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Octubre del 2006

Santano niega ahora ante la juez que avalara la eliminación de las referencias a ETA

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: 11-M

Afirma que Mélida no le comunicó qué decían las observaciones del informe de los tres peritos Hace un mes dijo que la supresión fue correcta y que «si volviera a ocurrir lo volvería a quitar»

MADRID.- Miguel Angel Santano, máximo responsable de la Comisaría General de Policía Científica, compareció ayer en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.

Su titular, la magistrada Gemma Gallego, investiga si los mandos policiales que intervinieron en la alteración de un informe pericial sobre el 11-M en el que se mencionaba a ETA incurrieron en un delito de falsedad documental.

La manipulación de ese informe fue desvelada por EL MUNDO el pasado 21 de septiembre. Fue entonces cuando trascendió que el informe elaborado por los funcionarios de la Policía Científica Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre el ácido bórico hallado en la vivienda del procesado Hasan Haski fue manipulado antes de su remisión al juez Del Olmo.

Entre otras alteraciones, el informe enviado al instructor del 11-M no incluía las tres observaciones que hicieron constar los peritos. En ellas, mencionaban los antecedentes de terrorismo en los que se había intervenido ácido bórico (en un piso franco de ETA y en la casa de un joven antisistema), destacaban la cualidad del boro como conservante de determinados componentes de los explosivos, así como su facultad de enmascararlos para impedir su detección, y sugerían la «posibilidad» de una relación entre los autores de los hechos.

El mismo 21 de septiembre, Santano hizo pública una nota -que también envió por fax a la Audiencia Nacional- en la que aseguraba que «cuando el comisario general [el propio Santano] fue informado del tema, le pareció correcta la remisión del informe íntegro, eliminando las observaciones, como así se hizo».

En una entrevista concedida días después a un medio del grupo Prisa, Miguel Angel Santano declaró que «si volviera a ocurrir esta noche, lo volvería a quitar».

Ayer, sin embargo, el comisario tuvo que declarar como imputado y el tenor de sus manifestaciones fue diferente en cuanto a conocimiento de los hechos y en cuanto a la asunción de la responsabilidad.

Según el acta de la declaración, a la que ha tenido acceso este periódico, Santano arrancó diciendo que «tuvo conocimiento de lo que ocurrió con el informe pericial cuando leyó la noticia en EL MUNDO, el mismo día que firmó la nota, el 21 de septiembre» pasado.

Añadió que habló con el segundo jefe y secretario general, Pedro Luis Mélida, «que le comunica que ya ha sacado toda la información, que contrastan juntos».

Santano afirmó que fue entonces cuando «comprobó los dos informes», aunque matizó que el de los tres peritos «no es un informe en sí, sino un borrador». También Mélida le informó «de todos los hechos que ocurrieron».

El comisario general ratificó ante la juez que las observaciones hechas por los peritos en su informe no eran «más que elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico alguno».

La juez le preguntó qué supo sobre los hechos cuando sucedieron, esto es, en marzo de 2005. El comisario general eludió el día 21 (que fue cuando los tres peritos entregaron el dictamen a su superior, el jefe del laboratorio, Francisco Ramírez), y se remontó a dos días más tarde. «El 23 de marzo de 2005», consta en la declaración, «el funcionario que me sustituye [Mélida] me hace la comunicación de novedades, pues yo me encontraba de vacaciones, y me comunica que ha habido un problema con un informe que habían elaborado unos peritos y que, habiéndoseles comunicado que deberían modificarlo, se habían negado».

Según Santano, Mélida le dijo: «El tema está resuelto», y no le explicó el contenido de las observaciones. Cuando la juez quiso saber si preguntó de qué forma se había resuelto, respondió: «No recuerdo».

La representante del Ministerio Fiscal incidió en este punto. Santano manifestó: «No se me hizo saber que el informe era relativo al 11-M». «Seguramente», añadió, «me citarían el nombre de los peritos». Preguntado por si no le parecía extraño que le dijeran la identidad de los peritos y no de qué informe se trataba, el comisario general dijo que no. «Nunca he conocido que los peritos se nieguen a modificar los informes, por eso la novedad».

Santano se negó a contestar a las preguntas del abogado José María de Pablo, que ejerce la acusación particular en nombre de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, y a las del letrado José Benítez, que actúa como acusación popular.

Por otra parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) salió ayer en defensa de Mélida, Santano y Ramírez, a los que considera «tres profesionales íntegros, víctimas de la voluntad política y mediática de utilizar este Cuerpo como arma arrojadiza». Asimismo, el SUP denuncia «la manipulación de la periodista» de EL MUNDO que firmaba una información el pasado sábado sobre que Mélida había admitido que se vulneraron las normas al alterar el informe ETA/11M. El sindicato considera que esta información «no se corresponde con la verdad».

«No sé si el perito que firmó el análisis lo hizo»

Refugiado en que las normas de calidad del laboratorio de ADN -al parecer, aplicables por extensión al laboratorio químico, «aunque no hay disposición» que lo diga», admitió- no avalaban el informe sobre el 11-M en el que se citaba a ETA, Santano tuvo que descalificar ayer el trabajo de tres de sus subordinados (Escribano, López y Manrique) para tratar de exculpar a su segundo, Pedro Mélida, y al responsable del laboratorio, Francisco Ramírez, firmante del dictamen mutilado que se envió al juez del 11-M.

Pese a ello, no pudo evitar la confrontación del comportamiento de estos últimos con esas mismas normas de calidad. «¿Dónde figura que quien no ha hecho un informe pericial pueda firmarlo?», se le preguntó. El comisario general dijo: «No sé si el perito que firmó el análisis de las muestras lo hizo».

«Si el análisis se hubiera hecho por alguien del laboratorio, lo consideraría correcto», dijo citando ante la juez sentencias del Supremo que, según manifestó, avalan que un perito certifique en un informe remitido al juez que ha hecho unas pruebas analíticas que, en realidad, no hizo.

Según él, en las normas de calidad no figura que un perito pueda firmar lo que no ha hecho, «pero tampoco lo contrario». «No es lo mismo un informe pericial que las pruebas analíticas, que son parte de un informe. El que firma el informe tiene que haber revisado las pruebas analíticas que figuran en él», explicó.

Información publicada por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Santano se desdice para eludir el banquillo (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 6:30, Categoría: 11-M

La declaración ante la juez del jefe de la Policía Científica dejó ayer en evidencia flagrantes contradicciones entre su actitud como imputado y la que ha mantenido cuando EL MUNDO destapó hace un mes la falsificación del informe que vinculaba a ETA con el 11-M. Basta cotejar lo que Santano aseguró ayer con las respuestas que entonces dio en televisión y con su nota de respuesta a la información de EL MUNDO para concluir que ha faltado a la verdad. Dice Santano que en ningún momento avaló la eliminación en el informe de las referencias a ETA. Es más, asegura que lo único que su segundo le dijo en marzo de 2005 fue que unos peritos se habían negado a modificar un informe y añade que se enteró por EL MUNDO de los detalles de la manipulación y de que ésta guardaba relación con el 11-M. La versión a la que ahora parece haberse abonado Santano no se sostiene. Es impensable que su segundo le contara a medias un incidente tan delicado. En la nota de respuesta a nuestras revelaciones, el propio Santano reconoció que cuando fue informado «le pareció correcta la remisión del informe íntegro eliminando las observaciones» y ante Iñaki Gabilondo afirmó sin rubor y con uniforme -ayer acudió a declarar de paisano-: «Si volviera a ocurrir esta noche, lo volvería a quitar». ¿Por qué ahora dice justo lo contrario? No cabe duda de que, al cambiar de versión, Santano intenta eludir el banquillo, pero todo acusado tiene derecho a mentir en su estrategia de defensa.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"Las perturbaciones de su señoría" por Javier Gómez De Liaño

Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: Opniones

Supone bien el lector si piensa que a estas alturas de mi vida escribir de Baltasar Garzón no es cosa que me entusiasme. Sin embargo, como soy hombre que procura alejar de sí los malos recuerdos y son muchos los años que vengo sosteniendo que la falta de independencia judicial es la madre de todos los males de nuestra Justicia -aparte de que en esto de escribir apuesto por el más difícil cada día-, hoy me propongo cavilar, no sin cierto optimismo, acerca de las perturbaciones que el juez Garzón ha podido sufrir a cuenta de su intervención en el conocido como caso del ácido bórico.

El asunto es que, a raíz de esas actuaciones, el magistrado se plantó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en súplica de amparo al sentirse perturbado en su independencia por lo que él denominaba «brutal y desmedido ataque» de algunos medios de comunicación, de un diputado y hasta de un miembro del propio órgano de gobierno de los jueces. A la solicitud, el CGPJ respondió con un no, pues consideró que faltaban las condiciones exigidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Pocas horas después, un periódico editorializaba que la actitud del CGPJ era un lavado de manos ante una imputación explícita de prevaricar, que es lo que significaba acusarle de montaje para criminalizar a unos inocentes y satisfacer los intereses del Gobierno. Otros hablaron de un CGPJ compuesto por una mayoría -la que decidió no conceder el amparo- dispuesta a prostituirse por no querer salir al paso de una miserable ofensiva. Algunos colegas partidarios suyos sostuvieron que la toga del compañero juez estaba siendo colgada en la picota más alta. Incluso un profesor de Sociología -el catedrático Enrique Gil Calvo- llegó a escribir que tras las críticas se escondía el antaño sindicato del crimen y que «hoy Garzón es mucho más Garzón», aunque la verdad es que el señor Gil tiene declarado que «una vez publicado, casi siempre me arrepiento de lo que escribo».

Perturbación es acción y efecto de perturbar o perturbarse. Perturbar es trastornar la quietud o el sosiego de algo o de alguien. Según el diccionario de la RAE, independencia -que es palabra que proviene del latín pendeo/pendere, un intransitivo equivalente a estar colgado-, significa, en su tercera acepción, entereza, firmeza de carácter, cualidad que se da cuando no se es tributario de otro. Hecha la anterior precisión, la pregunta es si acaso no se ha hablado demasiado de ataques por parte de la prensa, los políticos y otros instrumentos de presión y, al contrario, muy poco de las emociones y pasiones que el juez puede llevar en su cartera. Si la independencia judicial, subjetivamente considerada, es una virtud y todo juez que quiere ser independiente ha de serlo hasta de sus íntimas convicciones -como dijo un magistrado norteamericano en 1801, el juez ha de ser independiente también de sí mismo-, ¿quién perturba la independencia judicial de su señoría, el juez Garzón?

