinculan a Toro y Trashorras con el tráfico de explosivos

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: 11-M

La defensa intenta desligar el juicio por la 'operación Pipol' de las investigaciones sobre el 11-M El fiscal quería incluir unos informes policiales sobre cartuchos de dinamita localizados en 2001

GIJON.- Ni el juez ni ninguno de los 14 letrados que ejercen las defensas en el juicio por el caso Pipol que ayer comenzó en la Audiencia Provincial de Asturias admitieron incluir en el informe una serie de pruebas documentales, periciales y testificales, como pedía el fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, y que relacionan a Antonio Toro y a Emilio Suárez Trashorras, dos de los acusados, con el tráfico de explosivos. Según uno de los letrados, Ricardo Alvarez Buylla, se trata de pruebas que, en algunos casos, podían haber sido incluidas en su día, ya que la operación se desarrolló en 2001. Pero detrás de esa negativa estaba en casi todos ellos una idea clara que dio a conocer a la sala y a su presidente, el juez Bernardo Donapetry, el defensor del ex minero asturiano, Gerardo Turiel, al asegurar que no iba a aceptar que nadie tratara de «mezclar» este asunto con el 11-M, a pesar de que los dos asturianos están también imputados en dicha causa.

Las pruebas solicitadas por el fiscal fueron un informe pericial elaborado en su momento dentro de la operación Pipol por el laboratorio toxicológico de la Comisaría General de Policía en el que aparece información sobre los cartuchos de dinamita industrial requisada en la plaza de garaje que compartían Trashorras, su cuñado Antonio Toro e Ignacio Fernández Díaz, Nayo, en Avilés. También pidió que declarasen los dos tedax que encontraron la dinamita, que, al parecer, estaba en mal estado y por ello fue destruida y los dos peritos que realizaron el informe sobre este material y que no fue incluido en la causa. Como prueba documental, el fiscal solicitó un fax que llegó al Ministerio Público el pasado jueves procedente de la Audiencia Nacional sobre un auto del 25 de septiembre y que vendría a corroborar las declaraciones del marroquí Rafá Zouhier, de Francisco Javier Lavandera y del agente Jesús Campillo sobre el tráfico de explosivos del que se acusa a Toro y Trashorras. Dicho auto hace referencia a que en los atentados se empleó Goma-2 ECO robada en la mina en la que había trabajado el avilesino. Además, solicitó la comparecencia de los dos médicos forenses de la Audiencia Nacional para ratificar el informe que en su día le hicieron al ex minero. Todas estas pruebas quedaron finalmente invalidadas al negarse las defensas a incluirlas.

Poco más hubo durante esta primera jornada, salvo las declaraciones de ocho de los procesados, todos menos uno en libertad, a los que se acusa de formar parte en 2001 de dos grupos organizados dedicados a introducir y distribuir drogas en Asturias. La operación Pipol, que ahora se juzga, estuvo dirigida por el grupo de estupefacientes de la comisaría de Gijón y logró desmantelar una importante red de narcotraficantes relacionada con mafias gallegas, pero sobre todo puso al descubierto un mercado negro de explosivos del que luego se habrían beneficiado los autores de los atentados de Madrid.

Trashorras tan solo estuvo en prisión tres meses. Su cuñado Toro permaneció más tiempo en la cárcel asturiana de Villabona y fue allí donde entabló relación con el marroquí Rafá Zouhier, también imputado en los atentados del 11-M por su relación con los islamistas y con los dos asturianos.

El fiscal considera en su escrito que, independientemente de la actividad de tráfico de drogas, Toro y Trashorras se dedicaban también a la venta de cartuchos Goma-2 ECO y considera probado que, en el verano de 2001, los dos avilesinos ofrecieron dinamita al menos en tres ocasiones a Lavandera, que por entonces trabajaba en el Club Horóscopo de Gijón, y que llegaron a enseñarle ese material que guardaban en el maletero de un coche. A raíz de ese hecho, Lavandera alertó a las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, ni éstas ni el instructor del sumario le dieron demasiada importancia.

El juicio continúa hoy y es posible que, dada la rapidez con que se toma declaración a los procesados, los dos cuñados, que figuran los últimos en la lista, puedan hacerlo a lo largo de mañana. Después, no será hasta el 7 y 8 de noviembre cuando declaren el agente Campillo, Zouhier y Lavandera.

Para Toro y Trashorras, Perals pide un total de 17 años de prisión y el pago de sendas multas de 218.000 euros por tráfico de drogas y tenencia, depósito y tráfico de sustancias y aparatos explosivos, la pena más alta de todos los acusados.

