Sin Pancarta Street Journal

Recuerda que la ley permite, incluso, suspender el juicio ante nuevos datos relevantes La Audiencia rechaza devolver la causa a Del Olmo para que practique nuevas diligencias

MADRID.- La Audiencia Nacional confirmó ayer la conclusión del sumario del 11-M acordada por el juez Juan del Olmo y abrió la fase de preparación del juicio, previsto para el próximo mes de febrero. En el mismo auto, la Sección Segunda de lo Penal rechaza todas las peticiones de diversas defensas y acusaciones, que consideraban que Del Olmo debería haber ordenado numerosas diligencias que nunca se llevaron a cabo. El tribunal también resalta que la conclusión del sumario se produce «sin perjuicio de cuantas nuevas indagaciones procedan, de acuerdo con la ley, de aparecer nuevos datos relevantes».

La Sala, que será la misma que juzgue el 11-M, recuerda a las partes que en esta nueva fase que se abre tienen la posibilidad de solicitar de nuevo las diligencias que consideren necesarias y que ahora han sido rechazadas. Así, aceptar en esta nueva fase que, por ejemplo, se realice un nuevo análisis de los explosivos no implica devolver el sumario a Del Olmo para que sea él quien las practique. Esa devolución del sumario al instructor hubiera hecho casi imposible celebrar el juicio antes de cumplirse el tiempo máximo de prisión provisional de algunos procesados, según indicaron fuentes jurídicas.

Ante las alegaciones de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Sala señala que dar por concluido el sumario no supone «el agotamiento de todos los aspectos o hipótesis posibles en relación con los hechos investigados, sin perjuicio de cuantas nuevas indagaciones procedan, de acuerdo con la ley, de aparecer nuevos datos relevantes».

El tribunal, presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, añade que esto «puede ocurrir antes, durante o después del juicio, incluso dando lugar a la suspensión del curso del mismo si se producen revelaciones o retractaciones inesperadas que sean sustanciales para el enjuiciamiento de los procesados».

La AVT había pedido continuar con la instrucción del sumario porque, a su juicio, la propia decisión de Del Olmo de seguir con la investigación en otras diligencias demostraba que faltaban elementos esenciales. Según la AVT, «no puede llevarse a cabo un juicio donde de antemano se sabe que no se conocerá la verdad de lo que ocurrió y donde no se encuentran las claves para saber quiénes fueron los responsables reales».

La Sala rechaza acumular esas nuevas diligencias al sumario del 11-M -como también había pedido la Fiscalía- aunque recuerda que puede pedir que una copia se aporte al sumario para tenerla en cuenta durante el juicio. En esas diligencias Del Olmo interrogó al jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, por sus declaraciones contradictorias sobre las sustancias detectadas en los focos de los atentados.

Entre las peticiones rechazadas se encuentra la toma de declaración como imputados de José María Aznar, Angel Acebes y Federico Trillo, de los tres peritos de la Policía que firmaron el informe inicial que relacionaba a ETA con el 11-M, y del Policía nacional de origen sirio Maussili Kalaji, en cuyo local, según diversas acusaciones, se liberaron los teléfonos del 11-M.

Tampoco acepta la Sala conceder nuevo plazos a varias defensas que lo solicitaron alegando la complejidad de la causa y diversos problemas con las copias digitales entregadas. Una de esas defensas es la de Rabei Osman, El Egipcio, que acaba de ser juzgado en Italia por terrorismo y que será entregado a España para el 11-M el próximo 6 de noviembre, según indicaron fuentes jurídicas.

En los próximos días -previsiblemente el lunes- la Fiscalía deberá presentar al tribunal su escrito de calificación provisional, en el que concrete las condenas que solicita a cada uno de los 29 procesados. A continuación, la Sala dará otro plazo de cinco días para que haga lo mismo el resto de acusaciones. Posteriormente, las defensas dispondrán de 20 días para presentar sus alegaciones.

Información de Manuel Marraco publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El Cataluña-Euskadi se convierte en un multitudinario acto separatista

Tanto TV3 como ETB lo presentaron como un partido «internacional» Antes del encuentro, presidido por Maragall e Ibarretxe, se interpretaron los dos «himnos nacionales» La inmensa mayoría de las banderas catalanas tenían la estrella independentista Cientos de pancartas reivindicaban el acercamiento de presos etarras Incluso se exhibieron en la grada enseñas de Suecia e Irlanda para ridiculizar a España

BARCELONA.- Qué mejor altavoz político que un acontecimiento deportivo. El Camp Nou, terreno abonado a la reivindicación, acogió ayer un partido de fútbol entre las selecciones autonómicas de Cataluña y Euskadi en el que quedó claro que el juego en sí era lo de menos.

Por supuesto que nadie estaba dispuesto a obviar el vistoso escaparate, y ambos bandos reclamaron con insistencia la independencia del Estado español ante la complaciente mirada, entre otros, del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y del lehendakari, Juan José Ibarretxe. José Montilla, candidato socialista a la Presidencia del Govern en los comicios del 1 de noviembre, no le hizo compañía en el palco a su rival convergente, Artur Mas.

