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Inmigración

El Gobierno ha trasladado a la Península este año a 19.010 subsaharianos inexpulsables

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 12:30, Categoría: Inmigración

De los 28.000 inmigrantes llegados a Canarias entre enero y octubre, Interior sólo ha podido repatriar a 8.077. Los que permanecen en España, condenados a la economía sumergida. El 88% de los procedentes de Mali se queda

Madrid - La mayoría de los inmigrantes logra su objetivo. El Gobierno ha tenido que trasladar a la Península a 19.010 subsaharianos que han llegado a Canarias en cayuco entre el 1 de enero de 2006 y el 13 de octubre de 2007, de los cerca de 28.000 que han intentado acceder a España a través de las islas.

Ninguno de los trasladados pudo ser identificado por la Policía para devolverlos a su país de origen, así que han pasado a convertirse en inmigrantes indocumentados con una orden de expulsión imposible de cumplir. Los datos, recogidos en un informe interno del Ministerio del Interior al que ha tenido acceso LA RAZÓN, constatan que el 68 por ciento de los subsaharianos que llegaron este año a España por Canarias no han podido ser devueltos a sus países y vagan por algún punto de España o algún otro país europeo. Esto significa, además, que los que trabajan lo hacen en la economía sumergida, ya que el tener una orden de expulsión, aunque no se pueda cumplir, les deja fuera de los cauces legales de la contratación.

Una aventura con final feliz

Frente a los 19.010 que el Ejecutivo tuvo que enviar a la Península para aliviar la presión migratoria que sufre Canarias, el Gobierno sólo pudo repatriar a países africanos hasta el pasado 13 de octubre a 8.077 indocumentados: 3.404 a Senegal, 100 a Guinea Bissau, 354 a Mali, 4.100 a Marruecos y 119 a Nigeria. Es decir, casi tres veces menos de los que envió a la Península.

Y si atendemos sólo a los ciudadanos de Mali que han llegado a España sin documentación y que fueron trasladados a la Península (2.991), el Gobierno español sólo logró que las autoridades malienses readmitiera a 354. Esto significa que el 88 por ciento de los inmigrantes procedentes de este país que intentaron la aventura de cambiar de vida arriesgarse a un incierto viaje en cayuco para acceder a Canarias logró su objetivo.

Si el Gobierno tuviera que sufragar los gastos de repatriación de todos los inmigrantes que llegan a España de manera irregular el gasto sería desproporcionado. Sólo en lo que va de año el Ejecutivo ha desembolsado 36 millones de euros, tres millones más de lo que se ha presupuestado para 2007 y 14 más que lo que se dedicaba en 2003.

Los gastos son ingentes, no sólo por el coste de los pasajes de los inmigrantes y de los policías que los acompañan en el trayecto. A este desembolso hay que añadir los 50 euros que el Ejecutivo da a cada indocumentado en concepto de ayuda una vez que el avión aterriza en el país de origen del extranjero para que pueda regresar a su pueblo. Los policías vienen a cobrar una media de 150 euros por cada jornada de repatriación en la que intervienen que, en el caso de los países africanos, se resuelve en un sólo día.

Además, existe la sospecha entre los agentes de que el militar del país africano que recepciona el vuelo con los irregulares repatriados y da el visto bueno de que el traslado se ha realizado en condiciones humanitarias, como ha ocurrido en todos los vuelos que el Ejecutivo ha fletado a Senegal, percibe 3.000 euros. De ser ciertos estos rumores, si se han fletado 63 aviones hasta el 25 de octubre pasado con senegaleses que han vuelto a casa, el desembolso para los militares encargados de aceptar a los senegaleses ha sido de 189.000 euros.

En Mauritania se dice que el gasto era aún mayor, y que el «maletín» que percibían los militares del país era de 6.000 euros por vuelo.

Al margen de estos gastos puntuales, la voluntad de que los países africanos acepten a sus ciudadanos de regreso al país se gana también con dinero. Basta con ver como ejemplo el caso de Guinea-Conakry, a donde viajó el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el pasado 9 de octubre. Hasta este año el país africano sólo percibía 500.000 euros en ayuda a la cooperación, pero a partir de la visita de Moratinos la cifra se multiplicará por diez y pasa a cinco millones de euros la ayuda urgente para diversos programas. De este modo, el Gobierno guineano se comprometía a aceptar 156 guineanos «sin papeles» a cambio de cinco millones en ayudas.

Los indocumentados que logran quedarse en España y son trasladados a la Península son acogidos en la mayoría de los casos por ONG. De los 19.010 que se han enviado hasta el pasado 13 de octubre, 17.666 han sido acogidos por organizaciones como Accem, Cáritas, Casas de Caridad, CEAR, Cepain, Cruz Roja, MPDL, La Calle, San Juan de Dios, Pro Libertas y las Comunidades autónomas. Un total de 1.344 han sido ingresados en centros de internamiento de extranjeros que funcionan en régimen cerrado donde los indocumentados ingresan por un máximo de 40 días para ser entrevistados por la Policía, documentarles y repatriarles se pueden ejecutar los trámites en el margen de tiempo que estipula la ley. En caso contrario, quedan en libertad.

Al margen de los gastos de avión previstos por el traslado de inmigrantes, el Gobierno ha fijado programa de actuación para la atención humanitaria y la acogida en la Península de inmigrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. En virtud de este protocolo el Ejecutivo se compromete a pagar a las ONG y autonomías que se hacen cargo de los irregulares 25 euros al día. El tiempo medio de estancia en las plazas de acogida es de 7 a 15 días, aunque en casos de especial vulnerabilidad el período de acogida puede extenderse a los tres meses con posibilidad de prórroga en función de las circunstancias individuales.

En las plazas de acogida los extranjeros reciben teóricamente manutención y alojamiento, información sobre su situación administrativa, formación mínima sobre el idioma, en caso necesario, son sometidos a análisis médicos y reciben información sobre las posibilidades de retorno voluntario.

Si los inmigrantes son menores, el Gobierno subvenciona a la Comunidad autónoma que se hace cargo de su tutela con 80 euros por menor y día.

Los datos de los que dispone Interior constatan también que la mayoría de los traslados se producen a ciudades donde gobierna el Partido Popular. Es el caso de Madrid, que se sitúa a la cabeza en el ránking de comunidades más solidarias con 12.157 en lo que va de año. Le sigue de lejos Barcelona con 1.114.

