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23 de Octubre, 2006

Javier Gómez Bermúdez: «El juicio del 11-M no es universal. Si aparecen hechos nuevos podrán abrirse nuevas investigaciones»

Por Narrador - 23 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: 11-M

Para acceder a su despacho, situado en la séptima planta de la audiencia nacional, hay que pasar unas contundentes medidas de seguridad, lo cual es lógico teniendo en cuenta que por sus manos pasan los asuntos de estado mas importantes de nuestro país y los que marcan la agenda política un día sí y otro también: ETA y el 11-M. Por su cargo y condición, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -donde se juzgan los grandes delitos de terrorismo y corrupción-, está permanentemente en el ojo del huracán, hasta el punto de que su nombramiento sigue recurrido por «defectos formales», dos años después de que se produjera. Pero él, al menos en apariencia, no se inmuta, tal vez porque a pesar de su edad -44 años- tiene una amplia experiencia y un currículo que sería la envidia de muchos jóvenes juristas.

PREGUNTA.- Usted, por su cargo y condición, tiene en sus manos buena parte del peso de la política judicial antiterrorista. ¿Eso es un inconveniente en los tiempos que corren? Admita que puede ser muy incómodo para el Gobierno, según las sentencias que dicte, ¿no?

RESPUESTA.- En los tiempos que corren, el ser el órgano en el que se concentra toda la lucha jurídica contra el terrorismo supone una gran carga, desde luego, a la vez que un trabajo muy gratificante. Es posible que mi trabajo como presidente de sala pueda ser incómodo para algunos en determinados momentos, pero se trata de aplicar la ley, no del momento político de su aplicación, ni mucho menos.

P.- Pues su nombramiento está recurrido entre otros, por Garzón, que aspiraba a tener su plaza, y en ese asunto sí hay una sombra de interés más político que jurídico...

R.- El Supremo lo único que estima del recurso son defectos formales del Consejo, es decir, ni se cuestionan mis méritos, ni mi capacidad, ni mi gestión. Aunque, naturalmente, lo que subyace al denunciar esos defectos formales es evitar que yo sea presidente.

P.- ¿Ser presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia es un cargo político?

R.- En absoluto, no es un cargo político, sino un cargo jurisdiccional. Yo me dedico a poner sentencias. Un cargo político es ser vocal del Consejo, secretario de Estado o parlamentario por un determinado partido político, como otros jueces lo han sido, el propio Garzón por ejemplo. Yo, desde luego, jamás he actuado en política, ni activa ni pasivamente.

P.- ¿Qué le parece esta decisión del fiscal de proponer que se reduzca de 96 a seis años de prisión la petición de condena para De Juana Chaos, teniendo en cuenta que usted es uno de los amenazados en esas cartas por las que se le va a juzgar?

R.- El fiscal todavía no ha hecho una rebaja de pena, y por tanto no puedo opinar de algo que no se ha producido, salvo señalar que si las razones que van a llevar a esa rebaja de pena son técnicas, bienvenidas sean. Lo único que yo discutiré siempre, sea el caso que sea, es que se intente torcer la ley para llegar a un resultado práctico previamente decidido. El Estado de Derecho da mecanismos para corregir los excesos que la aplicación literal de la ley conduce. La ley jamás se puede torcer al arbitrio de una coyuntura política determinada.

P.- ¿Y entonces cómo entiende que el fiscal general diga que la Justicia debe adaptarse a los tiempos que corren, e incluso afirme en el Senado que quienes no piensan como él no quieren la paz?

R.- Yo respecto a la intervención del fiscal general del Estado en el Senado no tengo mucho que decir. Ahora bien, la única garantía que tiene un ciudadano de que el juez no va a ser arbitrario es que el juez aplique la ley, le guste o no.

P.- ¿El hecho de que la Fiscalía sea un nombramiento político y sea un estamento jerárquico puede ser un elemento de distorsión en asuntos como el llamado proceso de paz?