El terreno de juego propiedad del Barcelona se resguardó bajo un manto de estelades -bandera independentista catalana-, ikurriñas y pancartas a favor del acercamiento al País Vasco de los presos etarras.

Los 56.354 espectadores -unos 2.000 de ellos viajaron desde el País Vasco en 15 autocares- que acudieron ayer al Camp Nou respiraron oxígeno separatista durante las más de seis horas de actos que envolvieron al partido. Tanto TV3 como Euskal Telebista (ETB) hablaron del acontecimiento como un partido «internacional», y los himnos de ambos combinados fueron presentados como «nacionales».

Fue el preámbulo de lo que vendría a continuación. Los insultos multitudinarios se convirtieron en el hiriente hilo musical de la función: «Puta España», «español el que no bote», «españoles hijos de puta»... Y todo aderezado con pancartas de diversa índole: «Euskal Herria y Cataluña, autodeterminación» o «Una misma lucha por la independencia». Incluso hubo quien acudió al estadio con la camiseta de la selección de Suecia y con la bandera de Irlanda para recordarle a Luis Aragonés sus recientes fracasos deportivos.

La Federación Catalana de Fútbol (FCF), organizadora del acto, logró el visto bueno de la Federación Española para la disputa del partido a cambio de que la reivindicación política fuera lo menos dañina posible, algo que, evidentemente, no sucedió. Y eso que desde la orilla deportiva catalana habían intentado tomar buena nota. De hecho, el equipo entrenado por Pere Gratacós evitó adentrarse en terrenos peliagudos y se conformó con llevar una discreta pegatina en el hombro de su camiseta reclamando la oficialidad de su selección. Por supuesto que el lema escogido para el partido -Juntos por la paz- pasó del todo desapercibido.

Mucho más contundentes fueron los componentes de la selección vasca. Parapetados tras una vistosa pancarta con un escueto Ofizialtasuna (oficialidad), los jugadores siguieron la línea trazada un día antes por su capitán, Aitor López Rekarte, quien leyó un manifiesto en el que señaló que Euskal Herria, «como nación que es», debería tener el reconocimiento oficial.

Aunque, realmente, en el ambiente no se respiraba una lucha por la oficialidad de las selecciones. «Está claro que nosotros no hemos viajado desde Bilbao a Barcelona sólo por eso. Ni que fuéramos a ver un partido de la hostia. Esto es mucho más que política, buscamos otra cosa», comentaba un aficionado ataviado con la tradicional bandera referida al acercamiento de presos de ETA.

Desde la Plataforma ProSelecciones Vascas (ESAIT) comparaban las diferentes realidades que viven las sociedades vascas y catalanas: «Mientras que casi el 90% de nuestro pueblo está a favor de nuestra selección, notamos que en Cataluña hay un cierto miedo a la reivindicación clara».

Desde ESAIT no escondieron un cierto malestar por el hecho de que la Plataforma ProSelecciones Deportivas Catalanas no interviniera en una concentración a las cinco de la tarde, en el interior del recinto del Camp Nou, en la que lo que menos se pidió fue el reconocimiento oficial de las selecciones. Se gritaron consignas contra España, contra el PP, se lanzaron folletos de apoyo al etarra José Ignacio de Juana Chaos y, ante todo, se gritó hasta la extenuación por la independencia de Euskal Herria.

El coordinador de ESAIT, Martxel Toledo, que no veía muy claro lo de celebrar una concentración de estas características a escasos metros de furgones policiales, se congratuló por que no hubiera incidentes y continuó dilatando el discurso sobre la oficialidad cuando allí lo que se estaba reclamando era algo bien diferente. «Queríamos un acto pacífico, y así ha sido», se arrancó Toledo, para dejar bien claro que la sociedad vasca «tiene el derecho a decidir».

Jordi Vinyals, presidente de la Plataforma ProSelecciones Catalanas y, por tanto, impulsor de la polémica campaña publicitaria en la que se usaron a niños en contra de España, disfrutó también de lo lindo. Tal y como había pedido la Plataforma Pel Dret de Decidir -grupo de marcado carácter independentista que en su día criticó el pacto estatutario entre PSOE y CiU-, buena parte del público asistente se quitó la camiseta en el primer minuto del segundo tiempo en muestra de apoyo al citado spot, cuya emisión fue prohibida esta semana por un juzgado de Barcelona.

Tampoco quiso perderse una cita de estas características el adalid del nuevo catalanismo cultural, el actor Joel Joan, quien en su día reclamó los «países catalanes libres» sobre el mismo césped del Camp Nou.

En conversación con este periódico, Joan se quejó de que los catalanes tengan menos tablas a la hora de ejercer su fuerza reivindicativa. «En el País Vasco están mucho más desacomplejados, se implican mucho más en todo. Un ejemplo claro sería el tema de los presos vascos». Aunque lanzó un contundente aviso: «El día que en Cataluña nos quitemos los complejos de encima, no habrá quien nos pare».

Una información de Francisco Cabezas publicada por el diario EL MUNDO el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Maragall reclama la oficialidad de la selección porque las Cortes aprobaron que son una nación

BARCELONA.- Pasqual Maragall y Juan José Ibarretxe se hermanaron en las entrañas del Camp Nou para reclamar la oficialidad de sus respectivas selecciones. Ambos presidentes mostraron su buen entendimiento y no dudaron en posicionarse con vehemencia a favor de la independencia deportiva de Cataluña y del País Vasco.

