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El Gobierno de España también se rinde ante los 'antiglobalización' y 'antisistema'

Por Narrador - 11 de Octubre, 2006, 12:20, Categoría: Nefasto Efecto ZP

España anula una cumbre de la UE en Barcelona por miedo a los antisistema

Rubalcaba justifica la suspensión de la reunión de ministros de la Vivienda: «Más vale prevenir que curar». Coincidía con el inicio de la campaña electoral

BARCELONA.- El hecho es que la ministra María Antonia Trujillo decidió ayer aplazar la cumbre europea de ministros de Vivienda que debía celebrarse el domingo y el lunes en Barcelona porque dice que así lo recomendó la Junta de Seguridad de Cataluña. La excusa es que grupos violentos antisistema podían provocar incidentes. El contexto, en este caso más importante que el hecho en sí mismo, es que el domingo se inicia la campaña de las elecciones autonómicas de Cataluña y ni el Ayuntamiento ni la Generalitat ni el Gobierno -todos del mismo color político- desean que se politice un tema tan sensible como el de la vivienda.

Los políticos no se ponían ayer de acuerdo a la hora de dar explicaciones a esta decisión. En lo que coincidieron fue en justificarse aunque con razones de toda clase.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó que fue la Junta de Seguridad -compuesta por la Delegación del Gobierno de Cataluña, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona- la que decidió por «unanimidad» recomendar que se aplazara la reunión «por razones de seguridad». «En seguridad ciudadana, más vale prevenir que curar», añadió.

La consejera de Interior no lo ve igual, mejor dicho, lo ve completamente diferente. Desautorizando las palabras de Rubalcaba, Montserrat Tura dijo que «nadie ha desaconsejado esta cumbre» porque los Mossos d'Esquadra tienen «el dispositivo necesario para garantizar la seguridad». Puede que Tura pinchara en hueso pero puso el dedo en la llaga al admitir que hay que reflexionar sobre si estas cumbres «tienen que coincidir con el inicio de una campaña electoral». «Ésta es una decisión que no incumbe a los cuerpos de seguridad», agregó contradiciendo al ministro. El portavoz del Gobierno de Cataluña, Joaquim Nadal, señaló que la motivación de la suspensión no es otra que la «coyuntura política».

Fuentes no oficiales de los Mossos explicaron ayer que las declaraciones de Rubalcaba ponen en entredicho la actuación de este cuerpo policial. De ahí que la consejera intentara desmentir esta afirmación.

El alcalde de Barcelona. Jordi Hereu, también se vio obligado a salir al paso de la polémica decisión. Afirmó que no hay ninguna razón «aquí y ahora» para que la ciudad no pueda acoger la cumbre.

En lo que pareció un alarde de sinceridad, el portavoz del consistorio barcelonés, José Cuervo, aseguró no saber la razón por la que se había suspendido la cumbre.

Rubalcaba afirmó ayer que la Junta de Seguridad de Cataluña, que fue convocada el lunes por el delegado del Gobierno, Joan Rangel, decidió por «unanimidad» la suspensión de la reunión por seguridad. El Ayuntamiento de Barcelona lo negó, al igual que la Generalitat. Dicen que ni el uno ni el otro solicitaron el aplazamiento.

Lo dice el refrán: entre todos la mataron y ella sola se murió. Fuentes no oficiales aseguran que la Delegación del Gobierno insistió a los dirigentes del Ayuntamiento y la Generalitat que «acataran» la suspensión. Y ellos acataron.

Otras fuentes señalaron que los responsables policiales presentes en el encuentro -del Cuerpo Nacional de Policía, de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana- no se opusieron a la suspensión e incluso «desaconsejaron» su celebración.

Las consecuencias de esta decisión son muchas y a casi todos los niveles. A nivel político ha quedado de manifiesto una falta de coordinación entre el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Y no sólo eso, también ha quedado demostrado que lo único que cuenta son las elecciones. A un nivel menos burocrático, la imagen de Barcelona ha vuelto a quedar en entredicho.