R.- En el sistema español la política criminal la dirige el Gobierno, el mecanismo más directo de ejecución de la política criminal es el fiscal del Estado, y la Fiscalía en sí, como institución, es jerárquica porque tiene que serlo. Podrá gustar o no, y se podrá cambiar, pero el sistema es coherente, y como garantía se prevé que si el fiscal general del Estado no cumple una indicación del Gobierno éste no puede cesarle en el cargo.

P.- De usted se dice que es partidario de aplicar una línea dura con los etarras, y por eso forzó el cambio doctrinal del Supremo para que presos sanguinarios como Parot no fueran puestos en libertad por acumulación de condenas. ¿Es así?

R.- Yo no sé que es la línea dura o blanda. En todo caso podríamos discutir si la ley es dura o blanda, pero la ley no la hago yo, la hace el Parlamento. Yo aplico la ley, la que me da el Parlamento de mi país, de España. Si esa ley se estima que es dura deberán modificarlo. Sobre los sentenciados por delitos anteriores no es que sea partidario de que se modifique, es que la interpretación correcta es la que ha dado el Supremo ahora con el caso Parot.

P.- Oiga, ¿la Justicia puede ser un obstáculo en el proceso de paz?

R.- Es imposible que la Justicia sea una obstáculo ni en el proceso de paz ni en nada que esté dentro del Estado de Derecho. Y es siempre, por supuesto, un obstáculo para lo que está fuera del Estado de Derecho.

P.- Vamos, que con proceso de paz o sin él los etarras sanguinarios se pudrirán en la cárcel...

R.- Yo no quiero que nadie se pudra en la cárcel, de hecho en España no existe la cadena perpetua. Lo que sí digo es que la ley exige que en determinados delitos se cumpla un mínimo de pena, sin los cuales es imposible considerar que el individuo está reeducado, que es el paso previo a la reinserción.

P.- ¿Cabría la posibilidad de realizar un indulto generalizado?

R.- No, está prohibido por la Constitución. Habría que modificar la Constitución.

P.- Pero, llegado el caso, ¿habría alguna forma de saltarse esa modificación, dando indultos individuales?

R.- La ley lo que exige es que cada expediente de indulto sea individualizado. Si se hace un estudio preso por preso, naturalmente podrán conceder 2.000 indultos individuales. Pero lo que no se puede hacer es utilizar el esquema de indultos individuales para cometer un fraude de ley concediendo en la práctica un indulto general.

P.- ¿Si ETA desaparece tiene sentido que se mantenga la Audiencia Nacional? Porque su eliminación es una vieja reivindicación nacionalista

R.- La reivindicación de los nacionalistas, como de muchos otros, es que esta casa desaparezca cuando no les viene bien, porque cuando se juzgó al ex general Galindo no querían que se suprimiera, de hecho, se presentaron como acusación popular. Dicho esto, el sentido de la Audiencia es la lucha contra el crimen organizado, no sólo el terrorismo. La Audiencia Nacional no tiene fecha de caducidad.

P.- Usted también presidirá la sala del juicio oral del 11-M. ¿Se dan las condiciones necesarias para que el juicio comience en este momento, con la cantidad de agujeros negros que están apareciendo?

R.- Las condiciones para ir a juicio se dan. En febrero celebraremos el primer juicio por los terribles hechos del 11-M. Ahora lo que se va a juzgar es a 29 personas y se va a decidir si han intervenido o no en esos hechos, pero sin ir más allá. Tenga en cuenta que hay cuatro o cinco personas en busca y captura, y el día que aparezcan habrá que celebrar un nuevo juicio. No estamos hablando de un único juicio universal sino de un juicio concreto.

P.- Vamos, que la celebración del juicio no significa que se dé carpetazo al asunto y pueda haber nuevos procedimientos, como ocurrió con el GAL...

R.- Todavía hay algún asunto del GAL coleando. Y lo mismo ocurrirá con el 11-M. Siempre que aparezca un hecho nuevo, con independencia de que aparezca antes, durante o después del juicio, se podrá abrir una nueva investigación. Ése es el sistema procesal español.

P.- ¿Cree que se sabrá la verdad?

R.- Estoy seguro de que se descubrirá la verdad, se tarden más o menos años. La Justicia puede ser lenta, pero es segura. Somos un remolcador de altura, somos capaces de arrastrar grandísimas cargas a grandísimas distancias. Eso sí, a una velocidad moderada.