Una información de Patricia Del Gallo publicada por el diario EL MUNDO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Javier Gómez Bermúdez: «El juicio del 11-M no es universal. Si aparecen hechos nuevos podrán abrirse nuevas investigaciones»

Por Narrador - 23 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: 11-M

Para acceder a su despacho, situado en la séptima planta de la audiencia nacional, hay que pasar unas contundentes medidas de seguridad, lo cual es lógico teniendo en cuenta que por sus manos pasan los asuntos de estado mas importantes de nuestro país y los que marcan la agenda política un día sí y otro también: ETA y el 11-M. Por su cargo y condición, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -donde se juzgan los grandes delitos de terrorismo y corrupción-, está permanentemente en el ojo del huracán, hasta el punto de que su nombramiento sigue recurrido por «defectos formales», dos años después de que se produjera. Pero él, al menos en apariencia, no se inmuta, tal vez porque a pesar de su edad -44 años- tiene una amplia experiencia y un currículo que sería la envidia de muchos jóvenes juristas.

PREGUNTA.- Usted, por su cargo y condición, tiene en sus manos buena parte del peso de la política judicial antiterrorista. ¿Eso es un inconveniente en los tiempos que corren? Admita que puede ser muy incómodo para el Gobierno, según las sentencias que dicte, ¿no?

RESPUESTA.- En los tiempos que corren, el ser el órgano en el que se concentra toda la lucha jurídica contra el terrorismo supone una gran carga, desde luego, a la vez que un trabajo muy gratificante. Es posible que mi trabajo como presidente de sala pueda ser incómodo para algunos en determinados momentos, pero se trata de aplicar la ley, no del momento político de su aplicación, ni mucho menos.

P.- Pues su nombramiento está recurrido entre otros, por Garzón, que aspiraba a tener su plaza, y en ese asunto sí hay una sombra de interés más político que jurídico...

R.- El Supremo lo único que estima del recurso son defectos formales del Consejo, es decir, ni se cuestionan mis méritos, ni mi capacidad, ni mi gestión. Aunque, naturalmente, lo que subyace al denunciar esos defectos formales es evitar que yo sea presidente.

P.- ¿Ser presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia es un cargo político?

R.- En absoluto, no es un cargo político, sino un cargo jurisdiccional. Yo me dedico a poner sentencias. Un cargo político es ser vocal del Consejo, secretario de Estado o parlamentario por un determinado partido político, como otros jueces lo han sido, el propio Garzón por ejemplo. Yo, desde luego, jamás he actuado en política, ni activa ni pasivamente.

P.- ¿Qué le parece esta decisión del fiscal de proponer que se reduzca de 96 a seis años de prisión la petición de condena para De Juana Chaos, teniendo en cuenta que usted es uno de los amenazados en esas cartas por las que se le va a juzgar?

R.- El fiscal todavía no ha hecho una rebaja de pena, y por tanto no puedo opinar de algo que no se ha producido, salvo señalar que si las razones que van a llevar a esa rebaja de pena son técnicas, bienvenidas sean. Lo único que yo discutiré siempre, sea el caso que sea, es que se intente torcer la ley para llegar a un resultado práctico previamente decidido. El Estado de Derecho da mecanismos para corregir los excesos que la aplicación literal de la ley conduce. La ley jamás se puede torcer al arbitrio de una coyuntura política determinada.

P.- ¿Y entonces cómo entiende que el fiscal general diga que la Justicia debe adaptarse a los tiempos que corren, e incluso afirme en el Senado que quienes no piensan como él no quieren la paz?

R.- Yo respecto a la intervención del fiscal general del Estado en el Senado no tengo mucho que decir. Ahora bien, la única garantía que tiene un ciudadano de que el juez no va a ser arbitrario es que el juez aplique la ley, le guste o no.

P.- ¿El hecho de que la Fiscalía sea un nombramiento político y sea un estamento jerárquico puede ser un elemento de distorsión en asuntos como el llamado proceso de paz?

R.- En el sistema español la política criminal la dirige el Gobierno, el mecanismo más directo de ejecución de la política criminal es el fiscal del Estado, y la Fiscalía en sí, como institución, es jerárquica porque tiene que serlo. Podrá gustar o no, y se podrá cambiar, pero el sistema es coherente, y como garantía se prevé que si el fiscal general del Estado no cumple una indicación del Gobierno éste no puede cesarle en el cargo.

P.- De usted se dice que es partidario de aplicar una línea dura con los etarras, y por eso forzó el cambio doctrinal del Supremo para que presos sanguinarios como Parot no fueran puestos en libertad por acumulación de condenas. ¿Es así?

R.- Yo no sé que es la línea dura o blanda. En todo caso podríamos discutir si la ley es dura o blanda, pero la ley no la hago yo, la hace el Parlamento. Yo aplico la ley, la que me da el Parlamento de mi país, de España. Si esa ley se estima que es dura deberán modificarlo. Sobre los sentenciados por delitos anteriores no es que sea partidario de que se modifique, es que la interpretación correcta es la que ha dado el Supremo ahora con el caso Parot.

