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24 de Octubre, 2006

La radiografía de la mochila de Vallecas está fechada un mes después del 11-M

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: 11-M

En la placa entregada al juez Del Olmo por el inspector de los Tedax consta que la prueba se practicó el “12-04-04”, es decir, 30 días más tarde de la fecha que le correspondería

Madrid. La radiografía de la mochila-bomba que apareció en la Comisaría de Puente de Vallecas en la madrugada del 12 de marzo de 2004 está fechada el 12 de abril de 2004, es decir, justo un mes después de la fecha que le correspondería. Así consta en el sumario de los atentados del 11-M, instruido por el magistrado de la Audiencia Nacional Juan del Olmo.

En la página 19.280 de este procedimiento, en el que se acredita la entrega como prueba de la radiografía a la Audiencia Nacional, el 13 de julio de 2004, de manos del inspector de Policía de los Tedax con carné profesional 28.296, el secretario judicial escribe: “Por el Inspector se aporta [...] radiografía del artefacto explosivo desactivado en la Comisaría de Puente de Vallecas, constando en dicha radiografía la fecha de 12-04-04”.

La fecha que aparece en la radiografía, acompañada de otros datos manuscritos en dos de los bordes de la placa, choca frontalmente con la versión oficial reflejada en el sumario. La fecha que debería recoger la radiografía sería en realidad la del 12 de marzo de 2004, la misma madrugada en la que un tedax desactivó en el parque de Azorín de Vallecas la mochila-bomba, conocida ya como la número 13.

La mochila número 13 es uno de los elementos más importantes de la investigación del 11-M, sino el que más. La desactivación de este explosivo aquella madrugada de marzo permitió a las autoridades recoger las primeras pruebas que encaminaban claramente la investigación policial hacia la pista islamista.

Por un lado, la tarjeta del móvil permitió la detención de Jamal Zougam; condujo hasta la casa de Morata de Tajuña en la que se elaboraron las bombas; y destapó la trama asturiana gracias a las llamadas efectuadas desde la tarjeta al teléfono de Carmen Toro Castro.

Por otro lado, la desactivación de la mochila permitió recoger las únicas muestras de explosivo que se han conseguido hasta ahora. La mochila número 13 contenía 10,120 kilos de dinamita Goma 2-ECO. De ninguno de los otros 12 escenarios (las 10 bombas que explotaron en los trenes y las dos detonadas por los Tedax) se obtuvo muestra alguna del explosivo utilizado por los terroristas en los atentados.

Tres escenarios

Sobre la mochila planean grandes incertidumbres. En menos de 24 horas, según el documento judicial, el artefacto estuvo en, al menos, tres escenarios distintos. Antes de ser descubierta por un policía en la Comisaría de Puente de Vallecas, pasó por la estación de Cercanías de El Pozo, donde supuestamente fue encontrada, y por Ifema, donde se almacenaron durante unas horas los objetos recuperados en esa estación.

La mochila volvió a moverse de escenario la misma madrugada del 12 de marzo, para proceder a su desactivación. Los Tedax la llevaron al parque de Azorín, cercano a la Comisaría de Puente de Vallecas, para garantizar la integridad de los ocupantes de los edificios cercanos en caso de que se produjera una detonación incontrolada. Una vez allí, el operador número uno de los Tedax, con el carné profesional número 64.501, realizó una radiografía con el portaplacas de su unidad.

Las radiografías son uno de los instrumentos más importantes de todos los que forman el equipo de los Tedax. Les permiten conocer el dispositivo al que se enfrentan sin la necesidad de manipularlo y averiguar también si la bomba oculta trampas en un lugar inaccesible. Al mismo tiempo, las radiografías tienen valor probatorio en un proceso judicial.

En este caso, la radiografía se enfocó únicamente sobre la zona de la mochila en la que se alojaba el teléfono, ya que el portaplacas de la unidad no era lo suficientemente grande como para abarcar completamente la bolsa. En el negativo obtenido, se aprecia el teléfono móvil, una maraña de cables y la carga explosiva. La aportación de la radiografía aquella noche fue prácticamente nula. Su mala calidad apenas aportó información a los Tedax. Ni siquiera en el informe policial sobre la radiografía realizado a petición de la Audiencia Nacional posteriormente se extraen conclusiones definitivas.

Pero la radiografía ha acabado convirtiéndose en un elemento clave de la investigación. Ésta es la única placa que se realizó el 11-M. No hay ninguna otra prueba que acredite la composición de las otras 12 mochilas-bomba colocadas en los trenes. El valor de esta radiografía es, hoy por hoy, incuestionable, y ahora su fechado arroja nuevas dudas sobre esta prueba.