A mí me parece que, puesto a presumir, el juez Garzón puede hacerlo de bastantes cosas, pero no de ser realmente independiente. Quede claro que en este lance no estoy haciendo una crítica de su trabajo ni estoy emitiendo un juicio sobre sus aptitudes profesionales. Me estoy refiriendo a que si hay algo que en verdad puede definirle es su insobornable pasión por la política y su fidelidad a las siglas de un partido al que abiertamente confesó su adscripción cuando se presentó a las elecciones generales como candidato número dos por Madrid, sirviendo luego en el Ministerio del Interior. De las penúltimas cosas que he sabido de él fue su participación en un acto de protesta contra la Guerra de Irak, en el que aparecía subido a un estrado junto a actores y cantantes disfrazados de Aznar con casco, que llamaban asesino al presidente del Gobierno.

El juez Garzón sabe, o debería saber, que ese tipo de acciones están prohibidas por la LOPJ y que una profesión de fe ideológica de esa naturaleza, tan cargada, además, de indiscreción, es una confesión de parcialidad. No digo que en un juez la ideología política sobre, sino que el señor Garzón la derrocha hasta la prodigalidad. Nos lo advertía Pedro G. Cuartango en una de sus espléndidas Vidas paralelas: «(...) Garzón es la única persona de este país que ha pertenecido a los tres poderes: ha sido diputado, secretario de Estado y juez.»

Insisto para que se entienda bien. Con este perfil de su señoría sólo me limito a recordar que en ese humano rincón que decimos Justicia hay jueces políticos de quienes los ciudadanos desconfían y se temen lo peor. Para mí, la historia de Baltasar Garzón es la de una trayectoria que pudo empezar honesta para torcerse en el momento que se convirtió en la figura del superjuez y por tanto, pasó ser una muesca carnavalesca muy alejada del Derecho. Vuelvo a las hemerotecas. Esta vez, a la del diario El País. En su ejemplar del 19 de enero de 1995, a propósito del sumario que Garzón instruía por el secuestro de Segundo Marey, además de dudar de su idoneidad de juez por haber protagonizado el salto espectacular a la política, el editorialista decía que «la notoriedad pública del personaje dificulta la diferenciación por parte de la opinión pública de las dos imágenes superpuestas: la del juez y la del político.»

Respecto a las últimas críticas al juez -algunas auténticas diatribas-, vaya por delante que siempre estuve a favor de la censura razonable de las resoluciones judiciales y, por tanto, en contra de la descalificación rotunda e inmisericorde. Ahora bien, también digo que los que hoy sacan pecho a favor de su señoría son los mismos que durante muchos años han jugado con entusiasmo al deporte de guillotinar jueces, sobre todo a quienes no estuvieron dispuestos a dejarse acollonar. Tomo licencia para proponer unas cuantas interrogantes que nos sirvan de orientación. ¿Qué dijeron algunos periódicos cuando un ex presidente del Gobierno calificó a dos jueces -uno de ellos era Garzón, el otro quien esto escribe- de «descerebrados» por atreverse a investigar el crimen de Estado? ¿Quién no se acuerda de aquellos jueces de la horca que llevaron al cadalso al juez Marino Barbero, encargado de la instrucción del caso Filesa? ¿Dónde se escondían los que ahora se echan manos a la cabeza cuando unas hienas hicieron de él la diana de todos los denuestos posibles? ¿Acaso no fue la década de los años 90 el paraíso de la difamación judicial, en el que periodistas y no periodistas patentaron la calumnia y la injuria como método de destrucción sistemática del honor de los jueces? Si el hombre no fuera, por naturaleza, un animal olvidadizo -a veces, también ingrato y mezquino- ante las últimas perturbaciones que denuncia el señor Garzón muchos deberían sentir vergüenza y callarse. Allá cada uno con sus contradicciones e incongruencias. En todo caso, me sumo a lo que el magistrado Javier Gómez Bermúdez decía en este periódico, en su entrevista del pasado 23 de octubre: «Muchísimos magistrados han sido insultados, ofendidos y criticados y no se han sentido perturbados en su independencia».

En cuanto al fondo del asunto, es decir, qué es lo que pueda haber en las diligencias procesales del caso del ácido bórico, desconozco los detalles. Sin embargo, a la vista de lo resuelto por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, declarando la incompetencia de su señoría y ordenando la remisión de las diligencias a los juzgados de instrucción de Madrid, a mí me parece que es una prueba más de ese «(...) afán de acaparamiento de asuntos que caracteriza al juez Garzón. (...) Pero no es ésta la primera resolución negativa (...) en contra de sus pretensiones. Ya le ocurrió con el caso Laos cuando compitió por asumir todo lo relativo a la detención de Roldán. (...) La Justicia es un poder difuso, repartido entre diversas instancias jurisdiccionales que se controlan mutuamente y cuyo ejercicio está sometida a estrictas reglas de procedimiento. Lo que el juez Garzón considera que es suyo, de acuerdo con sus competencias, no tiene por qué serlo necesariamente si esas instancias de control que están por encima le dicen que no le corresponde. La Justicia no se paraliza por ello. Pensar otra cosa sería tanto como admitir que la Justicia se identifica con un determinado juez, en este caso Garzón. Un mensaje que algunos no se privan de lanzar por más disparatado y pretencioso que resulte».

Como el lector habrá advertido -la mejor pista es el entrecomillado-, estas palabras no son mías. Una vez más, las he tomado prestadas del archivo de El País. En concreto, de un editorial publicado el 26 de octubre de 1996, a propósito del conflicto de jurisdicción suscitado por el sumario de los papeles del CESID y que el Tribunal Supremo resolvió a favor de la jurisdicción militar.

Lo malo no es no tener razón, sino ignorar que carecemos de ella y, a renglón seguido, caer en la hueca sinrazón. A salvo ulteriores decisiones jurisdiccionales, en mi opinión la actuación de su señoría, el juez Garzón, en este asunto sólo tiene una apariencia de juridicidad. Nada más. Las diligencias de toma de declaración a los peritos, previa imputación, su señoría las llevó a cabo -lo mismo que las que, según leo, sigue empeñado en practicar- con manifiesta incompetencia, a sabiendas de que estaba actuando así, con unos fines quizá demasiado evidentes y, desde luego, no permitidos por la Ley. Esta es mi opinión que expongo con los debidos respetos y que gustosamente someto a otras más autorizadas.

Yo no soy quien para dirigir recomendaciones a nadie. En el Guzmán de Alfarache puede leerse que «consejo sin remedio es cuerpo sin alma» y no tengo a mano recurso alguno con el que socorrer a su señoría de las perturbaciones que puede padecer. Ahora bien, me da la impresión de que al juez Garzón la vida no le ha sacudido a modo. También intuyo que no sabe asimilar el sufrimiento y convertirlo en eficaz método de aprendizaje. Yo, que en eso sí me considero experto y distingo a la perfección entre los golpes en el espinazo y en el corazón, sé que de todos los palos se pueden obtener saludables frutos si se aciertan a encajar con serenidad. Ser juez no es sólo una carrera sino también un viaje interminable en el que hay que batallar con los condicionamientos personales que laten continuamente presionándote los pensamientos.

El hombre público y el juez Garzón lo es, jamás debe quejarse; menos aún, ante la concurrencia. El gimoteo es una rara suerte de perturbación que puede llevarte a perder el juicio. Se me ocurre si acaso no es hora ya de que su señoría piense si no es el anonimato lo más recomendable y que a lo mejor acertaría de lleno si se decidiese a trabajar con discreción y alejado de la política. Hasta en soledad, si fuera menester. En un rapto de nostalgia, mi todavía viva conciencia de juez me lleva a exhortarle que ese juez que es, necesitado de mirarse el ombligo todos los días, recuerde a Víctor Hugo cuando advierte que la fama, echadas las oportunas cuentas, no es más que gloria en calderilla. Hay jueces que no saben a ciencia fija si son justos, jueces dubitativos y llenos de resquemores que a veces creen que hacen justicia y a veces no acaban de creerlo; a eso se le suele llamar problemas de conciencia y así, súbitamente, empiezan muchas y profundas perturbaciones del alma.

Javier Gómez de Liaño es abogado y magistrado en excedencia

Publicado por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Las horas más bajas de Zapatero

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 14:00, Categoría: Gobierno de España

El presidente se queda sin candidata a Madrid y con el «proceso» en la UVI

El inquilino de La Moncloa vive horas bajas. Su optimismo y talante natural han desaparecido. Su rostro sombrío refleja la tensión del momento y los nubarrones que se avecinan. Comenzó la semana con el pie cambiado. De un plumazo se quedó sin candidata a la Alcaldía de Madrid y con el «proceso de paz» al borde del abismo. Horas después de la negativa de su «número dos» a enfrentarse a Gallardón, un comando de ETA robaba 350 pistolas en una armería francesa. Era la peor noticia que le podían dar al presidente. José Luis Rodríguez Zapatero se ha jugado todo su futuro político a una sola carta: la del fin del terrorismo. Y, al parecer, la carta está marcada.

Cuando le comunicaron la acción terrorista el lunes por la noche, no daba crédito. Ya consideraba superada la etapa de bloqueo que había sufrido el proceso este verano. Es más, había dado orden de iniciar antes de concluir este año las negociaciones formales con la cúpula etarra. Al día siguiente del robo, el martes, mantuvo un discreto silencio para no eclipsar el debate que horas más tarde iniciaría la Eurocámara sobre el «proceso de paz» en España. Debate éste que se saldó con el hemiciclo de Estrasburgo dividido por la mitad y en el que Zapatero logró un pírrico apoyo a su iniciativa de diálogo con la banda.

Pero sabía que debía dar una respuesta firme ante semejante acción terrorista, que vulnera la tregua permanente, para no socavar su crédito. Con la excusa de su reunión con el primer ministro belga, compareció ante la prensa con el rostro totalmente demudado. Y lanzó la advertencia: «Si se confirma la autoría etarra, tendrá consecuencias». Pero no se atrevió a anunciar la paralización del proceso.

