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5 de Octubre, 2006

Garzón no es competente en el caso del informe del ácido bórico

Por Narrador - 5 de Octubre, 2006, 10:00, Categoría: 11-M

La Audiencia no ve ni 'el más mínimo indicio' de que Garzón sea competente

Advierte que no se da ninguno de los supuestos que permitirían a un juez de la Audiencia Nacional investigar la falsedad documental El magistrado pide amparo ante el CGPJ horas después de que este órgano se lo negara de nuevo a petición de los vocales próximos al PSOE

MADRID.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reiteró ayer que Baltasar Garzón no es el juez competente para investigar la presunta falsificación de los informes policiales sobre el ácido bórico incautado a Hasan Haski. La Sección Segunda responde así al recurso interpuesto el pasado viernes por la Fiscalía contra la decisión inicial del tribunal de enviar las copias de los documentos a un juez ordinario.

La decisión de la Sala desautoriza la postura de Garzón y de la Fiscalía dirigida por Javier Zaragoza, pero no obliga al juez a dejar la investigación. El instructor estudia los hechos dentro del sumario por los atentados de Casablanca, mientras que la decisión de la Sala sólo afecta al del 11-M. Eso supone que, de momento, el juez puede seguir practicando diligencias como la declaración de los tres peritos imputados, prevista para el próximo día 18.

La Sección Segunda, presidida por Javier Gómez Bermúdez, afirma en su auto que no existe «el más mínimo indicio» de que el presunto delito de falsedad deba investigarlo la Audiencia.

Según explica el Tribunal -completado por Fernando García Nicolás y Antonio Díaz Delgado-, la Audiencia no es competente en este caso: ni lo han cometido miembros o colaboradores de una banda terrorista, ni la falsedad buscaba cometer o facilitar la ejecución de un delito terrorista, ni procuraba la impunidad de un delito de terrorismo.

«Por lo tanto», concluye, «la competencia corresponde al juzgado o juzgados del partido en el que el delito se hubiera cometido; es decir, a los juzgados de Madrid».

El auto añade que, aunque se aceptase la conexión con algún delito terrorista, «la competencia correspondería al Juzgado Central de Instrucción número 6 [Del Olmo], no al número 5, pues es en el marco del sumario 20/04 de aquel juzgado donde se comete la presunta falsedad».

Además de rechazar el fondo, la Sala critica «la muy discutible vía» empleada por la Fiscalía para intentar que rectifique su postura inicial: «Bajo la cobertura de un recurso de súplica el Ministerio Fiscal plantea una pseudocuestión de competencia en defensa de la que el predefinió», dice.

«Todo lo anterior», afirma el auto, «es por sí sólo bastante para desestimar el recurso». Sin embargo, la Sala entra a responder al «conjunto de alegaciones» con las que la Fiscalía quiso en su recurso «justificar la competencia por él mismo predefinida en favor del Juzgado Central de Instrucción número 5».

Así, resalta que, «como bien sostiene el Ministerio Fiscal», Garzón explicó que necesitaba practicar diligencias para descubrir si había elementos que llevasen a imputar a Haski por disponer de explosivo. A este respecto, la Sección rebate que los dos informes periciales afirman que la sustancia incautada al islamista es ácido bórico, por lo que la posible falsificación resulta intrascendente a efectos de formular la acusación.

«La conclusión a la que llega este Tribunal es que la posible falsedad documental no incide sobre la imputación que pesa sobre Hasan Haski en el sumario 9/03 [Casablanca]».

En el último punto de su escrito, la Sección Segunda responde a la afirmación de la Fiscalía de que su decisión inicial de enviar los documentos al juez ordinario fue «precipitada» porque para entonces Garzón ya había acordado diversas diligencias.

Esa acusación está «falta de fundamento» a juicio de los magistrados, que recuerdan que la Fiscalía recibió la denuncia un viernes y que Javier Zaragoza la remitió al día siguiente a Garzón, quien abrió diligencias ese mismo sábado.

También insisten en que el hecho de que un juez haya abierto unas diligencias «no es causa legal de atribución de competencia ni condiciona, determina o limita la decisión de la Sala».

Respecto a la afirmación del fiscal de que la Sección fundamentó su deducción de testimonio «en fotocopias de documentos y de una información periodística que no tiene ninguna garantía de autenticidad», el auto destaca que fue la misma Policía quien dio validez a los documentos. Lo hizo el mismo día en que este diario informó de la falsificación, al remitir un fax dirigido a la Sala de lo Penal en la que calificaba el informe inicial de borrador.

