EL MUNDO

Lunes, 15 de Agosto de 2005

«LOS ASALTANTES ME AGARRARON DE LOS TESTÍCULOS, NOS LLAMARON MARICONES, MAFIOSOS Y CHULOS»

Esteban Urreiztieta

Los vigilantes jurados relatan la violenta invasión del domicilio del director de EL MUNDO. El diputado de ERC Joan Puig, con un plano en la mano, ideó la estrategia para acceder a la piscina

SON SERVERA (MALLORCA).- El grupo de radicales que asaltó el sábado el domicilio del director de EL MUNDO en Mallorca mandó al hospital a dos vigilantes de seguridad. La quincena de personas, que lideró el diputado nacional de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Joan Puig para invadir la residencia de Pedro J. Ramírez en la Costa de los Pinos, se dividió en dos grupos para consumar con éxito su objetivo.

El más numeroso estuvo compuesto por una docena de personas y permaneció en todo momento a las órdenes del representante nacionalista en el Congreso, que desafió al equipo de seguridad exhibiendo su carné de diputado como si de una placa de policía se tratara. Otros tres individuos rodearon la valla de la vivienda, se colocaron en el extremo opuesto de la piscina y profiriendo todo tipo de insultos se abalanzaron contra el guardia que acudió a impedirles el paso.

Uno de los asaltantes, Pep Martí, invadió la casa exclamando que hacía lo que hacía «en nombre de Mallorca» para, acto seguido, escupir y agredir al vigilante cogiéndole de los testículos. Además, le provocó una fisura en su antebrazo izquierdo, por lo que tuvo que ser escayolado. «Si no le llego a empujar, me estalla los testículos», asegura el vigilante. El agresor aprovechó además el forcejeo para robarle el teléfono móvil.

Del otro de los miembros del equipo de seguridad y del escolta personal de Ramírez, se encargaron los radicales que estaban a las órdenes del diputado nacional. Al grito de «maricones», «mafiosos» y «chulos» y exclamando «la ley está con nosotros», se lanzaron a por los dos escollos que les quedaban para concluir la toma de la residencia.

Al primero de ellos le golpearon ocasionándole numerosas contusiones en una de sus muñecas y en las piernas, quedándose así el escolta solo ante los radicales. Todo lo ocurrido se encuentra ya en manos del Juzgado de Instrucción de Manacor, que está investigando lo sucedido tras la denuncia interpuesta por el director de EL MUNDO. En ella acusa a los asaltantes de allanamiento de morada y coacciones, y a la Guardia Civil de omitir su deber de impedir la invasión. La ocupación del domicilio fue anunciada un día antes de producirse y estuvo abanderada por cuatro formaciones políticas y un grupúsculo independentista. A la puerta de la residencia de Pedro J. Ramírez se apostaron el sábado por la mañana un grupo de hasta 40 dirigentes y simpatizantes de ERC, Partido Socialista de Mallorca (PSM), Izquierda Unida, Los Verdes y el Lobby per la Independència.

Joan Puig, mapa en mano, les adoctrinó: «Primero, una rueda de prensa y luego, saltamos a la casa». Acto seguido, descendieron hasta la zona donde se encuentra la piscina hasta asaltar la vivienda.

A este grupo les acompañaron en todo momento cuatro guardias civiles de paisano que presenciaron la escena de brazos cruzados y en silencio. Eso, a pesar de que los vigilantes de seguridad de Ramírez pidieron en varias ocasiones su ayuda y de que delante de ellos se estaba cometiendo un delito.

No en vano, tanto el uso público de la piscina del director de EL MUNDO, como el derecho de paso por su vivienda, han sido suspendidos por el Ministerio de Medio Ambiente por motivos de seguridad. El delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, lo sabía porque así se lo había comunicado la titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona y porque existe una orden ministerial en este sentido. Y prometió hasta en tres ocasiones a Ramírez que iba a impedir la concentración. Sin embargo, Joan Puig, logró escalar las rocas que dan acceso a la finca, donde se encontraba el periodista con la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada y los dos hijos de ambos. La piscina fue construida hace 35 años, 18 antes de que entrase en vigor la Ley de Costas y Ramírez la adquirió en 1998 a la familia Calvo-Sotelo.

El grupo de radicales está dirigido por el editor mallorquín Pedro Serra, que intenta intimidar al director de EL MUNDO, después de que este diario revelara una serie de escándalos protagonizados por él.

EL MUNDO

Lunes, 15 de Agosto de 2005

LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO ABRE EXPEDIENTE CONTRA LOS RADICALES

PALMA.- Veinticuatro horas después de no hacer nada por impedir el allanamiento a la residencia de Pedro J. Ramírez, la Delegación del Gobierno en Baleares anunció que abrirá un expediente sancionador contra todos y cada uno de los asaltantes.

Basándose en los informes que le han remitido los cuatro guardias civiles de paisano que se limitaron a presenciar in situ la invasión, Ramón Socías puede multar a los radicales con hasta 6.000 euros.

La Guardia Civil certificó que una quincena de personas entró por la fuerza en la casa del periodista en la Costa de los Pinos. De esta forma, los independentistas incumplieron con su actuación la orden del Ministerio de Medio Ambiente de suspender temporalmente por motivos de seguridad el uso público y el derecho de paso por la vivienda del periodista. A raíz de los incidentes, el delegado de Baleares emitió un comunicado en el que expresó su intención de «exigir las responsabilidades que podrían derivarse a causa del uso indebido de esta zona por parte de un grupo de personas que formaban parte de una concentración no autorizada».

En su nota, Socías recordó que el uso público del área que ocupa la piscina anexa a la residencia del director de este diario en la costa mallorquina, en el municipio de Son Servera, «está limitado por una resolución de la Dirección General de Costas del 20 de mayo de 2005». La Delegación del Gobierno en las Islas sostiene además que el enfrentamiento físico entre los vigilantes y las personas que entraron en el domicilio «no fue grave». Y considera por ello «infundada» la acusación de imprevisión contra el delegado.

