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1 de Octubre, 2006

El linchamiento de tres inocentes víctimas de Garzón (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 1 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: 11-M

La imputación de los peritos que firmaron el documento que vinculaba a ETA y a un implicado en el 11-M, posteriormente falsificado por sus superiores, dio pie ayer a un vergonzoso linchamiento mediático de tres profesionales con una acreditada hoja de servicios en la Policía. Los diarios que vienen haciendo el caldo gordo a las tesis del Gobierno sobre el 11-M descalificaron con saña a estos policías llamándoles «falsarios» y «tramposos».

Los insultos tomaban como base el relato de los hechos del auto, en el que el juez les incrimina con el material obtenido de sus declaraciones como testigos. Incluso uno de los diarios gubernamentales reconocía que la actuación de Garzón al citar a los peritos imputados, a pesar de que la Audiencia Nacional no tiene competencia para investigar los hechos, puede ser anulada por una instancia superior. Pero es que, además, el auto está basado en una trampa tendida por el juez a los tres peritos, que entraron a declarar como testigos y salieron como imputados. Es obvio que el juez vulneró sus garantías procesales, en una conducta rayana en la prevaricación.

Los linchadores de estos tres policías justificaron el delito de falsedad en que imprimieron y firmaron de nuevo el documento el 11 de julio de 2006, más de un año después de haberlo realizado. Sin necesidad de ser un experto, utilizando únicamente el sentido común, los peritos sólo podrían haber falsificado el documento si hubieran alterado su contenido en algún punto, cosa que no sucedió. Se limitaron a sacar del ordenador una copia del informe que ellos mismos habían elaborado. Expertos juristas aclaran hoy en este periódico que no puede haber un delito de falsedad porque los peritos «no redactan de nuevo el informe, ni le ponen una fecha para aparentar otra fecha distinta a la que contiene el propio documento». Se ha acusado asimismo a los peritos de haber sorprendido la buena fe de su superior directo, José Andradas, al entregarle el documento sin advertirle que lo habían rescatado del ordenador. Pero si Andradas firmó el recibí es porque sabía que el informe era de estos tres policías.

La maniobra de Garzón esconde la caza de brujas desatada en el Ministerio del Interior. Según denuncia hoy en EL MUNDO el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio López, «a quien discrepa profesionalmente con la investigación del 11-M le cae una campaña de desprestigio». Con razón exigió ayer Rajoy a Rubalcaba que aclare en el Congreso lo que está pasando en el Ministerio, que recuerda mucho a los escándalos de la última etapa del felipismo. La maniobra de Garzón tuvo ayer su repercusión política. El portavoz socialista, Diego López Garrido, dijo que tiene la convicción de que se descubrirá «quiénes instigaron» a los tres peritos «a falsificar el documento». El portavoz popular, Eduardo Zaplana, le replicó de forma inteligente, tomándole la palabra. «Espero que una vez que tengamos resolución judicial sobre los verdaderos falsificadores investiguemos en vía parlamentaria la existencia de los instigadores de esa falsificación».

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

'Al policía que discrepa sobre el 11-M le cae una campaña de desprestigio'

Por Narrador - 1 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: 11-M

MADRID.- Ignacio López, secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), sindicato que ha asumido la defensa de los tres peritos imputados por Baltasar Garzón en un delito de falsedad documental, denuncia en este diario las campañas que se desatan cada vez que un funcionario disiente de la versión oficial sobre los atentados del 11-M. «Al policía que muestra algún tipo de discrepancia profesional sobre cómo se están llevando algunas partes de la investigación del 11-M le cae una campaña de desprestigio tremenda. Es absolutamente demencial», declara López, que desvela las presiones a las que han estado sometidos los tres peritos.

Los abogados defensores de los tres peritos estudian pedir la nulidad de todas las actuaciones al considerar que el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón está actuando al margen de sus competencias y consideran que debería haberse inhibido en favor de los juzgados de Plaza de Castilla.