P.- Algunos piensan que si cada vez que alguien critica a un juez, éste se siente limitado en su independencia, como ha dicho Garzón, la libertad de expresión no existiría.

R.- No me gusta opinar sobre magistrados que dependen de la Sala, por tanto no me voy a referir al tema Garzón. Pero muchísimos magistrados han sido insultados, ofendidos y criticados y no se han sentido perturbados en su independencia.

P.- ¿Llamar a un juez presunto prevaricador en un medio de comunicación es un delito, sí o no?

R.- Llamar a un juez presunto prevaricador, así dicho, no tiene por qué ser un delito. Tiene que quedar claro que la libertad de expresión y el derecho a la información, que es un derecho de los ciudadanos, es un derecho indispensable, esencial de la democracia. Por tanto, el único límite al ejercicio de ese derecho son las leyes que tenemos: el Código Penal y las demandas de protección al honor.

P.- Una curiosidad. ¿Por qué cree que Garzón estaba tan interesado en meter mano a los peritos del 11-M?

R.- Yo no estoy en la mente de mis compañeros, lo que sí digo es que el sistema ha funcionado. Garzón no era competente en este caso, y ha pasado a manos de la juez que lo es. Ése es el sistema. Ahora, ¿por qué lo quiso hacer? No lo sé.

P.- Pues algunos piensan que ha metido la nariz en este asunto para sacar al Gobierno de un apuro, y eso cuestiona su independencia...

R.- Habrá quien interprete que una persona que ha sido parlamentario del PSOE; que ha sido secretario de Estado, que luego ha vuelto a la judicatura, está contaminada por su paso por la política y no es independiente. Y habrá quien entienda que con cosas como ésta demuestra que es independiente. Lo sorprendente es que se hable de jueces independientes cuando han estado en la política, y de otros, que lo único que hemos hecho en nuestra vida es dictar sentencias, se diga que no lo somos.

P.- Sea como fuere, la juez ha llamado como imputado al jefe de los peritos, lo cual tira por tierra toda la instrucción realizada por Garzón, que imputó a los testigos, ¿no?

R.- No necesariamente. La juez Gallego lleva ahora dos temas relacionados: uno el de los documentos remitidos por EL MUNDO al juez Del Olmo, que es del que deriva la toma de declaración como imputado del jefe de los peritos, y otro en el que son imputados por Garzón los peritos, a quienes la juez podrá o no levantar la imputación.

P.- Algunos creen que el juez Del Olmo está desbordado por esta investigación, por la complejidad de la misma...

R.- Al juez Del Olmo se le pusieron todos los medios, los que pidió y los que no pidió. Éste es sin duda el juicio al que más medios y tiempo en exclusiva se ha destinado en la Justicia, excepción hecha del de la colza.

P.- Le digo esto porque hasta dejó libre a un imputado del caso por un olvido administrativo, y eso es muy fuerte... Se habló de que podrían haberle retirado del cargo.

R.- Un error lo puede cometer cualquiera, cuestión distinta es que de ese error derive o no responsabilidad. Y este matiz es importante. Lo que no puede ser es que el régimen disciplinario de jueces se haya convertido en una especie de tribunal de honor prohibido por la Constitución, en el que dependiendo del sí o no de la mayoría de la comisión disciplinaria y dependiendo del juez en concreto la resolución es una u otra. Hay jueces que por mucho menos han sido trasladados de esta casa y hay otros que por mucho más siguen en esta casa y seguirán largos años.

P.- Un inciso. ¿Usted cree que la investigación de EL MUNDO es un juicio paralelo al asunto del 11-M?

R.- El periodismo de investigación, que es el que busca nuevas fuentes y abre vías de conocimiento que no están en la instrucción, históricamente ha sido importantísimo, y en España más. Su periódico fue el artífice del asunto de los GAL, y sin sus informaciones eso jamás se hubiera descubierto. Otra cosa son las instrucciones y juicios paralelos. La prensa libre siempre será una ayuda y no un estorbo a la Justicia.