Miles de canarios denuncian en la calle la saturación de «sin papeles» en las Islas

S. cruz de Tenerife - Unas dos mil personas, según la Subdelegación del Gobierno en Canarias, y 8.500 según la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, se manifestaron ayer domingo por la mañana en la capital tinerfeña para reclamar un alto en la llegada de inmigrantes ilegales. La concentración se convocó bajo el lema de «Basta ya, no cabemos más». Según el decálogo impreso en unas octavillas, los manifestantes demandaron al Gobierno central un mayor control de la población, una ley de residencia y medidas que pongan fin al tráfico de seres humanos. La manifestación fue convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos y la organización Identidad Canaria, a los que se sumaron el Partido Nacionalista Canario (PNC), el Centro Canario Nacionalista (CCN) y una decena de miembros del partido ultraderechista Democracia Nacional. El portavoz de los convocantes, Mateo López, se desmarcó de cualquier símbolo xenófobo y afirmó que pretenden llamar la atención de los políticos para que pongan remedio al aumento de población y evitar que se desaten esas actitudes en el futuro. La marcha se produjo horas después de que el presidente de CC, Paulino Rivero, anunciase que presentarán una iniciativa en el Parlamento canario para reclamar al Gobierno que defienda en el próximo Consejo Europeo restricciones en la entrada de rumanos y búlgaros a Canarias.

Información de Rocío Ruiz publicada por el diario LA RAZON el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Moratinos fracasa hasta en Senegal

Por Narrador - 11 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Inmigración

Senegal se niega a firmar un tratado con Moratinos pese a que España triplica la ayuda

El ministro de Exteriores había prometido conceder 15 millones de euros anuales en cooperación Anuncia la apertura de una «ventanilla» en Dakar para contratar a senegaleses en origen

DAKAR.- El Gobierno de Senegal aplazó ayer a una fecha indeterminada de 2007 la firma del acuerdo de cooperación sobre inmigración que le ha ofrecido España. Tampoco suscribió el memorando de entendimiento concebido como antesala del tratado, con la excusa de que Dakar cumple con creces todo los compromisos políticos contenidos en el mismo, especialmente en lo que se refiere a repatriación de inmigrantes irregulares.

A diferencia de Guinea Conakry y Gambia, dos países que se han apresurado a aceptar el nuevo tipo de acuerdo propuesto por España -en el que se vincula directamente el compromiso de readmisión de ilegales con una sustancial cooperación económica- Senegal ha optado por dar largas al pacto, pese a que ayer mismo el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, puso sobre la mesa un acuerdo marco de cooperación que, a todos los efectos, implica triplicar de una tacada la ayuda a fondo perdido que se ha prestado hasta ahora a ese país: en definitiva, pasar de cinco a 15 millones de euros anuales.

Incluso, para incentivar la firma del acuerdo, el Gobierno español ofreció a Senegal la apertura antes de fin de año de una «ventanilla» en Dakar para la contratación legal de personas que deseen trabajar en España. Se trata de un mecanismo que ahora tendrá que ser definido, tal y como explicó ayer Moratinos, por la propia patronal, los sindicatos y los ministerios de Trabajo y de Asuntos Exteriores de España, ayudados por las autoridades senegalesas.

«El objetivo», dijo el ministro español ante su homólogo senegalés, «es el de conciliar las dos demandas: la del que ofrece trabajo y la del que busca empleo», al mismo tiempo que se envía un «mensaje fuerte» a las mafias que trafican con la esperanza y la vida de seres humanos y se incentiva la inmigración legal frente a la clandestina.

Pese a estas ofertas jugosas, el Gobierno de Dakar, a la espera de la celebración de las elecciones presidenciales el próximo mes de febrero, ha optado por aplazar la rúbrica de un acuerdo que implica el compromiso jurídico de readmitir a todos aquellos senegaleses que han elegido el cayuco como vía para alcanzar el territorio español.

Las reticencias a la hora de poner la firma sobre el texto resultan evidentes. No se trata de dificultad a la hora de cumplir los términos del mismo ya que, de hecho, Senegal acepta prácticamente a diario la devolución de sus nacionales llegados ilegalmente a Canarias. Más bien el problema reside en el hecho de rubricar un pacto escrito de obligatorio cumplimiento que resulta especialmente difícil de vender ante su propia opinión pública.

El ministro de Exteriores senegalés, Tidian Gadio, prefirió, en presencia de Moratinos, asegurar que el acuerdo de inmigración -conocido como de segunda generación- que le ofrece España, «será firmado en el plazo más breve posible» aunque eludió referirse a fechas concretas. También se apresuró a señalar que «no existe ninguna divergencia ni ningún problema» que explique el retraso de la rúbrica. Bien al contrario, aseguró que el aplazamiento responde a las necesidades de tiempo lógicas de una Administración en la que «varios departamentos» deben dar el «visto bueno» al acuerdo.

Moratinos, que en esta minigira por Africa Occidental ha sellado pactos con dos países emisores de sin papeles -Guinea Conakry y Gambia- prefirió mostrar una perspectiva optimista respecto a Senegal, el mayor exportador de inmigrantes ilegales de la región, asegurando que las relaciones entre Madrid y Dakar «pasan por su mejor momento» y que no es intención de España limitarlas exclusivamente al problema migratorio por muy sensible que éste sea. Es por ello que el ministro ofreció la firma de un acuerdo marco de cooperación que triplica la ayuda a fondo perdido que hasta ahora se ofrecía a Senegal.

Su homólogo aseguró que su país no apuesta por la «política de la zanahoria», en referencia al ofrecimiento de cantidades muy sustanciosas de ayuda a cambio del compromiso escrito de repatriación, pero no dudó en confirmar ante la prensa de su país que España ha puesto a disposición de Dakar un montante de asistencia financiera muy importante.

Una información de Marisa Cruz (Enviada Especial) publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Moratinos no logra un acuerdo para repatriar senegaleses este año

DAKAR- El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, no podía haber tenido mejor bautizo en su primera visita oficial a Senegal. Firmó un acuerdo marco de cooperación entre los dos países y se comprometió, ante su homólogo senegalés, a crear una especie de oficina de empleo en la capital del país africano para antes de fin de año, que contratará a un número significativo de ciudadanos de este país. Es la primera vez que se adopta una medida de estas características para frenar la salida de cayucos, organizada por mafias ilegales que trafican con seres humanos .