Los tres peritos, que fueron a declarar como testigos y acabaron como imputados, realizaron en marzo de 2005 un informe en el que hicieron constar que el ácido bórico, sustancia hallada en el domicilio de un procesado por el 11-M, también fue encontrado en un piso franco de ETA en Salamanca. Garzón les acusa ahora por haber firmado el 11 de julio de 2006 una copia del dictamen que elaboraron el 21 de marzo de 2005 y del que sus superiores eliminaron las referencias a ETA.

La defensa de los tres policías ha sido asumida por el equipo de abogados de la Confederación Española de Policía (CEP), el segundo sindicato con más número de afiliados del país. Su secretario general, Ignacio López, defiende, en una entrevista concedida a este diario, el trabajo de los tres peritos, Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique, y denuncia las presiones a las que fueron sometidos.

El líder de la CEP explica con detalle por qué los peritos tuvieron que volver a firmar su informe en julio si lo habían realizado en marzo: «En el mes de julio de 2006, las autoridades piden revisar todos los informes de la Policía Científica relacionados con el 11-M. Es entonces cuando los peritos se dan cuenta de que el informe original no había sido trasladado al juez. En el propio auto de Garzón se reconoce la existencia del documento original. En ese momento, los peritos entienden que su documento tiene que ver la luz y, por este motivo, imprimen el informe idéntico al que elaboraron y lo rubrican. Pero ese documento no sufre modificación alguna, como también lo reconoce el juez Garzón en el auto».

Según informa el líder sindical, las presiones que recibieron los tres expertos están recogidas en los libros de apuntes de Manuel Escribano, un profesional «tremendamente concienzudo y meticuloso». «En sus libros de analítica y de observaciones, Escribano data en el día 22 la primera vez que se le ordena que modifique el informe, a lo que él no accede porque es su criterio profesional. El día 24, vuelve a recibir presiones y se le vuelve a requerir que modifique el informe. Paradójicamente, el informe definitivo que se traslada a la autoridad judicial, firmado por Ramírez, es de fecha 22. Es decir, que, por lo menos en una ocasión posterior a la fecha del documento que se traslada al juez volvió a recibir presiones».

López elogia la labor de Escribano, ya que «es uno de los tres facultativos policiales de mayor prestigio que existen en España». Además, asegura que ninguno de los tres expertos tiene una tacha en su trayectoria profesional.

Los peritos de la Policía Científica, además de ser funcionarios, suelen ser licenciados universitarios en Químicas, Biología o alguna carrera de Ciencias, y gozan de una enorme reputación profesional. De hecho, según la CEP, una sentencia del Tribunal Supremo dictamina que los informes de la Unidad Central de Policía Científica son pruebas preconstituidas válidas a la hora de celebrar un juicio y no sólo indicios, como puede ser el relato de un testigo.

El dirigente del sindicato policial también censuró ayer que se critiquen las observaciones que los peritos añadieron al informe, cuando en otras ocasiones esas mismas valoraciones habían sido alabadas por sus superiores: «Estaremos de acuerdo o no con el contenido de las observaciones, pero éstas fueron realizadas en informes anteriores y fueron admitidas. Las observaciones de Escribano en otros informes fueron alabadas y ensalzadas por sus superiores. Casualmente, estas observaciones subjetivas y de carácter personal, en el caso de Escribano, en más de una ocasión han podido llegar a salvar vidas».

López muestra, además, su perplejidad por que Francisco Ramírez, jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, que fue quien firmó el dictamen enviado al juez del 11-M como si él hubiera efectuado las pruebas analíticas, sea el que mantenga su condición de testigo.

«Aquí hay un cúmulo de irregularidades. Es evidente, y así lo asume todo el mundo, incluso el propio juez, que Ramírez asume y firma en primera persona un informe pericial que no ha realizado, lo que es una irregularidad bastante notable. Además, tramita un documento que no tiene virtualidad ninguna porque sólo tiene la firma de un perito, y modifica sustancialmente el contenido del informe original», destaca el dirigente de la CEP. En su opinión, «Ramírez debería dar otro tipo de explicaciones más lógicas porque las explicaciones que se nos están dando no aclaran nada, sino todo lo contrario».

