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25 de Octubre, 2006

Un jefe de los Tedax fechó la radiografía en abril sin tener competencia para ello

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: 11-M

El funcionario policial argumentó ante el juez Del Olmo que escribió en la placa la fecha “12-04-04” por equivocación, aunque tampoco le correspondía realizar esa labor

Madrid. La radiografía de la mochila de Vallecas, la número 13, está fechada con un mes de retraso respecto al día que en realidad debería constar en ella por un error de transcripción. Así lo explicaron los dos Tedax que declararon ante el juez Juan del Olmo cuando fueron citados en la Audiencia Nacional para aclarar el desfase de fechas.

Esa equivocación en la reseña de la placa realizada en el parque de Azorín a la mochila número 13 explicaría esta diferencia de un mes entre la fecha en que, según consta en el sumario, se realizó la radiografía y la fecha que consta en el propio documento.

El sumario del 11-M recoge que el autor de la equivocación en el fechado de la prueba fue el subinspector Cobo, segundo jefe de la unidad de los Tedax de Madrid, con carné profesional número 26.858. En sus declaraciones a Del Olmo, el subinspector explicó que escribió "12-04-04" en la placa por error.

El subinspector realizó una labor que no le correspondía. El encargado de fechar la radiografía debía haber sido el mismo tedax que la hizo aquella madrugada del 12 de marzo de 2004, el operador número uno, con carné profesional número 64.501, que acabó desactivando manualmente el artefacto. En la placa figura su número de identificación, como si él fuera quien la hubiera manuscrito. Pero, en realidad, fue el subinspector Cobo el que reseñó la placa, a pesar de que llegó al parque de Azorín después de que ésta se realizara.

La radiografía, con valor probatorio, ha acabado convirtiéndose en uno de los elementos clave de la investigación del 11-M. Después de todo, se trata de la única placa realizada a los artefactos colocados por los terroristas en los trenes de Cercanías. Ni siquiera de los dos artefactos que no llegaron a explotar en los convoyes y que fueron detonados de forma controlada por los Tedax se obtuvieron radiografías.

Aclaración

Cuando acudieron a declarar para explicar el error, el subinspector Cobo y el operador número uno explicaron al juez que, aunque el carné que figura en la prueba sea el número 64.501, fue el funcionario con carné 26.858, el subinspector Cobo, el que reseñó en ella el lugar, la procedencia de la mochila, la cantidad de radiación empleada y también la polémica fecha.

La versión definitiva de los hechos que recoge el sumario aparece reflejada en las páginas 83.304 y 83.305 del documento judicial. "Oficial del C.N.P. con carné 64.501. RADIOGRAFÍA ARTEFACTO EXPLOSIVO DEL PARQUE AZORÍN (26 de julio de 2004). Reconoce dicha placa como la realizada por el compareciente, aunque señala que el texto que aparece recogido en dos de los laterales, superior y derecho, manuscrito con rotulador azul, no ha sido redactado por él, sino por el policía con carné 26.858".

El mismo día, el subinspector Cobo reconoció ante el juez ser el autor del texto manuscrito y, por tanto, del error en el fechado de esta prueba. "Sub-Inspector del C.N.P. con carné 26.858. RADIOGRAFÍA ARTEFACTO EXPLOSIVO DE PARQUE AZORÍN (26 de julio de 2004). Que él es el redactor de la fecha que consta en la placa, y por error puso 12-04-04 cuando realmente era 12-03-04".

Los otros dos tedax que participaron en la desactivación de la mochila número 13, con los carnés profesionales 65.255 y 66.618, también corroboraron en sus declaraciones la misma versión de los acontecimientos.

Si todo no es más que una equivocación, el desfase de un mes en las fechas deja en mal lugar al subinspector y segundo jefe del grupo. El tedax Cobo cometió un error que alienta múltiples elucubraciones sobre la autenticidad de la prueba y de la propia mochila número 13.

Pero, aunque parezca difícil de creer, el fallo en la inscripción de la fecha no fue la única torpeza que se cometió aquella noche de marzo con la radiografía.

Paradero desconocido

LA GACETA ha podido saber que la reseña de la placa no se hizo justo después de efectuarla —sobre las 3.00 horas de la madrugada— en el parque de Azorín de Vallecas, como corresponde en este tipo de procedimientos, sino varias horas después y en un escenario completamente diferente. En realidad, Cobo hizo la inscripción a primera hora de la mañana del 12 de marzo de 2004 en dependencias policiales, no en el parque de Azorín, cometiendo otra irregularidad.

