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8 de Octubre, 2006

Se confirma la negociación en Oslo

Por Narrador - 8 de Octubre, 2006, 14:00, Categoría: General

Noruega confirma que hay contactos previos con ETA

OSLO.- El Gobierno español está manteniendo contactos previos con representantes de la banda terrorista ETA. Las conversaciones se están desarrollando en algún lugar de Noruega. Así se lo han confirmado fuentes del Gobierno noruego a una televisión de este país, la cadena TV2.

El canal dio cuenta anoche de que informantes anónimos del Ejecutivo noruego confirmaban la noticia, informa Reuters.

Ayer mismo, el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba negaba tales informaciones y aseguraba que no tenían ningún fundamento. En una rueda de prensa, el ministro aseguraba que los datos ofrecidos por el diario ABC, según los cuales el Gobierno español estaría manteniendo conversaciones previas con miembros de la banda, eran absolutamente falsos. «No es verdad. No hemos mantenido ningún contacto», dijo Rubalcaba, quien añadió que, en el caso de abrirse esas conversaciones, los partidos políticos serían los primeros en conocerlo.

Una información publicada en el diario EL MUNDO el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El PP asegura que «no es casual» que los contactos Gobierno-ETA sean en Oslo

VALENCIA. El secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, aseguró ayer que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «ha aceptado tratar a España y al País Vasco como si fueran Israel y Palestina, tal y como siempre ha exigido la banda terrorista». Estas declaraciones, realizadas ayer en Valencia, hacían referencia a la noticia publicada ayer en ABC en la que se informaba de que el Ejecutivo y ETA están manteniendo contactos en Oslo para abordar la negociación «armas por presos».

En este sentido, Acebes indicó que «vemos cómo vuelven a aparecer noticias de los contactos entre el Gobierno de todos los españoles y ETA», y advirtió que la elección de la capital noruega «no es casual», ya que se busca un «mensaje y un símbolo» con una mediación internacional, dado que fue en esa ciudad donde en 1993 se firmaron los acuerdos entre el Gobierno israelí y la OLP.

El popular añadió que «también ha llevado el proceso de negociación a la Unión Europea, como si se tratara de dos países distintos que necesitan de una instancia internacional para resolver sus problemas y sus conflictos», y presagió que, el día menos pensado, Rodríguez Zapatero, «pedirá que el falso conflicto entre España y el País Vasco se trate en Naciones Unidas».

A juicio de Acebes, hace dos años y medio, ETA «estaba a un paso de la derrota», con «Batasuna expulsada de las instituciones, los etarras corriendo como conejos y las víctimas con todo el respaldo y el reconocimiento del Gobierno», lo que confrontó con la situación actual, en la que la banda armada «está a un paso de la victoria», con «Batasuna negociando con el ministro del Interior su legalización, a punto de conseguir la mesa de la autodeterminación y las víctimas abandonas por el presidente del país».

En esta tesitura, lamentó que, mientras tanto, «los socialistas vascos se alían en el Parlamento autonómico con los nacionalistas y los proetarras contra el PP y nuestra iniciativa de condena a ETA».

Rubalcaba niega los contactos

Por la tarde, y preguntado por los periodistas, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, negó que se hayan establecido contactos entre el Gobierno y ETA y aseguró que cuando se produzcan, los partidos políticos serán los primeros en enterarse.

Una información de Javier Reigadas publicada en el diario ABC el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El Gobierno considera que el proceso no está bloqueado aunque avanza lentamente

Por Narrador - 8 de Octubre, 2006, 13:00, Categoría: - Tregua Etarra

Cree imprescindible e irreversible reconocer la participación política de Batasuna cuando la formación cumpla la Ley de Partidos

MADRID.- El proceso de paz no está bloqueado, está empezando a desatascarse y avanza, aunque muy lentamente, según fuentes del Gobierno. «El proceso va lento y a rastras, pero va», explica una de las personas que participan activamente en el asunto.

De hecho, considera que no hay posibilidad de que el proceso de paz encalle, aunque se ralentice; que, efectivamente, cuando surge una dificultad hay que procurar sortearla y que, en estos momentos, se está en fase de avance. Lento, pero avance al fin. La idea es evitar tiempos vacíos que permitan que el proceso se pudra, siempre según esas fuentes.

El primer escollo ha sido el de la mesa de partidos y, en paralelo, la legalización de Batasuna. Sobre ambos inconvenientes empieza a verse ya la posibilidad de solución, lo que abriría la puerta al inicio del diálogo directo con ETA.

El Gobierno ha condicionado la formación de la mesa a que Batasuna acepte la vía política y, a su vez, ETA ha condicionado el primer encuentro con los emisarios de Zapatero a que se cree ese foro.

La importancia de esa mesa, según el Gobierno, es que a diferencia de lo que ocurrió en 1998, ETA acepta por primera vez no ser interlocutor directo de los asuntos políticos.

Zapatero ha intervenido en las últimas semanas, ayudado por Alfredo Pérez Rubalcaba, para lograr que Juan José Ibarretxe y Josu Jon Imaz colaboren en no meter prisa para la constitución de la mesa y, sobre todo, para buscar una salida.

Para eso ha habido contactos bilaterales y multilaterales entre los distintos partidos vascos, incluido Batasuna, y La Moncloa no deja de trasladar a ETA que se trabaja para buscar una solución.

La Moncloa asegura que las condiciones para la creación de esa mesa siguen siendo las que expuso Zapatero el día 30 de junio en la declaración en la que anunció el inicio del diálogo con ETA. Es decir, ausencia de violencia, legalidad y «respeto a la decisión de los vascos», siempre sobre la base del consenso.

El Gobierno explica que el consenso exige que haya acuerdo entre nacionalistas y no nacionalistas y, de esa forma, es posible una constitucionalidad que permite que en las Cortes se acepte el texto que llegue. Esa posición de mínimos y de procedimiento básico de toma de decisiones es la que se negocia estas semanas entre los partidos vascos.

La idea del Ejecutivo es que esa mesa deberá funcionar como ponencia que elabore un nuevo estatuto vasco. El proceso terminaría en un referéndum como el catalán. La dificultad será que la izquierda abertzale acepte esa consulta popular como el ejercicio de la autodeterminación.

Construir varias mesas

Otro de los principios que mantiene el Gobierno es que esa mesa no incluirá en ningún caso Navarra. Otra cosa será que en esa Comunidad se pueda constituir otra mesa similar si así lo quieren los partidos navarros.

El Gobierno ha trasladado a Batasuna que, por ejemplo, es imposible crear en Castilla-La Mancha una ponencia que determine la situación de Castilla y León.

La tesis oficial rescata una de las frases que Javier Zarzalejos, enviado de Aznar, le dijo a ETA en Suiza el 19 de mayo de 1999: «El presidente de España no puede asumir compromisos que atañen al Estado: territorialidad (menciona Navarra). El presidente tiene funciones específicas en las que él puede decidir (...) Pero, por ejemplo, el tema de Navarra o la modificación de ciertos estatutos no está entre sus poderes. No obstante, el Gobierno no impedirá un debate dentro de las instituciones. El presidente no puede reconocer por sí mismo, ni arrastrar a nadie a reconocer el derecho de autodeterminación de determinados territorios. No tiene esa capacidad legislativa».

O sea, que si los partidos navarros plantean la integración en el País Vasco hay procedimientos legales para hacerlo, pero el debate debe relizarse «dentro de las instituciones».

Las gestiones de los partidos vascos, impulsadas por Zapatero, buscan estos días convencer a la izquierda abertzale de que el gesto de disposición a crear la mesa de partidos sirva para vencer la resistencia de Batasuna a aceptar la norma que más daño les ha hecho en su historia, es decir, la Ley de Partidos.

El Gobierno trabaja con la hipótesis de que Batasuna aceptará en los próximos meses incluir en sus estatutos una referencia a la aceptación del juego político dentro de las instituciones, similar a la que apuntó Arnaldo Otegi en 2004 en el famoso mitin de Anoeta y la carta que envió a Zapatero en febrero de 2005. Incluso, algunos miembros del Gobierno consideran que bastaría esa referencia y no sería necesaria una condena expresa de la violencia.

El paso de la legalización y la aceptación de la mesa de partidos y, por tanto, del juego político, sería fundamental porque constataría lo irreversible del proceso y se produciría lo que Zapatero caracterizó como «momento trascendental».

De hecho, es probable que ese paso vaya acompañado de una declaración expresa y pública del presidente o del propio Gobierno reconociendo la importancia de la izquierda abertzale como parte de la sociedad vasca, siempre que defienda sus posiciones al margen de la violencia. A partir de ese momento, Batasuna podría defender posiciones independentistas o la autodeterminación desde la legalidad.

De hecho, en el acta de la reunión entre los enviados de Aznar y ETA en 1999 consta una referencia de los emisarios del presidente sobre la importancia de la participación política de Euskal Herritarrok, marca que utilizaba entonces Batasuna.

El Gobierno desmiente que haya habido contactos directos entre Rubalcaba y el abogado Iñigo Iruin para negociar unos estatutos asumibles que permitan la vuelta a la legalidad de Batasuna. El Ejecutivo ha conseguido aislar del proceso reveses como la situación de Ignacio de Juana Chaos, en huelga de hambre. El Gobierno ha recibido garantías de que se trata de un caso aislado y personal, al margen de la posición de la gran mayoría del colectivo de presos.

La izquierda abertzale conoció y aceptó el traslado de De Juana el viernes a Madrid, motivado por la cercanía de una vista oral en la Audiencia Nacional.

El Gobierno ha ido recibiendo garantías de que los primeros actos de violencia callejera no estaban motivados por decisiones estratégicas de ETA y que los que se han producido recientemente tienen más que ver con la situación de De Juana que con el propio proceso de paz.

Igualmente, ETA sabe que el presidente del Gobierno no tiene previsto ningún gesto si previamente no se ha producido un movimiento desde el otro lado. «Sólo habrá un gesto si todo transcurre de forma positiva», aseguran esas fuentes.

En ese procedimiento el asunto de la situación de los presos queda para el final del proceso, una vez que se haya producido el diálogo directo con ETA.

Una información de Fernando Garea publicada en el diario EL MUNDO el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Zapatero en Valencia

Por Narrador - 8 de Octubre, 2006, 12:00, Categoría: - Tregua Etarra

Zapatero pide al PSOE «paciencia» ante la falta de apoyo del PP al 'proceso de paz'

Alaba la «contención» de muchos socialistas ante «los enredos» del PP en el 11-M Afirma que España está «como una roca»

VALENCIA.- Paciencia y contención. Fue la petición expresa que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo ayer a los socialistas en Valencia ante «los enredos del 11-M» y la falta de apoyo del Partido Popular al proceso de paz.