P.- Oiga, ¿la Justicia puede ser un obstáculo en el proceso de paz?

R.- Es imposible que la Justicia sea una obstáculo ni en el proceso de paz ni en nada que esté dentro del Estado de Derecho. Y es siempre, por supuesto, un obstáculo para lo que está fuera del Estado de Derecho.

P.- Vamos, que con proceso de paz o sin él los etarras sanguinarios se pudrirán en la cárcel...

R.- Yo no quiero que nadie se pudra en la cárcel, de hecho en España no existe la cadena perpetua. Lo que sí digo es que la ley exige que en determinados delitos se cumpla un mínimo de pena, sin los cuales es imposible considerar que el individuo está reeducado, que es el paso previo a la reinserción.

P.- ¿Cabría la posibilidad de realizar un indulto generalizado?

R.- No, está prohibido por la Constitución. Habría que modificar la Constitución.

P.- Pero, llegado el caso, ¿habría alguna forma de saltarse esa modificación, dando indultos individuales?

R.- La ley lo que exige es que cada expediente de indulto sea individualizado. Si se hace un estudio preso por preso, naturalmente podrán conceder 2.000 indultos individuales. Pero lo que no se puede hacer es utilizar el esquema de indultos individuales para cometer un fraude de ley concediendo en la práctica un indulto general.

P.- ¿Si ETA desaparece tiene sentido que se mantenga la Audiencia Nacional? Porque su eliminación es una vieja reivindicación nacionalista

R.- La reivindicación de los nacionalistas, como de muchos otros, es que esta casa desaparezca cuando no les viene bien, porque cuando se juzgó al ex general Galindo no querían que se suprimiera, de hecho, se presentaron como acusación popular. Dicho esto, el sentido de la Audiencia es la lucha contra el crimen organizado, no sólo el terrorismo. La Audiencia Nacional no tiene fecha de caducidad.

P.- Usted también presidirá la sala del juicio oral del 11-M. ¿Se dan las condiciones necesarias para que el juicio comience en este momento, con la cantidad de agujeros negros que están apareciendo?

R.- Las condiciones para ir a juicio se dan. En febrero celebraremos el primer juicio por los terribles hechos del 11-M. Ahora lo que se va a juzgar es a 29 personas y se va a decidir si han intervenido o no en esos hechos, pero sin ir más allá. Tenga en cuenta que hay cuatro o cinco personas en busca y captura, y el día que aparezcan habrá que celebrar un nuevo juicio. No estamos hablando de un único juicio universal sino de un juicio concreto.

P.- Vamos, que la celebración del juicio no significa que se dé carpetazo al asunto y pueda haber nuevos procedimientos, como ocurrió con el GAL...

R.- Todavía hay algún asunto del GAL coleando. Y lo mismo ocurrirá con el 11-M. Siempre que aparezca un hecho nuevo, con independencia de que aparezca antes, durante o después del juicio, se podrá abrir una nueva investigación. Ése es el sistema procesal español.

P.- ¿Cree que se sabrá la verdad?

R.- Estoy seguro de que se descubrirá la verdad, se tarden más o menos años. La Justicia puede ser lenta, pero es segura. Somos un remolcador de altura, somos capaces de arrastrar grandísimas cargas a grandísimas distancias. Eso sí, a una velocidad moderada.

P.- Algunos piensan que si cada vez que alguien critica a un juez, éste se siente limitado en su independencia, como ha dicho Garzón, la libertad de expresión no existiría.

R.- No me gusta opinar sobre magistrados que dependen de la Sala, por tanto no me voy a referir al tema Garzón. Pero muchísimos magistrados han sido insultados, ofendidos y criticados y no se han sentido perturbados en su independencia.

P.- ¿Llamar a un juez presunto prevaricador en un medio de comunicación es un delito, sí o no?

R.- Llamar a un juez presunto prevaricador, así dicho, no tiene por qué ser un delito. Tiene que quedar claro que la libertad de expresión y el derecho a la información, que es un derecho de los ciudadanos, es un derecho indispensable, esencial de la democracia. Por tanto, el único límite al ejercicio de ese derecho son las leyes que tenemos: el Código Penal y las demandas de protección al honor.

P.- Una curiosidad. ¿Por qué cree que Garzón estaba tan interesado en meter mano a los peritos del 11-M?

R.- Yo no estoy en la mente de mis compañeros, lo que sí digo es que el sistema ha funcionado. Garzón no era competente en este caso, y ha pasado a manos de la juez que lo es. Ése es el sistema. Ahora, ¿por qué lo quiso hacer? No lo sé.

P.- Pues algunos piensan que ha metido la nariz en este asunto para sacar al Gobierno de un apuro, y eso cuestiona su independencia...

