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30 de Octubre, 2006

Las horas más bajas de Zapatero

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 14:00, Categoría: Gobierno de España

El presidente se queda sin candidata a Madrid y con el «proceso» en la UVI

El inquilino de La Moncloa vive horas bajas. Su optimismo y talante natural han desaparecido. Su rostro sombrío refleja la tensión del momento y los nubarrones que se avecinan. Comenzó la semana con el pie cambiado. De un plumazo se quedó sin candidata a la Alcaldía de Madrid y con el «proceso de paz» al borde del abismo. Horas después de la negativa de su «número dos» a enfrentarse a Gallardón, un comando de ETA robaba 350 pistolas en una armería francesa. Era la peor noticia que le podían dar al presidente. José Luis Rodríguez Zapatero se ha jugado todo su futuro político a una sola carta: la del fin del terrorismo. Y, al parecer, la carta está marcada.

Cuando le comunicaron la acción terrorista el lunes por la noche, no daba crédito. Ya consideraba superada la etapa de bloqueo que había sufrido el proceso este verano. Es más, había dado orden de iniciar antes de concluir este año las negociaciones formales con la cúpula etarra. Al día siguiente del robo, el martes, mantuvo un discreto silencio para no eclipsar el debate que horas más tarde iniciaría la Eurocámara sobre el «proceso de paz» en España. Debate éste que se saldó con el hemiciclo de Estrasburgo dividido por la mitad y en el que Zapatero logró un pírrico apoyo a su iniciativa de diálogo con la banda.

Pero sabía que debía dar una respuesta firme ante semejante acción terrorista, que vulnera la tregua permanente, para no socavar su crédito. Con la excusa de su reunión con el primer ministro belga, compareció ante la prensa con el rostro totalmente demudado. Y lanzó la advertencia: «Si se confirma la autoría etarra, tendrá consecuencias». Pero no se atrevió a anunciar la paralización del proceso.

Candidato a la desesperada

Antes de verse forzado a tirar la toalla y por la borda su carrera política, comenzará de nuevo a la desesperada la famosa fase de verificación. Zapatero lleva esta semana a la espera de la información sobre el robo. Cuando haya estudiado hasta el último detalle, tomará una decisión, que, según fuentes gubernamentales, pasará irremediablemente por la paralización del proceso, si ETA no da muestras de su voluntad de renunciar a la violencia. Para sondear esta voluntad, ha encargado a sus mediadores contactar con el dirigente etarra Josu Ternera.

Antes de su nocturno aviso a ETA, por la mañana presentó en Ferraz, cuartel general de los socialistas en Madrid, al candidato a la Alcaldía de la capital, Miguel Sebastián. Zapatero abandonó la sede socialista visiblemente emocionado. No era para menos. Acababa de desprenderse de su confidente y, lo que es más importante, de su asesor económico, que le ha sacado de tantos apuros a la largo de la legislatura. Sebastián ha sido quien ha llevado, en la sombra, las riendas de la política económica. De hecho, el presidente había pensado en él para ocupar la Vicepresidencia económica. Sin embargo, razones personales de última hora le impidieron aceptar el cargo.

La candidatura de Sebastián es la historia de una candidatura improvisada. Amigo personal del presidente, no pudo negarse y dio un paso adelante para sacarle del apuro en el que se había metido con el candidato al Ayuntamiento madrileño.

El presidente se lo propuso el martes pasado y Sebastián le devolvió el favor de estos años asumiendo el reto de medirse con Gallardón, en principio, para perder. De hecho, fuentes de La Moncloa reconocen que lo tiene muy complicado, sobre todo porque sólo quedan seis meses para dar a conocer a un rostro totalmente desconocido no sólo entre los madrileños, sino también entre los políticos. Sebastián tendrá que dar el do de pecho para arañarle votos a Gallardón. Y, además, deberá recurrir a su capacidad de seducción para ganarse a los dirigentes de la Federación Socialista Madrileña, en pie de guerra porque nadie ha tenido en cuenta su criterio a la hora de elegir a su candidato.

Zapatero lo designó el martes un tanto a la desesperada, después de que la jornada anterior De la Vega le comunicará su decisión de seguir en el Gobierno. Aunque había dejado en sus manos el aceptar o no su oferta, no ocultó su desagrado ante su negativa y la campaña de las feministas en favor de su continuidad en La Moncloa. Pese a ello, la consigna que corre por los pasillos monclovitas es la de rebajar importancia al rechazo de De la Vega. Se trata de hacer como si no hubiera pasado nada. Pero la confianza del presidente en su «número dos» ahora no es la de hace tres semanas.

La candidatura de la alcaldía a Madrid no sólo ha enfriado la relación entre Zapatero y De la Vega, sino también la de esta última con el ministro del Interior.

Información de Inmaculada G. De Molina publicada por el diario LA RAZON el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La candidatura por Madrid enfría la relación entre Zapatero y De la Vega

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 13:00, Categoría: Gobierno de España

Rubalcaba se postuló para ocupar la vicepresidencia del Gobierno y seguir al frente de Interior

Madrid. Quizá, José Bono, ex ministro de Defensa, no era consciente de la guerra interna que su no iba a provocar en el seno del Gobierno socialista. Una guerra que ha abierto de par en par la caja de los truenos. Al no de Bono, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tenido que lidiar con el otro no rotundo de María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, y con las maniobras del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, intentando ocupar el puesto de la número dos del Ejecutivo.

Muchos han querido aprovechar la que se conoce ya como la crisis de Madrid para ganar posiciones dentro del propio Ejecutivo. El más interesado, el que más se ha movido en la trastienda, ha sido Rubalcaba.

Parece que la cartera de Interior se le quedaba pequeña y quería aumentar su cuota de poder y de cercanía con el presidente. Para ello debía quitarse de en medio en su carrera de ambición a la número dos del Ejecutivo.

Por ese motivo, según explican fuentes cercanas al propio ministro, Rubalcaba se había convertido en el gran defensor de que fuera la vicepresidenta la que aspirara a la Alcaldía de Madrid. Las relaciones entre ambos son cordiales pero lejanas.

Ambición y poder

Pero Rubalcaba quería más. Ya era poco para él ser el portavoz parlamentario en el Congreso. Fue una sorpresa, incluso para él, su nombramiento como ministro del Interior. Pese a ello, intentó mantenerse en primera línea de acción de los contactos entre el Gobierno y la organización terrorista.

Sus últimos movimientos con la crisis de Juana Chaos le han permitido avanzar en su implicación en el proceso y recuperar el terreno perdido tras su nombramiento como ministro del Interior.

El presidente del Gobierno quería retirarle de la primera línea de contactos. Pero Rubalcaba cree que tiene posibilidades de salir en la foto de la paz si logra hacerse con la silla de Fernández de la Vega.

Como vicepresidente se convertiría en el gran consejero de Zapatero, en su sombra durante veinticuatro horas al día y su capacidad de influencia sería ya ilimitada. La jugada de Rubalcaba no es únicamente hacerse con la vicepresidencia del Gobierno.