En un multitudinario mitin en el pabellón de La Fuente de San Luis ante unas 6.500 personas -aunque el recinto no se llenó al completo-, Zapatero utilizó la proclamación de Joan Ignasi Pla y Carmen Alborch como candidatos a la comunidad y la Alcaldía de Valencia, respectivamente, para animar a su partido en ambos asuntos y vaticinar, como hace siempre, que el tiempo acabará dándole la razón.

De hecho, el llamamiento vino precedido de un recordatorio al Estatuto de Cataluña: «Recordáis que ahora, hace un año, estábamos en el debate de la reforma del Estatuto catalán. La derecha decía que se iba a romper este país, con ese tono de moderación que les caracteriza. Recordad que decían que España se rompía, que se acaba la cohesión, la solidaridad... ¡Y qué queda de aquello un año después! Pues que España está como una roca. Avanzamos en empleo, en solidaridad, en progreso y en desarrollo. El PSOE vertebra este país».

Y, con esta introducción intencionada, casi al final del mitin y tras bajar varias veces la cabeza hacia los papeles que tenía en el atril para medir sus palabras, dijo: «Sé que hay muchos ciudadanos y muchos compañeros del partido que practican la contención al ver que la oposición, a diferencia de lo que ocurre en el resto de Europa, no da el apoyo al Gobierno en el proceso de paz, o enreda con la tragedia del 11-M que tanto nos hizo sufrir».

Zapatero añadió que también entienden que muchos piensen que «sería impensable» que esto que hace el PP lo hiciera la oposición en Gran Bretaña con el atentado del 7-J o en el proceso de paz con el IRA. Pero, el líder del PSOE reclamó que nadie se ponga nervioso. «Os pido que tengamos paciencia, porque este es un país serio y que funciona. El veredicto sobre el 11-M y los que pasó estará en una sentencia. Hagan lo que hagan, no van a poder impedir que este país funcione».

A continuación, se refirió al proceso de paz con una frase en condicional que inquietó a más de uno: «Si avanzamos en el proceso de paz, que es un gran empeño de este Gobierno, tan grande como difícil, si lo hacemos con poco apoyo de la oposición, lo único que tenemos que decirles es que, aunque no nos apoyen hoy, este Gobierno se siente cerca de ellos, porque ellos también han sufrido el terrorismo y han luchado contra el terrorismo». Y el público, cada vez más acostumbrado a estas salidas franciscanas del líder socialista, aplaudió.

El resto del mitin -que dedicó en gran parte a apoyar a Pla y Alborch, y a dar una retahíla de datos sobre la marcha de la comunidad y la labor del Gobierno en la zona- lo volvió a dedicar a la buena marcha de la economía y, especial, a la Ley de Dependencia.

Zapatero puso en valor la aprobación de esta Ley, «que posibilitará que el Estado esté cerca de cualquier persona que no se pueda valer por sí misma. Va a estar cerca de las familias y, en especial, de las mujeres, que son las que están haciendo la verdadera política social», dijo.

Para el líder socialista, esta ley pone a España a la cabeza de Europa de los países que representan el Estado del Bienestar: «Lo más importante que tenemos es esto; la educación gratuita y universal, la sanidad, las pensiones y, ahora, el Sistema Nacional de Dependencia. Esos cuatro avances han sido impulsados por gobiernos socialistas».

Finalmente, Zapatero, que mencionó expresamente a los ministros Miguel Angel Moratinos y Jordi Sevilla, a la secretaria de Estado de Cooperación, Leyre Pajín; incluso al alcalde de Gandía que había tenido una hija -todos presentes en el mitin-, acabó con otro vaticinio de los que le gustan: «Recordad que vendré a inaugurar el AVE con Pla como presidente de la Generalitat».

Una información de Manuel Sánchez publicada en el diario EL MUNDO el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Zapatero se siente «cerca» del PP porque ha sufrido a ETA

El presidente vuelve a reclamar paciencia para dejar avanzar el «proceso»

VALENCIA - El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió ayer paciencia para dejar avanzar las negociaciones de lo que él denominó «proceso de paz», en alusión a los contactos con la banda terrorista ETA. Dijo que la sociedad española podía no entender cómo el principal partido de la oposición no apoyaba de forma clara el proceso, o por qué «enredan con el dolor del 11-M» y aseveró que esto no sería posible en Gran Bretaña, donde la oposición siempre respaldó el proceso del paz en Irlanda y nunca utilizó como arma política las bombas en el metro de Londres. Según el presidente, «muchos ciudadanos, que ejercen y practican la contención día a día de ver cómo la oposición, a diferencia de lo que ha hecho cualquier oposición democrática en Europa, no da un apoyo pleno al Gobierno para un proceso de paz o enreda frente a lo que fue la tragedia del 11-M, que tanto nos hizo sufrir, piensan que sería inimaginable que la oposición en Gran Bretaña hiciera lo que aquí está haciendo el PP con el 11-M».

«Si lo hacemos con poco apoyo de la oposición, lo único que tenemos que decirles es que, a pesar de que no nos apoyen hoy y estén diciendo lo que están diciendo de la tarea del Gobierno para ese proceso de paz -aseguró Zapatero-, este Gobierno y el PSOE se sienten cerca de ellos porque ellos han sufrido el dolor del terrorismo y han luchado contra el terrorismo». Además, dijo que el veredicto final del 11-M lo dará, «como debe ser» el poder judicial.

Respecto a la inmigración, explicó que «un país que tiene marcado en su piel el esfuerzo de salir fuera tiene que dar ejemplo de compromiso con la gente que viene de fuera» y calificó de «masivo» el fraude a la Seguridad Social que permitió el PP con la entrada masiva de ilegales. Aseguró, además, hacer una política de inmigración «con la cabeza y con el corazón», desde la legalidad y los derechos humanos y dijo que los inmigrantes eran «necesarios para nuestro futuro». Del mismo modo, advirtió al PP que «conocen poco la madurez y ciudadanía de este país si creen que va a arrancar votos con el discurso antiinmigración».

Dijo que España lideraba el crecimiento económico y que el sesenta por ciento del empleo que se crea en Europa surge en España. «Crecemos cerca del cuatro por ciento del PIB anual y generamos entre 700.000 y 800.000 empleos al año». Mencionó el sistema nacional de dependencia, cuya ley aprobó recientemente el Congreso de los Diputados, la subida de las pensiones y dijo que «aun así, tenemos superávit».

Enfatizó que «pronto superaremos en renta per cápita a países que antes nos acogían como Italia y Alemania», aunque no refirió la reunificación de éste último.

Según Zapatero, invertimos en paz y contra la pobreza en el mundo «y podéis sentiros orgullosos de tener de paisana a Leire Pajín, que es la cara de la solidaridad, lleva la voz, pelea y va a conseguir que España dedique el 0,5 por ciento a desarrollo al acabar la legislatura».

Dado que el mitin se celebraba en Valencia como apertura de la precampaña de Joan Ignasi Pla a la presidencia de la Generalitat, se refirió al proyecto español de instalación de la base para misiones humanitarias de la ONU en el aeropuerto de Manises y dio la enhorabuena el ministro Moratinos -allí presente-, a quien animó a conseguirlo.

Una información de Toni Ramos publicada en el diario LA RAZON el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Zapatero dice que está cerca de los populares que «sufrieron» con el terrorismo

VALENCIA. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró ayer que, pese a las críticas de los dirigentes del PP a la política del Ejecutivo respecto a ETA, su Gabinete «se siente cerca de ellos porque sufrieron y han luchado contra el terrorismo».

En un mitin en Valencia, Zapatero interpretó que «muchos ciudadanos, que ejercen y practican la contención día a día de ver cómo la oposición, a diferencia de lo que ha hecho cualquier oposición democrática en Europa, no da un apoyo pleno al Gobierno para un proceso de paz o enreda frente a lo que fue la tragedia del 11-M, que tanto nos hizo sufrir, piensan que sería inimaginable que la oposición en Gran Bretaña hiciera lo que aquí está haciendo el PP con el 11-M».

El jefe del Ejecutivo reclamó «paciencia» a la ciudadanía para «avanzar en este proceso», que definió como «un empeño grande y difícil del Gobierno», y se refirió a la actitud de un sector del PP respecto a la investigación del 11-M. «Hagan lo que hagan, no van a impedir que las instituciones funcionen adecuadamente», sentenció.

Zapatero también comentó la posición de los populares respecto a la política de inmigración estatal y afirmó que «en este país no puede ni debe haber ni fariseísmo, ni hipocresía ni demagogia». El presidente del Gobierno adelantó que los discursos contrarios a la inmigración no dan votos en España.

El líder socialista acudió a Valencia para protagonizar un mitin con el candidato del PSOE a la Generalitat Valenciana, Joan Ignasi Pla, después de que éste perdiera esta semana la moción de censura contra el popular Francisco Camps. Para ello, Zapatero se centró en la descalificación de la gestión del PP en Valencia y esgrimió las inversiones comprometidas con la región.

Una información de V. Villaplana publicada en el diario ABC el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Zapatero expresa su cercanía al PP por haber sufrido el terrorismo de ETA 

El presidente lamenta el escaso apoyo del principal partido de la oposición al proceso

Valencia - El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lamentó ayer el exiguo apoyo del PP al proceso de paz en el País Vasco, pero aseguró que se siente cerca de los populares porque "también han sufrido el terrorismo y también han luchado contra él". Zapatero participó ayer en un mitin en Valencia en la proclamación del candidato autonómico, Joan Ignasi Pla, y de los candidatos municipales de ciudades de más de 50.000 habitantes. El jefe del Gobierno criticó al PP por enredar con el 11-M, pero pidió paciencia porque, dijo, no van a impedir que las instituciones funcionen.

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, reclamó "paciencia" a los socialistas ante el escaso apoyo del Partido Popular al Gobierno en la "difícil tarea" de lograr la paz y los enredos que intentan organizar en torno a la tragedia del 11-M. El presidente del Gobierno advirtió: "Hagan lo que hagan no van a poder impedir que este país funcione adecuadamente". El líder socialista aseguró que España es "un país serio, con instituciones que funcionan" y que el "veredicto de lo que pasó el 11 de marzo de 2004 estará en una sentencia dictada por quien corresponde, el poder judicial".