La realidad, sin embargo, tal y como la describen los guardias de seguridad, es que llamaron en reiteradas ocasiones a la Guardia Civil, pero que ésta no quiso intervenir en ningún momento «para no dar más publicidad a los radicales». El resultado fue que los independentistas lograron perpetrar su objetivo y el diputado nacional de ERC Joan Puig y sus cómplices se acabaron bañando en la piscina del director de EL MUNDO después de arrollar al servicio de seguridad.

Por la vía penal, los asaltantes podrían llegar a ser condenados a cuatro años de cárcel por la comisión de un delito de allanamiento de morada y de coacciones.

EL MUNDO

Lunes, 15 de Agosto de 2005

MATAS EXIGE A ALONSO QUE EXPLIQUE POR QUÉ NO SE IMPIDIÓ EL ATAQUE

Destaca que las Fuerzas de Seguridad no preservaron el domicilio de Pedro J. Ramírez, mientras CiU arremete contra el diputado de ERC

PALMA.- Las reacciones al asalto de la residencia del director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, en Mallorca por parte de un grupo de radicales, liderados por el diputado nacional de ERC Joan Puig, se sucedieron a lo largo de la jornada de ayer.

El presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, condenó ayer «rotundamente» estas actitudes e iniciativas que, según destacó, «atentan contra la legalidad y el respeto de las personas que eligen Baleares para pasar sus vacaciones».

Matas estimó que las Fuerzas de Seguridad del Estado deberían haber garantizado que no se produjera el asalto y destacó que el Gobierno central no preservó la seguridad de Pedro J. Ramírez. Por todo ello, consideró que el ministro del Interior, José Antonio Alonso, deberá dar las pertinentes explicaciones.

«Lo que hay que destacar de lo sucedido es que el Gobierno de ZP es el que le ha dado a esta piscina la categoría de uso privativo que hasta ahora nunca había tenido y, ahora, debería haber cumplido lo dictado y preservar estas instalaciones de este asalto», subrayó a Europa Press.

Matas arremetió contra el parlamentario de ERC Joan Puig por ser el «principal promotor» de la ocupación de la vivienda del director de este diario: «Es indigno que un cargo electo, un diputado de España por otra Comunidad Autónoma, venga desde fuera, tenga esta conducta provocadora y sea el cabecilla de este acto y de enfrentamientos», denunció el presidente balear.

En este sentido, rechazó la actitud de todos los partidos políticos y asociaciones de las islas que participaron en el acto (ERC, Partido Socialista de Mallorca e Izquierda Unida-Els Verds), aunque con especial énfasis la presencia «en cabeza» de Puig que, según subrayó, «ya ha logrado el beneficio de la repercusión mediática que no ha conseguido con otras iniciativas de su actividad en el Congreso».

«El justiciero»

Por su parte, el secretario general de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Maria Pelegrí, también condenó la violenta protesta liderada por Puig y aseguró ayer que «ningún ciudadano, y menos un diputado, tiene el derecho a invadir una propiedad privada, sea de quien sea».

El también portavoz adjunto de CiU en el Parlamento catalán recordó que el «derecho a la propiedad» está protegido por la Constitución y apuntó que, «si existen irregularidades urbanísticas en la construcción o en parte de la finca del director de EL MUNDO, tendrán que ser los tribunales los que lo dictaminen». Para Pelegrí, es una «irresponsabilidad» que un diputado de ERC «intente hacer de justiciero y protagonice actos de este tipo, más propios de grupos marginales que de un partido que gobierna en Cataluña y que permite al PSOE gobernar en España».

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, también quiso terciar en la polémica y reclamó que la entrada en la residencia de Pedro J. Ramírez sirva para analizar y reflexionar sobre el uso de terreno público de dominio marítimo por parte de particulares. En opinión del líder de IU, el problema fundamental que se ha puesto en relieve es que la costa «está siendo privatizada por parte de personas individuales». Por ello, exigió que se lleven a cabo iniciativas de carácter legal para que estas situaciones no se repitan «y no sea necesario denunciarlo con movilizaciones que, en todo caso, me parecen legítimas».

Por su parte, el cabecilla de la ocupación, Joan Puig, defendió su actuación porque, según aseguró, la Ley de Costas ampara la libertad de paso por la piscina del director de EL MUNDO, aunque un decreto del Gobierno garantice el «uso privativo» durante los tres meses de verano. En declaraciones a Servimedia, el diputado de ERC denunció las «presiones» al Gobierno para que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dictase el decreto de «suspensión del uso público durante tres meses, para dejarle el verano en paz». Puig aseguró que los vigilantes de seguridad de Ramírez arremetieron «a empujones» contra la comitiva y provocaron lesiones a tres personas y anunció que presentarán una denuncia. Además, justificó que los agentes de la Guardia Civil no intervinieran, ya que, a su juicio, sabían del derecho de los manifestantes a entrar en el recinto.

También ironizó con que si llega a saber que aparecería en bañador en la portada de EL MUNDO «habría ido al gimnasio para lucir tipo».

EL MUNDO

Lunes, 15 de Agosto de 2005

PEDRO J. RAMÍREZ: «FUE UN ACTO DE COACCIÓN CONTRA EL MUNDO»

MADRID.- El director de este diario, Pedro J. Ramírez, calificó el asalto a su vivienda por parte de un grupo de radicales independentistas como «un pretexto, un acto de coacción y de agresión en contra de la independencia» de EL MUNDO, que «defiende la unidad de España». En declaraciones a la agencia Efe, Ramírez confesó que sintió «miedo» durante el incidente, por lo que instó al Gobierno a que explique si va a protegerle tanto a él como a su familia «de los actos de violencia de sus socios parlamentarios».

Por todo ello, el periodista exigió al Ejecutivo que «castigue» a quienes atacaron a su familia vulnerando la legalidad y le emplazó a que emita una sanción gubernativa: «Ya que no me ha protegido, por lo menos que castigue en el ámbito de sus competencias a quienes me atacaron a mí y a mi familia» al invadir un dominio en el que estaba suspendido el uso público.