«Desde el momento en que las Cortes aprobaron el Estatuto, en el que se dice que Cataluña es una nación, para el presidente de la Generalitat las selecciones son una obviedad», sentenció Maragall, quien ilustró su argumento con el manido ejemplo de Gran Bretaña, donde coexisten las selecciones de fútbol de Gales, Escocia e Inglaterra.

Maragall no desaprovechó la ocasión para recordar su amor a la bandera -catalana, por supuesto-. La campaña electoral apremia y el todavía president quiso dejar bien claro cuál es su sentir y, por extensión, el del PSC. Con su discurso le echó un cable a su sucesor, José Montilla, cuyo principal punto débil son las críticas a su dudoso catalanismo. Sin ir más lejos, el presidenciable socialista fue uno de los grandes ausentes del Camp Nou. También faltó, o al menos nadie le vio, el presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira.

Ibarretxe no tuvo que echar capotes a nadie, pero también fue contundente en un parlamento en el que alternó el castellano y el euskara. Maragall sólo habló en catalán. «Se trata de algo más que un partido entre amigos. Por parte del lehendakari existe una petición clarísima: queremos selecciones no por ir en contra de nadie. Me gusta la selección española, me gusta la italiana, pero la mía es la vasca. Y estoy convencido de que la tendremos», clamó.

Entregado al fervor patriótico del momento, Ibarretxe se permitió un comentario de tintes oníricos, pero que verbalizó con absoluta seriedad: «Algún día un president y un lehendakari se darán un abrazo cuando Cataluña y Euskadi jueguen la final de un campeonato del Mundo».

En segunda línea de fuego anduvieron los presidentes de los parlamentos vasco y catalán. Izaskun Bilbao (PNV) y Ernest Benach (ERC) disfrutaron de la fiesta reivindicativa sin apenas mojarse. Benach esbozó una sonrisa y miró al tendido diciendo «yo no he visto nada» al ser cuestionado por la manifestación independentista previa al partido, mientras Bilbao se limitó a expresar que «no debe mezclarse deporte y política».

Al final del choque, ya más relajado, Benach propuso la idea de organizar un torneo de naciones sin Estado, algo que federaciones y plataformas, así a bote pronto, vieron con buenos ojos.

Una información de David Brunat publicada por el diario EL MUNDO el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Cataluña y Euskadi llevan al césped las cesiones de Zapatero (Editorial de EL MUNDO)

Ningún mitin o manifestación hubiera sido tan eficaz a la hora de escenificar los afanes independentistas de Euskadi y Cataluña como el partido de fútbol que ayer tuvo lugar en el Nou Camp. Presentado por las respectivas televisiones autonómicas como un encuentro «entre naciones», el partido sirvió para desplegar toda la simbología al uso del independentismo, desde banderas e himnos «nacionales» hasta centenares de pancartas por el acercamiento de los presos etarras.

El partido nunca hubiera pasado de la anécdota si se tratara sólo de deporte, entre otras razones por la ausencia de jugadores relevantes y el ínfimo nivel del juego. Sin embargo, como el acto político que realmente fue, su relevancia es insoslayable. Pocas veces como ayer ha podido constatarse al alimón la imaginería independentista de ambas comunidades celebrada con un total desprecio por la realidad constitucional. Más que las reivindicaciones, lo que flotaba en el ambiente eran hechos consumados. Al fin y al cabo, si quien debería velar por el espíritu y la letra de la Carta Magna ha destacado por su cesión en el terreno de los conceptos, ¿por qué no han de tomarle la palabra quienes sí creen en sus respectivas naciones?

Cuando Zapatero impulsa un Estatuto que reconoce a Cataluña como «nación», ¿cómo no han de actuar en consecuencia los políticos catalanes, tal y como señaló ayer con coherencia el propio Maragall?

De la misma forma, el presidente del Gobierno ha abordado el llamado proceso de paz en el País Vasco aceptando en lo fundamental la interpretación de los hechos de nacionalistas y abertzales. Así lo hizo cuando afirmó que él respetaría «el derecho a decidir de los vascos», como si éste derecho estuviese siendo conculcado. Y así lo hace de nuevo cuando contribuye activamente a la que siempre fue la estrategia pretendida del entorno etarra: la internacionalización del conflicto.

Mientras la izquierda abertzale emprende de nuevo una campaña para que una de sus organizaciones tapadera, Askapena, sea admitida por el Foro Social Mundial, o para que «destacadas personalidades internacionales» -que no son otros que Francesco Cossiga, Mario Soares o Gerry Adams- se pronuncien a favor del «proceso», el Gobierno actúa en paralelo llevando el debate al Parlamento Europeo o escenificando el apoyo del primer ministro británico, Tony Blair.

