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Estatuto Catalán

Maragall llevará a Zapatero ante el TC por invadir sus nuevas competencias

Por Narrador - 22 de Agosto, 2006, 7:30, Categoría: Estatuto Catalán

La Generalitat denunciará que el Reglamento de la Ley de Subvenciones aprobado en el Consejo de Ministros del 25 de julio vulnera el Estatuto

BARCELONA.- La Generalitat de Cataluña no se va a amilanar ante cualquier posible invasión de competencias por parte del Gobierno de Zapatero y advierte que acudirá ante el Tribunal Constitucional (TC) si la Administración central aprueba alguna ley que pueda interferir en el Estatuto que acaba de entrar en vigor.

La amenaza tomó ayer forma a través del portavoz del Gobierno catalán, Joaquim Nadal, en relación a la controversia suscitada por la aprobación en el Consejo de Ministros del 25 de julio del Reglamento de Subvenciones.

Según Nadal, la Generalitat tiene «la obligación moral y política» de plantear un conflicto de competencias ante el Constitucional si considera que alguna ley «vulnera las previsiones estatutarias».

El reciente Reglamento ha caído como un jarro de agua fría sobre el Gobierno catalán. Por eso, el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura (ICV), ha encargado a la asesoría jurídica y al Instituto de Estudios Autonómicos informes detallados sobre una posible vulneración del texto estatutario. El resultado del dictamen será llevado ante el Consell Executiu como paso previo a plantear un conflicto de competencias ante el Estado.

Según Joan Saura, «el Gobierno no tiene asumido que Cataluña dispone de un nuevo Estatuto, y con él en la mano nadie nos puede fiscalizar las subvenciones».

En caso de que el Ejecutivo desoyera la reclamación de la Generalitat, el Gobierno catalán recurriría a solicitar el amparo del Tribunal Constitucional.

Nadal ha quitado hierro al alcance de la iniciativa anunciada, al recordar que «no sería ni el primero ni el último conflicto de competencias que presentamos en estos tres años» de legislatura. Por otra parte, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), a través del ex consejero y dirigente republicano Josep Huguet, ya ha puesto de manifiesto su intención de llevar ante el Tribunal Constitucional el reglamento de subvenciones.

De hecho, el secretario general de ERC, Joan Puigcercós, ha planteado serias objeciones a la nueva legislación, al considerar que «ahora resulta que comunidades y ayuntamientos deberán pedir un permiso especial a Madrid para las subvenciones», lo que considera que reduce claramente la capacidad decisoria de los gobiernos autonómicos.

El controvertido reglamento que desarrolla la Ley de Subvenciones fue incluido en un informe enviado por el Ejecutivo catalán al Gobierno hace semanas, acompañado de un escrito en que se instaba a la Administración a ser «leal» al texto y a poner freno a «la invasión» de competencias catalanas, según informa la agencia Efe.

El informe fue remitido al Ministerio de Administraciones Públicas, pues el reglamento de subvenciones, según la Generalitat, choca de lleno con el artículo 114 del nuevo Estatuto, que especifica el alcance de las competencias de la Administración catalana en materia de «actividades de fomento», en alusión a las distintas ayudas públicas

El eje de las quejas de la Generalitat es la posibilidad de que el Gobierno condicione sus políticas de conceder subvenciones y ayudas en ámbitos en los que tiene competencias la Administración Autonómica.

Según el Reglamento de subvenciones, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, con sus fundaciones y sociedades, están obligadas a trasladar al Estado la información sobre las ayudas que convoquen y que concedan, sean de la naturaleza que sea. Se incluye tanto la resolución que ampara la concesión de la ayuda, como los importes concedidos, la identificación de los beneficiarios de la subvención y la justificación del destino final.

El Ejecutivo central controlará así todas las partidas derivadas de subvenciones y ayudas públicas a través de un centro de nueva creación, el Banco de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), que ayudará a velar por su legalidad y combatir actividades fraudulentas en torno a las ayudas públicas.

El reglamento también simplifica la tramitación de actos administrativos para obtener ayudas de menos de 3.000 euros.

Se da la circunstancia de que este reglamento, que desarrolla la Ley General de Subvenciones de 2003, aprobada por el Gobierno del PP, fue rechazado en el Congreso por el PSOE a través de una enmienda a la totalidad que ya advertía de que se inmiscuía en el ejercicio de competencias autonómicas.

Además, en 2004 la Ley de la que parte el polémico reglamento ya fue impugnada ante el Tribunal Constitucional por el Parlament de Cataluña por idénticos motivos a los que ahora esgrime la Generalitat, esto es, por entender que invade sus competencias. La Administración catalana ha denunciado en varias ocasiones que el Gobierno dicta bases estatales a partir de reglamentos y órdenes que no pasan por el control de las Cortes.

El Ministerio de Economía declinó ayer hacer declaraciones acerca de esta controversia.

  

Una información de Carol Alvarez publicada en el diario EL MUNDO el martes 22 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

ERC Negocia con CIU a Espaldas del Gobierno

Por Narrador - 29 de Septiembre, 2005, 6:12, Categoría: Estatuto Catalán

El serial de la reforma del Estatuto Catalán cuenta hoy con las reuniones de CIU con ERC a espaldas de su propio gobierno. Nada nuevo bajo el sol.

LOS TITULARES

El País: ERC se enfrenta a sus socios de Gobierno al negociar con CIU el modelo de financiación.

El Mundo: El PSC planta a ERC y CIU en la negociación del nuevo modelo de financiación catalana.

ABC: CIU y ERC negocian en solitario la financiación tras el plante del PSC e ICV.

La Razón: El PP, dispuesto a apoyar el Estatut si el Congreso lo retoca / Ibarra se reafirma en sus quejas por la falta de debate interno en el PSOE.

La Vanguardia: ERC irrita a sus socios al escenificar que negocia la financiación con CIU / Maragall y Mas fijan el compromiso de no romper el diálogo entre ellos pase lo que pase

El Periódico: La unidad del tripartito se rompe en la negociación con Convergencia/ Piqué abre la puerta a apoyar enmiendas al texto/ Zapatero no irá a la fiesta del PSC para no hablar del Estatut/ Ibarretxe evita definirse sobre el nuevo Estatut

Avui: PSC e ICV plantan a ERC y CIU en una reunión sobre la financiación / La IEA avalaba la inclusión del ‘concierto’ en el Estatuto en un informe de 2003.

LA INFORMACION

CiU y ERC iniciaron ayer la negociación sobre el modelo de financiación en contra de la voluntad de PSC e ICV, que abandonaron la reunión al considerar que las conversaciones con la federación nacionalista sobre este tema las debe protagonizar el Gobierno y no los grupos. El portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, lamentó la ausencia de sus socios y subrayó que el debate estatutario deben llevarlo los partidos y no el Ejecutivo. No obstante, descartó que ERC vaya a llegar a acuerdos bilaterales con CiU y que su apuesta es por "un acuerdo a cuatro". Además, consideró imprescindible que su formación tire del carro para acercar las posiciones de PSC y CiU. Desde CiU, Francesc Homs también lamentó el plante de PSC e Iniciativa, que, a su juicio, no facilita en nada la negociación, y valoró "el acercamiento de ERC frente al inmovilismo del PSC".

Por su parte, la ponente del PSC, Lídia Santos, consideró que la decisión de Ridao de quedarse a negociar a solas con CiU un sistema de financiación que el Gobierno catalán todavía está estudiando no genera más que "confusión" y es algo que se debería haber evitado.

Para EL PAIS, "ERC se enfrenta a sus socios"; LA VANGUARDIA considera que Esquerra "irrita" a PSC e ICV, mientras EL MUNDO interpreta que los socialistas plantaron a ERC y CiU en la negociación del nuevo modelo de financiación.

Por otro lado, LA VANGUARDIA informa de que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el líder de CiU, Artur Mas, se han comprometido a no romper el diálogo pase lo que pase y hasta el final. Según este rotativo, los dos dirigentes han dado instrucciones a sus asesores para que exploren aproximaciones que permitan un punto en común a partir de la propuesta de financiación de CiU.

El presidente del PP de Cataluña, Josep Piqué, opinó ayer que se abrirá un "conflicto político" entre Cataluña y España si se mantiene la actual redacción del Estatuto.

Mientras, el lehendakari, Juan José Ibarretxe, expresó ayer en Barcelona al presidente catalán, Pasqual Maragall, su máximo "respeto" hacia la reforma del Estatuto que se apruebe en el Parlamento catalán.

En otro orden de cosas, el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, consideró ayer durante la apertura del año judicial que la actual propuesta de nuevo Estatuto "comprometería seriamente" la libertad de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y de la Fiscalía, ya que los miembros serían propuestos por el Consejo de Justicia de la Generalitat o el Parlamento.

Maragall y Mas Pactan en Secreto las Enmiendas al Estatuto

Por Narrador - 28 de Septiembre, 2005, 6:15, Categoría: Estatuto Catalán

La reunión secreta entre Maragall y Mas centra la entrega diaria de la Reforma del Estatuto. 18 meses para nada.

LOS TITULARES

El País: El Gobierno catalán juzga inconstitucional parte del modelo de financiación de CIU/ Gobierno y autonomías cancelan 85 de los 318 conflictos de competencias.

El Mundo: El tripartito presentará enmiendas conjuntas para asimilar su modelo financiero al de CIU/ ERC advierte al Gobierno de que la negociación de los Presupuestos será más difícil si no hay Estatuto.

ABC: ERC amenaza al Gobierno con dificultar los presupuestos si no hay nuevo presupuesto.

La Razón: Ibarra, “harto” del debate catalán, traslada al PSOE que no repetirá en la Ejecutiva.

La Vanguardia: Maragall y Mas negociaron en secreto para llegar a un pacto sobre el Estatut/ El tripartito empieza a estudiar en Madrid fórmulas de estabilidad si fracasa el Estatut/ ERC garantiza a sus aliados que no pactará por su cuenta con CIU

Avui: ERC presiona al PSC e Iniciativa para acercar financiación a CIU/ El PSC mantiene que no piensa llevar a Madrid un Estatuto inconstitucional/ Solbes aceptará el calculo del saldo fiscal que quiere Cataluña.

LA INFORMACION

Pasqual Maragall y Artur Mas se reunieron dos veces en secreto en la primera semana de septiembre, según informa en su edición de hoy LA VANGUARDIA, para propiciar un pacto sobre el Estatuto. Según este rotativo, en el segundo encuentro llegaron a un principio de acuerdo sobre el blindaje de la financiación que, sin embargo, no se mantuvo en la reunión oficial del día 7. Maragall transmitió a Mas, siempre según LA VANGUARDIA, que formulara una propuesta de financiación que recogiera una referencia a la Constitución y que no blindar el modelo mediante los derechos históricos, con el fin de permitir un ensamblaje con el dictamen del Consejo Consultivo.

El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, hizo saber a CiU que el Gobierno catalán considera "políticamente inviable" su propuesta, con "aspectos claramente inconstitucionales". Así lo refleja EL PAIS, que considera que la propuesta de CiU coloca al Estatuto "en situación crítica".

Menos contundente, el consejero de Comercio, Josep Huguet, rechazó la propuesta en la forma pero no en el fondo. En su opinión, se trata de una propuesta "gemela" a la del tripartito.

Mientras, el líder de CiU, Artur Mas, indicó ayer que "Cataluña probablemente no llegará al concierto económico puro, pero se puede acercar". Mas reiteró que la Generalitat debe administrar y recaudar todos los impuestos en Cataluña y pactar con el Gobierno, de forma bilateral, una cuota de retorno.

Por su parte, EL MUNDO señala que el tripartito presentará enmiendas conjuntas para asimilar su modelo financiero al de CiU. Para EXPANSIÓN, la propuesta fiscal de CiU "no agrieta la solidez del tripartito". Por el contrario, LA GACETA entiende que dicha propuesta "divide al tripartito".

En otro orden de cosas, el portavoz parlamentario de ERC, Joan Puigcercós, aseguró ayer en el Congreso que, sin no sale adelante el Estatuto de Cataluña, la negociación de los Presupuestos para 2006 será "más compleja y difícil". Puigcercós matizó que la única hipótesis que contempla es la de la aprobación del Estatuto.

LOS EDITORIALES

“El papel del supremo”, EL PAIS. Asegura que al presidente del Supremo le preocupa que la reforma del recurso de casación pueda dar paso a un “desapoderamiento” del Supremo como órgano jurisdiccional. Son evidentes los riesgos que para los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley jurídica comportaría la proliferación de resoluciones judiciales divergentes o contradictorias sobre supuestos o hechos idénticos según el lugar de España en el que se dictaran. Pero indica que no se ve en qué puede trastocar esa función del Supremo, como teme su presidente, una reforma del recurso de casación que reforzaría su carácter de órgano unificador de doctrina en todo el territorio, más propio de su rango jurisdiccional, y que descargaría a su Sala de lo Penal de un trabajo que lo desborda.

“De blindajes, derechos históricos y otras patrañas”, EL MUNDO. Ante las últimas peticiones de blindaje, caso del Estatuto aragonés, y reclamaciones de derechos históricos, Estatuto catalán, el diario señala al Gobierno como único responsable de esta deriva tan disparatada y anacrónica. Tal es así, que algunos de sus propios aliados parlamentarios han denunciado que el PSOE carece de un modelo de Estado, por lo que los trabajos de reforma de los estatutos se están haciendo a ciegas. Así, en lugar de establecer con claridad hasta dónde se puede llegar, el Gobierno negocia reducir los ‘blindajes’ a la mitad, descafeinar el contexto donde se definirá a Cataluña como nación o hacer digerible un sistema insolidario de financiación.

ARTICULOS DE OPINION

“Salga, presidente”, Fernando Ónega. LA VANGUARDIA. Dice que el ambiente de pesimismo que inunda nuestro país sólo puede deberse a dos cosas: o está calando la técnica de la oposición, que ha elegido la vía del tremendismo, o estamos ante el triunfo del ruido mediático que presenta a España como un país en descomposición. Y ante esta situación denuncia la aparente falta de liderazgo político, ya que el presidente Zapatero está como ausente.

“Los socialistas tienen un Houston”, Iu Forn. AVUI. Afirma que pase lo que pase con el Estatuto catalán, el edificio socialista se resentirá.

¿Busca CIU el Fracaso del Nuevo Estatuto?

Por Narrador - 26 de Septiembre, 2005, 4:28, Categoría: Estatuto Catalán

En el sainete diario de la reforma del estatuto de autonomía catalán hoy vemos actuaciones de CIU que se podrían entender como encaminadas a que la reforma fracase. Tiempo al tiempo. Por cierto el tal Carod, el amigo de la ETA, publica un artículo en AVUI. Se lo ofrecemos resumido no Merche la pena leerlo en su integridad y menos en catalán. En cuanto a Margarita Robles más de lo mismo.

LOS TITULARES

El País: El Gobierno catalán acoge con cautela el plan de financiación de CIU similar al cupo vasco/ El tripartito y CIU corrigen 14 de los 19 artículos inconstitucionales/ El sistema propuesto por CIU “no gusta” al Gobierno Central.

El Mundo: El tripartito ve imposible un acuerdo con CIU pese a que Mas propugna controlar “la llave del cajón”/ El Gobierno cree que CIU quiere hacer fracasar el Estatuto catalán con una propuesta “inadmisible” (despiece).

ABC: CIU maquilla su modelo de financiación, pero no renuncia al concierto económico.

La Razón: El Gobierno fija ahora para la Almudena el debate del Estado de las Autonomías/ El Gobierno catalán cree “inasumible” y “difícil” de encajar la propuesta de CIU/ El tripartito y CIU pactan soluciones a 14 de las 19 inconstitucionalidades detectadas.

La Vanguardia: El Govern acoge con interés la propuesta financiara de CIU y se aviene a negociar/ Mas cree que el Govern “no nos puede decir que no” y avisa de que CIU no puede retroceder más/ El Gobierno considera inasumibles los aspectos centrales de la iniciativa de CIU en financiación/ PSC, ERC e ICV acotan el alcance de los derechos históricos pero discrepan del método (despiece).

El Periódico: El PSC rechaza de pleno la última propuesta de financiación de CIU/ Primeros acuerdos para adaptar el Estatut al Consultiu.

Avui: El Gobierno (autónomo catalán) prevé difícil el acuerdo pero valora que CIU se mueva/ Mas se ampara en el Estatuto del 79 para constitucionalizar su modelo de financiación/ CiU, ERC e ICV acercan posiciones por concretar los derechos históricos/ El PP sostiene que ha quedado excluido de las negociaciones porque sobrepasa la Constitución.

LA INFORMACION

El Gobierno catalán considera que la nueva propuesta de financiación planteada ayer por CiU ha abierto la puerta a la posibilidad de un pacto, pese a reconocer que la misma contiene "elementos de difícil encaje" respecto al modelo que defiende el Ejecutivo de Pasqual Maragall. En este sentido se expresó el primer consejero de la Generalitat, Josep Bargalló, quien indicó que pese a que hay determinados planteamientos difícilmente aceptables se abre "un proceso negociador", que, en su opinión, "será más difícil que fácil".

Por su parte, el consejero de Economía, Antoni Castells, dijo ayer que algunos de los puntos de la propuesta de financiación planteada por CiU "son difícilmente asumibles", ya que, según indicó, no se pueden "incluir elementos que tengan sombras de inconstitucionalidad".

La valoración de Bargalló es interpretada de distinta manera por los diarios. Así, EL PAIS dice que el Gobierno catalán "acoge con cautela el plan de financiación de CiU". Por su parte, EL MUNDO apunta que "el tripartito ve posible un acuerdo con CiU pese a que Mas propugna controlar ''la llave del cajón''". Por el contrario, LA RAZON destaca que "el Gobierno catalán cree ''inasumible''" la propuesta de CiU. Para LA VANGUARDIA, el tripartito "acoge con interés la propuesta financiera de CiU y se aviene a negociar" y EL PERIODICO resalta que el PSC la rechaza "de plano".

Por su parte, el líder de CiU, Artur Mas, explicó que la propuesta está "inspirada" en el concierto económico solidario, de manera que la Generalitat recaudaría y administraría los impuestos que pagan los catalanes y pactaría bilateralmente con el Estado una "cuota de retorno". Dicha cuota incluiría el pago de servicios estatales prestados en Cataluña y una cantidad en concepto de solidaridad interterritorial que, en un primer momento, se calcularía teniendo en cuenta el esfuerzo fiscal y la población de Cataluña.

Mas advirtió de que se opondrá a cualquier modificación sustancial de su modelo, ya que, en su opinión, CiU ha hecho un "esfuerzo para acercarse a las posiciones del tripartito", por lo que consideró que no les pueden decir que no.

Mientras, el Gobierno central considera "inadmisible" y rechaza radicalmente la posibilidad de que el futuro Estatuto incluya algo parecido al Concierto vasco, tal y como propone CiU, según informan EL MUNDO y LA VANGUARDIA. Por su parte, EL PAIS señala que el sistema propuesto por CiU "no gusta" al Gobierno.

En otro orden de cosas, los grupos del tripartito y el CiU resolvieron 14 de los 19 puntos inconstitucionales detectados por el Consejo Consultivo en el proyecto de reforma.

LOS EDITORIALES

“¿Descarrilamiento final?”, EL PERIODICO. Si la postura de CiU sobre la financiación es definitiva se confirma que su intención es impedir la aprobación del Estatut.

“Una llave para cerrar el grifo de la solidaridad”, EL MUNDO. Inasumibles pretensiones de CiU.

ARTICULOS DE OPINION

“La trampa del Estatut”, Francisco Marhuenda. LA RAZÓN. Asegura que es difícil que España aguante la tensión que provocaría un modelo de organización territorial donde el País Vasco y Cataluña tendrían una capacidad de decisión, competencial y financiera, prácticamente soberanas. No será una solución federal, sino cuasi confederal. La reforma catalana establece la condición de nación y otras trascendentes concesiones. Las dificultades actuales no serán nada comparadas con la realidad que habrá dentro de unos años con unos nacionalismos envalentonados y con instrumentos soberanistas en sus manos.

“Cambios”, Margarita Robles. LA RAZÓN. Explica que en Cataluña lo que se está produciendo es un debate sobre la norma estatutaria. Señala que detrás de normas como los textos constitucionales o estatutarios hay siempre una cuestión política, pero para dar cauce a éstas en un Estado de derecho están los principios básicos del ordenamiento jurídico y el respeto a la Constitución, como norma máxima. Por ello conviene prestas atención a aquellos estudios, informes o dictámenes jurídicos que ayuden a situar cualquier tipo de norma en el marco constitucional. Cuando se debate el proyecto de cualquier texto legal en el ámbito parlamentario no debe concluirse que se está produciendo un problema de gran magnitud. Al contrario, esos debates no son sino la expresión más evidente del funcionamiento adecuado del estado de derecho, que tiene los mecanismos adecuados para su propio desarrollo. Por eso es bueno que haya cambios que permitan que las discusiones se centren en sede parlamentaria y no mediante el intento de imposición de fuerza.

“¿Constitucionalismo o inmovilismo?”, Josep-Lluís Carod-Rovira. AVUI. Dice que la Constitución española, en la utilización mayoritaria que se hace de ella, no deja de ser, en realidad, la expresión de un cierto miedo político, la manifestación de una determinada seguridad nacional española, un gesto a la defensiva que se resuelve en un atrincheramiento numantino contra los cambios. Por eso concluye que el constitucionalismo se traduce en inmovilismo. Por eso cuando en la redacción de un nuevo Estatuto para Cataluña se incluyen instrumentos para resolver los problemas de la sociedad catalana y el Consejo Consultivo indica que algunos de los instrumentos no caben a la Constitución, ¿qué solución queda? Continuar sin resolver los problemas porque la Constitución no lo permite o reformar la Constitución sin complejos y hacer frente a los desafíos propios de una sociedad moderna.

Exigencias Maximalistas de CIU

Por Narrador - 23 de Septiembre, 2005, 16:49, Categoría: Estatuto Catalán

El desastre de la reforma del estatuto de autonomía catalán sigue avanzando hacia nadie sabe dónde. Hoy el capitulo lo protagoniza CIU con sus exigencias maximalistas.

LOS TITULARES

El País: Maragall y Carod rechazan el “ultimátum” de CIU sobre el modelo de financiación/ Las correcciones del Estatut.

La Razón: CIU suaviza su propuesta de financiación para acercar posturas con el tripartito.

La Vanguardia: La propuesta de financiación de CIU levanta nuevas expectativas de acuerdo

El Periódico: CIU ultima una propuesta fiscal que pueda aceptar el tripartito.

Avui: CIU propone al tripartito una fórmula que mantiene el concierto.

LA INFORMACION

El líder de CiU, Artur Mas, alertó ayer de que votarán en contra del nuevo Estatuto si el tripartito catalán se opone a su última propuesta de financiación y que hoy será explicada por los nacionalistas. "La voluntad de CiU de hacer propuestas tiene un límite", aseguró, si bien insistió en que su propuesta no es un "ultimátum". Mas añadió que la propuesta que darán a conocer supone una "prueba" para el tripartito "de su voluntad de hacer un Estatuto ambicioso y potente".

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, dijo que está "fuera de lugar" lanzar ultimátums. En el caso de que fracase la reforma estatutaria el presidente catalán no anticipará las elecciones. El portavoz de la Generalitat, Joaquim Nadad, dijo que el Ejecutivo catalán está trabajando para conseguir un Estatuto "con ambición", pero "perfectamente integrado en el marco constitucional". El líder de ERC, Josep Lluis Carod-Rovira, pidió a CiU "patriotismo" y que no se "atrinchere en posiciones inmovilistas".

Para LA VANGUARDIA la propuesta de financiación de CiU "levanta nuevas expectativas de acuerdo". Según este diario, el tripartito ve con interés algunas de las ideas que hoy presentará Mas.

Bla, Bla, Bla…

ARTICULOS DE OPINION

“El arte de Maragall”, Miguel Ángel Aguilar. EL PAÍS. Hace referencia a la entrevista de Maragall publicada el domingo, en LA VANGUARDIA, y asegura que en ella Maragall pronostica el reconocimiento por las Cortes de una nación catalana con dimensión de Estado, lo cual parecería una demostración de optimismo antropológico sólo equiparable a las que prodiga el presidente Zapatero. Pero lo mejor es que Maragall con ese arte especial que tanto se aprecia en Madrid recurra a una expresión castiza, al borde de la más elegante indolencia, para añadir sin molestarse en mayores precisiones que hay que cambiar más de cuatro cosas de al Constitución. Claro que, después de todo ese recorrido tan arriesgado y de haber acudido incluso al Barça, el president se alivia diciendo que si al final no hubiera Estatut ni se sentiría obligado a ir a elecciones, ni a rasgarse las vestiduras.

“El ‘Estatut’ actual es mejor”, Valentí Puig. ABC. Afirma que el motor principal de la reforma estatutaria ha sido el oportunismo y esa es la marcha que no se quita fácilmente. Maragall propuso la reforma porque calculaba que, ya como presidente de la Generalitat, el ocupante de La Moncloa sería Mariano Rajoy. La reivindicación estatutaria permanente le permitiría seguir jugando con el sentimentalismo de pertenencia maltratada que es propio de aquellos sectores de la sociedad catalana que se sienten más cómodos en el victimismo que en el afán de competir. Concluye indicando que lo mejor que le puede pasar al nuevo proyecto estatutario es que no se apruebe porque como Estatuto vale el existente, aunque sólo sea porque es constitucional.

“Catástrofe sin plan B”, Xavier Bru de Sala. LA VANGUARDIA. Mantiene que si no se aprueba el Estatuto catalán sería el peor de los fracasos políticos en siglos. El peor porque las causas del fiasco serán en primer lugar internas, en ausencia de ejército que venza la opción defendida por la mayoría de los catalanes. Nadie está todavía en situación de prever los daños que podría ocasionar, pero temerario debería ser quien considerara que al día siguiente se pondría en marcha otro proyecto de parecida importancia colectiva, si bien no tan rimbombante. La oportunidad es única, no hay segunda opción.

“Planes de emergencia”, Lluís Fox. LA VANGUARDIA. Se muestra pesimista ante el futuro del texto estatutario y asegura que sea cual fuere el resultado habrá que ir preparando un plan B en el caso de que el Estatut no salga de Catalunya y tener a mano un plan C en el probable supuesto de que el Congreso tumbe la propuesta que llegue del Parlamento catalán. Desconozco si el tripartito dispone de estos planes de emergencia. Deduzco que la decisión será agotar la legislatura, ya que no está en la intención de Maragall convocar anticipadamente a las urnas. Lo que el autor no alcanza a ver es cómo se va a gobernar hasta el final si el fracaso se materializa.

“Un Estatuto potente y moderno”, Joan Boada. AVUI. Como portavoz de Iniciativa defiende el texto del proyecto de Estatuto catalán y agradece el dictamen elaborado por el Consejo Consultivo, al que califica de valiente, profesional y pedagógico.

“El optimismo del presidente”, Josep Faulí. AVUI. Pese al aumento de las criticas hacia el texto catalán, el optimismo de Maragall ha aumentado. El presidente reconoce que el Estatuto cuando llegue a Madrid tendrá que ser sometido a algunos retoques, algo que en principio es lógico, pero no deja de ser una novedad porque es lo contrario a lo que ha repetido tantas veces. Reconoce que Zapatero ya no tiene porque aceptar el texto que salga del Parlamento catalán, una circunstancia que reduce las posibilidades de negociación del PSC. De este modo, al liberarse de la necesidad de complacer a Zapatero los socialistas tendrán más posibilidades de sintonizar con sus compañeros de negociación.

Diada, Estatuto y ERC Agredida por Radicales Independentistas

Por Narrador - 21 de Septiembre, 2005, 3:11, Categoría: Estatuto Catalán

Miren por donde que los habituales ataques e insultos de los independentistas catalanes tuvieron este año como diana a Ezquerra Republicana y Carod Rovira. Parece que el sujeto para estos elementos es un traidor… Quien siembra vientos, antes o después recoge tempestades. Al margen de este matiz en cuanto al estatuto más de lo mismo. 

LOS TITULARES

Reforma Estatut Catalunya:

El Mundo: Maragall y los partidos catalanes convierten la Diada en una jornada de reivindicación del Estatut.

El País: Maragall celebra la Diada de este año como la que marcará el nuevo año.

ABC: El tripartito convierte la Diada en un acto de reivindicación del nuevo Estatuto.

La Razón: El PSC transforma la Diada en un acto reivindicativo del nuevo Estatut.

La Vanguardia: La Diada no logra el consenso en torno al Estatut que pide Maragall.

El Periódico: Los catalanes quieren un Estatut de acuerdo con la Constitución. El papel de Maragall en el Estatut, mejor valorado que el de Mas. Maragall promete que el Estatut dará paso a la reforma social. Pujol reivindica a CIU como único nacionalismo útil frente a ERC. La tensión política se repite hoy en el acto institucional.

Avui: Un último esfuerzo por el Estatuto.

LA INFORMACION

La celebración de la Diada comenzó con la tradicional ofrenda de instituciones y partidos políticos ante la estatua de Rafael de Casanovas, que volvió a estar marcada por los insultos de grupos independentistas radicales. Por segundo año consecutivo el PP no asistió a este acto, pero sí los representantes de ERC, que no se libraron de los abucheos y fueron recibidos entre gritos de "botiflers [traidores]". Poco después, en un homenaje a los caídos en el asedio a Barcelona en 1714 celebrado en el Fosser de les Moreres, la delegación de las juventudes de ERC tuvo que abandonar el acto tras soportar forcejeos y golpes de grupos radicales.

La reivindicación de un nuevo Estatuto para Cataluña centró ayer los discursos institucionales pronunciados con motivo de la celebración de la Diada Nacional. "El Onze de Septiembre de 2005 quedará marcado como la Diada del Estatuto", afirmó el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, en el Parlamento autonómico (Eso será si será así si hay estatuto que tal como va ‘la cosa’ lo dudamos más que mucho). Maragall se mostró seguro de que la generosidad patriótica de todos los líderes políticos catalanes hará posible la aprobación de la reforma del marco estatutario. "La ambición de este país en este momento es compartida por todos, es prácticamente unánime, y estoy convencido de que en poco tiempo tendremos el Estatuto que Cataluña se merece" (¿Queda muy mal si nos carcajeamos?) En la misma línea, el conseller en cap, Josep Bargalló, aseguró que la de ayer será la última Diada que se celebra "en el actual marco político" y dio por hecho que en 2006 habrá "un nuevo Estatuto, una nueva financiación y nuevas posibilidades de progreso social y cohesión territorial" ¿Cuál será el próximo marco?  

En contraposición a las declaraciones de los miembros del tripartito, el líder de CiU, Artur Mas, dijo a los periodistas que se sentía "muy decepcionado" tras su entrevista con Maragall el pasado miércoles. Según Mas, los principios de acuerdo alcanzados aquel día "no duraron ni 24 horas porque los suyos se encargaron de cargárselo", en alusión a las declaraciones desde PSC y PSOE, que al día siguiente descartaron el blindaje de la financiación acordada con Maragall. Por ello, el líder nacionalista volvió a reclamar al president "audacia" y que "evite doblegarse ante los intereses de su partido", según leemos en LA VANGUARDIA. En la misma línea, el líder de Unió, Josep Duran Lleida, dijo que CiU "hará el último esfuerzo de aproximación" al PSC con otra propuesta de financiación, aunque anticipó que ve difícil que los socialistas la asuman "porque el PSOE se lo impide".

La jornada concluyó con un macroconcierto en el Parque de la Ciutadella, al que asistieron más de 16.000, entre ellas el ministro de Industria, José Montilla, la vicepresidenta del Congreso, Carmé Chacón, y el presidente del Gobierno Balear, Jaume Matas. El gran ausente este año en los actos institucionales fue el ex presidente catalán Jordi Pujol, molesto por un documento difundido por el tripartito en el que se afirma que la celebración de la Diada se ha "dignificado" desde la salida de CiU de la Generalitat.

LOS EDITORIALES

“Diada y Estatuto”, EL PAIS. Cataluña celebró ayer una Diada sobre la que planeó el debate estatutario. Será difícil que el brindis en el Parlamento de los líderes de todos los partidos catalanes se repita al final de la negociación. En su mensaje institucional, Pasqual Maragall admitió que este último esfuerzo "no será fácil", pero manifestó su esperanza de que termine bien, con un texto que abra una nueva "etapa fraternal" con los pueblos de España. Un Estatuto que, según sus palabras, exige "la generosidad patriótica" de los partidos. Unas formaciones políticas que han de ceñirse al marco constitucional delimitado por el Consejo Consultivo si quieren presentar un proyecto estatutario viable y asumible. Destaca por otro lado este rotativo el desdén de Pujol hacia la celebración de la Diada. Una desafortunada manifestación de la consejera de Interior lamentando la falta de dignidad institucional de la jornada durante los gobiernos de CiU fue usada como excusa por el ex presidente Jordi Pujol para no acudir, a pesar de las reiteradas disculpas de la consejera. Un gesto que no merecía una Diada donde abundaron los buenos augurios sobre el Estatuto.

“De la Nación al Estado, que tome nota Zapatero”, EL MUNDO. El tripartito y la clase política catalana celebraron ayer la Diada con una serie de actos caracterizados todos ellos por un denominador común: la exaltación de Cataluña como país, nación y patria. Un eufórico Maragall aseguró que ésta ha sido la última Diada sin nuevo Estatuto y que el tripartito formado pro el PSC-ERC e IC ha "dignificado" la fiesta nacional catalán, decaída bajo el mandato de Pujol. El ex presidente de la Generalitat no asistió a la recepción en protesta por esta acusación de su sucesor. Para diario de Pedro J los actos de la Diada pusieron de manifiesto con claridad que Maragall y su Gobierno están redoblando esfuerzos y presión en la ofensiva final para la reforma del Estatuto. Y, de acuerdo con las declaraciones de unos y otros, parece que el tripartito no se va a conformar con un texto que pudiera ser aceptado por el Gobierno de Zapatero y por las Cortes Generales, sino que aspiran a más. Maragall, el PSC y los líderes de ERC proclamaron que la de ayer fue la ''Diada del Estatut'' y hay que preguntarse en este punto qué fue de la voluntad de Zapatero de liderar el debate sobre la reforma del Estatuto en su partido, tal y como anunció el PSOE al comienzo de este curso político. Es posible que el silencio, la tolerancia y la complicidad con que el presidente del Gobierno se conduce con Maragall mantenga su popularidad en Cataluña, pero es seguro que son profundamente perjudiciales para la España constitucional que el tripartito quiere desbordar.

“Carrera soberanista en la Diada”, ABC. Los actos de la Diada fueron escenario ayer de una carrera de reivindicaciones marcadas por el "y yo más". Todos, a excepción del PP, utilizaron la jornada para sacar el máximo partido, en términos de autogobierno, a la reforma estatutaria en ciernes. No se quedó atrás el ministro Montilla, que es un ejemplo de ductilidad y de adaptación al medio. Cada cual marcó su territorio y colocó su pica en lo más alto de la montaña nacionalista. Nada nuevo bajo el sol de Cataluña, unidos todos, menos el PP, en el convencimiento de que la Diada de ayer era la última antes del gran salto. Veremos donde colocan el listón.

ARTICULOS DE OPINION

“Encerrados con un solo juguete”, Félix Ovejero. ABC. Pese al desinterés mostrado por los ciudadanos hacia el Estatuto, el autor opina que "los políticos catalanes viven en otro mundo". Y se pregunta: "¿Sobrevivirá la clase política al ridículo de haber ocupado su tiempo y el de todos en inventarse un problema para el que no tienen solución?".

“¿Sómos españoles los catalanes?”, Jorge Trias. ABC. "Los miles de catalanes que vivimos y trabajamos en Madrid está claro que siempre nos hemos sentido españoles. Y de ese mismo sentimiento goza la inmensa mayoría de catalanes que vive y trabaja en Cataluña. Sin embargo, ¡que curiosa mutación se produce cuando quienes manifiestan ese sentir, o simplemente, interés de ser español, lo hacen en Cataluña!. España entonces desaparece por completo.

“El derecho y la estrategia”, Germán Yanke. ABC. Compara los procesos de reforma de los estatutos en el País Vasco y en Cataluña y asegura que en el caso de la última, después de una acelerada temporada táctica, en la que todo parecía plantearse para dar satisfacción a la nueva coalición gobernante, ésta se ha empeñado a forzar el Derecho, que es precisamente donde el Gobierno español no tiene capacidad de maniobra. Cuando el presidente dijo en Barcelona que aceptaría la propuesta que le llegara de Cataluña pensaba que todo iba a quedarse, a diferencia del Plan Ibarretxe, en el territorio de la estrategia. La paradoja, al fin, es que Zapatero parece sentir optimista ante la estrategia y pesimista ante el Derecho.

“Las presiones por el Estatut deberían esperar”, Jordi Juan. LA VANGUARDIA.  Apunta que el Gobierno catalán debería tratar de seducir y nunca presionar el Barça ni a otras instituciones para que le apoyen en la reforma. Seguramente la mayoría de la población quiere un nuevo Estatuto y los partidos políticos que lo piden representan al 90% de los ciudadanos que votaron en las últimas elecciones, pero todo ello no les da un cheque en blanco para realizar este tipo de campañas. Primero han de lograr pactar un Estatuto y cuando éste se haya logrado sería el momento de activar la calle. Si lo hacen antes pareceré que lo único que les mueve es un interés partidista en presionar a los partidos que no tienen claro pactar cualquier Estatuto.