Ramírez consideró que tanto el diputado de ERC como el resto de asaltantes son «independentistas radicales» y a ninguno «le importa nada la ecología ni el derecho de paso ni la situación de la piscina que hay en mi domicilio», sino que «las Islas Baleares deben formar parte de los Países Catalanes». «Si a partir de ahora la manera de dirimir el debate público es acudir a las viviendas de las personas que no te gustan para insultarlas y agredirlas delante de sus hijos, pues por muy mal camino va este Gobierno», auguró el director de EL MUNDO.

Además, recordó que ya ha presentado una denuncia contra Puig y sus cómplices por los delitos de allanamiento de morada, coacciones, agresión y vulneración de la intimidad. En la misma instancia se ha denunciado a la Guardia Civil por la omisión del deber de impedir un delito. Pedro J. Ramírez también realizará una petición de suplicatorio al Congreso de los Diputados.

EL MUNDO

Lunes, 15 de Agosto de 2005

¿APLICARÁ EL GOBIERNO LA LEY CONTRA LA «PARTIDA DE LA PORRA» DE ERC?

Editorial

La descripción que los miembros del servicio de seguridad agredidos en el domicilio del director de EL MUNDO hacen de lo ocurrido el sábado en Mallorca corrobora la certera definición del portavoz popular Zaplana cuando se refirió a la «partida de la porra», liderada por el diputado Joan Puig. Ante la complaciente pasividad de la Guardia Civil, los agentes fueron arrollados, entre golpes, escupitajos e insultos soeces. «Me agarraron por los testículos», denuncia el que ha debido ser escayolado. Aunque el asunto terminará en los tribunales -probablemente en el Supremo por el aforamiento del que ha abusado Puig- la credibilidad del Gobierno está ahora a prueba en relación al ejercicio de su función sancionadora. Cuando se produjo la «agresión o intento de agresión» a Bono -enérgicamente condenada por EL MUNDO- a las pocas horas se había detenido a dos que pasaban por allí, pero eran del PP. Ahora los protagonistas de esta concentración ilegal, de este asalto violento y de este allanamiento de un espacio cuyo uso público estaba suspendido están identificados. Aunque el delegado del Gobierno en Baleares abrió ayer un expediente sancionador, su grave negligencia de la víspera no anticipa la enérgica resolución que la ocasión requiere. Y ello por la sencilla razón de que los agresores tienen un único vínculo en común -absolutamente ajeno a la ecología o la defensa del derecho de paso por el litoral- que es el de que todos ellos abogan por independizar los Paisos Catalans de España bajo la batuta de ERC, aliado parlamentario del Gobierno. Como EL MUNDO no está de acuerdo con esa premisa, de todos los miles de piscinas e instalaciones en zona marítimo-terrestre que hay en España han elegido la de Pedro J. Ramírez para agredirle en su intimidad familiar. ¿Castigará el Gobierno a los culpables? Difícilmente, mientras continúe sin saber si está a favor o en contra de la unidad de España.

LA RAZON

Lunes, 15 de Agosto de 2005

EL DELEGADO DEL GOBIERNO EXPEDIENTA A PUIG

R. N.

Madrid- La Delegación del Gobierno en Baleares abrió un expediente contra las personas que el pasado sábado entraron en la piscina del chalé mallorquín del director de «El Mundo», Pedro J. Ramírez, quien anunció que va a querellarse contra el diputado de ERC Joan Puig, que encabezó esa irrupción. Este diputado y otras organizaciones políticas y ecologistas también presentarán una denuncia por agresiones e intimidación contra el director de «El Mundo» y sus agentes de seguridad.

En un comunicado, el delegado del Gobierno, Ramón Socías, señaló que se exigirán «las responsabilidades que podrían derivarse a causa del uso indebido de esta zona por parte de un grupo de personas que formaban parte de una concentración no autorizada». La nota recuerda que el uso público del área que ocupa la piscina anexa a la vivienda que el periodista tiene en la Costa de los Pinos, en el municipio de Son Servera, «está limitado por una resolución de la Dirección General de Costas del 20 de mayo de 2005». Ayer, un grupo de manifestantes, entre ellos Joan Puig, entró, pese a la oposición de agentes de seguridad privados, en el recinto de la piscina de Ramírez para reclamar el derecho de paso por esa zona y denunciar lo que consideran una vulneración de la Ley de Costas. El periodista explicó que los servicios jurídicos del periódico presentaron en la noche del sábado ya una denuncia contra Puig y el resto de personas que intervinieron en el «asalto», y agregó que en la misma instancia denunciaron a la Guardia Civil por la omisión del deber de impedir un delito, informa Efe.

libertaddigital.com

Lunes, 15 de Agosto de 2005

EL MAL POLÍTICO

Agapito Maestre

El asalto a la casa de Pedro J. Ramírez es, seguramente, el acto vandálico más grave que ha sufrido la democracia española en los últimos tiempos. Por lo tanto, salga inmediatamente el presidente del gobierno de España y castigue a los responsables 

Los historiadores del futuro lo dirán más o menos así: “Un hombre muere en un cuartel de la Guardia Civil. Gravísimo. Pero no dimite el ministro ni siquiera el director General del Instituto Armado. A los veinte días del luctuoso suceso, la Guardia Civil no impide que un grupo de salvajes, liderados por un diputado nacional, invada la casa de un ciudadano. Gravísimo. Pero nadie cesó ni dimitió ni fue destituido. No pasó nada. Los socios de Rodríguez Zapatero, seguirán diciendo los historiadores, asaltaron el domicilio privado de un director de un periódico nacional, pero ningún periódico al otro día resaltó la noticia. No dijeron ni pío. ¡Bochornoso! Excepto Anson, en La Razón, que denunció la tropelía del diputado de ERC y sus acompañantes, la prensa del domingo -el asalto fue el sábado- pasó de largo de un suceso que ponía en cuestión el mínimo Estado de Derecho existente en esa época en España. Ya se sabe, cuando la prensa silencia, alguna enfermedad grave padece la democracia de opinión pública.”

