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Continúa la corrupción socialista

Por Narrador - 8 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: La Corrupción

La corrupción urbanística sacude al PSPV

Los socialistas valencianos critican la política urbanística del PP mientras los escándalos salpican a sus ayuntamientos y a su secretario general le acusan de «pasar la bandeja» a los empresarios

Valencia - El pasado miércoles el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, defendió en las cortes valencianas una moción de censura al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Uno de los principales pilares en los que Pla sustentó esta moción fue la supuesta corrupción urbanística que padece la región. El Gobierno que preside Francisco Camps, que «salió» reforzado de una moción que no cosechó ni los votos de Esquerra Unida, aprovechó tanto esa jornada como el posterior debate de Política General de los dos días siguientes para sacar todos los trapos sucios de los socialistas.

Retirada de competencias. El Consell jugó sus cartas y anunció justo antes de la moción de censura una medida sin precedentes en la Comunitat. La Generalitat comunicó la retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento socialista de Catral, en Alicante. La justificación a esta actuación la dan las 1.270 viviendas ilegales, construidas sobre suelo no urbanizable e incluso dentro del propio Parque Natural de El Hondo de Elche.

Aparte del caso de Catral, el PSPV se ha visto salpicado por numerosos casos de supuesta corrupción. Un ir y venir de denuncias, acusaciones, multas y sentencias rodean a los socialistas valencianos, precisamente cuando su discurso de oposición se basa en gran medida en los supuestos casos de corrupción del PP.

Sobrecostes en obras públicas. Retrocediendo un poco en el tiempo, la denuncia inmediatamente anterior al caso Catral y que afecta al PSPV, se fecha hace apenas dos semanas cuando los grupos en la oposición de la localidad valenciana de Paiporta denunciaron ante el Tribunal de Cuentas al alcalde socialista, Bertomeu Bas, por presuntas irregularidades contables en el Ayuntamiento. Algunas de las acusaciones ante el juez son por sobrecostes en obras públicas, procesos de selección de trabajadores y gratificaciones a los funcionarios.

También en La Albufera. En abril del año pasado, el secretario general del PSPV en Sueca, Salvador Marín, fue condenado a seis meses de prisión y a una multa de 4.320 euros por construir sin licencia dentro del Parque Natural de La Albufera. El juicio se inició tras una denuncia presentada por Medio Ambiente.

El pasado septiembre, este mismo municipio volvió a ser noticia por otro delito urbanístico, en esta ocasión del alcalde socialista, Salvador Gil. El juez prohibió al Ayuntamiento construir una urbanización de 25 adosados (Residencial Costa Blava) en terrenos de La Albufera. Casualmente, este proyecto había sido diseñado por el despacho de arquitectos del alcalde.

Calpe y Orihuela. De nuevo en Alicante, Calpe y Orihuela son los dos grandes casos de denuncias por corrupción, que en este caso involucran al propio secretario general del partido, Joan Ignasi Pla. En Calpe, dos empresarios denunciaron en enero una trama político-financiera supuestamente impulsada por el concejal socialista Joan Morató, hombre de confianza de Pla. En el mismo municipio, hace apenas dos meses, varios empresarios anunciaron demandas millonarias contra Pla y Morató por instigar una campaña de difamación contra el PP para desacreditar las firmas contratadas por el Ayuntamiento en la red de Aguas de Calpe. El fiscal no ha abierto ninguna investigación. En Orihuela el ex militante socialista y edil Francisco García Ortuño acusó al secretario general del partido de ir a la Vega «a pasar la bandeja» a los empresarios.

El alcalde de Zarra, investigado. Por otra parte, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha abierto diligencias al alcalde socialista de Zarra (Valencia) por presuntos delitos de estafa, delito societario, prevaricación, malversación y fraude. L’Alcudia de Crespins se vio también envuelta en polémica cuando en 1994 recibió un préstamo de 169 millones de las antiguas pesetas por parte de Caixa Ontinyent, una operación calificada por la propia entidad, de la que Joan Ignasi Pla era vicepresidente segundo, como «morosa en su totalidad». Alaquàs, El Puig, Moncada, Paiporta, Benissa, Bigastro, Elx, Elda, Alcalá de Xivert, Benicarló, Jérica, son otros municipios en los que algún cargo socialista tiene ya condena o está imputado en algún delito.

Una información de Ana Garrido publicada en el diario LA RAZON el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El ladrillo destapa las vergüenzas del PSOE

VALENCIA/MURCIA. Los discursos grandilocuentes socialistas sobre el medio ambiente y el respeto a la naturaleza se diluyen a golpe de realidad. Mientras la ministra Narbona realiza operaciones de maquillaje al derrumbar alguna que otra construcción en la costa y arremete a diario contra el modelo urbanístico mediterráneo -aunque obvia atacar al catalán y andaluz, centrando sus críticas en el valenciano y murciano-, los escándalos de sus compañeros de partido en esta disciplina en los municipios en que gobiernan en el Levante desenmascaran su estrategia y ponen de relieve que tienen más cosas que callar que denunciar, por mucho que se les llene la boca con el concepto «desarrollo sostenible».

Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, los ayuntamientos socialistas, desde marzo de 2003 hasta junio de 2006 -lo que va de legislatura-, han reclasificado ya 25,4 millones de metros cuadrados, y en las dependencias de la Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalitat se agolpan solicitudes para reclasificar 63 millones de metros cuadrados más, lo que suma la friolera de cifra de casi 90 millones de metros cuadrados. Todo un ejemplo de por dónde van los tiros.