P.- Tal vez para ustedes no, pero sí para los políticos.

R.- Para la Justicia, no es un obstáculo, todo lo contrario. Puede que lo sea para los políticos, pero no para los jueces.

Una entrevista de Esther Esteban publicada por el diario EL MUNDO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"Una 'verdad por descubrir' 'mas allá' del Juicio del 11-M" (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 23 de Octubre, 2006, 6:30, Categoría: 11-M

La entrevista que hoy publica EL MUNDO con el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es un testimonio de extraordinaria trascendencia en lo que se refiere a la investigación y el juicio sobre el 11-M, tanto por lo que dice expresamente como por lo que sugiere. Su condición de presidente del tribunal que próximamente juzgará a los 29 procesados por la masacre le obliga sin duda a pronunciarse con cautela, a pesar de lo cual, Gómez Bermúdez distingue explícitamente entre el juicio oral y «la verdad sobre el 11-M», que «se descubrirá aunque se tarden más o menos años».


El juez añade que en la vista oral que comienza en febrero «se va a decidir si 29 personas han intervenido en los hechos, sin ir más allá». Es decir, que el presidente del Tribunal -que necesariamente ha estudiado el sumario con todo detalle- está sugiriendo que hay un «más allá» que trasciende a la incuestionable obligación de los tribunales de acreditar si las personas procesadas intervinieron en los atentados del 11-M. Gómez Bermúdez mantiene la cautela sobre la instrucción del sumario por parte del juez Del Olmo y sobre la aparición estelar de Baltasar Garzón al procesar a los peritos sin ser competente en la causa. Aunque los lectores podrán extraer sus propias conclusiones sobre la opinión que le merece la actuación de ambos instructores. Por la parte que toca a este periódico, las palabras de Gómez Bermúdez son un importante estímulo al periodismo de investigación que llevamos a cabo, cuando tantos otros medios han renunciado a esa obligación profesional. «La prensa libre siempre será una ayuda y no un estorbo a la Justicia». Es más, el magistrado recuerda que sin EL MUNDO, «el asunto de los GAL nunca se hubiera descubierto».

De la misma manera que la trama asturiana del 11-M hubiera quedado inédita sin la crucial investigación de este periódico. Precisamente hoy comienza el juicio de la operación Pípol contra Suárez Trashorras y Antonio Toro, acusados de tráfico de estupefacientes y explosivos. Ambos fueron procesados -según la petición del fiscal- por tenencia de explosivos cinco meses antes del 11-M, a pesar de que poco antes la Guardia Civil no había estimado necesario ampliar la investigación sobre ellos, a raíz de las denuncias de Zouhier.

La actuación como mínimo negligente y como máximo culposa de los responsables policiales de Asturias -sin que se hayan depurado las responsabilidades- es un ejemplo claro de los muchos «más allás» que hay en el 11-M. Y también la de la propia Fiscalía que en el transcurso de pocos meses varió su criterio. La actuación de ambas instituciones no puede archivarse a beneficio de inventario, al margen incluso de que quedara acreditada o no la versión oficial sobre el 11-M.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Un juez procesó a Toro y Trashorras por tenencia de explosivos cinco meses antes del 11-M

Por Narrador - 23 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: 11-M

OVIEDO.- Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro fueron procesados por tenencia de explosivos cinco meses antes del 11-M. En concreto, el 6 de octubre de 2003 el juez Juan Laborda presentó un auto de procesamiento contra ambos dentro de la llamada operación Pípol, cuyo juicio comienza hoy en la Audiencia Provincial, por un delito de tenencia de sustancias y aparatos explosivos, y a petición del fiscal antidroga de Asturias, José Perals.

Ninguno de los dos fue encarcelado entonces porque la Justicia consideró que no había riesgo de fuga, aunque meses más tarde negociarían con El Chino la venta de la dinamita empleada en los atentados de Madrid. Lo más importante que se desprende de este auto, que se ha conocido ahora, es que no sólo la Policía y la Guardia Civil conocían el mercado negro de explosivos en el que se movían los dos asturianos, sino que también lo sabían las autoridades judiciales.