R.- Habrá quien interprete que una persona que ha sido parlamentario del PSOE; que ha sido secretario de Estado, que luego ha vuelto a la judicatura, está contaminada por su paso por la política y no es independiente. Y habrá quien entienda que con cosas como ésta demuestra que es independiente. Lo sorprendente es que se hable de jueces independientes cuando han estado en la política, y de otros, que lo único que hemos hecho en nuestra vida es dictar sentencias, se diga que no lo somos.

P.- Sea como fuere, la juez ha llamado como imputado al jefe de los peritos, lo cual tira por tierra toda la instrucción realizada por Garzón, que imputó a los testigos, ¿no?

R.- No necesariamente. La juez Gallego lleva ahora dos temas relacionados: uno el de los documentos remitidos por EL MUNDO al juez Del Olmo, que es del que deriva la toma de declaración como imputado del jefe de los peritos, y otro en el que son imputados por Garzón los peritos, a quienes la juez podrá o no levantar la imputación.

P.- Algunos creen que el juez Del Olmo está desbordado por esta investigación, por la complejidad de la misma...

R.- Al juez Del Olmo se le pusieron todos los medios, los que pidió y los que no pidió. Éste es sin duda el juicio al que más medios y tiempo en exclusiva se ha destinado en la Justicia, excepción hecha del de la colza.

P.- Le digo esto porque hasta dejó libre a un imputado del caso por un olvido administrativo, y eso es muy fuerte... Se habló de que podrían haberle retirado del cargo.

R.- Un error lo puede cometer cualquiera, cuestión distinta es que de ese error derive o no responsabilidad. Y este matiz es importante. Lo que no puede ser es que el régimen disciplinario de jueces se haya convertido en una especie de tribunal de honor prohibido por la Constitución, en el que dependiendo del sí o no de la mayoría de la comisión disciplinaria y dependiendo del juez en concreto la resolución es una u otra. Hay jueces que por mucho menos han sido trasladados de esta casa y hay otros que por mucho más siguen en esta casa y seguirán largos años.

P.- Un inciso. ¿Usted cree que la investigación de EL MUNDO es un juicio paralelo al asunto del 11-M?

R.- El periodismo de investigación, que es el que busca nuevas fuentes y abre vías de conocimiento que no están en la instrucción, históricamente ha sido importantísimo, y en España más. Su periódico fue el artífice del asunto de los GAL, y sin sus informaciones eso jamás se hubiera descubierto. Otra cosa son las instrucciones y juicios paralelos. La prensa libre siempre será una ayuda y no un estorbo a la Justicia.

P.- Tal vez para ustedes no, pero sí para los políticos.

R.- Para la Justicia, no es un obstáculo, todo lo contrario. Puede que lo sea para los políticos, pero no para los jueces.

Una entrevista de Esther Esteban publicada por el diario EL MUNDO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"Una 'verdad por descubrir' 'mas allá' del Juicio del 11-M" (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 23 de Octubre, 2006, 6:30, Categoría: 11-M

La entrevista que hoy publica EL MUNDO con el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es un testimonio de extraordinaria trascendencia en lo que se refiere a la investigación y el juicio sobre el 11-M, tanto por lo que dice expresamente como por lo que sugiere. Su condición de presidente del tribunal que próximamente juzgará a los 29 procesados por la masacre le obliga sin duda a pronunciarse con cautela, a pesar de lo cual, Gómez Bermúdez distingue explícitamente entre el juicio oral y «la verdad sobre el 11-M», que «se descubrirá aunque se tarden más o menos años».


El juez añade que en la vista oral que comienza en febrero «se va a decidir si 29 personas han intervenido en los hechos, sin ir más allá». Es decir, que el presidente del Tribunal -que necesariamente ha estudiado el sumario con todo detalle- está sugiriendo que hay un «más allá» que trasciende a la incuestionable obligación de los tribunales de acreditar si las personas procesadas intervinieron en los atentados del 11-M. Gómez Bermúdez mantiene la cautela sobre la instrucción del sumario por parte del juez Del Olmo y sobre la aparición estelar de Baltasar Garzón al procesar a los peritos sin ser competente en la causa. Aunque los lectores podrán extraer sus propias conclusiones sobre la opinión que le merece la actuación de ambos instructores. Por la parte que toca a este periódico, las palabras de Gómez Bermúdez son un importante estímulo al periodismo de investigación que llevamos a cabo, cuando tantos otros medios han renunciado a esa obligación profesional. «La prensa libre siempre será una ayuda y no un estorbo a la Justicia». Es más, el magistrado recuerda que sin EL MUNDO, «el asunto de los GAL nunca se hubiera descubierto».