Su gran apuesta es conservar también la cartera de Interior. De esta forma sería vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior como ya lo fuera en su momento Mariano Rajoy.

Dentro de los cálculos que barajan destacados dirigentes socialistas no se descarta también que pudiera haber cogido la portavocía del Gobierno y hubiera dado la habitual rueda de prensa de los viernes tras el Consejo de Ministros.

Pero, de momento, Rubalcaba no ha conseguido su objetivo aunque quienes lo conocen no dudan que seguirá intentando desbancar a la vicepresidenta.

Y en medio de todas estas maniobras, al ministro del Interior le ha salido un duro contrincante. Mucho más discreto. Desde un segundo plano. Sin demostrar la desmesurada de ambición de Rubalcaba y con unos antecedentes laborales menos sospechosos que los del actual ministro del Interior.

Al acecho

José Antonio Alonso no habla pero también espera paciente. Sabe que puede ser el sustituto de Fernández de la Vega en algún momento de la legislatura. Sus opciones son también claras y contundentes: cuenta con una cercanía al presidente del Gobierno que no tiene Rubalcaba. Alonso y Zapatero eran compañeros de pupitre en León. Eso siempre le otorga una ventaja. También el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aspira a mucho, pero sus opciones por el momento parecen ser mínimas.

Zapatero al final ha tenido que mover pieza y ha situado al frente de la candidatura de Madrid a Miguel Sebastián, su asesor económico. Una candidatura que lo único que ha hecho es encender más la lucha interna que vive actualmente el PSOE por ganar peso dentro del Gobierno. La crisis de Madrid ha dejado en el camino muy tocada la relación entre la vicepresidenta segunda y el propio presidente.

Para el presidente del Gobierno, Fernández de la Vega era su candidata ideal. En su concepto político no comprende que el presidente del Gobierno no sea el más valorado y que su número dos le supere en simpatía.

Éste era, según las fuentes consultadas por LA GACETA, el principal motivo de la candidatura de la Vega como rival de Alberto Ruiz Gallardón, además de ser, según sus encuentras internas, una gran candidata.

Pero el gran problema de toda esta teoría de las ambiciones es que ha fallado la premisa principal: Fernández de la Vega nunca quiso ser la candidata y se ha opuesto a ello con uñas y dientes.

Así, llegados a este punto, y tras la oposición rotunda a los designios del “jefe”, las relaciones entre María Teresa Fernández de la Vega y Zapatero parecen haberse enfriado del todo.

Unas relaciones que a pesar de la propaganda oficial nunca ha sido muy buenas y que pueden llevar a la salida del Gobierno de la vicepresidenta en la próxima crisis ministerial. Sería entonces el momento de Rubalcaba.

Información de J. M. Pérez publicada por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El Gobierno ha trasladado a la Península este año a 19.010 subsaharianos inexpulsables

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 12:30, Categoría: Inmigración

De los 28.000 inmigrantes llegados a Canarias entre enero y octubre, Interior sólo ha podido repatriar a 8.077. Los que permanecen en España, condenados a la economía sumergida. El 88% de los procedentes de Mali se queda

Madrid - La mayoría de los inmigrantes logra su objetivo. El Gobierno ha tenido que trasladar a la Península a 19.010 subsaharianos que han llegado a Canarias en cayuco entre el 1 de enero de 2006 y el 13 de octubre de 2007, de los cerca de 28.000 que han intentado acceder a España a través de las islas.

Ninguno de los trasladados pudo ser identificado por la Policía para devolverlos a su país de origen, así que han pasado a convertirse en inmigrantes indocumentados con una orden de expulsión imposible de cumplir. Los datos, recogidos en un informe interno del Ministerio del Interior al que ha tenido acceso LA RAZÓN, constatan que el 68 por ciento de los subsaharianos que llegaron este año a España por Canarias no han podido ser devueltos a sus países y vagan por algún punto de España o algún otro país europeo. Esto significa, además, que los que trabajan lo hacen en la economía sumergida, ya que el tener una orden de expulsión, aunque no se pueda cumplir, les deja fuera de los cauces legales de la contratación.

Una aventura con final feliz

Frente a los 19.010 que el Ejecutivo tuvo que enviar a la Península para aliviar la presión migratoria que sufre Canarias, el Gobierno sólo pudo repatriar a países africanos hasta el pasado 13 de octubre a 8.077 indocumentados: 3.404 a Senegal, 100 a Guinea Bissau, 354 a Mali, 4.100 a Marruecos y 119 a Nigeria. Es decir, casi tres veces menos de los que envió a la Península.

Y si atendemos sólo a los ciudadanos de Mali que han llegado a España sin documentación y que fueron trasladados a la Península (2.991), el Gobierno español sólo logró que las autoridades malienses readmitiera a 354. Esto significa que el 88 por ciento de los inmigrantes procedentes de este país que intentaron la aventura de cambiar de vida arriesgarse a un incierto viaje en cayuco para acceder a Canarias logró su objetivo.

Si el Gobierno tuviera que sufragar los gastos de repatriación de todos los inmigrantes que llegan a España de manera irregular el gasto sería desproporcionado. Sólo en lo que va de año el Ejecutivo ha desembolsado 36 millones de euros, tres millones más de lo que se ha presupuestado para 2007 y 14 más que lo que se dedicaba en 2003.

Los gastos son ingentes, no sólo por el coste de los pasajes de los inmigrantes y de los policías que los acompañan en el trayecto. A este desembolso hay que añadir los 50 euros que el Ejecutivo da a cada indocumentado en concepto de ayuda una vez que el avión aterriza en el país de origen del extranjero para que pueda regresar a su pueblo. Los policías vienen a cobrar una media de 150 euros por cada jornada de repatriación en la que intervienen que, en el caso de los países africanos, se resuelve en un sólo día.

Además, existe la sospecha entre los agentes de que el militar del país africano que recepciona el vuelo con los irregulares repatriados y da el visto bueno de que el traslado se ha realizado en condiciones humanitarias, como ha ocurrido en todos los vuelos que el Ejecutivo ha fletado a Senegal, percibe 3.000 euros. De ser ciertos estos rumores, si se han fletado 63 aviones hasta el 25 de octubre pasado con senegaleses que han vuelto a casa, el desembolso para los militares encargados de aceptar a los senegaleses ha sido de 189.000 euros.

En Mauritania se dice que el gasto era aún mayor, y que el «maletín» que percibían los militares del país era de 6.000 euros por vuelo.

Al margen de estos gastos puntuales, la voluntad de que los países africanos acepten a sus ciudadanos de regreso al país se gana también con dinero. Basta con ver como ejemplo el caso de Guinea-Conakry, a donde viajó el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el pasado 9 de octubre. Hasta este año el país africano sólo percibía 500.000 euros en ayuda a la cooperación, pero a partir de la visita de Moratinos la cifra se multiplicará por diez y pasa a cinco millones de euros la ayuda urgente para diversos programas. De este modo, el Gobierno guineano se comprometía a aceptar 156 guineanos «sin papeles» a cambio de cinco millones en ayudas.