En esta iniciativa generada a partir de la necesidad de frenar el arribo de miles de subsaharianos desde Senegal a España, participarán la CEOE, los ministerios de Trabajo y Exteriores españoles y sus homónimos senegaleses. El Gobierno de Zapatero considera un éxito el hecho de haber logrado desactivar la salida de barcazas desde Marruecos y Mauritania. Está convencido de que cuanto más se alejen de Canarias, será más complicado que puedan alcanzar las costas españolas. Senegal, con casi doce millones de habitantes, es el país africano que más indocumentados «envía» a España.

Centros de acogida

Según fuentes de Exteriores, más del 50% de los indocumentados africanos que hay ahora en suelo español y en los centros de acogida de Canarias son de este país. Además, casi todos los cayucos salen de Senegal. Éste es el motivo por el que el Ejecutivo de Zapatero mantiene una relación preferente con esta nación.

El Acuerdo de Segunda Generación, que vincula jurídicamente a quien lo suscribe y que ha sido firmado por Gambia y por Guinea-Conakry, queda postergado en el caso de Senegal. El responsable de Exteriores manifestó su convicción de que será posible hacerlo en diciembre, cuando su homólogo senegalés visite España y después de que haya sido puesta en marcha la ventanilla de contratación en origen de ciudadanos de este país. Por su parte, Cheikh Tidiane Gadio, ministro senegalés de Exteriores, manifestó su satisfacción por haber firmado un acuerdo que triplica la ayuda de cinco millones de euros a 15.

Resaltó la magnífica relación que mantiene con Zapatero del que alabó su compromiso con la pobreza y se comprometió a seguir debatiendo el llamado Acuerdo de Segunda Generación.

Una información de Carmen Gurruchaga (Enviada Especial) publicada por el diario LA RAZON el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Senegal elude firmar el convenio de cooperación que le proponía Moratinos

DAKAR. Senegal no se muestra dispuesta a firmar por ahora un convenio de cooperación sobre inmigración con España -los llamados de «nueva generación»- similar a los suscritos el lunes por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, con sus colegas de Guinea Conakry y Gambia. Ayer, durante su visita a Dakar, Moratinos tuvo que aceptar las buenas palabras y las promesas del ministro senegalés, Tidiane Gadio, de que el acuerdo se firmará «en el menor plazo posible» y sin necesidad de rubricar previamente un «memorándum de intenciones» o compromiso político, como deseaba España.

Gadio dejó claro que no veía ningún sentido a la firma de ese memorándum, alegando que la cooperación existente entre los dos países en materia de inmigración va más allá de lo que en ese texto se decía. No le faltaba razón, porque, de hecho, desde que comenzaron a producirse las oleadas de cayucos desde las costas senegalesas hacia las Canarias, ha aumentado la cooperación para el control de las fronteras, hay más contactos entre las fuerzas de seguridad, se están produciendo repatriaciones y España ha aumentado su ayuda a proyectos de desarrollo, como el plan REVA, para fomento de iniciativas agrícolas en Senegal.

Todos esos son elementos que figuran en los acuerdos de «segunda» o «nueva» generación, además de otro importante, que es el que busca favorecer la inmigración legal. En este punto, en vista de que no era posible sacar adelante, por el momento, el convenio de cooperación sobre inmigración, lo que se acordó ayer en Dakar fue el establecimiento, como explicó Moratinos, de mecanismos para el funcionamiento de una especie de «ventanilla» en la capital de Senegal para contratar en origen a senegaleses que puedan trabajar de manera legal en el mercado español, que necesita mano de obra en determinados sectores.

Mensaje a las mafias

Con esta medida, explicó el ministro, secundado por su colega senegalés, se quiere dar el mensaje a los jóvenes que buscan llegar a España con lo cayucos de manera clandestina de que es preferible hacerlo de forma legal y, a la vez, transmitirle a las mafias la idea de que la inmigración irregular es inaceptable. «Nadie nos lo tiene que decir; nuestra política con la inmigración clandestina es la de tolerancia cero», aseguró Gadio.

Al propio tiempo, la decisión sirve a las autoridades senegalesas para afrontar las elecciones del mes de febrero del próximo año con una baza que le permita contrarrestar la imagen de miles de jóvenes enviados de vuelta al país. En los últimos meses, más de 2.000 senegaleses han sido repatriados desde España, aunque permanecen aún en los centros de internamiento cerca de 3.500.

Lo que sí se firmó ayer fue un Acuerdo Marco de Cooperación entre los dos países, cuya comisión mixta se reunirá pronto y que hará posible que España pase de facilitar unos 5 ó 6 millones de euros al año, como hacia hasta ahora, a unos 15 millones.

Moratinos concluyó ayer en Dakar su quinto viaje por el continente africano, al que volverá dentro de un par de semanas, ya que los próximos días 22 y 23 tiene previsto realizar un desplazamiento a Guinea Ecuatorial.

Una información de Luis Ayllón (Enviado Especial) publicada por el diario ABC el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

España abre una "ventanilla" para contratar a senegaleses repatriados 

El Gobierno de Dakar recibirá 15 millones en ayuda al desarrollo

Dakar. España y Senegal acordaron ayer crear un mecanismo, "una especie de ventanilla", según el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para dar trabajo en España a "un número significativo" de senegaleses, "quizás con preferencia a los que han sido repatriados", según precisó el canciller senegalés, Cheikh Tidian Gadio. El primer país emisor de cayucos recibirá, además, una ayuda española de 15 millones de euros.

Senegal pidió tiempo para firmar el acuerdo global sobre inmigración que le ofreció España. Este resultado, no exactamente previsto al comienzo de la visita que Moratinos giró ayer a Dakar, deja claro, sobre todo, que las autoridades senegalesas tiene problemas para formalizar en un marco permanente sus compromisos con España en materia de inmigración. La explicación, según fuentes españolas, hay que buscarla en las feroces críticas de la prensa senegalesa a las repatriaciones de sus emigrantes cuando sólo faltan cuatro meses para las elecciones presidenciales.