Seguramente, la nota anterior, escrita por cualquier historiador honrado dentro de 20 ó 30 años, se extenderá en pormenores sobre cómo llegó al poder el equipo gobernante, cuál era su talante cínico, etc… Pero, por ambiguo que sea el contexto descrito, el lector no olvidará que durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, y siendo ministro del Interior José Antonio Alonso, unos desalmados mataron a un hombre que entró en un cuartel a poner una denuncia por un lado, y en pleno verano fue asaltada la casa de un periodista no vendido al poder por otro. La historia es así de cruel. La maquillarán, la falsearán y se aprovecharán de ella, pero, al final, nadie olvidará los datos fundamentales: el PSOE recurre a todo para mantenerse en el poder.

Por supuesto, este asalto al domicilio del director de El Mundo, como suele decir el castizo, traerá cola. De entrada, el comportamiento de la Guardia Civil y la prensa escrita del domingo, excepto naturalmente El Mundo, muestra que España más que un país parece un gentío. ¡Cuánto mamarracho no se habrá alegrado al ver a unos presuntos delincuentes, dirigidos por un diputado nacional, asaltando una propiedad privada!

El asalto a la casa de Pedro J. Ramírez es, seguramente, el acto vandálico más grave que ha sufrido la democracia española en los últimos tiempos. Por lo tanto, salga inmediatamente el presidente del gobierno de España y castigue a los responsables. Salga inmediatamente el presidente del Congreso y abra una investigación contra el salvaje diputado de ERC, que invadió la sagrada privacidad de un ciudadano. La cosa es gravísima. Un fulano, un diputado, que asalta la privacidad de otro ciudadano con el carné de diputado del Congreso de todos los españoles, debe perder inmediatamente su aforamiento o, por el contrario, este país quedará reducido a una democracia de boquilla.

Pedro J. Ramírez vuelve a descubrir dónde está el mal. Después de haber sufrido el asalto de su casa por las gentes de ERC, ni él ni nadie que se precie de demócrata podrá dudar a la hora de detectar el mal. No perdamos el tiempo con habladurías sobre la compra-venta de periódicos. No nos perdamos en vagos matices. El mal viene de otro sitio. Viene de una gente que quiere gobernar el país a golpe totalitario. Viene de los socios de los socialistas. Viene de los enemigos de la libertad. Viene de quien odia a quienes “tienen derecho a hacer, lo que la sociedad no tiene derecho a impedir”. El mal, ya lo sabe Pedro J., está allí donde asaltan nuestra intimidad, nuestra privacidad y, por supuesto, nuestra libertad. Quien se ha visto asaltado en su “libertad de”, como decía el sabio Isaiah Berlin, sabe bien de lo que hablo...

En fin, después del “asesinato”, “homicidio involuntario”, o, sencillamente, muerte de un hombre tras recibir una paliza en un cuartel de la Guardia Civil, el allanamiento de morada de un periodista desafecto al régimen es el acto más grave contra la democracia del último mes.

EL PAIS    

Domingo, 14 de agosto de 2005

PROTESTA ANTE EL CHALÉ DEL DIRECTOR DE 'EL MUNDO' EN MALLORCA  

Manu Menéndez y Agencias  -  Palma de Mallorca

Varias personas resultaron lesionadas ayer en una protesta ante el chalé en Mallorca del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez. El Partit dels Socialistes de Mallorca, Esquerra Unida-Els Verds y Esquerra Republicana de Catalunya, con otros grupos ecologistas y nacionalistas, convocaron una rueda de prensa ante la finca, alguna de cuyas zonas vulneran, según ellos, la ley de costas, al impedir el paso por una franja de uso público.

Tras el acto, varias personas, entre ellos el diputado de ERC Joan Puig, intentaron cruzar por la franja costera. Se produjo entonces un forcejeo con miembros de la seguridad privada de Ramírez.

El director de El Mundo acusó a Puig de "liderar y planificar" lo que calificó de "asalto por la fuerza". En su defensa salieron el secretario general del PP, Ángel Acebes, y el portavoz en el Congreso del partido, Eduardo Zaplana.

Puig, que dijo estar en su derecho, aseguró que tres de sus acompañantes fueron golpeados, por lo que interpuso una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil.

EL PAIS    

Lunes, 15 de Agosto de 2005

ERC PREGUNTARÁ EN EL CONGRESO POR LA LEGALIDAD DE LA PISCINA DE RAMÍREZ

C. E. C.  -  Madrid

ERC llevará al Congreso el caso de la piscina que el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, tiene en su casa de verano en Mallorca.

El diputado republicano Joan Puig explicó ayer que preguntará al Ejecutivo, como ha hecho ya en ocho ocasiones, por qué permite que el periodista mantenga una piscina en un lugar prohibido por la Ley de Costas, y que impide el paso a quienes quieran recorrer el litoral.

En protesta, Puig y una veintena de personas atravesaron la zona de la piscina por un camino que la ley marca como de uso público. Los escoltas del periodista agredieron al grupo, según Puig, y tres personas resultaron heridas.

Una resolución de la Dirección General de Costas del 17 de mayo de este año concede tres meses al periodista, por motivos de seguridad, para "presentar un proyecto de uso público de la piscina" que en ningún caso, por el lugar donde está situada, podrá ser privada.

El delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, abrió ayer un expediente contra las personas que accedieron a la finca de Ramírez por no respetar esta resolución de mayo. El diputado de ERC, sin embargo, sostiene que no iban a usar la piscina (de hecho no lo hicieron), y sólo querían ejercer su derecho de paso, algo que no impide esa resolución.