Volviendo al hecho: en la Ciudad Condal se celebró una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en marzo de 2002. Hubo un centenar de detenciones y muchos enfrentamientos, portadas de periódicos y reacciones de toda clase. Desde la administración se calificó de exitoso el encuentro. Pero, no hay que olvidar el contexto: por aquellas fechas no había campaña electoral.

Una información de Nando Garcia publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


¿Amenaza o excusa?

Los expertos policiales sostienen que en la ciudad de Barcelona hay entre 200 y 250 miembros de grupos antisistema

BARCELONA.- Los expertos policiales sostienen que en la ciudad de Barcelona hay entre 200 y 250 jóvenes que pertenecen a grupos antisistema. Buena parte de ellos son extranjeros, y aunque el número lleva años casi sin variar «van cambiando». «No siempre son los mismos», aseguró ayer un miembro de los Mossos d'Esquadra.

¿Suponen realmente una amenaza para la ciudadanía y para la celebración de una cumbre como la de ministros europeos de Vivienda que estaba prevista para el próximo domingo y lunes? La respuesta es clara para los responsables policiales: no. «Han servido de excusa para poder cancelar un evento que podía ser utilizado con fines electorales», aseguró ayer un responsable policial que prefirió guardar el anonimato.

Entre este grupo de jóvenes violentos hay toda clase de ideologías: anarquistas, okupas e incluso adolescentes que lo único que buscan es «hacer jaleo», señalaron fuentes policiales.

En los últimos días se han registrado distintos altercados. El más grave fue el que se produjo la madrugada del viernes, cuando una manifestación no autorizada en la que participaban unas 400 personas finalizó con incidentes propios de la guerrilla urbana. Al acabar la protesta, en la plaza dels Angels, unos encapuchados lanzaron pintura contra los cristales del Museo de Arte contemporáneo de Barcelona (Macba) y causaron daños en la fachada. Posteriormente, los violentos dispararon contra los Mossos d'Esquadra unos cohetes gracias a una suerte de bazoka de fabricación casera. Uno de los proyectiles alcanzó el edificio. La Policía catalana detuvó a dos personas y un agente resultó herido.

Fuentes de la Policía autonómica explicaron que estos grupos no sólo se han asentado en la ciudad de Barcelona. También se refugian en el extrarradio aunque insisten en que «hasta la fecha no suponen una amenaza grave».

Las que sí que constituyen una auténtica amenaza, no en cuanto a seguridad ciudadana sino a nivel político, son las concentraciones como la que se celebró el pasado 30 de septiembre en el centro de Barcelona, a la que acudieron 15.000 personas que reclamaban el derecho a una vivienda digna a un precio asequible.

Una información de Nando Garcia publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


«¿Violencia? Eso no cuela»

Los colectivos por una vivienda digna rechazan las «excusas» oficiales y mantienen la movilización para pinchar la 'burbuja'

BARCELONA.- «Que no vengan con excusas acerca de violencia; eso no cuela». La indignación en los foros de reunión habituales de internet de los manifestantes por una vivienda digna (www.viviendadigna.org y www.vdevivienda.net, entre otros) era ayer superlativa. Diversos grupos, surgidos después de que el pasado 14 de mayo un mensaje convocara en las principales capitales españolas concentraciones para exigir respeto al artículo 47 de la Constitución, preparaban para la cumbre de ministros una demostración de poder. Pancartas, camisetas, disfraces y una gran sentada iban a aguardar a los mandatarios europeos a la salida del Palacio de Congresos.