La otra gran chapuza que rodea a la radiografía desde hace tiempo, y que ha servido también para que planeen más dudas sobre la autenticidad de la mochila de Vallecas, es la ocultación de la placa a la Justicia. La radiografía fue ocultada al magistrado Juan del Olmo durante los cuatro meses siguientes al 11-M por el inspector Cáceres, jefe del grupo de los Tedax de Madrid.

En un primer momento, la placa fue omitida en las declaraciones de los Tedax que participaron directamente en la desactivación de la bolsa-bomba por insignificante (su mala calidad no permitió extraer conclusiones a los artificieros aquella madrugada de marzo). Pero la radiografía salió a relucir cuando el inspector Cáceres se la presentó a Del Olmo el día que acudió a declarar, el 13 de julio de 2004, nada menos que cuatro meses después de los atentados.

LA GACETA también ha podido averiguar sobre este extremo que fue el propio inspector Cáceres, con carné profesional 28.296, quien ocultó esta prueba crucial en la investigación del 11-M al magistrado Del Olmo, escodiéndola en un lugar desconocido, sin que haya llegado a aclarar nunca por qué entorpeció la investigación judicial. Como el resto de pruebas, la radiografía debía haber sido enviada a la Comisaría General de Información, encargada de realizar la investigación policial. Pero no hay rastro de la placa desde que fue mal reseñada por el subinspector Cobo la mañana del 12 de marzo de 2004 hasta que el inspector Cáceres la entregó en la Audiencia Nacional el 13 de julio de ese mismo año.

La ocultación de la radiografía durante cuatro meses motivó que el error en el fechado no se aclarara hasta el 26 de julio de 2004, día en que volvieron a declarar en la Audiencia Nacional los tres tedax que participaron activamente en la desactivación del artefacto y el propio subinspector Cobo, autor de la equivocación, para explicar al juez el motivo del desfase en las fechas.

La aclaración sobre el desfase en el fechado de este documento clave arroja luz sobre uno de los enigmas de la investigación de los atentados. Cada vez son menos las sombras pero más las evidencias que cuestionan el rigor de algunos funcionarios del Estado.

Una información de José María Olmo publicada por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El 'número 2' de la Policía Científica admite que ordenó cambiar el informe ETA/11-M

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: 11-M

Reconoce ante la juez Gallego, que le mantiene imputado, que se lo notificó a su jefe, Santano

MADRID.- El secretario general de la Comisaría de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, admitió ayer ante la juez Gemma Gallego que él autorizó la alteración del informe de los tres peritos del 11-M en el que se hacía una referencia a ETA.

Mélida, que declaró como imputado, informó del asunto al comisario general, Miguel Angel Santano.

El número dos de la Comisaría General de Policía Científica declaró ayer como imputado durante dos horas ante la juez que investiga si tiene relevancia penal la alteración del dictamen elaborado por los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre el ácido bórico hallado en la vivienda de un procesado por el 11-M.

En ese dictamen, realizado el 21 de marzo de 2005, los expertos de la Policía Científica incluyeron unas observaciones en las que recordaban que también fue intervenido ácido bórico en un piso franco de ETA desmantelado en Salamanca en 2001 y en la casa de un joven antisistema en 1999.

A partir de esos precedentes, los peritos indicaban que, «dado lo poco frecuente que esa sustancia ha sido intervenida en hechos terroristas», existía la «posibilidad» de que el ácido bórico se utilizara como conservante de determinados componentes de los explosivos o para impedir la detección de éstos por perros entrenados. También apuntaban la «posibilidad de que el autor/autores de esos hechos estén relacionados entre sí o hayan tenido un mismo tipo de formación o sean los mismos autores».

En el informe oficial remitido al juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, no sólo fueron suprimidas esas últimas consideraciones, sino incluso los datos objetivos sobre los casos precedentes de terrorismo en los que había aparecido ácido bórico.

El dictamen oficial fue firmado por el superior de los tres peritos, Francisco Ramírez, que el pasado viernes reconoció ante la juez que él modificó el informe de sus subordinados cuando éstos se negaron a eliminar las observaciones.

Ramírez manifestó que indicó a los peritos que había que corregir el documento después de consultarlo con Mélida, que ese día era el responsable de la Comisaría General porque el jefe de la misma, Miguel Angel Santano, estaba de permiso.