EL MUNDO

Domingo, 14 de Agosto de 2005

UN DIPUTADO DE ERC LIDERA EL ASALTO AL DOMICILIO DEL DIRECTOR DE EL MUNDO

Esteban Urreiztieta

Joan Puig, exhibiendo su carné de diputado, y una quincena de independentistas arrollaron al servicio de seguridad y penetraron en el recinto de la piscina de Pedro J. Ramírez. Agentes de la Guardia Civil asistieron pasivamente a los hechos y explicaron al director de EL MUNDO que no habían intervenido para «no dar más protagonismo» a los asaltantes. La piscina, construida hace 35 años y situada como otras miles en zona marítimo terrestre, tiene suspendido su uso público por el Ministerio de Medio Ambiente por razones de seguridad

SON SERVERA (MALLORCA).- Con el carné de diputado entre los dientes y encabezando a un grupo de 15 radicales, el diputado nacional de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Joan Puig lideró ayer un asalto con violencia a la casa que posee el director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, en Mallorca.

El representante de la formación nacionalista en el Congreso trepó ataviado únicamente con un traje de baño por las rocas que flanquean la residencia de Pedro J. Ramírez en la Costa de los Pinos. Puig saltó la valla de la finca y desafió a los miembros del servicio de seguridad. «Soy diputado del Congreso y pienso pasar, porque esta casa está en dominio público», advirtió.

Los miembros del equipo de seguridad del director de este periódico explicaron al parlamentario de ERC que no podía acceder al tratarse de una propiedad privada, pero Joan Puig desoyó todas las indicaciones y acompañado por el presidente de su partido en la Islas, Joan Lladó, así como por una decena de integrantes de Los Verdes, PSM (Partido Socialista de Mallorca), Izquierda Unida y grupúsculos independentistas, comenzó a insultar y a empujar a los vigilantes hasta que logró su objetivo.

Entre los asaltantes se encontraba la parlamentaria del PSM, María Antonia Vadell, el dirigente del Lobby per la Independència, Jaume Sastre y las concejalas de EU/EV en el Ayuntamiento de Son Servera, Concha Peña y en el Consistorio de Capdepera, María Orpts.

Una vez dentro de la casa, en cuyo interior se encontraba el director de este diario junto a su familia, el diputado nacionalista protagonizó una trifulca en la que los asaltantes agredieron y escupieron a los guardias de seguridad alzando sus manos en señal de victoria.

La escena fue presenciada íntegramente por cuatro agentes de paisano de la Guardia Civil que permanecieron impasibles en todo momento y con los brazos cruzados porque, según explicaron, así no daban «más publicidad a los asaltantes». Al término del incidente, acudió otra patrulla del Instituto Armado, esta vez uniformada, que saludó amablemente al cabecilla de la ocupación. Durante el asalto uno de los vigilantes privados de seguridad agredidos sufrió una lesión en el antebrazo y tuvo que ser escayolado.

La pasividad de los guardias civiles tuvo lugar después de que el delegado del Gobierno en las Islas, Ramón Socías, asegurara hasta en tres ocasiones a Pedro J. Ramírez, tras conocer el viernes la convocatoria de la concentración junto a su casa, que pondría todos los medios a su alcance para hacer cumplir la ley y evitar que los radicales lograran su objetivo. Por ese motivo, sólo dos guardias jurados privados y el escolta personal del periodista custodiaban en esos momentos la vivienda.

Los miembros del grupo liderado por Puig, que se llegó a bañar en la piscina de la vivienda con el carné de diputado en la mano, fueron advertidos el día anterior tanto por la Delegación del Gobierno en Baleares como por el Ministerio de Medio Ambiente de que el derecho de paso y el dominio público de la casa del director de EL MUNDO se encuentran suspendidos por motivos de seguridad. Y que, por lo tanto, la manifestación que habían convocado era ilegal. Aun así, a las 11.30 horas de ayer, un grupo de 40 personas se concentró ante la vivienda y una quincena logró adentrarse en el domicilio con gritos de: «Pedro J., hijo de puta, la ley está con nosotros» y «no aflojaremos».

Tras la invasión de su casa, Pedro J. Ramírez retó a todas las autoridades de las Islas a abrir un «debate público» sobre la situación legal en la que se encuentra no sólo la piscina de su residencia en la Costa de los Pinos sino «los cientos de ellas que recorren el litoral mallorquín».

El director de EL MUNDO consideró «de una gravedad alarmante que un diputado nacional asalte por la fuerza una vivienda particular». Y confesó sentirse «engañado» por el delegado del Gobierno en Baleares: «Ramón Socías me dijo el viernes hasta tres veces que iba a evitar la concentración ilegal en mi casa». Y lo que ha hecho, «una vez más, es intentar quedar bien con todo el mundo y pastelear con el inductor del asalto: el editor Pedro Serra».

Pedro J. Ramírez apuntó que la única respuesta que le ha dado Socías ante el allanamiento de morada que ha sufrido es que «él dio la orden a la Guardia Civil, pero que luego ha hecho lo que ha querido».

El asalto al domicilio es la respuesta a la línea editorial de este periódico en las islas. La campaña de intimidación contra el director de EL MUNDO comenzó hace ahora un año. Entonces, este diario denunció que las autoridades habían puesto la presidencia del Museo público de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma en manos de un empresario privado. Concretamente en las del editor mallorquín Pedro Serra. EL MUNDO se negó a obedecer al requerimiento notarial remitido por el dueño del diario Ultima Hora, que con el respaldo de todas las instituciones representadas en el museo, exigía que cesaran las críticas contra el papel que desempeña en Es Baluard.

A partir de ese momento, Serra puso en marcha una campaña en la que utilizó como pretexto la piscina de la residencia del periodista, construida hace 35 años -mucho antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Costas, que hoy prohibiría una construcción de este tipo- y adquirida por él en 1998.

Los medios del Grupo Serra reclamaron el uso público y gratuito de la misma al estar ubicada en dominio público marítimo terrestre, obviando que a lo largo del litoral mallorquín existen centenares de piscinas en una situación similar.

EL MUNDO

Domingo, 14 de Agosto de 2005

EL PP PIDE MEDIDAS CONTRA LAS 'PANDILLAS DE LA PORRA' DE ERC

MADRID.- El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, condenó ayer el «injustificable, vergonzoso e incalificable» asalto a la vivienda del director de EL MUNDO.