El movimiento, que pide «cambios estructurales» para que el acceso a una vivienda digna a precio aceptable se convierta en una realidad, tuvo claramente una fecha de despegue en Barcelona: el pasado 30 de septiembre. Cerca de 15.000 personas, en un ambiente completamente festivo, cortaron con autorización policial las calles más importantes del centro de la ciudad. La multitudinaria marcha despertó los recelos de las autoridades, porque en concentraciones anteriores el número de asistentes no superó las 2.000 personas. Ese día el comportamiento de los manifestantes -predominaban los jóvenes, pero los hubo de todas las edades- fue modélico.

«Ni un cristal roto, ni un contenedor quemado», recuerda Yolanda Rodríguez, una de las organizadoras. Sin embargo, antes de que se iniciara la protesta «y anticonstitucionalmente, como reconocieron los propios Mossos d'Esquadra», cuenta, la policía varió el itinerario de la marcha, que debía pasar por Las Ramblas, basándose en unos presuntos «antecedentes violentos».

La Asamblea Popular por la Vivienda de Barcelona emitió ayer un comunicado después de que se conociera la decisión de aplazar la cumbre. «¿De qué tienen miedo nuestras autoridades? ¿Tanto les asusta que en este país se hable sobre vivienda?», se preguntaban en él. «Nos parece una cobardía, se está desviando el tema. En Barcelona, la excusa de la violencia se usa sistemáticamente para desprestigiar», apunta Gloria Mèlich, miembro de la Asamblea. «Es una muestra de impotencia política, porque no saben qué responder a nuestras demandas. No ha habido ni una sola provocación en todos los actos, ni un solo acto vandálico», añade.

Los organizadores mantendrán las protestas para el próximo día 16, «con más motivo aún si no aparecen los ministros». Todo sea por escapar a los escalofríos que producen a los jóvenes -a menudo licenciados universitarios, mileuristas y cercanos a los 30 años- los últimos datos de precios de la vivienda en Barcelona: 4.824 euros por metro cuadrado de media, según el último estudio. «Una vergüenza».

Una información de Daniel G. Sastre publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


CiU y PP acusan a la Administración de «ceder» ante los radicales

BARCELONA.- Como el aplazamiento de la cumbre de los ministros de vivienda europeos en Barcelona es un asunto que compete a todas las Administraciones -local, regional y estatal-, la oposición disparó sus críticas en múltiples direcciones. Los grupos municipales en el Ayuntamiento de Barcelona de CiU y PP coincidieron en acusar al consistorio y al alcalde, Jordi Hereu, de «ceder ante el chantaje de los violentos».

El candidato de CiU a la Alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, reclamó a Hereu que «haga el favor de actuar», y exija a la Generalitat y al Gobierno central que «no se suspenda la cumbre». Trias, que calificó de «lamentable» y «penosa» la actitud de todas las administraciones, se burló de la explicación oficial al aplazamiento: «Ahora les ha cogido un ataque de miedo ante un grupo de 200 radicales, que deberían ser capaces de controlar».

Para el presidente del grupo municipal de CiU, la «suspensión» da «una mala imagen» de Barcelona, «que parece que no es capaz de controlar las protestas», y destacó la importancia de la reunión que iba a celebrarse: «Una cumbre sobre vivienda es un tema que preocupa a toda la ciudad».

Trias achacó el aplazamiento del encuentro a que «en estos momentos, no tenemos Gobierno de la Generalitat» y a que «el alcalde de Barcelona está más preocupado de sus fotos que de conocer lo que pasa en la ciudad».

El presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento barcelonés, Alberto Fernández Díaz, utilizó los mismos argumentos que Trias. Dijo que la Generalitat y el Consistorio «han cedido al chantaje de los violentos de una manera vergonzosa», y que «los radicales no pueden condicionar los actos de Barcelona». Tras la suspensión de la cumbre, opinó que «desgraciadamente, con esta decisión han ganado los violentos y ha perdido la democracia».

«Excusas»

Desde ERC, socio en el Gobierno municipal del PSC, pidieron que se mantenga la celebración de la cumbre, porque la vivienda «es una de las preocupaciones más importantes de la UE». El partido que completa el tripartito del Ayuntamiento de Barcelona, ICV, afirmó, por boca de la tercera teniente de alcalde, Imma Mayol, que no se cree «las excusas» acerca de la seguridad que dio el Gobierno.

