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El Gobierno considera que el proceso no está bloqueado aunque avanza lentamente

Por Narrador - 8 de Octubre, 2006, 13:00, Categoría: - Tregua Etarra

Cree imprescindible e irreversible reconocer la participación política de Batasuna cuando la formación cumpla la Ley de Partidos

MADRID.- El proceso de paz no está bloqueado, está empezando a desatascarse y avanza, aunque muy lentamente, según fuentes del Gobierno. «El proceso va lento y a rastras, pero va», explica una de las personas que participan activamente en el asunto.

De hecho, considera que no hay posibilidad de que el proceso de paz encalle, aunque se ralentice; que, efectivamente, cuando surge una dificultad hay que procurar sortearla y que, en estos momentos, se está en fase de avance. Lento, pero avance al fin. La idea es evitar tiempos vacíos que permitan que el proceso se pudra, siempre según esas fuentes.

El primer escollo ha sido el de la mesa de partidos y, en paralelo, la legalización de Batasuna. Sobre ambos inconvenientes empieza a verse ya la posibilidad de solución, lo que abriría la puerta al inicio del diálogo directo con ETA.

El Gobierno ha condicionado la formación de la mesa a que Batasuna acepte la vía política y, a su vez, ETA ha condicionado el primer encuentro con los emisarios de Zapatero a que se cree ese foro.

La importancia de esa mesa, según el Gobierno, es que a diferencia de lo que ocurrió en 1998, ETA acepta por primera vez no ser interlocutor directo de los asuntos políticos.

Zapatero ha intervenido en las últimas semanas, ayudado por Alfredo Pérez Rubalcaba, para lograr que Juan José Ibarretxe y Josu Jon Imaz colaboren en no meter prisa para la constitución de la mesa y, sobre todo, para buscar una salida.

Para eso ha habido contactos bilaterales y multilaterales entre los distintos partidos vascos, incluido Batasuna, y La Moncloa no deja de trasladar a ETA que se trabaja para buscar una solución.

La Moncloa asegura que las condiciones para la creación de esa mesa siguen siendo las que expuso Zapatero el día 30 de junio en la declaración en la que anunció el inicio del diálogo con ETA. Es decir, ausencia de violencia, legalidad y «respeto a la decisión de los vascos», siempre sobre la base del consenso.

El Gobierno explica que el consenso exige que haya acuerdo entre nacionalistas y no nacionalistas y, de esa forma, es posible una constitucionalidad que permite que en las Cortes se acepte el texto que llegue. Esa posición de mínimos y de procedimiento básico de toma de decisiones es la que se negocia estas semanas entre los partidos vascos.

La idea del Ejecutivo es que esa mesa deberá funcionar como ponencia que elabore un nuevo estatuto vasco. El proceso terminaría en un referéndum como el catalán. La dificultad será que la izquierda abertzale acepte esa consulta popular como el ejercicio de la autodeterminación.

Construir varias mesas

Otro de los principios que mantiene el Gobierno es que esa mesa no incluirá en ningún caso Navarra. Otra cosa será que en esa Comunidad se pueda constituir otra mesa similar si así lo quieren los partidos navarros.

El Gobierno ha trasladado a Batasuna que, por ejemplo, es imposible crear en Castilla-La Mancha una ponencia que determine la situación de Castilla y León.

La tesis oficial rescata una de las frases que Javier Zarzalejos, enviado de Aznar, le dijo a ETA en Suiza el 19 de mayo de 1999: «El presidente de España no puede asumir compromisos que atañen al Estado: territorialidad (menciona Navarra). El presidente tiene funciones específicas en las que él puede decidir (...) Pero, por ejemplo, el tema de Navarra o la modificación de ciertos estatutos no está entre sus poderes. No obstante, el Gobierno no impedirá un debate dentro de las instituciones. El presidente no puede reconocer por sí mismo, ni arrastrar a nadie a reconocer el derecho de autodeterminación de determinados territorios. No tiene esa capacidad legislativa».

O sea, que si los partidos navarros plantean la integración en el País Vasco hay procedimientos legales para hacerlo, pero el debate debe relizarse «dentro de las instituciones».

Las gestiones de los partidos vascos, impulsadas por Zapatero, buscan estos días convencer a la izquierda abertzale de que el gesto de disposición a crear la mesa de partidos sirva para vencer la resistencia de Batasuna a aceptar la norma que más daño les ha hecho en su historia, es decir, la Ley de Partidos.

El Gobierno trabaja con la hipótesis de que Batasuna aceptará en los próximos meses incluir en sus estatutos una referencia a la aceptación del juego político dentro de las instituciones, similar a la que apuntó Arnaldo Otegi en 2004 en el famoso mitin de Anoeta y la carta que envió a Zapatero en febrero de 2005. Incluso, algunos miembros del Gobierno consideran que bastaría esa referencia y no sería necesaria una condena expresa de la violencia.

El paso de la legalización y la aceptación de la mesa de partidos y, por tanto, del juego político, sería fundamental porque constataría lo irreversible del proceso y se produciría lo que Zapatero caracterizó como «momento trascendental».

De hecho, es probable que ese paso vaya acompañado de una declaración expresa y pública del presidente o del propio Gobierno reconociendo la importancia de la izquierda abertzale como parte de la sociedad vasca, siempre que defienda sus posiciones al margen de la violencia. A partir de ese momento, Batasuna podría defender posiciones independentistas o la autodeterminación desde la legalidad.

De hecho, en el acta de la reunión entre los enviados de Aznar y ETA en 1999 consta una referencia de los emisarios del presidente sobre la importancia de la participación política de Euskal Herritarrok, marca que utilizaba entonces Batasuna.

El Gobierno desmiente que haya habido contactos directos entre Rubalcaba y el abogado Iñigo Iruin para negociar unos estatutos asumibles que permitan la vuelta a la legalidad de Batasuna. El Ejecutivo ha conseguido aislar del proceso reveses como la situación de Ignacio de Juana Chaos, en huelga de hambre. El Gobierno ha recibido garantías de que se trata de un caso aislado y personal, al margen de la posición de la gran mayoría del colectivo de presos.

La izquierda abertzale conoció y aceptó el traslado de De Juana el viernes a Madrid, motivado por la cercanía de una vista oral en la Audiencia Nacional.

El Gobierno ha ido recibiendo garantías de que los primeros actos de violencia callejera no estaban motivados por decisiones estratégicas de ETA y que los que se han producido recientemente tienen más que ver con la situación de De Juana que con el propio proceso de paz.

Igualmente, ETA sabe que el presidente del Gobierno no tiene previsto ningún gesto si previamente no se ha producido un movimiento desde el otro lado. «Sólo habrá un gesto si todo transcurre de forma positiva», aseguran esas fuentes.

En ese procedimiento el asunto de la situación de los presos queda para el final del proceso, una vez que se haya producido el diálogo directo con ETA.

Una información de Fernando Garea publicada en el diario EL MUNDO el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.