“Estatuto: cuenta atrás”, Joan Ridao. AVUI. Asegura que el dictamen del Consultivo ha vuelto a poner de manifiesto los límites del actual marco constitucional, que puede dificultar al Estatuto catalán la consecución de competencias imprescindibles en materias como la inmigración o infraestructuras. Este hecho legitima la propuesta de ERC de impulsar la reforma de la Constitución en un sentido federal. La Constitución se ha de poner al día porque no puede ser un obstáculo para el progreso del país. Ahora bien, esto no puede impedir que todo el esfuerzo negociados esté centrado en cerrar los temas de desacuerdo y enviar a Madrid una buena propuesta de Estatuto que tenga un amplio apoyo de los ciudadanos.

“Derechos históricos (y II)”, Josep A.Duran i Lleida. AVUI. Aborda el tema de una de las peticiones que recoge el Estatuto catalán: los derechos históricos. Comienza poniendo como ejemplo el proyecto de Estatuto valenciano en el que se intenta restaurar el marco existente antes de que la se derogaran las Constituciones, derechos y otros privilegios del Principado y los fueros de Aragón y del País Valencià. Cree necesario un financiamiento suficiente para poder desarrollar las políticas en los ámbitos competenciales correspondientes que amparen a los derechos históricos. Pero, afirma que con las competencias reforzadas por el reconocimiento de los derechos históricos pero sin recursos, quien hará las políticas será la administración central.

Diada Reinvindicativa

Por Narrador - 16 de Septiembre, 2005, 15:15, Categoría: Estatuto Catalán

Y dura y dura y dura… Como Duracell

LA INFORMACION

Según informan todos los diarios, Maragall aseguró que la reforma estatutaria será "posible" gracias a la "generosidad patriótica" de todos los líderes políticos catalanes. También defendió la mejora del autogobierno y la financiación, "sin dejar de ser solidarios", para llevar a cabo una "reforma social" y hacer de Cataluña "uno de los países más avanzados de Europa".

El presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó ayer que los partidos catalanistas "lo único que andan buscando desesperadamente es un Estatuto, el contenido es lo de menos lo que importa es que haya un Estatuto". En un acto celebrado en Málaga para presentar la plataforma Andaluces por el Cambio, Rajoy reclamó una reforma de los estatutos de autonomía de y de la Constitución "como se ha hecho en España desde 1978, con el acuerdo entre los dos grandes partidos". En este sentido, el líder popular insistió en que es "imprescindible" el diálogo entre el Gobierno y la oposición para "reafirmar la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles".

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, que hoy por primera vez no estará presente en el acto institucional de la Diada, reclamó ayer a CiU firmeza en la negociación del Estatut e hizo referencia a los derechos históricos que su formación reclama. "España está en deuda con Cataluña", afirmó Pujol en un acto organizado en el Fossar de les Moreres en homenaje a los muertos en 1714 en el asedio a Barcelona.

LOS EDITORIALES

“La "nación sin estado" de Sevilla y Bargalló”, EL MUNDO. La responsabilidad inicial es de Zapatero quien fue el primero en dar alas a las reivindicaciones catalanas, al decir en el Senado que entre nación y nacionalidad no hay diferencias. Un error cuyo coste podría ser enorme.

“Diada de 'emprenyats'”, EL PERIÓDICO. La Diada de este año está condenada a quedar contaminada por la tensión que impera en la vida política catalana. Paralelamente, las negociaciones del Estatut, al menos en la gesticulación, avanzan entre desencuentros y continuos ultimátums. No es éste el clima que debería acompañar el momento histórico en que se redacta un nuevo y necesario Estatut. Al contrario debe renovarse el espíritu de consenso y el juego limpio que hizo posible el aún vigente.

“Diada anómala”, LA VANGUARDIA. La presente Diada viene condicionada por la singularidad de un momento delicado en el que las fuerzas políticas tienen el reto de sacar adelante un nuevo Estatuto que actualice las ambiciones colectivas que estaban claras en 1979. Sería deseable que la celebración institucional de la Diada en años venideros, retomara su carácter unitario sin ausencias ni errores

ARTICULOS DE OPINION

¿Qué es una nación?, Javier Pradera. EL PAÍS. El máximo órgano de asesoramiento jurídico de la Generalitat considera inconstitucionales 19 artículos del proyecto de Estatuto de Cataluña y aconseja modificar otros 39.

“La prueba del primer estatuto”, Soledad Gallego-Díaz. EL PAÍS. El peso de rebatir a Maragall ha recaído en Fernández de la Vega y Sevilla, pero otros ministros, como Solbes, están dispuestos también a decir ''no''.

“Vidal-Quadras: "El Estatuto es venenosa y altamente anticonstitucional"”, Luis María Anson, LA RAZÓN. Zapatero con su legendaria ligereza política, ha abierto el melón constituyente. Conviene cerrarlo cuanto antes.

“¿Elecciones anticipadas?”, Manel Balcells i Diaz. AVUI. El vicesecretario de ERC advierte de que si el PSC mantiene el no reconocimiento de los derechos históricos de Cataluña y su incidencia sobre unas cuantas competencias, y eso impide el acuerdo final, para su partido sería muy complicado mantener el actual pacto de gobierno, y por tanto cualquier escenario electoral sería posible.

Incosntitucionalidad y Propuestas de Máximos

Por Narrador - 16 de Septiembre, 2005, 15:10, Categoría: Estatuto Catalán

Piqué considera la posibilidad de llevar la reforma del Estatuto al Constitucional mientras CIU sigue en sus propuestas de máximos. El circo continúa.

LOS TITULARES

LA VANGUARDIA: "El tripartito rehace el consenso del Estatuto pero CiU vuelve a disentir"

LA INFORMACION

El presidente del PP catalán, Josep Piqué, amenazó ayer con llevar el nuevo Estatut ante el Tribunal Constitucional si no se corrigen los puntos que el Consejo Consultivo de Cataluña estima que colisionan con la Carta Magna. "Si el texto que se aprueba aquí es el que conocemos, que es obvio que es inconstitucional por todas partes, sería una irresponsabilidad no presentar este recurso", dijo Piqué tras reunirse durante casi dos horas con el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. Asimismo añadió que espera que el PSOE haga lo mismo si se da la circunstancia, porque "la obligación de cualquier fuerza política democrática es llevarlo al Constitucional".

Piqué aseguró que los populares catalanes no contemplan tampoco abstenerse en el Parlamento autonómico cuando se vote la reforma del Estatuto porque, según explicó, instituye un modelo ideológico "nacional y social" que no es el de su formación política. En este sentido pidió a Maragall que no ceda a las tesis nacionalistas. "Puede haber la tentación por parte del president, a partir de la necesidad personal que tiene de que se apruebe el Estatut, de aceptar llegar a un pacto con CiU y ausmir sus tesis sabiendo que eso hace imposible que se apruebe en el Congreso", advirtió.

Los tres partidos que apoyan al Gobierno catalán y el primer grupo de la oposición, el de CiU, comenzaron ayer a redactar las bases para el acuerdo definitivo sobre la reforma del Estatut. En una reunión celebrada por los representantes de los cuatro grupos en el Parlamento catalán, acordaron seguir la senda marcada por el dictamen del Consejo Consultivo para adecuar el proyecto a la Constitución, según informa EL PAÍS. Este diario dice que ERC mantiene a pesar de ello la vinculación entre derechos históricos y determinadas competencias de la Generalitat, aunque las reduce de ocho a cinco. Entre las que acepta suprimir se cuenta la financiación.

LA VANGUARDIA, por su parte, destaca en titulares de portada que "El tripartito rehace el consenso del Estatut y CiU vuelve a disentir". Según el diario catalán, la coalición nacionalista considera que el nuevo texto no blinda bien la financiación. Asimismo, este rotativo lleva a primera las acusaciones de ERC e ICV al Gobierno de interferir en el proceso.

Por otra parte, ABC destaca que el sector crítico del PSC ha acusado a la dirección del partido de "trilerismo político" por el principio de acuerdo con CiU en el que se sientan las bases para aprobar el nuevo Estatuto. Según este diario, los críticos descalifican tanto las posturas próximas al nacionalismo del PSC como la indiferencia del PSOE.

LOS EDITORIALES

"La difícil posición de Piqué", EL MUNDO. El presidente del PP catalán, Josep Piqué, confirmó ayer a Maragall que su partido votará "no" al nuevo Estatuto catalán si el contenido se atiene a las pretensiones de CiU y ERC. Piqué es el único de los líderes políticos catalanes que ha expresado su total rechazo a los términos por los que transcurre la negociación estatutaria. El contundente pronunciamiento de Piqué, coherente con la estrategia del PP nacional, se produce después de que esta semana se haya reabierto el debate acerca del papel que tienen que jugar los populares en Cataluña. Es evidente que el PP tiene que imbricarse en la sociedad catalana porque los resultados electorales en esa comunidad son claves a nivel nacional, pero eso no significa que tenga que dedicarse a contentar un día sí y otro también a la clase política y empresarial que controla los resortes de Cataluña. Piqué debe tener un mensaje para los catalanes no nacionalistas, dice EL MUNDO, que considera que Piqué acierta en la letra de la canción que interpreta, lo único que tiene que hacer es no desafinar.

“Diada a la sombra del Estatut”, LA RAZÓN. Cataluña celebra mañana una Diada muy especial, marcada por la reforma de un Estatut con tramitación polémica y final incierto. La atmósfera es tan densa que por momentos se hace incómoda. Que una personalidad de tanto relieve como Jordi Pujol haya amenazado con no asistir por la orientación con que se están organizando los actos es una clara muestra del talante del actual Gobierno autónomo.

“El Barça y la política”, EL PERIÓDICO. No hay novedad: la política está mezclada con el deporte y el Barça está comprometido con Catalunya.

ARTICULOS DE OPINION

“El nacionalismo como patología”, Martín Prieto. EL MUNDO. El Estatuto catalán ha demostrado el desacuerdo entre nacionalistas de derechas o izquierdas, y de entre todos entre sí. Es una jaula de grillos.

Reforma Estatuto - 9 Sept: El Gobierno Rechaza el Blindaje de la Financiación

Por Narrador - 13 de Septiembre, 2005, 22:22, Categoría: Estatuto Catalán

En la mascarada diaria de la reforma del estatuto catalán hoy el protagonismo le toca al Gobierno que afirma la inclusión de un sistema de financiación propia en el texto señalando que la financiación se pacta “entre todos y para todos” y no en los estatutos.

LOS TITULARES

El País: “El Gobierno rechazará un Estatuto catalán con sistema de financiación propia”.

El Mundo: “El Gobierno advierte a Maragall que la financiación se pacta “entre todos y para todos” y no en los estatutos”.

ABC: “El Gobierno desaprueba el pacto de Mas y Maragall para blindar su financiación”.

La Razón: “Carod, decidido a salvar el Estatut en el tramo final de su negociación”.

La Vanguardia: “El Gobierno advierte que no aceptará que Cataluña blinde su financiación”. “Carod comunica a Maragall que ERC acepta adaptar el Estatut al dictamen del Consultiu”.

El Periódico: “Carod propone 30 cambios en el Estatut que se ajustan al Consultiu”.

LA INFORMACION

Aleix Vidal-Quadras reiteró sus críticas a la reforma estatutaria, que, en su opinión, hará desaparecer el Estado español de Cataluña a la vez que  el presidente del PP de Cataluña, Josep Piqué, acusó ayer a Pasqual Maragall de "plegarse a las exigencias" de CiU, de comportarse "como un nacionalista" y de estar haciendo un Estatuto para una parte de la sociedad. Al respecto, criticó las presiones sobre el F.C. Barcelona para que apoye el Estatuto.

Precisamente y por sorprendente que resulte, el presidente del Barça, Joan Laporta, se mostró ayer a favor de un Estatuto ambicioso, en consonancia con las tesis más nacionalistas, según subraya en su portada EL MUNDO. Laporta reclamó la "inclusión de los derechos históricos, el concierto económico y el blindaje de competencias".

El líder de ERC, Josep Lluis Carod-Rovira, entregó ayer al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, 30 propuestas elaboradas por su formación "para dar salida a las posiciones de los partidos dentro de los criterios del Consejo Consultivo" para adecuar el Estatuto a la Constitución. Carod mostró "la convicción más absoluta de que habrá acuerdo" entre los partidos políticos catalanes, ya que percibe un "clima de voluntad" de pacto, y afirmó que se ha entrado en una etapa de "política en mayúsculas".

La socialista Manuel de Madre consideró "muy positiva" la actitud de Carod en la fase final del Estatuto y puso la labor "constructiva" de ERC como ejemplo a seguir "por todos los partidos", en alusión implícita a CiU mientras recordaba que el Consejo Consultivo "avala la bilateralidad" del modelo de financiación entre Estado y Generalitat en su dictamen sobre la constitucionalidad del Estatuto. Tras reunirse con Maragall, De Madre indicó que la posibilidad de un acuerdo con CiU depende de "la constitucionalidad de las propuestas, y reiteró la intención de los socialistas de atenerse al dictamen del consultivo de forma íntegra. La dirigente del PSC recordó, asimismo, que mantienen su apuesta por una nueva ley electoral, que haga "que tenga más diputados quien más votos recibe", al que, subrayó, no sucede en la actualidad.

Esta última alusión fue interpretada por el portavoz de CiU, Felip Puig, como "una provocación" destinada a "torpedear" el acercamiento logrado la víspera entre Maragall y Mas. No obstante, dijo que no caerán en la "trampa" y mantendrán el diálogo con el presidente de la Generalitat para buscar un acuerdo sobre el Estatuto.

Desde el PSOE, el responsable de Política Autonómica, Alfonso Perales, recomendó que el Estatuto asuma todas las recomendaciones del Consultivo sin excepciones. Perales añadió que la posición socialista es que el Estatuto catalán se apruebe "con las reglas que demanda el sentido común".

Por su parte el Gobierno rechazó ayer la propuesta de "blindar" la financiación de Cataluña en la reforma del Estatuto, tal y como acordaron la víspera el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el líder de CiU, Artur Mas. En este sentido, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega recordó que "los estatutos sólo podrán recoger principios generales sobre la financiación". De la Vega añadió que el sistema no puede fijarse de forma bilateral sino en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y subrayó que el futuro modelo "se negociará entre todos y será para todos".

EL MUNDO interpreta la respuesta del Gobierno como una desautorización pública al acuerdo entre Maragall y Mas. El diario añade que si el Estatuto que llegue a las Cortes incluye un modelo cerrado de financiación podría entenderse que vulnera la Constitución, por lo que sería rechazado. Según LA VANGUARDIA, un proyecto que presentase graves tachas de inconstitucionalidad podría no pasar siquiera la toma en consideración.

Sin embargo, dos consejeros del Gobierno catalán -Antoni Castells, de Economía, y Joan Saura, de Relaciones Institucionales- reiteraron ayer la voluntad de adoptar una fórmula para blindar la financiación. Castells propuso que la financiación esté sujeta a la Constitución, pero no a las leyes estatales. Por su parte, Saura dijo que pretenden incorporar el blindaje "para evitar que el Estado pueda tomar decisiones de forma unilateral que modifiquen la financiación de Cataluña".

LOS EDITORIALES

“Estatut y funambulismo político”, ABC. Señala que el problema del Estatuto catalán y de las propuestas alternativas que se están planteando es que tienen un margen de inconstitucionalidad mucho más amplio que el que ha recorrido el Consultivo con su limitado dictamen. La prueba más evidente es que no ha considerado inconstitucional la definición de Cataluña como nación, piedra angular de una reforma estatutaria a la que el Ejecutivo catalán y CiU quieren seguir dando carácter constituyente”.

“Ofensiva de los forofos nacionalistas ante La Diada, El Mundo. Aprecia un aumento de la presión nacionalista en Cataluña a favor del nuevo Estatuto. “A la jugada ha venido a sumarse el presidente del Barça. Joan Laporta no sólo ha decidido desplegar en el partido del Camp Nou del domingo una pancarta con la leyenda: “Volem un nou Estatut”, sino que ayer mismo defendió con ardor los “derechos históricos, el blindaje de competencias” y hasta el “concierto económico” ante una audiencia compuesta por 300 escolares. (...) Esta ofensiva del forofismo nacionalista no sólo pone en serios apuros al Gobierno de Zapatero, sino que está despertando una profunda antipatía en el resto de España”.

ARTICULOS DE OPINION

“Estatutihno”, Federico Jiménez Lozanitos. EL MUNDO. Opina que “Que tenga que ser Ronaldinho el estandarte del nuevo intento secesionista catalán demuestra su profunda debilidad política. Es el proyecto de una clase dirigente irresponsable, corrompida, egoísta y provinciana, la tribu del 3 por ciento, que busca más poder y más dinero, pero que no tiene otra cosa que ofrecer a los ciudadanos que victimismo, irracionalidad, manipulación histórica y las infinitas facetas del rencor que definen al nacionalismo. Que no quiere ciudadanos con ideas, sino forofos o hooligans”.

El Estatuto del “Barça”, Alfonso Ussía. LA RAZON. Escribe que “Incomprensiblemente, en España hay centenares de miles de partidarios del “Barça”. Escribo que no lo comprendo porque el “Barça” es un gran club español que rechaza su españolidad. Eso en Cataluña puede ser rentable, pero no en Madrid, Castilla, Andalucía o Cantabria. (...) En el fondo, se trata de sembrar la antipatía en toda España por un club de trayectoria admirable. A tiempo están de no hacer el canelo. Piensen en las decenas de miles de “culés” que hay repartidos por España y cúbranse los ombligos, los complejos, los victimismos y los aldeanismos baratos”.

“Sentido de la responsabilidad”, Jordi Sànchez. AVUI. Dice que tras varias semanas de incertidumbre, después de la reunión mantenida entre Maragall y Mas parece que puede haber Estatuto. Una lectura detenida del informe del Consultivo no permite afirmaciones que descalifiquen plenamente el contenido del posible Estatuto, porque el mismo organismo que considera algunos aspectos inconstitucionales también dictamina que aspectos como las relaciones de bilateralidad o la reforma de las leyes orgánicas o incluso la capacidad de blindaje de las competencias son perfectamente constitucionales. Además afirma que el Estatuto que se puede aprobar, siguiendo los criterios del Consultivo, es mejor que Estatuto que tienen.

Maragall Acuerda con Mas Ignorar la Inconstitucionalidad del Estatuto

Por Narrador - 12 de Septiembre, 2005, 6:07, Categoría: Estatuto Catalán

En la delirante entrega diaria de la reforma del estatuto encontramos un acuerdo entre Maragall y Mas para obviar la inconstitucionalidad del texto. La historia continúa y no hay que darle más vueltas.

LOS TITULARES

El País: “Maragall y Mas perfilan un principio de acuerdo sobre el ‘blindaje’ de la financiación”, “La propuesta de CIU supone un modelo financiero para Cataluña que ninguna ley estatal pueda recortar”

El Mundo: “La reunión de Maragall con Mas allana el camino hacia el acuerdo estatutario” “La plantilla del Barcelona CF se desentiende de la reivindicación política y no lo llevará la pancarta”

ABC: “Maragall y Artur Mas rompen el bloqueo y acercan posturas en la Reforma del Estatut”

La Razón: “Maragall y Mas sacan de la UCI al nuevo Estatut”

La Vanguardia: “Maragall y Mas ceden para buscar una salida al Estatut”

El Periódico: “Maragall y Mas abren una vía para desbloquear el Estatut”.

LA INFORMACION

El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el líder de CiU, Artur Mas, consiguieron ayer desbloquear las negociaciones sobre el futuro Estatuto catalán. En la reunión de ayer ambos líderes alcanzar un principio de acuerdo para introducir en el proyecto una fórmula de "blindaje" de la financiación de la Generalitat, y, a cambio, CiU se comprometió a "incorporar" en su modelo de financiación "algunos elementos" de la propuesta del tripartito. "El presidente de la Generalitat acepta el concepto de blindaje de nuestro modelo de financiación. Una vez definido dentro del Estatuto, lo que diga en él se sitúa por encima de cualquier otra ley estatal que hable de financiación", dijo Mas. Maragall y Mas también acordaron aceptar el término excluyentes para definir las competencias propias de la Generalitat. El presidente catalán apreció un "punto de inflexión" en la negociación con CiU, si bien aún lo ve "difícil", según fuentes consultadas por EFE. Maragall pidió a Mas que atienda al dictamen del Consejo Consultivo y "todas sus recomendaciones", ante lo que el líder de CiU se comprometió a buscar soluciones.

En otro orden de cosas, el FC Barcelona lucirá una pancarta con el lema Volem un nou Estatut (Queremos un nuevo Estatuto) sobre el césped del Camp Nou el domingo antes del partido ante el RCD Mallorca.

LOS EDITORIALES

“Pasqual y cierra Cataluña”, El Mundo. Dice que “El presidente de la Generalitat, en su desesperado intento por sacar la reforma del Estatuto catalán del callejón sin salida en el que se encuentra, se comprometió ayer ante Artur Mas a blindar las competencias e incluso el sistema de financiación del nuevo estatuto “ante cualquier ley estatal”. O sea, que Maragall pretende que las competencias arrancadas por Cataluña al Estado autonómico y el sistema de financiación sean intocables pase lo que pase. En definitiva, quiere que el Estatuto catalán sea una norma supraconstitucional y que Cataluña tenga un sistema político al margen del resto de las comunidades, donde el Estado no tenga derecho a intervenir. Este compromiso de Maragall a cambio de que CiU flexibilice su posición es increíble después de que el dictamen del Consejo Consultivo estableciera que la apelación a los derechos catalanes como método de blindaje de competencias es contrario a la Constitución. Es evidente que el Gobierno socialista no puede aceptar la propuesta de su teórico compañero de filas. No sólo por inconstitucional, sino también por insolidaria con el resto de las comunidades. O bien el presidente catalán no tiene muy claro de lo que está hablando, o bien está tan desesperado que ha decidido huir hacia adelante porque ya lo ve todo perdido”.

“Barça y Estatut”, ABC. Señala que “Si, al final, la plantilla del Barça dice que “nones” a los intentos de Laporta de llevar a cabo este fin de semana un acto de apoyo al Estatut catalán en el Camp Nou, el presidente blaugrana habrá quedado otra vez en calzoncillos. Oleguer, que no oculta sus preferencias políticas, fue el más explícito al señalar que “son temas que no nos incumben y cada uno tiene sus ideas”. Sería chusco (háganse a la idea): Ronaldinho, Edmilson, Silvinho, Belleti, Motta, Eto´o, Deco, Giuly, Messi, Maxi, Larsson, Rijkaard, Van Bommel, Van Bornckhorst. ¿Y van...? Todos en apoyo del Estatut.... universal”.

“Más que una cumbre”, LA VANGUARDIA. Señala que sería un fracaso para Cataluña que la reforma estatutaria abriera una división en la clase política entre constitucionalistas y no constitucionalistas, pero también lo sería que la fractura se estableciera entre nacionalistas y no nacionalistas. El conjunto de las fuerzas parlamentarias catalanas se declara sobre el papel catalanista, y en la tradición del catalanismo político está el saber encontrar el común denominador en las grandes cuestiones del país. Se trata de una necesidad política que es además una exigencia aritmética del propio proceso de reforma. CiU y PSC están llamadas a protagonizar un pacto que actúe de catalizador del consenso con los otros partidos o  serán las más penalizadas si la ciudadanía observa una actitud cicatera.

"Giro positivo en el Estatut", EL PERIÓDICO. Afirma que "la entrevista de Maragall y Mas tal vez ha sido el paso decisivo cara a un posible acuerdo final", y añade que "era difícil de creer que los líderes partidistas no fuesen conscientes del coste político que deberá pagar quien, tras casi dos años de debate, frustre el nuevo Estatut y las mejoras que ya garantiza para los ciudadanos catalanes".

ARTICULOS DE OPINION

“Palabras, contextos y realidad”, José María Ruiz Soroa. EL PAÍS. Ante el debate generado sobre el término nación por las  reformas estatutarias el autor sugiere excluir de los textos normativos el nombre de nación o derivados, tanto por estar densamente impregnados de organicismo naturalista como por su fuerte carga potencial de efectos lesivos para los derechos de las personas. Es un término que acaba moldeando la convivencia, y casi nunca para bien. Habla de excluirlo en serio, para todos, también para España. Indica que ya es hora que tengamos una Constitución que proclame desde su primer precepto que la unión de los ciudadanos que la forman se fundamenta en su voluntad y no en una previa comunidad orgánica.

“Política contra la nación”, Ignacio Sánchez Cámara. ABC. Recuerda que los Estatutos no son asuntos privativos de las regiones y nacionalidades, sino que forman parte del ordenamiento jurídico español, derivado de la soberanía nacional que reside en el pueblo español. Si las instituciones regionales pueden elaborar nuevos Estatutos de Autonomía es porque así lo permite la Constitución y dentro de los límites que ella establece. El poder del tripartito deriva de la Constitución y de la soberanía nacional, no de una inexistente ciudadanía catalana. Lo mismo cabe decir del resto de los gobiernos autonómicos. Cree que hay cono un infantilismo que impera en la vida política, más preocupada por las palabras y los gestos que por la solución de los problemas de los ciudadanos.

Delirios sobre el Estatuto

Por Sin Pancarta - 11 de Septiembre, 2005, 3:55, Categoría: Estatuto Catalán

Sobre el juguete de Maragall, sobre el Nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña ya conocemos lo esencial, su constitucionalidad fuera de cualquier duda. Según una encuesta publicada recientemente por un medio catalán sólo el 2% de la población considera importante en su vida esta reforma. Ya habitual en este gobierno legislar para las minorías contra la voluntad de las mayorías pero los delirios de algunos políticos no deben perturbarnos en demasía ¿Conocerlos? Sí, porque nos afectan pero lo justo.

LOS TITULARES

Miércoles, 7 de septiembre de 2005

Estatuto Catalán:

El País: “El Gobierno apoyará el Estatuto catalán si se aceptan las objeciones del Consultivo”, “CiU sólo asume la parte del informe que respalda sus posiciones”, ”Los juristas avalan buena parte del nuevo Estatuto catalán”

ABC: “Rajoy rechaza el Estatuto catalán y pide cuentas al tripartito por el espectáculo”

La Razón: “El PP da por muerto el Estatut y exige su retirada”

La Vanguardia: “El Govern considera avalado el Estatut”

El Periódico: “Mas avisa de que dirá “no” al Estatut si recoge el dictamen del Consultiu”

LA INFORMACION

Miércoles, 7 de septiembre de 2005

Josep Piqué, aseguró ayer que su formación sólo respaldaría el Estatuto si el texto fuera distinto, "si se le diera la vuelta como a un calcetín, si se pasara de la noche al día, si fuera asumible y respetara el marco constitucional". Piqué dijo que para su partido es "inasumible" que el Estatuto "pretenda implantar un modelo de sociedad, que es un modelo político de parte". Mientras Mariano Rajoy, aseguró, ante los micrófonos de la cadena COPE, que tanto al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. como al jefe del Ejecutivo catalán, Pasqual Maragall, "les importa un comino" el contenido del proyecto. Razón no le falta.

Por el contrario el Gobierno central considera el dictamen del Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña como una "buena base" para que los partidos catalanes lleguen a un acuerdo del que surja un "buen Estatuto" en el Congreso de los Diputados, según declaró el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. El ministro insistió en que el dictamen "mejora sustancialmente" el texto y pidió al Ejecutivo tripartito que "tenga en cuenta" sus recomendaciones. El Gobierno catalán presentó ayer un informe jurídico sobre el dictamen del Consultivo y concluye que éste avala la constitucionalidad del Estatuto, al señalar sólo 19 artículos como inconstitucionales de una lista de 218 y 20 disposiciones.

Mientras, el secretario de Política Autonómica del PSOE, Alfonso Perales, auguró que "habrá una aproximación y un acuerdo con el calendario y el procedimiento establecido en Cataluña". En su opinión, en rechazo del dictamen del Consultivo sería un "suicidio político". El portavoz del PSC, Miquel Iceta, dijo que los socialistas no deben aceptar un Estatuto aprobado en el Parlamento catalán que llegue al Congreso con "el estigma del fracaso". Mientras, Joan Ridao, de ERC, explicó que su formación mantuvo la pasada semana contactos con representantes del PSC y CiU para analizar posibles vías de salidas en derechos históricos y financiación.

Desde CiU, Artur Mas adelantó que su formación sólo asume la parte del dictamen del Consejo sobre la propuesta del Estatuto que haya sido adoptada por unanimidad. El diputado Francesc Homs pidió que se tengan en cuenta "todas las interpretaciones" que ha hecho el Consultivo y advirtió al PSC que serían "un gran fracaso para Cataluña" que "alguien pretendiera dividir a la clase política y el país entre constitucionalistas y no constitucionalistas", como en el País Vasco.

LOS EDITORIALES

Miércoles, 7 de septiembre de 2005

“La encrucijada del Estatuto catalán”, EXPANSION. La severa intervención de Zapatero ante la dirección del PSOE debería marcar el inicio de una posición firme y contundente del presidente en contra de las veleidades inconstitucionales, aunque le cueste un enfrentamiento con el tripartito". Pero Zapatero debería dejar claro que la Constitución reserva para España en exclusiva el término nación. Un aspecto que el Consultivo catalán ha soslayado.

ARTICULOS DE OPINION

Miércoles, 7 de septiembre de 2005

“¿Cómo le estallará Cataluña a ZP?”, Isabel San Sebastián. EL MUNDO. En Cataluña, o Mas trunca con un “no” los planes de Maragall y fuerza unas elecciones que no ganaría el PSC y que llevarían al Palau de la Generalitat a una coalición nacionalista, o impone que llegue al Congreso un texto abiertamente inconstitucional e imposible de aprobar. En cualquiera de los dos casos, ZP pierde el auxilio de Carod y la mayoría exigua que le proporciona, con lo que se ve abocado a anticipar las generales, en medio de una profunda crisis estructural que añadir a las dificultades económicas que ya empiezan a entreverse y a la creciente división que evidencia el PSOE en torno a la necesidad y al modo de llevar a cabo unos cambios de modelo de Estado forzados por el chantaje nacionalista y la ambición personal del líder socialista catalán.

“Los cuatro ases del poder político”, Antonio Fontán. ABC. En referencia a las reformas estatutarias, Fontán afirma que ni el Gobierno, ni el Parlamento, ni los ministros, ni los portavoces del Gobierno o de la oposición con sentido de su responsabilidad política deben ni pueden abdicar de ser ellos, y las instituciones constitucionales deben ser las que tengan en sus manos los cuatro ases del poder político: defensa y política exterior, justicia, derecho y orden público, hacienda y educación y cultura. Añade que si se atribuyeran a los gobiernos territoriales competencias claramente exclusivas del gobierno general de la nación, éstos no dejarían de producir grietas en el edificio constitucional del Estado.

“¿A quién sirve el Consell Consultiu?”, Jordi Arguelaguet i Argemí AVUI. El autor señala que el dictamen del Consejo Consultivo sólo es la respuesta a una consulta. Reconoce que tiene valor, pero afirma que no es ninguna verdad revelada ni ninguna sentencia judicial. Pero ahora cree que ya no se puede cambiar, porque hay un dictamen con elementos muy preocupantes, que avala un recorte considerable a las expectativas del Parlamento catalán y también da apoyo a un retroceso en cuanto a la misma concepción del Estatuto y el autogobierno de Cataluña.

El Nuevo Estuto Catalán Definitivamente Inconstitucional

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2005, 16:59, Categoría: Estatuto Catalán

El dictamen del Consejo Consultivo sobre la reforma del Estatuto ha detectado 19 preceptos que no se ajustan a la Constitución y duda de la constitucionalidad de otros 39, así como rechaza por inconstitucionales las 16 enmiendas de CiU referentes a la financiación autonómica. Maragall pidió ayer "respeto" para el texto y avisó del riesgo de ignorar el dictamen porque dijo hay que "evitar" la presentación de un recurso de inconstitucionalidad al Estatuto. No se preocupen que en un par de días cambiará de opinión.

En este mismo sentido Montilla, alertó de que "hacer caso omiso" e "ignorar" el dictamen del Consultivo es "no tener interés" en aprobar un nuevo texto. También el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, hizo un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que acepten el dictamen y lo utilicen como "guía" para ajustar la reforma a la Constitución. El consejero de Economía, Antoni Castells, reconoció ayer que el Gobierno catalán "no puede ir a Madrid con una propuesta que el propio Consejo Consultivo considera inconstitucional", y se mostró partidario de "introducir" retoques que no alteren ni la filosofía ni la esencia del modelo. Teatro y más teatro, como si no conocieran la inconstitucionalidad de antemano.

Ángel Acebes, apuntó que el pronunciamiento del Consultivo viene a dar la razón al PP en su valoración de un texto que "no hay por donde cogerlo" y que "propone la secesión de una parte de España". Asimismo, el presidente del PP catalán, Josep Piqué, exigió a Maragall que abandone la idea de reformar el Estatuto, porque el Consultivo ha dejado al texto actual "herido de muerte". Pura lógica.

Carod-Rovira, subrayó que el dictamen "no tiene fuerza de obligar", e hizo un llamamiento a los partidos catalanes a modificar la Constitución, porque si lo que pide el Estatuto "topa" con la Carta Magna, "hay que cambiarla". Finalmente Artur Mas, advirtió de que su formación seguirá defendiendo las mismas posiciones en cuanto al sistema de financiación y la invocación de los derechos históricos para blindar competencias. Mas anunció que, en aquellos preceptos del Estatuto que hayan sido considerados inconstitucionales por una ajustada mayoría -cuatro miembros del Consultivo contra tres-, como en el caso de la financiación y los derechos históricos, CiU escogerá el criterio que le parezca "mejor para el país".

Ua en el colmo del surrealismo hemos sabido que el Barça está estudiando una fórmula para pronunciarse a favor del Estatuto durante el partido de Liga que el próximo domingo enfrentará al equipo azulgrana contra el Mallorca, en coincidencia con la Diada del 11 de septiembre, tras una petición expresa del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. El Barça argumenta que ya apoyó la aprobación de los textos de 1932 y 1979. Ver para creer…

LOS TITULARES SOBRE EL ESTATUTO CATALÁN

Martes, 6 de de septiembre de 2005

El Mundo: “CiU y ERC abogan por obviar el dictamen del Consultiu que secunda las tesis del PSC”.

El País: “La Generalitat asume el dictamen del Consultivo” “Acebes asegura que el Estatuto busca la secesión de Cataluña”

ABC: “El Consultivo impugna el núcleo del nuevo Estatuto pero acepta el término nación”

La Razón: “El Organismo Jurídico de la Generalitat tumba los principales pilares de la reforma estatutaria”

La Vanguardia: “PSC acepta el dictamen pero se abre a negociar y ERC sigue firme con los derechos históricos”

El Periódico: “CiU bloquea el Estatut al no admitir el dictamen del Consell Consultiu”

EL MUNDO

Martes, 6 de de septiembre de 2005

CIU Y ERC ABOGAN POR OBVIAR EL DICTAMEN DEL CONSULTIU QUE SECUNDA LAS TESIS DEL PSC

Leonor Mayor

Carod apuesta por cambiar la Constitución si ésta choca con el contenido del nuevo Estatut

BARCELONA.- Debería haber zanjado las discusiones sobre el contenido del Estatut, pero el dictamen que emitió ayer el Consell Consultiu -detectando 19 artículos inconstitucionales y expresando dudas sobre la constitucionalidad de otros 39- ha servido para todo lo contrario, pues ha evidenciado la existencia de dos bloques cada vez más diferenciados entre los partidos catalanes.

PSC e ICV están encantados con el informe, que no hace más que suscribir las tesis que los socialistas han mantenido durante los últimos meses de la negociación estatutaria. CiU y, en menor medida, ERC se sienten defraudados ante un dictamen que ha tumbado la mayoría de sus pretensiones y se plantean obviar las conclusiones del órgano encargado de velar por que las leyes de la Generalitat se ajusten a la Constitución.

Los nacionalistas se agarran como un clavo ardiendo al hecho de que el informe no es vinculante. Y es que el Consultiu ha considerado inconstitucionales sus dos propuestas estrella: el blindaje de las competencias a través de los derechos históricos de Cataluña y la introducción en esta comunidad de un sistema de financiación similar a los conciertos vasco y navarro.

El líder de CiU, Artur Mas, aseguró tras conocer el contenido del dictamen que el Consell Consultiu sólo emite «opiniones» y «no sentencias de obligado cumplimiento».

El dictamen del Consell Consultiu ha salido adelante con los votos a favor de cuatro consejeros: los dos nombrados por el PSC, el de ICV y el del PP. En las cuestiones más controvertidas ha contado con la oposición de los dos miembros de CiU y del de ERC, que han emitido sus correspondientes votos particulares.