Los indocumentados que logran quedarse en España y son trasladados a la Península son acogidos en la mayoría de los casos por ONG. De los 19.010 que se han enviado hasta el pasado 13 de octubre, 17.666 han sido acogidos por organizaciones como Accem, Cáritas, Casas de Caridad, CEAR, Cepain, Cruz Roja, MPDL, La Calle, San Juan de Dios, Pro Libertas y las Comunidades autónomas. Un total de 1.344 han sido ingresados en centros de internamiento de extranjeros que funcionan en régimen cerrado donde los indocumentados ingresan por un máximo de 40 días para ser entrevistados por la Policía, documentarles y repatriarles se pueden ejecutar los trámites en el margen de tiempo que estipula la ley. En caso contrario, quedan en libertad.

Al margen de los gastos de avión previstos por el traslado de inmigrantes, el Gobierno ha fijado programa de actuación para la atención humanitaria y la acogida en la Península de inmigrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. En virtud de este protocolo el Ejecutivo se compromete a pagar a las ONG y autonomías que se hacen cargo de los irregulares 25 euros al día. El tiempo medio de estancia en las plazas de acogida es de 7 a 15 días, aunque en casos de especial vulnerabilidad el período de acogida puede extenderse a los tres meses con posibilidad de prórroga en función de las circunstancias individuales.

En las plazas de acogida los extranjeros reciben teóricamente manutención y alojamiento, información sobre su situación administrativa, formación mínima sobre el idioma, en caso necesario, son sometidos a análisis médicos y reciben información sobre las posibilidades de retorno voluntario.

Si los inmigrantes son menores, el Gobierno subvenciona a la Comunidad autónoma que se hace cargo de su tutela con 80 euros por menor y día.

Los datos de los que dispone Interior constatan también que la mayoría de los traslados se producen a ciudades donde gobierna el Partido Popular. Es el caso de Madrid, que se sitúa a la cabeza en el ránking de comunidades más solidarias con 12.157 en lo que va de año. Le sigue de lejos Barcelona con 1.114.

Miles de canarios denuncian en la calle la saturación de «sin papeles» en las Islas

S. cruz de Tenerife - Unas dos mil personas, según la Subdelegación del Gobierno en Canarias, y 8.500 según la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, se manifestaron ayer domingo por la mañana en la capital tinerfeña para reclamar un alto en la llegada de inmigrantes ilegales. La concentración se convocó bajo el lema de «Basta ya, no cabemos más». Según el decálogo impreso en unas octavillas, los manifestantes demandaron al Gobierno central un mayor control de la población, una ley de residencia y medidas que pongan fin al tráfico de seres humanos. La manifestación fue convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos y la organización Identidad Canaria, a los que se sumaron el Partido Nacionalista Canario (PNC), el Centro Canario Nacionalista (CCN) y una decena de miembros del partido ultraderechista Democracia Nacional. El portavoz de los convocantes, Mateo López, se desmarcó de cualquier símbolo xenófobo y afirmó que pretenden llamar la atención de los políticos para que pongan remedio al aumento de población y evitar que se desaten esas actitudes en el futuro. La marcha se produjo horas después de que el presidente de CC, Paulino Rivero, anunciase que presentarán una iniciativa en el Parlamento canario para reclamar al Gobierno que defienda en el próximo Consejo Europeo restricciones en la entrada de rumanos y búlgaros a Canarias.

Información de Rocío Ruiz publicada por el diario LA RAZON el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

ETA dio de plazo hasta fin de mes para el preacuerdo de la mesa de partidos

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 12:00, Categoría: - Tregua Etarra

Antes del robo de las armas todo estaba preparado para plasmar esta semana en un documento las 'bases sólidas' de la futura negociación de un nuevo marco político y jurídico para el País Vasco

MADRID.- ETA dio un plazo para que los partidos cerraran un preacuerdo sobre la mesa política, plazo que se iniciaba sobre el pasado día 20 y que concluía al finalizar octubre. El robo de armas en Francia y las declaraciones que este acto delictivo ha provocado pueden estar influyendo en la marcha de este aspecto del proceso pero, según los datos en poder de los expertos antiterroristas, PSE, Batasuna y PNV tenían hasta el miércoles, aproximadamente, para ultimar las negociaciones que vienen realizando de manera secreta desde hace semanas.

Socialistas y nacionalistas aseguran desconocer la existencia de dichos límites temporales. La banda terrorista puede habérselos hecho llegar únicamente a Batasuna y no hay una lectura clara de cuál será el siguiente paso de ETA si alrededor de la fecha señalada no se vislumbran ciertos resultados.

De hecho, a escasos días de que finalice el mes, los dirigentes del PSE consultados aseguran que cualquier cuestión relativa a la preparación de la mesa de partidos sigue totalmente abierta y que las negociaciones no están lo suficientemente avanzadas como para que se produzca un anuncio inminente.

Sin embargo, los nacionalistas sostienen que el contenido del preacuerdo está prácticamente perfilado y reconocen que, antes del robo, estaban convencidos de poderlo cerrar hacia mediados de semana.

La idea es que el resultado de las conversaciones mantenidas se plasme en un documento en el que se establecerán las «bases sólidas» sobre asuntos políticos de fondo con un calendario estimativo sobre cuál puede ser el margen temporal para llevarlos a cabo; un calendario que sólo podría empezar a correr, según las fuentes consultadas, en el momento en el que Batasuna sea legalizada y cuando se produzca una total «ausencia de violencia».

En cualquier caso, independientemente de las fechas en las que se cierre el preacuerdo, la mesa oficial y pública no se constituirá probablemente hasta el verano, con el fin de orillar las tensiones que pudieran surgir por la celebración de los comicios municipales.

El contenido y la convocatoria de la mesa de partidos se han convertido en estos momentos en la delicada piedra angular del proceso y su preparación está requiriendo de decisiones que hace pocos meses se hubieran tenido por imposibles.

El esquema de dos mesas establecido por Batasuna en el velódromo de Anoeta -una entre el Gobierno y la organización terrorista ETA para hablar de asuntos militares como presos y armas y otra entre los partidos para abordar cuestiones políticas- provocó que, incluso antes del anuncio de alto el fuego, los representantes de las formaciones políticas vascas mantuvieran reuniones bilaterales para preparar la segunda de éstas.

Así como la mayoría de los partidos reconocieron estar manteniendo encuentros con Batasuna, los socialistas negaron que ellos estuvieran secundando estas iniciativas. Pero sí consideraron conveniente hacerlo para superar los obstáculos surgidos en el mes de julio, después de que varios miembros de la formación ilegalizada hubieran sido llamados a declarar por los jueces de la Audiencia Nacional.