Respecto al problema de la inmigración, Zapatero también lanzó una advertencia a los populares, a los que acusó de practicar el "fariseísmo, la hipocresía y la demagogia". "La derecha habla de la regularización masiva [de inmigrantes]", prosiguió Zapatero, "Masiva fue la entrada de inmigrantes que estaban trabajando aquí sin derechos. Un país no puede consentir que haya ciudadanos sin garantías".

"Aunque algunos crean que con el discurso anti-inmigración van a arrancar votos, conocen poco la madurez de este país", dijo Zapatero, que recordó que España es un país que ha pasado por la dura experiencia de la migración.

El dirigente socialista se volcó ayer en Valencia para dar un impulso a las candidaturas de Joan Ignasi Pla, que aspira a presidir el Gobierno valenciano ahora en manos del PP, y de la ex ministra de Cultura Carmen Alborch, que se enfrentará a la popular Rita Barberá en las municipales. Según un sondeo del Instituto Opina para EL PAÍS, el PP aventajaría ahora a los socialistas en 12,9 puntos si mañana se celebrasen elecciones autonómicas. Una diferencia que se recortaría a 5,5 puntos si se tratase de unas elecciones generales.

Rodríguez Zapatero puso especial énfasis en intentar desmontar los argumentos que esgrime el Ejecutivo valenciano, que preside el popular Francisco Camps, para criticar al Gobierno central.

El presidente del Gobierno aseguró que este año estarán en marcha todas las obras del AVE Madrid-Valencia; recordó que su Administración es la que está sufragando las obras de la Copa del América y manifestó que el programa Agua permitirá a la Comunidad Valenciana ser autosuficiente con más recurso de los que ofrecía el "inviable trasvase del Ebro".

Pla lamentó que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no hubiese acudido a su propia moción de censura en el Parlamento y lo retó a un debate en Canal 9. El secretario general de los socialistas valencianos tachó las políticas de Camps de extrema derecha. Carmen Alborch aseguró que tras 15 años de gobierno local del PP "la gente ya no aguanta más".

Una información de Joaquín Ferrandis publicada en el diario EL PAIS el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


"El festín de Baltasar" Pedro J. Ramirez

Por Narrador - 8 de Octubre, 2006, 11:00, Categoría: 11-M

«Fuego de insania brilla/del ebrio soberano en la mejilla,/que el vino en él provoca/ temeridad fatal y audacia loca,/llevando su osadía/hasta ultrajar a Dios con lengua impía./Y blasfema, y blasfema, y cada instante/su impiedad es mayor; y delirante,/la cortesana multitud lo aclama».

(Baltasar de Heinrich Heine)

Pocos minutos antes de la medianoche del martes 7 de febrero de 1995 llamé por teléfono al juez Garzón a su domicilio para mostrarle mi solidaridad frente al infundio que, según acababa de escuchar por la radio, publicaría al día siguiente uno de los dos diarios que con más entusiasmo han aplaudido ahora sus desmanes procesales. La banda de Interior le acusaba nada menos que de haber pagado con dinero de los fondos reservados unas vacaciones que había pasado en la República Dominicana junto a su esposa y su cuñada.

- Mira, Baltasar, tú sabes que cuando nos ha parecido mal algo que has hecho lo hemos publicado y ahí están las peripecias de estos últimos años, pero cuando se recurre a cosas de este tipo...

- La presión es tremenda. Hay momentos en que me dan ganas de dejarlo todo...

- No, eso no puedes hacerlo.

- Pues ya ves, de momento ya han metido a mi familia. Y preparan no sé qué historias de putas y de droga...

- Que sepas que te vamos a apoyar a tope porque lo que está en juego es que en España la Justicia sea igual para todos...

- Van a decir que voy violando prostitutas, que consumo cocaína y que me he reunido en secreto contigo y con el PP...

- Pero es imposible demostrar lo que no ha existido...

- Eso no importa. Pedro J., están desesperados. Son capaces de matar si hace falta. Tengo razones para temer por mi vida.

Tal y como recordé en mi libro Amarga Victoria y vuelvo a recordar perfectamente ahora, «aquella noche colgué el teléfono con un nudo en la garganta». No era para menos: un juez de la Audiencia Nacional me estaba confesando que temía que agentes del Gobierno le asesinaran. El antecedente más inmediato de aquella conversación había sido la alocución contra Garzón por parte del ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, retransmitida en directo por la televisión pública desde el plató de la cárcel de Alcalá Meco. Y su secuela directa fue la corroboración por EL MUNDO de que algunos de los temores del juez estaban más que fundados, al desvelar tan sólo nueve días después que 20 policías a las órdenes del comisario jefe Carlos Rubio habían elaborado el infamemente bautizado como Informe Veritas, entregado en secreto al Juzgado número 46 de Madrid.

En dicho informe se aseguraba literalmente que un grupo de narcotraficantes, «conocedores de su obsesión por las mujeres», había logrado introducir a Garzón «en fiestas aparentemente inocuas y en orgías donde puede disfrutar de dos y hasta tres mujeres a la vez, donde se consume coca y se abusa del caviar y del champán francés, y en más de una fiesta se hicieron filmaciones en vídeo y fotografías».

Si hubiera imaginado la que me iban a montar a mí un par de años después, probablemente la burla despectiva ante tan patético relato no se habría abierto camino junto al escalofrío que producía pensar que si los agentes de Corcuera y Vera habían intentado endosarle lo de las putas, tal vez también estuvieran, en efecto, preparando el darle matarile. «Me temo que alguien quiera quitar de en medio al juez Garzón», llegó a advertir por esas mismas fechas el coordinador de Izquierda Unida, Julio Anguita. «Reclamo una especial protección para él».

Tanto los lectores más jóvenes como aquellos especialmente desmemoriados comprenderán ahora que, con estos antecedentes, yo entendiera mejor que nadie cuánta sabiduría había en las palabras del presidente del Poder Judicial, Francisco Hernando, cuando el jueves comentó que un juez «con la entidad y la experiencia» de Garzón difícilmente podría sentirse «intimidado» por la gavilla de críticas periodísticas que ha disonado estos días del coro de loas generalizadas con que la mayoría de los medios ha acogido su montaje contra los tres honrados policías que osaron intentar advertir al nuevo ministro del Interior de la falsificación de su informe.

A mí no me gusta que en ningún periódico, y menos aún en el nuestro, se ridiculice la apariencia física de nadie o se incurra en la exageración de etiquetar su conducta como «nazi», pero coincido con Hernando en que parece inverosímil que tal licencia de un columnista -y ese pellizco de monja es lo más fuerte que se ha escrito sobre Garzón en estos días- haya llegado realmente a inquietar su «independencia» o menos aun a «perturbar ferozmente» -como él mismo alega- a quien comenzó a forjar su leyenda de adalid de la justicia universal combatiendo la calumnia de Estado y temiendo fundadamente por su vida.

Y en cuanto a lo del «montaje», lo de la «criminalización de los peritos», lo de la «trampa procesal» y lo de los «elementos indiciarios de la prevaricación tal y como ha sido definida por la doctrina del Tribunal Supremo», conceptos que aquí mismo mantengo y reitero, pues ajo y agua. ¿O es que ni siquiera va a caber en la libertad de expresión de una democracia que haya un periódico, una radio y un par de sitios de internet que puedan decir y argumentar en ese orden de cosas sobre un juez al que todos los demás cubren de flores?

Agradezco las múltiples llamadas de afecto, aplauso y apoyo, pero no es cierto que los productores de 59 segundos manipularan la realidad mediática al organizar el miércoles un cinco contra uno. Más bien se quedaron cortos ya que, si se trataba de servir de espejo al debate periodístico, lo justo habría sido que me hubieran puesto a diez compañeros enfrente, pues no es otra la correlación de fuerzas. Claro que ni las batallas de la opinión pública ni menos aún las de los tribunales se deciden en función de la cantidad de voces, sino por mor de la calidad argumental de cada una. Y algo querrá decir que entre los juristas la ecuación sea más o menos la inversa: por cada estudiante de Derecho, letrado en ejercicio o catedrático de Penal capaz de justificar lo que procesalmente han hecho Garzón y su compadre el fiscal Zaragoza hay como mínimo una decena cuya percepción de lo ocurrido oscila entre la vergüenza ajena y la recomendación de que se deduzca testimonio contra ambos.

Cuando se produjo mi llamada de hace 11 años la situación era exactamente la opuesta: se contaban con los dedos de la mano los periodistas que le apoyábamos, pero el mundo del Derecho estaba rotundamente de su lado. Aunque ya se había producido su viaje de ida y vuelta a las listas de míster X, el empeño de Garzón por esclarecer los crímenes de los GAL era, efectivamente, tal y como yo se lo dije aquella noche, la causa de «la igualdad ante la ley», de la tutela judicial efectiva que merece cualquier víctima y de la primacía del Derecho sobre la razón de Estado. Cuando el instructor del Tribunal Supremo refrendó todos y cada uno de sus pasos procesales y el pleno de la Sala Segunda convirtió en hechos probados sus averiguaciones sumariales, quedó reivindicada no sólo una persona sino, contra viento y marea, la propia concepción democrática de la Justicia.

De entonces a ahora ha llovido de todo con remite del Juzgado de Instrucción Central número 5. Desde la villanía contra Liaño hasta la audaz y encomiable persecución de Pinochet, desde la chapuza de la operación Nécora hasta los macrosumarios que retratan atinadamente la poliédrica realidad de ETA, desde la sensibilidad del cooperante en la lucha contra la droga, la exclusión y la pobreza hasta la ofuscada megalomanía del activista capaz de incitar en un mitin a que se coree el grito de «¡asesino!» contra el presidente del Gobierno. Y eso sin entrar en los aledaños del 11-M y la espantada neoyorquina, que tiempo habrá para ello. Hay en él tantos heterónimos jurídicos, que hasta ahora era imposible responder si se estaba a favor o en contra de Garzón sin pedir la aclaración previa de a cuál de ellos se refería la pregunta. Pero es midiendo a todos esos siempre osados garzones por el único rasero posible -el del principio de legalidad- como peor parado sale el malabarista marrullero de estos días.

Si el Garzón bregado en mil batallas, acostumbrado a ver muy de cerca las orejas -y los colmillos- de los peores lobos se hace ahora la damisela ofendida por columnistas, tertulianos y diputados a quienes en la práctica desprecia es, de hecho, porque sigue siendo lo suficientemente inteligente como para darse cuenta del hondo escándalo, de la profunda decepción, de la sensación de sacrilegio y de blasfemia que su oportunismo sin escrúpulos está causando entre esa escogida élite que componen los más amantes del Derecho y los mejores conocedores de las leyes.