Candidato a la desesperada

Antes de verse forzado a tirar la toalla y por la borda su carrera política, comenzará de nuevo a la desesperada la famosa fase de verificación. Zapatero lleva esta semana a la espera de la información sobre el robo. Cuando haya estudiado hasta el último detalle, tomará una decisión, que, según fuentes gubernamentales, pasará irremediablemente por la paralización del proceso, si ETA no da muestras de su voluntad de renunciar a la violencia. Para sondear esta voluntad, ha encargado a sus mediadores contactar con el dirigente etarra Josu Ternera.

Antes de su nocturno aviso a ETA, por la mañana presentó en Ferraz, cuartel general de los socialistas en Madrid, al candidato a la Alcaldía de la capital, Miguel Sebastián. Zapatero abandonó la sede socialista visiblemente emocionado. No era para menos. Acababa de desprenderse de su confidente y, lo que es más importante, de su asesor económico, que le ha sacado de tantos apuros a la largo de la legislatura. Sebastián ha sido quien ha llevado, en la sombra, las riendas de la política económica. De hecho, el presidente había pensado en él para ocupar la Vicepresidencia económica. Sin embargo, razones personales de última hora le impidieron aceptar el cargo.

La candidatura de Sebastián es la historia de una candidatura improvisada. Amigo personal del presidente, no pudo negarse y dio un paso adelante para sacarle del apuro en el que se había metido con el candidato al Ayuntamiento madrileño.

El presidente se lo propuso el martes pasado y Sebastián le devolvió el favor de estos años asumiendo el reto de medirse con Gallardón, en principio, para perder. De hecho, fuentes de La Moncloa reconocen que lo tiene muy complicado, sobre todo porque sólo quedan seis meses para dar a conocer a un rostro totalmente desconocido no sólo entre los madrileños, sino también entre los políticos. Sebastián tendrá que dar el do de pecho para arañarle votos a Gallardón. Y, además, deberá recurrir a su capacidad de seducción para ganarse a los dirigentes de la Federación Socialista Madrileña, en pie de guerra porque nadie ha tenido en cuenta su criterio a la hora de elegir a su candidato.

Zapatero lo designó el martes un tanto a la desesperada, después de que la jornada anterior De la Vega le comunicará su decisión de seguir en el Gobierno. Aunque había dejado en sus manos el aceptar o no su oferta, no ocultó su desagrado ante su negativa y la campaña de las feministas en favor de su continuidad en La Moncloa. Pese a ello, la consigna que corre por los pasillos monclovitas es la de rebajar importancia al rechazo de De la Vega. Se trata de hacer como si no hubiera pasado nada. Pero la confianza del presidente en su «número dos» ahora no es la de hace tres semanas.

La candidatura de la alcaldía a Madrid no sólo ha enfriado la relación entre Zapatero y De la Vega, sino también la de esta última con el ministro del Interior.

Información de Inmaculada G. De Molina publicada por el diario LA RAZON el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La candidatura por Madrid enfría la relación entre Zapatero y De la Vega

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 13:00, Categoría: Gobierno de España

Rubalcaba se postuló para ocupar la vicepresidencia del Gobierno y seguir al frente de Interior

Madrid. Quizá, José Bono, ex ministro de Defensa, no era consciente de la guerra interna que su no iba a provocar en el seno del Gobierno socialista. Una guerra que ha abierto de par en par la caja de los truenos. Al no de Bono, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tenido que lidiar con el otro no rotundo de María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, y con las maniobras del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, intentando ocupar el puesto de la número dos del Ejecutivo.

Muchos han querido aprovechar la que se conoce ya como la crisis de Madrid para ganar posiciones dentro del propio Ejecutivo. El más interesado, el que más se ha movido en la trastienda, ha sido Rubalcaba.

Parece que la cartera de Interior se le quedaba pequeña y quería aumentar su cuota de poder y de cercanía con el presidente. Para ello debía quitarse de en medio en su carrera de ambición a la número dos del Ejecutivo.

Por ese motivo, según explican fuentes cercanas al propio ministro, Rubalcaba se había convertido en el gran defensor de que fuera la vicepresidenta la que aspirara a la Alcaldía de Madrid. Las relaciones entre ambos son cordiales pero lejanas.

Ambición y poder

Pero Rubalcaba quería más. Ya era poco para él ser el portavoz parlamentario en el Congreso. Fue una sorpresa, incluso para él, su nombramiento como ministro del Interior. Pese a ello, intentó mantenerse en primera línea de acción de los contactos entre el Gobierno y la organización terrorista.

Sus últimos movimientos con la crisis de Juana Chaos le han permitido avanzar en su implicación en el proceso y recuperar el terreno perdido tras su nombramiento como ministro del Interior.

El presidente del Gobierno quería retirarle de la primera línea de contactos. Pero Rubalcaba cree que tiene posibilidades de salir en la foto de la paz si logra hacerse con la silla de Fernández de la Vega.

Como vicepresidente se convertiría en el gran consejero de Zapatero, en su sombra durante veinticuatro horas al día y su capacidad de influencia sería ya ilimitada. La jugada de Rubalcaba no es únicamente hacerse con la vicepresidencia del Gobierno.

Su gran apuesta es conservar también la cartera de Interior. De esta forma sería vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior como ya lo fuera en su momento Mariano Rajoy.

Dentro de los cálculos que barajan destacados dirigentes socialistas no se descarta también que pudiera haber cogido la portavocía del Gobierno y hubiera dado la habitual rueda de prensa de los viernes tras el Consejo de Ministros.

Pero, de momento, Rubalcaba no ha conseguido su objetivo aunque quienes lo conocen no dudan que seguirá intentando desbancar a la vicepresidenta.

Y en medio de todas estas maniobras, al ministro del Interior le ha salido un duro contrincante. Mucho más discreto. Desde un segundo plano. Sin demostrar la desmesurada de ambición de Rubalcaba y con unos antecedentes laborales menos sospechosos que los del actual ministro del Interior.

Al acecho

José Antonio Alonso no habla pero también espera paciente. Sabe que puede ser el sustituto de Fernández de la Vega en algún momento de la legislatura. Sus opciones son también claras y contundentes: cuenta con una cercanía al presidente del Gobierno que no tiene Rubalcaba. Alonso y Zapatero eran compañeros de pupitre en León. Eso siempre le otorga una ventaja. También el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aspira a mucho, pero sus opciones por el momento parecen ser mínimas.

Zapatero al final ha tenido que mover pieza y ha situado al frente de la candidatura de Madrid a Miguel Sebastián, su asesor económico. Una candidatura que lo único que ha hecho es encender más la lucha interna que vive actualmente el PSOE por ganar peso dentro del Gobierno. La crisis de Madrid ha dejado en el camino muy tocada la relación entre la vicepresidenta segunda y el propio presidente.

Para el presidente del Gobierno, Fernández de la Vega era su candidata ideal. En su concepto político no comprende que el presidente del Gobierno no sea el más valorado y que su número dos le supere en simpatía.

Éste era, según las fuentes consultadas por LA GACETA, el principal motivo de la candidatura de la Vega como rival de Alberto Ruiz Gallardón, además de ser, según sus encuentras internas, una gran candidata.

Pero el gran problema de toda esta teoría de las ambiciones es que ha fallado la premisa principal: Fernández de la Vega nunca quiso ser la candidata y se ha opuesto a ello con uñas y dientes.

Así, llegados a este punto, y tras la oposición rotunda a los designios del “jefe”, las relaciones entre María Teresa Fernández de la Vega y Zapatero parecen haberse enfriado del todo.

Unas relaciones que a pesar de la propaganda oficial nunca ha sido muy buenas y que pueden llevar a la salida del Gobierno de la vicepresidenta en la próxima crisis ministerial. Sería entonces el momento de Rubalcaba.

Información de J. M. Pérez publicada por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El Gobierno ha trasladado a la Península este año a 19.010 subsaharianos inexpulsables

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 12:30, Categoría: Inmigración

De los 28.000 inmigrantes llegados a Canarias entre enero y octubre, Interior sólo ha podido repatriar a 8.077. Los que permanecen en España, condenados a la economía sumergida. El 88% de los procedentes de Mali se queda

Madrid - La mayoría de los inmigrantes logra su objetivo. El Gobierno ha tenido que trasladar a la Península a 19.010 subsaharianos que han llegado a Canarias en cayuco entre el 1 de enero de 2006 y el 13 de octubre de 2007, de los cerca de 28.000 que han intentado acceder a España a través de las islas.

Ninguno de los trasladados pudo ser identificado por la Policía para devolverlos a su país de origen, así que han pasado a convertirse en inmigrantes indocumentados con una orden de expulsión imposible de cumplir. Los datos, recogidos en un informe interno del Ministerio del Interior al que ha tenido acceso LA RAZÓN, constatan que el 68 por ciento de los subsaharianos que llegaron este año a España por Canarias no han podido ser devueltos a sus países y vagan por algún punto de España o algún otro país europeo. Esto significa, además, que los que trabajan lo hacen en la economía sumergida, ya que el tener una orden de expulsión, aunque no se pueda cumplir, les deja fuera de los cauces legales de la contratación.

Una aventura con final feliz

Frente a los 19.010 que el Ejecutivo tuvo que enviar a la Península para aliviar la presión migratoria que sufre Canarias, el Gobierno sólo pudo repatriar a países africanos hasta el pasado 13 de octubre a 8.077 indocumentados: 3.404 a Senegal, 100 a Guinea Bissau, 354 a Mali, 4.100 a Marruecos y 119 a Nigeria. Es decir, casi tres veces menos de los que envió a la Península.

Y si atendemos sólo a los ciudadanos de Mali que han llegado a España sin documentación y que fueron trasladados a la Península (2.991), el Gobierno español sólo logró que las autoridades malienses readmitiera a 354. Esto significa que el 88 por ciento de los inmigrantes procedentes de este país que intentaron la aventura de cambiar de vida arriesgarse a un incierto viaje en cayuco para acceder a Canarias logró su objetivo.