De la misma manera que la trama asturiana del 11-M hubiera quedado inédita sin la crucial investigación de este periódico. Precisamente hoy comienza el juicio de la operación Pípol contra Suárez Trashorras y Antonio Toro, acusados de tráfico de estupefacientes y explosivos. Ambos fueron procesados -según la petición del fiscal- por tenencia de explosivos cinco meses antes del 11-M, a pesar de que poco antes la Guardia Civil no había estimado necesario ampliar la investigación sobre ellos, a raíz de las denuncias de Zouhier.

La actuación como mínimo negligente y como máximo culposa de los responsables policiales de Asturias -sin que se hayan depurado las responsabilidades- es un ejemplo claro de los muchos «más allás» que hay en el 11-M. Y también la de la propia Fiscalía que en el transcurso de pocos meses varió su criterio. La actuación de ambas instituciones no puede archivarse a beneficio de inventario, al margen incluso de que quedara acreditada o no la versión oficial sobre el 11-M.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Un juez procesó a Toro y Trashorras por tenencia de explosivos cinco meses antes del 11-M

Por Narrador - 23 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: 11-M

OVIEDO.- Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro fueron procesados por tenencia de explosivos cinco meses antes del 11-M. En concreto, el 6 de octubre de 2003 el juez Juan Laborda presentó un auto de procesamiento contra ambos dentro de la llamada operación Pípol, cuyo juicio comienza hoy en la Audiencia Provincial, por un delito de tenencia de sustancias y aparatos explosivos, y a petición del fiscal antidroga de Asturias, José Perals.

Ninguno de los dos fue encarcelado entonces porque la Justicia consideró que no había riesgo de fuga, aunque meses más tarde negociarían con El Chino la venta de la dinamita empleada en los atentados de Madrid. Lo más importante que se desprende de este auto, que se ha conocido ahora, es que no sólo la Policía y la Guardia Civil conocían el mercado negro de explosivos en el que se movían los dos asturianos, sino que también lo sabían las autoridades judiciales.


A raíz de dicha operación, realizada en julio de 2001, las fuerzas de seguridad encontraron en un garaje que regentaban Trashorras y Toro más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína, así como 16 cartuchos de Goma 2 Eco, como la que luego, según los informes policiales aportados al sumario, se utilizó en los atentados del 11- M, y 94 detonadores industriales. Sin embargo, la investigación se centró entonces en la droga incautada y no en los explosivos. Ni el entonces fiscal Antidroga de Asturias, José Luis Rebollo, ni el juez Laborda consideraron trascendente para la causa la aparición de ese material. Hubo que esperar dos años más para que un recién llegado fiscal antidroga, José Perals, pidiese su enjuiciamiento.

Tras el 11-M y la detención de los asturianos empezaron a salir a la luz nuevos datos y pistas que parece que pasaron desapercibidos en el transcurso de esta operación. Por ejemplo, se supo que Francisco Javier Lavandera había alertado en varias ocasiones de que Trashorras y Toro buscaban en Asturias a gente que supiera hacer bombas con móviles. Nadie relacionó entonces este hecho con los explosivos encontrados al ex minero.

Pero Lavandera no fue el único que dio cuenta de las actividades delictivas ya entonces de los dos cuñados. El marroquí Rafá Zouhier y el confidente José Ignacio Fernández Díaz, Nayo, también lo hicieron y la Guardia Civil llegó a abrir hasta dos investigaciones, aunque ninguna de ellas fructificó.

A partir de hoy el ex minero y su cuñado se sentarán en el banquillo, acusados de tráfico de drogas y también de explosivos en un macrojuicio que llevará a la Audiencia Provincial en Gijón a varios de los asturianos relacionados con el 11-M. Además de Trashorras, Toro y Nayo, hasta ahora huido de la Justicia, tendrán que acudir como testigos Zouhier, Lavandera y el agente Jesús Campillo. Por ello se han previsto importantes medidas de seguridad, ya que algunos de los acusados y de los testigos permanecen en diversas cárceles españolas en espera de juicio -caso de los dos asturianos acusados de facilitar los explosivos del 11-M- o cumpliendo condena por otros asuntos, como Rafá Zouhier.

Para Toro y Trashorras, Perals pide un total de 17 años de prisión y el pago de sendas multas de 218.000 euros por los delitos de tráfico de drogas y tenencia, depósito y tráfico de sustancias y aparatos explosivos, la pena más alta de todos los acusados.

El macrojuicio de Pípol sentará en el banquillo además a otras 18 personas. Según el escrito de acusación, todos los acusados formaban parte en 2001 de dos grupos organizados dedicados a introducir y distribuir drogas en Asturias.

El fiscal considera en su escrito que, independientemente de la actividad de tráfico de drogas, Toro, Trashorras y Nayo se dedicaban a la venta de cartuchos de dinamita Goma 2 Eco, «no constando la fuente de aprovisionamiento de dichos explosivos, ofreciendo los mismos a la venta en los ambientes nocturnos de Gijón».