Garzón necesita que el barullo, la confusión y el ruido fruto de sus arbitrariedades sea lo más intenso y duradero posible, no vaya a resultar que cada pieza vuelva a quedar encajada en su sitio y la serenidad permita que se escuchen las voces de la ciencia y la decencia e incluso que entre ellas aparezca, pidiendo asilo y refugio, la de la propia conciencia de aquel juez honrado que hace ya muchos años él mismo pretendió ser.

Y, efectivamente, hablo de «blasfemia» en sentido análogo al inducido en el sentimiento romántico del poeta alemán cuyos versos, arrojados sobre los manteles del hijo de Nabucodonosor con toda la cólera del sturm und drang, han servido de introducción a este artículo. O tratando, desde luego, de transmitir con los pobres recursos expresivos a mi alcance el mismo mensaje que tan magistralmente plasmó Rembrandt en su famoso lienzo sobre el mismo asunto, inspirado en el capítulo V del Libro de Daniel.

Era tanta mi admiración por el historiador británico Simon Schama que, cuando después de escribir Citizens -la mejor historia de la Revolución Francesa de la segunda mitad del siglo XX- publicó Rembrandt's eyes, a la primera oportunidad que tuve acudí a la National Gallery de Londres con su libro bajo el brazo para volver a ver la media docena de lienzos emblemáticos del gigante holandés allí depositados, con la mirada de esos ojos que, de repente, se me abrían.

Fue una experiencia inolvidable repasar con tan sabia y a la vez intuitiva guía literaria los retratos de ancianos que reflejan la pletórica confianza de aquella primera burguesía flamenca de comienzos del XVII segura de sus valores o el cuadro que muestra a su amante Hendrickje levantándose el camisón y contemplando el reflejo de sus muslos en el agua porque, como bien dice Schama, «Rembrandt no la admira como a una posesión, sino por su dominio de sí misma, y la capta como si fuera de soslayo en un acto de ensimismamiento». Pero el éxtasis llegó con su reinterpretación de El festín de Baltasar, teniendo el lienzo delante.

La escena recoge el estupor del príncipe babilonio y sus invitados cuando la mano misteriosa del destino escribe en la pared la profecía del fin de su reino. Pero más importante aún que lo que nos cuenta que está sucediendo en ese momento es lo que nos recuerda que acaba de suceder poco antes: la exuberancia, el derroche de sensualidad, pompa y circunstancia de un banquete en el que el desenfreno ha desembocado en la profanación de lo más venerable. Los metales preciosos, el armiño, la seda, el resplandor de la carne desnuda, los chorros de vino que derraman los cálices sagrados... todo estalla ante los sentidos, todo nos deslumbra, nos embriaga y nos seduce hasta acercarnos, en un viaje de pictórica operística, a la frontera en la que la transgresión engendrará la tragedia que engullirá a los transgresores.

Schama lo explica así: «Aquí el oro no cae sobre el relato en forma de bendición, sino como maldición: no como irradiación, sino como una especie de contaminación leprosa que recubre el manto ornamentado del rey y resplandece ominosamente en las vasijas incautadas por el príncipe de Babilonia del templo de Jerusalén y profanadas al usarlas como vajilla para su banquete».

Pues bien, no podría describir con mejores imágenes ni palabras más precisas la sensación de agravio en sus convicciones más íntimas que he percibido yo estos días tanto en grandes juristas a los que admiro como en los aprendices y amateurs -aquellos que más aman lo que hacen- que pluma en ristre han convertido el Derecho en su referencia y vocación. Aunque durante las siete horas en las que tuvo a su principal víctima haciendo antesala el juez sólo consumiera una cerveza y dos chapatas, para todas estas personas el verdadero y oprobioso festín de Baltasar no ha sido ninguna de aquellas bacanales de las «tres mujeres a la vez» -ya me contarán cómo, por mucho que ayudaran el «caviar» y el «champán francés»...- imaginadas por los esbirros del electricista palurdo, sino esta bien real orgía de abusos procesales perpetrada contra unos funcionarios indefensos. (Indefensos, pero ofensivos para un Gobierno a cuyo presidente Garzón trata de asociarse como diunviro, bien sea para la paz, bien sea para la guerra).

Y es que para toda alma sensible penetrada por el espíritu de las leyes observar cómo un juez que desde el primer momento sabe que no es competente recurre a los más burdos ardides para practicar diligencias para las que no está habilitado, arrolla en las formas y en el fondo las garantías procesales de sus víctimas, dicta un auto de imputación sin base racional alguna, desencadena un proceso de linchamiento de quienes -insisto- están desamparados ante la apisonadora mediática gubernamental y aún recurre a ruines trampas a título póstumo para seguir embarrando el terreno procesal, pues equivale, en efecto, a contemplar la «contaminación leprosa» en la que las «vasijas del templo» de la Justicia se convierten en la «vajilla del banquete» de la arbitrariedad inquisitorial.

No es difícil imaginar el sonido de la voz atiplada del juez convirtiendo a los testigos en imputados con los elementos que ingenuamente ellos mismos le habían suministrado. Para quienes desde fuera del cuadro seguimos sometidos a los mismos principios sagrados que en aquel turbulento invierno del 95 es el sonido -sí- de la «blasfemia» y la impostura, aunque no haya que buscar en el vino el origen de su «temeridad fatal y audacia loca».

Mira Schama a los ojos de Rembrandt y descubre la jugada del maestro al condensar un festín multitudinario en el encuadre de tan sólo cinco personajes: «Así consigue intensificar la agobiante sensación de claustrofobia. Esta es una fiesta en la que no hay salida de emergencia». ¿Qué otra cosa pudieron pensar los pobres peritos cuando descubrieron que estaban siendo empapelados por haber vuelto a firmar su mismo informe original, extraído del ordenador sin alterar ni una sola coma de su literalidad, mientras se exculpaba a quienes lo habían falsificado todo? Aquello era secreto. Allí sólo estaban el juez, su fiel secretaria, la fiscal Olga Sánchez -«¡vale ya!»-, el fiscal Pedro Rubira -quién te ha visto y quién te ve- y tal vez algún oficial de confianza. Era fuera del encuadre donde ya comenzaban a rugir las rotativas, los postes microfónicos y los enlaces de ondas hertzianas -«la cortesana multitud» de Heine- que en cuestión de horas aplastarían, triturarían, machacarían y calcinarían a los «tramposos del 11-M», a los «mentirosos del ácido bórico». Buen trabajo, Baltasar.

Pero cuidado, porque el profesor de Oxford y de la Universidad de Columbia no sólo ha calado las intenciones del artista sino también el verdadero móvil de su personaje. «Se había emborrachado de orgullo», sentencia Schama precisando que su estado de ebriedad no es físico sino moral, que cuando te devora la sed de dominarlo todo puede bastar una Mahou para estar como una cuba. Y atención también, porque si «en esa fiesta no hay salida de emergencia», quien tendrá al final el mayor problema será el propio anfitrión.

De hecho los peritos están siendo gradualmente rescatados de sus garras por los autos de la Sala de lo Penal y las nuevas diligencias de la juez Gallego -¿quién les devolverá ahora su honor y su prestigio?-, pero Garzón continúa bajo la lupa de la inspección del CGPJ. Probablemente saldrá tan airoso de ésta como de las anteriores investigaciones disciplinarias porque, si no se grabaron los interrogatorios, al final será la versión del clan contra la de sus damnificados. Pero eso es lo de menos. Lo de más es que las palabras fatídicas -Mane, Thecel, Phares- han quedado ya escritas en la pared y todos lo hemos visto. Como su homónimo babilonio, Baltasar Garzón ha sido puesto en la balanza y no ha dado el peso requerido. Al fin sabemos de qué va. Queda por determinar el cuándo y el cómo irrumpirán en escena los nuevos persas que pondrán término a esa borrachera del orgullo, a ese reinado de la ambición, a ese imperio del sectarismo y a ese despotismo del autoenamoramiento, pero -claro- sólo él conoce lo que ocultan sus sumarios.

Publicado por el diario EL MUNDO el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

«Las víctimas quieren conocer la verdad para poder pasar página»

Por Narrador - 8 de Octubre, 2006, 10:00, Categoría: 11-M

Syra y Ana, psicóloga y asistente social de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, atienden a 500 afectados por la masacre

MADRID.- Fueron 192 muertos y más de 1.500 heridos. Y muchos más los afectados directa o indirectamente por las explosiones de los trenes. Pero en el dolor no están solos. Han pasado más de dos años y medio y son muchos los profesionales que atienden diariamente las necesidades de las víctimas, son sus ángeles de la guarda.

Son los grandes desconocidos, aquéllos que diariamente se sientan y comparten el dolor de los que vivieron en primera persona el terror del 11-M. Syra Balanzat y Ana Zapardiel dedican su vida a atender todas las necesidades de las víctimas. Pertenecen a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que aglutina a más de 500 personas afectadas por los atentados. Y todas, todas reviven diariamente la masacre. «A diario atendemos entre 10 y 12 personas», indica Ana, que es una de las trabajadoras sociales de esta asociación. Son profesionales que tienen una de las labores más duras: asistir psicológicamente a unas víctimas que día tras día reviven la pesadilla y atenderles y orientarles sobre todas las prestaciones a que tienen derecho.

Pero ahora, dos años y medio después de la masacre, ¿cómo están las víctimas? Syra es precisa: «Les cuesta mucho, les cuesta mucho incorporarse sociológicamente a la vida diaria. A los que tienen, además, importantes secuelas físicas les cuesta aún más y se aíslan de la realidad social que les rodea. Cronifican el duelo. Crean un mal endémico que no les permite recuperarse».

Y la psicóloga pone el dedo en la llaga: la investigación del 11-M, las revelaciones periodísticas, las dudas sobre las actuaciones judiciales y policiales en la resolución del caso... Todo incide en que estas víctimas no logren superar del todo el trauma, que lo revivan diariamente. «El hecho de ver diariamente el caso del 11-M en la televisión, en la radio o en la prensa tiene un claro reflejo en las víctimas».

Estas profesionales tienen clara la incidencia del actual momento de las investigaciones. Cuando hay nuevos datos sobre la masacre, el número de consultas aumenta de forma significativa. Ellos quieren pasar página pero reivindican primero «conocer toda la verdad de lo que ha pasado el 11-M». Además, «la gran mayoría tiene enormes dudas de lo que se está haciendo desde la Audiencia Nacional y desde la Policía; dudan del trabajo de las instituciones», recalcan.