Tidian Gadio no tuvo, sin embargo, reparo en reafirmar ayer, pública y rotundamente, el compromiso de Senegal de seguir readmitiendo a sus ciudadanos que estén de modo ilegal en el extranjero. También afirmó que el nuevo acuerdo sobre inmigración que le propuso Moratinos será firmado "en el más breve plazo posible". El acuerdo en cuestión es el llamado "de nueva generación", similar a los rubricados la víspera por Guinea Conakry y Gambia, y se caracteriza porque asocia la ayuda al desarrollo al cumplimiento de obligaciones migratorias, incluida la de repatriar, al incluir ambos conceptos en un mismo tratado.

Moratinos no tenía previsto que Senegal firmara ayer dicho compromiso, cuyo borrador se había recibido en Dakar tres días antes, como en los otros dos países citados. Pero sí esperaba rubricar un Memorandum of Understanding (MOU), instrumento diplomático que registra la voluntad de cerrar el acuerdo. Tampoco ocurrió esto, y la voluntad política fue expresada sólo verbalmente por el canciller senegalés.

"No hay ningún problema, no tenemos ninguna diferencia [sobre el acuerdo de nueva generación]", declaró Tidian Gadio, que explicó la demora en firmar porque "es preciso que todos los ministerios senegaleses interesados en el tema den su opinión".

Una de las novedades que contempla el acuerdo de nueva generación es la creación de esas "ventanillas" de colocación que, al potenciar el mercado legal de trabajo, disuadirá a los que están dispuestos a lanzarse en cayuco, según Moratinos. España ha aceptado ponerla en práctica con Senegal incluso sin firmar acuerdo alguno, a fin de que este país pueda compensar las opiniones negativas derivadas de miles de repatriaciones. Dijo el ministro que la ventanilla estará funcionando antes de fin de año, aunque esté por definir en todos sus extremos. El canciller senegalés precisó que no quiere agencias privadas, que los interlocutores habrán de ser públicos, a fin de que el Gobierno senegalés decida si puede prescindir del tipo de emigrante que España pide.

Una información de Peru Egurbide publicada por el diario EL PAIS el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El Gobierno se planteó enviar la Armada para parar los cayucos

Por Narrador - 9 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Inmigración

Alonso se opuso en el Gobierno a que la Armada interceptara barcas de inmigrantes. El Ejecutivo analizó la posibilidad de desplazar buques de guerra a Mauritania y Senegal

Madrid - "El Ejército puede ayudar a las fuerzas de seguridad del Estado, pero no puede estar, sería un disparate, gestionando el control de la inmigración ilegal". La frase, repetida públicamente por el ministro de Defensa, José Antonio Alonso -la última, en declaraciones a El Socialista-, la pronunció también en privado, en el seno del Gobierno, cuando, a principios de septiembre, en el momento álgido de la llegada de inmigrantes irregulares a Canarias, compañeros de Gabinete plantearon recurrir a la Armada para interceptar los cayucos en las costas africanas. La idea se ha descartado. Por ahora.

"Ante situaciones críticas, como la que se vivió el primer fin de semana de septiembre [cuando 2.283 subsaharianos llegaron a Canarias a bordo de 27 cayucos]", reconocen fuentes gubernamentales, "todo el mundo piensa qué más puede hacerse y la tentación es mirar al depósito último de recursos que tiene el Estado: las Fuerzas Armadas".

Desde el pasado 18 de mayo, cuatro patrulleros y tres aviones -entre ellos, un P-3 Orion de vigilancia marítima- participan en la operación Noble Centinela, a unas 50 millas al sureste de Canarias. Su función se limita, sin embargo, a avisar de la llegada de cayucos, para que los servicios de acogida estén preparados en tierra, o acudir en su ayuda, si corren riesgo de naufragio. La otra función teórica, ahuyentar a los buques nodriza que acercarían al archipiélago embarcaciones más pequeñas, ha quedado inédita pues éstos, de existir, no se han dejado ver últimamente.

Lo que se planteó en el debate entre los ministerios directamente implicados (Defensa, Interior, Asuntos Sociales, Asuntos Exteriores y Presidencia) fue, según las fuentes consultadas, la posibilidad de que el operativo de la Armada pasara "al otro lado"; es decir, que los buques se situaran ante la costa africana, de forma que interceptaran a los cayucos a la salida (para devolverlos a su origen), y no a la llegada (para acompañarlos a su destino).

Esta misión la cumplen ya en Mauritania y Senegal tres patrulleras de la Guardia Civil y el buque Petrel del Servicio de Vigilancia Aduanera, pero su autonomía y capacidad de relevo es muy inferior a la que tiene la Armada, por lo que el recurso a buques militares era la opción más sencilla, según las mismas fuentes.

La idea se desechó, no obstante, por varias razones. La primera se deriva de las características de un buque de guerra y de la preparación de sus tripulantes. Si un barco de gran tonelaje tratara de abarloarse a un cayuco, sobre todo en contra de su voluntad, es más que más probable que acabara por hundirlo, advierten fuentes militares. Y la opinión pública difícilmente aceptaría una catástrofe fácilmente evitable.

La segunda es de orden legal. Ni Senegal ni Mauritania aceptan que el control de la inmigración en sus aguas lo hagan buques militares extranjeros, pues atenta contra su soberanía.

Ése ha sido uno de los mayores obstáculos para poner en marcha el dispositivo de vigilancia que coordina la agencia europea Frontex. Muchos países de la UE carecen de barcos guardacostas y la mayoría de los que disponen de ellos los tienen adscritos a la Marina de Guerra. Cabo Verde ha admitido que un buque de guerra portugués patrulle sus aguas, pero no Senegal. Por eso, el barco italiano allí desplegado pertenece a la Guardia de Finanzas. No deja de ser significativo que Francia, que tiene una base en Senegal con más de 1.100 militares, no participe en el dispositivo. Ello se debe, según las fuentes consultadas, a que las autoridades de Dakar no han aceptado que el Ejército francés participe en el control de la inmigración ilegal, a pesar de que se dijera lo contrario tras el viaje que el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, hizo el pasado día 23.