A raíz de dicha operación, realizada en julio de 2001, las fuerzas de seguridad encontraron en un garaje que regentaban Trashorras y Toro más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína, así como 16 cartuchos de Goma 2 Eco, como la que luego, según los informes policiales aportados al sumario, se utilizó en los atentados del 11- M, y 94 detonadores industriales. Sin embargo, la investigación se centró entonces en la droga incautada y no en los explosivos. Ni el entonces fiscal Antidroga de Asturias, José Luis Rebollo, ni el juez Laborda consideraron trascendente para la causa la aparición de ese material. Hubo que esperar dos años más para que un recién llegado fiscal antidroga, José Perals, pidiese su enjuiciamiento.

Tras el 11-M y la detención de los asturianos empezaron a salir a la luz nuevos datos y pistas que parece que pasaron desapercibidos en el transcurso de esta operación. Por ejemplo, se supo que Francisco Javier Lavandera había alertado en varias ocasiones de que Trashorras y Toro buscaban en Asturias a gente que supiera hacer bombas con móviles. Nadie relacionó entonces este hecho con los explosivos encontrados al ex minero.

Pero Lavandera no fue el único que dio cuenta de las actividades delictivas ya entonces de los dos cuñados. El marroquí Rafá Zouhier y el confidente José Ignacio Fernández Díaz, Nayo, también lo hicieron y la Guardia Civil llegó a abrir hasta dos investigaciones, aunque ninguna de ellas fructificó.

A partir de hoy el ex minero y su cuñado se sentarán en el banquillo, acusados de tráfico de drogas y también de explosivos en un macrojuicio que llevará a la Audiencia Provincial en Gijón a varios de los asturianos relacionados con el 11-M. Además de Trashorras, Toro y Nayo, hasta ahora huido de la Justicia, tendrán que acudir como testigos Zouhier, Lavandera y el agente Jesús Campillo. Por ello se han previsto importantes medidas de seguridad, ya que algunos de los acusados y de los testigos permanecen en diversas cárceles españolas en espera de juicio -caso de los dos asturianos acusados de facilitar los explosivos del 11-M- o cumpliendo condena por otros asuntos, como Rafá Zouhier.

Para Toro y Trashorras, Perals pide un total de 17 años de prisión y el pago de sendas multas de 218.000 euros por los delitos de tráfico de drogas y tenencia, depósito y tráfico de sustancias y aparatos explosivos, la pena más alta de todos los acusados.

El macrojuicio de Pípol sentará en el banquillo además a otras 18 personas. Según el escrito de acusación, todos los acusados formaban parte en 2001 de dos grupos organizados dedicados a introducir y distribuir drogas en Asturias.

El fiscal considera en su escrito que, independientemente de la actividad de tráfico de drogas, Toro, Trashorras y Nayo se dedicaban a la venta de cartuchos de dinamita Goma 2 Eco, «no constando la fuente de aprovisionamiento de dichos explosivos, ofreciendo los mismos a la venta en los ambientes nocturnos de Gijón».

El fiscal considera probado que en el verano de 2001 los dos avilesinos ofrecieron dinamita al menos en tres ocasiones a Lavandera, que por entonces trabajaba en el club Horóscopo de Gijón, y que llegaron a enseñarle esa dinamita que guardaban en el maletero de un coche. A raíz de ese hecho, Lavandera alertó a las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo ni éstas ni el instructor del sumario le dieron demasiada importancia a este hecho.

La operación, dirigida por el grupo de estupefacientes de la comisaría de Gijón, logró desmantelar una importante red de narcotraficantes relacionada con mafias gallegas, pero sobre todo puso al descubierto un mercado negro de explosivos del que luego se beneficiaron los autores de los atentados de Madrid.

Trashorrras tan sólo estuvo en prisión tres meses. Su cuñado Toro permaneció más tiempo en la cárcel asturiana de Villabona y fue allí donde entabló relación con el marroquí Rafá Zouhier, también imputado en los atentados del 11-M por su relación con los islamistas y con los dos asturianos.

Una información de Patricia Del Gallo publicada por el diario EL MUNDO el lunes 23 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.