Pero, ¿tienen la sensación de que aún no se sabe quién ha matado a los suyos? La respuesta de Ana y de Syra es contundente: «Claro, ésa es la sensación que tienen. Están confusos. Sienten que están en completa indefensión».

Ana explica que están elaborando un estudio sobre las víctimas que se hará público en el tercer aniversario de la masacre, que ya apunta algunas conclusiones. «La mayoría se siente muy desinformada, muy perdida. Sienten que algo o alguien les está tomando un poco el pelo. Se sienten con derecho a saber la verdad, sea la que sea. Si ya de por sí las secuelas físicas y psíquicas son enormes, las víctimas, además, tienen que sufrir la sensación de que aún no está todo claro porque nadie les dice nada», añade Ana.

Y su malestar es con el mundo en general, detallan las profesionales. La desconfianza de las víctimas ante el hecho de que aún no se haya resuelto la masacre no excluye a nadie.

Syra sufre día a día también cómo las revelaciones sobre la masacre afectan a la evolución psicológica de sus pacientes. Y estos datos también se contemplarán en el minucioso estudio que esta asociación está realizando sobre los afectados.

La actualidad es motivo de debate en el seno de muchas de las familias de las víctimas y las situaciones de tensión y crispación también se trasladan a esos hogares, lo que dificulta enormemente la evolución positiva de las víctimas. «Son heridas que aún no han ni comenzado a cicatrizar en algunos casos».

Pero estas facultativas alertan de otro fenómeno que está comenzando: «Las víctimas se sienten rechazadas y poco apoyadas por la sociedad, como si fueran unas figuras que estorban, que no deben aparecer tanto para que se pueda olvidar el 11-M». Además, se sienten despreciadas. «Son muy sensibles con la negociación con ETA. Entienden que se les debe preguntar a los que han dejado a sus seres queridos por el camino, que se han ganado el derecho a opinar. Y como no se produce, las víctimas del 11-M se entristecen y comparten la indignación de las de ETA».

En la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M el número de asociados ha crecido de forma significativa durante los últimos meses. Y muchos de los que llegan, aseguran Ana y Syra, provienen de otras asociaciones de víctimas donde, en dos años, no han sido atendidas por ningún psicólogo y únicamente les han orientado de cara a la percepción de las ayudas, «pero asistencia emocional, cero».

Tanto desde el prisma de la asistente social como del de la psicóloga se considera aún imprescindible que aumente la atención estatal a las víctimas. «El Estado tiene que echar más manos». No niegan que se ha avanzado, pero también advierten de que existe riesgo de que los males psicológicos de las víctimas queden de forma permanente si la atención no es constante. Estas profesionales de la asistencia explican también que están haciendo un peritaje médico a casi un centenar de víctimas cuyo reconocimiento fue rechazado por el Ministerio del Interior para conocer cómo están dos años y medio después de la masacre.

¿Y cómo se logra desconectar? No se borra, no se olvida. «Nuestros amigos tienen nuestros números de teléfono móvil para cualquier necesidad. Siempre estamos con ellos, siempre pueden llamarnos, en cualquier momento. Son nuestros pacientes y nuestros amigos».

Una información de Fernando Lazaro publicada por el diario EL MUNDO el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Rajoy propone ante el desastre de la Inmigración Ilegal

Por Narrador - 8 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Inmigración

Rajoy se desmarca del «trágala» del pacto en inmigración con su plan de Gobierno

La carta de su propuesta de modelo de Estado la jugará coincidiendo con el aniversario de la Constitución

Madrid - Mariano Rajoy clausuró ayer la conferencia sobre inmigración de su partido, foro que el PP ha utilizado para impulsar su ofensiva contra el Gobierno en un asunto clave electoralmente. El camino se lo despejaron el consejero político del ministro francés Sarkozy, François Fillon, y la ministra de Integración Europea de Rumanía, Anca Daniela, además de Ignacio Astarloa y Ana Pastor, responsables de Justicia y Seguridad y de Política Social, respectivamente. Entre otras cosas, el PP quiere agilizar los procedimientos de expulsión y reforzar con alta tecnología los puestos fronterizos.

El mensaje del jefe de la oposición recogió las apelaciones a la integración, a la solidaridad y a la definición de la inmigración como una oportunidad para el crecimiento de España que se escucharon el viernes, pero las trufó con un desmarque absoluto del Gobierno en el que llegó a negar credibilidad y viabilidad a la oferta de pacto de Estado con la que éste ha intentado contraprogramar sus iniciativas. «Ahora nos ofrecen un pacto, nos imponen un pacto, nos exigen un pacto; es un trágala, un ardid para lavar sus evidentes y gravísimas responsabilidades. Es el viejísimo truco del boxeador sonado. Cuando este Gobierno se queda sin aire se acuerda de la oposición», sentenció. Como el jugador crecido porque se cree que parte con ventaja, Rajoy no se detuvo en miramientos una vez que él ya ha propuesto en reiteradas ocasiones a Zapatero un consenso en asuntos de Estado, como la inmigración, que nunca ha llegado a buen puerto. Denunció la falta de solidaridad de la «izquierda trasnochada, ambigua y ridícula», a cuya «ineptitud» atribuyó el drama de que cada vez más personas se jueguen la vida cruzando el Atlántico; dibujó un Gobierno, «armado de ideología y de soberbia», que se lanzó a «regularizar masivamente a cientos de miles de inmigrantes y ha convertido a España en una tierra prometida para todo el África subsahariana»; y hasta, con cierta ironía, dio consejos en clave estratégica al Ejecutivo. «Nosotros les brindamos soluciones y una sugerencia: menos hablar y empiecen a gobernar».

Las dos jornadas de «tormenta de ideas» con expertos de la sociedad civil de todos los ámbitos concluyen con un centenar de propuestas que el PP utilizará como base para elaborar su programa electoral, siempre dentro de unas líneas rojas muy definidas: legalidad, control de fronteras, agilización de la repatriación de todos los ilegales que llegan a España, incluidos los menores, y medidas de integración de los inmigrantes legales.

Rajoy ya adelantó ayer que hace suyas siete iniciativas:

• Prohibir por ley las regularizaciones extraordinarias masivas.

• Cambiar los procedimientos administrativos de la legislación de extranjería para las expulsiones y devoluciones. A su juicio, no se puede dar la misma solución a los extranjeros en situación ilegal que a aquellos extranjeros que cometan actos en contra del orden público y la seguridad.

• Mejorar los sistemas de control de fronteras.

• Creación de una Agencia de Inmigración y Empleo.

• Modificar el padrón y exigir la condición de legal para empadronarse, en la línea de lo que están haciendo otros países de Europa.

• Avanzar en una política europea común en materia de inmigración. Para ello, plantea poner en marcha una gestión coordinada de las fronteras exteriores y lograr el compromiso de todos los Estados miembros de no volver a impulsar procesos de regulación masiva.

• Convertir la política de inmigración en un eje básico de la política exterior de la Unión. El jefe de la oposición defiende intensificar la cooperación al desarrollo, primando a aquellos Estados que colaboren en el control de la inmigración ilegal y, en particular, a los que firmen acuerdos de readmisión de irregulares con la Unión Europea, con especial atención a los menores.

El PP sabe que ha mordido en hueso en este asunto frente a un Gobierno «desbordado» y ha decidido sostener su estrategia en un sutil equilibrio entre la denuncia crítica y alarmista ante el problema que se ha generado y un mensaje positivo sobre el futuro, con la condición de que se cambie de política. «España está sobradamente capacitada para hacer frente al problema de la inmigración», sentenció Rajoy.

Antes que él, Astarloa, con un discurso sólido y bien construido, había recordado que en 2003 el Gobierno de Aznar llegó a un pacto con el PSOE que éste rompió tras ganar las elecciones de 2004. Subrayó también la importancia de lanzar un mensaje contundente a las «mafias», para lo que hace falta un esfuerzo en las fronteras de los países de origen que no se sustente en dispositivos de la «señorita Pepis». Ana Pastor denunció que el Gobierno ha fragmentado las competencias, ha roto el consenso y ha provocado un «efecto llamada desmedido». Después de esta conferencia se celebrará la relacionada con la seguridad y la delincuencia. Rajoy ha reservado para diciembre, coincidiendo con el aniversario de la Constitución, el foro en el que esbozará la propuesta de modificación de la Carta Magna que garantice un Estado viable y fuerte. Ésta será una de sus banderas electorales.

Una información de C. Morodo publicada en el diario LA RAZON el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Rajoy propone, entre cien medidas, que los inmigrantes tengan que estar en situación legal para empadronarse

MADRID. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. El presidente del PP, Mariano Rajoy, eludió ayer una respuesta firme al guante que el viernes había tendido la vicepresidenta De la Vega para alcanzar un pacto de Estado sobre inmigración, aunque lo calificó de «truco» y consideró que se trataba de una «imposición». «Ahora nos ofrecen un pacto, nos imponen un pacto -recalcó-, un trágala, un truco, para lavar sus gravísimas responsabilidades. Es la vieja treta del boxeador sonado». A cambio, el líder popular esbozó algunas de sus propuestas electorales recogidas en un documento de cien medidas para una inmigración «legal y ordenada».

Rajoy, flanqueado por «pesos pesados» del PP y por inmigrantes o hijos de africanos, asiáticos y americanos, clausuró en Madrid la conferencia sobre inmigración con una batería de alternativas en torno a un eje común: endurecimiento para frenar la llegada de «sin papeles» y para expulsar a quienes consiguen entrar en España de forma ilegal. Los frentes elegidos, en la estela de Sarkozy, pasan por la vertiente jurídica y legislativa, la seguridad y el control de las fronteras, las políticas de integración y empleo y, por supuesto, Europa, la tabla salvavidas para «evitar los disparates de Zapatero».

El líder del PP hizo suyos siete de los cien pasos para dar a la política de inmigración «el giro que necesita» y se comprometió a incorporar estas medidas a su programa electoral. «Las otras las incluiré en el futuro», señaló.

El PP quiere que se modifique el padrón para imponer a los inmigrantes el requisito de estar en situación legal a la hora de empadronarse. Rajoy se limitó a enumerar la propuesta y aclaró que no afectaría a los derechos fundamentales de las personas. Una de las penúltimas lizas entre Gobierno y oposición en relación con las cifras de inmigrantes se produjo en julio a cuenta del padrón. Los datos a 1 de enero señalaban que había 3,88 millones de extranjeros. Los populares cifran en 1,5 millones los irregulares, mientras que el Gobierno asegura que no llegan a medio millón.