El fiscal considera probado que en el verano de 2001 los dos avilesinos ofrecieron dinamita al menos en tres ocasiones a Lavandera, que por entonces trabajaba en el club Horóscopo de Gijón, y que llegaron a enseñarle esa dinamita que guardaban en el maletero de un coche. A raíz de ese hecho, Lavandera alertó a las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo ni éstas ni el instructor del sumario le dieron demasiada importancia a este hecho.

La operación, dirigida por el grupo de estupefacientes de la comisaría de Gijón, logró desmantelar una importante red de narcotraficantes relacionada con mafias gallegas, pero sobre todo puso al descubierto un mercado negro de explosivos del que luego se beneficiaron los autores de los atentados de Madrid.

Trashorrras tan sólo estuvo en prisión tres meses. Su cuñado Toro permaneció más tiempo en la cárcel asturiana de Villabona y fue allí donde entabló relación con el marroquí Rafá Zouhier, también imputado en los atentados del 11-M por su relación con los islamistas y con los dos asturianos.

Una información de Patricia Del Gallo publicada por el diario EL MUNDO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Ramírez reconoce que firmó como autor unos análisis que nunca hizo

Por Narrador - 21 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: 11-M

El jefe de sección de la Policía Científica revela a la magistrada Gemma Gallego que antes de eliminar las referencias a ETA lo consultó con el secretario general de la unidad, Pedro Mélida

MADRID.- Francisco Ramírez, jefe de los tres peritos de la Policía Científica que hicieron referencia a ETA en un informe sobre el 11-M, admitió ayer durante su declaración como imputado ante la juez Gemma Gallego que no realizó ninguna de las pruebas analíticas que se indican en el dictamen enviado al magistrado Juan del Olmo.

En ese documento oficial, Ramírez asegura que «se hizo cargo» de las muestras de ácido bórico (1,3 kilos) hallado en casa de Hasan Haski, procesado como inductor del 11-M, y «procedió a utilizar las siguientes técnicas analíticas:...», lo que, en realidad, hicieron Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique.

Los peritos Escribano, López y Manrique incluyeron en su informe sobre Haski unas observaciones para destacar que ese mismo tipo de ácido apareció en un piso franco de ETA desmantelado en Salamanca en 2001 y, dos años antes, en la vivienda de un joven antisistema acusado de volar cajeros automáticos.

El jefe de sección Francisco Ramírez eliminó esas observaciones, que, por tanto, no pudieron ser conocidas ni valoradas por el juez Del Olmo, instructor del sumario del 11-M.

Preguntado ayer por la titular del Juzgado de Instrucción número 35, Gemma Gallego, por qué actuó así, Ramírez explicó que tras recibir las muestras de ácido bórico él asignó el dictamen a Escribano, que lo realizó con su equipo.

Cuando se lo entregaron, lo leyó y se dio cuenta de que contenía «apreciaciones personales» que podían generar confusión y que no se ajustaban a las normas de control de calidad existentes en la Comisaría General de Policía Científica.

Ramírez desveló a la juez que, en ese momento, hizo una consulta con un superior -el secretario general, Pedro Luis Mélida-, quien también consideró que el informe debía ser modificado.

El jefe de sección pidió a los peritos que cambiaran el dictamen, a lo que se negaron.

Aseguró que también les ofreció hacer constar sus observaciones en una minuta (documento interno) dirigida a la Comisaría General de Información, si de lo que se trataba era de advertir que podía seguirse una línea de investigación por esa vía. Los peritos indicaron que ellos querían que esas observaciones figuraran en el propio informe pericial.

Entonces Ramírez se reasignó a sí mismo la pericia que, en contra de lo que exige la ley, sólo lleva una firma, la suya. Aunque el documento finaliza con una alusión a la «rúbrica de los firmantes», únicamente figura la de Ramírez. Al ser preguntado por esta discrepancia, el funcionario contestó que no quiso comprometer a ningún otro perito del laboratorio.

Durante un «respetuoso» y «exhaustivo» interrogatorio -según lo describieron fuentes de la defensa- que duró algo menos de tres horas, Gallego preguntó a Ramírez por otras diferencias entre el informe original elaborado por los peritos y el dictamen que finalmente se envió, a través de la Comisaría General de Información, al juez del 11-M.

En el primer documento, Escribano, López y Manrique certifican que han realizado ocho pruebas para determinar que se trata de ácido bórico, además de un «estudio bibliográfico». En el informe remitido a la autoridad judicial, Ramírez suprime dos de esas pruebas (los ensayos a la llama y la formación del éster metilbórico) y elimina el «estudio bibliográfico», que es el que permite a Escribano, a través de las fichas que guarda, recordar los casos precedentes de terrorismo en los que se halló la misma sustancia.