Tras esa escenificación pública, mantuvieron algunos encuentros en privado que tuvieron que ser reforzados a principios de septiembre después del comunicado que la banda terrorista hizo público advirtiendo de que el proceso estaba en un momento de «crisis», y apuntando la necesidad de ir consolidando la vía política.

Se creó una situación de bloqueo porque tanto socialistas como nacionalistas recordaron que Batasuna no podría participar en la mesa política mientras no efectuase los trámites para conseguir ser legalizada, y el portavoz de esta formación, Arnaldo Otegi, pidió la firma de un preacuerdo como forma de superar el bache del momento.

La gestación de ese preacuerdo se ha estado produciendo desde entonces con los encuentros secretos habidos entre PSE, Batasuna y PNV, que en realidad son los tres únicos partidos imprescindibles para la creación de la mesa política.

Según las fuentes consultadas, en estas reuniones no se ha hablado únicamente de reglas de funcionamiento de la futura mesa pública -tales como si la presidencia ha de ser rotatoria o si las decisiones han de ser adoptadas de manera transversal-, sino que se ha entrado en asuntos de fondo -el derecho a decidir o las relaciones entre Euskadi y Navarra-, con el fin de encauzarla del modo más ajustado posible.

Se encuentre el preacuerdo en una fase avanzada, tal como indican en el PNV, o se encuentre en una fase menos definida, tal como indican los socialistas, los hechos de los últimas jornadas parecen haber enrarecido el ambiente y sugieren dificultades cuyo alcance tendrá que ser aclarado en los próximos días.

No en vano, tras el robo de 350 armas en Francia por parte, presuntamente, de ETA y la advertencia efectuada por el presidente el pasado miércoles, Arnaldo Otegi, puso el sábado otras dos condiciones -la legalización de Batasuna y la anulación de la doctrina Parot- a la del preacuerdo para desbloquear la crisis.

Información de Angeles Escriva publicada por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido

ETA respondió al Gobierno con el robo de armas por las decisiones del Supremo y la Audiencia

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 11:30, Categoría: - Tregua Etarra

MADRID / BILBAO. La cúpula de la banda terrorista ETA -que se ha desplazado del sur de Francia por «motivos de seguridad»- ordenó a uno de los «comandos» instalados en territorio galo una acción fulminante de respuesta a las dos decisiones judiciales del pasado lunes, día 23 de octubre, cuando restaban dos días para el debate parlamentario en Estrasburgo. Debate en el que los terroristas y la izquierda radical abertzale iban a conseguir -como así sucedió- que el «conflicto vasco deje de ser un asunto interno del Estado español». Pese al riesgo de que el debate y la resolución de la Eurocámara se frustrasen, ETA prefirió ofrecer una muestra de «capacidad operativa» en respuesta al auto de la «Sala del 61» del Supremo que, en ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna de 27 de marzo de 2003, acordó por unanimidad ordenar el inventario y registro de las «herriko tabernas» de Batasuna con el propósito final de proceder a la liquidación del patrimonio del partido ilegalizado en cumplimiento de la resolución 1373 de la ONU que exige que el patrimonio de bandas y organizaciones terroristas sea extinguido y destinado a determinadas causas sociales.

Registro e inventario

La «Sala del 61» disponía de un informe previo de la Agencia Tributaria sobre el particular, aunque la liquidación patrimonial definitiva de los bienes de Batasuna está pendiente de otra resolución que requiere de la emisión de informes que el Supremo ya ha solicitado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. El inventario y registro de los locales de Batasuna -cerrados tras la ilegalización en 2003, pero progresivamente abiertos como locales de reunión y recaudación de fondos del partido ilegal- es una medida provisional pero indicativa de la voluntad del Supremo de ejecutar la sentencia de ilegalización del brazo político de ETA. Ese mismo día 23 -el lunes pasado- la Sección IV de la Audiencia Nacional confirmaba el procesamiento de 38 dirigentes de Batasuna por pertenencia a banda armada, respaldando las resoluciones del juez Garzón dictadas en enero, febrero y junio de 2005.

Este auto y el del Supremo «sorprendieron» a ETA por partida doble: por un lado, porque el preacuerdo entre el PSE, el PNV y Batasuna estaba ya listo para ser discutido en la mesa de partidos políticos -el PP estará ausente- que se constituiría en diciembre. Por otro, porque la cúpula de la banda terrorista, para que el Gobierno pudiera dar el pistoletazo de salida a la negociación en la mesa extraparlamentaria, estaba dispuesta a ofrecer a Rodríguez Zapatero un nuevo comunicado declarando la «irreversibilidad» del «alto el fuego permanente», si bien, «en el contexto de este proceso». Tanto socialistas como nacionalistas, así como los batasunos, han incluido en su preacuerdo que el futuro estatuto jurídico-político incorpore el carácter nacional de Euskadi, también el «derecho a decidir» -como un concepto ambiguo respecto del de autodeterminación-, la creación de un órgano común de cooperación con Navarra y la constitución de una eurorregión integrada por el País Vasco, Navarra y las tres provincias vascas francesas que integran el Departamento de los Pirineos Atlánticos.

También está pactado el sistema de votación de los acuerdos -un sistema llamado transversal- e, incluso, las fechas aproximadas en las que el acuerdo final debería estar terminado, tal y como ha venido informando ABC.

Por su parte, el Gobierno estaba facilitando este nuevo y decisivo paso, ofreciendo señales inequívocas de determinación en la utilización de todos sus recursos para controlar la acción de la justicia. En ese contexto se inscribieron las declaraciones en el Senado del fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, en las que se negó a propiciar «una justicia de trinchera» y una «justicia vengativa», aduciendo que la justicia no «tiene que obstaculizar los procesos políticos». La decisión del fiscal general -impuesta al fiscal encargado del caso, Jesús Alonso, que se negó a asumir el planteamiento de Pumpido- de no acusar a De Juan por integración en banda armada y reducir la petición de penas por amenazas, fue otra «señal» que el Gobierno enviaba a ETA para forzarle a ofrecerle un mayor margen de maniobra.

Vuelta al punto de partida

Sin embargo, las actuaciones del pasado lunes -fuera del calendario previsto en la Moncloa- de la «Sala del 61» del Supremo y de la Audiencia han retrotraído el «proceso» a un estado inicial: la reclamación de garantías, no ya políticas, sino personales de impunidad tanto para los actuales dirigentes de Batasuna como de ETA. O en otras palabras: la banda exige a Zapatero que desactive la acción de la justicia, mediante la derogación de la ley de Partidos -de esa manera decaería la vigencia de la sentencia de ilegalización de 27 de marzo de 2003 y todos los dirigentes de Batasuna se verían libres de su condición penal de integrantes de una organización terrorista-; la revocación de la «doctrina Parot», según la cual los beneficios penitenciarios en caso de condena por varios delitos se aplican sobre cada una de las penas, alargando así la estancia en la cárcel de los condenados (los batasunos sostienen que este cambio en la aplicación de los beneficios penitenciarios es, en realidad, una «cadena perpetua») y, en su caso, las modificaciones legales necesarias para cambiar -incluso hacer desaparecer- determinados órganos jurisdiccionales que ETA y Batasuna califican de «excepción» -la Audiencia Nacional- para evocar así el Tribunal de Orden Público del franquismo. Luego vendría la política de indultos, que se irían produciendo de manera progresiva dentro de un determinado plazo temporal.