Esta es la deriva emprendida por una política de cesión continua para cuyos frutos Zapatero pide «paciencia». El problema es que incluso los más optimistas y confiados constantan cada día que el trayecto no tiene marcha atrás. Y es que es el independentismo el que va ganando el partido, tanto en la calle como en el césped del estadio.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó ayer en Oviedo, durante el discurso que pronunció en el desfile nacional de la Guardia civil, que Interior destinará en 2007 a este cuerpo mil millones de euros más respecto al presupuesto del año pasado, lo que equivale a un aumento del 15%. La intervención del ministro, que se negó a realizar declaraciones después del acto, estuvo marcada por silbidos por parte de algún sector del público que abarrotó la calle Uría de Oviedo para presenciar el desfile castrense.

Rubalcaba manifestó que el Gobierno quiere «más guardias civiles, más y mejores medios, más motivación y que sus esfuerzos se sumen a los que realizan el resto de las fuerzas de Seguridad del Estado». Por este motivo, continuó el ministro, el Ejecutivo ha puesto en marcha la creación de un mando único que «pretende mejorar la coordinación de ambos cuerpos manteniendo las funciones, áreas de responsabilidad y el carácter de cada Cuerpo». Esta colaboración, prosiguió Rubalcaba, llevará a la firma de un nuevo convenio con la Federación de Municipios para «implicar» a las policías locales en la lucha contra la inseguridad ciudadana. «La Guardia Civil cuenta con el respaldo, el apoyo y la confianza del Gobierno», añadió, para resaltar que la sociedad española se siente «agradecida y orgullosa» de contar con hombres y mujeres que «responden con rectitud, honor y dignidad».

Una información publicada por el diario LA RAZON el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La Ley del Menor podría librar de la cárcel a los delincuentes de 18 a 21 años

El Partido Popular intenta in extremis corregir en su trámite en el Senado la cesión del PSOE a una enmienda de los nacionalistas

Madrid - La nueva Ley del Menor apura su tramitación parlamentaria ya que mañana llegará a la comisión de Justicia e Interior del Senado después de su debate en ponencia a puerta cerrada. De todos los flecos pendientes, el más relevante es el que afecta a cómo queda una enmienda asumida por los socialistas en el Congreso y que establece que la ley pueda aplicarse a los menores delincuentes que rebasen los 18 años, de modo que entre esa edad y los 21 años no tengan que ser internados obligatoriamente en una prisión sino que sean derivados a centros de internamiento de menores. El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros no incluía esta exención, pero se coló a instancias de CiU con el apoyo del PNV y EA. ERC también dio su respaldo.

Aún hay negociación

La negociación sigue abierta y el PP está intentando in extremis que el PSOE corrija este apartado. De la ponencia no sale el compromiso firme de hacerlo, pero tampoco se ha cerrado la puerta a la modificación. El problema es que en el otro lado está la resistencia numantina de sus socios ante una enmienda con la que se compensa el castigo más elevado para los delitos más graves que recoge la nueva normativa.

Ya en tiempos de la discutida gestión de Mariscal de Gante como ministra de Justicia, se avanzó en una dirección parecida, pero tal decisión fue corregida al llegar Ángel Acebes al ministerio. Nunca entró en vigor. En 2003, Justicia, dirigida entonces por Michavila, endureció aún más las condiciones al promover -en plena polémica por el «caso Sandra Palo»- que los menores asesinos pasasen a prisión al cumplir 18 años.

El principal partido de la oposición reconoce que la sociedad no puede renunciar a largo plazo al principio de aplicar a los jóvenes de entre 18 y 21 años medidas educativas dirigidas a su reinserción, pero entiende que intentar cumplir esa máxima sin ningún tipo de previsión de medios personales y materiales para su puesta en práctica, cargando su coste además sobre las comunidades, supone condenarla al «más estrepitoso fracaso».

Una decisión mal medida en esa dirección puede conducir, asimismo, a una saturación tanto del sistema judicial y fiscal de menores como de los dispositivos de las administraciones autonómicas para poder ejecutar la ley, y resulta claramente negativo que el sistema de justicia juvenil se tenga que hacer cargo de una población tan dispersa desde el punto de vista de la edad en los mismos centros y con los mismos equipos.

Falta de recursos

Transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, aún muchas comunidades no pueden llegar a ejecutar todo el marco de medidas que la norma contempla (internamientos terapéuticos, trabajo en beneficio de la comunidad, convivencia en familia o en grupo educativo...), por lo que sería imposible atender con los mismos recursos, como mínimo, al doble de la población, teniendo en cuenta que es un colectivo con un nivel acusado de inadaptación social, problemática conductual y drogodependencias.

Los delitos cometidos por menores se han disparado, por ejemplo, en Madrid, y aunque es cierto que cada vez se rebaja más la edad de los delincuentes, también es un hecho que se incrementan en el segmento entre 18 y 21 años. La realidad es que hay una creciente alarma social refrendada por datos objetivos que confirman que aumentan los delitos cometidos por los menores contra la vida, contra la salud pública, de lesiones y de robo con violencia e intimidación.

El PP está convencido de que serán muchas las derivaciones de este colectivo al Sistema de Reeducación de Menores, teniendo en cuenta que los jóvenes entre 18 y 21 años cometen en mayor número delitos y faltas de las mismas características y naturaleza que los comprendidos en la franja de 16 a 18 años, y que en todo caso se les podrá aplicar medida de medio abierto (como libertades vigiladas y trabajos en beneficio de la comunidad).