Rajoy, igual que minutos antes lo habían hecho el responsable de Justicia e Interior del PP, Ignacio Astarloa, y la responsable de Política Social, Ana Pastor, recordó el «efecto llamada» que supuso la regularización extraordinaria e ironizó asegurando que «antes éramos la envidia de Europa y ahora sólo recibimos reproches».

Astarloa, que sostuvo el discurso más duro y habló de «fronteras-coladero», «viajes comerciales de las mafias» e instrucciones de la Fiscalía, también opinó sobre un posible acuerdo entre los partidos: «Ahora quieren un pacto cuando fueron ellos quienes lo rompieron por la espalda al llegar al Gobierno», recordó.

El paradigma de Zapatero

La Unión Europea fue otro de los asuntos recurrentes tratado por Rajoy, para quien la política exterior de la UE tiene que pivotar en torno a la inmigración y el control de fronteras basarse en una gestión común. El líder del PP pretende que se prime a los países que cooperen con Europa en la lucha contra la ilegalidad y en concreto a aquellos que firmen acuerdos de readmisión de irregulares, con atención a los menores dado el incremento de llegadas de niños inmigrantes que se ha producido en las últimas semanas.

A juicio de Rajoy, la inmigración es el paradigma de la actuación del Gobierno, que «crea los problemas», los niega, «echa la culpa a quien tenga a mano» y luego se abraza a la oposición para que le saque del lío.

Una información de Cruz Morcillo publicada en el diario ABC el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

'Okupas' se apoderan de la Ciudad Condal ante al pasividad de la Generalitat

Por Narrador - 8 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: Nefasto Efecto ZP

«Hagamos más guerrilla urbana y con menos contemplaciones»

«Okupas» y antisistema, más organizados que nunca, se adueñan de la Ciudad Condal

Barcelona - «¿Y qué, para el 12 de octubre -Día de la Hispanidad- qué haremos? ¿La manifestación y ya está?», decía ayer un internauta en el principal foro de movimientos alternativos, antisistema y «okupas» de Barcelona. «Más guerrilla urbana y menos contemplaciones, pim, pam, pum», le respondía otro. «Ok, quemad cuatro contenedores, pintad cuatro paredes y tirad cuatro cohetes, así justificáis un presupuesto de millones de euros en policías», respondía otro, más escéptico.

Estas conversaciones se suceden una tras otra cada día, y están intercaladas por peticiones de ayuda del colectivo «okupa» ante un desalojo inminente, conferencias, llamamiento a manifestaciones, la última crítica de la película «Salvador» (Puig Antich) y un larguísimo etcétera. Es ahí donde se cuece el movimiento que tantos quebraderos de cabeza está causando a vecinos, políticos y al mobiliario urbano de la capital catalana. Desde hace dos años, el movimiento «okupa» y antisistema de la ciudad pasa por un momento muy prolífico gracias, precisamente, a que internet les fortalece, les hace estar mucho más unidos.

Dos episodios muy graves

El último altercado tuvo lugar el jueves por la tarde, cuando un grupo de jóvenes de estética «okupa» lanzó piedras y bolas de pintura en una trifulca ocurrida en el centro de la ciudad. Un mosso d"Esquadra requirió varios puntos de sutura al estallarle una botella de cristal en la cabeza. Fueron detenidas dos personas. Una de ellas, una joven alemana, la presunta autora del lanzamiento, «no tenía domicilio conocido», señaló la Policía Autonómica.

Éste ha sido el último incidente, pero en los dos últimos años ha habido muchos más. Dos de ellos fueron especialmente graves. En febrero, una pedrada dejó en coma a un guardia urbano que trabajaba en abortar una fiesta ilegal en la calle Sant Pere Més Baix de la ciudad.

En junio, el desalojo de «La Fera», una casa «okupada» del barrio de Gràcia -el bastión del movimiento- acabó con una impresionante batalla campal, con contenedores en llamas y cabinas telefónicas y semáforos incendiados. Los daños en el mobiliario ascendieron a 16.000 euros, más 5.000 en labores de limpieza. No hubo detenciones porque «los agresores iban encapuchados», argumentó la consellera de Interior, Montserrat Tura.

A todo ello se suman los altercados durante el «macrobotellón» en el Casco Antiguo de marzo -convocado, precisamente, a través del foro de internet antes mencionado-, que se saldó con 54 detenidos y 68 heridos; el saqueo y destrozo de varios comercios durante la celebración de la Copa de Europa del Barça, con otros 29 detenidos; y los 59 arrestados por allanar las dependencias policiales de la Zona Franca de Barcelona.

Los vecinos y comerciantes de Gràcia reiteran que están «hartos» de la situación. No sólo de las batallas tras cada desalojo, también de que los radicales «hacen ruido por la noche y orinan junto a los portales».

Se da la circunstancia, además, que tras el episodio que dejó en coma al guardia urbano el Ayuntamiento anunció la puesta en marcha de una comisión sobre «okupas» para abordar el fenómeno. Según denunció ayer el presidente municipal del PP, Alberto Fernández Díaz, la comisión no se ha reunido desde el mes de junio -cuando se produjo ese grave incidente- hasta hoy. Es decir, ha permanecido inactiva desde su constitución, lo que viene a ser una decisión sólo «de cara a la galería». Todo ello aderezado con el polémico anuncio que realizó hace unos meses el ex alcalde Joan Clos, sobre la apertura de una «mesa de diálogo» con los «okupas», algo que fue duramente criticado por la oposición, que considera un error dar voz a los violentos, a la ya denominada «kale borroka catalana».

Una información de Xiana Siccardi publicada en el diario LA RAZON el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Barcelona, capital europea de la «okupación»

Los Mossos d"Esquadra explicaron ayer a este diario que controlar a estos violentos es «prioritario» después de los incidentes ocurridos el pasado jueves en pleno corazón de Barcelona. El ex alcalde de Barcelona, Joan Clos, dijo hace unos meses que los protagonistas de todos estos actos vandálicos -desde 2004 se han producido una veintena de episodios graves para el orden público- son apenas «unas 200 personas».

Actúan cada vez que pueden infiltrarse en una manifestación, sea cual fuere su contenido. Van encapuchados y realizan pintadas, lanzan piedras y botellas, y gritan consignas en contra de la «opresión policial» y la «especulación» del Ayuntamiento. Muchos de ellos viven en casas «okupadas», y otros llevan una vida aparentemente normal. La Policía Autonómica reconoce que Barcelona resulta atractiva para jóvenes alternativos -sobre todo Francia e Italia-, y algunos están vinculados a células anarquistas.

La «kale borroka» catalana

En los últimos dos años, el movimiento antisistema se ha vuelto más violento. Sus acciones se basan en el destrozo del mobiliario urbano. En junio, durante un desalojo, los radicales destrozaron contenedores, cabinas telefónicas y semáforos. Su restauración costó 20.000 euros.

Una información publicada en el diario LA RAZON el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Continúa la corrupción socialista

Por Narrador - 8 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: La Corrupción

La corrupción urbanística sacude al PSPV

Los socialistas valencianos critican la política urbanística del PP mientras los escándalos salpican a sus ayuntamientos y a su secretario general le acusan de «pasar la bandeja» a los empresarios

Valencia - El pasado miércoles el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, defendió en las cortes valencianas una moción de censura al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Uno de los principales pilares en los que Pla sustentó esta moción fue la supuesta corrupción urbanística que padece la región. El Gobierno que preside Francisco Camps, que «salió» reforzado de una moción que no cosechó ni los votos de Esquerra Unida, aprovechó tanto esa jornada como el posterior debate de Política General de los dos días siguientes para sacar todos los trapos sucios de los socialistas.

Retirada de competencias. El Consell jugó sus cartas y anunció justo antes de la moción de censura una medida sin precedentes en la Comunitat. La Generalitat comunicó la retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento socialista de Catral, en Alicante. La justificación a esta actuación la dan las 1.270 viviendas ilegales, construidas sobre suelo no urbanizable e incluso dentro del propio Parque Natural de El Hondo de Elche.

Aparte del caso de Catral, el PSPV se ha visto salpicado por numerosos casos de supuesta corrupción. Un ir y venir de denuncias, acusaciones, multas y sentencias rodean a los socialistas valencianos, precisamente cuando su discurso de oposición se basa en gran medida en los supuestos casos de corrupción del PP.

Sobrecostes en obras públicas. Retrocediendo un poco en el tiempo, la denuncia inmediatamente anterior al caso Catral y que afecta al PSPV, se fecha hace apenas dos semanas cuando los grupos en la oposición de la localidad valenciana de Paiporta denunciaron ante el Tribunal de Cuentas al alcalde socialista, Bertomeu Bas, por presuntas irregularidades contables en el Ayuntamiento. Algunas de las acusaciones ante el juez son por sobrecostes en obras públicas, procesos de selección de trabajadores y gratificaciones a los funcionarios.

También en La Albufera. En abril del año pasado, el secretario general del PSPV en Sueca, Salvador Marín, fue condenado a seis meses de prisión y a una multa de 4.320 euros por construir sin licencia dentro del Parque Natural de La Albufera. El juicio se inició tras una denuncia presentada por Medio Ambiente.

El pasado septiembre, este mismo municipio volvió a ser noticia por otro delito urbanístico, en esta ocasión del alcalde socialista, Salvador Gil. El juez prohibió al Ayuntamiento construir una urbanización de 25 adosados (Residencial Costa Blava) en terrenos de La Albufera. Casualmente, este proyecto había sido diseñado por el despacho de arquitectos del alcalde.

Calpe y Orihuela. De nuevo en Alicante, Calpe y Orihuela son los dos grandes casos de denuncias por corrupción, que en este caso involucran al propio secretario general del partido, Joan Ignasi Pla. En Calpe, dos empresarios denunciaron en enero una trama político-financiera supuestamente impulsada por el concejal socialista Joan Morató, hombre de confianza de Pla. En el mismo municipio, hace apenas dos meses, varios empresarios anunciaron demandas millonarias contra Pla y Morató por instigar una campaña de difamación contra el PP para desacreditar las firmas contratadas por el Ayuntamiento en la red de Aguas de Calpe. El fiscal no ha abierto ninguna investigación. En Orihuela el ex militante socialista y edil Francisco García Ortuño acusó al secretario general del partido de ir a la Vega «a pasar la bandeja» a los empresarios.

