El Blog

Calendario

<<   Octubre 2006  >>
LMMiJVSD
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

Sindicación

Alojado en
ZoomBlog

El Gobierno ha trasladado a la Península este año a 19.010 subsaharianos inexpulsables

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 12:30, Categoría: Inmigración

De los 28.000 inmigrantes llegados a Canarias entre enero y octubre, Interior sólo ha podido repatriar a 8.077. Los que permanecen en España, condenados a la economía sumergida. El 88% de los procedentes de Mali se queda

Madrid - La mayoría de los inmigrantes logra su objetivo. El Gobierno ha tenido que trasladar a la Península a 19.010 subsaharianos que han llegado a Canarias en cayuco entre el 1 de enero de 2006 y el 13 de octubre de 2007, de los cerca de 28.000 que han intentado acceder a España a través de las islas.

Ninguno de los trasladados pudo ser identificado por la Policía para devolverlos a su país de origen, así que han pasado a convertirse en inmigrantes indocumentados con una orden de expulsión imposible de cumplir. Los datos, recogidos en un informe interno del Ministerio del Interior al que ha tenido acceso LA RAZÓN, constatan que el 68 por ciento de los subsaharianos que llegaron este año a España por Canarias no han podido ser devueltos a sus países y vagan por algún punto de España o algún otro país europeo. Esto significa, además, que los que trabajan lo hacen en la economía sumergida, ya que el tener una orden de expulsión, aunque no se pueda cumplir, les deja fuera de los cauces legales de la contratación.

Una aventura con final feliz

Frente a los 19.010 que el Ejecutivo tuvo que enviar a la Península para aliviar la presión migratoria que sufre Canarias, el Gobierno sólo pudo repatriar a países africanos hasta el pasado 13 de octubre a 8.077 indocumentados: 3.404 a Senegal, 100 a Guinea Bissau, 354 a Mali, 4.100 a Marruecos y 119 a Nigeria. Es decir, casi tres veces menos de los que envió a la Península.

Y si atendemos sólo a los ciudadanos de Mali que han llegado a España sin documentación y que fueron trasladados a la Península (2.991), el Gobierno español sólo logró que las autoridades malienses readmitiera a 354. Esto significa que el 88 por ciento de los inmigrantes procedentes de este país que intentaron la aventura de cambiar de vida arriesgarse a un incierto viaje en cayuco para acceder a Canarias logró su objetivo.

Si el Gobierno tuviera que sufragar los gastos de repatriación de todos los inmigrantes que llegan a España de manera irregular el gasto sería desproporcionado. Sólo en lo que va de año el Ejecutivo ha desembolsado 36 millones de euros, tres millones más de lo que se ha presupuestado para 2007 y 14 más que lo que se dedicaba en 2003.

Los gastos son ingentes, no sólo por el coste de los pasajes de los inmigrantes y de los policías que los acompañan en el trayecto. A este desembolso hay que añadir los 50 euros que el Ejecutivo da a cada indocumentado en concepto de ayuda una vez que el avión aterriza en el país de origen del extranjero para que pueda regresar a su pueblo. Los policías vienen a cobrar una media de 150 euros por cada jornada de repatriación en la que intervienen que, en el caso de los países africanos, se resuelve en un sólo día.

Además, existe la sospecha entre los agentes de que el militar del país africano que recepciona el vuelo con los irregulares repatriados y da el visto bueno de que el traslado se ha realizado en condiciones humanitarias, como ha ocurrido en todos los vuelos que el Ejecutivo ha fletado a Senegal, percibe 3.000 euros. De ser ciertos estos rumores, si se han fletado 63 aviones hasta el 25 de octubre pasado con senegaleses que han vuelto a casa, el desembolso para los militares encargados de aceptar a los senegaleses ha sido de 189.000 euros.

En Mauritania se dice que el gasto era aún mayor, y que el «maletín» que percibían los militares del país era de 6.000 euros por vuelo.