El proyecto de Ley del Menor endurece las penas de las medidas aplicables a los menores de 18 años que cometan delitos graves, como los de violación y asesinato, y busca responder a preocupantes realidades como las bandas juveniles o el acoso escolar. El principal partido de la oposición mantiene que no puede brindarle su apoyo porque no responde a la delincuencia protagonizada por los menores de entre 12 y 13 años; no atiende la delincuencia extrema (asesinato, violación, terrorismo) cometida por jóvenes de 16 a 18 años, que será penada como hasta ahora; no resuelve el problema que plantea la prescripción de delitos y faltas; y crea un problema grave de financiación en las comunidades autónomas a las que compete la ejecución de las medidas impuestas.

Una información de C. Morodo publicada por el diario LA RAZON el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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En 2005 se abrieron causas por delitos a 90.000 menores

Homicidios y agresiones sexuales, entre los que aumentaron

MADRID - Los menores de edad son, año tras año, cada vez más protagonistas de la delincuencia. En 2005, sin ir más lejos, se incoaron 89.707 procedimientos a menores por la comisión de un delito, una cifra ligeramente inferior a la del ejercicio anterior, en el que a 92.412 se les aplicó la Ley del Menor. De ellos, poco más de la mitad tiene entre 16 y 17 años. Pero además de la actividad delictiva, las medidas de internamiento han experimentado un ligero incremento respecto a 2004, cuando se decretaron 4.967, pues el pasado año se cerró con 5.378 órdenes de internamiento.

En consecuencia, la delincuencia cometida por jóvenes es un fenómeno que, desgraciadamente, gana cada vez más terreno. Esto ya se inició en la pasada legislatura, cuando, según los datos extraídos del «Estudio sobre la Delincuencia Juvenil» elaborado por el «Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia», las detenciones de jóvenes de 18 a 20 años pasaron de 34.768 en 2000 a 43.537 en 2004.

Cada vez más jóvenes

Además, los delitos graves, aquellos que llevan aparejada la adopción de medidas judiciales privativas de libertad -internamiento en régimen cerrado, semiabierto o abierto- cada vez son cometidos en una edad más temprana y, de forma paralela, se están registrando un aumento de este tipo de medidas. En concreto, y según los datos del Decanato de los Juzgados de Madrid, en los seis primeros meses de este año los jueces adoptaron un total de 728 medidas privativas de libertad para otros tantos menores autores de delitos graves, lo que supone un aumento del 11,7 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Ya el año pasado, las órdenes de internamiento en régimen cerrado (1.523) superaron en España a las del ejercicio anterior (1.219).

Los delitos de lesiones se llevaron la palma (15.928), seguidos por los robos con violencia o intimidación (9.047), robos con fuerza (7.861) y hurtos (7.420). Mientras, los relacionados con la violencia de género (en el anterior ejercicio no estaba en vigor) se estrenaron con 2.607 casos relacionados con menores.

Respecto a los delitos cometidos por los menores de edad, los homicidios y las agresiones sexuales aumentaron el pasado año respecto a 2004. En cuanto a los primeros, se pasó de los 179 cometidos por menores en 2004 a los 203 de 2005. Y respecto a los delitos contra la libertad sexual, los 1.320 de 2004 se convirtieron, al año siguiente, en 1.469.

Centros saturados

En su última memoria anual, la Fiscalía General del Estado alertaba de la «saturación» de los centros de internamiento y de las «dificultades» inherentes al tratamiento de los quebrantamientos de condena. Del mismo modo, el Ministerio Público se quejaba de que los técnicos de libertad vigilada superan con creces las ratios de menores a controlar y lamentaba la «falta de formación y preparación» de los educadores responsables de ejecutar las medidas sustitutivas del internamiento.

- La delincuencia cometida por jóvenes es un fenómeno que, desgraciadamente, gana cada día más terreno.

- Los delitos graves, aquellos que llevan aparejada la adopción de medidas judiciales privativas de libertad, cada vez son cometidos en una edad más temprana y se está registrando un aumento de este tipo de medidas.

- En 2005 se abrieron diligencias a 89.707 menores por la comisión de un delito. De ellos, 47.247 tenían entre 16 y 17 años. Homicicios y agresiones sexuales aumentaron respecto al anterior ejercicio.

  

Una información de R. N. publicada por el diario LA RAZON el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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Crímenes de menores que causaron alarma social

MADRID - Sandra Palo fue llevada hasta un polígono donde la violaron, estando inconsciente la atropellaron repetidas veces, la rociaron con gasolina y la prendieron fuego cuando aún estaba viva. La gasolina fue clave para detener a los agresores. Los asesinos, menores de edad, fueron condenados a penas que oscilan entre los 4 y los 8 años de internamiento en un centro de reclusión.

Asesino de la catana. José Rabadán, de 16 años, mató a sus padres y a su hermana, con síndrome de Down, el 1 de abril del 2000, con unos 70 golpes de catana en su propia casa, cuando estaban durmiendo. Quedó en libertad, tras concluir los 6 meses de medidas cautelares, a la espera de juicio. Rabadán fue condenado el 1 de junio de 2001 a la medida reeducativa de 12 años de internamiento en un centro terapéutico por los tres asesinatos, con la limitación legal de 8 años, a los que seguirán otros 2 de libertad vigilada.