Si el Gobierno tuviera que sufragar los gastos de repatriación de todos los inmigrantes que llegan a España de manera irregular el gasto sería desproporcionado. Sólo en lo que va de año el Ejecutivo ha desembolsado 36 millones de euros, tres millones más de lo que se ha presupuestado para 2007 y 14 más que lo que se dedicaba en 2003.

Los gastos son ingentes, no sólo por el coste de los pasajes de los inmigrantes y de los policías que los acompañan en el trayecto. A este desembolso hay que añadir los 50 euros que el Ejecutivo da a cada indocumentado en concepto de ayuda una vez que el avión aterriza en el país de origen del extranjero para que pueda regresar a su pueblo. Los policías vienen a cobrar una media de 150 euros por cada jornada de repatriación en la que intervienen que, en el caso de los países africanos, se resuelve en un sólo día.

Además, existe la sospecha entre los agentes de que el militar del país africano que recepciona el vuelo con los irregulares repatriados y da el visto bueno de que el traslado se ha realizado en condiciones humanitarias, como ha ocurrido en todos los vuelos que el Ejecutivo ha fletado a Senegal, percibe 3.000 euros. De ser ciertos estos rumores, si se han fletado 63 aviones hasta el 25 de octubre pasado con senegaleses que han vuelto a casa, el desembolso para los militares encargados de aceptar a los senegaleses ha sido de 189.000 euros.

En Mauritania se dice que el gasto era aún mayor, y que el «maletín» que percibían los militares del país era de 6.000 euros por vuelo.

Al margen de estos gastos puntuales, la voluntad de que los países africanos acepten a sus ciudadanos de regreso al país se gana también con dinero. Basta con ver como ejemplo el caso de Guinea-Conakry, a donde viajó el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el pasado 9 de octubre. Hasta este año el país africano sólo percibía 500.000 euros en ayuda a la cooperación, pero a partir de la visita de Moratinos la cifra se multiplicará por diez y pasa a cinco millones de euros la ayuda urgente para diversos programas. De este modo, el Gobierno guineano se comprometía a aceptar 156 guineanos «sin papeles» a cambio de cinco millones en ayudas.

Los indocumentados que logran quedarse en España y son trasladados a la Península son acogidos en la mayoría de los casos por ONG. De los 19.010 que se han enviado hasta el pasado 13 de octubre, 17.666 han sido acogidos por organizaciones como Accem, Cáritas, Casas de Caridad, CEAR, Cepain, Cruz Roja, MPDL, La Calle, San Juan de Dios, Pro Libertas y las Comunidades autónomas. Un total de 1.344 han sido ingresados en centros de internamiento de extranjeros que funcionan en régimen cerrado donde los indocumentados ingresan por un máximo de 40 días para ser entrevistados por la Policía, documentarles y repatriarles se pueden ejecutar los trámites en el margen de tiempo que estipula la ley. En caso contrario, quedan en libertad.

Al margen de los gastos de avión previstos por el traslado de inmigrantes, el Gobierno ha fijado programa de actuación para la atención humanitaria y la acogida en la Península de inmigrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. En virtud de este protocolo el Ejecutivo se compromete a pagar a las ONG y autonomías que se hacen cargo de los irregulares 25 euros al día. El tiempo medio de estancia en las plazas de acogida es de 7 a 15 días, aunque en casos de especial vulnerabilidad el período de acogida puede extenderse a los tres meses con posibilidad de prórroga en función de las circunstancias individuales.

En las plazas de acogida los extranjeros reciben teóricamente manutención y alojamiento, información sobre su situación administrativa, formación mínima sobre el idioma, en caso necesario, son sometidos a análisis médicos y reciben información sobre las posibilidades de retorno voluntario.

Si los inmigrantes son menores, el Gobierno subvenciona a la Comunidad autónoma que se hace cargo de su tutela con 80 euros por menor y día.

Los datos de los que dispone Interior constatan también que la mayoría de los traslados se producen a ciudades donde gobierna el Partido Popular. Es el caso de Madrid, que se sitúa a la cabeza en el ránking de comunidades más solidarias con 12.157 en lo que va de año. Le sigue de lejos Barcelona con 1.114.

Miles de canarios denuncian en la calle la saturación de «sin papeles» en las Islas

S. cruz de Tenerife - Unas dos mil personas, según la Subdelegación del Gobierno en Canarias, y 8.500 según la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, se manifestaron ayer domingo por la mañana en la capital tinerfeña para reclamar un alto en la llegada de inmigrantes ilegales. La concentración se convocó bajo el lema de «Basta ya, no cabemos más». Según el decálogo impreso en unas octavillas, los manifestantes demandaron al Gobierno central un mayor control de la población, una ley de residencia y medidas que pongan fin al tráfico de seres humanos. La manifestación fue convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos y la organización Identidad Canaria, a los que se sumaron el Partido Nacionalista Canario (PNC), el Centro Canario Nacionalista (CCN) y una decena de miembros del partido ultraderechista Democracia Nacional. El portavoz de los convocantes, Mateo López, se desmarcó de cualquier símbolo xenófobo y afirmó que pretenden llamar la atención de los políticos para que pongan remedio al aumento de población y evitar que se desaten esas actitudes en el futuro. La marcha se produjo horas después de que el presidente de CC, Paulino Rivero, anunciase que presentarán una iniciativa en el Parlamento canario para reclamar al Gobierno que defienda en el próximo Consejo Europeo restricciones en la entrada de rumanos y búlgaros a Canarias.

Información de Rocío Ruiz publicada por el diario LA RAZON el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

ETA dio de plazo hasta fin de mes para el preacuerdo de la mesa de partidos

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 12:00, Categoría: - Tregua Etarra

Antes del robo de las armas todo estaba preparado para plasmar esta semana en un documento las 'bases sólidas' de la futura negociación de un nuevo marco político y jurídico para el País Vasco

MADRID.- ETA dio un plazo para que los partidos cerraran un preacuerdo sobre la mesa política, plazo que se iniciaba sobre el pasado día 20 y que concluía al finalizar octubre. El robo de armas en Francia y las declaraciones que este acto delictivo ha provocado pueden estar influyendo en la marcha de este aspecto del proceso pero, según los datos en poder de los expertos antiterroristas, PSE, Batasuna y PNV tenían hasta el miércoles, aproximadamente, para ultimar las negociaciones que vienen realizando de manera secreta desde hace semanas.

Socialistas y nacionalistas aseguran desconocer la existencia de dichos límites temporales. La banda terrorista puede habérselos hecho llegar únicamente a Batasuna y no hay una lectura clara de cuál será el siguiente paso de ETA si alrededor de la fecha señalada no se vislumbran ciertos resultados.

De hecho, a escasos días de que finalice el mes, los dirigentes del PSE consultados aseguran que cualquier cuestión relativa a la preparación de la mesa de partidos sigue totalmente abierta y que las negociaciones no están lo suficientemente avanzadas como para que se produzca un anuncio inminente.

Sin embargo, los nacionalistas sostienen que el contenido del preacuerdo está prácticamente perfilado y reconocen que, antes del robo, estaban convencidos de poderlo cerrar hacia mediados de semana.

La idea es que el resultado de las conversaciones mantenidas se plasme en un documento en el que se establecerán las «bases sólidas» sobre asuntos políticos de fondo con un calendario estimativo sobre cuál puede ser el margen temporal para llevarlos a cabo; un calendario que sólo podría empezar a correr, según las fuentes consultadas, en el momento en el que Batasuna sea legalizada y cuando se produzca una total «ausencia de violencia».

En cualquier caso, independientemente de las fechas en las que se cierre el preacuerdo, la mesa oficial y pública no se constituirá probablemente hasta el verano, con el fin de orillar las tensiones que pudieran surgir por la celebración de los comicios municipales.

El contenido y la convocatoria de la mesa de partidos se han convertido en estos momentos en la delicada piedra angular del proceso y su preparación está requiriendo de decisiones que hace pocos meses se hubieran tenido por imposibles.

El esquema de dos mesas establecido por Batasuna en el velódromo de Anoeta -una entre el Gobierno y la organización terrorista ETA para hablar de asuntos militares como presos y armas y otra entre los partidos para abordar cuestiones políticas- provocó que, incluso antes del anuncio de alto el fuego, los representantes de las formaciones políticas vascas mantuvieran reuniones bilaterales para preparar la segunda de éstas.

Así como la mayoría de los partidos reconocieron estar manteniendo encuentros con Batasuna, los socialistas negaron que ellos estuvieran secundando estas iniciativas. Pero sí consideraron conveniente hacerlo para superar los obstáculos surgidos en el mes de julio, después de que varios miembros de la formación ilegalizada hubieran sido llamados a declarar por los jueces de la Audiencia Nacional.

Tras esa escenificación pública, mantuvieron algunos encuentros en privado que tuvieron que ser reforzados a principios de septiembre después del comunicado que la banda terrorista hizo público advirtiendo de que el proceso estaba en un momento de «crisis», y apuntando la necesidad de ir consolidando la vía política.

Se creó una situación de bloqueo porque tanto socialistas como nacionalistas recordaron que Batasuna no podría participar en la mesa política mientras no efectuase los trámites para conseguir ser legalizada, y el portavoz de esta formación, Arnaldo Otegi, pidió la firma de un preacuerdo como forma de superar el bache del momento.

La gestación de ese preacuerdo se ha estado produciendo desde entonces con los encuentros secretos habidos entre PSE, Batasuna y PNV, que en realidad son los tres únicos partidos imprescindibles para la creación de la mesa política.

Según las fuentes consultadas, en estas reuniones no se ha hablado únicamente de reglas de funcionamiento de la futura mesa pública -tales como si la presidencia ha de ser rotatoria o si las decisiones han de ser adoptadas de manera transversal-, sino que se ha entrado en asuntos de fondo -el derecho a decidir o las relaciones entre Euskadi y Navarra-, con el fin de encauzarla del modo más ajustado posible.

Se encuentre el preacuerdo en una fase avanzada, tal como indican en el PNV, o se encuentre en una fase menos definida, tal como indican los socialistas, los hechos de los últimas jornadas parecen haber enrarecido el ambiente y sugieren dificultades cuyo alcance tendrá que ser aclarado en los próximos días.