También del lado español había problemas. Un buque de guerra está sujeto a una jurisdicción especial y no puede llevar una tripulación mixta (hispano-mauritana o hispano-senegalesa), como las patrulleras de la Guardia Civil que operan en esos países.

Reflujo de la ola

Las fuentes consultadas aseguran que la idea ha quedado descartada, al menos mientras las autoridades locales no cambien de opinión. También se ha producido un notable reflujo de la ola de cayucos, sólo en parte atribuible al empeoramiento de las condiciones meteorológicas, que permite trabajar a medio plazo.

"Las repatriaciones masivas están teniendo efecto, sobre todo porque las conocen los aspirantes a emprender el viaje, y la información que tenemos es mucho más precisa, lo que multiplica la eficacia del operativo para interceptar irregulares, incluso antes de que lleguen a embarcar", aseguran las citadas fuentes.

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, viajará hoy a Guinea-Conakry, Gambia y Senegal para plantearles la misma oferta: fondos de ayuda al desarrollo a cambio de colaboración en la lucha contra la inmigración irregular.

Coordinar, "sin perjuicio de la cadena de mando"

La doble naturaleza de la Guardia Civil (policial y militar) ha permitido al Gobierno dar un cariz castrense a la lucha contra la inmigración ilegal mientras mantenía a las Fuerzas Armadas al margen de la misma.

Igual que ha desplegado en Mauritania y Senegal patrulleras del instituto armado, en vez de buques de guerra, ha puesto a un general de la Guardia Civil al frente de la llamada "Autoridad de Coordinación" regional de Canarias, creada por el Consejo de Ministros del viernes, en vez de nombrar a un oficial general de las Fuerzas Armadas.

Su objetivo es evitar, como ha ocurrido en el pasado, que medios de distinta procedencia (Guardia Civil, Armada o Salvamento Marítimo) acudan a la búsqueda del mismo cayuco sin saberlo.

El problema es que el general Cándido Cardiel, dependiente del director general de la Policía y la Guardia Civil, tendrá que coordinar recursos civiles y militares, de distintos ministerios.

En el caso de las Fuerzas Armadas, los medios navales dependen de un almirante y los aéreos de un teniente general, mientras que Cardiel es sólo general de división.

Por eso, deberá ejercer su poder coordinador "sin perjuicio de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad del Estado".

Una información de Miguel González publicada por el diario EL PAIS el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Rajoy propone ante el desastre de la Inmigración Ilegal

Por Narrador - 8 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Inmigración

Rajoy se desmarca del «trágala» del pacto en inmigración con su plan de Gobierno

La carta de su propuesta de modelo de Estado la jugará coincidiendo con el aniversario de la Constitución

Madrid - Mariano Rajoy clausuró ayer la conferencia sobre inmigración de su partido, foro que el PP ha utilizado para impulsar su ofensiva contra el Gobierno en un asunto clave electoralmente. El camino se lo despejaron el consejero político del ministro francés Sarkozy, François Fillon, y la ministra de Integración Europea de Rumanía, Anca Daniela, además de Ignacio Astarloa y Ana Pastor, responsables de Justicia y Seguridad y de Política Social, respectivamente. Entre otras cosas, el PP quiere agilizar los procedimientos de expulsión y reforzar con alta tecnología los puestos fronterizos.

El mensaje del jefe de la oposición recogió las apelaciones a la integración, a la solidaridad y a la definición de la inmigración como una oportunidad para el crecimiento de España que se escucharon el viernes, pero las trufó con un desmarque absoluto del Gobierno en el que llegó a negar credibilidad y viabilidad a la oferta de pacto de Estado con la que éste ha intentado contraprogramar sus iniciativas. «Ahora nos ofrecen un pacto, nos imponen un pacto, nos exigen un pacto; es un trágala, un ardid para lavar sus evidentes y gravísimas responsabilidades. Es el viejísimo truco del boxeador sonado. Cuando este Gobierno se queda sin aire se acuerda de la oposición», sentenció. Como el jugador crecido porque se cree que parte con ventaja, Rajoy no se detuvo en miramientos una vez que él ya ha propuesto en reiteradas ocasiones a Zapatero un consenso en asuntos de Estado, como la inmigración, que nunca ha llegado a buen puerto. Denunció la falta de solidaridad de la «izquierda trasnochada, ambigua y ridícula», a cuya «ineptitud» atribuyó el drama de que cada vez más personas se jueguen la vida cruzando el Atlántico; dibujó un Gobierno, «armado de ideología y de soberbia», que se lanzó a «regularizar masivamente a cientos de miles de inmigrantes y ha convertido a España en una tierra prometida para todo el África subsahariana»; y hasta, con cierta ironía, dio consejos en clave estratégica al Ejecutivo. «Nosotros les brindamos soluciones y una sugerencia: menos hablar y empiecen a gobernar».

Las dos jornadas de «tormenta de ideas» con expertos de la sociedad civil de todos los ámbitos concluyen con un centenar de propuestas que el PP utilizará como base para elaborar su programa electoral, siempre dentro de unas líneas rojas muy definidas: legalidad, control de fronteras, agilización de la repatriación de todos los ilegales que llegan a España, incluidos los menores, y medidas de integración de los inmigrantes legales.

Rajoy ya adelantó ayer que hace suyas siete iniciativas:

• Prohibir por ley las regularizaciones extraordinarias masivas.

• Cambiar los procedimientos administrativos de la legislación de extranjería para las expulsiones y devoluciones. A su juicio, no se puede dar la misma solución a los extranjeros en situación ilegal que a aquellos extranjeros que cometan actos en contra del orden público y la seguridad.

• Mejorar los sistemas de control de fronteras.

• Creación de una Agencia de Inmigración y Empleo.

• Modificar el padrón y exigir la condición de legal para empadronarse, en la línea de lo que están haciendo otros países de Europa.

• Avanzar en una política europea común en materia de inmigración. Para ello, plantea poner en marcha una gestión coordinada de las fronteras exteriores y lograr el compromiso de todos los Estados miembros de no volver a impulsar procesos de regulación masiva.

• Convertir la política de inmigración en un eje básico de la política exterior de la Unión. El jefe de la oposición defiende intensificar la cooperación al desarrollo, primando a aquellos Estados que colaboren en el control de la inmigración ilegal y, en particular, a los que firmen acuerdos de readmisión de irregulares con la Unión Europea, con especial atención a los menores.