Exigencias batasunas

Este mensaje -la necesidad de neutralizar a los jueces y tribunales- es el que están lanzando insistentemente los dirigentes de Batasuna desde hace días. Otegi -al que el Gobierno confiere un carácter «esencial» en el desarrollo del «proceso»- ha instado al Ejecutivo a «desactivar los instrumentos del pasado que lastran el futuro». Consciente de las dificultades del Gobierno para garantizar la reclamada impunidad, el cabecilla batasuno declaró el sábado que la responsabilidad de la situación actual es del Ejecutivo, porque «no quiere, no tiene voluntad o no puede -nos da lo mismo- garantizar la igualdad de condiciones para el diálogo multipartito». Y puntualizó: «hay que desactivar la ley de Partidos y la imposición de la cadena perpetua a los presos».

Por su parte, el segundo portavoz más cualificado de Batasuna, Pernando Barrena, se preguntó el viernes sobre «lo que está en juego y para qué es y para qué no es este proceso», añadiendo -para que no hubiese duda alguna- que «las reglas de las que habla Zapatero y Rubalcaba no son en absoluto las de la izquierda abertzale».

El capote a De Juana

Las declaraciones de Zapatero en Soria echando un capote a De Juana -«está en el proceso», dijo el presidente, que calificó sus presuntas amenazas de «crítica pura y dura»- fueron acogidas con un despectivo silencio entre los dirigentes de Batasuna, que consideran que De Juana ha actuado en su huelga de hambre al margen de la disciplina de la organización y alque reprochan en privado no haber proclamado su militancia en ETA cuando fue preguntado al respecto por el fiscal Burgos en la vista oral.

La situación actual está demostrando que en los contactos indirectos entre el grupo de intermediarios captados por Javier Solana a instancias del jefe del Ejecutivo y los representantes de ETA, reina una «notable confusión». Zapatero lleva el «proceso de manera muy personal y al margen de las pautas y asesoramientos habituales». El presidente y tanto ETA como Batasuna no van romper el llamado «proceso», pero éste ha quedado desvirtuado, no sólo por el terrorismo callejero, sino por la «acción de aprovisionamiento y suministro» perpetrado por la banda en Francia. «Estamos en el voluntarismo», dijeron a ABC fuentes conocedoras -y muy inmediatas- de los contactos ETA-Gobierno. «No es descartable, sino todo lo contrario, que los etarras sigan delinquiendo para presionar al Ejecutivo, porque en tanto no solucionen su situación penal y la vean despejada, se han plantado y las posibilidades de Zapatero son muy escasas en este terreno; es más, ya no puede -salvo grave escándalo- hacer más de lo que hace».

Información de J. Molina, J. Pagola y A. Martínez publicada por el diario ABC el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El Gobierno reclama explicaciones a ETA sobre el robo de armas en Francia

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 11:00, Categoría: - Tregua Etarra

Utiliza a los intermediarios internacionales para conocer si fue una decisión de la «dirección»

Madrid - El Gobierno pide explicaciones a ETA. A través de los intermediarios que participan en el llamado «proceso de paz», entre ellos los suizos del centro Henry Dunant, ha solicitado a la banda que le informe de las razones por las que robó una partida de armas de un almacén en Francia. El hecho ha dejado al Ejecutivo absolutamente «descolocado», ya que daba por superadas las tensiones que se produjeron en el mes de septiembre y pensaba que las cosas iban razonablemente bien.

El robo de las 350 armas cortas, en una operación terrorista que ha requerido varias semanas de preparación, cogió por sorpresa al Gobierno que, en función de lo que le transmiten los citados interlocutores, creía que el «proceso» estaba encauzado. Ahora, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del «proceso», el Ejecutivo quiere saber si el asalto se debe a tensiones internas o es una decisión de la dirección de ETA. En ambos casos, el asunto se considera preocupante.

Sin control

El presidente del Gobierno, como ha hecho a lo largo del «proceso», ha tratado de transmitir que todo está controlado, casi previsto, y que no ocurre nada que no fuera a suceder. La realidad es diferente y, como ha pasado en otros momentos, el Ejecutivo ha carecido de la información adecuada sobre lo que se cuece en el seno de ETA.

Las acusaciones de «improvisación» lanzadas este fin de semana por el PNV contra Rodríguez Zapatero responden a una opinión bastante extendida, y no sólo en ambientes nacionalistas. La sensación que se ha tratado de transmitir desde el Palacio de la Moncloa de que todo estaba controlado y que era el presidente el que llevaba la batuta se la creen ya muy pocos.

Según las citadas fuentes, la nueva «verificación» de la que ha hablado el Gobierno consiste en que ETA explique las razones del robo de las armas. La obtención de los datos puede durar varios días o semanas, si es que los terroristas se prestan a ello, y, a la vista de lo que contesten, el Ejecutivo sabría qué camino seguir. Otra de las opciones que se consideran es que la banda haga público un comunicado en el que explique el alcance del robo. No es normal que los terroristas asuman públicamente la responsabilidad de lo que consideran «labores de abastecimiento», pero las referidas fuentes creen que en esta ocasión sí podría ocurrir.

En cualquier caso, esta «verificación» se produce después de que el Gobierno diese por bueno, con el fin de iniciar la negociación, que ETA había decidido abandonar la violencia pese a que los hechos demostraban lo contrario. La primera «verificación», en la que no fueron consultadas unidades especializadas que están sobre el terreno en el País Vasco y Navarra, se dio por resuelta con «evidente precipitación».

Fuentes antiterroristas consideran que una lectura atenta de los comunicados de la banda, de las declaraciones de sus cabecillas y de los representantes de sus presos, y un somero análisis de los acontecimientos que se han sucedido en los últimos meses, permitiría al Gobierno la obtención de respuestas rápidas y adecuadas, sin tener que recurrir a los mediadores internacionales cuya fiabilidad empieza a ser más que cuestionada.

No puede sorprender el robo de las pistolas y los revólveres si se recuerda la «demostración armada» que varios fusileros etarras hicieron el pasado 23 de septiembre en un monte de Oyarzun (Guipúzcoa). Con anterioridad habían dado lectura a un comunicado en el que expresaban la voluntad de la banda de «seguir luchando firmemente, con las armas en la mano, hasta conseguir la independencia y el socialismo de Euskal Herria». Es probable, agregan, que en esas fechas ya estuviera en preparación el asalto al almacén de Francia del que se llevaron las pistolas, los revólveres y la munición.