Para Mas, los votos de los tres consejeros de CiU y ERC reflejan «la mayoría absoluta en la actual composición del Parlament» y, por tanto, en su opinión, el dictamen no puede ser definitivo, ya que «está dividido y partido por la mitad».

El presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, extrajo conclusiones similares y afirmó que el informe «no tiene fuerza para obligar, pues hace dictámenes y no sentencias». Como Mas, Carod destacó que «existe un empate técnico», pero fue más allá que el líder de la oposición al exigir una modificación de la Constitución.

«Si lo que se pide en el Estatut colisiona con la Constitución, hay que cambiarla», defendió Carod. Y añadió que «es evidente que lo que está desfasado es la Constitución y no Cataluña».

Las conclusiones de Mas y Carod chocan frontalmente con las del primer secretario de los socialistas catalanes, José Montilla, y las del máximo dirigente de ICV, Joan Saura.

Montilla, quien ve muy claro que el Parlament no puede enviar a Madrid un texto que no se ajuste a la Constitución, argumentó que es muy difícil que las Cortes aprueben el Estatut si éste no sigue las indicaciones del Consultiu, y subrayó que «no se puede ignorar» el contenido del dictamen.

Saura, que también es conseller de Relaciones Institucionales, se mostró satisfecho por el hecho de que el órgano de consulta sólo haya detectado 19 artículos inconstitucionales y afirmó que «siete u ocho de estos puntos son únicamente cuestión de modificar alguna palabra». En su opinión, «el 95% de las recomendaciones del Consultiu están en fase de superación».

A pesar de la evidente división en dos bloques de la política catalana, Saura apuntó la posibilidad de limar asperezas y se mostró convencido de que en los próximos días se alcanzará un acuerdo que permitirá aprobar un texto consensuado en Cataluña para mandarlo a Madrid.

El conseller recordó que el Consultiu considera inconstitucional que con los derechos históricos se blinden las competencias, es decir, que se evite que las leyes de bases estatales se apliquen en Cataluña. No obstante, destacó que el Consultiu sí ve ajustado a la Constitución el blindaje a través de la definición de las competencias de la Generalitat como exclusivas y «excluyentes».

En un primer momento, CiU defendió a capa y espada la introducción del término «excluyentes» y montó en cólera cuando fue suprimido de la redacción final a instancia del PSC. Ahora, con el reconocimiento de la constitucionalidad de esta fórmula, se abre la puerta para el acuerdo.

Mucho más complicado será lograr un pacto sobre financiación. El tripartito considera que CiU debe dar carpetazo a su propuesta tras el varapalo que le ha dado el Consultiu. Mas se reunirá mañana con Maragall para hacerle saber su postura y tratar de desencallar el asunto.

EL MUNDO

Martes, 6 de de septiembre de 2005

LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL CONSELL CONSULTIU

Sí a la reforma de leyes orgánicas, pero con matices

¿Puede el Estatut modificar leyes orgánicas estatales? Esta ha sido una de las cuestiones más controvertidas de la negociación estatutaria. El proyecto de ley aprobado en julio prevé que, a través del Estatut, se cambien cinco de estas normas. El Consell Consultiu entiende que el Estatut «no debería ser el instrumento constitucionalmente adecuado para reformar leyes orgánicas», pues «no tendría sentido alguno privar al Estado de su potestad para dictar leyes orgánicas». Pero la cosa tiene arreglo. El órgano de consulta entiende que sí cabe la posibilidad de «acompañar a la propuesta de Estatut la correspondiente proposición de ley orgánica, para que sea tramitada simultáneamente y esté en condiciones de ser promulgada al mismo tiempo que el Estatut». Si se usa esta técnica, el Consultiu da el visto bueno a que se reformen las leyes del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Régimen electoral General y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La Historia no blinda las competencias

Considera el Consultiu que los derechos históricos de Cataluña deben reconocerse, como los de otras comunidades, y secunda por tanto el artículo 5 de la propuesta de reforma, que establece: «El autogobierno de Cataluña se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán, que este Estatut incorpora y actualiza».Lo que ya no ve con tan buenos ojos es el uso que CiU y ERC quieren hacer de estos derechos históricos a través de la disposición adicional primera. Este precepto quiere evitar cualquier injerencia de la ley estatal en las competencias de financiación, la organización de las administraciones, el derecho civil, la lengua, la educación, la seguridad jurídica y la cultura. El Consultiu lo considera inconstitucional, pues, a su juicio, la interpretación de la Constitución «no permite incluir a Cataluña como integrante de los territorios forales que disponen de un régimen foral de derecho público».

Cataluña es una nación en un Estado plurinacional

Cataluña tiene derecho a llamarse «nación». El Consultiu argumenta que este concepto es «polisémico» y recuerda que «ha tenido diversas acepciones». En su opinión, la idea de nación no se ha identificado siempre con la de Estado, «sino que se ha definido desde las vertientes cultural, sociológica y también jurídica». Con esta argumentación, los miembros del Consell Consultiu -compuesto por Joaquín Tornos, Pere Jover (PSC), Jaume Camps, Agustí Bassols (CiU), Jaume Vernet (ERC), Joaquim Borrell (PP) y Marc Carrillo (ICV)- consideran que «hay nociones de nación que no son contradictorias».Y, aunque reconocen que esta interpretación «no es la única posible», concluyen que «el sentido que emplea el Estatut es distinto del que la Constitución predica de la Nación española, porque, en caso contrario no sería posible hablar de una nación de naciones o de un Estado plurinacional».

El concierto financiero no es exportable

Ni la de CiU ni la del tripartito. El Consell Consultiu afirma que ninguna de las propuestas de reforma del sistema de financiación autonómica lanzadas desde Cataluña es del todo constitucional. Pero es el plan de los nacionalistas el que se lleva la peor parte. El Consultiu cree que Cataluña no tiene derecho a disfrutar del concierto de «los territorios forales de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra», pues «no es titular de derechos históricos que permitan establecer un régimen diferenciado». También ve inconstitucional el intento de CiU de «negar competencia normativa estatal» o «imponer una agencia tributaria propia no coordinada».Tampoco se ajusta a la Constitución el plan del tripartito en su intento de «fijar el porcentaje de participación que corresponde al Estado» en los impuestos. Además, la propuesta del Govern es inconstitucional en su intento de concretar el principio de solidaridad, concluye el dictamen.

La educación pública puede ser laica

El de la educación es otro de los grandes debates de la reforma estatutaria. El tripartito quiere introducir la laicidad de la escuela pública catalana. Para CiU, tradicional defensor del modelo de escuela religiosa concertada, esta pretensión es inaceptable. Los nacionalistas pidieron al Consultiu que dictaminase sobre esta cuestión, que ha sido uno de sus caballos de batalla. Tras analizar el artículo 16.3 de la Constitución, el órgano de consulta considera que los poderes públicos tienen el compromiso de «garantizar a los padres que sus hijos, si así lo desean los progenitores, reciban formación religiosa». No obstante, el Consultiu no secunda la tesis de CiU, pues concluye que «la enseñanza pública laica no es incompatible con la formación religiosa que, si procede, han de recibir los alumnos», ya que «tanto la enseñanza laica como la formación religiosa de los alumnos son compatibles».

EL PAIS

Martes, 6 de de septiembre de 2005

LA GENERALITAT ASUME EL DICTAMEN DEL CONSULTIVO

Enric Company

Barcelona - El Gobierno de la Generalitat asumió ayer el dictamen del Consejo Consultivo sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, a pesar de que su aplicación obligará a introducir numerosas correcciones en el proyecto. En nombre del Gobierno, el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, hizo un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que acepten el dictamen y lo utilicen como "guía" para ajustar la reforma a la Constitución y alcanzar acuerdos en los aspectos particularmente conflictivos desde el punto de vista político, como la financiación y los derechos históricos.

Muy distinta fue la reacción de la oposición. Los nacionalistas de Convergència i Unió (CiU) destacaron que algunos de los principales puntos del dictamen han sido aprobados con una ajustada mayoría de cuatro votos contra tres, lo que a su juicio debe ser interpretado como un empate. Su líder, Artur Mas, anunció que, por ejemplo, CiU seguirá defendiendo su propuesta de financiación de la Generalitat mediante un sistema de concierto económico, a pesar de que el Consejo Consultivo lo ha considerado inconstitucional.

Ya antes de que se conociera el dictamen, por la mañana, el presidente Pasqual Maragall tuvo que reclamar respeto y consideración hacia el máximo órgano de asesoramiento jurídico de la Generalitat, en vistas del tono adoptado por los dirigentes de CiU, que tendían a relativizar el dictamen.

El líder de Esquerra Republicana (ERC), Josep Lluís Carod, destacó, como Maragall, el "valor moral" de los dictámenes del Consejo Consultivo. Pero, en un nuevo gesto de ambigüedad, sostuvo, como Artur Mas, que los partidos catalanes no pueden renunciar a sus posiciones sólo porque no se ajusten a la Constitución. "Si las necesidades de Cataluña exigen cambiar la Constitución y algunas leyes orgánicas, tendremos que adecuar la Constitución y las leyes", dijo.

"Lean con calma"

Lo que hay sobre la mesa, sin embargo, es que la adecuación del proyecto del nuevo Estatuto catalán a la Constitución obligará a introducir modificaciones en el título de la financiación de la Generalitat, a suprimir la vinculación entre derechos históricos y competencias de la Generalitat, y a remitir reformas tan importantes como las relativas a la Justicia a la aprobación por las Cortes de las correspondientes leyes orgánicas.

Otra de las modificaciones muy importantes que el dictamen obligará a introducir es la relativa al traspaso a la Generalitat de la gestión de competencias del Estado, mediante el artículo 150.2 de la Constitución. El Consejo Consultivo dice que el Estatuto no puede predeterminar, como hace el proyecto de reforma, que este traspaso se haga a través de una ley orgánica. Pues "es al Estado, a través de las Cortes Generales, a quien corresponde decidir qué tipo de ley, y por tanto las condiciones, que le habilitan" para hacerlo, dice.

El dictamen fue entregado ayer al Parlamento catalán, un mes después de que fuera solicitado. Concluye que 19 artículos del proyecto son inconstitucionales y otros 39 son constitucionales sólo si se les da una muy precisa interpretación o se modifican de determinada forma. El proyecto de reforma consta de 218 artículos.

Al entregar el dictamen al vicepresidente del Parlamento, Higini Clotas, el presidente del Consejo Consultivo, Joaquim Tornos, recomendó a los grupos parlamentarios que "lean con calma" sus argumentaciones y las "atiendan", porque así se garantiza que la propuesta de reforma pueda tener "mayor solidez jurídica" cuando se debata en la Comisión Constitucional del Congreso.

Pese a las correcciones que habrá que introducir, Saura acogió el dictamen como "una positiva valoración global y detallada" del proyecto de reforma. En una primera valoración de urgencia, el consejero de Relaciones Institucionales se congratuló de que el Consultivo haya dicho que "los principales bloques que componen la reforma son constitucionales". Y respecto a los correctivos impuestos, afirmó su plena disposición a atenderlos y negociar fórmulas alternativas: "Siempre hemos dicho que iríamos hasta el límite de la Constitución, y en algunos aspectos hemos quedado en la parte de fuera. Pero creo que el 90% o 95% de las objeciones son de fácil superación".

El consejero sostuvo que el Consultivo ha "avalado la columna central del proyecto, el esqueleto que lo sustenta". Enumeró rápidamente algunos de los puntos que han suscitado no poca polémica en los últimos meses y que el Consejo Consultivo ha dictaminado como constitucionales, como la definición de Cataluña como nación, la inclusión en el Estatuto de un título sobre derechos ciudadanos, el sistema de blindaje de las competencias de la Generalitat y la reforma de la Justicia.

La pretensión de Saura es que este dictamen sea a partir de ahora "una guía para superar los desacuerdos y hacer posibles los acuerdos" en algunos puntos particularmente conflictivos, como el de la financiación y el de los derechos históricos, en los que se ha polarizado las posiciones.

Sobre la financiación de la Generalitat el dictamen determina que el Estatuto no puede fijar un tope al porcentaje que Cataluña ha de aportar al Estado de la recaudación de los impuestos cedidos. El proyecto había fijado un tope del 50%. Éste era uno de los puntos de la reforma que había provocado rechazo incluso fuera de Cataluña.

El dictamen obliga también a dejar claro que la Generalitat comparte con el Estado la capacidad normativa sobre los impuestos cedidos, contra lo que se dice en el proyecto de reforma. El Consultivo obliga también a aclarar la relación entre las agencias tributarias del Estado y la autonómica.

Saura aseguró que estas modificaciones "no invalidan el modelo de financiación" defendido por los tres partidos del Gobierno catalán, que ahora podrá ser plenamente ajustado a la Constitución. En cambio, añadió, el Consejo Consultivo sí ha considerado inconstitucional "la globalidad del modelo de financiación preconizado por CiU".

Situación distinta es la que se da en lo relativo a los derechos históricos. El Consultivo ha avalado el artículo cinco del proyecto, que dice que el autogobierno de Cataluña se basa en sus derechos históricos. Pero ha concluido que es inconstitucional la vinculación de los derechos históricos y las competencias concretas de la Generalitat (financiación, organización de la Generalitat, derecho civil, régimen lingüístico, cultura, seguridad pública) que se pretendía introducir en una disposición adicional del proyecto.

Periodo para negociaciones

Los desacuerdos sobre financiación y derechos históricos son las dos cuestiones que habían impedido alcanzar la mayoría de dos tercios del Parlamento catalán.

Ahora se abren dos semanas de negociaciones entre los grupos parlamentarios para buscar puntos de coincidencia. Este periodo se iniciará con la ronda de entrevistas convocada por el presidente Pasqual Maragall con los líderes de los cinco grupos parlamentarios catalanes. La primera se celebra mañana, con el líder de CiU, Artur Mas. El plazo para la presentación de las enmiendas para ajustar el proyecto a las correcciones del Consejo Consultivo finaliza el día 19. La Mesa del Parlamento ha reservado la semana del 26 al 30 para la celebración del pleno del Parlamento dedicado exclusivamente a aprobar el proyecto y remitirlo al Congreso de los Diputados.

EL PAIS

Martes, 6 de de septiembre de 2005

CIU RECHAZA ATENDER LAS RECOMENDACIONES DEL CONSEJO PORQUE "NO ES UN TRIBUNAL"

Miquel Noguer

El ministro José Montilla considera que la postura de los nacionalistas "no es de patriotas"

Barcelona - Ante un dictamen del Consejo Consultivo poco favorable a los intereses nacionalistas, Convergència i Unió se mantuvo ayer inflexible en su defensa de que el nuevo Estatuto catalán incluya un sistema de financiación de concierto económico y una referencia a los derechos históricos para blindar las competencias de la Generalitat. El líder de CiU, Artur Mas, justificó el caso omiso de la federación nacionalista al Consejo Consultivo porque el organismo de la Generalitat "no es un tribunal". Para el primer secretario del PSC, José Montilla, la postura de CiU deslegitima al Consultivo, algo que, en su opinión, "no es de patriotas".

De poco sirvió el llamamiento que hizo ayer el presidente del Consejo Consultivo, Joaquín Tornos, para que los partidos "atiendan" las recomendaciones de este organismo en el tramo final de la negociación estatutaria. Artur Mas, que ya la semana pasada descartó adoptar las recomendaciones del Consejo Consultivo si éstas se desviaban de la línea defendida por CiU, se aferró ayer a las discrepancias entre los consejeros integrantes de este organismo para seguir defendiendo sus tesis.

Tras recordar que tres de los siete consejeros del consultivo (los elegidos a propuesta de CiU y ERC) sí defienden la constitucionalidad de la apelación a los derechos históricos y del concierto económico, Artur Mas afirmó que, más que una "sentencia", el consultivo ha emitido "dos opiniones". Así las cosas y a pesar del rechazo global del Consultivo a las tesis de CiU en estos dos aspectos, Mas aseguró que su partido mantendrá la actual línea de negociación, "que es la buena".

ERC y el carácter vinculante

Ante estas argumentaciones de CiU, el primer secretario del PSC, José Montilla, no dudó a la hora de hurgar en donde más daño hace a los nacionalistas. "Deslegitimar al Consejo Consultivo y a las instituciones de la Generalitat no es de patriotas", aseguró el también ministro de Industria al término de la reunión de la Ejecutiva del PSC. Montilla defendió la labor del Consultivo y aseguró que "ignorar" el dictamen es "no tener interés" en aprobar el Estatuto.

Pero no sólo CiU estuvo en el punto de mira de Montilla. También Esquerra Republicana, socio del PSC en el Gobierno pero alineada con CiU en su defensa del concierto económico y de los derechos históricos, recibió las críticas del primer secretario del PSC. Montilla recordó a ERC que entre sus propuestas estatutarias figuraba una para que los dictámenes del Consultivo tuvieran carácter vinculante. Finalmente, el artículo 73.4 sobre funciones del Consultivo afirma: "Los dictámenes del Consejo Consultivo tienen carácter vinculante en relación a los proyectos de ley y las proposiciones de ley del Parlamento que desarrollen o afecten derechos reconodidos por este estatuto". Apelando a la "coherencia y a la responsabilidad", Montilla pidió a los republicanos que acaten el dictamen del Consultivo.

Consciente de que el dictamen del Consultivo supone un serio tijeretazo a las aspiraciones estatutarias de ERC, el líder de esta formación, Josep Lluís Carod Rovira, apostó por una solución de no poco calado: si el Estatuto no cabe en la Constitución, lo que se debe hacer es "poner al día" la Carta Magna. En este sentido, el líder republicano recordó que su partido trabaja en una propuesta de reforma de la Constitución "en clave federal y plurinacional".

El tercer socio del tripartito, Iniciativa per Catalunya Verds, sí defendió el dictamen del Consultivo y afirmó que los juristas de este organismo han "avalado" las cuestiones "fundamentales" del texto. Aunque desde el ángulo opuesto, también el líder del PP de Cataluña, Josep Piqué, valoró positivamente el trabajo del Consultivo pero pidió al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, la "retirada" del proyecto de reforma del Estatuto catalán.

Por otra parte, el Barcelona está estudiando una fórmula para pronunciarse a favor del nuevo Estatuto durante el partido del próximo domingo contra el Mallorca, que coincidirá con la Diada del 11 de septiembre, después de una petición expresa de Maragall al club azulgrana, informa Efe.

EL PAIS

Martes, 6 de de septiembre de 2005

EL GOBIERNO CATALÁN MODIFICARÁ SU PROPUESTA DE FINANCIACIÓN PARA INCLUIR LOS RETOQUES

Claudi Pérez 

El Consultivo juzga inconstitucional el modelo de CiU y matiza tres aspectos al del tripartito

Barcelona - El modelo de financiación de CiU es inconstitucional, mientras que la propuesta del tripartito presenta menos problemas: rebasa los límites de la Constitución en tres artículos, que obligarán a realizar modificaciones, según se deriva del dictamen del Consejo Consultivo. El consejero de Economía del Ejecutivo autónomo, Antoni Castells, reconoció ayer que el Gobierno catalán "no puede ir a Madrid con una propuesta que el propio Consejo Consultivo considera inconstitucional", y se mostró partidario de "introducir retoques que no alteran ni la filosofía ni la esencia del modelo".

La propuesta del tripartito rebasa los límites de la Constitución en lo relativo a la capacidad normativa y la responsabilidad fiscal, la agencia tributaria catalana y la cesión al Gobierno central de un máximo del 50% de los impuestos compartidos -IRPF, IVA, especiales y el impuestos de sociedades- recaudados por la Generalitat.

En definitiva, el dictamen recomienda un cambio en la redacción del artículo que elimine la partícula "la" relativa a la capacidad normativa, de manera que no sea exclusiva del Ejecutivo autónomo. Propone eliminar el porcentaje máximo de cesión de la recaudación de impuestos, una cifra que "no corresponde establecer" en el Estatuto, según el dictamen. Y, finalmente, aboga también por una agencia tributaria catalana relacionada con la estatal por la vía del consorcio y no de la coordinación. La propuesta del tripartito hablaba de una agencia "coordinada o consorciada" con la estatal.

El dictamen es mucho más duro con las 16 enmiendas presentadas por CiU sobre financiación. La mitad de las enmiendas rebasan los límites que marca la Constitución, además de la apelación a los derechos históricos, recogida en una disposición adicional, que buscaba establecer un régimen singular de financiación como el que disfrutan el País Vasco y Navarra. El presidente de CiU, Artur Mas, aseguró ayer que la coalición nacionalista mantendrá su postura actual en relación al sistema de financiación, a pesar del varapalo del Consultivo

El líder nacionalista sostuvo que en lo relativo a la financiación y a los derechos históricos, el consultivo ha aparecido "partido en dos mitades", en relación a los votos contrarios de los consejeros nombrados por CiU y ERC.

El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, aseguró que si CiU mantiene su propuesta de financiación es que "no quiere que se apruebe el Estatuto", por lo que conminó a Artur Mas a negociar el modelo del tripartito. Castells, por su parte, explicó que el dictamen deja claro que el modelo propuesto por CiU "es inconstitucional". Las modificaciones que introducirá el tripartito "suponen la oportunidad de negociar con CiU y de que este partido se sume al texto que respalda la mayoría".

EL PAIS

Martes, 6 de de septiembre de 2005

ACEBES ASEGURA QUE EL ESTATUTO BUSCA LA "SECESIÓN" DE CATALUÑA

Barcelona - El secretario general del PP, Ángel Acebes, aseguró ayer que el pronunciamiento del Consejo Consultivo de Cataluña "viene a dar la razón al PP" en su valoración de un texto que, según Acebes, "no hay por donde cogerlo" y que "propone la secesión de una parte de España".

El secretario general del PP afirmó que el informe del Consejo Consultivo, que detecta 19 causas de inconstitucionalidad en el proyecto de reforma de Estatuto de Cataluña, deja a los dirigentes de su partido "más intranquilos" y además les da "la razón". Añadió que para el PP las causas de inconstitucionalidad del texto son "más de cuarenta".

En la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvieron en Madrid los dirigentes del PP y los presidentes autonómicos de este partido para preparar la Conferencia de Presidentes autonómicos del próximo sábado, Acebes apuntó además que las reformas estatutarias deberían abordarse en esa cumbre, que en principio se centrará en las fórmulas para enjugar el déficit de la sanidad pública.

En su opinión, la reforma de los estatutos es un tema que debería abordarse en la Conferencia de Presidentes del día 10 y consideró que el hecho de que no sea así demuestra que lo que pretende el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con esa cita es "la foto", "que es lo que es desde el primer día" ese foro.

Sostuvo que ante la asistencia de Juan José Ibarretxe y Pasqual Maragall a la Conferencia sería "lógico y razonable" hablar de las reformas estatutarias que ambos pretenden para sus comunidades.

Blanco llama al consenso

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, reiteró ayer por su parte que el los dirigentes de su partido quieren y van a dar "un impulso al Estado autonómico" y para ello, lo harán "en cooperación con el resto de las fuerzas políticas", "dentro de la Constitución y con un amplio consenso".

Blanco indicó, en declaraciones a la Cadena SER, que el Estatuto de Cataluña debe enmarcarse dentro de la Carta Magna y apostó por que habrá acuerdo final de la clase política en Cataluña: "Creo que va a ser posible el acuerdo y el entendimiento", auguró.

Sobre las críticas de algunos socialistas catalanes que reclamaron a Blanco silencio ante el debate del Estatuto, el número dos de los socialistas restó importancia a las mismas y sentenció que "el conjunto del partido socialista estaba de acuerdo" en que había que reformar el marco estatutario. En este punto, Blanco quiso dejar muy claro que no hay diferencias importantes entre el PSOE y el PSC. "Todos apostamos por actualizar el modelo autonómico", dijo.

EL PAIS

Martes, 6 de de septiembre de 2005

LOS DERECHOS HISTÓRICOS NO PUEDEN AMPARAR COMPETENCIAS

El Consultivo aplaude el listado de derechos y deberes ciudadanos

Barcelona - El Consejo Consultivo de la Generalitat ha resuelto que 19 artículos del proyecto de Estatuto aprobado por la comisión del parlamento catalán no son constitucionales. Otros 39 presentan dudas de interpretación, aunque la mayoría del Consultivo que suscribe el dictamen propone redactados alternativos para solventarlas.

- Derechos históricos. El proyecto de Estatuto, aprobado en comisión el 29 de julio, incluía una disposición adicional por la cual se atribuían a la Generalitat competencias en un total de ocho materias invocando la actualización de los derechos históricos de Cataluña. El apartado, aprobado con los votos de la mayoría de Convergència i Unió y Esquerra Republicana, se amparaba en la disposición adicional primera de la Constitución.

El Consultivo cree inconstitucional que la Generalitat pueda reclamar competencias invocando los derechos históricos pues el propio "proceso constituyente de 1978" y reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional han dejado claro "de manera incontestable" que sólo las tres provincias vascas y Navarra tienen la consideración de territorio foral. Además el informe, recuerda que "los derechos históricos de las comunidades forales no pueden considerarse como un título autónomo del que puedan deducirse específicas competencias no incorporadas a los estatutos". El informe precisa que la apelación a los derechos históricos del actual Estatuto de Aragón "resulta ineficaz en términos competenciales".

A favor de la revocación del artículo votaron los consejeros propuestos por el PSC, PP e Iniciativa per Catalunya, mientras que los de CiU y ERC presentaron votos particulares en contra. La disposición reclamaba para la Generalitat competencias en materia de financiación, organización de la administración pública, organización territorial y régimen local, derecho civil, lengua, educación, cultura y seguridad jurídica.

En cambio, el Consultivo no plantea ninguna duda constitucional respecto al artículo 5 que dicta: "El autogobierno de Cataluña se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán que este Estatuto incorpora y actualiza".

Los consejeros avalan también la definición de Cataluña como nación que la consideran "compatible" con el uso constitucional de este término para referirse a España. Los juristas entienden que tanto en el debate constituyente como en la doctrina judicial posterior los conceptos de nación y nacionalidad son "idénticos e intercambiables". No obstante precisan que el uso que se haga del término "nación" en el Estatuto debe ser diferente del de la Constitución, sin precisar cuál ha de ser.

- Derechos y deberes. La polémica carta de derechos y deberes ciudadanos, apadrinada por las tres formaciones del tripartito, no sólo ha recibido el beneplácito del Consultivo sino que sus integrantes la aplauden. "Es una operación que por sí misma no solamente es válida sino merecedora de elogios, porque todo lo que signifique ampliar y profundizar la protección de los derechos de las personas así ha de ser considerado". Los consejeros recuerdan que otros entes subestatales como los estados de Estados Unidos, länder alemanes o cantones suizos disponen de declaraciones propias de derechos. El Consultivo bendice la casi totalidad de este capítulo y sólo emite serias reservas respecto al carácter exclusivo competencial del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) y sobre la "neutralidad" de los medios de comunicación.

El dictamen rechaza que al Síndic de Greuges le corresponda con carácter "exclusivo" las "funciones de protección y defensa de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución" pues la Constitución otorga esta función al Defensor del Pueblo.

El Consultivo también rechaza, por inconstitucional, el artículo 50.1: "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para garantizar el derecho a la información y a recibir de los medios de comunicación una información veraz, neutral (...)". El dictamen propone suprimir el adjetivo neutral, pues su inclusión supone una "intervención sobre la información" por parte de los poderes públicos.

En cambio, el Consejo Consultivo declara adecuados a la Constitución la laicidad de la enseñanza pública -contra el criterio de CiU que presentó una enmienda-; el derecho a voto de los extranjeros y que la Generalitat será la administración ordinaria del Estado en Cataluña. Los consejeros plantean otra redacción del artículo que faculta a los ciudadanos a dirigirse por escrito en catalán a toda la administración estatal.

- Competencias. El grueso de los artículos que el Consejo Consultivo declara inconstitucionales total o parcialmente se refieren a las competencias que se atribuye la Generalitat en el texto estatutario. De manera genérica, los juristas recuerdan que el organismo que limita las competencias de las autonomías son las Cortes a través de las leyes estatales y que los parlamentos autónomos son los que han de concretar su aplicación respetando el espíritu de aquellas leyes a través de la elaboración de reglamentos y normativas.

Entre los artículos declarados inconstitucionales figura el 113.3.a, que declara la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de contratación pública en lo que se refiere a la organización y las competencias de las administraciones públicas catalanas y las reglas de ejecución, modificación y ejecución de los contratos.

El Consultivo considera que tampoco son constitucionales los apartados b y d del artículo 155.1 por los que se declara la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de régimen local. En concreto, los dos apartados referidos atribuyen a la administración autonómica la capacidad para determinar las competencias y las potestades de los municipios y los entes locales, así como para determinar también sus órganos de Gobierno. El dictamen recuerda que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la necesidad de respetar el principio de autonomía local.

Otra de las competencias que se declara inconstitucional por el Consejo Consultivo es la referida a la enseñanza no universitaria, recogida en el artículo 125 del nuevo Estatuto. El dictamen entiende que no se puede considerar una competencia exclusiva de la Generalitat, ya que el Estado "puede establecer normas de carácter básico o pertenecientes a la materia reservada a ley orgánica".

También se declara inconstitucional el apartado 147.3, en el que se atribuye a la Generalitat la competencia para fijar los contingentes de inmigrantes con destino a Cataluña. El dictamen precisa que el texto no establece un sistema de relación bilateral con el Estado, ni prevé que esa competencia se ejercerá previo acuerdo entre ambas administraciones.

Otro de los artículos que se declara inconstitucional es el apartado 2 del artículo 152, en el que se fija la competencia compartida en la promoción y defensa de la competencia "en el ejercicio de las actividades económicas que se cumplan mayoritariamente en Cataluña". El dictamen entiende que el criterio a aplicar ha de ser el del mercado y no el del lugar en el que las empresas ejercen sus actividades. Por eso, los juristas entienden que la Generalitat deberá actuar cuando las prácticas colusorias o el abuso de la posición dominante puedan alterar la libre competencia del mercado en Cataluña, con independencia del lugar donde estas empresas tengan su domicilio.

El artículo 157.2 establece que "corresponde a la Generalitat, en todo aquello relativo a la sanidad y la salud pública que no se refiere el apartado 1, la competencia compartida, de acuerdo con los principios de legislación básica estatal sobre sanidad". El Consultivo entiende que ese redactado es inconstitucional, porque la Constitución atribuye al Estado las competencias sobre "la base y la coordinación general".

El artículo 163.2, letra d del proyecto atribuye a la Generalitat "el régimen de tenencia y uso de armas, municiones y explosivos, su adquisición con destino a los cuerpos policiales de Cataluña y la expedición de las licencias correspondientes". El dictamen considera que la primera parte del artículo "incide plenamente en la competencia exclusiva del Estado".

De la misma manera, se declara inconstitucional el artículo 132.3, en el que también se atribuye a la Generalitat la gestión de un puerto o aeropuerto situado en Cataluña. El Consultivo explica que este artículo pretende "imponer la transferencia" de la gestión de los puertos y los aeropuertos a la Generalitat y que está fuera de toda duda que "en materia de obras públicas de interés general, corresponde al Estado la competencia exclusiva y, por tanto, también la gestión". En este sentido, el dictamen recuerda que el propio texto estatutario recoge en su disposición adicional tercera que esta competencia sólo podrá ser ejercida por el Estado.

El punto 10 del apartado 132 también se considera inconstitucional porque establece como obligatorio el acuerdo previo con la Generalitat de cualquier ampliación o modificación del régimen económico y financiero de la red viaria catalana, "con independencia de su titularidad". El informe de los juristas recuerda que la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de carreteras que no se encuentren íntegramente en el territorio de una sola autonomía, por lo que esa coletilla final del artículo no hace otra cosa que condicionar "de manera determinante" el ejercicio de esa competencia.

En otro apartado del dictamen del Consejo Consultivo también se declara inconstitucional el apartado tercero del artículo 145, que regula las actuaciones de fomento cultural o de inversión en bienes y equipamientos culturales situados en Cataluña. Los juristas explican que "de nuevo se condiciona de forma determinante el ejercicio de una competencia estatal, atendiendo que se exige el acuerdo previo de la comisión bilateral para que el Estado pueda ejercer una competencia suya de carácter exclusivo en materia de cultura".

Otra de las competencias exclusivas que se atribuye a la Generalitat y que el Consejo Consultivo también declara inconstitucional es el artículo 161.2, referido a la delimitación, planificación y gestión de los espacios naturales y hábitats protegidos "situados total o parcialmente en Cataluña". El dictamen explica, que, como en otros casos, esa coletilla "introduce un elemento de confusión", ya que podría entenderse que se está extendiendo la competencia de la Generalitat fuera de Cataluña.

- Financiación. De los diez artículos que integran el capítulo de la financiación, el Consultivo declara inconstitucional dos, pero uno de ellos sólo presenta problemas de redacción. Los consejeros rechazan que la Generalitat pueda fijar un porcentaje máximo -50%- de los impuestos que cederá al Estado, pues esta decisión "si bien puede ser razonable, no corresponde establecerla en el Estatuto" sino que deberá fijarse "de acuerdo con los criterios generales establecidos en la LOFCA". En este sentido, el Consultivo avala la capacidad normativa de esta ley, contrariamente a lo que pretendía Convergència i Unió al defender que el sistema de financiación catalán saliera de la LOFCA.

Respecto a que la Generalitat tenga "la capacidad normativa y la responsabilidad fiscal sobre todos y cada uno de los impuestos estatales soportados en Cataluña", el Consultivo únicamente propone suprimir el artículo la que figura en la frase para adecuarlo a la Constitución. La redacción, por tanto, quedaría así: "La Generalitat tiene capacidad normativa y responsabilidad fiscal".

El dictamen avala que la Agencia Tributaria de Cataluña tenga la responsabilidad de la gestión, recaudación, liquidación y la inspección de los impuestos propios y cedidos y la competencia de la Generalitat para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales.

- Leyes orgánicas. "El Estatuto de Autonomía no es el instrumento adecuado para modificar leyes orgánicas u ordinarias de competencia estatal, en la medida que esta regulación las convierte en indisponibles para las Cortes Generales y limita de forma clara el ejercicio de la potestad legislativa". Con esta afirmación, el Consultivo rechaza que el Estatuto pueda obligar a las Cortes, tal como figura en la disposición adicional novena, a reformar leyes orgánicas u ordinarias.

Para solventar problemas de inconstitucionalidad, el Consultivo propone dos soluciones. La primera sería añadir la siguiente redacción: "La eficacia de los preceptos de este Estatuto se producirá una vez hayan sido modificadas, de acuerdo con el contenido previsto en estos, las leyes orgánicas y ordinarias siguientes". La segunda opción pasaría porque la reforma de las leyes se hiciera a través de una resolución del Parlamento catalán.

Las leyes afectadas, según la redacción del nuevo Estatuto, serían las leyes orgánicas del Poder Judicial; Tribunal Constitucional, Régimen Electoral General y de referendos y las ordinarias del Ministerio Fiscal y la de organización y funcionamiento de la administración general del Estado.

Pero el Consultivo no cuestiona, por ejemplo respecto a la reforma del sistema judicial, las nuevas competencias que el Estatuto otorga a la Generalitat, pero las condiciona a la correspondiente modificación de la ley orgánica. Así, el Consultivo considera constitucional que la Generalitat nombre a jueces y fiscales o que Cataluña disponga de un Consejo General del Poder Judicial, pero no la creación de una sala de garantías estatutarias.

- Otros. El dictamen también considera inconstitucional que la propuesta de nombramiento del presidente de la Generalitat sea ratificada por el presidente del Parlamento catalán, tras el nombramiento por parte del Rey, como se prevé en el artículo 65.4 del proyecto de Estatuto catalán. En síntesis, el Consejo Consultivo entiende que la Constitución establece que los actos del Rey sólo serán ratificados por el presidente del Gobierno, los ministros o el presidente del Congreso. "El estatuto de autonomía no puede, aunque sea en el ejercicio de su amplísima potestad de autoorganización de sus instituciones, oponerse a una concreta y precisa previsión constitucional".

Asimismo, el Consejo Consultivo declara inconstitucional el artículo 217.1.b del Estatuto, referido precisamente a su reforma. Los argumentos de los juristas es que ese redactado atribuye a las Cortes una simple función ratificadora de la reforma que acuerden dos terceras partes del Parlamento catalán cuando afecte a los capítulos de derechos y deberes e instituciones.

El artículo 187 establece que Cataluña será una circunscripción electoral para las elecciones al Parlamento Europeo y el Consejo Consultivo también lo declara inconstitucional. El dictamen considera que se trata también de una materia reservada al legislador estatal y que, además, esta cuestión no puede decidirse únicamente por España. Los juristas entienden que el redactado declarado inconstitucional "impone un mandato taxativo", al afirmar que "la ley orgánica electoral ha de concretar esta determinación".

- Interpretativos. El dictamen se refiere también a otros 39 artículos del proyecto para advertir cómo deben interpretarse para que puedan considerarse constitucionales. En este sentido, los juristas sugieren la supresión de algunas frases, su modificación por otras, o el sentido en el que debería aplicarse el articulado, principalmente a la hora de ejercer las competencias que se atribuyen a la Generalitat.