«Por lo tanto, es la Comisaría General de Policía Científica quien, admitiendo la existencia del documento de los peritos 9, 11 y 155, le otorga valor jurídico indiciario a la fotocopia remitida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 que éste recibe en un sobre entregado en mano a las 0.45 horas del día 21 de septiembre».

La Sala reconoce que su decisión de ayer atañe sólo a los documentos remitidos por EL MUNDO y que recibió por intermediación de Del Olmo, pero también aclara que «no es posible ignorar que las razones jurídicas que se exponen son válidas para supuestos análogos».

Por ejemplo, para dilucidar quién investiga la denuncia de la plataforma España y Libertad contra los mandos policiales presentada ante la Fiscalía, y que sirvió al Ministerio Público para enviar el asunto a Garzón.

También para resolver la cuestión de competencia presentada el lunes por dos de los peritos. La Sala de lo Penal todavía no ha estudiado si le corresponde resolver directamente la petición o si la envía a Garzón para que tenga por interpuesta la declinatoria de competencia. En el primer caso, una decisión de la Sala en idéntico sentido a la de ayer sí obligaría a Garzón a abandonar el asunto.

Una información de Manuel Marraco publicada por el diario EL MUNDO el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La Audiencia «aparta» de nuevo a Garzón de la investigación sobre los peritos

El juez pide amparo al CGPJ por los «ataques injustificados» y por injerencia en su trabajo

MADRID - La madeja jurídica en que se ha convertido la supuesta falsedad de dos informes policiales sobre el 11-M –uno de los cuales relacionaba los atentados con ETA– puso ayer frente a frente a dos de sus principales actores: el juez Baltasar Garzón y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esta última ya había dejado claro hace unos días que debían ser los Juzgados de la madrileña Plaza de Castilla los que investigasen el asunto (la presunta falsedad documental cometida en el informe sobre el ácido bórico hallado en el domicilio de Hassan El Haski, uno de los supuestos ideólogos del 11-M, y en el piso de un comando etarra), porque la Audiencia Nacional no es competente para investigar este tipo de delitos. La Fiscalía recurrió esa decisión y la sección segunda de la Sala de lo Penal reiteró ayer, por segunda vez en una semana, que la competencia corresponde «a los juzgados de Madrid». Y es que los magistrados entienden que no existe conexión alguna entre esa hipotética falsedad y un delito de terrorismo, que sí permitiría que Garzón investigase el asunto. El magistrado, no obstante, sigue adelante con las diligencias para intentar esclarecer si el ácido bórico encontrado en el domicilio de El Haski permite sustentar una nueva imputación contra él por tenencia de explosivos en el sumario que investiga los atentados de Casablanca (Marruecos), que instruye el propio magistrado.

Ni el más mínimo indicio

La Sala de lo Penal argumenta que el asunto únicamente podría ser competencia de la Audiencia Nacional si la falsedad la hubiese cometido un miembro o colaborador de ETA o con el objetivo de facilitar un acto terrorista o procurar que éste quede impune. «De ninguno de estos presupuestos –concluyen los magistrados– aparece el más mínimo indicio» en la documentación remitida por el Juzgado de Instrucción número 6, cuyo titular es Juan del Olmo (a quien el diario «El Mundo» remitió los documentos de los peritos).

El escrito de la Sala no dilucida expresamente si la competencia es o no de Garzón (el recurso que presentaron los peritos para esclarecer este conflicto está pendiente de resolverse porque los policías no están personados en la causa con abogado y procurador). No obstante, a renglón seguido desliza una frase reveladora: «No es posible ignorar que las razones jurídicas que se exponen a continuación son válidas para supuestos análogos».

Los magistrados, al frente de los cuales está Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal, dan un tirón de orejas a la Fiscalía, a quien reprochan que haya enmascarado bajo la apariencia de un recurso de súplica «una pseudocuestión de competencia» utilizando «una muy discutible vía». Por si fuera poco, la Sala afea al Ministerio Público que «con libérrimo criterio» remitiese el asunto directamente a Garzón y no al decanato para su reparto. La posible falsedad documental, añade, «no incide sobre la imputación que pesa sobre El Haski», porque los dos informes en cuestión concluyen que la sustancia encontrada en su domicilio es ácido bórico.

A última hora de la tarde, Garzón presentó ante el CGPJ una petición de amparo ante los «ataques sistemáticos e injustificados, gravemente atentatorios a la independencia del Poder Judicial» de los que, según él, está siendo objeto por parte de algunos medios. Además, pidió amparo ante el Consejo por una supuesta injerencia en su actividad jurisdiccional frente al vocal del CGPJ José Luis Requero, que solicitó que se investigase si vulneró los derechos de los peritos.