Una información de José María Olmo publicada por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La juez Gallego interroga hoy como imputado al 'número dos' de la Policía Científica

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: 11-M

Pedro Mélida, secretario general del departamento, dio el visto bueno a la alteración del informe de los peritos, según declaró ante la instructora el jefe de la Unidad de Análisis, Francisco Ramírez

MADRID.- La juez Gemma Gallego, que investiga la presunta falsedad de un informe pericial enviado al instructor del 11-M, interrogará hoy como imputado al comisario Pedro Luis Mélida, secretario general de la Comisaría General de Policía Científica.

Mélida es el segundo mando policial que comparecerá en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid acusado de un presunto delito de falsedad documental.

Su nombre aparece en una querella interpuesta por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M el pasado septiembre, a raíz de que EL MUNDO publicara que responsables de la Comisaría General de Policía Científica alteraron el informe elaborado por los tres peritos que analizaron los 1,3 kilos de ácido bórico encontrados en diciembre de 2004 en la vivienda de Hasan Haski, procesado como cabecilla del Grupo Islámico Combatiente Marroquí y como inductor de los atentados del 11-M.

Los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique incluyeron en su informe unas observaciones para destacar que también apareció ácido bórico en un piso franco utilizado por un comando de ETA que fue desmantelado en Salamanca en 2001 y, dos años antes, en la vivienda de un joven radical antisistema.

Esas observaciones fueron suprimidas por el jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, Francisco Ramírez, y no aparecen en el informe enviado al juez Juan del Olmo.

Según los peritos, Ramírez les manifestó que «la superioridad dijo que había que eliminar lo de ETA». Manrique precisó que, a su entender, Ramírez se refería al comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, o al secretario general, Pedro Luis Mélida.

Gallego interrogó el pasado viernes como imputado a Francisco Ramírez, que manifestó que, antes de indicar a los peritos que había que cambiar el dictamen, lo consultó con el secretario general.

Ese día, 21 de marzo de 2005, Mélida era el máximo responsable de la Comisaría General de Policía Científica porque Santano se encontraba de permiso.

Según Ramírez, el secretario general coincidió con él en que el dictamen de los tres peritos contenía «apreciaciones personales» que podían generar confusión y que no se ajustaban a las normas de control de calidad existentes en la Comisaría General de Policía Científica.

Mélida ya declaró sobre este asunto en calidad de testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. La testifical se produjo el 29 de septiembre y el comisario señaló que el informe de Escribano, López y Manrique era «una auténtica barbaridad, tanto científica como policialmente», y que hubiera sido «un desprestigio» para la Comisaría General de Policía Científica enviarlo así al juez instructor del 11-M.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"El testimonio clave de Pedro Mélida" (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 7:30, Categoría: 11-M

La juez Gallego ha citado a declarar hoy como imputado a Pedro Mélida, secretario general de la Policía Científica. Mélida figuraba en la querella presentada contra los mandos policiales, pero, además, la juez lo ha citado porque el viernes pasado Francisco Ramírez, jefe de los peritos, declaró que consultó con su superior la decisión de alterar el informe que vinculaba a ETA y el 11-M. El número uno de la Policía Científica era el comisario Santano, pero estaba de vacaciones, por lo que Ramírez consultó con Mélida, quien reconoció este extremo en su declaración ante Garzón, por lo que no hay duda de que la versión de Ramírez es cierta. El jefe de los peritos dijo ante la juez dos cosas muy importantes. La primera es que él firmó como autor unos análisis químicos que no había realizado. La segunda, que acordó con Mélida la decisión de alterar el informe de sus subordinados. Sabemos también, por la declaración judicial de los peritos, que Ramírez había dicho que sus jefes estaban muy interesados en suprimir cualquier vínculo de ETA con el 11-M. Por tanto, todo indica que Mélida le ordenó a Ramírez que modificara el informe para eliminar esa conexión. ¿Consultó Mélida a su vez con Santano por teléfono o con otros superiores del Ministerio del Interior? Su declaración de hoy debería servir para aclarar estos puntos y conocer hasta dónde pueden llegar las responsabilidades de los mandos en esta flagrante manipulación.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El juez rechaza pruebas que vinculan a Toro y Trashorras con el tráfico de explosivos