No en vano, tras el robo de 350 armas en Francia por parte, presuntamente, de ETA y la advertencia efectuada por el presidente el pasado miércoles, Arnaldo Otegi, puso el sábado otras dos condiciones -la legalización de Batasuna y la anulación de la doctrina Parot- a la del preacuerdo para desbloquear la crisis.

Información de Angeles Escriva publicada por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido

ETA respondió al Gobierno con el robo de armas por las decisiones del Supremo y la Audiencia

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 11:30, Categoría: - Tregua Etarra

MADRID / BILBAO. La cúpula de la banda terrorista ETA -que se ha desplazado del sur de Francia por «motivos de seguridad»- ordenó a uno de los «comandos» instalados en territorio galo una acción fulminante de respuesta a las dos decisiones judiciales del pasado lunes, día 23 de octubre, cuando restaban dos días para el debate parlamentario en Estrasburgo. Debate en el que los terroristas y la izquierda radical abertzale iban a conseguir -como así sucedió- que el «conflicto vasco deje de ser un asunto interno del Estado español». Pese al riesgo de que el debate y la resolución de la Eurocámara se frustrasen, ETA prefirió ofrecer una muestra de «capacidad operativa» en respuesta al auto de la «Sala del 61» del Supremo que, en ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna de 27 de marzo de 2003, acordó por unanimidad ordenar el inventario y registro de las «herriko tabernas» de Batasuna con el propósito final de proceder a la liquidación del patrimonio del partido ilegalizado en cumplimiento de la resolución 1373 de la ONU que exige que el patrimonio de bandas y organizaciones terroristas sea extinguido y destinado a determinadas causas sociales.

Registro e inventario

La «Sala del 61» disponía de un informe previo de la Agencia Tributaria sobre el particular, aunque la liquidación patrimonial definitiva de los bienes de Batasuna está pendiente de otra resolución que requiere de la emisión de informes que el Supremo ya ha solicitado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. El inventario y registro de los locales de Batasuna -cerrados tras la ilegalización en 2003, pero progresivamente abiertos como locales de reunión y recaudación de fondos del partido ilegal- es una medida provisional pero indicativa de la voluntad del Supremo de ejecutar la sentencia de ilegalización del brazo político de ETA. Ese mismo día 23 -el lunes pasado- la Sección IV de la Audiencia Nacional confirmaba el procesamiento de 38 dirigentes de Batasuna por pertenencia a banda armada, respaldando las resoluciones del juez Garzón dictadas en enero, febrero y junio de 2005.

Este auto y el del Supremo «sorprendieron» a ETA por partida doble: por un lado, porque el preacuerdo entre el PSE, el PNV y Batasuna estaba ya listo para ser discutido en la mesa de partidos políticos -el PP estará ausente- que se constituiría en diciembre. Por otro, porque la cúpula de la banda terrorista, para que el Gobierno pudiera dar el pistoletazo de salida a la negociación en la mesa extraparlamentaria, estaba dispuesta a ofrecer a Rodríguez Zapatero un nuevo comunicado declarando la «irreversibilidad» del «alto el fuego permanente», si bien, «en el contexto de este proceso». Tanto socialistas como nacionalistas, así como los batasunos, han incluido en su preacuerdo que el futuro estatuto jurídico-político incorpore el carácter nacional de Euskadi, también el «derecho a decidir» -como un concepto ambiguo respecto del de autodeterminación-, la creación de un órgano común de cooperación con Navarra y la constitución de una eurorregión integrada por el País Vasco, Navarra y las tres provincias vascas francesas que integran el Departamento de los Pirineos Atlánticos.

También está pactado el sistema de votación de los acuerdos -un sistema llamado transversal- e, incluso, las fechas aproximadas en las que el acuerdo final debería estar terminado, tal y como ha venido informando ABC.

Por su parte, el Gobierno estaba facilitando este nuevo y decisivo paso, ofreciendo señales inequívocas de determinación en la utilización de todos sus recursos para controlar la acción de la justicia. En ese contexto se inscribieron las declaraciones en el Senado del fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, en las que se negó a propiciar «una justicia de trinchera» y una «justicia vengativa», aduciendo que la justicia no «tiene que obstaculizar los procesos políticos». La decisión del fiscal general -impuesta al fiscal encargado del caso, Jesús Alonso, que se negó a asumir el planteamiento de Pumpido- de no acusar a De Juan por integración en banda armada y reducir la petición de penas por amenazas, fue otra «señal» que el Gobierno enviaba a ETA para forzarle a ofrecerle un mayor margen de maniobra.

Vuelta al punto de partida

Sin embargo, las actuaciones del pasado lunes -fuera del calendario previsto en la Moncloa- de la «Sala del 61» del Supremo y de la Audiencia han retrotraído el «proceso» a un estado inicial: la reclamación de garantías, no ya políticas, sino personales de impunidad tanto para los actuales dirigentes de Batasuna como de ETA. O en otras palabras: la banda exige a Zapatero que desactive la acción de la justicia, mediante la derogación de la ley de Partidos -de esa manera decaería la vigencia de la sentencia de ilegalización de 27 de marzo de 2003 y todos los dirigentes de Batasuna se verían libres de su condición penal de integrantes de una organización terrorista-; la revocación de la «doctrina Parot», según la cual los beneficios penitenciarios en caso de condena por varios delitos se aplican sobre cada una de las penas, alargando así la estancia en la cárcel de los condenados (los batasunos sostienen que este cambio en la aplicación de los beneficios penitenciarios es, en realidad, una «cadena perpetua») y, en su caso, las modificaciones legales necesarias para cambiar -incluso hacer desaparecer- determinados órganos jurisdiccionales que ETA y Batasuna califican de «excepción» -la Audiencia Nacional- para evocar así el Tribunal de Orden Público del franquismo. Luego vendría la política de indultos, que se irían produciendo de manera progresiva dentro de un determinado plazo temporal.

Exigencias batasunas

Este mensaje -la necesidad de neutralizar a los jueces y tribunales- es el que están lanzando insistentemente los dirigentes de Batasuna desde hace días. Otegi -al que el Gobierno confiere un carácter «esencial» en el desarrollo del «proceso»- ha instado al Ejecutivo a «desactivar los instrumentos del pasado que lastran el futuro». Consciente de las dificultades del Gobierno para garantizar la reclamada impunidad, el cabecilla batasuno declaró el sábado que la responsabilidad de la situación actual es del Ejecutivo, porque «no quiere, no tiene voluntad o no puede -nos da lo mismo- garantizar la igualdad de condiciones para el diálogo multipartito». Y puntualizó: «hay que desactivar la ley de Partidos y la imposición de la cadena perpetua a los presos».

Por su parte, el segundo portavoz más cualificado de Batasuna, Pernando Barrena, se preguntó el viernes sobre «lo que está en juego y para qué es y para qué no es este proceso», añadiendo -para que no hubiese duda alguna- que «las reglas de las que habla Zapatero y Rubalcaba no son en absoluto las de la izquierda abertzale».

El capote a De Juana

Las declaraciones de Zapatero en Soria echando un capote a De Juana -«está en el proceso», dijo el presidente, que calificó sus presuntas amenazas de «crítica pura y dura»- fueron acogidas con un despectivo silencio entre los dirigentes de Batasuna, que consideran que De Juana ha actuado en su huelga de hambre al margen de la disciplina de la organización y alque reprochan en privado no haber proclamado su militancia en ETA cuando fue preguntado al respecto por el fiscal Burgos en la vista oral.

La situación actual está demostrando que en los contactos indirectos entre el grupo de intermediarios captados por Javier Solana a instancias del jefe del Ejecutivo y los representantes de ETA, reina una «notable confusión». Zapatero lleva el «proceso de manera muy personal y al margen de las pautas y asesoramientos habituales». El presidente y tanto ETA como Batasuna no van romper el llamado «proceso», pero éste ha quedado desvirtuado, no sólo por el terrorismo callejero, sino por la «acción de aprovisionamiento y suministro» perpetrado por la banda en Francia. «Estamos en el voluntarismo», dijeron a ABC fuentes conocedoras -y muy inmediatas- de los contactos ETA-Gobierno. «No es descartable, sino todo lo contrario, que los etarras sigan delinquiendo para presionar al Ejecutivo, porque en tanto no solucionen su situación penal y la vean despejada, se han plantado y las posibilidades de Zapatero son muy escasas en este terreno; es más, ya no puede -salvo grave escándalo- hacer más de lo que hace».

Información de J. Molina, J. Pagola y A. Martínez publicada por el diario ABC el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El Gobierno reclama explicaciones a ETA sobre el robo de armas en Francia

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 11:00, Categoría: - Tregua Etarra

Utiliza a los intermediarios internacionales para conocer si fue una decisión de la «dirección»

Madrid - El Gobierno pide explicaciones a ETA. A través de los intermediarios que participan en el llamado «proceso de paz», entre ellos los suizos del centro Henry Dunant, ha solicitado a la banda que le informe de las razones por las que robó una partida de armas de un almacén en Francia. El hecho ha dejado al Ejecutivo absolutamente «descolocado», ya que daba por superadas las tensiones que se produjeron en el mes de septiembre y pensaba que las cosas iban razonablemente bien.

El robo de las 350 armas cortas, en una operación terrorista que ha requerido varias semanas de preparación, cogió por sorpresa al Gobierno que, en función de lo que le transmiten los citados interlocutores, creía que el «proceso» estaba encauzado. Ahora, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del «proceso», el Ejecutivo quiere saber si el asalto se debe a tensiones internas o es una decisión de la dirección de ETA. En ambos casos, el asunto se considera preocupante.

Sin control

El presidente del Gobierno, como ha hecho a lo largo del «proceso», ha tratado de transmitir que todo está controlado, casi previsto, y que no ocurre nada que no fuera a suceder. La realidad es diferente y, como ha pasado en otros momentos, el Ejecutivo ha carecido de la información adecuada sobre lo que se cuece en el seno de ETA.

Las acusaciones de «improvisación» lanzadas este fin de semana por el PNV contra Rodríguez Zapatero responden a una opinión bastante extendida, y no sólo en ambientes nacionalistas. La sensación que se ha tratado de transmitir desde el Palacio de la Moncloa de que todo estaba controlado y que era el presidente el que llevaba la batuta se la creen ya muy pocos.