Pedro Mélida confirmó ayer durante su declaración judicial que autorizó la alteración del informe, ya que, a su parecer, contenía apreciaciones subjetivas impropias de un dictamen pericial. También aseguró que informó a Santano de lo sucedido, pero precisó que lo hizo a posteriori.

Fuentes jurídicas señalaron que, al igual que en el caso de Ramírez, la juez mantiene por el momento la condición de imputado del comisario Mélida por un presunto delito de falsedad documental.

El secretario general de la Policía Científica abandonó el Juzgado escoltado por personal de seguridad de la sede judicial y por miembros del Sindicato Profesional de Policía (SPP) que acudieron a arroparle, informa Efe. Un representante del SPP dijo a los periodistas que Mélida le pidió que transmitiera que «era una pena que un profesional intachable tuviera que pasar por esta situación» de declarar como imputado.

Por su parte, la Abogacía del Estado anunció ayer que presentará de inmediato un recurso contra la decisión de Gallego de dejar sin efecto su personación en este proceso.

Aunque la instructora aceptó el pasado día 13 la personación de la Abogacía del Estado, el lunes dictó un auto por el que deja en suspenso la decisión «en tanto no se justifique en debida y legal forma la condición que le corresponde ostentar en estas diligencias».

El auto es consecuencia de una comparecencia de la abogada del Estado efectuada el pasado día 20 ante la secretaria judicial para «aclarar» que se persona «como perjudicado o responsable civil», conceptos que, subraya Gallego, son incompatibles.

La Abogacía del Estado, que también ha recurrido el secreto de las diligencias, interpreta que se quiere expulsar del proceso a quienes denuncian «irregularidades» procesales.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La juez «expulsa» al abogado del Estado

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 6:30, Categoría: 11-M

La magistrada considera que no puede personarse a la vez como perjudicado y responsable civil en la causa que investiga la supuesta falsedad del informe que relacionó el 11-M con ETA

Madrid - Diez días. Ése es el tiempo que ha durado la personación de la Abogacía del Estado en la causa que investiga la supuesta falsificación del informe que relacionaba los atentados del 11-M con ETA. Si el 13 de octubre la juez Gema Gallego, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, admitió la personación del abogado del Estado, el pasado día 23 adoptó la resolución contraria, al considerar que éste pretende ostentar una doble representación procesal, como perjudicado y responsable civil, que según la magistrada es incompatible.

Gallego -que investiga la presunta falsedad documental desde que Garzón se inhibió del asunto, después de imputar a los tres peritos que redactaron el informe y exculpar a sus mandos policiales-, mantiene en su auto que el abogado del Estado «aclaró que se le tuviera por personado en concepto de “perjudicado” y “responsable civil”». Pero esa aclaración, añade, «difícilmente permite deducir cuál ha de ser la condición en la que debe tenerse su personación en esta causa».

Esa doble consideración, dice la magistrada, «adolece de indeterminación, incluso de incompatibilidad y sin duda dificulta la adecuación del tratamiento procesal» que, con la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la mano, corresponde otorgar a esa parte. En esa norma, recuerda, «no aparece precepto alguno que regule la coincidencia de ambos conceptos en el curso de la fase de instrucción». Por todo ello, Gallego acuerda dejar en suspenso la personación en la causa del abogado del Estado «sin perjuicio de ulterior resolución una vez que se justifique, en debida forma, la condición que le corresponde ostentar en estas diligencias». Fuentes jurídicas explicaron que la Abogacía del Estado, que se personó por orden del Ministerio del Interior para «defender los intereses del Estado concernidos en la causa», recurrirá la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.

Por otro lado, los tres peritos acusados por el juez Garzón de falsedad documental consideran en el recurso presentado contra la imputación que no sólo no incurrieron en irregularidades, sino que además «deben ser premiados por su labor profesional» al persistir para que «prevalezca la verdad de su informe pericial».

En el escrito, la defensa de los peritos -que ejercen los abogados de la Confederación Española de Policía- afirma que Francisco Ramírez, jefe de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, no aceptó el informe presentado por los agentes «en un claro abuso de sus competencias». «Los peritos, bajo su responsabilidad y sólo bajo su responsabilidad y con todas las consecuencias son quienes deben elaborar libremente sus informes, sin presiones ni coacciones». Ramírez, en ese caso, debió actuar según ellos simplemente «como coordinador o superior, pero nada más» porque entre sus misiones, añaden, «no está la de corrector o censor de informes periciales».

