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Inmigración Ilegal, Menores de Edad y la desafortunada "Ley del Menor"

Por Narrador - 9 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: General

La Ley del Menor podría librar de la cárcel a los delincuentes de 18 a 21 años

El Partido Popular intenta in extremis corregir en su trámite en el Senado la cesión del PSOE a una enmienda de los nacionalistas

Madrid - La nueva Ley del Menor apura su tramitación parlamentaria ya que mañana llegará a la comisión de Justicia e Interior del Senado después de su debate en ponencia a puerta cerrada. De todos los flecos pendientes, el más relevante es el que afecta a cómo queda una enmienda asumida por los socialistas en el Congreso y que establece que la ley pueda aplicarse a los menores delincuentes que rebasen los 18 años, de modo que entre esa edad y los 21 años no tengan que ser internados obligatoriamente en una prisión sino que sean derivados a centros de internamiento de menores. El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros no incluía esta exención, pero se coló a instancias de CiU con el apoyo del PNV y EA. ERC también dio su respaldo.

Aún hay negociación

La negociación sigue abierta y el PP está intentando in extremis que el PSOE corrija este apartado. De la ponencia no sale el compromiso firme de hacerlo, pero tampoco se ha cerrado la puerta a la modificación. El problema es que en el otro lado está la resistencia numantina de sus socios ante una enmienda con la que se compensa el castigo más elevado para los delitos más graves que recoge la nueva normativa.

Ya en tiempos de la discutida gestión de Mariscal de Gante como ministra de Justicia, se avanzó en una dirección parecida, pero tal decisión fue corregida al llegar Ángel Acebes al ministerio. Nunca entró en vigor. En 2003, Justicia, dirigida entonces por Michavila, endureció aún más las condiciones al promover -en plena polémica por el «caso Sandra Palo»- que los menores asesinos pasasen a prisión al cumplir 18 años.

El principal partido de la oposición reconoce que la sociedad no puede renunciar a largo plazo al principio de aplicar a los jóvenes de entre 18 y 21 años medidas educativas dirigidas a su reinserción, pero entiende que intentar cumplir esa máxima sin ningún tipo de previsión de medios personales y materiales para su puesta en práctica, cargando su coste además sobre las comunidades, supone condenarla al «más estrepitoso fracaso».

Una decisión mal medida en esa dirección puede conducir, asimismo, a una saturación tanto del sistema judicial y fiscal de menores como de los dispositivos de las administraciones autonómicas para poder ejecutar la ley, y resulta claramente negativo que el sistema de justicia juvenil se tenga que hacer cargo de una población tan dispersa desde el punto de vista de la edad en los mismos centros y con los mismos equipos.

Falta de recursos

Transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, aún muchas comunidades no pueden llegar a ejecutar todo el marco de medidas que la norma contempla (internamientos terapéuticos, trabajo en beneficio de la comunidad, convivencia en familia o en grupo educativo...), por lo que sería imposible atender con los mismos recursos, como mínimo, al doble de la población, teniendo en cuenta que es un colectivo con un nivel acusado de inadaptación social, problemática conductual y drogodependencias.

Los delitos cometidos por menores se han disparado, por ejemplo, en Madrid, y aunque es cierto que cada vez se rebaja más la edad de los delincuentes, también es un hecho que se incrementan en el segmento entre 18 y 21 años. La realidad es que hay una creciente alarma social refrendada por datos objetivos que confirman que aumentan los delitos cometidos por los menores contra la vida, contra la salud pública, de lesiones y de robo con violencia e intimidación.

El PP está convencido de que serán muchas las derivaciones de este colectivo al Sistema de Reeducación de Menores, teniendo en cuenta que los jóvenes entre 18 y 21 años cometen en mayor número delitos y faltas de las mismas características y naturaleza que los comprendidos en la franja de 16 a 18 años, y que en todo caso se les podrá aplicar medida de medio abierto (como libertades vigiladas y trabajos en beneficio de la comunidad).