Una información de R. Coarasa y F. Velasco publicada por el diario LA RAZON el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La Audiencia reitera que un juez ordinario debe investigar los informes del bórico

MADRID. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó ayer el traslado de los informes periciales del ácido bórico a los juzgados de Plaza de Castilla, al no ver ninguna relación entre la presunta falsedad documental y delitos de terrorismo, cuya investigación sí correspondería a este tribunal. El auto rechaza así el recurso de la Fiscalía contra la decisión de esta Sala de remitir esta documentación a los juzgados ordinarios.

La decisión del tribunal, el mismo que va a juzgar a los 29 procesados del 11-M, se basa en que el delito de falsedad sólo puede ser competencia de la Audiencia Nacional en tres supuestos: cuando se cometa por un miembro o colaborador de una organización terrorista, cuando se haya realizado para perpetrar o facilitar la comisión de un delito de terrorismo y cuando «se cometa para procurar la impunidad» del mismo.

Ni un indicio

«De ninguno de estos tres supuestos -dice la Sala- aparece el más mínimo indicio en la documentación remitida», un sobre sin remite enviado por «El mundo» al juez Del Olmo con el informe pericial y el borrador sobre el hallazgo de ácido bórico en la vivienda de El Haski, imputado por los atentados de Casablanca y procesado por el 11-M.

La Sección Segunda de lo Penal asegura que, «revisada una vez más la documentación remitida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 (Del Olmo dio traslado a la Sala del sobre al haber dictado él ya el auto de conclusión del sumario de los atentados de Madrid), la conclusión a la que llega este tribunal es que la posible falsedad documental no incide en la imputación que pesa sobre El Haski», ya que tanto el borrador como el informe pericial «llegan a idéntica conclusión sobre la sustancia encontrada en el registro: es ácido bórico».

Con esta afirmación, la Sala da a entender que al menos de momento no existe el menor indicio de que el ácido bórico pueda ser empleado en la fabricación o conservación de explosivos, ya que de ser así sí podría afectar a la situación procesal de El Haski, que podría ver ampliada su inicial imputación por pertenencia a organización terrorista (en relación con los atentados de Casablanca) a un delito de tenencia de explosivos.

Informes policiales

Precisamente, la investigación abierta por Garzón se refiere al supuesto uso del bórico con fines terroristas, de forma que las imputaciones de los tres peritos derivaron de las respuestas que éstos dieron al juez, que les interrogaba sobre este asunto, y no sobre la falsedad documental. De hecho, el magistrado podría inhibirse en lo referente a este último delito en cuanto reciba los informes que ha pedido a la Policía sobre todas las posibles aplicaciones de la mencionada sustancia.

En su auto, la Sala, que esta vez se limita a hablar de quién debe investigar sin hacer otras valoraciones, hace fuertes reproches a la Fiscalía al afirmar que «el Ministerio Fiscal, con libérrimo criterio, entendió y entiende que la competencia es del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional (Garzón), sin que corresponda ahora a este tribunal valorar porqué no fue remitida al decanato de los juzgados centrales para su reparto y sí, directamente, a un juzgado concreto».

Texto de N. Villanueva y P. Muñoz publicado por el diario ABC el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Garzón desoye a la Audiencia e insiste con el ácido bórico

Aguilar sale en defensa del juez y dice que los ataques no tienen precedentes. El magistrado se niega a ceder el caso y pide ahora amparo al Poder Judicial

Madrid. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se resiste a dejar el caso del ácido bórico, al menos de momento. Ayer, por segunda vez en diez días, Garzón desoyó el dictamen de la Sala de lo Penal, en el que ésta reafirmó que la investigación de la presunta falsificación de un documento policial que vinculaba a ETA con el 11-M es competencia exclusiva de la justicia ordinaria.

La Sala de lo Penal ya había dictaminado que la Audiencia no era la instancia competente para investigar el caso del ácido bórico. Ante esa decisión, la Fiscalía presentó un recurso de súplica para mantener el caso en manos de Garzón.

Y ayer la Sala desestimó ese recurso al entender que Garzón no es competente porque la falsedad documental no guarda ninguna relación con el terrorismo, que es lo que se trata habitualmente en la Audiencia.

A pesar de la decisión de la Sala, que no es preceptiva, Garzón se ha negado de momento a enviar el caso a los Juzgados de Instrucción de Madrid y mantiene en pie las citaciones programadas para los próximos días.

Garzón cree que la sustancia intervenida en la vivienda de Hasan el Haski, imputado en el sumario de los atentados de Casablanca, podía tener algún uso en la fabricación de explosivos y que, por tanto, puede tener influencia.