  

Crimen de San Fernando. Iria, de 16 años, y Raquel, de 17, querían «hacerse famosas» y «saber qué se sentía al matar a una persona». Un día cogieron a Clara García, de 16 años, la llevaron a un descampado en la localidad gaditana de San Fernando, le asestaron 32 puñaladas y la degollaron. La sentencia fue de 8 años. Fueron puestas en libertad al cumplirse los 6 meses de medidas cautelares.

Jokin, 14 años se suicidó después de padecer durante un año el maltrato físico y psicológico de sus compañeros. El Instituto expulsó a los ocho presuntos agresores y Educación les asignó tutores para escolarizarles en sus domicilios.

Una información de R. N. publicada por el diario LA RAZON el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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“Secuelas de la Ley del Menor” (Editorial de LA RAZON)

El PSOE ha aceptado una enmienda que exime de prisión a los delincuentes de 18 a 21 años           

        

La inseguridad ciudadana ha crecido de forma alarmante en los últimos dos años. Frente a los mensajes complacientes del Gobierno, los ciudadanos han percibido un aumento de la criminalidad acompañado también de un cambio en las características de esos delitos, con la violencia extrema como denominador común de muchos de ellos. En ese contexto, resulta especialmente relevante el incremento de una delincuencia juvenil con nuevas connotaciones aparejadas en muchos casos a cierta inmigración. La presencia en España de las bandas de jóvenes delincuentes, al estilo de las que existen en algunos países iberoamericanos, se ha convertido en una constante. La Fiscalía General desvelaba que los delitos contra la vida cometidos por niños o adolescentes han tenido una escalada del 61 por ciento desde 2002. Este simple dato avalaría por sí solo las férreas medidas adoptadas por el Ejecutivo en su reforma de la Ley del Menor, que endurece las penas y aumenta las de internamiento hasta los once años en los casos de sucesos graves o muy graves. Además, el texto recoge como un agravante el hecho de pertenecer a una banda, lo que podría suponer una medida de internamiento incluso aunque el delito no fuera de carácter violento. Es evidente, por tanto, que el Gobierno intenta poner coto a una realidad tangible que preocupa extraordinariamente a los españoles, y que está justificado en la necesidad de actuar de forma disuasoria ante determinadas conductas delictivas que no han encontrado respuesta suficiente en el actual ordenamiento. Sorprende, sin embargo, a la vista de la voluntad política que anima una reforma conveniente, que el PSOE haya aceptado en la tramitación de la nueva Ley del Menor una enmienda que exime de prisión a los delincuentes de 18 a 21 años, previsión que no incluía el proyecto aprobado en el Consejo de Ministros. Éste dejaba en manos de los jueces la posibilidad de ordenar su ingreso en la cárcel si la conducta «del menor no responde a los objetivos propuestos en la sentencia». Los debates en el Senado podrían devolver al texto su redacción original, aunque los grupos parlamentarios dudan y no se definen, lo que no es una buena noticia. Es evidente que con el solo endurecimiento de la legislación no se conseguirán resultados en la recuperación de menores delincuentes, y que son precisos más medios para la educación y para la prevención, pero un Estado de Derecho, que tiene también la obligación de defender la seguridad de sus ciudadanos, no puede pecar de ingenuidad o de generosidad gratuita. En todo caso, hablamos de prisión por delitos de extrema gravedad para individuos que ya han superado la mayoría de edad y siempre que el juez estime que no han cumplido las exigencias impuestas en la sentencia. Los dos grupos mayoritarios tienen la oportunidad de enmendar la situación con un acuerdo en la Cámara Alta.

Editorial publicado por el diario LA RAZON el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Noruega confirma que hay contactos previos con ETA

OSLO.- El Gobierno español está manteniendo contactos previos con representantes de la banda terrorista ETA. Las conversaciones se están desarrollando en algún lugar de Noruega. Así se lo han confirmado fuentes del Gobierno noruego a una televisión de este país, la cadena TV2.

El canal dio cuenta anoche de que informantes anónimos del Ejecutivo noruego confirmaban la noticia, informa Reuters.

Ayer mismo, el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba negaba tales informaciones y aseguraba que no tenían ningún fundamento. En una rueda de prensa, el ministro aseguraba que los datos ofrecidos por el diario ABC, según los cuales el Gobierno español estaría manteniendo conversaciones previas con miembros de la banda, eran absolutamente falsos. «No es verdad. No hemos mantenido ningún contacto», dijo Rubalcaba, quien añadió que, en el caso de abrirse esas conversaciones, los partidos políticos serían los primeros en conocerlo.

Una información publicada en el diario EL MUNDO el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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El PP asegura que «no es casual» que los contactos Gobierno-ETA sean en Oslo

VALENCIA. El secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, aseguró ayer que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «ha aceptado tratar a España y al País Vasco como si fueran Israel y Palestina, tal y como siempre ha exigido la banda terrorista». Estas declaraciones, realizadas ayer en Valencia, hacían referencia a la noticia publicada ayer en ABC en la que se informaba de que el Ejecutivo y ETA están manteniendo contactos en Oslo para abordar la negociación «armas por presos».