El problema radica en que el Gobierno se ha empeñado en transmitir a la opinión pública que hechos tan graves como el de Oyarzun, y los comunicados o declaraciones, son cosas que la banda hace «para el consumo interno». Desde luego, subrayaron, el robo de las armas y la munición es para «consumo interno» de una banda terrorista.

ETA ha reclamado, hasta en tres ocasiones, el cumplimiento de unos supuestos compromisos que el Gobierno habría adquirido a cambio de que anunciara el alto el fuego. La banda, por su parte, había renunciado a robar armas y explosivos. ¿Incumplimiento por incumplimiento?

Las fuentes consultadas no descartan que esto es lo que haya ocurrido y que los terroristas hayan enviado al Ejecutivo otro aviso, que sería el cuarto ¿y último?

Información de J. M. Zuloaga y R. L. Vargas publicada por el diario LA RAZON el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La Fiscalía investigará el partido Cataluña-Euskadi

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 10:00, Categoría: Terrorismo

Barcelona - La denuncia de la asociación Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha sido escuchada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La asociación hizo ayer público un comunicado en el que aseguraba que el Ministerio Fiscal ha abierto una investigación por los incidentes habidos en el transcurso del partido de fútbol entre las selecciones de Cataluña y Euskadi, que tuvo lugar el pasado 8 de octubre, y en cuyas gradas pudieron verse todo tipo de pancartas, en su amplísima mayoría de corte independentista.

La denuncia de la asociación, presentada el pasado día 10 de octubre, se basaba en el hecho de que «resulta evidente que en el referido encuentro, determinados grupos de personas, perfectamente organizados, y cuya identificación no debe resultar difícil, al amparo del legítimo ejercicio de la libertad de expresión, exhibieron de manera ostensible pancartas que contenían expresiones y eslóganes de exaltación de la organización terrorista Eta y de la “lucha armada”, así como de determinados terroristas convictos, tal y como han mostrado todos los medios de comunicación, ante la total pasividad de los responsables del orden», explica en el documento.

El texto de la denuncia hace referencia, también, a otros carteles portados por los asistentes y que aparecieron entre las gradas en los que se defendía al procesado por pertenencia a banda armada, Iñaki de Juana Chaos, añadió el presidente de la asociación, Francisco Caja.

La asociación mantiene que dicho comportamiento «es indudablemente constitutivo de delito de exaltación del terrorismo», recogido en el Código Penal en su artículo 579. Sostiene, además, que durante el partido «se profirieron frases y se exhibieron pancartas que contenían graves ofensas y ultrajes a España, sus símbolos o emblemas, llegándose a quemar la bandera española», sostiene, amparándose en «el delito contemplado en el artículo 543».

A través de dicho comunicado, Convivencia Cívica Catalana afirmó que el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, «ha puesto en conocimiento de los denunciantes la incoación de diligencias procesales para depurar las responsabilidades». «La Fiscalía cuenta con unos días para posicionarse sobre un caso, y a nosotros nos ha respondido favorablemente», dijo Caja.

A raíz de la decisión fiscal, la asociación quiso expresar su «satisfacción» por esta medida, que «confirma su confianza en las instituciones políticas en la seguridad de que, en esta ocasión, ha de prevalecer la legalidad, los derechos de los ciudadanos, y el interés público tutelado por la Ley frente a la barbarie de los terroristas y de los que los secundan».

Información de Xiana Siccardi publicada por el diario LA RAZON el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Piden hasta 32 años para la 'célula Dixan'

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 9:30, Categoría: Al Qaeda

MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá entre 22 y 32 años de prisión para seis presuntos miembros de una célula islamista, conocida como 'comando Dixan', detenidos en Cataluña en 2003 y en cuyo poder se hallaron sustancias que, según el FBI, sirven para fabricar 'napalm' casero.

En el juicio que comenzará hoy, el fiscal sostendrá que uno de los acusados, Mohamed Taharaoui, formó una «célula terrorista de carácter integrista islámico» con Smail Boudjelthi, Ali Kaouka, Souhil Kaouka, Mohamed Amine Benaboura y Mohamed Nebbar.

El grupo, según la Fiscalía, «tenía como finalidad prestar apoyo logístico y de infraestructura a la célula terrorista francesa constituida por Merouane Benahmed, considerado 'el químico' o 'el artificiero'».

En el piso de Taharaoui se encontraron elementos «que componen el aparato de ignición utilizado en los artilugios explosivos», además de un teléfono móvil de la marca Trium con dos orificios en su parte superior, parecido a los usados en los atentados que Al Qaeda en Bali y en el 11-M.

La célula recibió el sobrenombre de 'comando Dixan' por el carácter supuestamente inocuo de las sustancias que se le intervinieron, circunstancia avalada por un informe que aseguraba que entre ellas había detergente y ralladura de coco.

Información publicada por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

200 cintas grabadas por Garzón a los islamistas estaban sin traducir el 11-M

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: 11-M

Estuvieron amontonadas sobre una mesa de la UCIE y parte de ellas estaban deterioradas cuando el juez las reclamó en septiembre de 2004. Había charlas telefónicas de 'El Tunecino', 'El Egipcio' y 20 radicales más

MADRID.- Más de 200 cintas de casete apiladas en varios montones sobre una mesa de las dependencias de la Comisaría General de Información, en concreto, en la Unidad Central de Información Exterior (UCIE). Todas, pertenecientes a grabaciones realizadas por la Policía con autorización del juez Baltasar Garzón a varios de los implicados en los atentados del 11-M, de Casablanca y de la célula desarticulada cuando trataba, presuntamente, de volar la Audiencia Nacional. Y esas cintas se acumularon en las dependencias policiales meses antes de que se produjera la masacre de Madrid.

Las grabaciones estaban sin traducir porque el único traductor que actuaba para la Policía estaba centrado, al igual que los expertos en la lucha contra el terrorismo internacional, en un ciudadano marroquí asentado en Tarragona y sobre el que se había recibido información de su alta peligrosidad desde Gran Bretaña. Ese ciudadano nunca fue detenido por delitos relacionados con terrorismo.

Desde septiembre de 2003 se le dio prioridad a esta investigación de Tarragona y se abandonaron las pesquisas que en ese momento se estaban realizando sobre los ya entonces denominados miembros del grupo de Lavapiés, entre los que estaban algunos de los presuntos implicados en el 11-M.

Las cintas permanecieron en estas dependencias policiales hasta que, en septiembre de 2004, el juez Baltasar Garzón se las reclamó a la Comisaría General de Información.

Según explicaron a este periódico fuentes de la investigación, fueron muchas las cintas magnetofónicas que estaban ya deterioradas y no se podían escuchar las conversaciones intervenidas.

El juez renovó los permisos pese a que las grabaciones anteriores no eran traducidas, según le informaron al magistrado, «por razones técnicas».

Previamente, tras la matanza de Madrid, el juez requirió a la Unidad Central de Información Exterior que le remitiera un informe sobre el estado de las indagaciones sobre los sospechosos islamistas que estaban siendo investigados por su juzgado. El magistrado tuvo que insistir a la UCIE para que le remitiera el informe.