Sobre esta diferencia, Ramírez apuntó que para ese tipo de análisis hubieran bastado dos o tres pruebas y que el resto no eran relevantes para determinar de qué sustancia se trataba, por lo que no consideró trascendente su supresión.

El jefe de sección admitió, no obstante, que él no hizo ninguna prueba, aunque lo certificara así en el documento oficial remitido al juez Del Olmo. Manifestó que él «asumió el resultado» de los análisis efectuados por Escribano, López y Manrique porque eran correctos, fueron realizados por peritos competentes y con las técnicas adecuadas.

Cuando se le preguntó por la alteración del sobre en el que se refleja a qué perito se asigna el estudio, el jefe de sección dijo no recordar quién sustituyó el nombre de Escribano por el suyo. La juez hizo que se le mostrara el sobre y Ramírez acabó reconociendo que lo hizo él y que era su letra.

Francisco Ramírez salió del Juzgado manteniendo la condición de imputado con la que entró a declarar. No se trata de una imputación judicial (esto es, Gallego no ha dictado ningún auto atribuyendo al funcionario una conducta delictiva), sino una imputación formal derivada del hecho de que Ramírez está denunciado por falsedad documental por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

Fuentes jurídicas indicaron que otros mandos policiales, y en concreto Mélida, tendrán que acudir a declarar a la Plaza de Castilla también como imputados.

Información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el sábado 21 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La juez imputa al mando policial que eliminó la referencia de ETA e islamistas

Por Narrador - 20 de Octubre, 2006, 6:30, Categoría: 11-M

Baltasar Garzón exculpó al superior de los tres peritos porque la supresión «era necesaria»

Madrid - La investigación relacionada con el informe donde se relacionada a ETA con los atentados del 11-M ha dado una nueva vuelta de tuerca. Si los tres peritos que firmaron el documento, Isabel López Cidad, Manuel Escribano y Pedro Manrique, pasaron sin solución de continuidad de testigos a imputados por Baltasar Garzón, ahora ha sido el superior de ellos, Francisco Ramírez, quien de ser totalmente exculpado por Garzón tendrá que declarar hoy como imputado por un delito de falsedad. Ramírez fue quien suprimió el párrafo del informe donde se establecía la relación entre ETA y los islamistas, y quien, ante la negativa de Escribano a firmarlo, fue lo asumió como propio y lo ratificó con su firma.

La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha decidido imputar al jefe de Analítica de la Policía Judicial dentro de la querella que instruye contra los mandos policiales de los tres peritos.

La juez, además, tiene pendiente de resolver el recurso interpuesto por los tres agentes contra su imputación, aunque antes debe recibir los informes preceptivos de las partes personadas en la causa.

La decisión de esta magistrada es completamente contradictoria con el criterio que adoptó en su día Garzón, quien no sólo exculpó a Ramírez de cualquier responsabilidad, sino que, además, avaló su decisión de retirar las relaciones con ETA, a través del ácido bórico encontrado en el domicilio de uno de los acusados del 11-M, en el informe suscrito por los tres peritos.

Normas de control

En concreto, el juez Garzón señalaba, en el auto donde se inhibía de esta causa a favor de los juzgados de Plaza de Castilla, que la eliminación de esas observaciones «era no sólo oportuna, sino necesaria, porque ni eran ciertas ni científicamente eran sostenibles. Además, destacaba en su resolución que quien visó el informe «tenía la obligación de cumplir esas normas de control de la Comisaría General de Policía Científica», y ello, a pesar de que «no se hubiera sugerido la posible conexión ETA-islamistas».

Además, aseguraba al respecto que las referencias al hallazgo de ácido bórico en un piso de ETA en el informe pericial que elaboraron Escribano, López Cidad y Manrique sobre el 11-M «no respondía al interés de sugerir la investigación de hechos relacionados, ya que eran inexistentes, sino generar una apariencia sin sustento real alguno, que vinculara a la organización terrorista ETA con los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid».

«Al menos, un delito»

En cuanto al hecho de que se sustituyese el nombre del perito inicial, Escribano, por el de Ramírez, el juez entendía que «dicha alteración, como se comprueba en las veces que se ha usado el tippex en ese libro, es algo habitual y quien efectúa las correcciones es el funcionario encargado del libro, con los datos que le suministraban». Es decir, añadía al respecto, no se observaba «ilícito alguno en una función que puede o no estar bien hecha, pero que no excede de la normalidad laboral del que la realiza, ni oculta nada».