El PP sabe que ha mordido en hueso en este asunto frente a un Gobierno «desbordado» y ha decidido sostener su estrategia en un sutil equilibrio entre la denuncia crítica y alarmista ante el problema que se ha generado y un mensaje positivo sobre el futuro, con la condición de que se cambie de política. «España está sobradamente capacitada para hacer frente al problema de la inmigración», sentenció Rajoy.

Antes que él, Astarloa, con un discurso sólido y bien construido, había recordado que en 2003 el Gobierno de Aznar llegó a un pacto con el PSOE que éste rompió tras ganar las elecciones de 2004. Subrayó también la importancia de lanzar un mensaje contundente a las «mafias», para lo que hace falta un esfuerzo en las fronteras de los países de origen que no se sustente en dispositivos de la «señorita Pepis». Ana Pastor denunció que el Gobierno ha fragmentado las competencias, ha roto el consenso y ha provocado un «efecto llamada desmedido». Después de esta conferencia se celebrará la relacionada con la seguridad y la delincuencia. Rajoy ha reservado para diciembre, coincidiendo con el aniversario de la Constitución, el foro en el que esbozará la propuesta de modificación de la Carta Magna que garantice un Estado viable y fuerte. Ésta será una de sus banderas electorales.

Una información de C. Morodo publicada en el diario LA RAZON el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Rajoy propone, entre cien medidas, que los inmigrantes tengan que estar en situación legal para empadronarse

MADRID. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. El presidente del PP, Mariano Rajoy, eludió ayer una respuesta firme al guante que el viernes había tendido la vicepresidenta De la Vega para alcanzar un pacto de Estado sobre inmigración, aunque lo calificó de «truco» y consideró que se trataba de una «imposición». «Ahora nos ofrecen un pacto, nos imponen un pacto -recalcó-, un trágala, un truco, para lavar sus gravísimas responsabilidades. Es la vieja treta del boxeador sonado». A cambio, el líder popular esbozó algunas de sus propuestas electorales recogidas en un documento de cien medidas para una inmigración «legal y ordenada».

Rajoy, flanqueado por «pesos pesados» del PP y por inmigrantes o hijos de africanos, asiáticos y americanos, clausuró en Madrid la conferencia sobre inmigración con una batería de alternativas en torno a un eje común: endurecimiento para frenar la llegada de «sin papeles» y para expulsar a quienes consiguen entrar en España de forma ilegal. Los frentes elegidos, en la estela de Sarkozy, pasan por la vertiente jurídica y legislativa, la seguridad y el control de las fronteras, las políticas de integración y empleo y, por supuesto, Europa, la tabla salvavidas para «evitar los disparates de Zapatero».

El líder del PP hizo suyos siete de los cien pasos para dar a la política de inmigración «el giro que necesita» y se comprometió a incorporar estas medidas a su programa electoral. «Las otras las incluiré en el futuro», señaló.

El PP quiere que se modifique el padrón para imponer a los inmigrantes el requisito de estar en situación legal a la hora de empadronarse. Rajoy se limitó a enumerar la propuesta y aclaró que no afectaría a los derechos fundamentales de las personas. Una de las penúltimas lizas entre Gobierno y oposición en relación con las cifras de inmigrantes se produjo en julio a cuenta del padrón. Los datos a 1 de enero señalaban que había 3,88 millones de extranjeros. Los populares cifran en 1,5 millones los irregulares, mientras que el Gobierno asegura que no llegan a medio millón.

Rajoy, igual que minutos antes lo habían hecho el responsable de Justicia e Interior del PP, Ignacio Astarloa, y la responsable de Política Social, Ana Pastor, recordó el «efecto llamada» que supuso la regularización extraordinaria e ironizó asegurando que «antes éramos la envidia de Europa y ahora sólo recibimos reproches».

Astarloa, que sostuvo el discurso más duro y habló de «fronteras-coladero», «viajes comerciales de las mafias» e instrucciones de la Fiscalía, también opinó sobre un posible acuerdo entre los partidos: «Ahora quieren un pacto cuando fueron ellos quienes lo rompieron por la espalda al llegar al Gobierno», recordó.

El paradigma de Zapatero

La Unión Europea fue otro de los asuntos recurrentes tratado por Rajoy, para quien la política exterior de la UE tiene que pivotar en torno a la inmigración y el control de fronteras basarse en una gestión común. El líder del PP pretende que se prime a los países que cooperen con Europa en la lucha contra la ilegalidad y en concreto a aquellos que firmen acuerdos de readmisión de irregulares, con atención a los menores dado el incremento de llegadas de niños inmigrantes que se ha producido en las últimas semanas.

A juicio de Rajoy, la inmigración es el paradigma de la actuación del Gobierno, que «crea los problemas», los niega, «echa la culpa a quien tenga a mano» y luego se abraza a la oposición para que le saque del lío.

Una información de Cruz Morcillo publicada en el diario ABC el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Un «enemigo» más para Zapatero

Por Narrador - 29 de Septiembre, 2006, 7:00, Categoría: Inmigración

El ministro francés del Interior insiste en aleccionar al presidente y promete frenar por ley regularizaciones masivas como la española. Sarkozy debatirá sobre inmigración hoy en Madrid

París/Madrid - La confrontación es la nota predominante de la política exterior española de los dos años y medio de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Con el paso de los meses, el cuerpo diplomático se debe emplear a fondo para invertir la situación generada por el propio presidente. Esta política del palo y mucho más tarde la zanahoria fue la que utilizó con Estados Unidos desde que desembarcó en La Moncloa. Tras dos años de una brecha que parecía insalvable en las relaciones entre ambos países, la situación se ha logrado reconducir no sin serios esfuerzos por parte española.

Cuando se estaba cerrando este frente y cicatrizando heridas, Zapatero abrió otro. En esta ocasión, con Alemania a costa de la OPA lanzada por la compañía germana E.ON sobre la española Endesa, operación que entraba en colisión directa con los intereses de Gas Natural. El último episodio de la nefasta política exterior del Gobierno socialista se ha ido cociendo estos días con Francia con la inmigración como telón de fondo. Esta crisis entre París y Madrid coincide en pleno «proceso de paz» y después de que el Ejecutivo galo se prestara a dar una salida a los casi 200 presos etarras que cumplen condena en su país.