Pero la Sala dictaminó ayer que los informes policiales no pueden afectar a la imputación de Hasan el Haski o a la instrucción de los atentados de Casablanca porque ambos concluyen lo mismo: que la sustancia encontrada era ácido bórico. La Sala expone que, en todo caso, el asunto es del juez Juan del Olmo, que instruyó el 11-M.

En el auto que dictó ayer, la Sala, presidida por Javier Gómez Bermúdez, con quien Garzón peleó para ocupar esa plaza, reprocha a la Fiscalía que enviara el caso a Garzón en lugar de sortearlo entre los juzgados.

Por otro lado, Garzón presentó ayer una petición de amparo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), solicitando protección ante los “ataques injustificados” de la prensa.

Garzón también se queja de la petición de investigación presentada por el vocal José Luis Requero ante los indicios de que los tres peritos procesados por el juez recibieron un trato vejatorio durante los interrogatorios.

La solicitud de amparo llega después de que el Poder Judicial se negara a respaldarle el martes debido a que los vocales conservadores del CGPJ, mayoritarios, entendieron que el juez no había pedido protección. Con su gesto de ayer, Garzón obliga ahora al CGPJ a pronunciarse de nuevo.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, salió ayer en defensa del magistrado asegurando que los ataques contra Garzón no tienen precedentes y podrían suponer el retraso del juicio del 11-M, con el consiguiente riesgo de fuga en caso de que los imputados tengan que ser excarcelados.

Una información de José María Olmo publicada por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Garzón seguirá investigando el caso en relación con El Haski 

Madrid - El juez Baltasar Garzón podrá seguir investigando si el ácido bórico es un componente de un explosivo y si por ese hecho puede imputar un delito de tenencia de sustancias explosivas con fines terroristas al jefe del Grupo Islámico Combatiente Marroquí Hassan El Haski, procesado por conspirar para la realización de los atentados del 11-M.

Y ello a pesar de que la sección segunda de lo penal de la Audiencia decidió remitir los documentos presentados por el diario El Mundo a los juzgados de instrucción de Madrid para la investigación de un presunto delito de falsedad. La sala rechazaba así el recurso de súplica interpuesto por la fiscalía, que reclamaba que la investigación de los citados documentos debía ser remitida al juzgado de Garzón por conexidad, ya que éste investiga a El Haski por su presunta participación en los atentados contra la casa de España de Casablanca, ocurridos en 2003.

Sin embargo, el origen y el objeto de la investigación es diferente en ambos casos. Por un lado, en los juzgados de Madrid ya se investiga una posible falsedad en un informe pericial, atribuida al jefe de laboratorio de la Unidad de Policía Científica, Francisco Ramírez, que es a la que se refiere el auto de la Sala. El caso procede de los papeles remitidos por El Mundo.

Falsedades distintas

Por el otro, la fiscalía remitió a Garzón una denuncia formulada por la asociación próxima al PP España y Libertad. En ese caso, Garzón investiga la posible participación de El Haski en el delito de tenencia de explosivos, en el que, tras las declaraciones de los peritos, se descubrió un posible delito de falsedad en documento oficial, ya que éstos firmaron en julio de 2006 un documento fechado en marzo de 2005 y trataron de hacerlo pasar por oficial -cuando nunca lo fue-, ya que en lugar de entregar el original, presentaron una fotocopia, con la finalidad de engañar a su jefe, José Andradas.

Por tanto, Garzón podrá seguir investigando el posible uso del ácido bórico como sustancia explosiva, y previsiblemente se inhibirá en favor del juzgado de instrucción de Madrid que por turno de reparto corresponda para que persiga la presunta falsedad de los tres peritos que firmaron su informe en julio de 2006, mientras que la supuesta falsedad del jefe del laboratorio sería competencia del juzgado de instrucción número 35 de Madrid, cuya titular, Gemma Gallego, es candidata a vocal del Consejo General del Poder Judicial por la Asociación Profesional de la Magistratura.

Es decir, un auténtico batiburrillo jurídico, pero sin ninguna trascendencia para la investigación del 11-M.

Texto de José Yoldi publicado por el diario EL PAIS el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Garzón no es competente en el caso del informe del ácido bórico: Editoriales

Por Narrador - 5 de Octubre, 2006, 9:30, Categoría: 11-M

La Sala de lo Penal enmienda la plana a Garzón (Editorial de EL MUNDO)

Baltasar Garzón anticipó ayer su vuelta de Bogotá a Madrid y, pocas horas después de aterrizar en Barajas, se encontró con la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que insiste en que «no hay el más mínimo indicio» de que su juzgado pueda ser competente para investigar la falsedad documental que imputa a los peritos de la Policía Científica.