López opina que la consideración de Garzón de que el informe de los tres peritos era un «documento interno no oficial» es un malabarismo que se ha inventado, ya que, bajo su parecer, ese tipo de informes no existen: «Si un funcionario público hace un documento y lo rubrica, ese documento adquiere virtualidad de forma inmediata. Si Escribano entregó a sus jefes el informe pericial rubricado y definitivo, eso es inamovible».

El líder de la CEP destaca que están recibiendo presiones para que el sindicato policial mantenga el silencio en éste y otros asuntos: «Es público y notorio que determinados sectores policiales muy cercanos al PSOE, el SUP concretamente, día sí y día también nos están atacando de manera feroz, incluso llegando a cuestiones privadas y a la vida íntima de las personas. Pero a nosotros no nos van a amedrentar».

Una información de Ana Del Barrio publicada por el diario EL MUNDO el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Expertos juristas descartan que los peritos hayan delinquido

Por Narrador - 1 de Octubre, 2006, 6:30, Categoría: 11-M

Argumentan que no redactaron un nuevo informe ni le pusieron una fecha distinta a la que contiene el propio documento

MADRID.- Expertos juristas consultados por EL MUNDO mantienen que los tres peritos que elaboraron el primer informe sobre el ácido bórico no cometieron ninguna falsedad documental, como les imputa el juez Baltasar Garzón, sino que presentaron un documento auténtico con la única fecha auténtica. «Lo que entregaron es la fotografía en papel del documento original», resume uno de ellos.

El pasado viernes, el magistrado instructor les imputó un presunto delito de falsedad en documento oficial por presentar, con fecha 21 de marzo de 2005, un informe que habían extraído del ordenador el pasado 11 de julio.

En la dirección opuesta, los expertos consultados subrayan que los peritos «no redactan de nuevo el informe, no lo elaboran de nuevo ni le ponen una fecha para aparentar otra fecha distinta a la que contiene el propio documento, por lo que no puede hablarse de falsedad».

«El relevante es el documento electrónico grabado en el disco duro del ordenador» de la base de datos oficial de la Policía Científica, puesto que es el que contiene la fecha válida del informe pericial (21 de marzo de 2005). En todo caso, la falsedad se hubiera producido al cambiar, en el propio ordenador o en la copia en papel, la fecha que constaba (julio en vez de marzo). Es decir, si el informe se hubiera presentado con la fecha de julio sí se trataría de un documento falso.

Respecto a que estampasen su firma en julio, consideran que es «irrelevante», porque esa firma no supone que el documento se elaborara en esa fecha. Y añaden el ejemplo de las sentencias, que llevan la fecha del día en que se redactan, no la fecha en la que los magistrados la firman.

También resaltan que, si como señala Garzón, el primer informe sobre el ácido bórico nunca llegó a ser oficial, sobre él se podrán hacer todas las modificaciones que se quiera sin que éstas supongan una falsificación. Por el contrario, si el informe es el oficial porque constaba en la base de datos oficial, «se podrán obtener del original tantas copias como papel se pueda imprimir» y todas serían auténticas.

En todo caso, estas fuentes señalan que podría replicarse que el documento que entregaron el pasado mes de julio omite que se trata de una copia del original. Sin embargo, no sería una omisión maliciosa, puesto que no se pretende aparentar nada distinto de la realidad.

Esa coincidencia entre el documento que entregaron y la realidad del informe pericial es la que lleva a los expertos a insistir en que no se ha lesionado lo que el Código Penal quería proteger al tipificar el delito de falsedad. «El bien jurídico protegido es la seguridad en el tráfico jurídico, y aquí lo relevante es que el documento entregado por los peritos sí responde a la verdad, porque existió».

Según afirman, existe abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, que defiende que la falsedad no es sólo realizar una conducta determinada, sino que exige lesionar el bien jurídico protegido.