Según las citadas fuentes, la nueva «verificación» de la que ha hablado el Gobierno consiste en que ETA explique las razones del robo de las armas. La obtención de los datos puede durar varios días o semanas, si es que los terroristas se prestan a ello, y, a la vista de lo que contesten, el Ejecutivo sabría qué camino seguir. Otra de las opciones que se consideran es que la banda haga público un comunicado en el que explique el alcance del robo. No es normal que los terroristas asuman públicamente la responsabilidad de lo que consideran «labores de abastecimiento», pero las referidas fuentes creen que en esta ocasión sí podría ocurrir.

En cualquier caso, esta «verificación» se produce después de que el Gobierno diese por bueno, con el fin de iniciar la negociación, que ETA había decidido abandonar la violencia pese a que los hechos demostraban lo contrario. La primera «verificación», en la que no fueron consultadas unidades especializadas que están sobre el terreno en el País Vasco y Navarra, se dio por resuelta con «evidente precipitación».

Fuentes antiterroristas consideran que una lectura atenta de los comunicados de la banda, de las declaraciones de sus cabecillas y de los representantes de sus presos, y un somero análisis de los acontecimientos que se han sucedido en los últimos meses, permitiría al Gobierno la obtención de respuestas rápidas y adecuadas, sin tener que recurrir a los mediadores internacionales cuya fiabilidad empieza a ser más que cuestionada.

No puede sorprender el robo de las pistolas y los revólveres si se recuerda la «demostración armada» que varios fusileros etarras hicieron el pasado 23 de septiembre en un monte de Oyarzun (Guipúzcoa). Con anterioridad habían dado lectura a un comunicado en el que expresaban la voluntad de la banda de «seguir luchando firmemente, con las armas en la mano, hasta conseguir la independencia y el socialismo de Euskal Herria». Es probable, agregan, que en esas fechas ya estuviera en preparación el asalto al almacén de Francia del que se llevaron las pistolas, los revólveres y la munición.

El problema radica en que el Gobierno se ha empeñado en transmitir a la opinión pública que hechos tan graves como el de Oyarzun, y los comunicados o declaraciones, son cosas que la banda hace «para el consumo interno». Desde luego, subrayaron, el robo de las armas y la munición es para «consumo interno» de una banda terrorista.

ETA ha reclamado, hasta en tres ocasiones, el cumplimiento de unos supuestos compromisos que el Gobierno habría adquirido a cambio de que anunciara el alto el fuego. La banda, por su parte, había renunciado a robar armas y explosivos. ¿Incumplimiento por incumplimiento?

Las fuentes consultadas no descartan que esto es lo que haya ocurrido y que los terroristas hayan enviado al Ejecutivo otro aviso, que sería el cuarto ¿y último?

Información de J. M. Zuloaga y R. L. Vargas publicada por el diario LA RAZON el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La Fiscalía investigará el partido Cataluña-Euskadi

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 10:00, Categoría: Terrorismo

Barcelona - La denuncia de la asociación Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha sido escuchada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La asociación hizo ayer público un comunicado en el que aseguraba que el Ministerio Fiscal ha abierto una investigación por los incidentes habidos en el transcurso del partido de fútbol entre las selecciones de Cataluña y Euskadi, que tuvo lugar el pasado 8 de octubre, y en cuyas gradas pudieron verse todo tipo de pancartas, en su amplísima mayoría de corte independentista.

La denuncia de la asociación, presentada el pasado día 10 de octubre, se basaba en el hecho de que «resulta evidente que en el referido encuentro, determinados grupos de personas, perfectamente organizados, y cuya identificación no debe resultar difícil, al amparo del legítimo ejercicio de la libertad de expresión, exhibieron de manera ostensible pancartas que contenían expresiones y eslóganes de exaltación de la organización terrorista Eta y de la “lucha armada”, así como de determinados terroristas convictos, tal y como han mostrado todos los medios de comunicación, ante la total pasividad de los responsables del orden», explica en el documento.

El texto de la denuncia hace referencia, también, a otros carteles portados por los asistentes y que aparecieron entre las gradas en los que se defendía al procesado por pertenencia a banda armada, Iñaki de Juana Chaos, añadió el presidente de la asociación, Francisco Caja.

La asociación mantiene que dicho comportamiento «es indudablemente constitutivo de delito de exaltación del terrorismo», recogido en el Código Penal en su artículo 579. Sostiene, además, que durante el partido «se profirieron frases y se exhibieron pancartas que contenían graves ofensas y ultrajes a España, sus símbolos o emblemas, llegándose a quemar la bandera española», sostiene, amparándose en «el delito contemplado en el artículo 543».

A través de dicho comunicado, Convivencia Cívica Catalana afirmó que el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, «ha puesto en conocimiento de los denunciantes la incoación de diligencias procesales para depurar las responsabilidades». «La Fiscalía cuenta con unos días para posicionarse sobre un caso, y a nosotros nos ha respondido favorablemente», dijo Caja.

A raíz de la decisión fiscal, la asociación quiso expresar su «satisfacción» por esta medida, que «confirma su confianza en las instituciones políticas en la seguridad de que, en esta ocasión, ha de prevalecer la legalidad, los derechos de los ciudadanos, y el interés público tutelado por la Ley frente a la barbarie de los terroristas y de los que los secundan».

Información de Xiana Siccardi publicada por el diario LA RAZON el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Piden hasta 32 años para la 'célula Dixan'

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 9:30, Categoría: Al Qaeda

MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá entre 22 y 32 años de prisión para seis presuntos miembros de una célula islamista, conocida como 'comando Dixan', detenidos en Cataluña en 2003 y en cuyo poder se hallaron sustancias que, según el FBI, sirven para fabricar 'napalm' casero.

En el juicio que comenzará hoy, el fiscal sostendrá que uno de los acusados, Mohamed Taharaoui, formó una «célula terrorista de carácter integrista islámico» con Smail Boudjelthi, Ali Kaouka, Souhil Kaouka, Mohamed Amine Benaboura y Mohamed Nebbar.

El grupo, según la Fiscalía, «tenía como finalidad prestar apoyo logístico y de infraestructura a la célula terrorista francesa constituida por Merouane Benahmed, considerado 'el químico' o 'el artificiero'».

En el piso de Taharaoui se encontraron elementos «que componen el aparato de ignición utilizado en los artilugios explosivos», además de un teléfono móvil de la marca Trium con dos orificios en su parte superior, parecido a los usados en los atentados que Al Qaeda en Bali y en el 11-M.

La célula recibió el sobrenombre de 'comando Dixan' por el carácter supuestamente inocuo de las sustancias que se le intervinieron, circunstancia avalada por un informe que aseguraba que entre ellas había detergente y ralladura de coco.

Información publicada por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

200 cintas grabadas por Garzón a los islamistas estaban sin traducir el 11-M

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: 11-M

Estuvieron amontonadas sobre una mesa de la UCIE y parte de ellas estaban deterioradas cuando el juez las reclamó en septiembre de 2004. Había charlas telefónicas de 'El Tunecino', 'El Egipcio' y 20 radicales más

MADRID.- Más de 200 cintas de casete apiladas en varios montones sobre una mesa de las dependencias de la Comisaría General de Información, en concreto, en la Unidad Central de Información Exterior (UCIE). Todas, pertenecientes a grabaciones realizadas por la Policía con autorización del juez Baltasar Garzón a varios de los implicados en los atentados del 11-M, de Casablanca y de la célula desarticulada cuando trataba, presuntamente, de volar la Audiencia Nacional. Y esas cintas se acumularon en las dependencias policiales meses antes de que se produjera la masacre de Madrid.

Las grabaciones estaban sin traducir porque el único traductor que actuaba para la Policía estaba centrado, al igual que los expertos en la lucha contra el terrorismo internacional, en un ciudadano marroquí asentado en Tarragona y sobre el que se había recibido información de su alta peligrosidad desde Gran Bretaña. Ese ciudadano nunca fue detenido por delitos relacionados con terrorismo.

Desde septiembre de 2003 se le dio prioridad a esta investigación de Tarragona y se abandonaron las pesquisas que en ese momento se estaban realizando sobre los ya entonces denominados miembros del grupo de Lavapiés, entre los que estaban algunos de los presuntos implicados en el 11-M.

Las cintas permanecieron en estas dependencias policiales hasta que, en septiembre de 2004, el juez Baltasar Garzón se las reclamó a la Comisaría General de Información.

Según explicaron a este periódico fuentes de la investigación, fueron muchas las cintas magnetofónicas que estaban ya deterioradas y no se podían escuchar las conversaciones intervenidas.

El juez renovó los permisos pese a que las grabaciones anteriores no eran traducidas, según le informaron al magistrado, «por razones técnicas».

Previamente, tras la matanza de Madrid, el juez requirió a la Unidad Central de Información Exterior que le remitiera un informe sobre el estado de las indagaciones sobre los sospechosos islamistas que estaban siendo investigados por su juzgado. El magistrado tuvo que insistir a la UCIE para que le remitiera el informe.

Ya desde septiembre de 2002, los agentes de la Comisaría General de Información estaban sobre la pista de un grupo de islamistas radicales, compuesto fundamentalmente por ciudadanos de nacionalidad marroquí. A esta célula la llamaron grupo de Lavapiés.

Sus integrantes tenían una visión radical del islam, se reunían periódicamente en una mezquita del sur de Madrid y en locales del madrileño barrio de Lavapiés. Su objetivo eran los herejes y los infieles.

Un mes después, la Policía logró acotar algo más las sospechosas intenciones de este grupo. Estaba delimitado perfectamente, con estrictas medidas de seguridad en las comunicaciones entre ellos. La dirección y el rol de cada uno de los integrantes estaban perfectamente definidos.

Los agentes tenían constatada ya su «peligrosidad»: los sospechosos hablaban de que para hacer la yihad no hacía falta ir a Bosnia ni a Afganistán o cualquier otro territorio musulmán que consideraran ocupado por infieles.

Apostaban por atacar a los herejes en Marruecos o en España, sin distinción de país.

En ese momento ya se produjo un punto de inflexión en las actuaciones policiales. Los investigadores acudieron a la Audiencia Nacional con nombres, direcciones, vehículos y teléfonos. Y ya se pidió autorización para la intervención telefónica de los números utilizados por los sospechosos.