También fue curiosa la situación que se produjo justo antes de cambiar de normativa urbanística en esa misma región -de la polémica y denostada por la Unión Europea Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, aprobada por los socialistas, a la Ley Urbanística Valenciana-, cuando 26 alcaldes socialistas presentaron 33 Programas de Actuación Integral (PAI) para construir alrededor de 26.000 viviendas en una superficie que ya entonces suponían 23 millones de metros cuadrados.

Pero, obviamente, el crecimiento urbanístico no es mal en sí mismo, y todos los municipios, sean del color político que sean, están legitimados para incrementar el número de viviendas en su población, siempre y cuando se respeten las leyes vigentes. Ahora bien, siempre no es así y últimamente los paladines y defensores del medioambiente, los partidos de izquierdas, se han visto salpicados por escándalos territoriales dignos de mención, que no fueron citados el pasado día 4 por el secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, al explicar su programa de gobierno durante la moción de censura contra Francisco Camps cuando habló de «urbanismo coherente y responsable».

Catral

El municipio alicantino ha sido el último gran escándalo. El acalde ha reconocido que ha permitido la construcción de 1.270 viviendas ilegales en el municipio, algunas de ellas en el Parque Natural de El Hondo, lo que ha provocado que la Generalitat le haya retirado las competencias en disciplina urbanística y no descarta asumir más, como las de planificación e, incluso, disolver el Consistorio y reclamar al Gobierno central la convocatoria de nuevas elecciones municipales. Se calcula que el beneficio de las constructoras (la que más edificó es del cuñado del alcalde) ha sido de 80 millones de euros, con evasión de impuestos. El asunto está en los Juzgados.

Estivella

El mayor Programa de Actuación Integrada (PAI) de la Comunidad Valenciana, con cinco millones de metros cuadrados, se quiere construir en las localidad valencianas de Estivella, Algimia y Torres-Torres, con tres campos de golf, un hotel de alto standing y un área residencial de 4.000 viviendas en una actuación que se encuentra incluido en la zona de influencia del Parque Natural de Sierra Calderona.

Sueca

El alcalde socialista intentaba construir 25 viviendas en el Parque Natural de la Albufera de Valencia, proyectadas por el despacho de arquitectos al que él pertenece. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha dado la razón a la Consejería de Territorio y Vivenda.

Elda

El ayuntamiento gobernado por el ex presidente del PSOE valenciano ha adjudicado la construcción de un campo de golf y 7.500 viviendas en el paraje Las Cañadas-El Tite a una empresa con la que firmó un acuerdo para incorporar el proyecto al nuevo Plan General de Ordenación Urbana en el caso de que la Generalitat lo rechazara. Asimismo, la empresa adjudicataria compró suelo para la construcción del campo de golf a cuatro euros y, en una semana, después de la rectificación municipal, multiplicó su valor por cinco.

Los Alcázares

Dentro de las filas socialistas, el caso más sonado hasta ahora en la Región de Murcia ha tenido como resultado la dimisión del alcalde de esta población, Juan Escudero, sobre el que han caído varias denuncias por supuestas irregularidades urbanísticas y, últimamente, por los negocios que han mantenido en su municipio empresas de Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama marbellí. Hasta ahora, ningún tribunal ha condenado a Escudero, quien dijo que se marchaba porque no pensaba repetir en las próximas elecciones y dejaba el campo libre a su sucesor. Escudero ha mantenido una fuerte controversia con la direccoión regional de su partido por el modelo urbanístico. Sobre las empresas de Roca -intervenidas judicialmente- que han actuado en su municipio, Escudero declaró que «siempre se han ajustado a la ley». El PP también ha denunciado que la urbanización Torre de Rame carece de declaración de impacto ambiental y que el campo de gol municipal se riega irregularmente con agua de un pozo.

Lorca

El alcalde murciano socialista, Miguel Navarro, también dimitió por fuertes discrepancias con su partido sobre el modelo urbanístico y la docena larga de convenios para edificar nada menos que 150.000 viviendas (una ciudad grande) en los próximos años. Navarro no tiene denuncia en los juzgados, aunque sí las críticas de Izquierda Unida, que ha denunciado que el Ayuntamiento aprobó la urbanización Villa Real a pesar de ocupar espacios protegidos de la sierra de Almenara.

Lorquí

El PP ha denunciado ante la Fiscalía a la alcaldesa socialista murciana por un supuesto delito de prevaricación. Le acusa de perdonar el 10 por ciento de aprovechamiento público del suelo a varios propietarios, entre ellos al concejal de Urbanismo del propio Consistorio. El PSOE niega que haya pelotazo y rebate que una concejal del PP es la que sale más beneficiada.

IU expedienta a dos de sus alcaldes

VALENCIA. La fiebre urbanística ataca por igual a todos los partidos políticos, pero algunos casos son más notorios que otros y adquieren un significado especial por quien la sufre.

Por ejemplo, choca que una coalición como Izquierda Unida, que en la Comunidad Valenciana está unida electoralmente con Los Verdes, tenga su cuota de escándalos del cemento y del ladrillo, teniendo en cuenta que gobierna en pocos y pequeños municipios.

Sin embargo, el frenesí constructor que les ha entrado a sus alcaldes en la costera población de Canet d´En Berenguer y en Salinas han obligado a la propia dirección de IU a desautorizar a sus máximos ediles y a abrirles expedientes por no seguir las recomendaciones urbanísticas expresadas por los órganos de gobierno de la coalición.

Una información de Javier Reigadas y Manuel Buitrago publicada en el diario ABC el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.