«Lo ocurrido es de una gravedad extrema. Es una barbaridad y una vergüenza que se asalte la vivienda de cualquier ciudadano. Pero que además en el asalto a una vivienda, en este caso la de un director de un medio de comunicación, participe un destacado diputado nacional de ERC, es un despropósito, una desfachatez y una barbaridad», señaló.

Zaplana hizo hincapié en que el ministro del Interior, José Antonio Alonso, tendrá que dar explicaciones ante lo sucedido, ya que este asalto estaba anunciado con anterioridad y se había pedido, a través del delegado del Gobierno, la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado para impedir que esto sucediera.

«Ante el conocimiento de que se iba a cometer un delito, los medios enviados han sido absolutamente insuficientes. ¿Qué garantías de seguridad ciudadana podemos tener si cuando un delegado del Gobierno sabe que se va a cometer un delito, se cruza de brazos y no hace nada?», se preguntó el portavoz popular. Por eso, exigió el cese del delegado del Gobierno en Baleares.

Comisión del 11-M

Zaplana reprochó además la actitud de los diputados de ERC. «Es cierto que muchos de sus dirigentes han tenido comportamientos realmente increíbles y declaraciones reprochables. Pero lo que de verdad no esperábamos son comportamientos como éstos, poniéndose al frente de renovadas pandillas de la porra, punibles a todas luces y que infringen el Código Penal». También se preguntó si el comportamiento de Puig no estaría también motivado por una especie de «vendetta», ya que el parlamentario es el portavoz de ERC en la Comisión del 11-M.

El secretario general del PP, Angel Acebes, criticó igualmente la actitud de Puig, especialmente por exhibir «su condición de diputado al frente de un grupo de bárbaros que buscan presentarse como héroes locales, en lo que no son sino actitudes mafiosas y gansteriles». «Cuando se sustituye el respeto a la ley por la fuerza brutal, y eso se consiente e incluso algunos aplauden y otros invitan a la negociación, siempre tiene fatales consecuencias, pues todo el mundo toma nota y algunos lo aplican», dijo. Acebes aseguró que si el presidente Zapatero no condena el asalto a la casa del director de EL MUNDO, «rompe sus relaciones» con ERC y ordena investigar la ineficacia de las Fuerzas de Seguridad en el incidente, mostrará un comportamiento «cómplice».

EL MUNDO

Domingo, 14 de Agosto de 2005

PEDRO J. RAMÍREZ CALIFICA DE «ASALTO POR LA FUERZA» LA INVASIÓN DE SU CASA EN MALLORCA

Asegura que se hizo de forma «planificada» y «con violencia contra las personas y las cosas»

MADRID.- Pedro J. Ramírez acusó ayer al diputado de Esquerra Republicana de Catalunya Joan Puig de «liderar» e, incluso, «planificar» con «total impunidad» y con el carné de diputado «en la mano», la invasión de su domicilio en Mallorca.

El director de EL MUNDO dijo que Puig exhibió su identificación de parlamentario como si fuera un «salvoconducto» para entrar en su vivienda, en un acto que calificó como «asalto por la fuerza».

Pedro J. Ramírez, que se encontraba en el momento de los incidentes en la casa junto a su esposa y su hija menor, explicó que los individuos irrumpieron en su vivienda «con violencia contra las personas y las cosas» con el pretexto de que la piscina está edificada sobre suelo público. Sin embargo, «sabían perfectamente que su uso público estaba suspendido y también el derecho de paso, como el mismo delegado del Gobierno había advertido», apuntó.

Conducta ilegal

«A sabiendas de que se trataba de una conducta ilegal, de una acción delictiva, la han consumado con total impunidad, como si el carné de diputado fuera un salvoconducto para actuar delictivamente» añadió. «Es inaudito, esto no había sucedido jamás en la Transición, esto nos lleva a los años 30, a los años previos a la Guerra Civil», agregó el director de EL MUNDO.

Según explicó, los asaltantes entraron en la vivienda ante la «pasividad» de los guardias civiles que se habían desplazado al domicilio por orden de la Delegación del Gobierno al conocer la protesta, y una vez dentro de la casa arrollaron al servicio de seguridad «insultándoles, golpeándoles, escupiéndoles y empujándoles».Como resultado de esta acción, a uno de los miembros de seguridad le causaron lesiones.

Pedro J. Ramírez subrayó que sólo en el litoral mallorquín hay «cientos de piscinas e instalaciones en la misma situación física» que la suya y «nunca» ha habido protesta alguna. Por ello, y porque el diputado Joan Puig pertenece a «un partido que expresa su discrepancia con la línea editorial», vinculó el «asalto» con su responsabilidad como director de EL MUNDO. «¿Por qué en el único lugar de los miles de kilómetros del litoral de Mallorca y de los miles de kilómetros del litoral balear por el que quieren ejercer el derecho de paso estos individuos es por los 20 metros que hay delante de mi piscina?», se preguntó. «Evidentemente porque tratan de coaccionarme por ser un director de un periódico que defiende la unidad de España y que está en contra del chantaje que estos grupos independentistas vienen realizando al Gobierno de la Nación y al conjunto de la sociedad española», manifestó.

Ramírez, que formulará una denuncia por estos hechos, prepara también una querella criminal. Según dijo, el Gobierno tendrá que responder también de las conductas de las Fuerzas de Seguridad «porque ni mi familia ni yo hemos sido protegidos ante el asalto claro». «El problema, probablemente la clave de todo es que quien ha dirigido el asalto es un socio político del Gobierno, que también es inaudito», señaló. Y advirtió que si esta dinámica va a ser permitida por el Gobierno «aviados estamos».

EL MUNDO

Domingo, 14 de Agosto de 2005

UNA PISCINA CONSTRUIDA 18 AÑOS ANTES DE LA LEY DE COSTAS

Esteban Urreiztieta

La Consejería de Medio Ambiente dice que la concesión de Pedro J. Ramírez está completamente regularizada

SON SERVERA (MALLORCA).- La piscina que alberga la casa de Pedro J. Ramírez en Mallorca es, a día de hoy, una de las pocas que cumple la legalidad de cuantas fueron construidas en el dominio público marítimo terrestre mallorquín antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Costas.