El proyecto de Ley del Menor endurece las penas de las medidas aplicables a los menores de 18 años que cometan delitos graves, como los de violación y asesinato, y busca responder a preocupantes realidades como las bandas juveniles o el acoso escolar. El principal partido de la oposición mantiene que no puede brindarle su apoyo porque no responde a la delincuencia protagonizada por los menores de entre 12 y 13 años; no atiende la delincuencia extrema (asesinato, violación, terrorismo) cometida por jóvenes de 16 a 18 años, que será penada como hasta ahora; no resuelve el problema que plantea la prescripción de delitos y faltas; y crea un problema grave de financiación en las comunidades autónomas a las que compete la ejecución de las medidas impuestas.

Una información de C. Morodo publicada por el diario LA RAZON el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


En 2005 se abrieron causas por delitos a 90.000 menores

Homicidios y agresiones sexuales, entre los que aumentaron

MADRID - Los menores de edad son, año tras año, cada vez más protagonistas de la delincuencia. En 2005, sin ir más lejos, se incoaron 89.707 procedimientos a menores por la comisión de un delito, una cifra ligeramente inferior a la del ejercicio anterior, en el que a 92.412 se les aplicó la Ley del Menor. De ellos, poco más de la mitad tiene entre 16 y 17 años. Pero además de la actividad delictiva, las medidas de internamiento han experimentado un ligero incremento respecto a 2004, cuando se decretaron 4.967, pues el pasado año se cerró con 5.378 órdenes de internamiento.

En consecuencia, la delincuencia cometida por jóvenes es un fenómeno que, desgraciadamente, gana cada vez más terreno. Esto ya se inició en la pasada legislatura, cuando, según los datos extraídos del «Estudio sobre la Delincuencia Juvenil» elaborado por el «Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia», las detenciones de jóvenes de 18 a 20 años pasaron de 34.768 en 2000 a 43.537 en 2004.

Cada vez más jóvenes

Además, los delitos graves, aquellos que llevan aparejada la adopción de medidas judiciales privativas de libertad -internamiento en régimen cerrado, semiabierto o abierto- cada vez son cometidos en una edad más temprana y, de forma paralela, se están registrando un aumento de este tipo de medidas. En concreto, y según los datos del Decanato de los Juzgados de Madrid, en los seis primeros meses de este año los jueces adoptaron un total de 728 medidas privativas de libertad para otros tantos menores autores de delitos graves, lo que supone un aumento del 11,7 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Ya el año pasado, las órdenes de internamiento en régimen cerrado (1.523) superaron en España a las del ejercicio anterior (1.219).

Los delitos de lesiones se llevaron la palma (15.928), seguidos por los robos con violencia o intimidación (9.047), robos con fuerza (7.861) y hurtos (7.420). Mientras, los relacionados con la violencia de género (en el anterior ejercicio no estaba en vigor) se estrenaron con 2.607 casos relacionados con menores.

Respecto a los delitos cometidos por los menores de edad, los homicidios y las agresiones sexuales aumentaron el pasado año respecto a 2004. En cuanto a los primeros, se pasó de los 179 cometidos por menores en 2004 a los 203 de 2005. Y respecto a los delitos contra la libertad sexual, los 1.320 de 2004 se convirtieron, al año siguiente, en 1.469.

Centros saturados

En su última memoria anual, la Fiscalía General del Estado alertaba de la «saturación» de los centros de internamiento y de las «dificultades» inherentes al tratamiento de los quebrantamientos de condena. Del mismo modo, el Ministerio Público se quejaba de que los técnicos de libertad vigilada superan con creces las ratios de menores a controlar y lamentaba la «falta de formación y preparación» de los educadores responsables de ejecutar las medidas sustitutivas del internamiento.

- La delincuencia cometida por jóvenes es un fenómeno que, desgraciadamente, gana cada día más terreno.

- Los delitos graves, aquellos que llevan aparejada la adopción de medidas judiciales privativas de libertad, cada vez son cometidos en una edad más temprana y se está registrando un aumento de este tipo de medidas.

- En 2005 se abrieron diligencias a 89.707 menores por la comisión de un delito. De ellos, 47.247 tenían entre 16 y 17 años. Homicicios y agresiones sexuales aumentaron respecto al anterior ejercicio.

  

Una información de R. N. publicada por el diario LA RAZON el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Crímenes de menores que causaron alarma social

MADRID - Sandra Palo fue llevada hasta un polígono donde la violaron, estando inconsciente la atropellaron repetidas veces, la rociaron con gasolina y la prendieron fuego cuando aún estaba viva. La gasolina fue clave para detener a los agresores. Los asesinos, menores de edad, fueron condenados a penas que oscilan entre los 4 y los 8 años de internamiento en un centro de reclusión.