El Consejo Consultivo considera constitucional que los ciudadanos puedan dirigirse por escrito en catalán a todos los organismos de la administración del Estado, tal y como prevé el artículo 32.5 del proyecto de Estatuto. No obstante, los juristas precisan que la constitucionalidad está condicionada a que ese artículo se remita a las leyes lingüísticas vigentes. También se declaran constitucionales los artículos 79.1 y 86.3, que prevén que las veguerías sustituyan a las provincias como entidades locales y forma de organización territorial.

EL PAIS

Martes, 6 de de septiembre de 2005

RECHAZADAS POR INCONSTITUCIONALES LAS 16 ENMIENDAS DE CIU REFERENTES A LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Convergencia i Unió es la formación política que ha visto rechazadas mayor número de enmiendas -un total de 18-, de las que 16 corresponden a su propuesta alternativa de financiación. En total, el Consultivo ha rechazado 22 de los textos alternativos a la reforma que les fueron sometidos a consideración.

- Derechos históricos. El Consejo Consultivo declara inconstitucional la enmienda del Partit dels Socialistes en el controvertido asunto de los derechos históricos. Los socialistas hacen referencia en su texto alternativo a los mencionados derechos únicamente al derecho civil catalán y a la lengua, citando la disposición adicional primera de la Constitución. El Consultivo juzga que la adicional primera de la Constitución "sólo se proyecta sobre la foralidad relativa a las instituciones de derecho público de las actuales comunidades autónomas del País Vasco y de Navarra. La lengua y el derecho civil ya disfrutan de garantía constitucional".

- Ordenación territorial. Respecto a la ordenación territorial, el Consejo Consultivo considera constitucional la creación de veguerías, como equivalentes a provincias. No obstante, el organismo jurídico ha rechazo una enmienda de Esquerra Republicana por entender que "trata de imponer a la Administración del Estado la obligación de adecuar la ordenación territorial de su Administración periférica al nuevo modelo".

- Administración local. El Consultivo estima constitucionales sendas enmiendas presentadas por PP y PSC. El organismo jurídico considera que los entes locales no pueden depender de la interpretación autonómica sobre competencias y organización de sus órganos de gobierno, por entender que la doctrina del Tribunal Constitucional ha reservado esa competencia al Estado.

- Educación. El Consultivo considera inconstitucional una enmienda de Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA) que establece como competencia exclusiva la ordenación de las enseñanzas no universitarias, la planificación de las enseñanzas y la creación y regulación de una función pública docente no universitaria.

- Unión Europea. Se rechaza por inconstitucional una enmienda de Convergència i Unió que propugna "carácter vinculante" a la decisión de la Generalitat hacia el Estado sobre la distribución de fondos europeos. La misma suerte ha corrido otra enmienda, también de la federación nacionalista, que pretendía dar carácter vinculante para el Estado a la decisión de la Generalitat cuando se trate de asuntos concernientes a las competencias exclusivas de la comunidad autónoma.

- Financiación autonómica. Las 16 enmiendas que constituyen el corpus convergente de financiación autonómica han sido rechazadas por el Consultivo. "Son inconstitucionales en la medida en que niegan la competencia a la normativa estatal para fijar los principios de la Hacienda general, junto con la intervención de la LOFCA y la potestad de coordinación estatal, impone una agencia tributaria propia no coordinada, impone un modelo de relación exclusivamente bilateral mediante la figura del concierto y crea figuras no previstas en la Constitución, como, por ejemplo, la ley paccionada", asegura el Consultivo.

EL PAIS

Martes, 6 de de septiembre de 2005

LOS VOCALES DE CIU, ERC Y PP COPAN LOS VOTOS PARTICULARES

Barcelona - Los siete miembros del Consejo Consultivo no han logrado tomar decisiones por unanimidad en la mayor parte de consultas sobre los aspectos más polémicos del nuevo Estatuto. Los dos integrantes del organismo a propuesta de CiU (Jaume Camps y Agustí Bassols) han votado junto a Jaume Vernet, elegido a propuesta de ERC, aspectos como la constitucionalidad de la apelación a los derechos históricos.

También apoyan con desigual convicción la inclusión en el Estatuto de un sistema de financiación basado en el concierto.

Sin embargo, estos tres juristas no lograron imponer sus tesis al quedar en minoría frente a los dos miembros propuestos por el Gobierno (Joaquim Tornos y Marc Carrillo) y los propuestos por el PSC (Pere Jover) y por el PP (Joaquim Borrell).

Los miembros del Consultivo propuestos por CiU, ERC y PP han optado por presentar votos particulares en aquellos puntos en que no han logrado suficiente apoyo para sus tesis.

De estos votos particulares destacan los presentados por Agustí Bassols y Jaume Camps, en los que defienden las tesis de Convergència i Unió sobre competencias y consideran exageradas las inconstitucionalidades detectadas en este punto por el resto de ponentes. Defienden, por ejemplo, la legalidad de la propuesta para que la Generalitat pueda legislar en materia de inmigración. Bassols y Camps creen que la posible inconstitucionalidad de estos aspectos se salva a través de la comisión bilateral Estado-Generalitat.

Joaquim Borrell, elegido a propuesta del PP, afirma, en cambio, que la asunción de las nuevas competencias por parte de la Generalitat previstas en el proyecto estatutario supone una "reforma encubierta de la Constitución". Alerta, también, de que la aprobación del Estatuto con el actual redactado implicaría "la modificación de leyes estatales, la reestructuración de sus instituciones y el condicionamiento de algunas competencias". Borrell también ha emitido un voto particular para dejar claro que la definición de Cataluña como "nación" puede tener "efectos jurídicos" no permitidos.

La laicidad de la enseñanza pública que defiende el tripartito y que provoca el rechazo total de CiU también ha sido objeto de un voto particular por parte de Agustí Bassols. En opinión de este jurista, la definición de España como estado aconfesional no comporta la realidad de signo opuesto, un estado laico. Sobre la reforma inducida por el Estatuto de leyes orgánicas, rechazada por el Consultivo, vocales a propuesta de CiU y ERC afirman que el Estatuto, como ley paccionada de rango orgánico especial, puede dejar sin aplicación en Cataluña determinadas leyes orgánicas.

El Nuevo Estuto Catalán Definitivamente Inconstitucional: ABC y LA RAZON

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2005, 16:58, Categoría: Estatuto Catalán

ABC

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

EL CONSULTIVO IMPUGNA EL NÚCLEO DEL NUEVO ESTATUTO, PERO ACEPTA EL TÉRMINO «NACIÓN»

Iva Anguera

CiU y ERC insisten en la reivindicación de los derechos históricos pese al dictamen en contra y el tripartito considera avalado su modelo de financiación

BARCELONA. El dictamen del Consejo Consultivo hecho público ayer considera inconstitucionales una veintena de artículos del proyecto de reforma estatutaria aprobado por el Parlamento catalán en julio, entre los que se encuentran dos elementos fundamentales: la apelación a los derechos históricos y el nuevo modelo de financiación, tanto el propuesto por CiU como el del tripartito. Pero avala la definición de Cataluña como nación en el Título Preliminar del nuevo Estatuto. Así las cosas, el informe sólo ha servido de momento para mantener intacto el enfrentamiento entre el PSC, CiU y ERC. Tanto es así, que el presidente del organismo, Joaquim Tornos, recordó, tras entregar el texto al Parlamento autonómico, que «sólo hay un dictamen del Consultivo, el aprobado por la mayoría», respondiendo así a las críticas de CiU, y pidió a los partidos que tengan en cuenta unas recomendaciones pensadas «para reforzar el Estatuto».

Tras hacerse público el dictamen, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, advertía de los riesgos de hacer oídos sordos al dictamen, mientras el consejero jefe, el republicano Josep Bargalló (ERC), apuntaba que «el Consultivo no es infalible». El presidente catalán pidió a los partidos que sigan las recomendaciones del Consultivo, al que otorgó gran «valor moral», para evitar la presentación de futuros recursos de inconstitucionalidad. En una entrevista a Com Ràdio, Maragall recordó, sin embargo, que el dictamen «no es una sentencia», pero aseguró otorgarle «una relevancia muy grande».

Deslegitimar la institución

Más contundente se mostró el número tres del Gobierno catalán, Joan Saura (ICV), quien se preguntó «para qué pidieron la consulta, que no era preceptiva, los partidos que ahora rechazan el dictamen». El consejero ecosocialista sólo se refirió explícitamente a CiU en este sentido, aunque la recriminación es igualmente aplicable a sus socios de Esquerra. Saura acusó a los nacionalistas de intentar «deslegitimar la institución» y se mostró satisfecho por un dictamen que en su opinión «ratifica globalmente el Estatuto».

Así, destacó que el texto del Consultivo considera constitucionales capítulos «esenciales» que habían sido cuestionados por el comité de expertos del Gobierno como el capítulo de derechos y deberes, la descripción de las competencias y el «blindaje» de las competencias exclusivas, el capítulo del poder judicial y el modelo de financiación pactado por el tripartito, que, según Saura, «aprueba globalmente», aunque rechaza el límite del 50%.

En esta línea, aseguró que presentar en el Congreso una propuesta que el Consultivo catalán considera inconstitucional «es tanto como apostar porque el Estatuto no se apruebe» y abogó porque el dictamen sea «la guía para facilitar el acuerdo entre los partidos y superar las diferencias».

Saura hizo estas afirmaciones después de que el líder de CiU, Artur Mas, que ha visto rechazadas tanto la enmienda sobre los derechos históricos como el modelo de financiación nacionalista, rechazara el dictamen. A su juicio, el Consultivo «ha emitido dos opiniones» y los tres consejeros que apoyan las posturas de CiU -dos de ellos designados por la federación nacionalista y el otro por ERC- «representan a la mayoría» del Parlamento.

Así, Mas anunció que en aquellos preceptos que hayan sido considerados inconstitucionales por una mayoría ajustada CiU escogerá el criterio que le parezca «mejor para el país», lo que es tanto como decir que hará caso omiso del dictamen. En esta línea, el número dos de Unió, Josep Maria Pelegrí, acusó al PSC de haber «viciado todo el proceso desde el principio» para explicar su rechazo.

El líder del PP catalán, Josep Piqué, exigió a Maragall que abandone la reforma del Estatuto porque el Consultivo ha dejado el texto «herido de muerte», convencido de que el dictamen «equivale a una enmienda a la totalidad» del texto aprobado en julio.

ABC

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

CAROD RESPONDE QUE «SI HAY TOPES, LO QUE HAY QUE CAMBIAR ES LA CONSTITUCIÓN»

El líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, advirtió ayer de que el dictamen del Consejo Consultivo sobre el Estatuto «no tiene fuerza para obligar» y pidió a los partidos catalanes que apuesten por una reforma de la Constitución, porque si lo que pide el Estatuto «topa» con la Carta Magna, «hay que cambiarla». Carod, quien precisó que no se pronunciará sobre las conclusiones del informe hasta analizarlo de forma detallada, aprovechó el rechazo del Consultivo catalán a sus propuestas para abogar de nuevo por la reforma constitucional. Además dejó claro que «el Consultivo no tiene fuerza para obligar, como sí tiene el Tribunal Constitucional. Hace dictámenes, no sentencias». Así, aseguró que «no queremos infravalorar el papel del Consultivo sobre nuestras propias posiciones. Seguro que habrá criterios del Consultivo que harán modificar alguna de nuestras posiciones», pero subrayó que hay cuestiones, como la invocación de los derechos históricos de Cataluña para blindar competencias, en las que el Consultivo está dividido por cuatro votos contra tres.

En estos casos, consideró que «existe un empate técnico» ya que el criterio a favor o en contra de invocar los derechos históricos «depende de una persona», por lo que el criterio político de ERC está por encima. Subrayó que «el gobierno de Cataluña debería plantearse» que si lo que necesita Cataluña «no cabe en la Constitución, es evidente que lo que está desfasado es la Constitución, y no Cataluña».

LA RAZON

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

EL ORGANISMO JURÍDICO DE LA GENERALITAT TUMBA LOS PRINCIPALES PILARES DE LA REFORMA ESTATUTARIA

- El Consejo Consultivo juzga inconstitucionales los derechos históricos como fórmula de blindar competencias, el eje de la financiación y la exclusividad en inmigración, educación y régimen local - Admite la definición de Cataluña como nación

Tate Santaeulària

19 artículos que vulneran la Carta Magna, 17 enmiendas y 39 preceptos inconstitucionales del proyecto de ley de la reforma estatutaria de Cataluña. Éste es el demoledor veredicto de los «jueces» del Estatut catalán.

Barcelona - Habemus dictamen. Tras un mes de arduo trabajo, el presidente del Consejo Consultivo, Joaquim Tornos entregó ayer a manos del vicepresidente del Parlament, Higini Clotas el esperado informe del Consejo Consultivo sobre la constitucionalidad del Estatut. La opinión del organismo de la Generalitat resultó demoledora puesto que ha considerado como inconstitucionales 19 artículos del redactado, y pone en duda hasta 39 preceptos del proyecto de ley y 17 de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Si bien es cierto, que el órgano jurídico no siempre tilda de inconstitucional todo el artículo, ya que en muchas ocasiones se limita a señalar un frase o un apartado que no se ciñe a la Carta Magna. Además, todos, salvo el vocal propuesto por el PP aducen que la definición de nación podría ser constitucional.

Curiosamente, el Consultivo lima algunas de las asperezas que han suscitado gran controversia en el debate político catalán más importante de los últimos 25 años. Así pues, señala como inconstitucional la intención del Estatut de blindar competencias mediante la invocación de derechos históricos. Artículo que se incluyó a último momento a instancias de CiU y ERC en la comisión primera del Parlament. Sin embargo, sí cree constitucional la alusión de estos derechos contemplada en el artículo 5 del proyecto estatutario de Cataluña.

El órgano jurídico, compuesto por siete vocales, también expresa sus dudas en dos cuestiones importantes de la propuesta de financiación autonómica suscrita por Gobierno tripartito catalán. Se trata del artículo 198 y 200 que regulan la capacidad normativa de todos los impuestos de la Generalitat y el hecho de establecer un límite del 50 por ciento de cesión de los mismos al Estado, respectivamente. En definitiva, la capacidad normativa y la cuota de solidaridad al Estado. Concretamente, el Consultivo establece como inconstitucional las expresiones: La Generalitat tiene «la capacidad normativa y la responsabilidad fiscal» –art. 198– y «este porcentaje no tiene que ser en ningún caso superior al 50 por ciento» –art. 200–. Además, el Consultivo advierte que vulnera la Carta Magna «la circunscripción electoral–de Cataluña– para el Parlamento europeo». Y, finalmente, en el ámbito competencial emite juicios de inconstitucionalidad en aquellas competencias estatales que se declaren exclusivas, tales como la educación que actualmente es plena. Objeta, asimismo, las competencias en inmigración y en ámbito de régimen local –art.155–.

Tampoco cuenta con el beneplácito del Consultivo, los retoques en el nombramiento del presidente de la Generalitat. El proyecto de reforma establecía que la contrafirma la ejecutase el presidente del Parlament en vez del presidente del Gobierno como se establece actualmente. Unos cambios juzgados de inconstitucionales por el Consultivo.

Pese a todo, el presidente del Consejo Consultivo, Joaquim Tornos, en los pasillos del Parlament, quiso dejar claro que el organismo se ha basado en una lectura autonómica de la Carta Magna y rogó a las distintas formaciones del arco parlamentario catalán que sigan las recomendaciones de los ya denominados como «jueces» del Estatut catalán. Tornos hizo estas consideraciones no tanto por el debate que se avecina en la Cámara catalana sino por el que se prevé, si todo sale según lo previsto, en la Comisión Constitucional del Congreso que preside Alfonso Guerra.

Cuatro contra tres. Además, como era de prever la mayoría que se ha impuesto en el Consejo Consultivo ha sido la del cuatro contra tres. Es decir que cuatro vocales que integran el organismo han decantado la balanza frente a los otros tres. Se tratan de los consejeros propuestos por el PSC (Joaquim Tornos, Pere Jover), ICV (Marc Carrillo) y PP (Joaquim Borrell) frente a los juristas de las formaciones nacionalistas, CiU (Agustí Bassols, Jaume Camps) y ERC (Jaume Vernet). De hecho, dos de estos tres últimos, Vernet (ERC) y Camps (CiU) suscriben un voto particular mediante el cual impugnan la totalidad del dictamen. También el miembro del PP, Borrell emite un voto particular en el que disiente de la mayoría del informe, como en el concepto de nación en el que una amplia mayoría está de acuerdo en que es constitucional. Hay cinco votos particulares más de los vocales en por concreciones.

LA RAZON

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

LOS 19 ARTÍCULOS QUE VULNERAN LA CARTA MAGNA PARA LA MAYORÍA DE LOS VOCALES DEL CONSULTIVO

L. R. B.

Cuatro de los siete vocales que integran el Consejo Consultivo, homólogo del Consejo de Estado, han juzgado inconstitucionales 19 de los artículos del proyecto de reforma del Estatut de Cataluña. Dichos artículos son:

Los medios de comunicación social (art. 50.1).

Elección, nombramiento, estatuto personal, cese y competencias (art.65.4). La propuesta del nombramiento del presidente de la Generalitat es contrafirmada por el presidente o presidenta del Parlament.

Funciones o relaciones con otras instituciones análogas (art. 75.1)

El régimen jurídico, el procedimiento, la contratación y la responsabilidad en las administraciones públicas catalanas. (art. 113.3)

Educación. (art. 125) Corresponde a la Generalitat, en materia de enseñanza no universitaria la competencia exclusiva.

Infraestructuras de transporte y de comunicaciones. (Art. 132.3, 132.10). Corresponde a la Generalitat su gestión de un puerto o aeropuerto situado en Cataluña y en red viaria con independencia a su titularidad.

Cultura (Art.145.3) .

Inmigración (Art.147.3) Control en los flujos migratorios y codecisiones en inmigración.

Promoción y defensa de la competencia (Art.152.2)

Régimen local (Art.155.1) Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en régimen local

Sanidad (Art.157.2) Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva sobre el régimen estatutario y la formación del personal que presta servicios en el sistema sanitario público.

Medio ambiente (Art.161.2)

Seguridad pública (Art.163.2) Competencia exclusiva en materia de seguridad ciudadana .

Circunscripción electoral (Art.187) El territorio de Cataluña es una circunscripción electoral para las elecciones europeas.

Autonomía y competencias financieras (Art.198.2) Cataluña tiene capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre todos los impuestos estatales recaudados.

Participación en los impuestos cedidos (Art.200) La cesión no tiene que ser en ningún caso superior al 50 por ciento.

La reforma de los títulos que no afectan a las relaciones con el Estado (Art.217.1)

Las disposiciones adiciones primera y novena. La primera hace referencia a los derechos históricos y la novena a la modificación de leyes para la efectividad plena del Estatut.

LA RAZON

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

LA DECISIÓN DIVIDE AÚN MÁS A LOS PARTIDOS

L. R. S.

CiU y ERC apuestan por desoír el dictamen, mientras que PSC, ICV y PP reclaman ceñirse al juicio

Barcelona - La opinión del Consejo Consultivo sobre el proyecto de reforma estatutaria ofreció ayer versiones para todos los gustos. La duda se centra ahora en si los partidos políticos catalanes seguirán al pie de la letra las recomendaciones del organismo de la Generalitat o, por el contrario primará el acuerdo político entre las fuerzas políticas. CiU y ERC quieren desoír el dictamen mientras que el resto apuestan por seguir sus opiniones.

La cascada de reacciones la abrió ayer el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall al asegurar que le da «una relevancia muy grande» al dictamen del Consejo Consultivo sobre el nuevo Estatut, aunque remarcó que su «valor» es «moral y no legal», puesto que no dicho dictamente no es vinculante. Maragall destacó lo «difícil» que resulta para Artur Mas (CiU) la negociación dado que «cuando uno está en la oposición tiene la impresión de que se asocia la aprobación del Estatut a la gestión del gobierno y al presidente que hay», algo que dijo que trataría de combatir en su encuentro con el dirigente nacionalista el miércoles.

No obstante, el primer secretario del PSC y ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Montilla, afirmó que no es de «patriotas» deslegitimar el dictamen, porque aunque no es vinculante es «relevante» y «no podemos ignorar lo que dice». Montilla señaló que «difícilmente nos respetarán fuera de Cataluña si los partidos políticos no defienden las instituciones catalanas». «No se puede tener respeto al dictamen sólo cuando te dan la razón», añadió el socialista.

Marco legal. Desde los bancos de ERC, su líder Josep Lluís Carod-Rovira apostó por modificar la Constitución y las Leyes Orgánicas necesarias si el dictamen del Consejo Consultivo, que aseguró no conocer oficialmente, determina que algunos puntos de la propuesta de nuevo Estatut no se ajustan al actual marco legal, al tiempo que se manifestó «optimista» sobre un posible acuerdo entre los partidos catalanes.

Su correlegionario y «conseller primer» de la Generalitat, Josep Bargalló, afirmó que el juicio del Consultivo «no es vinculante ni infalible» e instó a los partidos políticos a «seguir negociando, teniendo en cuenta la opinión» de este organismo pero recordando también «que no es infalible».

Entretanto, el presidente de CiU, Artur Mas, reiteró que su formación seguirá manteniendo su postura actual en la negociación del nuevo Estatut en cuanto al sistema de financiación y la reivindicación de los derechos históricos para «blindar» las competencias, a pesar de lo que diga el Consultivo, que los considera inconstitucionales.

Por su parte, el líder del PP, Josep Piqué, advirtió a Maragall y al primer secretario del PSC, José Montilla, que si ignoran el Consultivo, serán «cómplices de una ruptura del pacto constitucional». Finalmente, desde las filas ecosocialistas, Jaume Bosch advertido que desoír el dictamen debilitaría la posición de Cataluña ante la negociación en Madrid.

>«Yo doy una relevancia muy grande» al dictamen del Consejo Consultivo, aunque sí es cierto que su valor es «moral y no legal»

>Advirtió a Montilla y Maragall de que si ignoran el dictamen serán «cómplices de una ruptura del pacto constitucional»

>«No podemos ignorar lo que dice el Consultivo. Difícilmente nos respetarán fuera de Cataluña si no respetamos nuestras instituciones» seguró que el órgano jurídico «no es un tribunal, no dicta sentencias» y recordó que en otras ocasiones se han desoído

> «Hay que modificar la Constitución y las Leyes Orgánicas si se determina que algunos puntos no se ajustan a la Carta Magna»

>Alertó que desoír el dictamen del Consejo Consultivo debilitaría la posición de Cataluña ante la negociación en Madrid

LA RAZON

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

UN NUEVO PERÍODO DE DOS SEMANAS PARA NEGOCIAR LAS ENMIENDAS AL ESTATUT

T. S.

Barcelona - El dictamen del Consejo Consultivo fue tramitado ayer cuando entró en la Cámara catalana sobre la 13.00 del mediodía. Hoy, las conclusiones del organismo de la Generalitat serán publicadas en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC) y se abre así un nuevo periodo de enmiendas con el fin de corregir las inconstitucionalidades detectadas por el organismo jurídico catalán.

Este periodo de enmiendas concluirá el próximo día 19 a las 14.00 horas, según explicó ayer el vicepresidente del Parlament, Higini Clotas (PSC). 24 horas después, concretamente el 20 de septiembre, el Parlament convocará junta de portavoces y Mesa del Parlament para decidir si las correcciones o nuevas enmiendas deben discutirse en comisión primera, como hizo el día 29 de julio, o en la misma sesión plenaria en el Parlament.

Fuentes parlamentarias, aseguraron al respecto que el proyecto de ley estatutario irá a comisión o pleno según el volumen o el debate que entrañen las enmiendas que se presenten en este trámite. No obstante, también apuntaron, las mismas fuentes, que una comisión primera a estas alturas de la reforma estatutaria sería del todo inoperante.

Con todo, las fuentes parlamentarias, concluyen que si hay voluntad de acuerdo entre las distintas formaciones políticas lo lógico sería que se recuperase la ponencia estatutaria para debatir las enmiendas que puedan surgir en estos días a tenor del dictamen del Consejo Consultivo.

El último trámite será el debate y votación en el pleno del Parlament, para lo que la cámara ya ha reservado la última semana de septiembre (del 26 al 30) para su celebración, que sería el primero del periodo de sesiones.

En esta sesión plenaria se deberá realizar una votación global sobre la totalidad del la proposición de ley, la cual requiere, para ser aprobada, del voto favorable de dos terceras partes de la cámara, es decir, de un mínimo de 90 de los 135 diputados.

Si el nuevo Estatut de Cataluña sale adelante, el presidente del Parlament el independentista, Ernest Benach, lo deberá entregar al presidente del Congreso de los Diputados con la finalidad de iniciar la tramitación en la s Cortes Generales.

Interpretando la Inconstitucionalidad del Nuevo Estatuto Catalán

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2005, 16:32, Categoría: Estatuto Catalán

La ‘jaula de grillos’ en que se ha convertido la política con el Estatuto se refleja en los editoriales de la prensa. Por ejemplo miren las razones que da el DEIA (PNV) para obviar la inconstitucionalidad del texto propuesto…

ABC

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

LETRA GRANDE, LETRA PEQUEÑA

Editorial

Las filtraciones se han confirmado y el Consejo Consultivo catalán ha dictaminado que 19 de los artículos de la reforma estatutaria del tripartito son inconstitucionales y otros 39 podrían serlo. Sobre este dictamen se ha descargado demasiada responsabilidad, como si fuera el veredicto final sobre el proyecto estatutario. Por eso es necesario recordar que la última palabra, en Cataluña y en el resto de España, es del Tribunal Constitucional y que lo dicho por el Consultivo no salva, aunque le diera el visto bueno, la constitucionalidad de la declaración de Cataluña como nación, cuestión nuclear del debate. Así que valórese el dictamen en su justa medida, porque si los árboles no dejan ver el bosque, y alguien cree que la labor de depuración del proyecto estatutario correspondía al Consultivo, se equivoca gravemente y distorsiona peligrosamente el paisaje. Bien está subrayar los 19 preceptos inconstitucionales, pero no se olvide que la piedra angular de la reforma del Estatut es ese artículo primero donde aparece el término nación, que sí cuenta ya con el visto bueno del Consejo Consultivo. Separemos la letra grande de la letra pequeña.

EL PAIS

Martes, 6 de de septiembre de 2005

BUEN CONSEJO

Editorial

El Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña emitió ayer su dictamen sobre el proyecto de nuevo Estatuto de autonomía, en el que analiza la constitucionalidad del texto básico y también de las enmiendas de los distintos grupos. Es un documento de alto interés, por su contenido y porque lo emite un organismo de reconocido prestigio y que, dada su composición estrictamente catalana, no podrá ser acusado de estar al servicio de otras administraciones. Encargado de velar por la constitucionalidad de los proyectos legislativos autonómicos, el Consejo suministra una cura de humildad a los ponentes que se dejaron llevar por el maximalismo y la subasta nacionalista.

Aprecia inconstitucionalidad en 19 artículos del proyecto, algunos muy sustanciales, y en algunas enmiendas de gran calado de signo soberanista, y dudas sobre otros 39 artículos. Desecha la utilización de los "derechos históricos" como instrumento para blindar competencias autonómicas, aun reconociendo su papel como factor que contribuye a fundamentar la autonomía. Rechaza la fórmula de financiación inspirada en el concierto vasco propuesta en la enmienda de CiU y matiza el esquema general de la fórmula planteada por el tripartito. Valida el sistema de blindaje de competencias del texto, basado en su división detallista en submaterias para protegerlas de una eventual invasión de la Administración central, pero pone en entredicho algunas de ellas. En suma, el Consultivo ha aplicado el cepillo del realismo.

Algunas voces, especialmente desde la oposición convergente, han cuestionado el valor del dictamen en un inútil intento de ponerse la venda antes de la herida. Pero son muchas las razones que aconsejan no minusvalorar la opinión del Consultivo. Por tradición: se le ha seguido en casi todas las ocasiones desde su existencia; con mayor razón en la más decisiva. Por lealtad institucional: sería alevoso apreciarlo cuando avala las propias posiciones y desacreditarlo cuando las desautoriza. Por seriedad democrática: porque deslegitimar algunas votaciones basándose en su ajustada mayoría equivale a renegar del principio democrático (imperio de las mayorías, respeto a las minorías), que es norma de este tipo de instituciones independientes de nombramiento parlamentario.

Y finalmente, por pragmatismo y por sentido del ridículo, porque si se echaran en saco roto sus recomendaciones, ellas mismas constituirían la base en el siguiente trámite del Congreso de los Diputados para la recusación de los artículos originariamente impugnados ya desde Cataluña. Quien pese a todo persista en la senda de proponer normas anticonstitucionales, o equiparables enmiendas sorpresivas de última hora, será ahora el principal culpable del fracaso del nuevo Estatuto. Es, pues, hora de responsabilidad, de sensatez, de retorno al consenso y de estricto respeto al marco constitucional.

DEIA

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

REFERENTES CONTAMINADOS 

Editorial

El Consejo Consultivo de Catalunya se pronunció definitivamente sobre el borrador de Estatut y el contenido de su dictamen confirmó muchas de las filtraciones o especulaciones conocidas en días pasados. Confirmó, entre otras cosas, la consideración de inconstitucionales de 19 de los preceptos establecidos en la propuesta de Estatut aunque asumió como constitucional la consideración de Catalunya como nación. Pero, sobre todo, el dictamen confirmó que la carencia de referentes estables y no contaminados políticamente en las instituciones que deberían aportar perspectivas técnicas o jurídicas resulta palmaria. Es un inconveniente añadido para el ciudadano en la medida en que no puede determinar un criterio sobre el que tamizar el debate político toda vez que quienes tienen la responsabilidad de aportárselo carecen del perfil independiente que dé credibilidad a sus posicionamientos.

En el caso del Comité Consultivo catalán, el hecho objetivo es que los elementos más sujetos a debate desde el cruce de las perspectivas políticas no han hecho sino reflejar las mismas. Así, la supuesta inconstitucionalidad de varios preceptos ha sido determinada por el voto favorable de los cuatro consejeros propuestos por el PSC, PP e ICV, mientras que ha contado en el voto contrario de los tres propuestos por CiU y ERC. Tal ha sido el caso de la alusión a los derechos históricos de Catalunya, uno de los nudos gordianos de la redacción del borrador de Estatut. La situación no es nueva en la medida en que reproduce experiencias anteriores de mayor calado incluso dado que, al fin y al cabo, el Consejo catalán sólo tiene carácter consultivo aunque su decisión vaya a alimentar sin duda el discurso contra la reivindicación de las nacionalidades históricas del Estado haciendo abstracción de la realidad de su verdadera naturaleza. En términos de gravedad, mayor es la trascendencia de instituciones cuya composición refleja en la misma medida y sus decisiones reproducen del mismo modo la divergencia idéntica en función de la naturaleza política de su padrinazgo. Tal es el caso del Consejo General del Poder Judicial, incapaz de superar la división de mayorías y minorías de origen político. Una situación que en el caso catalán va a servir para hacer tabla rasa de la verdadera profundidad del debate sobre el borrador de Estatut y limitará el mismo al titular de su presunta inconstitucionalidad. Discursos nacidos de referentes contaminados cuyo modelo se reproduce lamentablemente también en las altas magistraturas judiciales del Estado.

ABC

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

LA ABERRACIÓN DEMOCRÁTICA DE CAROD-ROVIRA

Luis Ignacio Parada

A menos que pensemos que los políticos crean instituciones, entidades y organismos deliberadamente inútiles, con fines decorativos o destinados secretamente a respaldar sus decisiones mediante la prudente disposición de que sus opiniones no son vinculantes, habremos de convenir que el Consejo Consultivo catalán tiene derecho a decir lo que piensa de la reforma del Estatuto. Es cierto que su nombramiento es político. Y podría parecer que al ser nombrados por el presidente de la Generalidad, dos de ellos por el Consejo Ejecutivo y los otros cinco por mayoría de tres quintas partes de los diputados del Parlamento de Cataluña, podrían tener la tentación de tratar con cierta amabilidad las propuestas de quienes los nombran. Pero afortunadamente no ha sido así.

El Consejo Consultivo de la Generalidad ha detectado diecinueve preceptos inconstitucionales en el borrador del nuevo Estatuto y tiene serias dudas de la constitucionalidad de otros 39. Poco democrático es decir, como ha hecho Carod-Rovira, que hay cuestiones, como la invocación de los derechos históricos de Cataluña para blindar competencias, en las que el Consultivo está dividido por cuatro votos contra tres. Pero eso no significa en modo alguno, según dice, que exista un empate técnico, porque el criterio del Consejo no depende de una sola persona: depende de siete. Lo malo no es que ese disparate, esa aberración democrática sea tanto como invalidar cualquier votación que no sea ganada por mayoría absoluta, algo que hubiera impedido la presencia de su partido en el Gobierno catalán: lo malo es que da por sentado que el criterio político de ERC y el suyo propio sobre la constitucionalidad está por encima del de un organismo compuesto de juristas expertos, dos de ellos elegidos a propuesta del PSC, uno por el PP, otro por ICV, uno más por CiU y un último por ERC. Que un informe no sea vinculante no quiere decir que no sea jurídicamente objetivo y, sobre todo, inequívocamente democrático.

División en el PSOE: Guerra No se Calla

Por El Observador - 8 de Septiembre, 2005, 15:59, Categoría: Estatuto Catalán

Las diferencias en el PSOE se acrecientan. Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso y habitual de las campas de Rodiezmo, recogió lo dicho la víspera por Zapatero en la reunión de la plana mayor del PSOE, al referirse a las reformas estatutarias en marcha, cuando pidió al PSOE que abandone el "inmovilismo" y al PSC que no se embarque en "aventuras egoístas e insolidarias" y puntualizó a su vez que "hay algunos que no quieren reformar los estatutos y por eso no son inmovilistas". "hay otros que sí quieren la reforma, continuó, y no por eso son aventureros". Hay que encontrar el justo equilibrio porque el Estado, España, es importante como un conjunto, como un proyecto común y no lo podemos dilapidar. Paralelamente el portavoz de ERC en el Parlamento catalán, Joan Ridado, abogó ayer por aprovechar la actual coyuntura política "sin un PSOE con mayoría absoluta", con el fin de presionar en Madrid a favor del Estatuto, ya que considera que la hegemonía de José Luis Rodríguez Zapatero "pende de un hilo, ante los sectores felipe-guerristas y jacobinos del partido" Según el dirigente republicano, estas familias del Partido Socialista "le hacen la vida imposible al presidente del Gobierno y no quieren un Estado plural, que avance en una dirección federal". Esquerra pretende convertir el Estatuto catalán en su principal arma política para obligar a reformar la Constitución con el fin de convertir a España en un Estado federal, uno de los principales objetivos de los independentistas catalanes en esta legislatura. Con socios como éstos casi no se necesita oposición.

EL MUNDO

Lunes, 5 de de septiembre de 2005 

GUERRA: «ESPAÑA ES UN PROYECTO COMÚN QUE NO HAY QUE DILAPIDAR»

MANUEL SANCHEZ (Enviado especial)

RODIEZMO (LEON).- El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra reiteró ayer que «España es importante como un conjunto, como un proyecto común», y reiteró su advertencia: «No lo podemos dilapidar».

Lo hizo en la tradicional fiesta minera de Rodiezmo (León), donde coincidía con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero no pudo decirlo delante de él porque el líder socialista llegó, justamente, cuando acabó la intervención el actual presidente de la Comisión Constitucional.

Además de dicho recordatorio y aviso, Guerra también rechazó los calificativos de «inmovilistas» que Zapatero colocó en el Comité Federal a la mayoría de los dirigentes del PSOE por oponerse a las reformas estatutarias; y también el de «insolidarios» con el que pudo referirse al PSC.

«Hay algunos que no quieren una reforma de los Estatutos y no por eso son inmovilistas. Hay otros que quieren cambiar los Estatutos, y por ello no son aventureros. Lo que hay que hacer es encontrar el justo equilibrio», afirmó el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, por la que debe pasar el Estatuto catalán si llega a Madrid.

Incluso, el ex vicesecretario general del PSOE -que actualmente no forma parte del Comité Federal del PSOE- ironizó ayer sobre la frase de Rodríguez Zapatero en la que afirmaba que ser de izquierdas era disuadir del consumo del alcohol y del tabaco.

«Rodiezmo es una fiesta de concordia, donde las familias vienen a pasar el día, a comer pinchos y tomarse refrescos. Iba a decir a tomarse tintos, pero tras lo escuchado en el Comité Federal cualquiera se atreve a hacer elogios de bebidas», afirmó el dirigente socialista, lo que provocó una amplia carcajada del público asistente.

Ironizó sobre la convención que los populares han fijado para febrero con el objetivo de renovar mensajes. «Si ellos ya los ven antiguos, fijaos cómo los vemos nosotros».

Y, a continuación, deseó que tras la conferencia política se renueven de verdad. «Me gustaría oírles decir que ya se han enterado de que perdieron las elecciones del 14-M. También que han aceptado que el poder no les corresponde por derecho natural, sino por lo que quieren los ciudadanos. También me gustaría que el señor Acidar o Acebes, como se llame, no salga todos los días para decir que Zapatero tiene la culpa de todo, hasta de la peineta que se le cayó a una señora en un mitin del PP».