El alcalde de Zarra, investigado. Por otra parte, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha abierto diligencias al alcalde socialista de Zarra (Valencia) por presuntos delitos de estafa, delito societario, prevaricación, malversación y fraude. L’Alcudia de Crespins se vio también envuelta en polémica cuando en 1994 recibió un préstamo de 169 millones de las antiguas pesetas por parte de Caixa Ontinyent, una operación calificada por la propia entidad, de la que Joan Ignasi Pla era vicepresidente segundo, como «morosa en su totalidad». Alaquàs, El Puig, Moncada, Paiporta, Benissa, Bigastro, Elx, Elda, Alcalá de Xivert, Benicarló, Jérica, son otros municipios en los que algún cargo socialista tiene ya condena o está imputado en algún delito.

Una información de Ana Garrido publicada en el diario LA RAZON el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El ladrillo destapa las vergüenzas del PSOE

VALENCIA/MURCIA. Los discursos grandilocuentes socialistas sobre el medio ambiente y el respeto a la naturaleza se diluyen a golpe de realidad. Mientras la ministra Narbona realiza operaciones de maquillaje al derrumbar alguna que otra construcción en la costa y arremete a diario contra el modelo urbanístico mediterráneo -aunque obvia atacar al catalán y andaluz, centrando sus críticas en el valenciano y murciano-, los escándalos de sus compañeros de partido en esta disciplina en los municipios en que gobiernan en el Levante desenmascaran su estrategia y ponen de relieve que tienen más cosas que callar que denunciar, por mucho que se les llene la boca con el concepto «desarrollo sostenible».

Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, los ayuntamientos socialistas, desde marzo de 2003 hasta junio de 2006 -lo que va de legislatura-, han reclasificado ya 25,4 millones de metros cuadrados, y en las dependencias de la Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalitat se agolpan solicitudes para reclasificar 63 millones de metros cuadrados más, lo que suma la friolera de cifra de casi 90 millones de metros cuadrados. Todo un ejemplo de por dónde van los tiros.

También fue curiosa la situación que se produjo justo antes de cambiar de normativa urbanística en esa misma región -de la polémica y denostada por la Unión Europea Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, aprobada por los socialistas, a la Ley Urbanística Valenciana-, cuando 26 alcaldes socialistas presentaron 33 Programas de Actuación Integral (PAI) para construir alrededor de 26.000 viviendas en una superficie que ya entonces suponían 23 millones de metros cuadrados.

Pero, obviamente, el crecimiento urbanístico no es mal en sí mismo, y todos los municipios, sean del color político que sean, están legitimados para incrementar el número de viviendas en su población, siempre y cuando se respeten las leyes vigentes. Ahora bien, siempre no es así y últimamente los paladines y defensores del medioambiente, los partidos de izquierdas, se han visto salpicados por escándalos territoriales dignos de mención, que no fueron citados el pasado día 4 por el secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, al explicar su programa de gobierno durante la moción de censura contra Francisco Camps cuando habló de «urbanismo coherente y responsable».

Catral

El municipio alicantino ha sido el último gran escándalo. El acalde ha reconocido que ha permitido la construcción de 1.270 viviendas ilegales en el municipio, algunas de ellas en el Parque Natural de El Hondo, lo que ha provocado que la Generalitat le haya retirado las competencias en disciplina urbanística y no descarta asumir más, como las de planificación e, incluso, disolver el Consistorio y reclamar al Gobierno central la convocatoria de nuevas elecciones municipales. Se calcula que el beneficio de las constructoras (la que más edificó es del cuñado del alcalde) ha sido de 80 millones de euros, con evasión de impuestos. El asunto está en los Juzgados.

Estivella

El mayor Programa de Actuación Integrada (PAI) de la Comunidad Valenciana, con cinco millones de metros cuadrados, se quiere construir en las localidad valencianas de Estivella, Algimia y Torres-Torres, con tres campos de golf, un hotel de alto standing y un área residencial de 4.000 viviendas en una actuación que se encuentra incluido en la zona de influencia del Parque Natural de Sierra Calderona.

Sueca

El alcalde socialista intentaba construir 25 viviendas en el Parque Natural de la Albufera de Valencia, proyectadas por el despacho de arquitectos al que él pertenece. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha dado la razón a la Consejería de Territorio y Vivenda.

Elda

El ayuntamiento gobernado por el ex presidente del PSOE valenciano ha adjudicado la construcción de un campo de golf y 7.500 viviendas en el paraje Las Cañadas-El Tite a una empresa con la que firmó un acuerdo para incorporar el proyecto al nuevo Plan General de Ordenación Urbana en el caso de que la Generalitat lo rechazara. Asimismo, la empresa adjudicataria compró suelo para la construcción del campo de golf a cuatro euros y, en una semana, después de la rectificación municipal, multiplicó su valor por cinco.

Los Alcázares

Dentro de las filas socialistas, el caso más sonado hasta ahora en la Región de Murcia ha tenido como resultado la dimisión del alcalde de esta población, Juan Escudero, sobre el que han caído varias denuncias por supuestas irregularidades urbanísticas y, últimamente, por los negocios que han mantenido en su municipio empresas de Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama marbellí. Hasta ahora, ningún tribunal ha condenado a Escudero, quien dijo que se marchaba porque no pensaba repetir en las próximas elecciones y dejaba el campo libre a su sucesor. Escudero ha mantenido una fuerte controversia con la direccoión regional de su partido por el modelo urbanístico. Sobre las empresas de Roca -intervenidas judicialmente- que han actuado en su municipio, Escudero declaró que «siempre se han ajustado a la ley». El PP también ha denunciado que la urbanización Torre de Rame carece de declaración de impacto ambiental y que el campo de gol municipal se riega irregularmente con agua de un pozo.

Lorca

El alcalde murciano socialista, Miguel Navarro, también dimitió por fuertes discrepancias con su partido sobre el modelo urbanístico y la docena larga de convenios para edificar nada menos que 150.000 viviendas (una ciudad grande) en los próximos años. Navarro no tiene denuncia en los juzgados, aunque sí las críticas de Izquierda Unida, que ha denunciado que el Ayuntamiento aprobó la urbanización Villa Real a pesar de ocupar espacios protegidos de la sierra de Almenara.

Lorquí

El PP ha denunciado ante la Fiscalía a la alcaldesa socialista murciana por un supuesto delito de prevaricación. Le acusa de perdonar el 10 por ciento de aprovechamiento público del suelo a varios propietarios, entre ellos al concejal de Urbanismo del propio Consistorio. El PSOE niega que haya pelotazo y rebate que una concejal del PP es la que sale más beneficiada.

IU expedienta a dos de sus alcaldes

VALENCIA. La fiebre urbanística ataca por igual a todos los partidos políticos, pero algunos casos son más notorios que otros y adquieren un significado especial por quien la sufre.

Por ejemplo, choca que una coalición como Izquierda Unida, que en la Comunidad Valenciana está unida electoralmente con Los Verdes, tenga su cuota de escándalos del cemento y del ladrillo, teniendo en cuenta que gobierna en pocos y pequeños municipios.

Sin embargo, el frenesí constructor que les ha entrado a sus alcaldes en la costera población de Canet d´En Berenguer y en Salinas han obligado a la propia dirección de IU a desautorizar a sus máximos ediles y a abrirles expedientes por no seguir las recomendaciones urbanísticas expresadas por los órganos de gobierno de la coalición.

Una información de Javier Reigadas y Manuel Buitrago publicada en el diario ABC el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Encuesta ABC sobre la gestión del gobierno en Terrorismo e Inmigración

Por Narrador - 8 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: - Tregua Etarra

El 74% de los españoles cree que ETA puede volver a matar y el 56% que no hay condiciones para el diálogo

MADRID. El Gobierno empieza a perder la confianza de los ciudadanos ante la negociación con ETA, seis meses después del anuncio del «alto el fuego permanente», según se desprende de los datos del barómetro de otoño de Metroscopia para ABC.

La situación de optimismo inicial comienza a desvanecerse y este desánimo puede ser consecuencia de dos factores: la reactivación de la kale borroka y la lectura de un comunicado, por parte de tres encapuchados, en el acto celebrado el pasado 24 de septiembre en Oyarzun, en el que se expresaba el compromiso de ETA de seguir matando hasta conseguir la independencia.

El dato más revelador es el de una abrumadora mayoría de españoles, hasta un 74%, ocho puntos más que hace seis meses, que están convencidos de que la banda terrorista puede volver a utilizar las armas. Frente a este elevadísimo porcentaje, sólo un 18% piensa que será difícil, por no decir imposible, que ETA inicie, una vez más, una oleada de atentados.

Este pesimismo de los españoles ante el fin de ETA se refleja en todas las cuestiones planteadas por Metroscopia, destacando también el aumento del escepticismo sobre un fin dialogado con ETA. Ya son mayoría, un 52%, los que tienen dudas sobre la posibilidad de conseguir la paz, frente a un 44% que sí que se siente esperanzado. La tendencia se ha invertido, respecto al barómetro de hace seis meses, cuando eran más los españoles, un 65%, los que reconocían sentirse esperanzados que los que mostraban su escepticismo, el 31%.

Los votantes del PP son los que se muestran más escépticos ante el fin de ETA, hasta un 78% de su electorado; en el caso del PSOE, un 65% reconoce que está esperanzado ante el alto el fuego de la banda terrorista.

Una brecha que también ha empezado a abrirse es la que separa a los que creen que todavía no se dan las condiciones aprobadas en el Congreso de los Diputados en 2005 para iniciar un diálogo con ETA y los que si la creen.

Si hace seis meses el margen era más ajustado entre unos y otros, 49% los que consideraban que sí se daban las condiciones frente a 42% que entendían que no, ahora la situación ha dado un vuelco espectacular, y ya hay un 56% que piensa que no se debe hablar con ETA, dato muy superior al 28% que piensa lo contrario.

A los españoles tampoco le parece ahora muy de fiar el comunicado emitido el 22 de marzo por ETA en el que anunciaba el alto el fuego permanente. Ante esta cuestión, también se produce un vuelco en la opinión de los españoles sobre lo que puede suponer este pronunciamiento sobre la desaparición de la violencia.

En la actualidad, la mayoría de los españoles, un 55%, es de la opinión de que el comunicado sólo supone una pausa en la estrategia terrorista, pero no una renuncia definitiva de la violencia. Este porcentaje representa 17 puntos más que la opinión de los españoles hace seis meses, cuando un 38% compartía esta opinión.

Por el contrario, el porcentaje de españoles que piensa que el comunicado es un paso en la desaparición definitiva ha caído del 43% de marzo de 2006 al 33% que se registra en el mes de octubre.

