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20 de Octubre, 2006

La juez imputa al mando policial que eliminó la referencia de ETA e islamistas

Por Narrador - 20 de Octubre, 2006, 6:30, Categoría: 11-M

Baltasar Garzón exculpó al superior de los tres peritos porque la supresión «era necesaria»

Madrid - La investigación relacionada con el informe donde se relacionada a ETA con los atentados del 11-M ha dado una nueva vuelta de tuerca. Si los tres peritos que firmaron el documento, Isabel López Cidad, Manuel Escribano y Pedro Manrique, pasaron sin solución de continuidad de testigos a imputados por Baltasar Garzón, ahora ha sido el superior de ellos, Francisco Ramírez, quien de ser totalmente exculpado por Garzón tendrá que declarar hoy como imputado por un delito de falsedad. Ramírez fue quien suprimió el párrafo del informe donde se establecía la relación entre ETA y los islamistas, y quien, ante la negativa de Escribano a firmarlo, fue lo asumió como propio y lo ratificó con su firma.

La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha decidido imputar al jefe de Analítica de la Policía Judicial dentro de la querella que instruye contra los mandos policiales de los tres peritos.

La juez, además, tiene pendiente de resolver el recurso interpuesto por los tres agentes contra su imputación, aunque antes debe recibir los informes preceptivos de las partes personadas en la causa.

La decisión de esta magistrada es completamente contradictoria con el criterio que adoptó en su día Garzón, quien no sólo exculpó a Ramírez de cualquier responsabilidad, sino que, además, avaló su decisión de retirar las relaciones con ETA, a través del ácido bórico encontrado en el domicilio de uno de los acusados del 11-M, en el informe suscrito por los tres peritos.

Normas de control

En concreto, el juez Garzón señalaba, en el auto donde se inhibía de esta causa a favor de los juzgados de Plaza de Castilla, que la eliminación de esas observaciones «era no sólo oportuna, sino necesaria, porque ni eran ciertas ni científicamente eran sostenibles. Además, destacaba en su resolución que quien visó el informe «tenía la obligación de cumplir esas normas de control de la Comisaría General de Policía Científica», y ello, a pesar de que «no se hubiera sugerido la posible conexión ETA-islamistas».

Además, aseguraba al respecto que las referencias al hallazgo de ácido bórico en un piso de ETA en el informe pericial que elaboraron Escribano, López Cidad y Manrique sobre el 11-M «no respondía al interés de sugerir la investigación de hechos relacionados, ya que eran inexistentes, sino generar una apariencia sin sustento real alguno, que vinculara a la organización terrorista ETA con los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid».

«Al menos, un delito»

En cuanto al hecho de que se sustituyese el nombre del perito inicial, Escribano, por el de Ramírez, el juez entendía que «dicha alteración, como se comprueba en las veces que se ha usado el tippex en ese libro, es algo habitual y quien efectúa las correcciones es el funcionario encargado del libro, con los datos que le suministraban». Es decir, añadía al respecto, no se observaba «ilícito alguno en una función que puede o no estar bien hecha, pero que no excede de la normalidad laboral del que la realiza, ni oculta nada».

Sin embargo, el fondo de la decisión de la juez Gallego sí viene a ser en buena parte coincidente con la tesis sostenida por la Sala Penal de la Audiencia Nacional, la cual, en la resolución donde decidía que la competencia era de los juzgados ordinarios de Madrid, ya veían una posible responsabilidad en los responsables policiales. En concreto, sus magistrados ponían de relieve que del examen de todos los documentos se llegaba a la conclusión de la existencia «de indicios suficientes para proceder a investigar la posible comisión de, al menos, un delito de falsedad en documento público, por la incorporación al sumario 20/04 -atentados del 11 M- de un documento inicial -informe pericial del Cuerpo Nacional de Policía- alterado en su contenido y/o en la persona que realiza la pericia y la asume con su número profesional y firma».