Ya desde septiembre de 2002, los agentes de la Comisaría General de Información estaban sobre la pista de un grupo de islamistas radicales, compuesto fundamentalmente por ciudadanos de nacionalidad marroquí. A esta célula la llamaron grupo de Lavapiés.

Sus integrantes tenían una visión radical del islam, se reunían periódicamente en una mezquita del sur de Madrid y en locales del madrileño barrio de Lavapiés. Su objetivo eran los herejes y los infieles.

Un mes después, la Policía logró acotar algo más las sospechosas intenciones de este grupo. Estaba delimitado perfectamente, con estrictas medidas de seguridad en las comunicaciones entre ellos. La dirección y el rol de cada uno de los integrantes estaban perfectamente definidos.

Los agentes tenían constatada ya su «peligrosidad»: los sospechosos hablaban de que para hacer la yihad no hacía falta ir a Bosnia ni a Afganistán o cualquier otro territorio musulmán que consideraran ocupado por infieles.

Apostaban por atacar a los herejes en Marruecos o en España, sin distinción de país.

En ese momento ya se produjo un punto de inflexión en las actuaciones policiales. Los investigadores acudieron a la Audiencia Nacional con nombres, direcciones, vehículos y teléfonos. Y ya se pidió autorización para la intervención telefónica de los números utilizados por los sospechosos.

La actuación policial no fue, como es habitual, a través de Tepol al Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional para que fuera a reparto. Los agentes acudieron directamente al magistrado Baltasar Garzón, ligando estos datos del grupo de Lavapiés con el sumario 35/01 sobre la operación Dátil.

El juez instructor autorizó las intervenciones telefónicas en el marco de unas diligencias previas nuevas, las 396/02, fuera del anterior sumario, ya que no había vinculación.

En esos momentos, los investigadores tenían centrados a numerosos integrantes de ese grupo. Varios de ellos se presume que participaron en los atentados de Casablanca y en la masacre de Madrid el 11-M, y otros formaban parte de la célula islamista que se supone que preparaba un atentado contra la Audiencia Nacional.

Así, en el marco de la denominada operación Esfera (anteriormente denominada Sancristóbal) se controló a Mustapha Maymouni, actualmente en prisión por su relación con los atentados de Casablanca.

También figuraba Mohamed Ouazzani, presuntamente implicado con el comando que pretendía volar la Audiencia Nacional y que fue desarticulado en la operación Nova.

En los informes policiales figuraba también uno de los presuntos líderes de la célula autora del 11-M, Serhane ben Abdelmajid, El Tunecino.

También se controló a Mohamed El Egipcio, otro de los presuntos máximos responsables de la masacre de Madrid. Otro de los procesados por esta matanza, Mohamed Larbi ben Sellam, también era seguido desde entonces por la Policía. Está procesado por el 11-M. Otro integrante de la célula desmantelada en la operación Nova, Faissal Allouch, también estaba bajo vigilancia de los agentes de Información desde finales de 2002.

A partir de ese momento, todos los datos sobre las actuaciones de este grupo fueron a parar a manos del juez Garzón. Hasta 20 teléfonos fueron intervenidos. Se le pasaban informes periódicos al juez del avance de las investigaciones.

Durante meses, los teléfonos de algunos de los principales implicados en el 11-M estuvieron pinchados con autorización del juez instructor de la Audiencia Nacional.

La estructura del grupo, las filiaciones de sus miembros, sus domicilios, sus vehículos, sus negocios, mezquitas donde se reunían...todo, según explicaron fuentes de la investigación, estuvo en el juzgado de este magistrado.

Es tras el atentado de Casablanca, en mayo de 2003, cuando el juez convierte las diligencias previas 396/02 en el sumario 9/03.Tras esta masacre, la Policía marroquí detuvo a Mustapha Maymouni, al que la Policía española consideraba como el líder del grupo de Lavapiés.

Pese a este atentado en tierras marroquíes, ni desde la Policía ni desde el juzgado de Baltasar Garzón se tomaron más iniciativas ni se decidió actuar contra esta célula, estrechamente relacionada con Maymouni.

De hecho, ni las vigilancias sobre los sospechosos se incrementaron, según explicaron las mismas fuentes.

En septiembre de 2003 se tuvo conocimiento de que en Tarragona había un ciudadano llamado Mohamed Berzizoui que podría formar parte del terrorismo islamista, según la información facilitada por un servicio secreto extranjero.

Pese a que no había vínculos conocidos entre este sospechoso y los integrantes del grupo de Lavapiés, es de nuevo el juez Baltasar Garzón el que se hace cargo también de estas pesquisas y autoriza la intervención de su teléfono en el marco del sumario abierto por el atentado de Casablanca.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2003, y enero, febrero y marzo de 2004, toda la actividad del grupo que estaba controlando a los de Lavapiés se trasladó a Tarragona para controlar exclusivamente a este sospechoso.

Pinchazos sin traducción

Por ello, se dio prioridad a la traducción de las conversaciones del teléfono de este sospechoso, aunque se siguieron pinchando ininterrumpidamente los teléfonos de Lavapiés, pero no traduciendo las conversaciones que se captaban.

Pese a que las pesquisas estaban centradas en Tarragona y el seguimiento a los de Lavapiés se había semiabandonado, el juez siguió prorrogando las escuchas sobre los integrantes de esta célula.

Finalmente, las pesquisas sobre Berzizoui no fueron a ningún sitio, y nunca fue detenido en España. Pero, por este motivo, sí se estuvo durante cinco meses, los cinco meses previos al atentado del 11-M en Madrid, interviniendo los teléfonos de algunos de los principales implicados en la masacre de Madrid, pero siempre sin llegar a traducir las conversaciones.

De esta forma, todo el trabajo de prevención de atentados terroristas internacionales en España fue baldío, y no se llegó a aprovechar ni la orden judicial de intervención telefónica, ni el trabajo policial realizado a tal efecto.

Información de Fernando Lázaro publicada por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Los viajes del magistrado

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 8:30, Categoría: 11-M

Meses antes de los atentados Garzón se desplazó con cinco licencias de estudios a México, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú

MADRID.- Meses antes de que se cometieran los atentados de Madrid, Baltasar Garzón estuvo tres veces en México, viajó a Brasil, visitó Bolivia y permaneció una semana en Ecuador y Perú. Entre abril de 2003 y febrero de 2004, el juez de la Audiencia Nacional disfrutó de hasta cinco licencias de estudios concedidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Garzón es, sin duda, el miembro de la Judicatura que más licencias ha obtenido para viajes al extranjero. Mientras en su Juzgado de la Audiencia Nacional instruía los sumarios contra ETA/Batasuna o los terroristas islamistas, Garzón ha sabido organizarse para realizar frecuentes desplazamientos al extranjero bajo el formato de licencias de estudios, un sistema de permisos fundamentalmente destinado a que los jueces mejoren su formación en materias relacionadas con la función jurisdiccional, aunque en la práctica está teniendo un contenido más amplio y cubre desde el dictado de conferencias hasta la participación en programas de cooperación internacional o las estancias de idiomas en el extranjero.