Alfonso Guerra, además, defendió a ultranza el Estado del Bienestar y la financiación de la Sanidad pública. «Se puede hacer con impuestos como propone el Gobierno», dijo, «pero también gastando menos en otras cosas. Algunos tienen ya dos televisiones y ya quieren un tercer canal, para contar las mismas tonterías que dicen siempre. Más hospitales y menos televisiones», gritó.

Ni que decir tiene que, como todos los años, Guerra triunfó en Rodiezmo. Los mineros astur-leoneses se lo pasan genial con él. Fue una lástima que Zapatero, este año, no lo pudiera oír. Culpa del atasco de entrada.

EL PAIS

Lunes, 5 de de septiembre de 2005

GUERRA PIDE QUE NO SE DILAPIDE EL PROYECTO COMÚN DE ESPAÑA

C. E. C.

Rodiezmo - Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y veterano dirigente socialista, habitual de las campas de Rodiezmo, aprovechó el baño de masas, su especialidad de siempre, para lanzar alguna crítica velada al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que no podía escucharle porque aún no había llegado.

Guerra recogió lo dicho la víspera por Zapatero en la reunión de la plana mayor del PSOE, al referirse a las reformas estatutarias en marcha, cuando pidió al PSOE que abandone el "inmovilismo" y al PSC que no se embarque en "aventuras egoístas e insolidarias". "Tenemos problemas, el terrorismo, el tema territorial, que no está resuelto definitivamente", comenzó Guerra. "Como dijo el secretario general", explicó, "hay algunos que no quieren reformar los estatutos", pero ahí llegó el matiz: "Y no por eso son inmovilistas". "Hay otros que sí quieren la reforma", continuó, "y no por eso son aventureros. Hay que encontrar el justo equilibrio, porque el Estado, España, es importante como un conjunto, como un proyecto común, y no lo podemos dilapidar".

"Paleoliberales"

El histórico número dos del PSOE también lanzó un pequeño tirón de orejas por la propuesta de financiación sanitaria del Gobierno. "Los neoliberales, que son viejos, antiguos y fracasados, así que hay que llamarles paleoliberales, nos critican porque dicen que hay demasiadas prestaciones. Ahora parece que en la sanidad también se gasta demasiado, que hay un agujero", dijo; y enseguida lanzó su toque de atención. "Por cierto, que eso se puede cubrir con impuestos o gastando menos en otras cosas, porque hay por ahí algunos que tienen dos televisiones y todavía quieren hacer una tercera, y total para decir las mismas tonterías...". Guerra no se refería a los socialistas, pero varias comunidades gobernadas por este partido, como Asturias, Extremadura o Aragón, están poniendo en marcha sus televisiones autonómicas con dinero público.

El veterano dirigente también lanzó varios piropos al presidente Zapatero, e hizo reír a miles de mineros y a sus familias con los ataques al PP. "Parece que en febrero van a actualizar su programa, porque está un poco viejo. A ver si entonces salen y dicen 'ya nos hemos enterado de que hemos perdido las elecciones, hemos comprendido que el poder no nos pertenece por derecho natural".

La gente aplaudió sin fin cuando mencionó Nueva Orleans. "La gente humilde necesita al Estado para protegerlos. Se está desmantelando el Estado de bienestar, y eso se nota cuando hay necesidad. Mirad con el Katrina, no tienen ni un solo hospital público". "¿Y quién va a defender al Estado si no son los socialistas?".

EL PAIS

Lunes, 5 de de septiembre de 2005

ESQUERRA PROPONE APROVECHAR EL IMPULSO DE ZAPATERO PARA CERRAR EL PACTO ESTATUTARIO 

Francesc Valls

El Consejo Consultivo hará público hoy el dictamen sobre la reforma del Estatuto catalán

Barcelona - Joan Ridao, portavoz de Esquerra Republicana en el Parlamento catalán, se mostró ayer optimista sobre la posibilidad de que las fuerzas políticas pacten el Estatuto esta misma semana. El Consejo Consultivo entregará hoy en la Cámara legislativa catalana su dictamen sobre la reforma estatutaria. A partir de ahí comenzarán las negociaciones que, a juicio de Ridao, cuentan con el acicate de que José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido algunas tesis federalistas, si bien a juicio del portavoz de ERC están seriamente amenazadas desde dentro del PSOE por "los felipeguerristas y jacobinos".

No sólo el Partit dels Socialistes y el presidente de la Generalitat y del PSC, Pasqual Maragall, están satisfechos de la victoria del presidente Zapatero el pasado sábado, en la reunión del Comité Federal del PSOE, sobre lo que denominan "dinosaurios del partido". También lo está Esquerra, la fuerza política que ha presentado sus propuestas estatutarias tanto con socialistas e Iniciativa-Verds -sus socios del Gobierno catalán- como con CiU. Aunque los republicanos apostillan que ese federalismo enunciado por Zapatero es aún balbuceante dentro del socialismo español y está amenazado por los sectores jacobinos, que impondrían su voluntad si el PSOE tuviera mayoría absoluta.

En declaraciones a este diario, Ridao destacó que el momento es el indicado para cerrar el acuerdo del Estatuto. Tanto el portavoz parlamentario republicano como el secretario general del partido, Joan Puigcercós, han expresado su confianza en que el pacto se cierre esta misma semana. Hoy se conocerá en su literalidad el dictamen del Consejo Consultivo sobre la reforma estatutaria en la que ERC -en este caso del brazo con CiU- ha sufrido el revés de ver rechazadas por el organismo jurídico la fórmula del blindaje de competencias a través de los derechos históricos. También los socialistas han visto cómo el Consultivo aceptaba como ajustado a la Constitución el exhaustivo redactado competencial, al que el PSC había presentado una enmienda. Según Ridao, "nadie puede decir que ha ganado por 10 a 0" en esa veintena de artículos que, tal como avanzó el pasado sábado EL PAÍS, el Consultivo no considera ajustados a la Constitución.

Tanto republicanos como socialistas opinan que el pacto no está tan lejos como puede parecer. Fuentes próximas al presidente de la Generalitat, que ha reiterado su intención de pasar de su papel institucional a intervenir como agente activo en la negociación, aseguran que incluso en el asunto de los derechos históricos están preparados los mimbres para cerrar el acuerdo.

Derechos históricos

Estas mismas fuentes han recordado que el discurso de Zapatero ante el Comité Federal del PSOE dejaba la puerta abierta a un cierto reconocimiento de estos derechos históricos al poner como premisas básicas de la reforma estatutaria el consenso y la constitucionalidad en sentido amplio, que abarcaría a las culturas e instituciones de las comunidades autónomas. Ahí podría hallarse el desatascador de la situación, esa pizca de "generosidad" interpretativa que reivindica una Esquerra Republicana consciente de que, aunque el dictamen del Consejo Consultivo no sea la Biblia, debe tenerse en cuenta su opinión.

Los partidos han comenzado a poner en común sus fórmulas. Las discretas reuniones bilaterales se han multiplicado desde la semana pasada. A partir del miércoles comienza la puesta en escena: el presidente Maragall se entrevistará con los líderes políticos. El primero será el presidente de CiU, Artur Mas. Y el turno, tras los encuentros con el presidente de Esquerra, Josep Lluís Carod, y la vicepresidenta del PSC, Manuela de Madre, lo cerrarán el viernes el líder del PP, Josep Piqué, y el de Iniciativa, Joan Saura.

El PP se quedará fuera del consenso, de no producirse algún imprevisto. El tripartito quiere aprovechar esta semana para cerrar filas y tender puentes a Convergència i Unió, renuente al acuerdo pero consciente de que tampoco puede aparecer en la foto junto a los populares en la oposición al Estatuto.

Aunque Convergència i Unió reitera que la decisión deben tomarla los políticos y no los juristas, el dictamen del Consultivo es un aviso sobre los escollos que podría encontrar una reforma del Estatuto no ajustada a la Constitución, un marco que "ninguna fuerza política seria", aseguran desde el Gobierno catalán, puede ignorar. Y las propuestas presentadas por CiU -financiación y derechos históricos- son las que han sufrido un correctivo más serio por parte del Consejo Consultivo.

El tripartito ha recibido matizaciones sobre su propuesta de financiación, que desde Esquerra Republicana de Catalunya ya se han aprestado a corregir.

ABC

Lunes, 5 de de septiembre de 2005  

GUERRA RECHAZA QUE SE TACHE DE «INMOVILISTAS» A QUIENES NO QUIEREN REFORMAR LOS ESTATUTOS

Gonzalo López Alba

El ex vicepresidente del Gobierno propone que para pagar el déficit sanitario las autonomías «gasten menos en televisiones, que todas dicen las mismas tonterías»

RODIEZMO (LEÓN). Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, aprovechó ayer su presencia en la fiesta socialista que todos los años organiza el sindicato minero Soma-UGT para decir lo que el sábado no pudo en el Comité Federal del PSOE, del que no forma parte. El ex vicepresidente del Gobierno advirtió de que «España es importante como un conjunto, como un proyecto común, y no lo podemos dilapidar», por lo que abogó por «encontrar un justo equilibrio» para afrontar «el tema territorial, que todavía no está resuelto».

Guerra parafraseó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aunque trastocando la intención de los términos utilizados por éste en el Comité Federal -«ni inmovilismos ni aventuras egoístas e insolidarias»-, para defender que «hay algunos que no quieren una reforma de los estatutos y no por eso son inmovilistas, y hay otros que sí la quieren y no por eso son aventureros».

Sin oponerse a la dinámica de reformas, se alineaba así con quienes dentro del PSOE no ven la necesidad de modificar los estatutos de autonomía, como el extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra o el castellano-manchego José María Barreda, y que rechazan que, por eso, se les tache de «inmovilistas». Con estas manifestaciones, además de expresar su propio criterio, Guerra daba cobertura a sus seguidores, que salieron notablemente molestos de la reunión del Comité Federal por entender que Zapatero no dio amparo a quienes fueron «abroncados» por la dirigente del PSC Manuela de Madre.

Sus palabras no pudieron ser escuchadas por el presidente del Gobierno, ya que Guerra habló antes de que Zapatero pudiera llegar a la campa de Rodiezmo, donde desde hace veintiséis años se celebra una «romería socialista» y que, según los organizadores, congregó a más de 35.000 personas. Sí pudo escuchar, sin embargo, al líder del sindicato minero Soma-UGT, quien dijo que «todos tenemos mucho que reivindicar de memoria histórica, no sólo los catalanes», y le recordó que «también nosotros hemos dado nuestro voto al presidente del Gobierno».

«Cohesión territorial»

Rodríguez Zapatero, sin embargo, prefirió pasar de puntillas por el asunto que el sábado capitalizó las discusiones del Comité Federal y que tantas controversias suscita dentro de su partido. En su lugar, hizo una defensa genérica de las bondades del Estado de las Autonomías, sin el cual, según dijo, «muchos no tendrían voz y algunos, los territorios con menos recursos, no se sentarían en ninguna mesa, mientras que hoy todos los territorios, pueblos e identidades cuentan por igual en este país». El jefe del Ejecutivo hizo hincapié en que el esfuerzo en inversiones en las comunidades menos desarrolladas, singularmente en el norte y noroeste, constituye una auténtica «política de cohesión territorial».

Alfonso Guerra abordó también el debate sobre la financiación del déficit de la sanidad, a propósito del cual dijo que puede afrontarse «con impuestos, pero también gastando menos en otras cosas». En concreto, señaló que «hay comunidades autónomas que tienen dos televisiones y ya están pidiendo otra, y podrían gastar menos en eso, que todas dicen las mismas tonterías».

Sobre esta cuestión se pronunció igualmente el secretario general de UGT, Cándido Méndez, que se mostró partidario de financiar el déficit sanitario «a través de recursos provenientes de impuestos directos», junto con una mejora del fondo de cohesión interterritorial. El líder sindical reclamó que se abra una «mesa de diálogo social» para discutir este asunto, ante el que subrayó que las comunidades autónomas «no pueden escurrir el bulto», sino que han de actuar con «corresponsabilidad» porque «gestionan nueve de cada diez euros que se gastan en sanidad».

Cándido Méndez destacó, como un aspecto positivo del modelo propuesto por el Gobierno, que descarta la fórmula del «copago».

ABC

Lunes, 5 de de septiembre de 2005 

ERC ADVIERTE A ZAPATERO QUE SU HEGEMONÍA «PENDE DE UN HILO ANTE LOS SECTORES JACOBINOS» DE SU PARTIDO

A. Marín

BARCELONA. El portavoz de ERC en el Parlamento catalán, Joan Ridado, abogó ayer por aprovechar la actual coyuntura política, «sin un PSOE con mayoría absoluta», con el fin de presionar en Madrid a favor de la aprobación del Estatuto, ya que considera que la hegemonía de José Luis Rodríguez Zapatero «pende de un hilo, ante los sectores felipe-guerristas y jacobinos del partido».

Según el dirigente republicano, estas familias del Partido Socialista «le hacen la vida imposible al presidente del Gobierno y no quieren un Estado plural, que avance en una dirección federal». Esquerra pretende convertir el Estatuto catalán en su principal arma política para obligar a reformar la Constitución con el fin de convertir España en un Estado federal, uno de los principales objetivos de los independentistas catalanes esta legislatura.

Una iniciativa que no comparte el consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat y presidente de ICV, Joan Saura, que apuesta por «ajustar» el Estatuto a la Carta Magna y «retocar» los artículos que el Consejo Consultivo de la Generalitat considera inconstitucionales, como el sistema de financiación y la invocación de los derechos históricos, para blindarlo de «injerencias» del Estado.

«Si algún partido pretende llevar una propuesta de financiación a negociar a Madrid con un dictamen negativo, es que está fuera de la realidad política», subrayó el líder ecosocialista, quien aboga por seguir las recomendaciones jurídicas de este órgano asesor de la Generalitat.

El presidente de ICV remarcó que «cualquier cuestión, pequeña o grande, que sea declarada inconstitucional por el Consultivo, ya sea por mayoría absoluta o por mayoría relativa, si la mantenemos sin modificar, es una iniciativa débil ante la negociación en Madrid».

El Consejo Consultivo entregará hoy al Parlamento catalán su informe que cuestiona la constitucionalidad del núcleo del Estatuto. Una opinión compartida por cuatro vocales del Consejo -los dos elegidos por el PSC y los propuestos por ICV y PP- y rechazada por los dos representantes de CiU y el de ERC.

LA RAZON

Lunes, 5 de de septiembre de 2005 

GUERRA INSTA A ZAPATERO A BUSCAR EL EQUILIBRIO Y NO DILAPIDAR EL PROYECTO COMÚN DE ESPAÑA

Esther L. Palomera

Ambos coinciden en la cita de Rodiezmo y el presidente anuncia otra subida de las pensiones mínimas

Rodiezmo (León) - Las ristras de ajos, las pulperías, las empanadas, los «bollos preñaos», la inmensa pradera (que ya no existe por culpa de la sequía), los puestos, las 25.000 personas que acuden fieles a la fiesta campera, los 15 kilómetros de atasco hasta llegar al sarao... Otro año en Rodiezmo, en la cita minera de la comarca asturleonesa que el presidente del Gobierno eligió desde que fue elegido secretario general del PSOE para abrir el curso político tras el estío. También este septiembre que podría decirse que ya lo ha inaugurado en dos ocasiones anteriores. Primero, en Tenerife. Después, en Madrid, ante el Comité Federal de su partido. Da igual.

Hasta allí que se desplazan los indómitos sindicalistas del SOMA-FIA-UGT, el presidente del Principado de Asturias, el secretario gene- ral de la UGT y Alfonso Guerra. Porque si la tradición de Zapatero con la comarca es de los últimos cuatro años, la del ex vicepresidente del Gobierno es de más de dos décadas. La cita es a las doce. Y el interminable elenco de oradores comienza sin el presidente del Gobierno. La comitiva de Moncloa se retrasa. Unos dicen que para evitar el atasco. Otros, que para no escuchar la intervención de Guerra. Esto último son más bien maledicencias. El sol es de justicia y los asistentes buscan desesperadamente la sombra. Pero Guerra, convertido ahora en el superhéroe del centroderecha, no defrauda.

Y, en éstas, va y asesta dos estocadas. Una, para recelar de la subida de los impuestos: «Hay quien reivindica para resolver los problemas más dinero. Se puede hacer con la subida de impuestos, pero digo yo que también se podrá hacer si ahorramos dinero. Porque hay quien tiene dos televisiones públicas y ya pide una tercera. Podrían gastar menos dinero, que siempre dicen las mismas tonterías».

La segunda, para contestar directamente a Zapatero y a sus alusiones al modelo de Estado ante el Comité Federal del sábado: «El tema territorial no está resuelto definitivamente. Como dijo ayer el secretario general, hay algunos que no quieren reformas de los Estatutos, y no por eso son inmovilistas. Hay otros que sí las quieren, y tampoco son aventureros. Hay que encontrar el justo equilibrio porque el Estado, España, es importante como un conjunto, como un proyecto común. No lo podemos dilapidar». Dijo todo esto el otrora vicepresidente del Gobierno en una hilada intervención sobre el estado del bienestar, las prestaciones sociales, los beneficios de los poderosos y la miseria en el mundo.

Con su habitual gracieta andaluza tampoco escatimó críticas a los populares. «Pues no van, ahora, los tipos y dicen que quieren reactualizar su programa. Eso es que lo ven un poco viejo. Imaginaos cómo lo vemos nosotros». Justo cuando Guerra concluyó entre aplausos y risas de los mineros, llegó Zapatero. Él eludió, esta vez, el tema territorial y los estatutos. Que para eso ya había hablado el día anterior largo y tendido, aunque, como se vio, no gustara demasiado a Alfonso Guerra.

Abrazo efusivo. Las diferencias políticas no evitaron, sin embargo, que ambos líderes se saludaran con efusividad. Entre ambos, digan lo que digan, hay simpatía y, también, sintonía, aunque en ocasiones, las palabras de Guerra hagan mella en el gabinete «monclovita». Total, que el presidente evitó entrar en ese trapo. Prefirió el anuncio, mejor los anuncios. Uno: el próximo año habrá también subida de las pensiones mínimas, el doble de la subida media. Será el segundo año consecutivo. Ya en 2005, el incremento afectó a más de 3,5 millones de pensionistas.

Y dos: «A finales de año, en sólo 20 meses, habremos duplicado el fondo de reserva de la Seguridad Social para garantizar las pensiones de futuro». Un Zapatero pletórico por la marcha de la economía centró su discurso en esta materia, en el gasto social, en el incremento de los puestos de trabajo, en el plan de vivienda, en el incremento de becas, en los salarios de los funcionarios.... Todo para demostrar que, de nuevo, «las profecías del desastre han fracasado».

La sentencia iba para el partido de Mariano Rajoy, con quien el presidente se entrevistará hoy en La Moncloa. Fue la única alusión que hizo al principal partido de la oposición y la de que «se ha equivocado en todos los pronósticos y por eso dicen ahora que van a actualizar su proyecto». Total, que el presidente no cree, según dijo, que haya alterado la vida de las familias con la aprobación del matrimonio homosexual, ni provocado un desastre en la escena internacional con la retirada de Iraq y menos un efecto llamada con la regularización de inmigrantes.... Al menos eso es lo que dice.

LA RAZON

Lunes, 5 de de septiembre de 2005 

ERC LOGRA QUE EL PSOE APOYE EL USO DEL CATALÁN EN LOS PLENOS DEL CONGRESO

R. N.

Madrid- ERC ha alcanzado un pacto con el PSOE para que se vuelva a permitir el uso del catalán, el gallego y el euskera en la introducción de los discursos ante el pleno del Congreso, que sería traducida al castellano. El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, informó a Efe de este acuerdo, que la formación republicana pretende poner en práctica antes de final de año.

Esta regla es similar a la que el presidente del Congreso, Manuel Marín, autorizó el pasado mes de febrero, pero que finalmente revocó debido a los incidentes que tuvo con algunos diputados de ERC, entre ellos Tardá, por la aplicación de este uso.

Tardá explicó al respecto que el pacto cerrado con el PSOE permitirá comenzar los discursos en las lenguas cooficiales, sin acotar la duración de esta introducción, y posteriormente, traducirlo al castellano para que lo pueda transcribir el servicio taquigráfico.

LA RAZON

Lunes, 5 de de septiembre de 2005 

EL ESTATUT ANTE EL PRECIPICIO: UNA SEMANA QUE MARCARÁ LA SUERTE FINAL DE LA REFORMA

Marcos Pardeiro

Maragall se entrevistará con Mas y Carod-Rovira con el dictamen del Consejo Consultivo bajo el brazo

Barcelona - El hemiciclo del Parlamento de Cataluña está reservado para la última semana de septiembre. De lunes a viernes. Uno de esos días debería ser el señalado para reunir a los diputados y aprobar solemnemente el nuevo Estatuto de Autonomía. Pero la sesión está pendiente de convocatoria y el necesario consenso (dos tercios de la cámara) está pendiente de un milagro. Después de 19 meses de enconada disputa política, las posturas siguen alejadas en capítulos tan importantes como la financiación y las competencias, que constituyen, de hecho, el núcleo central de la reforma.

La sociedad civil, los empresarios, las entidades culturales y los sindicatos catalanes están fatigados después de ver cómo la clase política ha destinado todos los esfuerzos de esta legislatura a elaborar un nuevo marco legal y comprobar que el acuerdo se ha convertido prácticamente en una quimera. Ahora, desde diversos frentes se reclama cerrar, de una vez por todas, las negociaciones. Pero el pacto no parece fácil, sobre todo si se observa el calendario; apenas restan tres semanas para posibilitar el entendimiento.

La hora de la verdad. La semana que comienza será decisiva, ya que, por una parte, el Consejo Consultivo dará a conocer hoy el dictamen sobre la constitucionalidad de los textos estatutarios aprobados en comisión parlamentaria, y por otra, se iniciará la ronda de contactos de Pasqual Maragall con el resto de líderes políticos. El PSC siempre ha confiado en que el Consultivo desbroce parte del dificultoso camino, señalando las inconstitucionalidades de los textos avalados por CiU y ERC en el capítulo de competencias (incluye la controvertida invocación de derechos históricos).

Maragall empleará a fondo la carta del Consultivo, a pesar de que tanto los nacionalistas como los independentistas se apresuraron en advertir que el pronunciamiento de este órgano no es vinculante. Sin embargo, también es cierto que Esquerra se ha mostrado más predispuesta a atender las recomendaciones del Consejo Consultivo en el tema de la financiación. Un alineamiento de ERC con el PSC en este ámbito aislaría a CiU, que tendría que asumir un riesgo mayor si opta por vetar el proyecto de Estatut. Para los convergentes es más cómodo rechazar el Estatut junto a Esquerra que junto al PP. Guiada por esta lógica, CiU ha reclamado a ERC reiteradamente que defienda lo que ha defendido históricamente: el concierto económico.

Lo cierto es que el PSC ha esperado con ansiedad el dictamen para ganar autoridad moral y jurídica y, así, incrementar la presión sobre CiU para atraerla a su terreno. Por eso, el presidente Maragall traerá a colación las reflexiones del Consultiu en sus entrevistas con Artur Mas y Josep Lluís Carod-Rovira y recordará el compromiso de los partidos de realizar una reforma sin desbordar la legalidad constitucional. Será una de las últimas oportunidades para que se produzca un vuelco en las negociaciones.

Si se logra el consenso, la batalla política se trasladará a Madrid. Entonces Maragall deberá jugar su carta más valiosa: su sintonía con el presidente Rodríguez Zapatero. Al mismo tiempo, tendrá que soportar los ataques ya programados de los nacionalistas sobre «las rebajas del Gobierno amigo». Si por el contrario, la reforma fracasa en Cataluña, la legislatura habrá sido un fiasco. Se abrirá entonces la caza del asesino del nonato Estatut. Asistiremos entonces a un pleno en el Parlament muy alejado de la solemnidad que, en principio, debería envolver a un proyecto de tal calado. El cruce de acusaciones y la defensa de enmiendas deslucirán una sesión convertida en metáfora de la política catalana. Queda poco tiempo para ver el desenlace. El Estatut se asoma al precipicio.

LA RAZON

Lunes, 5 de de septiembre de 2005 

INESTABILIDAD POLÍTICA O ADELANTO ELECTORAL

M. P.

Barcelona - «Fotut». Éste es el adjetivo que emplean algunos dirigentes de CiU cuando se les pregunta por el estado del Estatut. Fotut viene a significar «complicado», dicho con buenas palabras. No es de extrañar que se pronuncien en estos términos, cuando todavía no se avista el horizonte del consenso y el tiempo para negociar se agota. Es sabido que la política es imprevisible y, por eso, nadie se atreve a asegurar que el pacto a cuatro (CiU, PSC, ERC e ICV) será imposible. De hecho, el Govern se ha esforzado en trasladar la imagen de progreso en los trabajos. «Hay un acuerdo en el 95 por ciento del articulado. Sería absurdo no cerrar el Estatut por un 5 por ciento de disconformidades», dijo hace poco el «conseller primer», Josep Bargalló.

Pero los mensajes de optimismo, también patrocinados por Maragall, chocan con la tozuda realidad. CiU no ha abandonado su defensa del concierto económico y, de hecho, ya prepara una campaña «pedagógica» por Cataluña para explicar las virtudes de este modelo. Es verdad que ha flexibilizado ligeramente sus planteamientos y ha ofrecido la posibilidad de incluir una cláusula que cierre el paso al Estado con leyes como la LOFCA. No obstante, ésta no parece ser la vía del desbloqueo.

En caso de que no se dé luz verde al Estatut, se multiplicarán las voces pidiendo un adelanto electoral, una hipótesis insinuada en el Pacto del Tinell (acuerdo de gobierno del tripartito). CiU, PP y sectores de Esquerra abonarán este planteamiento. La inestabilidad estaría servida. Pero el avance de los comicios no figura entre los planes de Maragall. Su única obsesión es aprobar el nuevo Estatut. De no conseguirlo, no deshará el Govern, sino que se refugiará en las reformas sociales.

LA RAZON

Lunes, 5 de de septiembre de 2005 

Iceta (PSC) afirma que sería «suicida» no hacer caso al dictamen del Consejo Consultivo

Redacción

Barcelona - El portavoz del PSC, Miquel Iceta, recordó ayer que el dictamen del Consejo Consultivo sobre la propuesta del nuevo Estatut no es vinculante pero afirmó que sería «un error suicida» obviar sus conclusiones, dado que dejaría el proyecto de reforma «en una situación de debilidad insoportable». Iceta, en su diario electrónico semanal, comentó que el dictamen del Consultivo, que hoy se conocerá oficialmente, «no es vinculante ni puede suplir la decisión y la responsabilidad política de los partidos catalanes», que son los que «tienen que decidir incorporar o no las consideraciones» que realice este organismo.

Aún así, alertó de que sería «un error suicida» pasar por alto las consideraciones del Consultivo, «especialmente en lo que respecta a corregir posibles indicios de inconstitucionalidad». El portavoz socialista se preguntó «qué fuerza tendría en Madrid una propuesta de Estatut que hubiera sido calificada de inconstitucional por el propio Consejo Consultivo de la Generalitat». En su opinión, presentar al Gobierno central un Estatut cuya constitucionalidad no hubiera sido avalada dejaría el proyecto en «una fragilidad no superada ni por el Plan Ibarreche».

  

Respeto pese al 4 contra 3. Iceta añadió que «no es aceptable pretender descalificar las consideraciones del Consultivo por el hecho de no ser unánimes» porque «una mayoría es una mayoría». De hecho, parece que «ningún partido verá avalados ni desestimados en bloque sus argumentos, lo que tendría que facilitar la aceptación global por parte de todos de los criterios del Consultivo».

En referencia a la postura de CiU, que también ha insistido en que el dictamen no es vinculante, Iceta recordó que «era tanta la confianza» de la federación nacionalista de que «su propuesta de financiación era constitucional» que anunció hace meses que la enviaría al Consejo para que éste pudiera acreditar su legalidad. Para el portavoz del PSC, «la tarea del Consultivo merece todo el respeto» y se mostró convencido de que sus miembros «han actuado con independencia de criterio, evaluando el proyecto de Estatut y buscando la máxima garantía jurídica».

ABC

Lunes, 5 de de septiembre de 2005 

ENTRE DOS AGUAS

Editorial

A pesar del esfuerzo integrador desplegado por Rodríguez Zapatero, el debate en el Comité Federal confirma las graves discrepancias entre diversos sectores socialistas sobre la cuestión territorial. De acuerdo con su estilo peculiar, el presidente del Gobierno ha dejado a todos un poco contentos y un poco inquietos. De hecho, unos interpretan que ha parado los pies a Maragall mientras que otros aseguran que el PSC obtuvo un fuerte respaldo de cara a la reforma estatutaria. Es muy propio del personaje utilizar fórmulas retóricas que le permitan nadar entre dos aguas. Dice que sería bueno «desdramatizar» el debate y marca un rumbo que no permite ni el «inmovilismo» ni las «aventuras egoístas e insolidarias». ¿Adónde conduce, entonces? Es evidente que el presidente ha actuado con ligereza en asuntos esenciales y ya no puede dar marcha atrás en el terreno de los conceptos. Una vez admitido que Cataluña es una «nación», pretende ahora que los nacionalistas radicales no extraigan consecuencias políticas de tan absurda concesión semántica. Es evidente que la falacia de la «nación de naciones», la ocurrencia -ya abandonada- de las «comunidades nacionales» o la falsa doctrina de un federalismo integrador no sirven para limitar las exigencias de sus socios independentistas.

Por su parte, CiU se mueve con comodidad en este ambiente confuso, puesto que desea más que nadie evitar que el PSC llegue a las próximas elecciones con el activo de un nuevo y ventajoso estatuto. El caso es que -al amparo de las razones jurídicas esgrimidas por el Consejo Consultivo- se caen por su base tanto la financiación prevista como los supuestos derechos históricos que permitirían blindar las competencias autonómicas. En este punto intenta Zapatero buscar el encuentro entre Maragall y los barones «españolistas». Por ello, ofreciendo su versión más prudente, el presidente de la Generalitat afirma que el estatuto debe ser «políticamente realista y jurídicamente constitucional», a la vez que Manuela de Madre pone en juego todo su indiscutible activo político para asegurar, ante los aplausos de sus compañeros, que el PSC defiende la Constitución más que nadie. Este malabarismo conceptual no puede ocultar que un sector notable del PSOE mantiene posiciones inequívocas sobre la unidad de España y la validez del sistema autonómico. Con diversos matices, muchos líderes territoriales ofrecieron ante el Comité Federal una batería contundente de argumentos. El tiempo pasa y el presidente del Gobierno no ha conseguido encauzar razonablemente un debate que, según las encuestas, preocupa más a los políticos que a los ciudadanos. No se perciben posibilidades concretas de acuerdo en Cataluña. La situación en el País Vasco no sólo no mejora, sino que la nueva marca política del terrorismo ocupa una posición determinante en el Parlamento. Es fácil vaticinar que habrá desencuentros en Galicia entre Touriño y sus aliados del Bloque. En materia de financiación sanitaria, las reticencias de los suyos (además del rechazo frontal de la oposición) llevan al Gobierno a mover ficha con timidez, anunciando ahora rebajas del IRPF y preparando la cartera para poner más dinero encima de la mesa en la inmediata Conferencia de Presidentes.

La situación, pues, resulta incómoda y embarullada desde todos los puntos de vista. No obstante, el poder ejerce un fuerte atractivo. Ninguno de los intervinientes se fue de la lengua ni llevó las críticas más allá de la prudencia natural. Zapatero no ha dicho ni «sí» ni «no», limitándose una vez más a salir del paso, pero debe ser consciente de que el talante ha agotado sus efectos balsámicos y de que llega la hora de tomar decisiones. En este contexto se sitúa la entrevista de hoy en La Moncloa, a la que acude Mariano Rajoy -como decía ayer en ABC- por «educación y civismo» y con la intención de recordar a su interlocutor que en todos los asuntos concernientes a España debe contar con el acuerdo del PP. Nadie espera gran cosa del encuentro, aunque la oposición va a reiterar su oferta de alcanzar pactos de Estado. Zapatero persiste en el empeño que le ha llevado a un callejón sin salida: la mal llamada «España plural», traducida en un acuerdo de intereses entre socialistas y nacionalistas, pretende formar una mayoría estable que arrincone al adversario con la fórmula reiterada de «todos, menos el PP...». Los socialistas no están dispuestos a cambiar de estrategia, según se confirmó el sábado. Buenas palabras y ningún resultado, porque, en un análisis realista, es claro que la alianza con partidos anti-sistema sólo sirve para agravar el problema territorial a costa de resolver malamente algunas coyunturas parlamentarias.

El Estatuto Catalán Genera Profunda División

Por Narrador - 8 de Septiembre, 2005, 7:36, Categoría: Estatuto Catalán

Diversidad absoluta de interpretaciones como verán en los editoriales. Para EL MUNDO, "Zapatero advierte al PSC contra "las aventuras egoístas e insolidarias" En ABC, "Zapatero aglutina al PSOE y al PSC para no embarrancar en las reformas estatutarias" y en LA RAZÓN se destaca que "Zapatero avisa a Maragall que no permitirá "aventuras egoístas e insolidarias"; en EL PAÍS se dice que "Zapatero muestra su convencimiento de que habrá consenso para el Estatuto catalán. La versión oficial del gobierno señala que el presidente del Gobierno se mostró ayer convencido en el Comité Federal del PSOE de que habrá consenso para reformar el Estatuto de Cataluña y preciso cual es la postura de los socialistas ante los procesos de modificación estatutarios: "Ni inmovilismos ni aventuras egoístas e insolidarias". Su intervención se refleja en toda la prensa, tanto en portada como en interiores como pueden comprobar. Pasqual Maragall pidió confianza en el PSC. "Estamos en un momento crucial, pero el Estatuto va a salir adelante y bien. Como comunidad podríamos pedir un cambio de la Constitución, pero no lo vamos a hacer. Haremos un Estatuto socialmente ambicioso, políticamente realista y jurídicamente constitucional". Maragall recordó que hasta ahora la reforma estaba en el ámbito parlamentario catalán, pero, dijo, ahora él se implicará como presidente de la Generalitat para que salga adelante. EL PAÍS dice que Maragall intenta que CiU pacte la reforma estatutaria la próxima semana. Mientras, en ABC se dice que el informe del Consejo Consultivo sobre el Estatuto ahonda la división política en Cataluña… No se crean nada que no va por ahí la historia.

Mientras tanto Angel Acebes, acusó ayer al Gobierno socialista de "crear problemas donde no los había y que no preocupaban a nadie" y destacó como ejemplo el Estatuto de Cataluña que, a su juicio, "busca el desguace de España". Acebes aseguró en unas jornadas del PP sobre la inmigración en Valencia que el proyecto de reforma estatutaria de Cataluña "ha provocado división, enfrentamiento" y una "sensación de riesgo", porque los socios más cercanos que sostienen al Gobierno siguen adelante en un proyecto para desguazar España". La propuesta de Estatuto se ha convertido para los populares en un "caballo de Troya dentro de la Constitución de todos los españoles, que ha traído convivencia, cohesión y solidaridad", afirmó Acebes tras citar el informe del Consejo Consultivo de la Generalitat que considera inconstitucionales total o parcialmente 20 artículos. Por otro lado, la secretaria ejecutiva de Política Autonómica del PP, Soraya Sáenz de Santamaría aseguró ayer que el presidente del Gobierno no es "ningún árbitro" en el debate estatutario y le exigió que diga "cuál es su idea de España". Sáenz dijo que Zapatero en este debate "no puede ser Don Tancredo".

EL MUNDO

Domingo, 4 de de septiembre de 2005

ZAPATERO ADVIERTE AL PSOE CONTRA LOS «INMOVILISMOS» Y AL PSC FRENTE A LAS «AVENTURAS EGOÍSTAS E INSOLIDARIAS»

Manuel Sanchez

MADRID.- José Luis Rodríguez Zapatero fijó posiciones. Marcó los límites de las reformas estatutarias. Dijo las cosas claras.Puso a cada partido en su sitio. Pero ni esto sirvió para evitar que en el Comité Federal del PSOE, celebrado ayer en Madrid, se visualizara un claro enfrentamiento interno entre la inmensa mayoría de las federaciones socialistas y el socialismo catalán.

Ni siquiera otros temas de más actualidad, como la financiación sanitaria, lograron eclipsar el único debate que hubo ayer en el órgano socialista más importante entre congresos: la reforma del Estatuto catalán.

Zapatero, sabedor de este asunto, lo quiso abortar en su discurso inicial dando una de cal y una de arena a cada postura del partido. Recordó que las condiciones del proceso de reformas estatutarias están contempladas en el programa electoral, y las repitió: amplio consenso, y respeto al marco constitucional. «Respeto», añadió, para hacer un guiño al PSC, a todo el marco constitucional, en el que también se consagra la diversidad y se mandata «al respeto de las culturas, tradiciones, lenguas e instituciones de los pueblos de España».

Y, a continuación, vino un guiño al PSOE -junto a una regañina- y un serio toque al PSC. «Esta es la postura de los socialistas de España, y vale tanto para el PSOE como para el PSC: ni inmovilismo, ni aventuras egoístas e insolidarias. Fuerte avance en el autogobierno dentro de la Constitución y solidaridad entre españoles, igualdad de derechos y libertades».