Esta normativa comenzó a aplicarse el 28 de julio de 1988. Y desde ese momento prohíbe, en términos generales, la construcción de edificaciones destinadas a vivienda en la franja de hasta 20 metros que comienza a partir del lugar alcanzado por la mayor marea conocida. Pero esta ley, a diferencia de lo que pretenden los protagonistas de la campaña contra el director de EL MUNDO, no tiene un efecto retroactivo. Por lo tanto, no obliga a derribar las edificaciones ya existentes.

La instalación no fue mandada construir por el periodista. Se llevó a cabo hace 35 años y pertenecía a la familia Calvo-Sotelo. Ramírez adquirió la vivienda en 1998 y en estos momentos tiene en regla la concesión que le permite disfrutarla. No en vano, el Ministerio de Medio Ambiente no sólo ha autorizado al periodista su disfrute sino que, atendiendo a motivos de seguridad, ha suspendido temporalmente su uso público. Por lo tanto, nadie ajeno a él y a su familia puede hacer uso de ella. Ni tampoco puede atravesar la casa para ejercer el derecho de paso que reivindicaban ayer los radicales que lideró el diputado de Esquerra Republicana en el Congreso.

El consejero de Medio Ambiente de la comunidad autónoma, Jaume Font, ha confesado que la piscina que utiliza Pedro J. Ramírez «es un caso único» en tanto en cuanto tiene su concesión completamente regularizada. Algo que no ocurre con la práctica totalidad de las 1.700 concesiones de embarcaderos, chalés, piscinas u hoteles que existen en estos momentos en el litoral balear. Ni con las 10.000 ocupaciones de dominio público que en estos momentos alberga la costa mallorquina. Pero tal como asegura un ex responsable de Costas en las islas, «reclamar un uso público para una piscina de una vivienda es una barbaridad».

La Delegación del Gobierno en Baleares ya advirtió al Ministerio de Medio Ambiente cuando comenzó la campaña contra el director de EL MUNDO que Pedro J. Ramírez «ha aparecido en reiteradas ocasiones como objetivo de la banda terrorista ETA». Y que por este motivo, «el riesgo de incursiones en la zona de vivienda familiar se incrementaría de modo evidente si se permitiera el libre paso por la zona costera, dada la inexistencia de obstáculos o barreras entre la piscina y la vivienda».

Esta argumentación ha provocado el archivo de las denuncias interpuestas por el grupúsculo independentista Lobby per la Independència, que pedía la incoación de un expediente de caducidad para la única piscina de Mallorca que denuncia.

El asalto se produce después de que EL MUNDO haya revelado la implicación del editor de prensa Pedro Serra en un pelotazo urbanístico de 36 millones de euros que lideró su yerno en una finca rústica y después de relatar cómo Serra utilizó facturas falsas por valor de 79,5 millones de pesetas.

EL MUNDO

Domingo, 14 de Agosto de 2005

DENUNCIA CONTRA LOS ASALTANTES Y CONTRA LA GUARDIA CIVIL

Los servicios jurídicos del diario EL MUNDO interpondrán el lunes una denuncia por allanamiento de morada y coacciones contra el diputado Joan Puig y el grupo de radicales que comandó en su asalto al domicilio de Pedro J. Ramírez. En este caso, ambos delitos atentarían también contra un derecho fundamental: el de la libertad de expresión. Y es que el objetivo de la campaña inducida por el editor mallorquín Pedro Serra contra el director de EL MUNDO pasa por torcer a su favor la línea editorial del periódico en Baleares.

Este diario intentó poner ayer en manos del juez instructor tanto el material gráfico de lo sucedido como el parte de lesiones de uno de los vigilantes de seguridad, pero se encontró con las puertas del Juzgado cerradas.

Cuando sea posible, se interpondrá también otra denuncia contra la Guardia Civil. Este diario acusa a los agentes que debían proteger la vivienda de Pedro J. Ramírez de consentir la concentración ilegal y, por lo tanto, de omitir su deber de impedir un delito.

La Delegación del Gobierno anunció ayer que ha abierto un expediente para sancionar a los responsables de los incidentes. Un portavoz de la Delegación aseguró a Efe que la Guardia Civil ha presentado denuncia contra algunas de las personas que habrían asaltado la piscina del periodista.

Pedro J. Ramírez fue homenajeado por la noche en Altea (Alicante), donde fue reconocido como casteller d'honor de 2005. El alcalde del municipio, Miguel Ortiz, se solidarizó con él y su familia por el asalto que sufrieron en su vivienda. «Pedro J., tú encarnas en tu carne y en tu casa la lucha por la libertad de expresión, hoy más que nunca», aseguró.

Pedro J. Ramírez, que acudió acompañado de su mujer, la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, se mostró emocionado por las muestras de solidaridad.

EL MUNDO

Domingo, 14 de Agosto de 2005

UN ASALTO VANDALICO QUE LA JUSTICIA DEBE CASTIGAR

Editorial

Lo que sucedió ayer en Mallorca recuerda más una estampa de los años 30 que del siglo XXI, pero desgraciadamente no fue un sueño ni una evocación de aquella etapa en la que se engendró nuestra mayor tragedia sino una escena de la España de nuestros días.

Un grupo de independentistas radicales irrumpió violentamente en el recinto de la piscina de Pedro J. Ramírez, director de EL MUNDO, arrollando con empujones, golpes e insultos soeces a los agentes de seguridad. El grupo estaba liderado por Joan Puig, diputado de ERC, que exhibía su carné parlamentario como un salvoconducto para actuar con impunidad.

Agentes de paisano de la Guardia Civil contemplaron el asalto sin intervenir, permitiendo que se consumara el allanamiento. El capitán que les mandaba comentó posteriormente al propio director de EL MUNDO que no había querido detener o ni siquiera cerrar el paso a los asaltantes para no «darles más protagonismo». La explicación de este capitán -que sin duda obedecía órdenes- roza lo surrealista, ya que las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen la obligación de proteger la vida y el entorno privado de los ciudadanos y hacer que se respete la ley.