«Barcelona es capaz de dar respuesta a las manifestaciones callejeras», indió Mayol, que tampoco acepta el argumento de la coincidencia con el inicio de la campaña electoral de las autonómicas: «No puede ser que por eso se paralice la vida social de la capital».

Una información de Daniel G. Sastre publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Los «okupas» obligan al Gobierno a anular una cumbre de la UE

Los Mossos aseguran que ha sido una decisión política para no empañar la campaña electoral

Barcelona - Para los días 16 y 17 de septiembre estaba previsto que Barcelona acogiera una cumbre de ministros de Vivienda de la Unión Europea. Ya estaba todo listo para el evento, pero ayer se decidió que, finalmente, era mejor suspenderlo, según confirmó al mediodía el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El motivo: que altos mandos de la Policía Nacional, Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana «desaconsejaron» -según fuentes próximas a la reunión- la celebración de la cumbre por varios motivos, respondiendo así a una petición del Ministerio de la Vivienda, sobre si este evento podría suponer problemas de orden público ante posibles altercados de antisistemas.

El primer motivo de la suspensión radicaba en que la «Asamblea Popular de Barcelona por una Vivienda Digna» había convocado una sentada pacífica en la Ciudad Condal para el día 16, coincidiendo así con la cumbre. Ello implicaría un caos circulatorio porque el principal lugar en el que se celebraría el evento sería en el palacio de Congresos de Cataluña, situado en la avenida Diagonal, y la manifestación obligaría a cortar el tráfico de la principal vía de la ciudad, según se abordó en la reunión. Además, se preveía la celebración de una acampada: una acción prohibida expresamente por la Ordenanza Cívica impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona.

Estas previsiones se sumaban a la más temida: los responsables policiales consideraban la posibilidad de que entre los asistentes a la concentración por la vivienda digna se infiltrasen grupos antisistema que radicalizaran la protesta. Fuentes de los Mossos explicaron ayer que consideraban esta posibilidad, y que los radicales podrían sentirse «fortalecidos» tras los últimos incidentes de la semana pasada, cuando provocaron una batalla campal en el casco antiguo de la ciudad que acabó con dos detenidos y un agente herido. Fue precisamente a raíz de estos episodios que el Ministerio de la Vivienda preguntó a los responsables de la seguridad en Cataluña si la cumbre podía acarrear problemas.

El delegado del Gobierno en el territorio catalán, Joan Rangel, reunió a los responsables policiales de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona el lunes por la tarde y se debatió la cuestión. Entre ellos estaba el máximo responsable de la Guardia Urbana, Xavier Vilaró; el de los Mossos, Jordi Samsó, y el responsable de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, Ferran Julià, junto a otros altos cargos de los tres Cuerpos de Seguridad y representantes de sus servicios de inteligencia. «Todos desaconsejaron» la cumbre, según las fuentes consultadas, por lo que se trasladó la respuesta al Ministerio del Interior, que decidió su suspensión.

A todo ello, no hay que olvidar uno de los factores más importantes, y es que este domingo comienza en Cataluña la campaña electoral. Al respecto, fuentes de los Mossos reconocieron que, viéndose completamente capaces de dominar una situación de vandalismo, la suspensión fue «más política que policial». Dichas fuentes añadieron, además, que «la actuación de estos grupos violentos podría ocupar muchos minutos en televisión y portadas en los periódicos, cuando no se lo merecen»; lo que sin duda podría restar protagonismo, durante una semana, a los candidatos a las elecciones autonómicas.