Gracias a una generosa política de permisos del órgano de gobierno de los jueces, el magistrado se ha desplazado a medio mundo, siendo sus destinos preferidos los países de Iberoamérica, donde ha adquirido protagonismo por haber iniciado procesos penales contra responsables de las dictaduras militares.

En 2003, obtuvo cuatro licencias de estudios: del 8 al 12 de abril, para asistir a un seminario sobre terrorismo y procesos de paz en la universidad mexicana de Puebla; del 26 al 29 de mayo, invitado por la Procuraduría de Río de Janeiro y Recife (Brasil); del 5 al 7 de noviembre, para participar en un seminario internacional de derecho en Bolivia, y del 2 al 4 de diciembre, para impartir una conferencia en la Universidad de Guadalajara (México).

Durante 2004, un mes antes del 11-M, el Consejo le autorizó una licencia para impartir conferencias en Ecuador, México y Perú entre el 16 y el 24 de febrero.

Asimismo, disfrutó de otras cuatro licencias a lo largo del año: del 26 al 30 de junio, para lo mismo en San Diego (California); del 13 al 15 de septiembre, para participar en la IV Conferencia de Seguridad Pública para América del Sur en Porto Alegre (Brasil); del 23 al 30 de septiembre, para intervenir en las II Jornadas Hispano-Mexicanas de Derecho Penal en Tabasco (México); y el 5 de octubre, para participar en un coloquio sobre terrorismo en Bruselas.

El CGPJ le ha concedido numerosas licencias de corta duración y también un superpermiso sin precedentes que le permitió residir en Nueva York durante un año y tres meses, desde marzo de 2005 a junio de 2006, para desarrollar «actividades de docencia e investigación» sobre terrorismo internacional.

Garzón aprovechó su estancia para realizar actuaciones tan variadas como entrevistarse en mayo de 2006 con el secretario general de la ONU, Kofi Annan (al que, según un comunicado difundido por Naciones Unidas, «informó de su experiencia en el último año como profesor e investigador en el Centro Juan Carlos I de la Universidad de York»), o hacer de testigo de un acuerdo entre las autoridades de Colombia y aborígenes del Cauca en septiembre de 2005.

Antes de trasladarse a EEUU, el juez se fue a Bruselas (Bélgica) en febrero de 2005 para participar en un seminario sobre el Tribunal Penal Internacional organizado por el Parlamento europeo, y en enero viajó a La Haya (Holanda) a una reunión de Eurojust sobre terrorismo islámico.

Tras su regreso de Nueva York, Garzón ha continuado su periplo internacional con licencias concedidas por el Consejo. El 2 de octubre se desplazó a Colombia para intervenir en un seminario-taller sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. El permiso se prolongaba hasta el día 6, pero el juez optó por regresar a España el día 3 ante la polémica suscitada por su actuación en el caso de los peritos del 11-M. Veinte días después, volvió a Colombia.

Información de María Peral publicada por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Las cintas, otra negligencia más de la policía y de Garzón (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: 11-M

La investigación sobre el 11-M que está llevando a cabo EL MUNDO tiene dos caras distintas: de un lado, el esfuerzo por desvelar los enigmas sin aclarar o los hechos cuya versión oficial no es convincente. Del otro, el examen de la ineficacia de las Fuerzas de Seguridad y del sistema judicial en la persecución de la trama islamista que participó en la masacre.

No faltará quien a continuación objete que EL MUNDO incurre en una contradicción: apuntar a la trama islamista cuando en otras ocasiones hemos señalado hacia otras hipótesis. No hay tal contradicción porque la implicación islamista es compatible con otra trama superpuesta o complementaria. De lo que no hay ninguna duda es de que un grupo de islamistas participó en los atentados del 11-M bien como autores materiales, bien como cortina de humo. Nunca hemos negado esta evidencia.

Nuestro periódico aporta hoy una importante revelación que tiene mucho más que ver con ese segundo aspecto de la ineficacia policial y judicial en la prevención del macroatentado de Madrid. El MUNDO publica que más de 200 cintas con conversaciones grabadas de implicados en la masacre y personas de su entorno permanecieron durante muchos meses sin traducir en las dependencias policiales.

Esas cintas contenían conversaciones de El Tunecino, El Egipcio y Mohamed Larbi, tres personas clave en el 11-M. Fueron grabadas por orden del juez Baltasar Garzón en los últimos tres meses de 2003 y en los primeros de 2004. Esos y otros fanáticos musulmanes hablaban entonces de la necesidad de llevar la guerra santa a Occidente. Pero seis meses antes de la masacre, la Policía dejo de traducir ese material por falta de medios para centrarse en un supuesto líder islamista de Tarragona.

Nunca sabremos si de haberse traducido esas cintas a tiempo se habría podido evitar el 11-M, entre otras razones, porque buena parte de ellas quedaron tan deterioradas que nadie pudo escuchar ya su contenido. No es más que una conjetura, pero el hecho es que permanecieron amontonadas en un despacho. Garzón las reclamó seis meses después del 11-M y en el día de hoy no sabemos qué ha hecho con esas cintas. ¿Se las ha remitido, como sería lógico, al juez Del Olmo?

No estamos diciendo que el juez Garzón sea el único responsable de esa negligencia, ya que la Policía Nacional carecía entonces de traductores de árabe, entre otras muchas carencias para prevenir el terrorismo islámico. Pero sí se le puede reprochar la falta de diligencia en los muchos asuntos que instruye, su escaso rigor y tenacidad y, en este caso concreto, su fallo en la valoración de la importancia de las cintas.

En el año 2003, Garzón obtuvo cuatro permisos para ausentarse de España y, al año siguiente, otros cinco. Alguno de ellos, de más de una semana. Si en lugar de dedicarse al estrellato mediático, el juez hubiera dedicado más atención a los asuntos que instruía, tal vez habría investigado con más acierto sumarios como los del terrorismo islámico, auténticos ejemplos de chapuza judicial.

Lo dicho vale para la actuación de la Guardia Civil en Asturias, que obró con muy poca diligencia para investigar los chivatazos sobre Toro y Trashorras cuando éstos estaban procesados por tenencia ilícita de explosivos.

El cierre del sumario del 11-M no va a permitir profundizar en los muchos errores y negligencias cometidas por las Fuerzas de Seguridad y el sistema judicial. La propia actitud -realmente inaudita- de Garzón en el sumario de los peritos revela sus ansias por contribuir a dar carpetazo a todo lo que tenga que ver con el 11-M para diluir así las huellas de sus muchas equivocaciones. Pero El MUNDO seguirá hasta el final la investigación de la masacre, tanto en lo que atañe a quienes fueron los autores materiales y a quienes les indujeron a actuar como a los fallos del aparato del Estado.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.