El responsable directo de esta incomprensible pasividad es Ramón Socías, delegado del Gobierno en Mallorca, que había dado garantías a Pedro J. Ramírez de que la Guardia Civil impediría cualquier intento de acceso al recinto. Los agentes no hicieron nada, lo que prueba la negligencia de Socías y pone su credibilidad en grave entredicho.

El ministro de Interior, José Antonio Alonso, debe explicar por qué las Fuerzas de Seguridad no actúan cuando se irrumpe en el ámbito familiar de un ciudadano, que en este caso es un director de periódico al que se quiere presionar.

El pretexto utilizado por los asaltantes es que la Ley de Costas garantiza el derecho de paso a todos los ciudadanos por el litoral que bordea el mar. La piscina del director de este periódico se halla junto al mar, pero el Ministerio de Medio Ambiente dictó una resolución en la que suspendía su uso público tras unos incidentes que tuvieron lugar el año pasado. Así lo corroboró anteayer el propio delegado del Gobierno, que manifestó que la piscina -construida 30 años antes de que el director de EL MUNDO comprara la propiedad- no puede ser utilizada por el público y precisó que eso implica también la suspensión del derecho de paso.

Puig y sus colegas sabían perfectamente que estaban cometiendo una acción ilegal, lo que permite exigirles responsabilidad por su inexcusable proceder. En concreto, el director de EL MUNDO va a iniciar acciones legales contra este diputado y el resto de los asaltantes por varios delitos sumamente graves.

La Justicia será quien tenga la última palabra, pero el Gobierno debe responder, entre tanto, de la peculiar política de orden público que permite a sus estrafalarios socios de ERC protagonizar hechos tan bochornosos como éstos.

LA RAZON

Domingo, 14 de Agosto de 2005

EL DIPUTADO JOAN PUIG, CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Luis María Anson

La piscina ha sido el pretexto. Lo que pretendía el diputado de ERC, Joan Puig, y los cafres que le acompañaron en el presunto allanamiento de morada, era amedrentar a un periodista, ofendiendo gravemente el espíritu y la letra de la Constitución, que  consagra la libertad de expresión como el cimiento sobre el que reposa el entero edificio de la democracia española.

No quiero embestir la muleta de la piscina. Eso es lo que le gustaría al diputado. Si hubiera sido esa piscina de cualquier arquitecto o ingeniero o abogado, Joan Puig estaría tocándose la cítara en casa de Carod Rovira. Pero se trata de la propiedad del director de un diario madrileño, Pedro J. Ramírez, especialmente odiado en algunos sectores políticos por su espíritu crítico e independiente. Así es que el diputado Joan Puig, bien aleccionado, se lanzó en tromba al frente de un grupo de controlados, convirtiéndose en un presunto delincuente, al allanar la morada del periodista para amedrentarle y escarnecerle. Y lo que es más grave: con lesión considerable de la libertad de expresión. El periodista no es un ciudadano impune. Si comete un delito o una irregularidad, corresponde a los tribunales de Justicia decidirlo, no a esos consejos deontológicos, contrarios a la Constitución, que se ha inventado la FAPE. Y mucho menos a diputados montaraces dispuestos a fracturar el sistema democrático con tal de hacer daño a un profesional del periodismo.

Asusta pensar, a los que padecimos la censura franquista, qué volvería a pasar en España si un día decidieran políticos violentos como el diputado Joan Puig. Muchos de mis compañeros profesionales me cuentan y no terminan de la presión a que están sometidos en Cataluña, donde la libertad de expresión, según denunciaron muchos intelectuales catalanes, en un escrito admirable, encabezados por Boadella, se encuentra en preocupante peligro. La tropelía perpetrada ayer por un diputado de ERC en la casa de un periodista enciende todas las alarmas.

libertaddigital.com

Domingo, 14 de Agosto de 2005

EL ACTIVISTA EN MEYBA

Juan Carlos Girauta

El rescate de eso que los socialistas y su guarnición llaman “la memoria histórica” no se entiende sin la previa mistificación, la ocultación de datos esenciales, las interpretaciones de parte y, en fin, la conversión de la historiografía en una rama de la propaganda. Así puede la Calvo acabar de torcer el contencioso de los papeles de Salamanca trazando sobre la España del siglo XXI burdas líneas divisorias de un pasado que, por supuesto, desconoce: “La derecha española ya tiene sus papeles porque se los devolvió Franco.” Tratándose de documentos de particulares, la afirmación equivale a presuponer que los dos bandos de la Guerra Civil no se han movido, que todos los descendientes de los nacionales siguen siendo nacionales y los de los rojos, rojos. Que hay nacionales y rojos. Hay que ser mendaz, o irremediablemente ignorante, o malvada. O todo a la vez.

Así puede también un sujeto con el carné de diputado en la boca, el mismo activista con corbata que atribuyó a Aznar el deseo de un gran atentado terrorista, asaltar en meyba el domicilio del director de un diario molesto. Quiera el destino que esta puesta al día de la acción directa -comunicados y fotógrafos mediante- no acabe haciendo a los suyos responsables de una profecía autocumplida. El mayor problema es que su socio es presidente del gobierno español, por mucho que parezca un curioso maniquí con dispositivos para agitar los dos brazos a la vez y enfatizar con esdrújulas las consignas que le graban sus asesores. Un presidente legítimo consagrado a transformar el concepto de legitimidad, empeñado en obviar la Transición, en negar su valor a la providencial solución “de la ley a la ley” que convirtió a España en ejemplo de democratización sin fratricidio y en espejo para las naciones en busca de libertad.

Obviar la Transición para sacar del baúl de los recuerdos malditos la legitimidad sin distingos de la Segunda República. Pero no hay legitimidad sin distingos en esa historia ensangrentada. ¿Se trata de la “legitimidad” de los de octubre del treinta y cuatro o de la legitimidad de los que defendieron las leyes republicanas? ¿La de los socialistas que fueron a buscar a Calvo Sotelo para meterle dos balas o la del asimismo socialista Besteiro?

El cabecilla