Se trata de un criterio genérico que corrobora el auto de la misma Sala, dictado el pasado 27 de septiembre, en el que señalaba que los delitos de falsedad documental son competencia de los juzgados de instrucción.

La Sala precisa ahora que Garzón sólo podría ser competente en caso de que la falsedad de documento se hubiera cometido para perpetrar un delito terrorista, lo que no es el caso.

A pesar de ello, Garzón llamó a declarar a los peritos la pasada semana y les imputó tras un largo interrogatorio. La Sala de la Audiencia, que es la instancia superior a Garzón, le desautorizó ayer implícitamente al desestimar el recurso del fiscal y establecer el criterio de que carece de competencia.

Ello pone a Garzón en la difícil tesitura de rectificar ante el fallo de un tribunal superior o de cruzar la raya de la prevaricación, fingiendo que el asunto no va con él. Lo lógico es que el juez se inhibiera hoy mismo en favor del juzgado de instrucción ante el que se ha presentado una querella, como recomiendan los tres magistrados de la Sala de lo Penal.

Ello sería lo normal y lo coherente y permitiría al juzgado de instrucción empezar la investigación desde cero, dado que las actuaciones de Garzón serían probablemente declaradas nulas al carecer de competencias. Pero Garzón ya ha demostrado que no siempre actúa conforme a las normas procesales y al principio de legalidad.

El fallo de la Sala deja en muy mal lugar al fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, que ha defendido -contra el espíritu y la letra de la ley- que Garzón sí era competente. De hecho, Zaragoza intentó predefinir la competencia del juez al solicitarle el día 23 de septiembre que se hiciera cargo del asunto. El fallo de ayer le contradice sin ningún matiz y desmonta su falacia de que Garzón estaba investigando el caso para determinar si procesaba a Hasan Haski por tenencia de explosivos. Falsos o verdaderos, los dos informes policiales coinciden en que Haski tenía ácido bórico en su casa, por lo que el juez no necesita practicar diligencia alguna sobre un hecho que ha quedado acreditado.

Pero el sometimiento a la ley ha brillado por su ausencia en la actuación de Garzón, que ayer pidió amparo al CGPJ, alegando que este periódico y otros medios le han «atacado de forma sistemática» y amenazan su «independencia». En cuanto a lo segundo, es evidente que no se puede poner en peligro su independencia en un caso en el que carece de competencias. Y en cuanto a lo primero, el CGPJ ya denegó ese amparo solicitado hace unos días por los vocales afines al PSOE, argumentando que hay que esperar a la investigación de las denuncias presentadas contra Garzón, que pretende con su petición silenciar a los medios que cuestionamos con argumentos jurídicos su forma de proceder en este caso.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Juez incompetente” (Editorial de LA GACETA DE LOS NEGOCIOS)

Los peritos del 11-M (caso del ácido bórico) presentaron una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por el trato degradante recibido por el juez Baltasar Garzón. La Fiscalía de la Audiencia respondió afirmando que los peritos habían tenido garantizados siempre sus derechos. Cabe preguntarse por quién, pues a estas alturas es notorio que no lo fueron por Garzón ni por la Fiscalía. Ninguno de ellos hizo nada por garantizar el derecho al juez imparcial predeterminado por la ley. Por el contrario, la Fiscalía parece querer llevar a la exasperación a la sala de la Audiencia, por su empeño en justificar las acciones incompetentes de Garzón. Por dos veces los magistrados han tenido que poner al peculiar equipo en su sitio.

Es lícito preguntarse si la Fiscalía actuaría igual ante la pretensión de un juez de instrucción por hacerse cargo de una causa de terrorismo por coincidir el criminal con un robo que está investigando. Un juez sólo tiene poder constitucional para actuar dentro de su competencia. Y lo que estamos viendo es una expansión ilícita que afecta a derechos de terceros. Pero tampoco garantizó la Fiscalía los derechos de los peritos cuando asistió impasible al trato dado a los testigos, mientras aún eran testigos, o a su conversión en imputados sucesivamente, sin las mínimas garantías de un abogado, toda vez que, por otra parte, el ministerio público actuaba de forma tan particular. Si lo que aconteció en la Audiencia fuera aceptable, todo el sistema de garantías de derechos a los imputados podría evadirse por el sencillo truco de tenerlos como testigos hasta que fuera conveniente. De esta forma, los fiscales de la Audiencia y Garzón han reforzado las críticas que viene sufriendo la instrucción judicial española por poco garantista.

Editorial publicado por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el jueves 5 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.