La actuación policial no fue, como es habitual, a través de Tepol al Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional para que fuera a reparto. Los agentes acudieron directamente al magistrado Baltasar Garzón, ligando estos datos del grupo de Lavapiés con el sumario 35/01 sobre la operación Dátil.

El juez instructor autorizó las intervenciones telefónicas en el marco de unas diligencias previas nuevas, las 396/02, fuera del anterior sumario, ya que no había vinculación.

En esos momentos, los investigadores tenían centrados a numerosos integrantes de ese grupo. Varios de ellos se presume que participaron en los atentados de Casablanca y en la masacre de Madrid el 11-M, y otros formaban parte de la célula islamista que se supone que preparaba un atentado contra la Audiencia Nacional.

Así, en el marco de la denominada operación Esfera (anteriormente denominada Sancristóbal) se controló a Mustapha Maymouni, actualmente en prisión por su relación con los atentados de Casablanca.

También figuraba Mohamed Ouazzani, presuntamente implicado con el comando que pretendía volar la Audiencia Nacional y que fue desarticulado en la operación Nova.

En los informes policiales figuraba también uno de los presuntos líderes de la célula autora del 11-M, Serhane ben Abdelmajid, El Tunecino.

También se controló a Mohamed El Egipcio, otro de los presuntos máximos responsables de la masacre de Madrid. Otro de los procesados por esta matanza, Mohamed Larbi ben Sellam, también era seguido desde entonces por la Policía. Está procesado por el 11-M. Otro integrante de la célula desmantelada en la operación Nova, Faissal Allouch, también estaba bajo vigilancia de los agentes de Información desde finales de 2002.

A partir de ese momento, todos los datos sobre las actuaciones de este grupo fueron a parar a manos del juez Garzón. Hasta 20 teléfonos fueron intervenidos. Se le pasaban informes periódicos al juez del avance de las investigaciones.

Durante meses, los teléfonos de algunos de los principales implicados en el 11-M estuvieron pinchados con autorización del juez instructor de la Audiencia Nacional.

La estructura del grupo, las filiaciones de sus miembros, sus domicilios, sus vehículos, sus negocios, mezquitas donde se reunían...todo, según explicaron fuentes de la investigación, estuvo en el juzgado de este magistrado.

Es tras el atentado de Casablanca, en mayo de 2003, cuando el juez convierte las diligencias previas 396/02 en el sumario 9/03.Tras esta masacre, la Policía marroquí detuvo a Mustapha Maymouni, al que la Policía española consideraba como el líder del grupo de Lavapiés.

Pese a este atentado en tierras marroquíes, ni desde la Policía ni desde el juzgado de Baltasar Garzón se tomaron más iniciativas ni se decidió actuar contra esta célula, estrechamente relacionada con Maymouni.

De hecho, ni las vigilancias sobre los sospechosos se incrementaron, según explicaron las mismas fuentes.

En septiembre de 2003 se tuvo conocimiento de que en Tarragona había un ciudadano llamado Mohamed Berzizoui que podría formar parte del terrorismo islamista, según la información facilitada por un servicio secreto extranjero.

Pese a que no había vínculos conocidos entre este sospechoso y los integrantes del grupo de Lavapiés, es de nuevo el juez Baltasar Garzón el que se hace cargo también de estas pesquisas y autoriza la intervención de su teléfono en el marco del sumario abierto por el atentado de Casablanca.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2003, y enero, febrero y marzo de 2004, toda la actividad del grupo que estaba controlando a los de Lavapiés se trasladó a Tarragona para controlar exclusivamente a este sospechoso.

Pinchazos sin traducción

Por ello, se dio prioridad a la traducción de las conversaciones del teléfono de este sospechoso, aunque se siguieron pinchando ininterrumpidamente los teléfonos de Lavapiés, pero no traduciendo las conversaciones que se captaban.

Pese a que las pesquisas estaban centradas en Tarragona y el seguimiento a los de Lavapiés se había semiabandonado, el juez siguió prorrogando las escuchas sobre los integrantes de esta célula.

Finalmente, las pesquisas sobre Berzizoui no fueron a ningún sitio, y nunca fue detenido en España. Pero, por este motivo, sí se estuvo durante cinco meses, los cinco meses previos al atentado del 11-M en Madrid, interviniendo los teléfonos de algunos de los principales implicados en la masacre de Madrid, pero siempre sin llegar a traducir las conversaciones.

De esta forma, todo el trabajo de prevención de atentados terroristas internacionales en España fue baldío, y no se llegó a aprovechar ni la orden judicial de intervención telefónica, ni el trabajo policial realizado a tal efecto.

Información de Fernando Lázaro publicada por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Los viajes del magistrado

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 8:30, Categoría: 11-M

Meses antes de los atentados Garzón se desplazó con cinco licencias de estudios a México, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú

MADRID.- Meses antes de que se cometieran los atentados de Madrid, Baltasar Garzón estuvo tres veces en México, viajó a Brasil, visitó Bolivia y permaneció una semana en Ecuador y Perú. Entre abril de 2003 y febrero de 2004, el juez de la Audiencia Nacional disfrutó de hasta cinco licencias de estudios concedidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Garzón es, sin duda, el miembro de la Judicatura que más licencias ha obtenido para viajes al extranjero. Mientras en su Juzgado de la Audiencia Nacional instruía los sumarios contra ETA/Batasuna o los terroristas islamistas, Garzón ha sabido organizarse para realizar frecuentes desplazamientos al extranjero bajo el formato de licencias de estudios, un sistema de permisos fundamentalmente destinado a que los jueces mejoren su formación en materias relacionadas con la función jurisdiccional, aunque en la práctica está teniendo un contenido más amplio y cubre desde el dictado de conferencias hasta la participación en programas de cooperación internacional o las estancias de idiomas en el extranjero.

Gracias a una generosa política de permisos del órgano de gobierno de los jueces, el magistrado se ha desplazado a medio mundo, siendo sus destinos preferidos los países de Iberoamérica, donde ha adquirido protagonismo por haber iniciado procesos penales contra responsables de las dictaduras militares.

En 2003, obtuvo cuatro licencias de estudios: del 8 al 12 de abril, para asistir a un seminario sobre terrorismo y procesos de paz en la universidad mexicana de Puebla; del 26 al 29 de mayo, invitado por la Procuraduría de Río de Janeiro y Recife (Brasil); del 5 al 7 de noviembre, para participar en un seminario internacional de derecho en Bolivia, y del 2 al 4 de diciembre, para impartir una conferencia en la Universidad de Guadalajara (México).

Durante 2004, un mes antes del 11-M, el Consejo le autorizó una licencia para impartir conferencias en Ecuador, México y Perú entre el 16 y el 24 de febrero.

Asimismo, disfrutó de otras cuatro licencias a lo largo del año: del 26 al 30 de junio, para lo mismo en San Diego (California); del 13 al 15 de septiembre, para participar en la IV Conferencia de Seguridad Pública para América del Sur en Porto Alegre (Brasil); del 23 al 30 de septiembre, para intervenir en las II Jornadas Hispano-Mexicanas de Derecho Penal en Tabasco (México); y el 5 de octubre, para participar en un coloquio sobre terrorismo en Bruselas.

El CGPJ le ha concedido numerosas licencias de corta duración y también un superpermiso sin precedentes que le permitió residir en Nueva York durante un año y tres meses, desde marzo de 2005 a junio de 2006, para desarrollar «actividades de docencia e investigación» sobre terrorismo internacional.

Garzón aprovechó su estancia para realizar actuaciones tan variadas como entrevistarse en mayo de 2006 con el secretario general de la ONU, Kofi Annan (al que, según un comunicado difundido por Naciones Unidas, «informó de su experiencia en el último año como profesor e investigador en el Centro Juan Carlos I de la Universidad de York»), o hacer de testigo de un acuerdo entre las autoridades de Colombia y aborígenes del Cauca en septiembre de 2005.

Antes de trasladarse a EEUU, el juez se fue a Bruselas (Bélgica) en febrero de 2005 para participar en un seminario sobre el Tribunal Penal Internacional organizado por el Parlamento europeo, y en enero viajó a La Haya (Holanda) a una reunión de Eurojust sobre terrorismo islámico.

Tras su regreso de Nueva York, Garzón ha continuado su periplo internacional con licencias concedidas por el Consejo. El 2 de octubre se desplazó a Colombia para intervenir en un seminario-taller sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. El permiso se prolongaba hasta el día 6, pero el juez optó por regresar a España el día 3 ante la polémica suscitada por su actuación en el caso de los peritos del 11-M. Veinte días después, volvió a Colombia.

Información de María Peral publicada por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Las cintas, otra negligencia más de la policía y de Garzón (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 30 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: 11-M

La investigación sobre el 11-M que está llevando a cabo EL MUNDO tiene dos caras distintas: de un lado, el esfuerzo por desvelar los enigmas sin aclarar o los hechos cuya versión oficial no es convincente. Del otro, el examen de la ineficacia de las Fuerzas de Seguridad y del sistema judicial en la persecución de la trama islamista que participó en la masacre.

No faltará quien a continuación objete que EL MUNDO incurre en una contradicción: apuntar a la trama islamista cuando en otras ocasiones hemos señalado hacia otras hipótesis. No hay tal contradicción porque la implicación islamista es compatible con otra trama superpuesta o complementaria. De lo que no hay ninguna duda es de que un grupo de islamistas participó en los atentados del 11-M bien como autores materiales, bien como cortina de humo. Nunca hemos negado esta evidencia.

Nuestro periódico aporta hoy una importante revelación que tiene mucho más que ver con ese segundo aspecto de la ineficacia policial y judicial en la prevención del macroatentado de Madrid. El MUNDO publica que más de 200 cintas con conversaciones grabadas de implicados en la masacre y personas de su entorno permanecieron durante muchos meses sin traducir en las dependencias policiales.

Esas cintas contenían conversaciones de El Tunecino, El Egipcio y Mohamed Larbi, tres personas clave en el 11-M. Fueron grabadas por orden del juez Baltasar Garzón en los últimos tres meses de 2003 y en los primeros de 2004. Esos y otros fanáticos musulmanes hablaban entonces de la necesidad de llevar la guerra santa a Occidente. Pero seis meses antes de la masacre, la Policía dejo de traducir ese material por falta de medios para centrarse en un supuesto líder islamista de Tarragona.