Pero, quizá por primera vez desde que es secretario general del PSOE, Zapatero no calmó con su discurso las intenciones previas de unos y otros. En total, 24 peticiones de palabra -el doble que en el anterior Comité Federal-, casi todos los primeros espadas y un largo debate por delante.

El buen tono o el talante, según las fuentes consultadas, sí impregnó todas las intervenciones, pero las críticas de los dirigentes de Andalucía, Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha a las posturas de los socialistas catalanes fueron demoledoras.

Andaluces y extremeños, a través de Luis Pizarro y Paco Fuentes, respectivamente -Manuel Chaves y Juan Carlos Rodríguez Ibarra evitaron hablar por estar en la Ejecutiva- denunciaron que el debate sobre el Estatuto catalán no sólo solapa cualquier otra labor del tripartito catalán -tal y como denunció José Blanco hace unas semanas-, sino que, en su opinión, está ensombreciendo la labor social del propio Gobierno.

Fuentes, en concreto, afirmó que «es un grave error político que algunos intenten sustituir los derechos de los ciudadanos por la jerga de las identidades y de los territorios».

Además, el dirigente extremeño indicó que «es un mal asunto que en este partido se mande callar al presidente del mismo y a su secretario de Organización».

Más duro, aunque con «simpatía a mis compañeros catalanes» -según dijo él mismo- estuvo el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda. El dirigente castellano-manchego, con buen talante, criticó los dos puntos básicos del Estatuto catalán. Sobre los derechos históricos afirmó: «Ninguna comunidad tiene derechos pre-existentes a la Constitución». Y sobre el concepto de nación puntualizó: «Ya dijo Prat de la Riba que toda nación necesita un Estado».

También Rafael Simancas, como secretario general del PSOE de Madrid, advirtió sobre el curso que está tomando la reforma estatutaria y pidió «diligencia y sentido común». «Este debate no se debe eternizar porque nos aleja de los sectores sociales», dijo el dirigente madrileño, quien también defendió que todo el mundo pueda opinar, «y que aquí nadie mande callar a nadie».

Para el previsible alud de críticas, el PSC preparó una clara estrategia a cargo de Manuela de Madre, la destacada dirigente de los socialistas catalanes que, en opinión de una de sus compañeras, es una genuina representante de la España plural (nació en Huelva, tiene abuelos extremeños y castellanos, y es catalana).

Y Manuela de Madre ejerció de ello. «Si Ibarra defiende Extremadura es porque es socialista. Pero si Maragall defiende Cataluña, es nacionalista. Esto no es así», afirmó. La dirigente del PSC pidió confianza en su partido y recordó que ha sido el PSC quien no ha apoyado el dictamen y ha sido quien ha recurrido al Consejo Consultivo.

Tras la intervención de Manuela de Madre, el presidente de la Generalitat optó por un discurso más institucional y conciliador.«Estamos en una etapa histórica para cerrar las fracturas que quedan pendientes», proclamó.

Advirtió, no obstante, de que las Comunidades pueden pedir la modificación de la Constitución. «Pero no lo haremos. Porque el Estatuto ha de ser socialmente ambicioso, políticamente realista y jurídicamente constitucional», dijo.

Aseguró que, al igual que Zapatero, él también piensa ahora implicarse personalmente en que salga adelante dicha reforma estatutaria, y mostró su absoluta confianza en que así será.

Fue el dirigente guerrista madrileño José Acosta quien, por orden de intervención, contestó directamente a Maragall. «Los de la tribu de los prostáticos, por experiencia, advertimos de que, a veces, las oportunidades históricas las carga el diablo».

Rodríguez Zapatero, en su intervención final, intentó ser conciliador, aunque visto el varapalo que se llevó el PSC, optó por ser más generoso con los socialistas catalanes. Así, el líder del PSOE pidió «menos prejuicios» a sus dirigentes, y aseguró: «A España, a Cataluña y al PSOE le interesa que haya Estatuto». Además, terminó haciendo una declaración formal de apoyo a los socialistas catalanes: «El PSC tiene mi respaldo y mi confianza», afirmó.

EL MUNDO

Domingo, 4 de de septiembre de 2005

¿APOYÓ O CRITICÓ EL SECRETARIO GENERAL A LOS SOCIALISTAS MADRILEÑOS?

Manuel Sanchez

MADRID.- En su intervención final, José Luis Rodríguez Zapatero se refirió a Rafael Simancas, secretario general de los socialistas madrileños. Al parecer, le pidió al dirigente madrileño que dé el vuelco en la Comunidad de Madrid. «Si en algún sitio es necesario hacer oposición, es en Madrid», le dijo Zapatero.

Además, le indicó que el cambio en Madrid «es necesario, deseable y muy probable», y dijo que el PSOE, después de ganar la periferia, necesita gobernar en el centro.

Fuentes cercanas a Rafael Simancas e, incluso, el propio dirigente guerrista madrileño José Acosta, interpretaron las palabras de Zapatero como un respaldo y una exigencia amable al dirigente madrileño para que gane en la Comunidad en 2007.

Sin embargo, fuentes del PSC indicaron que Zapatero dio un toque de atención al socialismo madrileño, en el sentido de que se preocupen más de hacer oposición y de trabajar para ganar en Madrid, que en ser los pepitos grillos contra el PSC.

En este sentido, afirmó uno de los miembros del PSC: «Al menos Ibarra tiene la legitimidad de que gana en su territorio, ¡pero 'estos'...! ¿de qué se van a dar lecciones?».

EL MUNDO

Domingo, 4 de de septiembre de 2005

MANUELA DE MADRE 'VERSUS' IBARRA: ¿QUIÉN ES MÁS SOCIALISTA?

Manuel Sanchez

MADRID.- Una parte dice que con buen tono. Otra parte, que no. Unas fuentes apuntan que fue una conversación más. Otra parte dice que no.

El hecho sobre el que versaba la polémica es que, al terminar su intervención Manuela de Madre, en la que aludió en varias ocasiones a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, éste la llamó para decirle que la diferencia entre ambos es que él no cree que las reformas estatutarias sean prioritarias.

«Para mí», le vino a decir Ibarra, «las reformas estatutarias, no es que sean constitucionales ni inconstitucionales, es que están por detrás de los problemas que tienen los ciudadanos. Por eso soy socialista».

Y la dirigente del PSC no se arrugó: «¿Qué me estás diciendo? ¿Qué te crees más socialista que yo?».

Al parecer, Manuela de Madre ya recordó en su intervención a sus compañeros y al propio Rodríguez Ibarra que lleva en el PSC desde 1978. Además, gran parte de su discurso giró, precisamente, sobre la idea de que el PSOE no se atribuya el concepto de socialismo como algo excluyente o diferenciable del PSC.

«Nosotros somos socialistas y catalanistas», afirmó De Madre.

EL MUNDO

Domingo, 4 de de septiembre de 2005

EL PP COMPARA A ZAPATERO CON 'DON TANCREDO'

FUENGIROLA (MALAGA).- La secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «no es ningún árbitro» en el debate estatutario y le exigió que diga «cuál es su idea de España».

Para Sáenz, quien participó en el grupo de trabajo del PP de Andalucía para la reforma del Estatuto en dicha comunidad, Zapatero «es el presidente del Gobierno y en este debate no puede ser Don Tancredo».

En este sentido, la dirigente popular volvió a reclamar que Zapatero se decante al fin por «la España constitucional que defiende Juan Carlos Rodríguez Ibarra», el presidente de la Junta de Extremadura, o por «la insolidaria e identitaria que define Pasqual Maragall», presidente de la Generalitat de Cataluña.

Sáenz señaló que el Estatuto «hace aguas por todas partes y ha sumido a Cataluña en un proceso de discusión de dos años que le ha distraído de los verdaderos problemas de los catalanes».

EL PAIS

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

ZAPATERO ASEGURA QUE HABRÁ ESTATUTO CATALÁN

Luis R. Aizpeolea

Exhorta al PSOE y al PSC a no dejarse arrastrar "ni por el inmovilismo ni por aventuras egoístas"

Madrid - José Luis Rodríguez Zapatero expresó ayer su convicción de que "acabará por abrirse paso el acuerdo" sobre la reforma del Estatuto catalán y los de otras comunidades, y exhortó al PSOE y al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a no dejarse arrastrar "ni por el inmovilismo ni por las aventuras egoístas e insolidarias". Constató que "se ha abierto una situación política nueva en el País Vasco", donde "ahora llega el momento de la paz y del entendimiento", y se comprometió a arriesgarse "si hay una oportunidad para la paz".

La intervención de Zapatero en la apertura y clausura de la reunión del Comité Federal del PSOE, tras la enconada polémica de este verano sobre el proceso de reforma del Estatuto de Cataluña, desbordó "optimismo y seguridad", según muchos asistentes. Crecido por la buena marcha de la economía -a la que dedicó buena parte de su discurso de apertura- trasladó su confianza al proceso de reformas estatutarias porque "es el momento histórico de hacerlo, y se hará bien". "A algunos se les nota demasiado las ganas de que este proceso de reforma estatutaria salga mal, y se van a llevar un chasco", dijo en alusión al PP, porque "a España, a Cataluña y al PSOE les interesa que salga el Estatuto".

Garantizó que la reforma supondrá un "fuerte avance del autogobierno dentro de la Constitución y la solidaridad entre españoles". Zapatero presentó como prueba de la aplicación de esos principios que en la reforma del modelo de financiación autonómica está salvaguardada "la igualdad de las prestaciones básicas".

Hecha esta reflexión, aludió al debate que mantienen los socialistas. "Ésta es la postura de los socialistas de España, y vale tanto para el PSOE como para el PSC: ni inmovilismo ni aventuras egoístas e insolidarias". "Los catalanes", agregó, "quieren un autogobierno más fuerte para ir del brazo del conjunto de España, no para alejarse de ella". En este contexto, expresó su "apoyo y confianza" en el PSC.

Zapatero pidió a los socialistas que tengan "menos prejuicios" al abordar el debate territorial. Basó su optimismo en la eficacia del funcionamiento del Estado de las autonomías, al que atribuyó un alto protagonismo en el progreso económico de España. "Ha traído bienestar, ha reducido las desigualdades entre las comunidades y ha dado voz y peso a las que no lo tenían", afirmó.

Reclamó a la militancia socialista que no se deje "impresionar por el discurso pesimista del PP". "Algunos recelaron del Estado de las autonomías desde que comenzó. No tenían fundamento. Tampoco ahora debe haber inquietud ni preocupación", pues el proceso de reforma, "de admisión de la singularidad, reforzará la superación de las desigualdades". Reafirmó que la ciudadanía "sigue confiando en el PSOE como el partido que garantiza la cohesión de España".

Reiteró su compromiso de cooperar con las autonomías en la resolución de sus "insuficiencias de financiación", porque "estando por medio el bienestar y la atención sanitaria de los españoles, mi Gobierno se siente comprometido con el problema como si fuera plenamente suyo".

Zapatero reiteró su convicción de que "bajar impuestos a las rentas del trabajo es de izquierdas" y de que "defender la sanidad pública universal y gratuita es de izquierdas". Hizo esta aclaración para ubicar en su contexto la propuesta, presentada por su Gobierno a las autonomías para afrontar el déficit sanitario, de imponer recargos impositivos al alcohol y tabaco, "los únicos que estamos dispuestos a aplicar". "Queremos que los ciudadanos paguen menos impuestos, que tengan una buena sanidad pública y que consuman menos alcohol y tabaco. Sí, disuadir del consumo del alcohol y el tabaco es de izquierdas".

Dedicó poco tiempo a la situación política vasca, pero fue muy expresivo. En su discurso de apertura constató que, tras las elecciones del pasado abril, "se ha abierto una nueva situación política en el País Vasco" y, a renglón seguido, vaticinó: "Ahora llega el momento de la paz y el entendimiento". En la clausura, a puerta cerrada, agradeció la discreción y el apoyo del PSOE a su apuesta sobre el final de la violencia. No mencionó los 27 meses sin asesinatos por parte de ETA ni la reiterada declaración de Batasuna de apostar por la vía política.

Sí reafirmó que "la paz no tiene un precio político", pero añadió que "la política también contribuye a la paz". Y, en clave un tanto críptica, aseguró que se arriesgará "si hay una oportunidad para la paz en Euskadi".

EL PAIS

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

LOS BARONES REPROCHAN QUE EL DEBATE CATALÁN TAPE LOS LOGROS SOCIALES Y EL PSC PIDE CONFIANZA

Carlos E. Cué

Maragall intenta calmar al PSOE con el compromiso de garantizar que el Estatuto sea constitucional

Madrid -El debate del Comité Federal, siempre en tono cordial, tuvo algunos momentos tensos, sobre todo cuando los representantes de las federaciones de Madrid, Extremadura y Andalucía criticaron que la polémica sobre la reforma del Estatuto catalán está tapando incluso los logros del Gobierno. Manuela de Madre, del PSC, preguntó "por qué a Juan Carlos Rodríguez Ibarra le llaman socialista por defender a Extremadura y a Pasqual Maragall, nacionalista cuando defiende a Cataluña", lo que le provocó un enfrentamiento en los pasillos con el extremeño. El líder catalán calmó los ánimos y pidió confianza en el PSC.

El debate del Comité Federal de ayer comenzó con múltiples reproches al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), pero concluyó más calmado, sobre todo después de que Maragall, en un discurso conciliador, tranquilizara a sus compañeros de partido: "Estamos en un momento crucial, pero el Estatuto va a salir adelante y bien. Como comunidad, podríamos pedir un cambio de la Constitución, pero no vamos a hacerlo. Haremos un Estatuto socialmente ambicioso, políticamente realista y jurídicamente constitucional". Maragall recordó que hasta ahora la reforma estaba en el ámbito parlamentario catalán pero, dijo, ahora él se implicará como presidente la Generalitat para que salga adelante.

Antes de que interviniera Maragall, el PSC había escuchado duros reproches, aunque el más común fue uno expresado por el andaluz Luis Pizarro. Una gran parte de los ciudadanos españoles, explicó, tienen la percepción de que el debate estatutario es el asunto principal para el Gobierno, y eso puede estar dejando en segundo plano la buena gestión y los logros sociales del Ejecutivo, como la subida de pensiones o el aumento del salario mínimo interprofesional.

El madrileño Rafael Simancas, claramente enfrentado al PSC, utilizó un tono más duro con la misma idea. Habló del "hartazgo" que tienen muchos ciudadanos por el debate del Estatuto catalán, que ya dura "demasiado", y pidió al PSC que "culmine pronto y bien" el proceso de reforma. "Eso implica profundizar en los niveles de autogobierno y que tengamos más Constitución y más España y no sólo más Cataluña, más Andalucía...", explicó. Simancas también se refirió al asunto más polémico, el de la reforma de la financiación autonómica, y criticó la propuesta del tripartito catalán, que limita la aportación al Estado de esta comunidad al 50%. "Los socialistas no podemos poner límites a la solidaridad, sino a la insolidaridad", se quejó. En este sentido, Juan Antonio Barrios (Izquierda Socialista), señaló: "El socialismo es compatible con la diferencia, y debe protegerla, pero incompatible con el privilegio".

Respecto a este asunto, que abre heridas, Maragall se mostró también conciliador y recomendó a sus compañeros que vayan a Cataluña para participar en los debates sobre la nueva financiación y así se pueda buscar un consenso entre todos.

La declaración más dura contra el PSC se escuchó en la boca del extremeño Francisco Fuentes, hombre de confianza del presidente, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Fuentes llegó a negar que existan "derechos colectivos", y lanzó un reproche a los catalanes: "Es un error político cambiar el debate de los derechos de los ciudadanos y la política social por la jerga de las identidades y los derechos de los pueblos". Fuentes se quejó de que este debate ya se ha tratado muchas veces, "demasiadas", y recordó que el PSOE ya tenía un acuerdo, la llamada Resolución de Santillana del Mar. También hubo reproches al PSC por "mandar callar" hace una semana a José Blanco, secretario de Organización, que criticó al tripartito. Varios dirigentes recordaron que la reforma del Estatuto catalán, y más tarde de la financiación autonómica, interesa a todo el partido.

También el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, se quejó aunque en tono más conciliador. "Debemos avanzar en las reformas de los estatutos pero sabiendo que la legitimidad de las autonomías parte de la Constitución y la soberanía popular, no hay derechos preexistentes o históricos".

Fue Manuela de Madre, del PSC, en la intervención más comentada del cónclave, quien se encargó, con su estilo apasionado y constantes citas a su recorrido personal -nació en Huelva y llegó a alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)- de responder a los ataques.

Pidió a los suyos que lean menos los periódicos conservadores, que no se dejen llevar por las invectivas del PP, y que confíen más en el PSC. "Ni inmovilismo, ni egoísmo, ni radicalismo", dijo parafraseando el discurso del secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero. Recordó que fue el PSC quien en julio votó en contra de todas las propuestas del Estatut que creía inconstitucionales, y luego llevó la reforma al Consejo Consultivo para que opinase. "No somos delincuentes", se quejaba a la salida. De Madre también se quejó de los que discuten que Cataluña sea una nación: "Eso ya se decía cuando entré en el PSOE catalán, el órgano principal se llamaba comité nacional".

De Madre hizo un símil sobre los eucaliptos que chupan todo el agua alrededor. Se refería, según explicó luego, a la derecha, pero Ibarra pensó que hablaba de las comunidades más pobres y se enfrentó con ella en los pasillos. "A mí no me importa qué Estatuto hagáis. Soy socialista, y me preocupa la financiación, queréis hacer el Concierto vasco", le oyeron decir al extremeño, amigo de la catalana. De Madre trató de tranquilizarle, pero al final ésta sentenció: "A mí a socialista no me gana nadie".

La solución a estas dos visiones antagónicas la dio el presidente gallego, Emilio Pérez Touriño, muy aplaudido, con lo que llamó la vía gallega: "Un equilibrio entre el reconocimiento de nuestra identidad y la salvaguarda de un Estado que garantice la cohesión y la igualdad social entre comunidades". Touriño y otros señalaron que el PSOE es el único partido que puede encontrar ese equilibrio.

EL PAIS

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

MARAGALL INTENTA QUE CIU PACTE LA REFORMA ESTATUTARIA LA PRÓXIMA SEMANA

Francesc Valls

El presidente catalán descarta convocar elecciones anticipadas

Barcelona - El presidente catalán, Pasqual Maragall, quiere cerrar con CiU el pacto sobre el Estatuto la próxima semana. Para ello cuenta con el argumento del dictamen del Consejo Consultivo, que desautoriza las dos propuestas estrella de CiU: el modelo de financiación similar al concierto vasco y navarro, y el blindaje de competencias mediante la apelación a los derechos históricos. La reunión que el presidente de la Generalitat mantendrá el miércoles con el líder de la oposición, Artur Mas, será fundamental -opinan desde el Gobierno- para conocer el desenlace del Estatuto. En cualquier caso, Maragall ha descartado convocar elecciones anticipadas.

La reforma del Estatuto catalán se juega a partir de mañana su pase a la final en Madrid. Esa es una de las escasas coincidencias que mantienen un Gobierno catalán y una oposición a quien la legalidad condena a entenderse: para lograr la suma de 90 votos preceptiva para aprobar el proceso de reforma estatutaria es imprescindible que se unan los destinos de los sufragios que deben emitir los 42 diputados de PSC y los 46 CiU.

El Ejecutivo catalán confía en que la ronda de contactos que a partir del miércoles mantendrá Maragall con los líderes políticos aclare el incierto panorama al que ha dado paso el dictamen del Consejo Consultivo, que se hará público oficialmente mañana. Un sector del Gobierno catalán -que integraría a PSC e Iniciativa Verds- es partidario de respetar las argumentaciones del Consultivo y modificar la veintena de artículos inconstitucionales, de los que ayer daba cuenta EL PAÍS, antes de proceder a su aprobación en el Parlamento autónomo y, luego, remitirlo a las Cortes Generales. Si el tripartito -PSC-ICV-ERC- es capaz de mantener la cohesión y avenirse a respetar el texto emanado de los juristas expertos, Convergència i Unió se vería forzada a sumarse al carro del pacto para no aparecer -junto al PP- como la fuerza política que no ha querido el Estatuto.

Buena parte de la clave está en manos de Esquerra Republicana. Los republicanos han colocado huevos en dos cestas políticas: con sus socios del tripartito han pactado un modelo de financiación que ha sufrido ligeros retoques del Consejo Consultivo, mientras que con CiU han acordado usar los derechos históricos como fórmula de blindaje de competencias, elemento que ha sido cuestionado por el citado organismo jurídico. Desde la dirección republicana se asegura que no hay duda en el bando a elegir.

El secretario general de ERC, Joan Puigcercós, se avino el viernes a rectificar la fórmula de financiación del tripartito para ajustarla a los criterios sugeridos por el Consejo Consultivo. Sin embargo, desde ERC se recuerda que el resultado de cuatro votos contra tres en el seno del Consultivo no supone una mayoría suficiente en muchos asuntos. De hecho, el vocal propuesto por los republicanos ha votado junto a los dos de CiU en múltiples ocasiones. A algunos sectores de Esquerra -un partido con notable tradición asamblearia- les duele quedarse descolgados del tirón nacionalista de Convergència en su singladura pospujolista.

Desde CiU, destacados dirigentes -no necesariamente soberanistas- opinan que ahora es el momento de dibujar el nuevo perfil de la federación que ha gobernado 23 años Cataluña con un claro rechazo a la reforma del Estatuto. Tanto Artur Mas como su segundo de abordo, Josep Antoni Duran Lleida, han desacreditado el alcance del dictamen del Consejo Consultivo, asegurando que una mayoría de cuatro a tres no debe condicionar su estrategia estatutaria.

Dictámenes no vinculantes

La cúpula de CiU ha recordado enfáticamente que el organismo creado al inicio del mandato de Jordi Pujol es de carácter asesor y sus dictámenes no son vinculantes ni preceptivos. Por tanto, no debe condicionar el pacto político, a juicio de los dirigentes de CiU. Desde el Gobierno, el consejero de Relaciones Institucionales y presidente de ICV, Joan Saura, considera que son inaceptables los intentos de CiU de deslegitimar el papel del Consultivo, cuyo dictamen pidió la propia federación nacionalista. Intentar llevar a Madrid un texto con artículos considerados en su totalidad inconstitucionales es, a juicio de Saura, "ridículo".

Los convergentes, en cambio, opinan que si consiguen arrastrar tras de sí a Esquerra contra las tesis socialistas, logran uno de sus objetivos fundamentales: abrir una etapa de inestabilidad para el Gobierno de Maragall, que ha hecho de la reforma estatutaria su principal bandera política. Por esta razón, el democristiano Duran Lleida no ha dudado en dirigir sus baterías hacia el manifiesto de empresarios catalanes en favor de un acuerdo estatutario. Un desconocido Duran ha llegado a sugerir que lo más granado de la patronal catalana se ha prestado a firmar un texto que no es suyo, pues ha sido horneado en Presidencia de la Generalitat, para que Maragall "obtenga un balón de oxígeno".

A pesar de la presión a la que la federación está sometiendo al Gobierno de la Generalitat, el presidente catalán asegura no tener en mente la convocatoria anticipada de elecciones, a la que aspira CiU para intentar volver a ese Palau de la Generalitat que ocupó durante 23 años.

EL PAIS

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

ENTRE EL PADRE Y LA MADRE

Barcelona - El líder de CiU, Artur Mas, volvió a referirse en la jornada de ayer al dictamen del Consejo. El presidente de la federación nacionalista reiteró que el dictamen "no tiene carácter vinculante", puesto que el Estatut "no lo hacen los juristas, sino los políticos en el Parlamento de Cataluña". "Para eso nos eligieron los ciudadanos democráticamente", aseguró Mas.

Para el líder de CiU, el Consultivo está "dividido cuatro a tres", y puso como ejemplo la situación de un hijo que recibe opiniones contrapuestas de su "padre y su madre", y que al final "acaba actuando por su cuenta, y decidiendo por sí mismo". Con esta metáfora justificaba el dirigente nacionalista que su formación pase por alto el rechazo del Consultivo a su modelo de financiación o al blindaje de competencias.

Del total de 16 enmiendas consideradas por los expertos juristas inconstitucionales, la mayoría corresponde a Convergència i Unió y a Esquerra Republicana.

EL PAIS

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

ACEBES AFIRMA QUE EL ESTATUTO DE CATALUÑA DESGUAZA ESPAÑA

S. V.

Acusa al Gobierno de dar la espalda a las preocupaciones reales de los ciudadanos

Valencia - El secretario general del PP, Ángel Acebes, acusó ayer al Gobierno socialista de "crear problemas donde no los había y que no preocupaban a nadie", y destacó como ejemplo el Estatuto de Cataluña que, a su juicio, "busca el desguace de España". Acebes aseguró en una jornada del PP sobre la inmigración en Valencia que el proyecto de reforma estatutaria de Cataluña "ha provocado división, enfrentamiento" y una "sensación de riesgo, porque los socios más cercanos que sostienen al Gobierno siguen adelante en un proyecto para desguazar España". Una propuesta de Estatuto que para los populares se ha convertido en "un caballo de Troya dentro de la Constitución de todos los españoles, que ha traído convivencia, cohesión y solidaridad", afirmó Acebes tras citar el informe del Consejo Consultivo de la Generalitat que considera inconstitucionales total o parcialmente 20 artículos.

Acebes responsabilizó al Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero -del que afirmó que "todo lo que toca se convierte en un problema"- de dar la espalda a las preocupaciones "reales" de los ciudadanos, entre las que destacó la inmigración, tema central del acto del PP en Valencia, en el que también intervinieron el presidente de los populares valencianos, Francisco Camps; la secretaria de Política Social y Bienestar del partido, Ana Pastor, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Acebes, en un discurso ante unas 200 personas, exigió "orden y control" en la integración de los inmigrantes para evitar posibles confrontaciones sociales, y tachó de "demagógico e ineficaz" el reciente proceso de regularización. Acebes, que citó el nuevo incidente en la valla de Melilla, donde en la madrugada del viernes 20 inmigrantes lograron entrar desde Marruecos, achacó al Gobierno falta de control de las fronteras, y defendió una política "generosa y seria con la inmigración legal" y "muy rigurosa con las mafias".

Acebes aprovechó su intervención para reiterar la oposición del PP a la propuesta del Gobierno para paliar el déficit sanitario. La advertencia del Ejecutivo de que retirará el proyecto si no lo aceptan las autonomías no responde a "un Gobierno serio y responsable", añadió el dirigente popular, quien cerró sus duras críticas a los socialistas con la política antiterrorista. La decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de citar a siete dirigentes del Partido Comunista de las Tierras Vascas como imputados en un delito de pertenencia o colaboración con banda terrorista, según Acebes, "pone de manifiesto la vergüenza" del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y de Zapatero, cuya "actitud irresponsable y culpable" ha permitido la entrada de representantes supuestamente vinculados a ETA en el Parlamento vasco.

ABC

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

ZAPATERO AGLUTINA AL PSOE Y AL PSC PARA NO EMBARRANCAR EN LAS REFORMAS ESTATUTARIAS

Gonzalo López Alba y Manuel Marín

Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha advierten de que el debate catalán afecta a todos y «no puede terminar con menos Constitución ni menos España»

MADRID. José Luis Rodríguez Zapatero aplicó ayer un «liderazgo balsámico» para aglutinar a todos los socialistas en el objetivo de «llevar a buen puerto» la reforma del Estado de las Autonomías, en la que, como advirtió el valenciano Joan Ignasi Pla, el PSOE «se juega buena parte de su credibilidad y de sus posibilidades de consolidación» en el poder.

Tras días de enfrentamiento público, la reunión del Comité Federal -que congrega a más de 200 dirigentes- puede resumirse en que todos los socialistas españoles -incluido el PSC- respaldan a Zapatero y confían en él para conjugar en este proceso la «doble lógica constitucional» de la unidad de España y el reconocimiento de su diversidad, y Zapatero confía en el PSC y lo respalda para que esta pauta sea también la del Estatuto de Cataluña. Más allá de los matices diferenciales sobre la visión de España -que los hubo-, de los condicionamientos electorales de cada territorio -que los hay- y del intercambio de pullas -que se produjo-, se impuso la unanimidad en que, puesto que las reformas institucionales son un compromiso electoral del PSOE, «hay que terminar esto, cuanto antes y bien».

«Ni inmovilismo ni aventuras egoístas»

Zapatero se esforzó por desdramatizar el «debate catalán», hasta proclamar que «ojalá todos los problemas de España fueran como la reforma de los estatutos». Defendió que «los catalanes quieren un autogobierno más fuerte para ir del brazo del conjunto de España, no para alejarse de ella». Y, ejerciendo la autoridad de su liderazgo -«este partido sabe discutir con libertad y actuar con unidad»-, marcó el criterio «que vale tanto para el PSOE como para el PSC: ni inmovilismo, ni aventuras egoístas e insolidarias», para concluir que «a algunos se les notan demasiado las ganas de que este proceso de reformas salga mal... y se van a llevar un chasco».

A su tono conciliador y optimista vino a sumarse Pasqual Maragall, quien afirmó que el estatuto catalán «ha de ser socialmente ambicioso, políticamente realista y jurídicamente constitucional», al tiempo que garantizaba que Cataluña -aunque podría hacerlo- no pedirá la reforma de la Constitución, una declaración con la que se identificó todo el Comité Federal, aunque no disipó los temores de los más recalcitrantes.

Pero, junto a Zapatero, la estrella ayer fue Manuela de Madre, quien habló antes que Maragall y después de quienes mantienen posiciones más críticas y desconfiadas con el proceso catalán -Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha, cuyos dirigentes temen que el PP «muerda» electoralmente en sus territorios por la «deriva nacionalista» del PSC-.

La portavoz del grupo parlamentario del PSC arrancó una ovación general cuando dijo: «No os preocupéis. El PSC es el que está defendiendo y defenderá que la reforma se haga dentro del marco de la Constitución».

«Leéis mucho ABC»

Pero también se «revolvió» contra algunas críticas reclamando «la presunción de inocencia» para el PSC y subrayando que no puede entender «por qué cuando Ibarra defiende Extremadura es socialista y cuando Maragall defiende a Cataluña es nacionalista», para ironizar que «me parece que algunos leéis mucho ABC». A los más críticos con el PSC les pareció «una bronca intolerable» que sólo demuestra que «el PSC arrastra de as en Ferraz».

El extremeño Francisco Fuentes hizo de portavoz de Ibarra para defender que «nación sólo hay una, y eso ya lo arreglamos en 1978». El madrileño Rafael Simancas dijo a sus compañeros catalanes que «todo el autogobierno que queráis, pero el proceso no puede terminar con menos Constitución ni con menos España», al tiempo que reivindicaba su derecho a opinar sin esperar al texto final porque «lo que ocurra en Cataluña afecta al marco institucional global». Y el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, sostuvo que «los estatutos no son derechos preexistentes a la Constitución».

En las posiciones más cercanas al PSC se alinearon el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, y los representantes de Canarias y Baleares, mientras que el presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, intentaba poner en circulación la «vía gallega», y el andaluz Luis Pizarro alertaba sobre la percepción ciudadana de que se presta más atención a este debate que a sus problemas cotidianos, preocupación que se plasmó en el discurso de Zapatero al «relegar» este tema a la página 13 de las 16 de su discurso. Y, entre todos, el vasco Patxi López destacaba la repercusión del proceso catalán en su comunidad porque, si prospera, sería un modelo de convivencia entre nacionalistas y no nacionalistas.

Pese a que todos optaron por subirse al «carro del optimismo» de Zapatero y Maragall, el pesimismo sobre un nuevo estatuto ha cundido dentro del propio PSC, desde el que se argumenta que «CiU no lo quiere» y «ERC se deja arrastrar». Así, hasta en el PSC confían ya más en lo que pueda hacer Zapatero -que mantiene una relación fluida con Carod Rovira y Duran Lleida- que en Maragall. Éste apuntó que la clave final será el modelo de financiación. Tan enfrascados estuvieron en lo suyo, que ayer se olvidaron del PP. Ni una mención.

ABC

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

EL INFORME DEL CONSULTIVO SOBRE EL ESTATUTO AHONDA LA DIVISIÓN POLÍTICA EN CATALUÑA

Ángel Marín

La mayoría de sus miembros, los afines al PSC (2) y los de ICV y PP, ve inconstitucionales los aspectos esenciales del Estatuto: la financiación y los derechos históricos

BARCELONA. El dictamen del Estatuto del Consejo Consultivo de la Generalitat, que oficialmente se hará público mañana, tendrá, al parecer, más variantes que una quiniela. Todos los líderes políticos de Cataluña esperan a conocer las votaciones de los siete miembros de este órgano asesor -cuatro a tres en la mayoría de los casos, aunque no se puede descartar otros resultados sorprendentes como el empate, si se abstiene uno de ellos, o la goleada en casa, si los dos representantes del PSC quedan en minoría- para llevar el agua a su molino estatutario.

Tras la filtración esta semana de parte del dictamen del Consultivo, que mayoritariamente considera inconstitucional la propuesta de financiación del tripartito y también la de CiU, igual que la invocación de los derechos históricos para «blindar» el Estatuto de posibles «injerencias» del Estado, los dirigentes catalanes han puesto de manifiesto, una vez más, la división política que existe en Cataluña.

El PSC e ICV se aliaron esta semana en la defensa de la labor del Consultivo y anunciaron su predisposición a «retocar» los artículos dudosos del Estatuto para ajustarlos plenamente a la Constitución; mientras que los representantes de CiU y ERC ningunearon la opinión de este órgano asesor y están dispuestos a «ir más allá» de la Carta Magna. Incluso, algún dirigente de Esquerra ha ido más lejos al afirmar ayer que el objetivo de su partido es reformarla para convertir España en un Estado federal.

Negociaciones entre CiU y ERC

Los socialistas catalanes reconocieron que el plan financiero del tripartito era «muy ambicioso» y que estaba al «límite» de la Constitución, incluso admitieron que podrían haberse pasado de «la raya» constitucional; mientras que los republicanos lo rechazan y, en silencio, negocian bilateralmente con los nacionalistas para incluir algunas de las propuestas financieras de CiU, que también son consideradas inconstitucionales por el Consultivo.

Los convergentes Felip Puig y Francesc Homs se reunieron esta semana con los independentistas Joan Ridao y Antoni Soy para explorar puntos de encuentro entre las dos formaciones con el fin de presionar al PSC para que acepte el modelo fiscal y los derechos históricos que, entre otros artículos, son cuestionados por el órgano asesor de la Generalitat.

En concreto, la mayoría del Consejo Consultivo -los dos elegidos por el PSC y los afines a ICV y PP, en total cuatro- considera que 20 artículos del nuevo Estatuto catalán rebasan, parcial o totalmente, los límites establecidos por la Carta Magna y otros 35 son de dudosa constitucionalidad en función de cómo sean interpretados.

Los vocales de CiU (2) y de ERC (1) presentarán votos particulares en contra de una parte del informe del Consultivo e, incluso, dos de ellos ya anunciaron que impugnarán el dictamen al cuestionar la competencia de este órgano para opinar sobre la constitucionalidad del nuevo Estatuto de Cataluña.

LA RAZON

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

ZAPATERO PARA LOS PIES AL PSC Y LE ADVIERTE DE QUE NO TOLERARÁ «AVENTURAS EGOÍSTAS E INSOLIDARIAS»

Esther L. Palomera

Repaso al año y medio de gobierno, mensaje de confianza y llamada al orden. Así se presentó ayer Zapatero ante el comité federal del PSOE, un cónclave que se saldó con el reproche casi unánime de todas las federaciones al PSC y la reforma del Estatuto catalán.

Madrid - Cerco al PSC. Socialistas de todas las federaciones elevaron ayer la voz contra los «delirios» de los catalanes, contra su reforma estatutaria, contra sus aspiraciones pseudonacionalistas y contra sus problemas de identidad.

Ya no son «cosas de Ibarra», ni siquiera de los «guerristas». En todas las intervenciones –y hubo 24– planeó el reproche, más o menos velado, más o menos elegante, a los de Maragall. Tanto es así que la delegación catalana tuvo que salir a la defensa. Pero esto ocurrió después del discurso inaugural con el que el secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, había abierto ya la espita en esta misma dirección.

A su manera, como suele hacer él, sin estridencias, ni tensiones, sino más bien con elegancia y sin levantar la voz, el presidente del Gobierno le dio un buen «repaso» a Maragall, y a Montilla..., y, en general, al PSC. Hablaba de la oportunidad histórica que se abre para el modelo territorial, de que las oportunidades no pueden desperdiciarse, de dar «un paso adelante y no en otra dirección», de que toda reforma debe estar avalada por el «consenso y el respeto al marco constitucional», pero también con el respeto «de las culturas, lenguas e instituciones».

Y de repente, espetó: «Ésta es la postura de los socialistas de España, y vale tanto para el PSOE como para el PSC: ni inmovilismo, ni aventuras egoístas e insolidarias. Esta es la postura en la que se reconoce una amplísima mayoría de compatriotas: de andaluces, de catalanes, de valencianos, de canarios, de vascos...»