En este sentido, Acebes indicó que «vemos cómo vuelven a aparecer noticias de los contactos entre el Gobierno de todos los españoles y ETA», y advirtió que la elección de la capital noruega «no es casual», ya que se busca un «mensaje y un símbolo» con una mediación internacional, dado que fue en esa ciudad donde en 1993 se firmaron los acuerdos entre el Gobierno israelí y la OLP.

El popular añadió que «también ha llevado el proceso de negociación a la Unión Europea, como si se tratara de dos países distintos que necesitan de una instancia internacional para resolver sus problemas y sus conflictos», y presagió que, el día menos pensado, Rodríguez Zapatero, «pedirá que el falso conflicto entre España y el País Vasco se trate en Naciones Unidas».

A juicio de Acebes, hace dos años y medio, ETA «estaba a un paso de la derrota», con «Batasuna expulsada de las instituciones, los etarras corriendo como conejos y las víctimas con todo el respaldo y el reconocimiento del Gobierno», lo que confrontó con la situación actual, en la que la banda armada «está a un paso de la victoria», con «Batasuna negociando con el ministro del Interior su legalización, a punto de conseguir la mesa de la autodeterminación y las víctimas abandonas por el presidente del país».

En esta tesitura, lamentó que, mientras tanto, «los socialistas vascos se alían en el Parlamento autonómico con los nacionalistas y los proetarras contra el PP y nuestra iniciativa de condena a ETA».

Rubalcaba niega los contactos

Por la tarde, y preguntado por los periodistas, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, negó que se hayan establecido contactos entre el Gobierno y ETA y aseguró que cuando se produzcan, los partidos políticos serán los primeros en enterarse.

Una información de Javier Reigadas publicada en el diario ABC el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

MADRID.- Nunca EL MUNDO estuvo tan cerca de El País. Nunca el ABC estuvo tan lejos de EL MUNDO. Nunca La Razón estuvo tan cerca de ABC. Estas son las tres conclusiones que se desprenden de los últimos datos distribuidos por la Oficina para la Justificación de la Difusión (OJD) esta semana, correspondientes tanto a la difusión como a la venta en quiosco de los cuatro grandes diarios nacionales durante los meses de julio y agosto.

La consolidación e incluso la acentuación de las tendencias que vienen arrastrándose desde comienzos de año empiezan a constituir ya lo que un experto del sector del control de la difusión califica como «auténtico corrimiento de tierras con muy pocos precedentes».

De acuerdo con este criterio, si la tendencia reflejada en estas cifras se mantuviera durante un par de años, podría llegar incluso a producirse una alteración del ranking de los grandes diarios nacionales con EL MUNDO disputando el liderazgo a El País y La Razón a punto de alcanzar a ABC.

Como puede apreciarse en el cuadro adjunto, la difusión total del diario de Unedisa volvió a rebasar cómodamente los 300.000 ejemplares durante los meses de julio y agosto, en los que tradicionalmente disminuyen las ventas. Mientras nuestro periódico obtuvo crecimientos del 6% y el 3% en esos meses de verano, tanto El País como ABC tuvieron caídas en torno al 12% en el total de su difusión.

El termómetro del quiosco

Aún es más significativo el comportamiento de la venta en los quioscos, que es el termómetro que mejor refleja la sensibilidad del mercado. EL MUNDO superó los 231.000 ejemplares en ambos meses, mientras que El País llegó a perder 67.000 copias en julio y se quedó en agosto en 293.000. Es decir, sólo 62.000 copias por delante de EL MUNDO, que habría que reducir a la mitad en el mercado de lunes a sábado, teniendo en cuenta el fuerte impacto que las ventas de El País de los domingos tienen sobre el promedio.

Si combinamos estas cifras con las de la audiencia en internet, puede afirmarse sin ninguna duda que EL MUNDO y elmundo.es son ya el diario con más lectores de España. Mientras elmundo.es roza los 10 millones de usuarios únicos al mes, según la OJD, elpais.es ha preferido no reintegrarse a este control después de haber sido expulsado por manipular su audiencia. En todos los demás sistemas de medición aparece muy por debajo de elmundo.es.

Y mientras las distancias entre la edición impresa de EL MUNDO y la de El País se acortan, la que separa a nuestro diario del tercero en el ranking, el ABC, se agigantan. Según su propia declaración a OJD, la venta en quiosco del veterano rotativo conservador no llegó a alcanzar los 127.000 ejemplares en julio y apenas rebasó esa cifra en agosto. Es decir, 104.000 menos que los declarados por EL MUNDO.

La ampliación de lo que ya empieza a ser una enorme brecha que los expertos consideran poco menos que irreversible es fruto de las caídas del 23% y casi el 20% que sufrió ABC durante esos dos meses. De mantenerse esa tendencia, pronto podrá decirse que EL MUNDO vende en los quioscos el doble de ejemplares que ABC, mientras su cifra de suscriptores permanece muy pareja.

Teniendo en cuenta que la venta en quioscos de La Razón fue de 95.800 ejemplares en julio y 93.500 en agosto -con subidas cercanas al 5%- es fácil desprender dos nuevas conclusiones. Por un lado, que EL MUNDO vende ya más que el ABC y La Razón juntos, un avance que refleja el apoyo de los lectores a su esfuerzo por esclarecer el 11-M. Por el otro, que el diario fundado por Luis María Anson después de su salida del que él define como «el ABC auténtico» está ya a poco más de 30.000 ejemplares del buque insignia de Vocento.