Pero resultaron contradictorias algunas versiones dadas ayer por los implicados en la reunión. El concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, Ferran Julià, negó ayer que hubiera existido «riesgo» de actos violentos si finalmente la cumbre se hubiera realizado, ya que «la ciudad convive con estas protestas». Por su parte, el portavoz municipal, José Cuervo, dijo que en la reunión, el Consistorio barcelonés estaba presente «para abordar la coordinación de la seguridad», pero que «no hubo ninguna decisión tomada por unanimidad», y que «el Ayuntamiento en ningún momento pidió ni la cancelación ni el aplazamiento» de la cumbre, por lo que «desconoce» las razones de la suspensión. La consejera de Interior, Montserrat Tura, por su parte, aseguró en declaraciones recogidas por Efe que no «se desaconsejó la celebración de la cumbre. Según Tura, la Generalitat tiene los medios necesarios para garantizar la seguridad y, en este caso, «no es la policía quien convoca o desconvoca» una cumbre, sino el Gobierno, «que es quien ha decidido aplazarla».

Las reacciones no se hicieron esperar. El presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández Díaz, acusó a Generalitat y Ayuntamiento de ceder al «chantaje» de los violentos de forma «vergonzosa». CiU también consideró la situación de «lamentable», según su líder municipal, Xavier Trias. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona coincidió en afirmar que la suspensión «fortalece» a los radicales.

Una información de Xiana Siccardi publicada por el diario LA RAZON el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El Gobierno claudica ante los antisistema y suspende la cumbre de vivienda de la UE

BARCELONA. El temor a la acción violenta de grupos antisistema, en coincidencia con el inicio de la campaña de las autonómicas catalanas, llevó ayer al Gobierno a anunciar la suspensión -quizás aplazamiento- de la cumbre sobre vivienda que los ministros de la UE del ramo tenían que celebrar en Barcelona el próximo lunes y martes.

Según anunció el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y después de una reunión entre mandos policiales y responsables políticos del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y la delegación del Gobierno, se decidió «por unanimidad» sugerir al Ministerio de Vivienda la conveniencia de no celebrar la cumbre. «En materia de seguridad más vale prevenir que curar», apuntó Rubalcaba. Por contra, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento negaron que esa decisión fuese unánime y atribuyeron toda la responsabilidad al Gobierno.

Con la seguridad en el primer plano de la agenda política, y en plena campaña electoral, se ha preferido evitar riesgos. La constatación por parte de los servicios de información policiales de que grupos de la órbita «okupa» y antisistema estaban preparando acciones violentas para los dos días de reuniones, así como por el hecho de que el comienzo de la campaña -en la madrugada de domingo a lunes- podía dar a estos grupos una proyección sobredimensionada, son las razones concretas esgrimidas para justificar la suspensión. El hecho coincide con el rebrote de los episodios de violencia «okupa» en Barcelona, donde el pasado jueves se llegó a ver el lanzamiento de cohetes mediante un «bazoka» casero en una manifestación.

Poco rato después de conocerse la decisión saltaba la polémica al sostener tanto la consellera de Interior, Montserrat Tura, como el portavoz municipal, José Cuervo, que ninguna de estas dos administraciones hubiese solicitado el aplazamiento, y que el dispositivo preparado por los Mossos d´Esquadra -que cumplen un año desde su despliegue en Barcelona- era el adecuado. Ante la posibilidad de que la suspensión pudiese suponer un cuestionamiento de la capacidad de la Policía autonómica, Tura insistió en que la decisión no es policial y que corresponde al Gobierno en exclusiva. Rubalcaba puntualizaría luego que la decisión la toman ambos. Cuervo afirmó que el Ayuntamiento se siente «traicionado» mientras que el alcalde Jordi Hereu reclamó que la cumbre se celebre cuanto antes y que «no hay razones para suspenderla».

PP: «Se ha cedido al chantaje»

Sea como fuere, la cancelación se ha interpretado como una claudicación ante los grupos radicales, un análisis compartido por el PP. Tanto su presidente en Cataluña, Josep Piqué, como el presidente del grupo municipal, Alberto Fernández, señalaron que se ha cedido al «chantaje de forma vergonzosa». Ambos atribuyeron esta situación a la histórica «tolerancia» del Consistorio con respecto a estos grupos.