Poco tardó el cónclave en entender que era ésta una alusión expresa al primer secretario de los socialistas catalanes y ministro de Industria, José Montilla, que en días atrás había manifestado que las posiciones que adoptara el PSOE no condicionarían al PSC. Claro que la parte contraria interpretó que también hubo toque de atención a Ibarra y a los que piensan como él por aquello del inmovilismo. Es lo que tiene Zapatero, que sus palabras contentan a todos y todos se dan por satisfechos. Que cada cual saque sus propias lecturas. Pero, ayer, los socialistas, en diferentes versiones y desde diferentes territorios, dijeron «basta ya de hablar sólo del Estatuto de Cataluña».

Y eso a pesar de que en el cierre del Comité Federal, el presidente subrayó que la «actualización del Estado autonómico no es un problema sino una oportunidad» y que no hay ni inquietud ni preocupación por ello. Luego, quiso Zapatero insuflar ánimos a sus huestes al recordar que en el último año se habían cosechado importantes éxitos electorales, en Galicia y el País Vasco.

Y con ello consideró que el PSOE está fuerte para afrontar cualquier reforma, porque sólo hay un partido decidido a «unir a los españoles y respetar su diversidad y ése es el PSOE». El mismo al que pidió saber «discutir con libertad y actuar con unidad». Llamada al cierre de filas, pues.

El resto de la intervención la dedicó el presidente a trasladar un mensaje de optimismo y confianza. En materia económica, se detuvo especialmente en felicitarse por el «rigor, el diálogo, la innovación y las reformas» que emprenderá su Gabinete.

Financiación sanitaria. Y fue en este capítulo en el que se detuvo en la propuesta de su Gobierno para resolver el endémico déficit de la sanidad. Ha habido muchas lecturas al respecto y Zapatero quiso aclarar varios extremos.

Uno, que el Ejecutivo se ha encontrado con el problema, que viene de la financiación que acordó el Gobierno anterior. Dos, que las comunidades autónomas han pedido el concurso del Ejecutivo central. Tres, que «cualquier otro podría haber escurrido el bulto». Y cuatro, que la suya es una propuesta abierta a la negociación. En todo caso, precisó que el único recargo que se aplicará será sobre el alcohol y el tabaco, y que «las Comunidades podrán complementar el dinero que reciban del Gobierno según su criterio, sin imposiciones, en uso de su autonomía fiscal, porque eso también es autogobierno».

Hechas las aclaraciones, enfatizó para los escépticos: «Sí, bajar impuestos a las rentas del trabajo es de izquierdas y por eso vamos a reducir el impuesto sobre la renta a los trabajadores de las clases medias. Sí, defender la sanidad pública universal y gratuita es de izquierdas, y por eso no vamos a desentendernos de los problemas que las comunidades tienen para financiar el gasto sanitario. Y, sí, disuadir del consumo de alcohol y tabaco es de izquierdas».

Fue ésta la frase célebre del día: «Queremos que los ciudadanos paguen menos impuestos, tengan una buena sanidad pública y que consuman menos alcohol y tabaco. Y eso, creo, que es ser de izquierdas en el siglo XXI». Aunque de forma más liviana, también se refirió a los incendios, a la presencia de nuestros militares en Afganistán, a la educación y a la familia. Para combatir los primeros y para paliar la sequía, anunció que presentará un Plan Nacional de Emergencias.

Para contrarrestar las críticas al proyecto de ley de Educación que ya ha remitido al Parlamento, empeñó su palabra en que tratará de lograr un pacto en la tramitación. Y a quienes le han censurado la aprobación del matrimonio homosexual, les recordó que con la regulación «nada ha cambiado en nuestro entorno ni en nuestras familias. Porque con la familia –apostilló– pasa como con la patria, cuántas veces se ha usado su nombre en vano».

LA RAZON

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

«LAS OCASIONES HISTÓRICAS LAS CARGA EL DIABLO»

Esther L. Palomera

Maragall sale en defensa de su proyecto de Estatuto porque servirá para cerrar «fracturas pendientes» Barreda le recuerda que la legitimidad de las autonomías parte de la Constitución

Madrid - De los primeros en «cargar» contra el PSC fue el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda. Y de qué manera. «El Estado de las Autonomías funciona, lo que no funciona son los sistemas de coordinación entre ellas y el Gobierno. Eso es lo que hay que resolver: que haya más Estado y mejor Estado de las Autonomías».

No se quedó ahí. Quiso, además, recordar a los socialistas catalanes que la «legitimidad de las Comunidades parte de la Constitución y que los derechos de las autonomías no son preexistentes a 1978».

Esta alusión junto a la que hizo sobre el término nación y su oposición a que se incluya éste en los Estatutos de Autonomía dejaron claro por dónde iba su discurso. Por boca de Francisco Fuentes habló Juan Carlos Rodríguez Ibarra –que al ser miembro de la dirección federal prefirió no intervenir personalmente– y la delegación extremeña. Era el duelo de ésta con los catalanes de los más esperados de la mañana. Y no defraudó.

Fuentes comenzó con un reproche alto y claro: «Mal vamos cuando en este partido se manda callar al secretario de Organización y a su presidente». Los de Maragall lo entendieron a la primera. También cuando el extremeño tachó de error político «que algunos intenten sustituir el discurso de los derechos de los ciudadanos y la política social por la jerga de la identidad y los derechos de los pueblos».

Tantas y tan intensas fueron las alusiones a los socialistas catalanes, que Manuela de Madre salió en defensa de los suyos. Estuvo de acuerdo en la frase de Zapatero de que «ni inmovilismo, ni egoísmo». Pero ella añadió: «Ni radicalidad». Era una velada alusión a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a quien también citó para quejarse de que «cuando él defiende Extremadura es socialista y cuando Maragall sale en defensa de Cataluña, es nacionalista».

No compartió De Madre los reproches de sus correligionarios, de quienes sospechó que «leéis mucho LA RAZÓN, el “Abc” y oís demasiado la Cope». Su opinión es que el PSOE no debe temer al PSC y sus intenciones ante el Estatuto, pues ya votaron los de Maragall en contra del dictamen que el Parlament de Cataluña aprobó en julio sobre el Estatuto. «Es más –se encargó de recordar– , fue el PSC, y no ningún otro partido, quien solicitó el informe del Consell Consultiu». La intervención de Manuela de Madre y su cita expresa a Ibarra no gustó al presidente extremeño que, fuera de la sala en la que debatía el cónclave, le espetó: «Ni constitucionalidad ni inconstitucionalidad de la reforma, a mí me interesan otros problemas más importantes». «¿Y por eso tú eres más socialista que yo?, le replicó la catalana. Maragall también pidió la palabra para defender las bondades de su Estatuto que, según él, servirá para «cerrar las fracturas que quedan pendientes».

Ya advirtió de que Cataluña podría plantear una modificación de la Constitución, pero declinó hacerlo porque está convencido de que el texto debe ser «socialmente ambicioso, políticamente realista y jurídicamente constitucional». Sus palabras no convencieron al auditorio, pues el resto de intervenciones, la de Luis Pizarro (Andalucía), la de Rafael Simancas (Madrid), la de Barrio de Penagos (IS) y la de otros muchos coincidieron en que la profundización del autogobierno no «debe acabar con más Cataluña, más Valencia, más Andalucía... y menos España y menos Constitución, sino en más».

Éste fue el lugar común de la mayoría de los socialistas. También el de José Acosta, que habló esta vez por la «tribu de los prostáticos, que saben de buena tinta que las oportunidades históricas las carga el diablo». Cerró el debate Zapatero, quien, para compensar la lluvia de críticas y a pesar de que él mismo había abierto la espita, concluyó que las reformas estatutarias no eran un problema sino una oportunidad, al tiempo que emplazó al Comité Federal a dejar de lado los prejuicios porque «a España, a Cataluña y al PSOE le interesa que salga el Estatuto». Tiene para ello confianza en el PSC. Ya es mucho.

LA RAZON

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

ACEBES SEÑALA EL ESTATUT COMO EL «CABALLO DE TROYA» DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Dice que el Gobierno podía haber consultado antes la reforma sanitaria «para no tener que retirarla»

Valencia - El secretario general del PP, Ángel Acebes, afirmó ayer que la polémica de la reforma del Estatuto de Cataluña, que, según destacó «busca el desguace de España», «la han creado el Gobierno y sus socios». Acebes criticó, durante su intervención en la jornada celebrada por el PP en Valencia bajo el lema «Populares por la integración», que «el Gobierno se dedica a crear problemas donde no los había y que no preocupaban a nadie como el Estatuto de Cataluña».

En este sentido, lamentó que la reforma del texto catalán haya provocado «división, enfrentamientos y que, en estos momentos, haya cada vez una mayor sensación de riesgo, porque los socios más cercanos que sostienen al Gobierno siguen adelante en un proyecto para desguazar España», aseveró. Acebes incidió en que «los medios dicen que hay más de 20 causas de inconstitucionalidad. Ya se lo dijimos, que ésa no era la dirección, que iba a generar riesgos, enfrentamientos, tensiones entre las comunidades autónomas y efectivamente» –agregó– «eso se está produciendo, un caballo de Troya en la Constitución de todos los españoles, que ha traído convivencia, cohesión y solidaridad».

En lo que al proyecto de financiación sanitaria se refiere, el secretario general del PP afirmó que el presidente del Gobierno, antes de plan-tear su propuesta de financiación sanitaria «podría haber consultado a todos los afectados» que la han rechazado de forma «unánime», para ahora «no tener que retirarla». Acebes lamentó que la «receta» que propone el Gobierno pase por incrementar los impuestos para abordar los problemas de la sanidad que, «bien conoce la Comunidad Valenciana, que tan ligada está al incremento de la población», informa Ep.

Destacó que esta propuesta «ha merecido el rechazo unánime e inmediato de todas las comunidades autónomas», «tanto las gobernadas por el PP como las del PSOE y por los nacionalistas, además de por los representantes de los consumidores, del comercio y de la industria». Asimismo, criticó que «encima», la vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, dijera que «si esto no les gusta que lo retirarán.

El ex ministro de Interior subrayó que «el Gobierno no puede jugar con las políticas fundamentales que afectan al bienestar de los ciudadanos y de los que defienden la política económica, el progreso y la prosperidad de las familias y su calidad de vida», porque, tras la subida de impuestos se iniciará «el círculo vicioso» de subida de impuestos, incremento de los precios y desempleo, es decir, «un cambio en el modelo económico del PP que, con menos impuestos, trajo más crecimiento, más empleo, disminución de los tipos de interés y una economía saneada». A su juicio, éste «no es un Gobierno serio y responsable», sino «un desastre» a tenor de las medidas que plantea.

Por su parte, la secretaria de Política Autonómica del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió a Rodríguez Zapatero que diga «cuál es su idea de España, si la España constitucional que defiende Rodríguez Ibarra o la insolidaria e identitaria que define Pasqual Maragall».

LA RAZON

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

EL PP EXIGE A ZAPATERO QUE DECIDA ENTRE MARAGALL O IBARRA

R. N.

Fuengirola (Málaga) - La secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer en Fuengirola que Rodríguez Zapatero «no es ningún árbitro» en el debate estatutario y le exigió que exprese «cuál es su idea de España». Para Sáenz, quien participó en el grupo de trabajo del PP-A para la reforma del Estatuto andaluz, Zapatero «es el presidente del Gobierno y en este debate no puede ser Don Tancredo», por lo que volvió a insistir en que «tiene que decirnos cuál es su idea de España, si la España constitucional que defiende Juan Carlos Rodríguez Ibarra o la insolidaria e identitaria que define Pasqual Maragall».

Además, señaló que el presidente del Ejecutivo «siempre nos ha afirmado que tenía un modelo territorial y que su tercera vía era el Estatuto de Cataluña», pero resaltó que «esa vía hace aguas por todas partes, ha sumido a Cataluña en un proceso de discusión de dos años que le ha entretenido de los verdaderos problemas que plantean los catalanes y es algo que no debe repetirse en el resto de España». Aseveró igualmente que «si el PSOE acepta la definición de España como una nación integrada por nacionalidades y regiones, esperamos que se modifique, a iniciativa del PSC, el artículo 1 del proyecto de reforma del estatuto catalán que dice que Cataluña es una nación».

Visiones de la División Socialista a causa del 'Estatuto'

Por Narrador - 7 de Septiembre, 2005, 7:36, Categoría: Estatuto Catalán

En el mundo fantástico del Grupo PRISA señala EL PAÍS que los socialistas tratan de reforzar su cohesión interna, especialmente en materia de reformas territoriales, con vistas a las importantes citas políticas con que arranca el curso: las inminentes entrevistas de Zapatero con Rajoy y con Ibarretxe y la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará el próximo sábado; y con vistas también a la votación en el Parlamento catalán del proyecto del nuevo Estatuto tras conocerse que el dictamen del Consejo Consultivo, que se hará público mañana, aprecia en el texto importantes motivos de inconstitucionalidad. En las reuniones de su comité federal y su consejo territorial los socialistas catalanes, Maragall incluido, se esforzaron en tranquilizar a los otros barones, recordando que habían sido ellos los que se opusieron a las pretensiones de CiU y Esquerra de introducir conceptos y planteamientos que desbordaban el marco constitucional. Y mostraron su acuerdo con los planteamientos que previamente había expresado Zapatero respecto a la reforma estatutaria. El anteproyecto de Estatuto deberá ser retocado, atendiendo a las indicaciones del Consejo Consultivo en lo relativo a la financiación. EL MUNDO reflexiona en su editorial sobre el intenso debate celebrado en el Comité Federal del PSOE que estuvo centrado en la reforma del Estatuto catalán. El secretario general del partido y presidente del Gobierno fijó posiciones de forma inusualmente rotunda, consciente de que el asunto se le ha escapado de las manos a su amigo Maragall y amenaza con empañar la gestión del Gobierno en el resto de las cuestiones, como advirtieron ayer algunos de los dirigentes que pidieron la palabra ante el máximo órgano del partido entre congresos. El debate del Comité Federal es una foto ajustada de la opinión de la mayoría del PSOE acerca del disparatado debate propiciado por Maragall. El presidente del Gobierno parece dispuesto a poner orden, a juzgar por su intervención de ayer. Si bien, cree este rotativo que Zapatero es el principal responsable de lo que está pasando, al haber dado alas al debate y no poner inconveniente a que Cataluña se defina como "nación". Tampoco le saldrá gratis la propuesta de subir los impuestos del alcohol, el tabaco, la gasolina y hasta la luz para financiar el déficit de la Sanidad. Por ello, Zapatero quiso poner un paño caliente que no estaba previsto, al anunciar que presentará antes de final de año una reforma del IRPF para reducir los impuestos a "los trabajadores y las clases bajas". Mal asunto es gobernar a golpe de coyuntura.

EL PAIS

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

MARAGALL TRANQUILIZA

Editorial

Los socialistas tratan de reforzar su cohesión interna, especialmente en materia de reformas territoriales, con vistas a las importantes citas políticas con que arranca el curso: las inminentes entrevistas de Zapatero con Rajoy y con Ibarretxe y la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará el próximo sábado; y con vistas, también, a la votación en el Parlamento catalán del proyecto de nuevo Estatuto tras conocerse que el dictamen del Consejo Consultivo, que se hará público mañana, aprecia en el texto importantes motivos de inconstitucionalidad.

En las reuniones de su comité federal y su consejo territorial, celebradas ayer, los socialistas catalanes, Maragall incluido, se esforzaron en tranquilizar a los otros barones recordando que habían sido ellos los que se opusieron a las pretensiones de CiU y Esquerra de introducir conceptos y planteamientos que desbordaban el marco constitucional. Y mostraron su acuerdo con los planteamientos que previamente había expresado Zapatero respecto a las reformas estatutarias. A las condiciones de consenso y respeto del marco constitucional, el presidente del Gobierno añadió una tercera que viene a ser un desarrollo de lo que en la Declaración de Santillana (agosto de 2003) se denominaba "congruencia con nuestro propio proyecto político": solidaridad entre españoles, igualdad de derechos y libertades y de prestaciones sociales básicas, unidad de mercado y leal cooperación.

Para cumplir esos requisitos, el anteproyecto de Estatuto deberá ser retocado, atendiendo como mínimo a las indicaciones del Consejo Consultivo, en particular en lo relativo a la financiación. El gallego Pérez Touriño, que gobierna una comunidad que necesita de la solidaridad de comunidades más ricas y que lo hace en coalición con un partido nacionalista, se presentó como defensor de un equilibrio entre el reconocimiento de la identidad propia y un Estado que garantice la cohesión y la igualdad social. Las inquietudes expresadas, sobre todo por la corriente guerrista, en los últimos meses hacen referencia al riesgo de un vaciamiento competencial y de recursos del Estado que le impediría asumir su responsabilidad como garante de esa cohesión e igualdad de derechos.

El debate sirvió también para matizar la propuesta del Gobierno sobre financiación de la Sanidad. No se trata de subir los impuestos, incluso se propone bajar las tarifas del IRPF, sino de avanzar en la descentralización de los ingresos, de acuerdo con la del gasto. El problema es que tratándose de una iniciativa del Gobierno central, es éste quien carga con la impopularidad de eventuales recargos en el recibo de la luz o la gasolina, aunque lo cobren las autonomías. Y eso explica el cauteloso paso atrás percibido en las declaraciones de la vicepresidenta, el viernes, y de Zapatero, ayer.

EL MUNDO

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

¿SERA CAPAZ ZAPATERO DE PARAR DE VERDAD A MARAGALL?

Editorial

La reforma del Estatuto catalán centró ayer el intenso debate celebrado en el Comité Federal del PSOE. El secretario general del partido y presidente del Gobierno fijó posiciones de forma inusualmente rotunda, consciente de que el asunto se le ha escapado de las manos a su amigo Maragall y amenaza con empañar la gestión del Gobierno en el resto de las cuestiones, como advirtieron ayer algunos de los dirigentes que pidieron la palabra ante el máximo órgano del partido entre congresos.

Zapatero advirtió al PSC que las reformas de los estatutos tienen que adecuarse a la Constitución y a la solidaridad entre los españoles y que no tolerará «inmovilismos ni aventuras egoístas e insolidarias». Aunque el líder socialista añadió que esta advertencia vale igual para el PSOE que para el PSC, todo el mundo apreció en las palabras de Zapatero un serio toque de atención a los socialistas catalanes. El cansancio y el malestar que la actuación del PSC está causando en el seno del PSOE quedó claro ayer en las intervenciones de los representantes de las federaciones andaluza, extremeña, castellano-manchega y madrileña. Barreda se opuso a que Cataluña pueda definirse como «nación», los dirigentes madrileños reprocharon al ministro Montilla que mandara callar al secretario de Organización, José Blanco, y el representante de Rodríguez Ibarra consideró un «grave error político» que se sustituyan los derechos ciudadanos por la «jerga de las identidades y de los territorios».

El debate del Comité Federal es una foto ajustada de la opinión de la mayoría del PSOE acerca del disparatado debate propiciado por Maragall. El presidente del Gobierno parece dispuesto a poner orden, a juzgar por su intervención de ayer. Si bien Zapatero es el principal responsable de lo que está pasando, al haber dado alas al debate y no poner inconveniente a que Cataluña se defina como «nación». Y nunca se arrepentirá lo bastante del error que cometió al decir, en la campaña electoral, que el Gobierno aceptaría el texto que aprobara el Parlamento catalán siempre que fuera constitucional y consensuado, aunque sin añadir referencia alguna a la solidaridad. El presidente le dio hilo a la cometa de Maragall y ahora le quiere arrebatar el juguete, lo cual no le saldrá gratis, puesto que afectará a las relaciones entre los socialistas catalanes y la dirección del PSOE.

Tampoco le saldrá gratis la propuesta de subir los impuestos del alcohol, el tabaco, la gasolina y hasta la luz para financiar el déficit de la Sanidad. La tesis expuesta por el presidente de que «disuadir del consumo del alcohol y el tabaco es de izquierdas» más parece un chiste que otra cosa. Una improvisación ciertamente graciosa tal vez motivada por el impacto político negativo que ha tenido la iniciativa del Gobierno ante la opinión pública. Por ello, Zapatero quiso poner un paño caliente que no estaba previsto, al anunciar que presentará antes de final de año una reforma del IRPF para reducir los impuestos a «los trabajadores y las clases bajas». Mal asunto es gobernar a golpe de coyuntura.

ABC

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

HUMO

Editorial

Según Zapatero, bajar impuestos a las rentas del trabajo es de izquierdas (este Gobierno, por ahora, debe de ser de derechas). También es de izquierdas, según Zapatero, subir los impuestos del alcohol y del tabaco, porque lo que se pretende es disuadir el consumo. Demos por bueno el eufemismo y aceptemos que la intención última del Ejecutivo es financiar la Sanidad disuadiendo, que es gerundio. O sea, que todas las medidas expuestas por Pedro Solbes no eran más que un plan de choque contra el tabaquismo y el alcoholismo, pero no nos habíamos dado cuenta. Muy de agradecer, pero la pregunta es la siguiente: ¿y el déficit sanitario? Decíamos ayer, aquí mismo, que al final el plan del Gobierno no sería más que «una mera reflexión». Nos equivocamos. Según dijo ayer Zapatero, «sólo era una propuesta». Un matiz importante. Lo del IRPF, sin embargo, es un compromiso recidivo, que ahora brota de nuevo para compensar el patinazo sanitario. El presidente del Gobierno sitúa antes de fin de año el momento de la presentación de un nuevo modelo sobre el impuesto sobre la renta, ése al que Solbes viene dando largas y que es como el parto fiscal de los montes. ¿Más humo?

DEIA

Domingo, 4 de de septiembre de 2005

Zapatero y las autonomías 

Editorial

La intervención del Presidente español Rodríguez Zapatero ante el Comité Federal de su partido, estableciendo la posición oficial de los socialistas, «de todos los socialistas», según recalcó, sitúa el debate sobre la reforma estatutaria en sus justos términos en vísperas de la fase resolutiva, según definición de moda, en la que va a entrar la discusión sobre la reforma del Estatut en Cataluña. Afirmó Zapatero ante la dirección de su partido que no caben ni inmovilismos ni aventuras egoístas e insolidarias en el proceso de reforma estatutaria planteado en Cataluña, aunque el aserto sirve igual para responder a las inquietudes vascas. Traducido al lenguaje llano, quiere decir que Zapatero, comisionado por su formación para gestionar todo lo relativo al asunto, admitirá reformas siempre y cuando no excedan los límites de la Constitución.

Ni inmovilismo ni aventuras egoístas. Es decir, cualquier reivindicación del reconocimiento identitario como nación o cualquier apelación al derecho a decidir, es una aventura egoísta e insolidaria. Pero poner como techo la Constitución aprobada hace casi treinta años, en las condiciones sociopolíticas reinantes entonces, y sacralizada ahora hasta extremos inauditos, no es inmovilismo sino respeto a la legalidad. En esas estamos. El discurso del presidente del Gobierno español no es precisamente esperanzador para quienes aspiran a establecer un nuevo marco de relaciones con el Estado, y mucho menos lo es el de Pasqual Maragall, presentando al PSC ante el Comité Federal del PSOE como garante de que el Estatut catalán no traspasará los límites de la Constitución, tal y como exige su jefe de filas. Algo tendrá que decir al respecto ERC. En cuanto a Euskadi, Zapatero ve el momento político, según sus propias palabras, como abierto a una situación nueva y llegado el tiempo de la paz y el entendimiento para que los ciudadanos vascos decidan su futuro dentro del actual marco legal del sistema constitucional. Lo que traducido quiere decir que los vascos somos muy libres de decidir mientras que no decidamos que queremos superar los límites constitucionales. Para tener una idea más precisa de lo acordado ayer en la cúpula del PSOE y de cuál será su postura en el debate, baste señalar que el presidente extremeño Rodríguez Ibarra salió encantado de la reunión.

El Consejo Consultivo Aprecia Inconstitucionalidad en 20 Artículos del Estatuto Catalán

Por Narrador - 5 de Septiembre, 2005, 1:15, Categoría: Estatuto Catalán

El Estatuto, la única actividad del gobierno autónomo catalán camina inexorablemente hacía el fracaso. Los artículos del Estatuto catalán que el Consejo Consultivo de la Generalitat considera inconstitucionales total o parcialmente son 20, según refleja en su edición de hoy EL PAIS. Además, otros 35 artículos podrían ser de dudosa constitucionalidad en función de cómo se interpreten. Así consta en el dictamen elaborado por este organismo y que será entregado el próximo lunes al Parlamento de Cataluña. El informe califica también de inconstitucionales otras 16 enmiendas sometidas a discusión, la mayoría de ellas presentadas por CiU y ERC. Mientras, el primer secretario del PSC, José Montilla, afirmó ayer que el dictamen del Consultivo "no se puede ignorar" y recordó que todos los grupos lo solicitaron, por lo que, pese a "no ser vinculante", consideró que ha de servir "para algo". En su opinión, el hecho de que las conclusiones se hayan aprobado por una mayoría de cuatro a tres en el seno del Consejo no las desautoriza. Precisamente, José Montilla presentó ayer la campaña que va a lanzar en los próximos días el PSC destinada a movilizar a la opinión pública a favor del Estatuto.

EL MUNDO

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL GOVERN NO EXIGIRÁ AL ESTADO EL 50% DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

BARCELONA.- El Govern eliminará de su propuesta de financiación la cifra concreta del 50% con la que se establece el porcentaje máximo de recaudación que correspondería al Estado en los impuestos de la Generalitat. De esa forma, según informaron a Efe fuentes próximas a la Generalitat, el tripartito catalán pretende adaptar su modelo al dictamen del Consell Consultiu, que considera inconstitucionales algunos puntos del texto.

Fuentes cercanas al PSC confirmaron a este diario que la intención del Ejecutivo de Pasqual Maragall pasa por corregir todos los puntos conflictivos para que el Estatut no supere los límites de la Constitución. En ese sentido, también está prevista una nueva redacción del artículo referido a la capacidad normativa, que reconocería de manera implícita que esta potestad fiscal no es exclusiva de la Generalitat.

Existe «consenso» entre los partidos que apoyan al Govern para introducir esas dos modificaciones en el modelo de financiación, al considerar que no afectan a la esencia de la propuesta. Asimismo, los responsables de los tres partidos consideran que esos cambios no perturban sus intereses de llegar con éxito a las negociaciones finales con CiU.

La pretensión del tripartito es no complicar las conversaciones con los nacionalistas, así como conseguir la seguridad necesaria para que el Congreso no pueda poner grandes barreras a la aprobación del Estatut, que podrían ser mayores si se desoyera al Consell Consultiu.

Los retoques en el modelo de financiación del tripartito se introducirán de forma inmediata. El próximo día 7, el líder de la oposición, Artur Mas, será recibido por el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. Tras este encuentro está previsto que se vuelva a reunir la comisión técnica integrada por representantes del tripartito y de CiU para intentar acercar posiciones en esta situación.

Aunque el Govern ha aplazado cualquier reflexión sobre su propuesta hasta conocer de forma oficial el dictamen del Consultiu, el conseller de Economía, Antoni Castells, avanzó ayer que confía en que las objeciones que haga este organismo a la propuesta de financiación del tripartito sean «solventables».

EL PAIS

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL CONSEJO CONSULTIVO VE INCONSTITUCIONALES 20 ARTÍCULOS DEL PROYECTO DE ESTATUTO CATALÁN

Pere Ríos

El organismo pone reparos a otros 35 apartados en función de cómo se interpreten

Los artículos del Estatuto catalán que el Consejo Consultivo de la Generalitat considera inconstitucionales total o parcialmente son 20. Además, otros 35 artículos podrían ser de dudosa constitucionalidad en función de cómo se interpreten. Así consta en el dictamen que ha elaborado este organismo y que será entregado el próximo lunes al Parlamento de Cataluña, un mes después de que se iniciaran las discusiones de los siete juristas que lo componen. El informe califica también de inconstitucionales otras 16 enmiendas sometidas a discusión, la mayoría de ellas presentadas por CiU y ERC.

Los artículos del Estatuto catalán que el Consejo Consultivo de la Generalitat considera inconstitucionales total o parcialmente son 20. Además, otros 35 artículos podrían ser de dudosa constitucionalidad en función de cómo se interpreten. Así consta en el dictamen que ha elaborado este organismo y que será entregado el próximo lunes al Parlamento de Cataluña, un mes después de que se iniciaran las discusiones de los siete juristas que lo componen. El informe califica también de inconstitucionales otras 16 enmiendas sometidas a discusión, la mayoría de ellas presentadas por CiU y ERC.

El texto del proyecto de reforma del Estatuto que aprobó la comisión del Parlamento catalán a finales del pasado mes de julio consta de 218 artículos, además de las disposiciones adicionales, transitorias y finales y enmiendas.

El dictamen que el próximo lunes hará público el Consejo Consultivo considera que 20 de esos artículos rebasan el marco constitucional. De los de mayor trascendencia política es la disposición adicional primera, que reconoce y actualiza los derechos históricos de Cataluña y los usa de argumento para el blindaje de algunas competencias, tal como aprobó la comisión parlamentaria el pasado mes de julio con los votos de CiU y Esquerra Republicana. El dictamen juzga inconstitucionales aspectos parciales de la propuesta de financiación del tripartito recogida en el título VI del Estatuto. Fuentes del Gobierno catalán expresaron su satisfacción porque consideran que las propuestas del tripartito han sufrido escasos retoques, mientras que las de CiU -en algunas ocasiones apoyadas por ERC- han sufrido un serio revés.

El texto del Consultivo también ha entrado a analizar las 554 enmiendas presentadas por los partidos políticos para su discusión parlamentaria. La más importante de todas ellas que ha sido declarada inconstitucional es la propuesta de financiación que hizo CiU, similar al concierto económico del que gozan únicamente el País Vasco y Navarra.

El dictamen cuestiona la constitucionalidad sobre las competencias que el texto estatutario atribuye a la Generalitat catalana en aspectos que afectan a seguridad pública, enseñanza, inmigración o contratación administrativa que se recogen de manera detallada en el texto.

En otros casos, las objeciones vienen por la forma de interpretar las llamadas relaciones de bilateralidad entre el Estado y la Administración autonómica. Es decir, competencias que son compartidas, pero que el texto estatutario califica de exclusivas para la Generalitat. La opinión del Consejo Consultivo es que, previamente al ejercicio de estas competencias, el Estado y la Generalitat deben ponerse de acuerdo sobre cómo aplicarlas y no se puede actuar de manera unilateral. Del mismo modo, los juristas del Consejo Consultivo consideran que 35 artículos del Estatuto son interpretativos, es decir, que pueden resultar constitucionales o inconstitucionales en función de cómo se apliquen. Por el contrario, todas las competencias compartidas entre el Estado y la Generalitat que se recogen en el nuevo Estatuto se declaran constitucionales por el Consejo Consultivo.

Para ampliar el marco de competencias de la Administración autonómica y darle encaje legal, el texto del Estatuto propone la modificación de seis leyes, así como de aquellas que regulen un organismo o un ente y la Generalitat tenga competencias para designar a sus representantes. Pues bien, el Consejo Consultivo considera también inconstitucional ese apartado. Se trata de la disposición adicional novena del Estatuto, que prevé la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de Régimen electoral o la ley reguladora de las distintas modalidades de referéndum.

200 páginas

Otras dos leyes que el Estatuto propone modificar para ampliar las competencias de la Generalitat son la que regula el Estatuto del Ministerio Fiscal y la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

El informe del Consejo Consultivo que el próximo lunes entregará el presidente de este organismo, Joaquim Tornos, al del Parlamento, Ernest Benach, ocupa unas 200 páginas. Aunque se trata de una ponencia conjunta, el texto ha sido elaborado de manera separada por los diversos consejeros después del debate y la votación. Muchos de ellos anunciaron durante las deliberaciones que formularían votos particulares que se incorporarán al dictamen como anexo. La mayoría de esas objeciones procederán de los consejeros Jaume Camps y Agustí Bassols, nombrados a propuesta de CiU, así como de Jaume Vernet, propuesto en su día por ERC.

Antes de que se iniciasen las discusiones del Consejo Consultivo, Camps y Vernet se opusieron a que se emitiera ese dictamen, al considerar que escapaba a las competencias de ese organismo, aunque los otros cinco consejeros entendieron que debían informar al tratarse de la ley más importante que pueda elaborar el Parlamento catalán y dado que la solicitaron la totalidad de los grupos parlamentarios.

EL PAIS

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL TRIPARTITO CORREGIRÁ LA PROPUESTA DE FINANCIACIÓN

Enric Company

El Gobierno catalán y los tres partidos que lo apoyan corregirán la propuesta de financiación de la Generalitat que figura en el nuevo Estatuto de Autonomía para eliminar los aspectos que el Consejo Consultivo de la Generalitat ha señalado como inconstitucionales.

Una de estas modificaciones será la supresión del tope máximo de participación del Estado en los impuestos cedidos a la Generalitat, que el proyecto había fijado en el 50%.

Otras dos rectificaciones que se propone introducir son la relativa a la capacidad normativa de la Generalitat sobre los impuestos estatales soportados en Cataluña y sobre la coordinación de la Agencia Tributaria de Cataluña y la del Estado.

La voluntad de afrontar estas correcciones fue señalada ayer tanto por el consejero de Economía, el socialista Antoni Castells, como por el secretario general de Esquerra Republicana (ERC), Joan Puigcercós, y el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, que es también presidente de Iniciativa Verds (ICV).

Castells calificó como "solventables" las objeciones del Consultivo a la propuesta. Puigcercós señaló que ahora existe una clara posibilidad de "incorporar algunas de las posiciones de CiU y hallar el punto intermedio" que permita el acuerdo en esta conflictiva parte del Estatuto.

Saura afirmó que es "absolutamente necesario" tener en cuenta el dictamen del Consultivo porque no se puede llevar a las Cortes un texto del que ya en Cataluña se habría señalado la inconstitucionalidad.

CiU: "Exigua mayoría"

En cambio, el líder de la oposición y presidente de CiU, Artur Mas, insistió ayer en que el dictamen del Consejo Consultivo "no ha de condicionar" la decisión de los partidos sobre la propuesta, en particular en los puntos aprobados con una "exigua mayoría".

Esta posición fue criticada ayer por el primer secretario del PSC, José Montilla, quien recordó que en los más de 20 años de existencia del Consejo Consultivo nunca se han valorado sus dictámenes en función de si se apoyaban en mayorías más o menos amplias.

Los socialistas han decidido sacar a la calle la presión sobre CiU para que se avenga a apoyar la reforma del Estatuto. A este efecto han lanzado una campaña de publicidad bajo el eslogan Ganemos el estatuto, ahora. A partir de hoy se colocarán 200 vallas publicitarias de carretera y 500 pancartas en pueblos y ciudades.

La campaña durará dos semanas, que es el período en el que van a tomarse las decisiones definitivas para que el proyecto de Estatuto alcance el apoyo de los dos tercios del Parlamento catalán, que todavía no tiene, porque CiU rechaza el título de la financiación y el PSC, el de las competencias.

EL PAIS

Sábado, 3 de septiembre de 2005

LA MITAD DE LAS DECISIONES SE TOMARON POR 4 VOTOS A 3

P. R.

El Consejo Consultivo de la Generalitat fue creado en febrero de 1981 siguiendo la previsión del artículo 41 del vigente Estatuto de Autonomía. Se trata de un organismo singular nacido al inicio del mandato de Jordi Pujol y cuyo estatuto es una mezcla de concepciones, siguiendo la doctrina practicada por los nacionalistas de reproducir instituciones del Estado a escala autonómica. Por ello, el Consultivo tiene semejanzas con el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e incluso con el Tribunal Constitucional.

El informe que emitirá el próximo lunes es el más importante de todos los que ha redactado en sus 24 años de actividad. Cinco de los siete integrantes del Consejo Consultivo son nombrados a propuesta del Parlamento catalán y los otros dos los designa el Gobierno de la Generalitat.

Esta fórmula, similar en parte a la empleada para designar a los vocales del Poder Judicial, induce a pensar que los consejeros acaben defendiendo los planteamientos de quienes les han propuesto. En las discusiones del Estatuto catalán no siempre ha sido así.

Los vocales propuestos por PSC, ICV-EUiA y PP son cuatro y los de CiU y ERC son tres. El resultado de la votación en más de la mitad de los casos ha sido de cuatro a tres. En el resto se han dado resultados de cinco a dos y hasta de seis a uno sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos.

Informes a petición

Durante muchos años, el Consejo Consultivo ha servido como aval jurídico de la Administración catalana, pues sus informes se han empleado, a menudo, para justificar la presentación de recursos de inconstitucionalidad por parte de la Generalitat catalana o del Parlamento autónomo contra leyes aprobadas en las Cortes y que se presuponía que podían invadir competencias autonómicas.

Los dictámenes del Consejo Consultivo no solamente no son vinculantes, sino que ni siquiera son preceptivos y únicamente se emiten si los reclama el Gobierno de la Generalitat, la Mesa del Parlamento catalán o una décima parte de sus diputados, los jueces y tribunales del orden civil con sede en Cataluña o bien el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán.