El respaldo francés al «proceso de paz» se escenificó antes del verano con un encuentro en La Moncloa entre Zapatero y el titular del Interior galo, Nicolas Sarkozy. Sin embargo, aquella instantánea de complicidad inmortalizada por los reporteros gráficos ha saltado por los aires en los últimos días.

Zapatero se enfrentó a cara descubierta este miércoles al ministro francés, al que negó su capacidad para dar lecciones a nadie en materia de inmigración, después de los graves problemas de integración que provocaron numerosos disturbios en noviembre de 2005 en los suburbios de las grandes ciudades galas. Sarkozy no se quedó ayer cruzado de brazos y su reacción se aventura que pondrá a España en un brete ante la UE.

Partida de póker

En la partida de póker a distancia que juegan Zapatero y Sarkozy, extremos opuestos, a izquierda y derecha, del arco político europeo, el ministro francés dobló ayer su apuesta, antes de que se descubran las cartas, hoy en Madrid, en la conferencia sobre inmigración que celebrarán los ocho países mediterráneos de la Unión Europea.

El líder del centroderecha francés llega a la capital con una propuesta que dejaría fuera de juego al actual Gobierno español: la creación de una política de inmigración común en la UE, con una premisa fundamental: la prohibición de «toda medida de regularización masiva» de inmigrantes indocumentados. España fue el último país europeo, tras Italia, en abordar un proceso de estas características, que permitió la entrega de permisos de residencia a unos 700.000 inmigrantes.

El dirigente galo, presidente del partido conservador UMP, considera que este tipo de medidas estimula el «efecto llamada» y espolea la llegada de nuevos clandestinos. Ya criticó la petición de fondos a Europa realizada por España para hacer frente a la afluencia masiva de cayucos a las costas canarias.

Sarkozy filtró esta propuesta al diario «Le Monde» para responder a la invectiva que le dirigió anteayer el presidente español. El «número dos» del Gobierno francés propondrá un «pacto común» sobre inmigración a los 27 países de la UE sobre una serie de principios: «La estricta limitación de las medidas de regularización» a las crisis humanitarias y «caso por caso»; «el respeto del principio de proporcionalidad entre los flujos migratorios recibidos y la capacidad de acogida del mercado de trabajo»; los límites de «los servicios públicos» y «la vivienda»; «condicionar el reagrupamiento familiar a los recursos de un trabajo» y «el alejamiento de los inmigrantes clandestinos, salvo caso humanitario particular».

Una información de Javier Gómez y R. N. publicada por el diario LA RAZON el viernes 29 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"Cosecha de 2006" por José Antonio Vera

Por Narrador - 23 de Septiembre, 2006, 16:00, Categoría: Inmigración

«Sembraron mucho y bien con la regularización de 2005, y ahora vemos los frutos: 25.000 inmigrantes llegados en cayucos, siete veces más que el año anterior»

Hombre, ciertamente la cosecha de este año no ha sido nada mala. Sembraron mucho y bien con la regularización de 2005, y ahora vemos los frutos: 25.000 africanos llegados en cayucos, siete veces más que el total de los que vinieron durante la temporada anterior, y otra vez la cifra del millón de ilegales sin papeles completamente instalados en nuestro país, clamando por una nueva regularización, pidiendo seguridad social y trabajos dignos, el reagrupamiento de sus familias, una solución para sus vidas. Lo cual es lógico. Claro que lo que dice María Teresa sobre que todos los que han entrado ilegalmente saben que van a ser expulsados más tarde o más temprano, no se lo cree ya ni José Blanco, por mucho que el cibersecretario repita machaconamente la tesis de la vice en su blog socialista, que cada mañana devoro con religiosa devoción. El que se lo debe de creer menos es Caldera, empeñado como está en que «somos la envidia de Europa» (en inmigración, se entiende). Sí señor, lo somos. Y Europa así ha debido de verlo también, porque cuando llegó el otro día a Tampere Rubalcaba pidiendo más dinero, le dijeron tranquilamente al hombre: mira Alfredo, el problema es que si tan listos fuisteis para regularizar, igual de listos tendríais que ser ahora para solventar el problema que generasteis con aquella regularización; luego buscaos la vida como mejor os parezca, pues quien va a su aire y no cuenta para regularizar con los demás, tampoco puede pedir ahora que seamos nosotros los que solventemos las consecuencias de aquella regularización. Una lección que nuestros socios europeos han querido darles a estos muchachos, que insisten y no paran en que «no-hay-efecto-llamada», «sólo-hay-efecto-huida». No habrá efecto llamada y lo que quieras, de acuerdo, pero eso no es lo que piensan y dicen los senegaleses que vienen amontonados en los cayucos, ni lo que cuenta la policía senegalesa, ni lo que opinan las propias autoridades senegalesas. Todos coinciden en que sí-hay-efecto-llamada, y la prueba evidente es que ahora llegan más inmigrantes que nunca, con más frecuencia que nunca, con embarcaciones más grandes que nunca, en mayor proporción que nunca.

La cosecha de cayucos del 2006 es desde luego inmejorable. Zapatero la pidió, Caldera la mimó, y al pobre gobierno canario le ha tocado el trabajo de recogerla. Y a Rubalcaba resolver el lío, como casi siempre. Siempre que hay un problema se lo endosan a Rubalcaba. Pero más que un problema, éste es un gran marrón. Porque Europa ya vemos lo que piensa, y porque el pepé desconfía de la propuesta de pacto de Estado que ahora le hacen llegar, sin duda como prueba de arrepentimiento. ¿Qué hay que pactar?.. Hacer un pacto de Estado para romperlo en menos de un año, como ocurrió con el de Justicia, o para vulnerarlo, como el antiterrorista, no tiene mucho sentido. Lo dijo bien claro el otro día Pío García Escudero en una intervención magistral en el Senado. ¿Es también para eso este pacto que ahora proponen? Alguien piensa que quieren pactar para tapar el fracaso de la regularización. Una especie de acuerdo de silencio para que se olvide pronto que la cosecha del 2006 tiene su origen en las medidas regularizadoras de 2005. Antes no era importante un pacto de Estado. Al psóe le valía con el aplauso de los aliados nacionalcomunistas. Pero ahora necesitan más. Necesitan al pepé. El compló del pepé. La aquiescencia de Rajoy. Necesitan volver a Europa para que Europa nos socorra en la tragedia y vea Europa que ya se están haciendo las cosas bien, con seriedad y consenso, sin la alegría infantil de aquel papeles-para-todos de los tiempos de la pancarta, con la responsabilidad propia de quien tiene la obligación de proteger la frontera sur de la Unión Europea y no está dando muestras de saber hacerlo.