Información de F. Velasco publicada por el diario LA RAZON el viernes 20 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

«La superioridad le dijo a nuestro jefe que había que eliminar lo de ETA»

Por Narrador - 20 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: 11-M

MADRID.- El policía Francisco Ramírez, jefe de los tres peritos que elaboraron un informe sobre el 11-M en el que mencionaron a ETA, deberá comparecer hoy como imputado ante la juez Gemma Gallego.

Ramírez es uno de los mandos policiales contra los que pesa una querella por presuntos delitos de falsedad documental, presentación en juicio de documento falso y encubrimiento. Se le atribuye haber alterado el dictamen de sus subordinados, suprimiendo las observaciones que hacían referencia a ETA y figurando él como autor de las pruebas analíticas que, en realidad, hicieron Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique. El informe así manipulado fue remitido al sumario del 11-M.

Manrique y Escribano declararon ante el juez Garzón que, cuando Ramírez rechazó su informe, manifestó que «la superioridad le dijo que había que eliminar lo de ETA».

Gemma Gallego, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, tramita unas diligencias previas abiertas a raíz de una querella presentada el 22 de septiembre por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

La querella se dirige, entre otros, contra el ex comisario general de Información Telesforo Rubio; el secretario general de la Comisaría General de Policía Científica Pedro Luis Mélida, y el jefe de sección de esta última comisaría Francisco Ramírez. Éste será el primero de los querellados en declarar ante la juez instructora, que lo ha citado para hoy como imputado por un presunto delito de falsedad documental.

Ramírez, jefe de los peritos que elaboraron un informe sobre el 11-M en el que se mencionaba a ETA, figuraba como querellado en otra querella interpuesta por la Plataforma Justicia y Libertad en la Audiencia Nacional y que la Fiscalía envió específicamente al juez Garzón.

En una llamativa actuación, el juez de la Audiencia Nacional imputó por falsedad documental a los peritos autores del informe y exoneró a los mandos policiales que lo manipularon y que eran los querellados.

Garzón acabó inhibiéndose de este asunto después de dos pronunciamientos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en los que indicó que este órgano no era competente para investigar un presunto delito de falsedad documental sin vinculación con actuaciones terroristas.

La propia Gemma Gallego, que requirió a Garzón para que se inhibiera, llegó a plantear una cuestión de competencia ante el Supremo, de la que desistió cuando, finalmente, el juez de la Audiencia Nacional le envió sus actuaciones.

No obstante, Gallego tuvo que devolver los papeles al Juzgado de Garzón puesto que eran una simple fotocopia y no el testimonio adverado por la secretaria judicial que exige la ley.

Antes de eso, la juez de la Plaza de Castilla tomó declaración como testigos a Manuel Escribano e Isabel López, peritos facultativos autores de un informe sobre el ácido bórico hallado en diciembre de 2004 en el domicilio del marroquí Hasan Haski, procesado por el 11-M. El tercer firmante del dictamen, el perito técnico Pedro Manrique, aún no ha sido citado. La juez rechazó una petición de la Fiscalía de tomar declaración a Escribano y López como imputados a la vista de las acusaciones de Garzón contra ellos.

En una actuación diametralmente opuesta a la del juez de la Audiencia Nacional, Gallego mantuvo las comparecencias de Escribano y López como testigos. Ahora tendrá que resolver los recursos que los peritos interpusieron contra el auto de imputación dictado por Garzón y que éste dejó sin resolver.

Manuel Escribano e Isabel López declararon ante Gallego que el 21 de marzo de 2005 elaboraron junto a Manrique un informe sobre el ácido bórico (1,3 kilos) intervenido a Haski y que éste dijo que era «para matar cucarachas». Los peritos indicaron que esa misma sustancia fue hallada en 2001 en un piso franco de ETA y en 1999 en la vivienda de un joven antisistema.

Los peritos llamaban la atención sobre «lo poco frecuente» que era la aparición de esta sustancia y citaban que puede ser utilizada como conservante de explosivos o como sustancia que impide su detección por los perros, «lo que nos lleva a la posibilidad de que los autores de estos hechos estén relacionados». Estas observaciones fueron suprimidas por Ramírez en el informe enviado al juez del 11-M.

Información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el viernes 20 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.