Finalmente, son cada vez más los ciudadanos que piensan que la violencia no va a erradicarse definitivamente. Si en marzo el 16% creía que sí se iba a erradicar, seis meses después sólo el 7% apoya esta idea.

Tres de cada cuatro españoles piensan que Zapatero improvisa sobre inmigración

La oleada de cayucos repletos de inmigrantes sin papeles que han llegado a las costas de Canarias en los últimos meses ha calado en la opinión pública, que confirma la inmigración como el principal problema de España en estos momentos y apunta claramente al Gobierno de Zapatero como responsable. Según el último Barómetro de Otoño que la empresa Metroscopia ha realizado para ABC, el 76 por ciento de los españoles cree que el Ejecutivo del PSOE improvisa sobre la marcha su política de inmigración y no tiene un proyecto claro.

Cuatro de cada diez entrevistados citan la inmigración como la principal preocupación, por delante del terrorismo (18 por ciento), el paro (16 por ciento), la vivienda (9 por ciento) y la inseguridad ciudadana (8 por ciento). Relacionado con este «ranking» de preocupaciones llama la atención que la mayoría de los ciudadanos (el 64 por ciento) están convencidos de que ya hay más inmigrantes en España de los que tiene capacidad para acoger. Así opina una rotunda mayoría de los entrevistados que votaron al PP en las últimas elecciones generales: el 83 por ciento, y también el 57 por ciento de los que dieron su confianza a Zapatero. Casi tres de cada diez del total de encuestados creen, sin embargo, que todavía hay capacidad para acoger más inmigrantes, aunque esto lo piensan mucho más los del PSOE (36 por ciento) que los del PP (13 por ciento).

El Gobierno de Zapatero recibe un suspenso evidente en la encuesta por su política «improvisada» de inmigración. Los encuestados tienen pocas dudas, sobre todo los más cercanos al PP: el 91 por ciento de los que votaron a este partido critican la política del Gobierno; lo llamativo es que el 65 por ciento de los que apoyaron al PSOE comparten esa opinión. El anterior Gobierno, el de José María Aznar, tampoco recibe una buena valoración por su política de inmigración, aunque no llega a los niveles negativos de Zapatero: el 58 por ciento de los encuestados -18 puntos menos que en el caso del Gobierno socialista- cree que el Ejecutivo del PP «improvisaba» en este asunto. En este punto, los votantes del centro-derecha son menos críticos con su partido favorito que los socialistas con el suyo, ya que el 46 por ciento creen que Aznar tenía una «política clara».

Los ciudadanos estás más divididos en sus opiniones respecto a las causas de la actual oleada de inmigrantes irregulares que han llegado a nuestras costas. Para al 45 por ciento, es una consecuencia del «efecto llamada» que supuso el proceso de regularización de Caldera, que se tradujo en «papeles» para un total de 577.000 inmigrantes que se encontraban en situación irregular. El 43 por ciento cree, en cambio, que la oleada de cayucos no tiene relación con ese proceso. Como se observa en la encuesta, se trata de un asunto «politizado», ya que si se separan los entrevistados por partidos, la mayoría de los que votaron al PP (74 por ciento) achacan la llegada masiva de inmigrantes a la regularización de Caldera, mientras que entre los del PSOE sólo opinan igual el 30 por ciento.

Preferencia por países de origen

Otra cuestión tan controvertida como polémica es si se debe dar preferencia a la hora de admitir a quienes proceden de determinados países. Aquí, con pequeñas diferencias, coinciden tanto los entrevistados que simpatizan con el PP como los que están más cerca del PSOE: la mayoría (el 80 por ciento) defiende que no se tiene que establecer ninguna preferencia por país de procedencia, y sólo el 15 por ciento (el 23 por ciento entre los votantes del PP) preferiría lo contrario.

¿Y si se diera preferencia a algunos inmigrantes por su país de origen, a quiénes sería? Entre los entrevistados que se mostraron partidarios de poner por delante a unos inmigrantes respecto a otros, casi la mitad (el 47 por ciento) daría prioridad a los extranjeros procedentes de Latinoamérica. Los siguientes en la lista, muy por detrás, serían los europeos en general (16 por ciento), seguidos de los africanos (13 por ciento) y es significativo que los últimos son los de Europa del Este (sólo un 5 por ciento), quizás por las informaciones relacionadas con las mafias procedentes de estos países y los delitos que se les imputa -homicidios, robos con intimidación, secuestros y bandas organizadas-, causa del incremento de la alarma por inseguridad ciudadana en algunas grandes ciudades como Madrid.

Relaciones con los extranjeros

En los últimos cinco o seis meses, seis de cada 10 ciudadanos afirman que han tenido algún trato o relación, («del carácter que sea», se apunta en el barómetro), con alguna persona inmigrante. Los entrevistados que votaron al PSOE y que han tenido trato con inmigrantes son el 63 por ciento, mientras que entre los votantes del PP, los que se han relacionado con extranjeros son el 60.

En cuanto al tipo de relación o trato que han tenido con los inmigrantes, más de la mitad de los encuestados (54 por ciento) explica que ha sido por motivos laborales o de trabajo. El 31 por ciento ha mantenido trato con algún extranjero como amigos o simplemente como «conocidos». El 19 por ciento ha tenido la oportunidad de relacionarse con inmigrantes al ser vecinos. Otros entrevistados han tenido trato con extranjeros por razones familiares (3 por ciento) o porque están empleados en el servicio doméstico (un 4 por ciento).

Los americanos, los más apreciados

Los ciudadanos lo tienen bastante claro a la hora de valorar, con una puntuación entre 0 y 10, a los inmigrantes según su lugar de procedencia. Hablar el mismo idioma ya es un tanto a favor, y por eso los mejor puntuados, con un seis, son los extranjeros que vienen de América Latina, según los datos del barómetro de Metroscopia, una nota en la que coinciden prácticamente los votantes del PSOE (6,1) y los del PP (6).

Los siguientes más valorados son los asiáticos, con un 5,2, seguramente porque los chinos -que son la inmensa mayoría en este grupo- se meten en pocos problemas con el resto de la población y prefieren pasar desapercibidos.

Las demás procedencias reciben un suspenso en la valoración: los países del Este, un 4,5; África subsahariana, un 4,3, y Marruecos, con la peor nota de la lista, un 3,7, si bien en este caso puntúan más bajo los del PP (3,2), que los simpatizantes del PSOE (3,9).

Una información de P. Cervilla y M. Calleja publicada en el diario ABC el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Inmigración y terrorismo” (Editorial de ABC)

La inmigración, al margen de ideologías y de opciones políticas, se ha convertido ya en el principal problema para los españoles, seguido a gran distancia por el terrorismo, según se desprende del Barómetro de otoño realizado para ABC por Demoscopia. El 41 por ciento de los encuestados manifiesta su preocupación por un asunto ante el que una abrumadora mayoría (76 por ciento) cree que el Gobierno ha hecho gala de improvisación. Revelador resulta el porcentaje de votantes socialistas (69 por ciento) que cuestiona la capacidad del Ejecutivo para afrontar la situación con una política clara y concisa. Pocas veces un problema ha concitado tanta unanimidad y pocas veces el electorado socialista y del PP han coincidido tanto en el diagnóstico. Si a ello añadimos el dato de que son sustancialmente más los españoles que consideran que el PP gestionó con mayor acierto la política inmigratoria, parece obvio que el PSOE se encuentra en una compleja y delicada situación que amenaza con frustrar sus expectativas electorales, más aún cuando un 45 por ciento de los entrevistados establece una relación causa efecto entre la actual situación y el proceso de regularización puesto en marcha en 2005 por el Ejecutivo. Uno de cada tres votantes del PSOE sustenta esta opinión, que se extiende progresivamente en el electorado a medida que crece la percepción del problema en la opinión pública.

Igualmente notorio resulta el dato de que dos de cada tres españoles creen que España ha alcanzado el máximo nivel de inmigración, lo que obliga a una primera reflexión: mientras distintos organismos públicos y privados insisten en que la estabilidad del mercado de trabajo y del crecimiento económico depende, en gran medida, de que el sistema siga incorporando inmigrantes, los españoles parecen pensar lo contrario. De nuevo, la percepción de la calle parece moverse por derroteros distintos al de los informes de los expertos. A tenor del resultado de la encuesta -coincidente con otras que han visto la luz en meses pasados- parece obvio que los españoles consideran que ha fracasado la política inmigratoria del Gobierno, obligado a rectificar sobre la marcha y empeñado ahora en una compleja estrategia de acercamiento al PP por la vía de un pacto de Estado que el principal partido de la oposición rechaza, al considerar -no sin razón- que obedece a un movimiento táctico con el que el Gobierno pretende descargar el peso de sus errores pasados. Mariano Rajoy ya dejó clara su postura, ratificada este fin de semana en la conferencia interterritorial sobre inmigración, en la que propuso un amplísimo abanico de medidas para tratar de paliar el problema demostrando capacidad de reacción ante un asunto sensible en el que se erige como sólida alternativa frente a la ineficacia del Gobierno.

Tras la inmigración, el terrorismo sigue ocupando un lugar destacado entre los grandes problemas. Al cumplirse un semestre de la declaración de «alto el fuego permanente de ETA», crece y se extiende el desánimo en la opinión pública, desvaneciéndose -según pone de manifiesto el Barómetro- el optimismo que revelaba la anterior encuesta publicada por ABC a los pocos días del comunicado etarra. Si hace medio año, un 65 por ciento se mostraba esperanzado, frente a un 31 por ciento que no ocultaba su escepticismo, la situación ha dado un giro sustancial, siendo ahora una mayoría del 52 por ciento la que se muestra escéptica frente a un 44 por ciento que aún conserva intacta su esperanza. El incremento del terrorismo callejero, la «exhibición» de ETA y de algunos de sus presos más sanguinarios, como Txapote y Bilbao, y, sobre todo, la ausencia de información en torno a un «proceso» plagado de incógnitas, han provocado el vuelco y frustrado los anhelos de una inmensa mayoría de españoles. Hoy, el 74 por ciento considera que es perfectamente posible que ETA vuelva a utilizar las armas, un porcentaje similar al que ofrecían los sondeos con motivo de la tregua etarra en 1998. Más grave para el Gobierno resulta el hecho de que un 56 por ciento de los encuestados considera que no se dan las condiciones aprobadas en el Congreso para un eventual diálogo con ETA. Sustancial giro que complica el escenario y el horizonte político que maneja el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en un momento especialmente delicado por la presión creciente de ETA/Batasuna.

Editorial publicado en el diario ABC el domingo 8 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.