Sin embargo, el fondo de la decisión de la juez Gallego sí viene a ser en buena parte coincidente con la tesis sostenida por la Sala Penal de la Audiencia Nacional, la cual, en la resolución donde decidía que la competencia era de los juzgados ordinarios de Madrid, ya veían una posible responsabilidad en los responsables policiales. En concreto, sus magistrados ponían de relieve que del examen de todos los documentos se llegaba a la conclusión de la existencia «de indicios suficientes para proceder a investigar la posible comisión de, al menos, un delito de falsedad en documento público, por la incorporación al sumario 20/04 -atentados del 11 M- de un documento inicial -informe pericial del Cuerpo Nacional de Policía- alterado en su contenido y/o en la persona que realiza la pericia y la asume con su número profesional y firma».

Información de F. Velasco publicada por el diario LA RAZON el viernes 20 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

«La superioridad le dijo a nuestro jefe que había que eliminar lo de ETA»

Por Narrador - 20 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: 11-M

MADRID.- El policía Francisco Ramírez, jefe de los tres peritos que elaboraron un informe sobre el 11-M en el que mencionaron a ETA, deberá comparecer hoy como imputado ante la juez Gemma Gallego.

Ramírez es uno de los mandos policiales contra los que pesa una querella por presuntos delitos de falsedad documental, presentación en juicio de documento falso y encubrimiento. Se le atribuye haber alterado el dictamen de sus subordinados, suprimiendo las observaciones que hacían referencia a ETA y figurando él como autor de las pruebas analíticas que, en realidad, hicieron Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique. El informe así manipulado fue remitido al sumario del 11-M.

Manrique y Escribano declararon ante el juez Garzón que, cuando Ramírez rechazó su informe, manifestó que «la superioridad le dijo que había que eliminar lo de ETA».

Gemma Gallego, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, tramita unas diligencias previas abiertas a raíz de una querella presentada el 22 de septiembre por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

La querella se dirige, entre otros, contra el ex comisario general de Información Telesforo Rubio; el secretario general de la Comisaría General de Policía Científica Pedro Luis Mélida, y el jefe de sección de esta última comisaría Francisco Ramírez. Éste será el primero de los querellados en declarar ante la juez instructora, que lo ha citado para hoy como imputado por un presunto delito de falsedad documental.

Ramírez, jefe de los peritos que elaboraron un informe sobre el 11-M en el que se mencionaba a ETA, figuraba como querellado en otra querella interpuesta por la Plataforma Justicia y Libertad en la Audiencia Nacional y que la Fiscalía envió específicamente al juez Garzón.

En una llamativa actuación, el juez de la Audiencia Nacional imputó por falsedad documental a los peritos autores del informe y exoneró a los mandos policiales que lo manipularon y que eran los querellados.

Garzón acabó inhibiéndose de este asunto después de dos pronunciamientos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en los que indicó que este órgano no era competente para investigar un presunto delito de falsedad documental sin vinculación con actuaciones terroristas.

La propia Gemma Gallego, que requirió a Garzón para que se inhibiera, llegó a plantear una cuestión de competencia ante el Supremo, de la que desistió cuando, finalmente, el juez de la Audiencia Nacional le envió sus actuaciones.

No obstante, Gallego tuvo que devolver los papeles al Juzgado de Garzón puesto que eran una simple fotocopia y no el testimonio adverado por la secretaria judicial que exige la ley.

Antes de eso, la juez de la Plaza de Castilla tomó declaración como testigos a Manuel Escribano e Isabel López, peritos facultativos autores de un informe sobre el ácido bórico hallado en diciembre de 2004 en el domicilio del marroquí Hasan Haski, procesado por el 11-M. El tercer firmante del dictamen, el perito técnico Pedro Manrique, aún no ha sido citado. La juez rechazó una petición de la Fiscalía de tomar declaración a Escribano y López como imputados a la vista de las acusaciones de Garzón contra ellos.

En una actuación diametralmente opuesta a la del juez de la Audiencia Nacional, Gallego mantuvo las comparecencias de Escribano y López como testigos. Ahora tendrá que resolver los recursos que los peritos interpusieron contra el auto de imputación dictado por Garzón y que éste dejó sin resolver.

Manuel Escribano e Isabel López declararon ante Gallego que el 21 de marzo de 2005 elaboraron junto a Manrique un informe sobre el ácido bórico (1,3 kilos) intervenido a Haski y que éste dijo que era «para matar cucarachas». Los peritos indicaron que esa misma sustancia fue hallada en 2001 en un piso franco de ETA y en 1999 en la vivienda de un joven antisistema.

Los peritos llamaban la atención sobre «lo poco frecuente» que era la aparición de esta sustancia y citaban que puede ser utilizada como conservante de explosivos o como sustancia que impide su detección por los perros, «lo que nos lleva a la posibilidad de que los autores de estos hechos estén relacionados». Estas observaciones fueron suprimidas por Ramírez en el informe enviado al juez del 11-M.

Información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el viernes 20 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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