Con el cambio político producido en Cataluña, el Consejo Consultivo se renovó parcialmente. Los dirigentes de CiU no han escondido en los últimos días sus recelos hacia sus decisiones.

ABC

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL PSC RECURRE A UNA CAMPAÑA «EN LA CALLE» PARA FORZAR A CIU A PACTAR EL ESTATUTO CATALÁN

Ángel Marín

ERC aboga por asumir algunas propuestas de CiU en materia de financiación pese a que el Consejo Consultivo las considera inconstitucionales, igual que las del tripartito

BARCELONA. «Ganemos el Estatuto, ahora. Cataluña quiere un gran acuerdo». Es el eslogan de la campaña que ha elaborado el PSC para la recta final de las negociaciones con CiU sobre el Estatuto. En la presentación de esta iniciativa, el ministro de Industria y primer secretario del PSC, José Montilla, realizó ayer un llamamiento a la ciudadanía para que durante la Diada reclame «en la calle» la necesidad de lograr un Estatuto «ambicioso y que sea Constitucional».

La campaña del PSC -colocarán 500 pancartas en las calles y 200 vallas de carretera durante los próximos 15 días- está diseñada para que los catalanes «apoyen nuestras propuestas» y para explicar «los esfuerzos» de los socialistas en conseguir el Estatuto. «Este es un momento histórico para Cataluña y CiU no puede estar al margen», añadió Montilla.

El respeto a la Constitución

En cuanto al «ninguneo» de CiU y ERC al Consejo Consultivo de la Generalitat tras la filtración de su dictamen, que ve inconstitucional algunas de las propuestas en materia de financiación del tripartito y también de los nacionalistas, el ministro subrayó que «cuando se pide un informe al Consultivo es por algo y no para ignorarlo después». «Respetar la ley no debería de ser objeto de discusión por parte de ninguna fuerza política», concluyó Montilla tras resaltar la necesidad de que el nuevo Estatuto «sea ambicioso, pero que también sea constitucional». Una opinión que comparten los líderes de ICV que ayer manifestaron su voluntad de «retocar» los puntos de la propuesta de financiación del Gobierno catalán que el Consultivo considera que no se ajustan a la Carta Magna. El vicepresidente de ICV, Jaume Bosch, anunció que su formación retirará algunas de las 11 enmiendas que aún mantenía vivas y la presentación de otras nuevas para adecuar el texto estatutario al criterio jurídico de este órgano de la Generalitat. Además, instó al resto de partidos catalanes a aceptar las «recomendaciones» del Consultivo para enviar al Congreso «un Estatuto plenamente constitucional».

Pese a que el Consultivo considera también inconstitucional el plan alternativo presentado por CiU, el secretario general de ERC, Joan Puigcercós, abogó ayer por «integrar algunas propuestas interesantes» de los nacionalistas en materia de financiación y añadió que lo que diga o haga el Consultivo sobre la constitucionalidad del Estatuto «no son un dogma de fe».

Por su parte, el presidente de CiU, Artur Mas, reclamó a Maragall que «haga servir su autoridad dentro del PSC» y dé un «golpe de timón» en las negociaciones para conseguir un acuerdo con los nacionalistas y evitar así su «fracaso personal» en este proceso negociador. Mas advirtió al presidente de la Generalitat que «se está jugando su futuro político» si no logra un nuevo Estatuto para Cataluña.

El Estatuto Inconstitucional: Opiniones

Por Narrador - 3 de Septiembre, 2005, 15:48, Categoría: Estatuto Catalán

Para EL MUNDO "El conjunto de la clase política catalana, salvo notables excepciones, se ha encaramado a un discurso victimista según el cual ''los de fuera de Cataluña'' estarían torpedeando injustamente la reforma de su Estatuto". A las muchas advertencias se ha sumado EL Consell Consultiu de la Generalitat. Según este órgano asesor, la propuesta de financiación y la apelación a unos supuestos derechos históricos "chocan de frente con la Constitución y deben ser eliminados". "En lugar de ocuparse de resolver los problemas reales de la gente, Maragall y sus socios se han dedicado a crear problemas nuevos y en grandísima medida imaginarios". ABC se centra en cómo el informe del Consell Consultiu "ratifica la razón que tenían quienes denunciaron que esta reforma estatutaria era una revisión constitucional encubierta, no mucho peor en el fondo que la pretendida, más burdamente, por el revisado plan Ibarretxe, con la diferencia de que en el proyecto catalán es el Partido Socialista el que ha asumido el liderazgo de esta actividad inconstitucional". "Tal y como está la situación no se puede descartar nada, porque el capital invertido por Zapatero en Maragall es muy alto". También incluimos el artículo de Luis Foix en LA VANGUARDIA del pasado jueves.

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

UN ESTATUTO INCONSTITUCIONAL

Editorial

El conjunto de la clase política catalana, salvo notables excepciones, se ha encaramado a un discurso victimista según el cual «los de fuera de Cataluña» estarían torpedeando injustamente la reforma de su Estatuto de Autonomía. Pues bien, a las advertencias del PP, de destacados dirigentes socialistas como Alfonso Guerra, Juan Carlos Rodríguez Ibarra o José Bono, y de los propios expertos consultados por el Ministerio de Administraciones Públicas se han sumado ahora las de una institución cuyas credenciales catalanas quedan fuera de toda duda: el mismísimo Consell Consultiu de la Generalitat.

Aunque el dictamen completo no se conocerá hasta el lunes, ya sabemos su opinión sobre dos aspectos clave del borrador del tripartito. Se trata de la propuesta de financiación -que contempla la creación de una agencia tributaria prácticamente independiente de la estatal, y limita al 50% la cesión al Estado de los impuestos recaudados por la Generalitat, que además tendría capacidad normativa sobre todos los tributos- y de la apelación a unos supuestos derechos históricos como método de blindaje de competencias. Según el órgano asesor, ambas iniciativas chocan de frente con la Constitución y deben ser eliminadas.

El dictamen del Consell -que el PSC promete acatar- viene a reafirmarnos en nuestra opinión de que lo mejor que podría hacer el tripartito es reconocer su incapacidad para sacar adelante una reforma estatutaria razonable y dentro de los amplios límites que marca nuestra Carta Magna, y dedicarse de una vez a gobernar. Los ciudadanos catalanes han asistido, entre desolados y estupefactos, al lamentable espectáculo de un Gobierno que ha incumplido flagrantemente sus promesas de cambio. En lugar de ocuparse de resolver los problemas reales de la gente, Maragall y sus socios se han dedicado a crear problemas nuevos y en grandísima medida imaginarios. Han provocado un debate en torno al Estatuto que, según las propias encuestas de la Generalitat, no preocupa más que a un 0,4% de los catalanes.

Zapatero, que se ha visto obligado a coger las riendas del proceso ante las grietas que empieza a generar dentro de su propio partido, siempre ha dicho que quiere una solución que sea «buena para Cataluña». Pues bien, ya la tiene. Es el Estatuto actual, que no necesita de grandes retoques para seguir proporcionando a los catalanes elevadas dosis de autogobierno y bienestar.

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

ESTATUT FUERA DE GUIÓN

Editorial

EL Gobierno socialista anda últimamente de revelación en revelación, topándose con una realidad bien distinta de la que aparecía en su discurso oficial y que, de forma notoria, le está produciendo un creciente desconcierto. Entre los descubrimientos más recientes destaca la alta probabilidad de que el proyecto de Estatuto que prepara el tripartito catalán sea así íntegramente inconstitucional, a pesar de que el proceso de reformas estatutarias fue puesto de largo como el cauce para superar definitivamente la «tensión territorial» acumulada durante los gobiernos de Aznar. Este veredicto de inconstitucionalidad sobre el proyecto del tripartito es la opinión de una serie de expertos juristas cuyos informes, encargados por el Ministerio de Administraciones Públicas, salieron oportunamente a la luz al día siguiente de que Maragall insistiera en que Cataluña es una nación, y España, un Estado federal. También el Consejo Consultivo catalán ha anticipado su opinión de que el modelo de financiación y de organización tributaria propuesto por el tripartito choca con la Constitución, lo que, de forma indirecta, es un aviso a la entente nacionalista de convergentes con los republicanos de Esquerra.

El criterio de estos dictámenes de encargo se corresponde, sin forzar en absoluto las comparaciones, con la opinión de otros muchos juristas y de la posición inicial del PP acerca de la inconstitucionalidad radical de un texto estatutario que se basa en el reconocimiento de Cataluña como nación y en la instauración de un sistema político de nueva planta que le dice al Estado qué competencias conserva y cuáles pierde. Pese a la aparente sorpresa por la valoración jurídico-constitucional hecha por los expertos del Ministerio que dirige Jordi Sevilla, no era posible otro tipo de conclusiones ante un texto cuya finalidad última es la modificación de la Constitución. Se ratifica así la razón que tenían quienes denunciaron que esta reforma estatutaria era una revisión constitucional encubierta, no mucho peor en el fondo que la pretendida, más burdamente, por el revivido plan Ibarretxe, con la diferencia sustancial de que en el proyecto catalán es el Partido Socialista el que ha asumido el liderazgo de esta iniciativa inconstitucional.

Advertido el Gobierno desde sus propias filas de que el proyecto del tripartito es inconstitucional, y vista la crisis interna en la clase política catalana, por un lado, y dentro del PSOE, por otro, debería emitirse desde el Ejecutivo algún pronunciamiento más severo sobre la cuestión que la simple orden de mandar callar a todo el mundo, aunque implique una fricción con el tripartito catalán. En todo caso no será fácil para La Moncloa prevenir mayores males, pues Maragall siempre ha contado con el refrendo explícito de Rodríguez Zapatero, quien antes que presentarse como víctima de las tentaciones rupturistas del PSC y sus socios debería asumir su responsabilidad por haber dado alas a un proyecto político que, participado en origen y desarrollo por Esquerra Republicana de Catalunya, no podía tener ninguna garantía de constitucional y solidario. Por eso, la decisión del PSOE de que Rodríguez Zapatero tome las riendas de las reformas estatutarias suena a juego de palabras para aparentar que lo sucedido hasta ahora es ajeno a la voluntad presidencial y que su irrupción en el debate estatutario tiene una vocación reparadora. Nada más lejos de la realidad que presentar a Rodríguez Zapatero como víctima de la voracidad de ERC o de la política de Maragall.

Tampoco sería sensato por parte socialista poner en marcha una estrategia de distracción que implicara en sus errores a quienes nada tienen que ver con ellos. Sin embargo, hay indicios de que éste es el propósito, por ejemplo, en relación con el proyecto de reforma del Estatuto valenciano, contra el que algunos portavoces socialistas han empezado a lanzar reproches de inconstitucionalidad más por deseo de dar cobertura a un futuro rechazo al texto del tripartito catalán que por un juicio técnico ecuánime y basado en el rigor del análisis constitucional. Tal y como está la situación, no se puede descartar nada, porque el capital invertido por Rodríguez Zapatero en Pasqual Maragall es muy alto y, aunque en política es habitual soltar lastre para evitar la caída, esta vez no será suficiente una huida hacia adelante para explicar a la opinión pública el porqué de tantas diferencias entre lo prometido por el Gobierno -algo así como el guión de la felicidad y la virtud cívicas- y la realidad de cada día.

LA VANGUARDIA

Jueves, 1 de de septiembre de 2005

EL LABERINTO ESTATUTARIO

Lluís Foix

El calendario avanza inexorablemente sin que nadie pueda asegurar si habrá Estatut antes de las fiestas de la Mercè, si lo habrá después o si se abandonará la empresa para dejar las cosas tal y como estaban cuando se firmó el pacto del Tinell con las voluntariosas promesas de un tripartito que rompía con la larga hegemonía de muchos gobiernos de Jordi Pujol.

La redacción del Estatut ha devenido un campo de batalla en el que no se ha contemplado un proyecto común pensando en el futuro del país, sino en un posicionamiento partidista, como si sobre el texto estatutario se escribiera el programa de las próximas elecciones.

Quien haya seguido con interés el largo debate puede encontrarse andando a tientas en un laberinto en el que todos los protagonistas también buscan en vano una salida. No sé a estas alturas quién ha contribuido más al desconcierto que percibe la mayoría de ciudadanos. En cualquier caso, sería una frivolidad pretender que el nuevo Estatut es obra exclusiva del tripartito, de las formaciones nacionalistas, de los socialistas o de las combinaciones que puedan establecerse entre ellos.

Ha faltado realismo, visión y generosidad. Ha habido más táctica, más regate a corto, que estrategia de altos vuelos. Si finalmente el Estatut no es suscrito por todo el arco político catalán, aunque cuente con una mayoría suficiente, saldrá herido de muerte de Catalunya y corre el riesgo de ser enterrado piadosamente en el Congreso de los Diputados, con la natural satisfacción del Partido Popular, pero también con la connivencia de todo o parte del socialismo español.

Quien haya leído detenidamente el texto habrá advertido que es más una Constitución que un Estatut que, como el que está vigente, fue elaborado y aprobado como consecuencia de las disposiciones de la Constitución de 1978. Se puede reformar la Constitución, por supuesto, pero sería extraño que esta reforma viniera como consecuencia de un documento de rango inferior. Parece más una Carta Magna de un Estado de nueva creación que un instrumento jurídico y político que deriva de una ley superior.

Recuerdo una conversación mantenida con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Abba Eban, en su casa de las afueras de Tel Aviv hace unos años. Los hombres y las naciones, me decía, acaban siempre haciendo lo que es más correcto, después de explorar todas las demás posibilidades. Catalunya, con este o con otro proyecto estatutario, tiene que acabar haciendo lo correcto.

El Nuevo Estuto Catalán es Inconstitucional

Por Narrador - 3 de Septiembre, 2005, 15:12, Categoría: Estatuto Catalán

Ya no hay duda sobre la inconstitucionalidad del Estatuto propuesto por el Tripartito catalán y CIU. Aún así en una reacción inaudita en la historia de la democracia, los patrocinadores de la reforma parecen escasamente afectados por la referida inconstitucionalidad. A simple vista parece que la Constitución para estos gobernantes es una anécdota que no debe entorpecer su desquiciada ambición sectaria. El Consejo Consultivo de la Generalitat cuestiona la utilización de los derechos históricos como argumento para blindar competencias, según destaca en su edición de hoy EL PAIS. Mientras, el tripartito admite que su propuesta de financiación se encuentra en el filo de la Constitución. El consejero de Economía, Antoni Castells, consideró que el modelo propuesto se encuentra en "el límite de las posibilidades" que ofrece el marco constitucional, aunque reconoció que alguien pueda entender que se sitúa fuera de dicho marco. El primer secretario del PSC, José Montilla, declaró ayer que si bien el dictamen no es vinculante, "no se ha pedido para después obviarlo". Por su parte, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, dijo que la decisión del Consultivo "no es más que un instrumento político del PSC". El líder de CiU, Artur Mas señaló que el Consejo Consultivo "no es más que un órgano asesor".

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL PSC DEFIENDE RESPETAR EL DICTAMEN DEL CONSELL CONSULTIU AUNQUE NO SEA VINCULANTE

Dani Cordero

El organismo también considera inconstitucional invocar los derechos históricos en el Estatut

BARCELONA.- Quizás los dictámenes del Consell Consultiu no sean vinculantes, pero sus trabajos técnico-jurídicos están para hacerles caso. Es la conclusión que defiende el PSC y que le llevará a enmendar los artículos del proyecto de ley del Estatut que el organismo de la Generalitat considera inconstitucionales. Desde el primer secretario del partido, José Montilla, hasta el secretario de Organización, José Zaragoza, opinan así, y el portavoz de la formación, Miquel Iceta, aseguró ayer que «aunque el dictamen no sea vinculante, se tendrán que resolver los puntos que entren en conflicto».

Antoni Castells, conseller de Economía del Govern y principal responsable del proyecto de financiación del tripartito, el mismo que el Consultiu ha puesto en duda en algunos de sus principales atributos, no mostró ayer la misma disposición. Según afirmó el conseller, «El Consell es consultivo; pero no es el Tribunal Constitucional». Su insinuación choca con la de Montilla: «el dictamen no se ha pedido pura y simplemente para después obviarlo y no prestarle la más mínima atención», dijo a Efe. Zaragoza, en la misma línea, afirmó: «Lo que no haremos es aceptar una reforma del Estatut que sea inconstitucional».

Evitar valoraciones

Ayer se supo que el dictamen que emitirá el próximo lunes el Consell Consultiu podría dictar también la inconstitucionalidad de recurrir a los derechos históricos para blindar las competencias. Su opinión va en el mismo sentido en la propuesta de financiación de CiU y en algunos puntos de la elaborada por el tripartito.

De momento, el PSC ha lanzado órdenes a sus miembros para que no valoren las deliberaciones del Consultiu filtradas a la prensa mientras no haya dictamen en firme. La misma premisa figura entre los miembros del Govern. A partir del dictamen definitivo, los socialistas decidirán qué camino toman, aunque ayer el tripartito negó que tuviera un plan B para el caso de que les tumbaran su modelo de financiación. Incluso, en la decisión final pueden pesar los resultados finales de las votaciones.

El conseller de Economía, Antoni Castells, admitió ayer que el modelo de financiación presentado por el tripartito, del que él es su principal ideólogo, podría estar al margen de la Carta Magna, tal y como consideran cuatro de los siete miembros del Consell Consultiu. El responsable económico de los socialistas aseguró ayer que el Govern «hizo una propuesta sabiendo que sacábamos el máximo rendimiento al texto constitucional». Según afirmó, su propuesta de modelo se encuentra «en el límite, pero en la parte de dentro».

Pese a esa apreciación, Castells no negó que esa posición de máximos pueda suponer «el riesgo de salirse» según quien realice el análisis sobre la inconstitucionalidad del texto. Efectuó estas declaraciones tras reunirse con la comisión que negocia por parte del Govern un modelo de financiación consensuado con CiU.

El responsable económico de ERC, Josep Huguet, aseguró que no será lo mismo un dictamen desfavorable por unanimidad que por cuatro votos a tres. «El impacto moral no será el mismo», dijo el dirigente republicano, quien también advirtió que «tan importante será el dictamen del Consultiu como los dos tercios necesarios en el Parlament».

Los miembros del tripartito denunciaron ayer las filtraciones que se han producido en el seno del Consell Consultiu, por las que dijeron sentir «preocupación». En el mismo sentido se pronunció el líder de CIU, Artur Mas, que calificó estos hechos como «esperpénticos» y «muy poco serios».

En todo caso, la posición de CiU no está clara. Ayer, el presidente de la federación, Artur Mas, alertó al tripartito de que quien debe decidir sobre el texto del Estatut es el Parlament, y se encomendó al ajustado resultado previsto en las votaciones para poder rechazar la decisión del Consultiu. Si el organismo queda dividido en las votaciones «significa que tienen dos opiniones, porque si no, no estarían divididos por la mitad. ¿De cuál hemos de hacer caso?», se preguntó.

El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, reclamó al PSC que «no se esconda» detrás de ese organismo para justificar recortes en el proyecto de Estatut.

Al margen de las consideraciones que pueda emitir el Consultiu en el dictamen sobre la constitucionalidad del proyecto estatutario, Duran considera que «no hay otro intérprete de la Constitución» que el Tribunal Constitucional.

«Nadie más que el TC puede decirnos lo que se ajusta o no a la Constitución. Por este motivo, «el Consultiu no debe aprobar el Estatut ni debe condicionarlo, sino que lo debe aprobar el Parlament».

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

PSC Y ERC DISCREPAN EN PÚBLICO POR EL VARAPALO DEL CONSULTIVO AL ESTATUTO

Ángel Marín

La opinión del Consejo de que el plan financiero del tripartito es inconstitucional arroja aún más dudas sobre la reforma, que mantiene unidas a Esquerra y CiU

BARCELONA. No es lo mismo. El gobierno catalán mostró ayer su «preocupación» por que el Consejo Consultivo considere inconstitucional el núcleo de la propuesta elaborada por el tripartito sobre el nuevo sistema de financiación. No obstante, los tres socios del ejecutivo de Maragall coincidieron en defender unánimemente «la legalidad» de su plan financiero y en delimitar «la importancia» política, con matices diferentes según la formación política, de la opinión de este órgano asesor de la Generalitat.

Tras reunirse ayer los tres consejeros -Joan Saura (Relaciones Intitucionales-ICV), Antoni Castells (Economía-PSC) y Josep Huguet (Comercio-ERC)- que llevan el peso de las negociaciones con CiU, actualmente encalladas precisamente en el modelo de financiación, el representante de la hacienda catalana reconoció que la propuesta del tripartito está en «el límite» de la Constitución y admitió la posibilidad de que algunos consideren que «nos hemos pasado de la raya tres centímetros».

«Una falta de respeto»

El consejero socialista defendió la validez del Consultivo ante los ataques de CiU que ayer deslegitimó este órgano porque su dictamen afecta «negativamente» a los intereses de Cataluña. «He oído declaraciones de algunos dirigentes de CiU que suponen una falta de respeto preocupante a las reglas de juego, y más por parte de aquellos que han gobernado durante 23 años», dijo Castells tras reclamar «más respeto» a todas las instituciones catalanas.

El consejero de Economía aseguró que «lo que diga el Consultivo, obviamente, puede influir en la decisión política», y subrayó que «no tienes la misma autoridad y fuerza para defender el Estatuto en el momento de la verdad en Madrid si el Consultivo dice que nuestra propuesta financiera es incostitucional». No obstante, matizó que el dictamen de este organismo «no es decisorio» porque «no es un Tribunal Constitucional que emita sentencias».

«¿Por qué no podemos ir más allá?»

El consejero de ERC afirmó, por su parte, que el Consultivo tiene «todo el respecto institucional», al mismo tiempo que se interpelaba «¿por qué no podemos ir más allá?» de lo que digan los dictámenes de este consejo de la Generalitat. Para Huguet, es más «urgente» llegar a acuerdos definitivos con CiU para «construir una mayoría de dos tercios» en la Cámara catalana, necesaria para aprobar el nuevo Estatuto, y reiteró que para su partido el Consultivo sólo emite «recomendaciones» de un ente asesor. Una opinión que comparten al cien por cien los líderes nacionalistas.

El presidente de CiU, Artur Mas, subrayó ayer que «los informes que hacen no son vinculantes» y señaló que quien debe decidir el texto final del Estatuto es el Parlamento de Cataluña. «El que está pendiente del Consultivo es el PSC, que ve su dictamen como agua de mayo», dijo el jefe de la oposición.

La mayoría de los siete vocales de este organismo -los dos propuestos por el PSC y otros dos a instancias de ICV y PP- duda de la constitucionalidad del plan financiero del tripartito, de la propuesta alternativa de CiU y de la invocación de los derechos históricos para blindar el Estatuto de Cataluña.

Por su parte, el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, evitó realizar valoraciones políticas sobre el contenido de «las filtraciones» y añadió que «esperaremos a conocer de forma oficial el dictamen del Consultivo para reflexionar».

EL PAIS

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL CONSEJO CONSULTIVO DESAUTORIZA ELEMENTOS SUSTANCIALES DE LA REFORMA DEL ESTATUTO CATALÁN

Enric Company

El órgano asesor rechaza la vinculación entre derechos históricos y competencias

A falta de que el Consejo Consultivo de la Generalitat entregue oficialmente el lunes su dictamen sobre el Estatuto catalán, los partidos han tomado nota ya de que contendrá la desautorización de algunos elementos sustanciales de la reforma. Habrá disgustos para todos. Los nacionalistas de Convergència i Unió (CiU) perderán en esta batalla su apuesta por el concierto económico, Esquerra Republicana (ERC) y CiU la que han dado para amparar las competencias de la Generalitat en los derechos históricos. Los socialistas han perdido su lucha contra el blindaje de competencias. Al sistema de financiación elaborado por los tres partidos del Gobierno catalán habrá que retocarle por lo menos tres artículos.

Después de que EL PAÍS publicara el miércoles que el Consejo Consultivo considera inconstitucional aplicar en Cataluña un modelo de concierto económico, ayer se supo que también estima no constitucionales varios aspectos de la propuesta de financiación elaborada por el tripartito. A ello se añade que la mayoría de miembros del Consejo Consultivo tampoco juzga constitucional la disposición adicional primera del proyecto, que ampara ocho competencias de la Generalitat en los derechos históricos de Cataluña, según publicó ayer El Periódico de Catalunya.

La posición del Consejo Consultivo sobre los derechos históricos fue apuntada ya a mediados de agosto por su presidente, Joaquim Tornos, cuando señaló que "caben" en el Estatuto, pero que otra cosa es su utilización concreta para atribuir y amparar competencias a la Generalitat. Esto se ha traducido en la decisión de la mayoría del Consultivo de no cuestionar el artículo 5 del proyecto del nuevo Estatuto. Es el que dice que "el autogobierno de Cataluña se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán, que este Estatuto incorpora y actualiza".

Pero en cambio, el Consultivo sí ha decidido rechazar la disposición adicional en la que se señala que esta actualización ampara, especialmente, el régimen de financiación de la Generalitat; la organización de las administraciones públicas catalanas y su régimen jurídico y de función pública; la organización territorial y el régimen local; el derecho civil; el régimen lingüístico en Cataluña; la educación; la cultura; y la seguridad pública.

La invalidación de esta vía impide uno de los trueques que Esquerra Republicana impulsaba para acercar las posiciones de PSC y CiU, que consistía en limitar a cuatro o cinco las competencias de la Generalitat susceptibles de ser "amparadas" en los derechos históricos, en vez de las ocho que defienden CiU y la propia ERC. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, se adentró por este camino la semana pasada al indicar, enfáticamente, cuatro ámbitos en los que Cataluña ha tenido en el pasado su propio derecho civil, su propia lengua y cultura y su propia organización territorial, lo que parecía un punto medio susceptible de ser aceptado por todos.

La reacción de los dirigentes de los partidos catalanes tras conocer las decisiones que contendrá el dictamen del Consejo Consultivo fueron desiguales. Los socialistas se mostraron dispuestos a asumir las consecuencias del dictamen y a enmendar los correspondientes artículos del proyecto para adaptarlos a la Constitución. Los nacionalistas de CiU, en cambio, relativizan las posiciones del Consejo según sean adoptadas por unanimidad o por mayoría.

El primer secretario del PSC, José Montilla, declaró a Efe que el dictamen "no se ha pedido para después obviarlo". Y eso, a pesar de que una de las decisiones del Consultivo que también han trascendido es la de considerar constitucional el sistema de blindaje de las competencias de la Generalitat utilizado en la reforma del Estatuto, al que los socialistas habían presentado numerosas enmiendas.

El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, aseguró sin embargo que lo publicado ayer y anteayer sobre la decisión del Consultivo "no es más que un instrumento político del PSC". Según Duran, los socialistas "tapan" con este dictamen "su incapacidad para defender los intereses de Cataluña". El presidente de CiU, Artur Mas, señaló también que el Consejo Consultivo "no es más que un órgano asesor y los informes que hace no son vinculantes".

Fuentes del Gobierno catalán se mostraron muy cautas. Indicaron que, a falta de conocer el dictamen, cabe valorar positivamente que no sea "unidireccional" y que todos los partidos puedan ver ratificadas o rechazadas algunas posiciones. "Esto puede aportar un punto de encuentro objetivable" en las negociaciones que se emprenderán la próxima semana, agregaron.

Pese a las reticencias, un criterio similar fue expuesto por el diputado de CiU Francesc Homs, cuando señaló que "ha habido ratificaciones y rectificaciones para todos", refiriéndose particularmente a CiU y al PSC. La previsión es que, después de que ayer el Consejo Consultivo votará el dictamen, sus miembros dediquen los próximos días a redactar los votos particulares, y el lunes sea entregado al Parlamento catalán. El presidente Maragall abre el miércoles con Artur Mas una nueva ronda de negociaciones.

EL PAIS

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

CASTELLS ADMITE QUE LA PROPUESTA DE FINANCIACIÓN DEL TRIPARTITO ROZA EL LÍMITE CONSTITUCIONAL

Claudi Pérez

La propuesta de financiación del Gobierno catalán está dentro de los límites de la Constitución Española. Pero tan en el límite que "existe el peligro de que alguien crea que lo traspasa", admitió ayer Antoni Castells, consejero de Economía y Finanzas del Ejecutivo catalán. Castells se reunió con el consejero de Comercio y Turismo, Josep Huguet (ERC), y el titular de Relaciones Institucionales, Joan Saura (ICV-EUiA), para analizar el estado de las negociaciones con CiU sobre el título de financiación del Estatuto.

Los tres consejeros evitaron pronunciarse sobre el dictamen del Consejo Consultivo, que juzga inconstitucional la propuesta de CiU y cuestiona artículos de la propuesta del Ejecutivo autónomo que hacen referencia a la agencia tributaria propia, la capacidad normativa sobre los impuestos y el porcentaje de participación del Estado sobre los impuestos recaudados en Cataluña (un máximo del 50%). Aún así, Castells reconoció que la propuesta de financiación presentada por el tripartito "busca extraer las máximas posibilidades del texto constitucional". "Cuando una propuesta se sitúa en el límite corre el peligro de que alguien crea que ese límite se ha traspasado, aunque sólo sea por unos centímetros", dijo.

"Lo que dictamine el Consejo Consultivo, obviamente, puede incidir en la decisión política final sobre la financiación", admitió Castells. El consejero, sin embargo, recordó que este órgano "no tiene carácter decisorio ni ejecutivo", ni tampoco es "un Tribunal Constitucional que emita sentencias".

Pacto con CiU

El dictamen del Consultivo no se conocerá oficialmente hasta el próximo lunes, pero las lagunas constitucionales que ha detectado este organismo dificultan aún más la posibilidad de llegar a un acuerdo de amplio espectro sobre el título de financiación que se incluirá en el Estatuto. Saura y Huguet defendieron la "necesidad" de un pacto con CiU, "tanto por la aritmética política como por el convencimiento de que la unidad de fuerzas es esencial para que el Estatuto salga adelante" en Madrid. Pero el acuerdo con la federación nacionalista dista mucho de estar cercano. "De alguna manera hemos perdido la batalla antes de empezarla", resumió Huguet ante las dificultades que encuentra el tripartito para pactar.

Los tres consejeros rechazaron evaluar la reciente propuesta convergente sobre financiación. CiU plantea "blindar" la propuesta que finalmente se incluya en el Estatuto con el objetivo de que ninguna ley estatal condicione el texto que apruebe el Parlamento catalán. Huguet tendió una mano al partido que lidera Artur Mas y aseguró que ni la coalición ni el Ejecutivo catalán "defienden un modelo a la vasca", ya que ambas propuestas incluyen un mecanismo de solidaridad interterritorial.

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

ZAPATERO CONFÍA EN LA «BONDAD» DE LA REFORMA DEL TEXTO CATALÁN

El jefe del Ejecutivo dijo tener «la mejor disposición» y su «plena vocación» de comprometerse para que haya un acuerdo para mejorar el autogobierno de Cataluña

GIJÓN. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó ayer su confianza en las fuerzas políticas catalanas y en la «bondad» de la reforma de su Estatuto y garantizó la «mejor disposición» de comprometerse para lograr un acuerdo ante esa modificación. Zapatero se refirió al proceso de reforma del Estatuto de Cataluña en una comparecencia ante los medios informativos en Gijón antes de visitar las obras del puerto de esta ciudad.

El jefe del Ejecutivo dijo tener «la mejor disposición» y su «plena vocación» de comprometerse para que haya un acuerdo. Un acuerdo que, a su juicio, sería muy bueno para Cataluña, para el conjunto de España y para los ciudadanos catalanes en la perspectiva de una mejora de los servicios públicos.

La «tranquilidad» de Montilla

El primer secretario del PSC y ministro de Industria, José Montilla, aseguró, por su parte, que le «tranquiliza» la decisión de Zapatero de asumir personalmente la dirección del proceso de reformas de los estatutos de autonomía. Montilla señaló a Efe que la intervención del presidente del Gobierno será suficiente para evitar «interferencias» en el proceso de negociación de la reforma del Estatuto catalán. Preguntado sobre si el PSC tiene intención de pedir en el Comité Federal del PSOE del próximo sábado que se eviten dichas «interferencias», respondió: «No lo vamos a pedir, simplemente lo vamos a practicar».

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL TRIPARTITO ADMITE QUE SU TEXTO PUEDE REBASAR EL LÍMITE DE LA LEY

Tate Santaeulària

El Gobierno catalán mantiene su financiación aunque el Consultivo crea que es inconstitucional

Barcelona- Los denominados padres de la propuesta de financiación autonómica, Antoni Castells (PSC), Joan Saura (ICV) y Josep Huguet (ERC) se reunieron ayer, tal y como estaba previsto, para retomar las negociaciones sobre el modelo económico catalán. Lo que no estaba previsto era la sorpresa, añadida a última hora, de que el Consejo Consultivo juzgara el núcleo de su planteamiento como inconstitucional. Sin embargo, el jarro de agua fría no parecía importar demasiado a los miembros del tripartito que comparecieron ayer, con exacerbada alegría, ante los medios.

Concretamente el conseller de Economía, Antoni Castells, reconoció comprender que alguien pueda ver la propuesta financiera del Govern fuera de la Carta Magna. Castells recordó que cuando el Ejecutivo dio a conocer su modelo ya advirtió que se había situado al límite de lo que la Constitución les permitía. Así pues, «ciertamente existe el riesgo de que alguien opine que nos hemos pasado tres centímetros» de la Ley fundamental, concluyó el conseller.

El titular de Economía aprovechó el revés del Consultivo para señalar, como quien no quiere la cosa, que todos creen que la propuesta del tripartito es ambiciosa salvo CiU, «incluso a veces de forma ruidosa desde fuera de Cataluña». No obstante, reiteró el compromiso y la unidad del Ejecutivo catalán en torno al modelo acordado que sienta y sentará las bases de la financiación catalana. Hasta el punto que llegó a señalar que «no aceptará lecciones de ninguna otra formación política».

Sin más, los padres del tripartito no quisieron entrar en las consecuencias de la inconstitucionalidad detectada por el ente institucional a la espera de conocer cómo se exprese el Consejo Consultivo en los puntos de la solidaridad y capacidad normativa. Sí admitieron, no obstante, que el gobierno catalán no tiene «un plan B» ni una alternativa a la propuesta del tripartito. Además, los tres miembros del Ejecutivo coincidieron en recordar que «el Consultivo no es vinculante, y aunque sería bueno seguir sus recomendaciones, podría imponerse el acuerdo político».

El conseller Huguet (ERC) quiso también recordar el papel del Consultivo, y desde el máximo respecto a la institución subrayó que «el pacto político puede perfectamente quedar en algún tema por debajo de lo que sería constitucional» y «en algún tema podría ir un poco más allá», con el riesgo de que lo «recorten» en la negociación en Las Cortes. ERC cerró filas con el tripartito catalán y lanzó un mensaje claro a CiU al explicar que siempre se ha defendido como ideal el concierto vasco pero cuando se ha concretado, nunca ningún partido en Cataluña, ni ERC, ha planteado desmarcarse de la cuota solidaria». «Nadie defiende el modelo foral en Cataluña», sentenció.

Las propuestas de ERC. A este respecto el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, consideró también ayer «muy curioso» que el Consejo Consultivo vea inconstitucionales precisamente las aportaciones de ERC en la propuesta de financiación del tripartito. No obstante, el dirigente nacionalista restó relevancia al dictamen de este órgano de la Generalitat – «no debe condicionar el Estatut»– y acusó al PSC de «esconder la cabeza bajo el ala» para disimular su incapacidad a la hora de mantener sus planteamientos en la reforma estatutaria.

Por su parte el secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, afirmó que hace pocos días CiU consideraba vinculantes los dictámenes del Consultivo, y recordó que «fue CiU quien pidió que el Consejo Consultivo opinase sobre su modelo de financiación». «Llevamos 18 meses de negociaciones y Artur Mas reconoce públicamente que no se ha movido nada» de su planteamientos iniciales, dijo.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

DERECHOS HISTÓRICOS EN ENTREDICHO

El Consejo Consultivo parece dispuesto a pulir cualquier posible inconstitucionalidad del proyecto de ley del Estatut de Cataluña. Después de que trascendiera que cuatro de los vocales juzgan inconstitucional el núcleo de la propuesta de financiación del tripartito también se supo que recelan de los derechos históricos, entre otras. Dos vocales, uno de ERC y el otro de CiU han emitido un voto particular mediante el que impugnan la totalidad del dictamen.

Derechos históricos. La mayoría de los vocales creen que no se puede apelar a los derechos históricos como pretende la disposición adicional primera aprobada por ERC y CiU para blindar las competencias. En el caso de los derechos históricos el Consultivo sólo admite como constitucional la referencia genérica a los mismos, que carece de validez jurídica.

Competencias. También dictan como inconstitucional el intento de los partidos catalanes de obtener competencias en puertos y aeropuertos, así como intervenir en el régimen económico de los elementos que integran la red viaria. Tampoco creen que puedan obtener la competencia exclusiva en enseñanza.

Traspasos. Los traspasos mediante leyes orgánicas que figuran en el proyecto de ley estatutario y que afectaría hasta a 10 materias de competencia estatal, el Consultivo cree por unanimidad, salvo el PP, que es constitucional.

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