Una información de Àlex Gubern publicada por el diario ABC el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El Gobierno suspende una cumbre de la UE por miedo a los disturbios

El PP cree que ha cedido al chantaje de la violencia de los grupos antisistema

X. G. Barcelona. El miedo a disturbios provocados por grupos antisistema ha llevado al Gobierno a suspender la cumbre de la Unión Europea sobre la vivienda que debía celebrarse en Barcelona. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, confirmó ayer que el encuentro, que debía celebrarse en la Ciudad Condal los días 16 y 17 de octubre, ha sido aplazado.

Según Pérez Rubalcaba, la decisión se tomó después de que, en una reunión de la Junta de Seguridad, se aconsejara aplazar la cumbre ante la previsión, confirmada por los Mossos d'Esquadra, de que se preparaban una serie de disturbios. "En cuestiones de seguridad, más vale prevenir que curar", argumentó el ministro.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, indicó que todas las administraciones y cuerpos policiales implicados aconsejaron por unanimidad suspender el encuentro por razones de oportunidad. La reunión habría coincidido con el inicio de la campaña de las elecciones autonómicas catalanas.

Los responsables de la Delegación del Gobierno, la Conselleria de Interior y del Ayuntamiento aseguraron que la seguridad se hubiera garantizado igualmente, pero las movilizaciones convocadas por okupas y grupos antisistema se habrían producido en un mal momento político y mediático.

Desmarque municipal

Pese a la unanimidad de las partes implicadas argumentada por la Delegación del Gobierno, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Ferrán Julián, se desmarcó de esta postura, al asegurar que el Ayuntamiento no veía riesgos en la celebración de la cumbre y que no había pedido su aplazamiento. El concejal fue categórico. El alcalde, Jordi Hereu, apoyó esta postura, en una declaración institucional en la que apostaba por la celebración del encuentro.

La cumbre viene precedida de los disturbios del pasado 5 de octubre, cuando una manifestación vecinal contra el proyecto de urbanización de una plaza acabó en una batalla campal en el barrio del Raval, que culminó con destrozos en el Museo de Arte Contemporáneo.

En Barcelona hay precedentes, como los ocurridos con motivo de una reunión del Banco Mundial que no llegó a celebrase, o durante la celebración de la cumbre de la UE durante la presidencia española, en marzo de 2003.

La decisión del Gobierno de aplazar la cumbre de la vivienda fue criticada por el PP, al considerar que el Ejecutivo ha cedido al chantaje de los violentos grupos antisistema. El candidato del PP, Josep Piqué, pidió responsabilidades políticas. El candidato socialista, José Montilla, aseguró que la seguridad y la convivencia en libertad serán prioridades de su gobierno, si gana las elecciones.

Una información de X. G. publicada por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El Gobierno suspende la cumbre de ministros sobre la vivienda por miedo a los 'okupas' 

Interior afirma que la supresión se hizo por acuerdo de los cuerpos policiales, y la Generalitat lo niega

Barcelona - La reunión de ministros de Vivienda convocada para los días 16 y 17 en Barcelona ha sido cancelada. El motivo es el miedo de las fuerzas del orden a los desórdenes que pudieran ocasionar colectivos okupas en plena campaña electoral. El Ministerio del Interior asegura que la decisión se tomó por acuerdo de la Policía Nacional, los Mossos y la Policía Municipal de Barcelona, al analizar que la coincidencia de la cumbre europea con la campaña electoral iba a complicar el control del orden público. La consejera de Interior, Montserrat Tura, y el teniente de alcalde de Barcelona José Cuervo rechazaron ayer la supresión.