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: 11-M

La defensa intenta desligar el juicio por la 'operación Pipol' de las investigaciones sobre el 11-M El fiscal quería incluir unos informes policiales sobre cartuchos de dinamita localizados en 2001

GIJON.- Ni el juez ni ninguno de los 14 letrados que ejercen las defensas en el juicio por el caso Pipol que ayer comenzó en la Audiencia Provincial de Asturias admitieron incluir en el informe una serie de pruebas documentales, periciales y testificales, como pedía el fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, y que relacionan a Antonio Toro y a Emilio Suárez Trashorras, dos de los acusados, con el tráfico de explosivos. Según uno de los letrados, Ricardo Alvarez Buylla, se trata de pruebas que, en algunos casos, podían haber sido incluidas en su día, ya que la operación se desarrolló en 2001. Pero detrás de esa negativa estaba en casi todos ellos una idea clara que dio a conocer a la sala y a su presidente, el juez Bernardo Donapetry, el defensor del ex minero asturiano, Gerardo Turiel, al asegurar que no iba a aceptar que nadie tratara de «mezclar» este asunto con el 11-M, a pesar de que los dos asturianos están también imputados en dicha causa.

Las pruebas solicitadas por el fiscal fueron un informe pericial elaborado en su momento dentro de la operación Pipol por el laboratorio toxicológico de la Comisaría General de Policía en el que aparece información sobre los cartuchos de dinamita industrial requisada en la plaza de garaje que compartían Trashorras, su cuñado Antonio Toro e Ignacio Fernández Díaz, Nayo, en Avilés. También pidió que declarasen los dos tedax que encontraron la dinamita, que, al parecer, estaba en mal estado y por ello fue destruida y los dos peritos que realizaron el informe sobre este material y que no fue incluido en la causa. Como prueba documental, el fiscal solicitó un fax que llegó al Ministerio Público el pasado jueves procedente de la Audiencia Nacional sobre un auto del 25 de septiembre y que vendría a corroborar las declaraciones del marroquí Rafá Zouhier, de Francisco Javier Lavandera y del agente Jesús Campillo sobre el tráfico de explosivos del que se acusa a Toro y Trashorras. Dicho auto hace referencia a que en los atentados se empleó Goma-2 ECO robada en la mina en la que había trabajado el avilesino. Además, solicitó la comparecencia de los dos médicos forenses de la Audiencia Nacional para ratificar el informe que en su día le hicieron al ex minero. Todas estas pruebas quedaron finalmente invalidadas al negarse las defensas a incluirlas.

Poco más hubo durante esta primera jornada, salvo las declaraciones de ocho de los procesados, todos menos uno en libertad, a los que se acusa de formar parte en 2001 de dos grupos organizados dedicados a introducir y distribuir drogas en Asturias. La operación Pipol, que ahora se juzga, estuvo dirigida por el grupo de estupefacientes de la comisaría de Gijón y logró desmantelar una importante red de narcotraficantes relacionada con mafias gallegas, pero sobre todo puso al descubierto un mercado negro de explosivos del que luego se habrían beneficiado los autores de los atentados de Madrid.

Trashorras tan solo estuvo en prisión tres meses. Su cuñado Toro permaneció más tiempo en la cárcel asturiana de Villabona y fue allí donde entabló relación con el marroquí Rafá Zouhier, también imputado en los atentados del 11-M por su relación con los islamistas y con los dos asturianos.

El fiscal considera en su escrito que, independientemente de la actividad de tráfico de drogas, Toro y Trashorras se dedicaban también a la venta de cartuchos Goma-2 ECO y considera probado que, en el verano de 2001, los dos avilesinos ofrecieron dinamita al menos en tres ocasiones a Lavandera, que por entonces trabajaba en el Club Horóscopo de Gijón, y que llegaron a enseñarle ese material que guardaban en el maletero de un coche. A raíz de ese hecho, Lavandera alertó a las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, ni éstas ni el instructor del sumario le dieron demasiada importancia.

El juicio continúa hoy y es posible que, dada la rapidez con que se toma declaración a los procesados, los dos cuñados, que figuran los últimos en la lista, puedan hacerlo a lo largo de mañana. Después, no será hasta el 7 y 8 de noviembre cuando declaren el agente Campillo, Zouhier y Lavandera.

Para Toro y Trashorras, Perals pide un total de 17 años de prisión y el pago de sendas multas de 218.000 euros por tráfico de drogas y tenencia, depósito y tráfico de sustancias y aparatos explosivos, la pena más alta de todos los acusados.

Una información de Patricia Del Gallo publicada por el diario EL MUNDO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.