Por supuesto que en el drama de la inmigración debe arrimar el hombro todo el mundo. Europa lo hará. Estoy seguro de que Rajoy también. Lo está haciendo ya, de hecho. El pacto de Estado es completamente necesario. Pero ayudar no significa firmar un cheque en blanco. Zapatero entró en La Moncloa alardeando de un concepto de talante que es muy gracioso, ciertamente: hay que aparentar mucho buenismo y mucho diálogo y mucha mano tendida y todo eso, pero a la hora de la verdad no se debe contar con la oposición para nada. Es más, hay que estigmatizarla, sacarla de la democracia, decir que es filofascista o ultraderechista, que se ha ido al monte por defender las mismas cosas que defendía el psóe cuando era oposición y pensaba, por ejemplo, que con el terrorismo sólo de debe hablar de la entrega de las armas. Pero eso eran otros tiempos. Ahora no interesa ir con el pepé a ningún sitio. Sobre todo si ahí donde se quiere ir reparten votos. Interesa el pepé para repartirse los cayucos y las pateras. Para esparcir el fracaso en la política de inmigración. Esta impresionante cosecha Caldera de 2006.

Publicado por el diario LA RAZON el sábado 23 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La UE abronca a España y rechaza dar ayudas para combatir la inmigración

Por Narrador - 22 de Septiembre, 2006, 7:00, Categoría: Inmigración

Alemania y Austria, como ya hizo Francia, acusan al Gobierno español de crear un «efecto llamada»

Tampere (Finlandia) - Una «implicación especial» de los países de la UE para frenar la oleada de cayucos que llegan a las costas canarias. Eso es lo que buscaba ayer en Tampere (Finlandia) Alfredo Pérez Rubalcaba en la cumbre informal de ministros de Justicia e Interior de la Unión. Sin embargo, lo que el titular del departamento español de Interior cosechó fueron más críticas a la política migratoria del Gobierno de Zapatero y, en especial, hacia su proceso de regularización en la misma línea de las vertidas la pasada semana por el ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy.

Unas críticas duras y sorprendentes a partes iguales, pues si la semana pasada la canciller alemana, Angela Merkel, expresaba tras reunirse con el jefe del Ejecutivo que el problema de la inmigración no era sólo español y que había hablado con Zapatero de las «posibilidades de cómo apoyarnos mutuamente» y buscar la cooperación para combatir la inmigración ilegal, ayer, el presidente de la Confederación de Ministros de Interior de Alemania se desmarcó totalmente de tal tesis. Gunther Bechstein cuestionó las demandas españolas de más medios a la UE para hacer frente a la inmigración ilegal. «Es evidente que la gente de Canarias no puede asumir esto sola, pero con toda España no debería tener grandes problemas», manifestó Bechstein, miembro de la CSU, el partido socialcristiano de Baviera aliado de la CDU de Merkel. «España no se va a hundir por 20.000 o 25.000 hombres que lleguen a Canarias», remachó Bechstein, que recordó que Alemania recibió hace años a 448.000 refugiados de golpe y que tuvieron que afrontarlo ellos mismos. «Lo hicimos con problemas, pero lo hicimos», argumentó, tras dudar de que quepa una solución europea porque, a su modo de ver, sólo generaría más burocracia.

El ministro alemán se mostró a favor de que la UE intervenga para negociar acuerdos con los países africanos donde se origina la inmigración y reforzar la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), pero en contra de financiar a los países miembros que afrontan el problema. En este sentido, adelantó que si se decidiera aportar recursos comunitarios, Alemania también los pediría para gestionar a los inmigrantes que están en el país.

También la ministra austriaca de Justicia, Karim Gastinger, consideró que la solución al asunto de la inmigración ilegal no es legalizar a los inmigrantes, porque esto provoca un «factor de empuje» en los países de África, «como desgraciadamente hemos visto en los últimos tiempos». «Es una señal equivocada», declaró Gastinger a la prensa.

Paradójicamente, en una entrevista publicada por el diario francés «Le Figaro», el comisario de Seguridad, Libertad y Justicia de la UE, Franco Frattini, había subrayado la necesidad de pasar «de las palabras a los actos» en la solidaridad de los países de la unión frente al problema de la inmigración ilegal. «Debo convencer a los estados miembros de que su solidaridad es necesaria. Los Veinticinco deben ser solidarios, ya que un inmigrante ilegal que logra pasar las fronteras de España o de Italia se puede trasladar en un día a Lille (Francia) o a Hamburgo (Alemania)», manifestó.

Eso, solidaridad, fue, precisamente, lo único que ofrecieron los ministros al término de la reunión, pues no ofrecieron ayudas concretas para solucionar la crisis.

Dinero suficiente

Si España no está recibiendo suficiente dinero no es, sin embargo, porque no haya capital disponible, pues, según los datos que ofreció ayer la Comisión, la UE dejó sin gastar el año pasado 49,7 millones de euros de su presupuesto para la materia debido a la falta de coordinación entre los estados.

A la espera de que estos millones lleguen -o no-, el Gobierno tiene previsto diseñar un Plan Integral con medidas para frenar la ola de cayucos, aunque, de momento, descarta una reforma de la Ley de Extranjería «a corto plazo». La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha iniciado una ronda de contactos con los partidos del arco parlamentario para «sondear» sus planteamientos ante la actual crisis migratoria y conocer de primera mano sus propuestas. El próximo lunes podría reunirse con el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, en función de la agenda de ambos políticos. Una vez que concluya la ronda de contactos, el Ejecutivo redactará un documento con las aportaciones y «aproximaciones» de los distintos partidos que se abordará en una nueva reunión en Moncloa, previsiblemente a finales de la próxima semana.

Una información de Enrique López Soriano publicada por el diario LA RAZON el viernes 22 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.