Asesino de la catana. José Rabadán, de 16 años, mató a sus padres y a su hermana, con síndrome de Down, el 1 de abril del 2000, con unos 70 golpes de catana en su propia casa, cuando estaban durmiendo. Quedó en libertad, tras concluir los 6 meses de medidas cautelares, a la espera de juicio. Rabadán fue condenado el 1 de junio de 2001 a la medida reeducativa de 12 años de internamiento en un centro terapéutico por los tres asesinatos, con la limitación legal de 8 años, a los que seguirán otros 2 de libertad vigilada.

  

Crimen de San Fernando. Iria, de 16 años, y Raquel, de 17, querían «hacerse famosas» y «saber qué se sentía al matar a una persona». Un día cogieron a Clara García, de 16 años, la llevaron a un descampado en la localidad gaditana de San Fernando, le asestaron 32 puñaladas y la degollaron. La sentencia fue de 8 años. Fueron puestas en libertad al cumplirse los 6 meses de medidas cautelares.

Jokin, 14 años se suicidó después de padecer durante un año el maltrato físico y psicológico de sus compañeros. El Instituto expulsó a los ocho presuntos agresores y Educación les asignó tutores para escolarizarles en sus domicilios.

Una información de R. N. publicada por el diario LA RAZON el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Secuelas de la Ley del Menor” (Editorial de LA RAZON)

El PSOE ha aceptado una enmienda que exime de prisión a los delincuentes de 18 a 21 años           

        

La inseguridad ciudadana ha crecido de forma alarmante en los últimos dos años. Frente a los mensajes complacientes del Gobierno, los ciudadanos han percibido un aumento de la criminalidad acompañado también de un cambio en las características de esos delitos, con la violencia extrema como denominador común de muchos de ellos. En ese contexto, resulta especialmente relevante el incremento de una delincuencia juvenil con nuevas connotaciones aparejadas en muchos casos a cierta inmigración. La presencia en España de las bandas de jóvenes delincuentes, al estilo de las que existen en algunos países iberoamericanos, se ha convertido en una constante. La Fiscalía General desvelaba que los delitos contra la vida cometidos por niños o adolescentes han tenido una escalada del 61 por ciento desde 2002. Este simple dato avalaría por sí solo las férreas medidas adoptadas por el Ejecutivo en su reforma de la Ley del Menor, que endurece las penas y aumenta las de internamiento hasta los once años en los casos de sucesos graves o muy graves. Además, el texto recoge como un agravante el hecho de pertenecer a una banda, lo que podría suponer una medida de internamiento incluso aunque el delito no fuera de carácter violento. Es evidente, por tanto, que el Gobierno intenta poner coto a una realidad tangible que preocupa extraordinariamente a los españoles, y que está justificado en la necesidad de actuar de forma disuasoria ante determinadas conductas delictivas que no han encontrado respuesta suficiente en el actual ordenamiento. Sorprende, sin embargo, a la vista de la voluntad política que anima una reforma conveniente, que el PSOE haya aceptado en la tramitación de la nueva Ley del Menor una enmienda que exime de prisión a los delincuentes de 18 a 21 años, previsión que no incluía el proyecto aprobado en el Consejo de Ministros. Éste dejaba en manos de los jueces la posibilidad de ordenar su ingreso en la cárcel si la conducta «del menor no responde a los objetivos propuestos en la sentencia». Los debates en el Senado podrían devolver al texto su redacción original, aunque los grupos parlamentarios dudan y no se definen, lo que no es una buena noticia. Es evidente que con el solo endurecimiento de la legislación no se conseguirán resultados en la recuperación de menores delincuentes, y que son precisos más medios para la educación y para la prevención, pero un Estado de Derecho, que tiene también la obligación de defender la seguridad de sus ciudadanos, no puede pecar de ingenuidad o de generosidad gratuita. En todo caso, hablamos de prisión por delitos de extrema gravedad para individuos que ya han superado la mayoría de edad y siempre que el juez estime que no han cumplido las exigencias impuestas en la sentencia. Los dos grupos mayoritarios tienen la oportunidad de enmendar la situación con un acuerdo en la Cámara Alta.

Editorial publicado por el diario LA RAZON el lunes 9 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.