En los resultados acumulados de los ocho primeros meses del año se reflejan las mismas tendencias marcadas por los meses de verano. Hay un periódico que sube significativamente, que es EL MUNDO, pues lleva ganados más de 11.000 ejemplares en el cómputo de difusión total y casi 14.000 en el de la venta al número. Hay otro periódico que sube levemente, que es La Razón, pues gana 6.400 ejemplares en uno y otro cómputo. Y, en cambio, los otros dos diarios arrastran caídas históricas: El País pierde 39.000 ejemplares en la difusión total y nada menos que 44.200 en la venta al número; el ABC pierde cerca de 34.000 en la difusión total y nada menos que 42.000 en la venta al número. Este último dato supone hasta un 23% de descenso acumulado anual, cifra sin precedentes en un mercado maduro como el nuestro.

Aunque es evidente que las alzas registradas por EL MUNDO y La Razón no cubren ni de lejos las bajadas de El País y ABC, hay que subrayar el simultáneo crecimiento exponencial de la audiencia de los diarios en internet, un ámbito en el que elmundo.es es -según los datos del medidor Alexa- el diario electrónico de mayor audiencia de España, el líder mundial de la información en castellano y el tercer portal absoluto en castellano después de dos de los buscadores de Google.

Una información publicada por el diario EL MUNDO el lunes 2 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Quienes se hayan sorprendido por la virulencia con que tanto el perpetuo órgano del Partido Socialista como el veterano portavoz de la derecha tradicional -pasmosamente convertido en segundo piloto de la escudería gubernamental- están desencadenando su actual ofensiva de otoño contra EL MUNDO, pueden encontrar hoy la explicación en nuestras páginas de Comunicación.

El veredicto del mercado, según la información suministrada por los propios editores a la OJD, no puede ser más rotundo. En el acumulado de los ocho primeros meses del año, mientras las ventas en quiosco de EL MUNDO registran un incremento de 16.000 ejemplares -caso único entre los grandes diarios de calidad europeos- las de El País y el ABC sufren pérdidas de nada menos que 40.000 ejemplares por cabecera.

Eso significa que mientras EL MUNDO se ha puesto a un tiro de piedra de El País, su ventaja respecto al ABC supone ya un abismo infranqueable de más de 100.000 copias. Si a ello le unimos la rotunda hegemonía de elmundo.es en internet con varios millones de usuarios únicos mensuales de ventaja sobre las ediciones electrónicas de tales competidores, el resultado es que nuestro periódico -este periódico- se ha convertido ya en el líder absoluto de la prensa de información general en España cuando aún no ha cumplido los 17 años de vida. ¡Quién lo hubiera dicho hace tan sólo un lustro!

No somos nosotros quienes tenemos que echarnos flores, pero es evidente que junto al rigor y dinamismo de sus informaciones, la centralidad transideológica de sus opiniones y el pluralismo de sus grandes columnistas, la clave del éxito de EL MUNDO es la credibilidad de su periodismo de investigación. Ahí están las sentencias judiciales que acreditan que cuanto descubrimos y alegamos en solitario sobre los GAL, los fondos reservados, Filesa, Ibercorp o las escuchas ilegales del CESID era cierto.

El pánico de El País y ABC ante la caída -en el segundo caso, desplome- de sus difusiones y la constatación de que nuestras investigaciones sobre el 11-M van proporcionando a los ciudadanos datos esenciales que de otro modo desconocerían, es lo que les ha hecho perder los nervios hasta empeñarse en una alocada campaña de desprestigio contra EL MUNDO en la que todo vale: desde la grotesca manipulación por parte de El País de unas palabras de Trashorras referidas a otro asunto para dar a entender falazmente que le habíamos pagado, hasta la patética invitación por parte del director de ABC a que el director de la Policía y la Guardia Civil haga lo que pueda para que el fiscal del Estado emprenda acciones penales contra nosotros. En ese contexto se encuadra el infame linchamiento de los tres peritos víctimas del montaje -probablemente prevaricador- del juez Garzón.

Con orientaciones idénticas, enfoques calcados y hasta con las mismas palabras, estos dos hermanos siameses unidos por el común tronco de la subordinación a la estrategia gubernamental parecen empeñados día a día en una ofensiva concertada en forma de pinza para obligar a EL MUNDO a abandonar sus pesquisas o, al menos, para desprestigiar sus revelaciones.

Se trataría de intentar trasladar al terreno periodístico la coincidencia en la crítica que una fuerza de izquierdas -la IU de Anguita- y una de derechas -el PP de Aznar- desplegaron contra los abusos del felipismo hace ahora una década. Pues bien, como también de aquella oportuna conjunción -que acaba de evocar con gran precisión Anguita en sus memorias- se nos hizo responsables, estamos en condiciones de advertir que las dos diferencias esenciales son que ahora EL MUNDO no tiene nada de lo que avergonzarse -todo lo contrario- y que quienes nos acosan no pugnan por averiguar la verdad sino por ocultarla.