Otras fuentes mantienen que sí existen elementos suficientes para imputar a los peritos, aunque dudan que, una vez analizado el fondo, se pueda afirmar que existió falsedad. También consideran que resultaría muy difícil llegar a una condena por lo sucedido, tanto porque no existe una alteración del contenido del documento como por el modo en que el juez instructor obtuvo de unos testigos los datos que les llevaron a ser imputados.

Además, si el contenido del informe entregado en julio es el mismo que el de marzo y los autores son los mismos que hicieron el análisis pericial, «el documento es legítimo y genuino porque responde a la verdad». «Estaríamos, en todo caso», subrayan estas fuentes, «ante una alteración de fecha y no ante una falsedad documental».

Otro dato que subrayan es que el documento no podría suponer una falsedad porque no llegó a incorporarse al sumario del 11-M.

Una información de M. M. publicada por el diario EL MUNDO el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Burdas acusaciones, burdas manipulaciones

Por Narrador - 1 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: 11-M

MADRID. - El juez Baltasar Garzón imputó el viernes un delito de falsedad documental a los tres peritos de la Policía que elaboraron, el 21 de marzo de 2005, un informe sobre el 11-M en el que hacían mención a ETA.

Con esta decisión, el juez criminaliza precisamente a quienes denunciaron que su informe había sido falsificado por un superior -el jefe de Sección, Francisco Ramírez- quien, además de quedarse con el documento original, recortó y rectificó burdamente la versión de ordenador elaborada por los tres expertos para eliminar de la misma cualquier referencia molesta a la banda terrorista.

El juez incluye en su auto el hecho de que Ramírez no devolviera a sus autores el informe original que habían redactado. Sin embargo, no lo tiene en cuenta cuando considera presunto delito el que los tres expertos firmen, el 26 de julio de 2006, una copia, extraída del ordenador, del documento que elaboraron en marzo de 2005 y que, lógicamente, no llevaba su firma impresa.

La copia de ordenador, ya firmada, fue entregada por los peritos al Jefe de la Unidad de Análisis Científico de la Comisaría General de Policía Científica, señor Andradas.

Garzón no tiene en consideración el hecho de que los documentos de ordenador sólo pueden ser firmados una vez que están impresos en papel, e incluso que es perfectamente factible comprobar en el disco duro si el documento en cuestión fue realizado en la fecha que aseguran los peritos (21 de marzo de 2005) y si sufrió modificaciones posteriores. En lugar de eso, el juez asegura que el citado informe «no era el documento entregado por ellos el 21 de marzo de 2005, sino otro preparado al efecto en el mes de julio de 2006».

Informe para Del Olmo

A diferencia de la decisión adoptada por Garzón en relación con los tres peritos de la Policía, Francisco Ramírez queda limpio de cualquier sospecha, pese a que fue él, tal y como admite el juez, quien recortó y rectificó el informe pericial que no le gustaba y lo firmó, aunque no había sido él quien realizó las pruebas ni quien las recibió. Este informe retocado fue el que se envió al juez Juan del Olmo.

Las manipulaciones que habría hecho Ramírez en el documento son notorias. Para empezar, suprimió todos los párrafos en los que, bajo el epígrafe de observaciones, se hacía mención a ETA.

Además, cambió el objeto del informe: en el original se pedía Estudio, análisis e informe pericial, en tanto que en el documento retocado se solicitaba un análisis de las muestras. Igualmente, las nueve pruebas analíticas del documento de los peritos quedan reducidas a sólo seis.

Por último, en el documento manipulado se cometen errores tales como precisar, encima del apartado reservado para las rúbricas, que «las dos primeras hojas» van firmadas, cuando el documento sólo tiene dos folios, o se hace mención expresa a la «rúbrica de los firmantes» cuando sólo una persona, Francisco Ramírez, pone su firma a pie de texto.

Publicado por el diario EL MUNDO el domingo 1 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.