Sin embargo, denuncian, no quiso dar por bueno su informe «por cuanto contiene observaciones que no gustan o que disgustan al Sr. Ramírez, hasta el punto de que por primera vez en la historia de la Policía Científica, ante la discrepancia, obstruyendo la labor de colaboración de los peritos con la Justicia, se autonombra perito, pensando que le sería fácil encontrar entre sus compañeros otras dos firmas».

Mélide declara que el informe era sesgado

El secretario general de la Comisaría General de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, declaró ayer como imputado ante la juez Gallego, a quien aseguró que la conexión que establecieron los peritos entre el 11-M y ETA era una información sesgada y sin sustento científico. Mélida contó a la magistrada (que le mantuvo la condición de imputado) que explicó al superior de los peritos, Francisco Ramírez, que esas consideraciones podían remitirse como nota informativa a la Comisaría General de Información, pues excedían las características de un informe pericial. Mélida negó que dijera a los peritos que debían suprimir las referencias a ETA en el informe.

Una información de F. Velasco y R. Coarasa publicada por el diario LA RAZON el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Antonio Toro asegura que nunca ha comprado o vendido dinamita

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: 11-M

Alega que no eran suyos los 96 detonadores hallados en su garaje El juez dice que es «inadmisible» incluir pruebas del sumario del 11-M

GIJON.- Antonio Toro Castro, imputado en el 11-M por haber suministrado presuntamente los explosivos empleados en los atentados, negó ayer haber traficado jamás con dinamita. Lo hizo durante su declaración ante el juez en la vista que se sigue en la Audiencia Provincial de Oviedo por la llamada operación Pípol, en la que está inculpado.

Toro, que sólo quiso responder a las preguntas de su abogada, aseguró durante el interrogatorio que «nunca» había comprado o vendido dinamita. También dijo que no eran suyos -ni sabía de dónde habían salido- los 16 cartuchos de Goma 2 ECO (como la utilizada en los trenes de Madrid) y los 94 detonadores industriales encontrados en el garaje de Avilés que compartía con José Ignacio Fernández Díaz, Nayo, que está huido de la Justicia.

Según su versión, en julio de 2001 acompañó a la Policía a realizar un registro en ese garaje. Al encontrar los explosivos, aseguró desconocer «qué hacían allí» y aseguró que tampoco sabía de quién eran otras cajas que la Policía requisó.

Contó que las llaves del garaje se las dio a Nayo para que guardase hachís, pero no tenía ni idea de la existencia de los cartuchos de dinamita. También negó haber ofrecido explosivos a Francisco Javier Lavandera, que trabajaba en el club Horóscopo de Gijón durante el verano de 2001, como señala el fiscal en su escrito de calificación. Lavandera tendrá la oportunidad de declarar lo contrario durante su comparecencia en el juicio como testigo, prevista para el 8 de noviembre.

El acusado, que se mostró tranquilo, se negó a contestar a las preguntas del fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, que había preparado para él una serie de cuestiones relacionadas con el tráfico de drogas y con el de explosivos.

Entre otras cosas, quería saber la relación que tenía con Rafá Zouhier, con quien coincidió en la cárcel de Villabona; de dónde procedía la dinamita que se encontró en el garaje; si ésta era de su cuñado, o si tenía entre 50 o 150 kilos más de explosivos en otro domicilio de Avilés que nunca fueron encontrados por la Policía.

En la segunda jornada del juicio, la abogada de Toro solicitó que su cliente pudiera permanecer sin esposas, como había hecho el día antes el letrado de Trashorras. Pero de nuevo el jefe de seguridad se negó.

Toro y Trashorras comparecen en este juicio acusados de un delito de tráfico de drogas y tenencia y depósito de explosivos. La Fiscalía pide para ellos un total de 17 años de prisión y sendas multas de 218.000 euros.

Por otro lado, el presidente de la Sala, Bernardo Donapetry, aseguró al inicio de la vista que «es inadmisible» incluir pruebas que se encuentran en el sumario del 11-M en la vista por la operación Pípol porque «proceden de otro proceso penal, posterior y aún en curso, que está a la espera de juicio». Por ello, el pasado lunes se negó a incluir las pruebas testificales, documentales y periciales que pedía la Fiscalía y que procedían en algunos casos de la Audiencia Nacional.

Una información de Patricia Del Gallo publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.