De "bochornoso" calificaron ayer altos responsables de instituciones catalanas que se suspenda una cumbre como la prevista para los días 16 y 17 de octubre con la asistencia de representantes de 30 países de la Unión Europea por la "amenaza" de un grupo de unos 200 jóvenes de movimientos antisistema. Sobre todo porque Barcelona ha organizado, entre otras cosas, los Juegos Olímpicos con la amenaza de atentados terroristas -ETA especialmente- y en 2002 la cumbre de la Unión Europea. Un año antes sí se suspendió la cumbre del Banco Mundial por motivos de seguridad. Ante eso, el argumento de que 200 okupas y antisistema habían puesto en jaque a todas las fuerzas de seguridad de Barcelona causó asombro tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que la decisión de aplazar sin fecha la celebración del encuentro de los ministros de Vivienda se tomó tras una reunión de la Junta de Seguridad en Cataluña. Ni la Generalitat ni el Ayuntamiento reconocen esa reunión como Junta de Seguridad, una institución que tiene un determinado protocolo y que debe ser presidida por el presidente de la Generalitat. Los Mossos y la Policía Local admiten que se celebró un encuentro de las fuerzas policiales a instancias del delegado del Gobierno, Joan Rangel, pero afirman que en ningún caso fue una Junta de Seguridad quien tomara decisiones vinculantes. El ministerio mantiene que los Mossos y la Policía Local coincidieron con la Policía Nacional en que la mejor solución era aplazar la cumbre.

A la reunión asistieron cargos policiales y políticos de todas las instituciones y cuerpos. Por la Delegación de Gobierno estaban el delegado, el jefe superior de Policía, José López; un alto cargo de la Guardia Civil y otros agentes. Por el Ayuntamiento asistieron el concejal de Seguridad, Ferran Julián, y el intendente de la Guardia Urbana, Xavier Vilaró; por parte del Gobierno autónomo, el director general de Seguridad Ciudadana, Jordi Samsó, y el subjefe de Barcelona, Antonio Blanco.

En la convocatoria de la reunión tuvo papel preeminente el delegado del Gobierno, según diversos asistentes de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. En la primera parte se analizaron los aspectos policiales. El Cuerpo Nacional de Policía consideró que el peligro era evidente. Los representantes de los Mossos, según el Departamento de Interior, sostuvieron que no había motivo que justificara el cambio: "La policía autonómica estaba y está en disposición de garantizar la seguridad de los ministros y el orden público en la ciudad". La Generalitat y el Ayuntamiento coinciden en que no hay motivos "de seguridad" para cancelar el encuentro. El Ministerio del Interior asegura que todos estaban de acuerdo en que la coincidencia de la campaña electoral catalana y la cumbre europea complicaba el control del orden público. Se habló de modificar el lugar de la reunión y trasladarlo del Palacio de Congresos -en la entrada sur de la Diagonal- a la zona del Fórum porque es más controlable y no facilita el bloqueo de la ciudad si hay incidentes.

Tras la discusión policial, la reunión tuvo una "segunda parte" dedicada a una "reflexión general sobre la oportunidad de la fecha", que coincide con el inicio de la campaña electoral catalana. En eso sí hubo unanimidad. "Pero era una reflexión política, no policial. Es evidente que un altercado tiene mayor repercusión en los medios en campaña electoral que fuera de ella", afirmó el portavoz del Departamento de Interior de la Generalitat. La unanimidad no es sobre problemas de seguridad, sino acerca de la repercusión política, precisó la misma fuente, versión que también da el Ayuntamiento. El acta elaborada por la Delegación del Gobierno tiene el número de registro A2969 e insiste en los problemas de seguridad.

La consejera Montserrat Tura insistió en la falta de argumentos policiales para anular la reunión. La ministra de Vivienda sostuvo todo lo contrario: "Habría sido una tremenda irresponsabilidad por mi parte no hacer caso de la recomendación policial". El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, aseguró que la ciudad está preparada y reclamó que se fije fecha.

