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El 'número 2' de la Policía Científica admite que ordenó cambiar el informe ETA/11-M

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: 11-M

Reconoce ante la juez Gallego, que le mantiene imputado, que se lo notificó a su jefe, Santano

MADRID.- El secretario general de la Comisaría de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, admitió ayer ante la juez Gemma Gallego que él autorizó la alteración del informe de los tres peritos del 11-M en el que se hacía una referencia a ETA.

Mélida, que declaró como imputado, informó del asunto al comisario general, Miguel Angel Santano.

El número dos de la Comisaría General de Policía Científica declaró ayer como imputado durante dos horas ante la juez que investiga si tiene relevancia penal la alteración del dictamen elaborado por los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre el ácido bórico hallado en la vivienda de un procesado por el 11-M.

En ese dictamen, realizado el 21 de marzo de 2005, los expertos de la Policía Científica incluyeron unas observaciones en las que recordaban que también fue intervenido ácido bórico en un piso franco de ETA desmantelado en Salamanca en 2001 y en la casa de un joven antisistema en 1999.

A partir de esos precedentes, los peritos indicaban que, «dado lo poco frecuente que esa sustancia ha sido intervenida en hechos terroristas», existía la «posibilidad» de que el ácido bórico se utilizara como conservante de determinados componentes de los explosivos o para impedir la detección de éstos por perros entrenados. También apuntaban la «posibilidad de que el autor/autores de esos hechos estén relacionados entre sí o hayan tenido un mismo tipo de formación o sean los mismos autores».

En el informe oficial remitido al juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, no sólo fueron suprimidas esas últimas consideraciones, sino incluso los datos objetivos sobre los casos precedentes de terrorismo en los que había aparecido ácido bórico.

El dictamen oficial fue firmado por el superior de los tres peritos, Francisco Ramírez, que el pasado viernes reconoció ante la juez que él modificó el informe de sus subordinados cuando éstos se negaron a eliminar las observaciones.

Ramírez manifestó que indicó a los peritos que había que corregir el documento después de consultarlo con Mélida, que ese día era el responsable de la Comisaría General porque el jefe de la misma, Miguel Angel Santano, estaba de permiso.

Pedro Mélida confirmó ayer durante su declaración judicial que autorizó la alteración del informe, ya que, a su parecer, contenía apreciaciones subjetivas impropias de un dictamen pericial. También aseguró que informó a Santano de lo sucedido, pero precisó que lo hizo a posteriori.

Fuentes jurídicas señalaron que, al igual que en el caso de Ramírez, la juez mantiene por el momento la condición de imputado del comisario Mélida por un presunto delito de falsedad documental.

El secretario general de la Policía Científica abandonó el Juzgado escoltado por personal de seguridad de la sede judicial y por miembros del Sindicato Profesional de Policía (SPP) que acudieron a arroparle, informa Efe. Un representante del SPP dijo a los periodistas que Mélida le pidió que transmitiera que «era una pena que un profesional intachable tuviera que pasar por esta situación» de declarar como imputado.

Por su parte, la Abogacía del Estado anunció ayer que presentará de inmediato un recurso contra la decisión de Gallego de dejar sin efecto su personación en este proceso.

Aunque la instructora aceptó el pasado día 13 la personación de la Abogacía del Estado, el lunes dictó un auto por el que deja en suspenso la decisión «en tanto no se justifique en debida y legal forma la condición que le corresponde ostentar en estas diligencias».

El auto es consecuencia de una comparecencia de la abogada del Estado efectuada el pasado día 20 ante la secretaria judicial para «aclarar» que se persona «como perjudicado o responsable civil», conceptos que, subraya Gallego, son incompatibles.

La Abogacía del Estado, que también ha recurrido el secreto de las diligencias, interpreta que se quiere expulsar del proceso a quienes denuncian «irregularidades» procesales.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.