Al margen de estos gastos puntuales, la voluntad de que los países africanos acepten a sus ciudadanos de regreso al país se gana también con dinero. Basta con ver como ejemplo el caso de Guinea-Conakry, a donde viajó el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el pasado 9 de octubre. Hasta este año el país africano sólo percibía 500.000 euros en ayuda a la cooperación, pero a partir de la visita de Moratinos la cifra se multiplicará por diez y pasa a cinco millones de euros la ayuda urgente para diversos programas. De este modo, el Gobierno guineano se comprometía a aceptar 156 guineanos «sin papeles» a cambio de cinco millones en ayudas.

Los indocumentados que logran quedarse en España y son trasladados a la Península son acogidos en la mayoría de los casos por ONG. De los 19.010 que se han enviado hasta el pasado 13 de octubre, 17.666 han sido acogidos por organizaciones como Accem, Cáritas, Casas de Caridad, CEAR, Cepain, Cruz Roja, MPDL, La Calle, San Juan de Dios, Pro Libertas y las Comunidades autónomas. Un total de 1.344 han sido ingresados en centros de internamiento de extranjeros que funcionan en régimen cerrado donde los indocumentados ingresan por un máximo de 40 días para ser entrevistados por la Policía, documentarles y repatriarles se pueden ejecutar los trámites en el margen de tiempo que estipula la ley. En caso contrario, quedan en libertad.

Al margen de los gastos de avión previstos por el traslado de inmigrantes, el Gobierno ha fijado programa de actuación para la atención humanitaria y la acogida en la Península de inmigrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. En virtud de este protocolo el Ejecutivo se compromete a pagar a las ONG y autonomías que se hacen cargo de los irregulares 25 euros al día. El tiempo medio de estancia en las plazas de acogida es de 7 a 15 días, aunque en casos de especial vulnerabilidad el período de acogida puede extenderse a los tres meses con posibilidad de prórroga en función de las circunstancias individuales.

En las plazas de acogida los extranjeros reciben teóricamente manutención y alojamiento, información sobre su situación administrativa, formación mínima sobre el idioma, en caso necesario, son sometidos a análisis médicos y reciben información sobre las posibilidades de retorno voluntario.

Si los inmigrantes son menores, el Gobierno subvenciona a la Comunidad autónoma que se hace cargo de su tutela con 80 euros por menor y día.

Los datos de los que dispone Interior constatan también que la mayoría de los traslados se producen a ciudades donde gobierna el Partido Popular. Es el caso de Madrid, que se sitúa a la cabeza en el ránking de comunidades más solidarias con 12.157 en lo que va de año. Le sigue de lejos Barcelona con 1.114.

Miles de canarios denuncian en la calle la saturación de «sin papeles» en las Islas

S. cruz de Tenerife - Unas dos mil personas, según la Subdelegación del Gobierno en Canarias, y 8.500 según la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, se manifestaron ayer domingo por la mañana en la capital tinerfeña para reclamar un alto en la llegada de inmigrantes ilegales. La concentración se convocó bajo el lema de «Basta ya, no cabemos más». Según el decálogo impreso en unas octavillas, los manifestantes demandaron al Gobierno central un mayor control de la población, una ley de residencia y medidas que pongan fin al tráfico de seres humanos. La manifestación fue convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos y la organización Identidad Canaria, a los que se sumaron el Partido Nacionalista Canario (PNC), el Centro Canario Nacionalista (CCN) y una decena de miembros del partido ultraderechista Democracia Nacional. El portavoz de los convocantes, Mateo López, se desmarcó de cualquier símbolo xenófobo y afirmó que pretenden llamar la atención de los políticos para que pongan remedio al aumento de población y evitar que se desaten esas actitudes en el futuro. La marcha se produjo horas después de que el presidente de CC, Paulino Rivero, anunciase que presentarán una iniciativa en el Parlamento canario para reclamar al Gobierno que defienda en el próximo Consejo Europeo restricciones en la entrada de rumanos y búlgaros a Canarias.

Información de Rocío Ruiz publicada por el diario LA RAZON el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.