La "anarcoinsurrección" y la falta de cariño 

En la reunión que decidió la supresión del encuentro coincidieron dos factores. Uno, los informes policiales que señalan Barcelona como el lugar donde la "anarcoinsurrección" tiene mayor capacidad organizativa y movilizadora. Se trata de informes coincidentes elaborados por las policías española, italiana y griega. Pero hay otro elemento no desdeñable: las policías españolas se miran de reojo y no siempre con amor. Es lo que ocurre entre el Cuerpo Nacional de Policía y los Mossos d'Esquadra.

La primera sostuvo el lunes que el inicio de la campaña electoral detraía efectivos necesarios para la cumbre. La policía autonómica defendió lo contrario. Sus representantes, incluidos los políticos, sostuvieron que eran capaces de hacerse cargo de todo. Pero cedieron cuando la discusión pasó de las capacidades policiales a la oportunidad política del lugar y la fecha. Y les marcaron el gol. Aceptaron "por unanimidad" las "razones políticas" utilizada por el jefe superior de Policía de Barcelona como "razones de seguridad". Ayer trataron de corregir el tiro. Pero la bala ya estaba lejos y había dado en el blanco. La supresión estaba decidida.

CiU y el PP lamentan que se haya "cedido al chantaje" 

La decisión del Gobierno de suspender la cumbre de ministros de Vivienda provocó ayer una oleada de críticas desde diversos sectores políticos y sociales. Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona, Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP), acusaron a los gobiernos central, autónomo y local de "ceder al chantaje" de los grupos violentos. Las dos formaciones coincidieron en señalar que la anulación de la cumbre daña la imagen de la capital catalana y pone en entredicho la capacidad de la policía para mantener el orden público.

A juicio del líder municipal de CiU, Xavier Trias, tanto los motivos de seguridad como el hecho de que la cumbre hubiese coincidido con el inicio de la campaña electoral en Cataluña son sólo "excusas". "Cualquier acto de estas características puede generar altercados, pero hay que saber responder", añadió Trias.

En una línea similar -aunque con un tono más agresivo- se expresó el presidente del grupo municipal del PP en el consistorio, Alberto Fernández Díaz: "La democracia ha perdido y se han dado alas a los que quieren romper la convivencia". Fernández Díaz tildó de "vergonzosa" la decisión de anular la cumbre y exigió al Gobierno una rápida rectificación, al tiempo que anunció que reclamará la convocatoria de un "pleno extraordinario urgente" para abordar la cuestión.

Rechazo de las entidades

La Asamblea Popular por una Vivienda Digna había convocado a través de Internet a una protesta pacífica durante la segunda jornada de la cumbre de ministros europeos. La sentada iba a celebrarse el próximo lunes por la tarde y tenía por objetivo denunciar las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a un piso. Esta misma asociación consiguió congregar a miles de personas -15.000, según los organizadores; 5.000, de acuerdo con los cálculos de la Guardia Urbana- el pasado 30 de septiembre en una manifestación en Barcelona bajo el lema No vas a tener una casa en la puta vida.

La protesta se celebró en un ambiente festivo y terminó sin incidentes. Por eso, la portavoz, Ada Colau, se mostró ayer sorprendida ante la decisión de anular la reunión por miedo a altercados. "Es ofensivo. Si saben quiénes crean problemas, que los busquen. Pero creemos que la verdadera motivación es silenciar la protesta por la vivienda durante la campaña electoral", indicó Colau, quien añadió que la asamblea mantiene la convocatoria para el lunes.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) también se mostró contraria a la decisión del Gobierno. En un comunicado difundido ayer señala que la suspensión "fortalece a los violentos" y los sitúa "al mismo nivel que los que plantean sus reivindicaciones de forma justa".

Una información de Jesús García, Blanca Cia, Francesc Arroyo, Cristina Galindo Y Jorge A. Rodríguez publicada por el diario EL PAIS el miércoles 11 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.