Nunca sabremos si de haberse traducido esas cintas a tiempo se habría podido evitar el 11-M, entre otras razones, porque buena parte de ellas quedaron tan deterioradas que nadie pudo escuchar ya su contenido. No es más que una conjetura, pero el hecho es que permanecieron amontonadas en un despacho. Garzón las reclamó seis meses después del 11-M y en el día de hoy no sabemos qué ha hecho con esas cintas. ¿Se las ha remitido, como sería lógico, al juez Del Olmo?

No estamos diciendo que el juez Garzón sea el único responsable de esa negligencia, ya que la Policía Nacional carecía entonces de traductores de árabe, entre otras muchas carencias para prevenir el terrorismo islámico. Pero sí se le puede reprochar la falta de diligencia en los muchos asuntos que instruye, su escaso rigor y tenacidad y, en este caso concreto, su fallo en la valoración de la importancia de las cintas.

En el año 2003, Garzón obtuvo cuatro permisos para ausentarse de España y, al año siguiente, otros cinco. Alguno de ellos, de más de una semana. Si en lugar de dedicarse al estrellato mediático, el juez hubiera dedicado más atención a los asuntos que instruía, tal vez habría investigado con más acierto sumarios como los del terrorismo islámico, auténticos ejemplos de chapuza judicial.

Lo dicho vale para la actuación de la Guardia Civil en Asturias, que obró con muy poca diligencia para investigar los chivatazos sobre Toro y Trashorras cuando éstos estaban procesados por tenencia ilícita de explosivos.

El cierre del sumario del 11-M no va a permitir profundizar en los muchos errores y negligencias cometidas por las Fuerzas de Seguridad y el sistema judicial. La propia actitud -realmente inaudita- de Garzón en el sumario de los peritos revela sus ansias por contribuir a dar carpetazo a todo lo que tenga que ver con el 11-M para diluir así las huellas de sus muchas equivocaciones. Pero El MUNDO seguirá hasta el final la investigación de la masacre, tanto en lo que atañe a quienes fueron los autores materiales y a quienes les indujeron a actuar como a los fallos del aparato del Estado.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Un jefe de los Tedax fechó la radiografía en abril sin tener competencia para ello

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: 11-M

El funcionario policial argumentó ante el juez Del Olmo que escribió en la placa la fecha “12-04-04” por equivocación, aunque tampoco le correspondía realizar esa labor

Madrid. La radiografía de la mochila de Vallecas, la número 13, está fechada con un mes de retraso respecto al día que en realidad debería constar en ella por un error de transcripción. Así lo explicaron los dos Tedax que declararon ante el juez Juan del Olmo cuando fueron citados en la Audiencia Nacional para aclarar el desfase de fechas.

Esa equivocación en la reseña de la placa realizada en el parque de Azorín a la mochila número 13 explicaría esta diferencia de un mes entre la fecha en que, según consta en el sumario, se realizó la radiografía y la fecha que consta en el propio documento.

El sumario del 11-M recoge que el autor de la equivocación en el fechado de la prueba fue el subinspector Cobo, segundo jefe de la unidad de los Tedax de Madrid, con carné profesional número 26.858. En sus declaraciones a Del Olmo, el subinspector explicó que escribió "12-04-04" en la placa por error.

El subinspector realizó una labor que no le correspondía. El encargado de fechar la radiografía debía haber sido el mismo tedax que la hizo aquella madrugada del 12 de marzo de 2004, el operador número uno, con carné profesional número 64.501, que acabó desactivando manualmente el artefacto. En la placa figura su número de identificación, como si él fuera quien la hubiera manuscrito. Pero, en realidad, fue el subinspector Cobo el que reseñó la placa, a pesar de que llegó al parque de Azorín después de que ésta se realizara.

La radiografía, con valor probatorio, ha acabado convirtiéndose en uno de los elementos clave de la investigación del 11-M. Después de todo, se trata de la única placa realizada a los artefactos colocados por los terroristas en los trenes de Cercanías. Ni siquiera de los dos artefactos que no llegaron a explotar en los convoyes y que fueron detonados de forma controlada por los Tedax se obtuvieron radiografías.

Aclaración

Cuando acudieron a declarar para explicar el error, el subinspector Cobo y el operador número uno explicaron al juez que, aunque el carné que figura en la prueba sea el número 64.501, fue el funcionario con carné 26.858, el subinspector Cobo, el que reseñó en ella el lugar, la procedencia de la mochila, la cantidad de radiación empleada y también la polémica fecha.

La versión definitiva de los hechos que recoge el sumario aparece reflejada en las páginas 83.304 y 83.305 del documento judicial. "Oficial del C.N.P. con carné 64.501. RADIOGRAFÍA ARTEFACTO EXPLOSIVO DEL PARQUE AZORÍN (26 de julio de 2004). Reconoce dicha placa como la realizada por el compareciente, aunque señala que el texto que aparece recogido en dos de los laterales, superior y derecho, manuscrito con rotulador azul, no ha sido redactado por él, sino por el policía con carné 26.858".

El mismo día, el subinspector Cobo reconoció ante el juez ser el autor del texto manuscrito y, por tanto, del error en el fechado de esta prueba. "Sub-Inspector del C.N.P. con carné 26.858. RADIOGRAFÍA ARTEFACTO EXPLOSIVO DE PARQUE AZORÍN (26 de julio de 2004). Que él es el redactor de la fecha que consta en la placa, y por error puso 12-04-04 cuando realmente era 12-03-04".

Los otros dos tedax que participaron en la desactivación de la mochila número 13, con los carnés profesionales 65.255 y 66.618, también corroboraron en sus declaraciones la misma versión de los acontecimientos.

Si todo no es más que una equivocación, el desfase de un mes en las fechas deja en mal lugar al subinspector y segundo jefe del grupo. El tedax Cobo cometió un error que alienta múltiples elucubraciones sobre la autenticidad de la prueba y de la propia mochila número 13.

Pero, aunque parezca difícil de creer, el fallo en la inscripción de la fecha no fue la única torpeza que se cometió aquella noche de marzo con la radiografía.

Paradero desconocido

LA GACETA ha podido saber que la reseña de la placa no se hizo justo después de efectuarla —sobre las 3.00 horas de la madrugada— en el parque de Azorín de Vallecas, como corresponde en este tipo de procedimientos, sino varias horas después y en un escenario completamente diferente. En realidad, Cobo hizo la inscripción a primera hora de la mañana del 12 de marzo de 2004 en dependencias policiales, no en el parque de Azorín, cometiendo otra irregularidad.

La otra gran chapuza que rodea a la radiografía desde hace tiempo, y que ha servido también para que planeen más dudas sobre la autenticidad de la mochila de Vallecas, es la ocultación de la placa a la Justicia. La radiografía fue ocultada al magistrado Juan del Olmo durante los cuatro meses siguientes al 11-M por el inspector Cáceres, jefe del grupo de los Tedax de Madrid.

En un primer momento, la placa fue omitida en las declaraciones de los Tedax que participaron directamente en la desactivación de la bolsa-bomba por insignificante (su mala calidad no permitió extraer conclusiones a los artificieros aquella madrugada de marzo). Pero la radiografía salió a relucir cuando el inspector Cáceres se la presentó a Del Olmo el día que acudió a declarar, el 13 de julio de 2004, nada menos que cuatro meses después de los atentados.

LA GACETA también ha podido averiguar sobre este extremo que fue el propio inspector Cáceres, con carné profesional 28.296, quien ocultó esta prueba crucial en la investigación del 11-M al magistrado Del Olmo, escodiéndola en un lugar desconocido, sin que haya llegado a aclarar nunca por qué entorpeció la investigación judicial. Como el resto de pruebas, la radiografía debía haber sido enviada a la Comisaría General de Información, encargada de realizar la investigación policial. Pero no hay rastro de la placa desde que fue mal reseñada por el subinspector Cobo la mañana del 12 de marzo de 2004 hasta que el inspector Cáceres la entregó en la Audiencia Nacional el 13 de julio de ese mismo año.

La ocultación de la radiografía durante cuatro meses motivó que el error en el fechado no se aclarara hasta el 26 de julio de 2004, día en que volvieron a declarar en la Audiencia Nacional los tres tedax que participaron activamente en la desactivación del artefacto y el propio subinspector Cobo, autor de la equivocación, para explicar al juez el motivo del desfase en las fechas.

La aclaración sobre el desfase en el fechado de este documento clave arroja luz sobre uno de los enigmas de la investigación de los atentados. Cada vez son menos las sombras pero más las evidencias que cuestionan el rigor de algunos funcionarios del Estado.

Una información de José María Olmo publicada por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El 'número 2' de la Policía Científica admite que ordenó cambiar el informe ETA/11-M

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: 11-M

Reconoce ante la juez Gallego, que le mantiene imputado, que se lo notificó a su jefe, Santano

MADRID.- El secretario general de la Comisaría de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, admitió ayer ante la juez Gemma Gallego que él autorizó la alteración del informe de los tres peritos del 11-M en el que se hacía una referencia a ETA.

Mélida, que declaró como imputado, informó del asunto al comisario general, Miguel Angel Santano.

El número dos de la Comisaría General de Policía Científica declaró ayer como imputado durante dos horas ante la juez que investiga si tiene relevancia penal la alteración del dictamen elaborado por los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre el ácido bórico hallado en la vivienda de un procesado por el 11-M.

En ese dictamen, realizado el 21 de marzo de 2005, los expertos de la Policía Científica incluyeron unas observaciones en las que recordaban que también fue intervenido ácido bórico en un piso franco de ETA desmantelado en Salamanca en 2001 y en la casa de un joven antisistema en 1999.

A partir de esos precedentes, los peritos indicaban que, «dado lo poco frecuente que esa sustancia ha sido intervenida en hechos terroristas», existía la «posibilidad» de que el ácido bórico se utilizara como conservante de determinados componentes de los explosivos o para impedir la detección de éstos por perros entrenados. También apuntaban la «posibilidad de que el autor/autores de esos hechos estén relacionados entre sí o hayan tenido un mismo tipo de formación o sean los mismos autores».

En el informe oficial remitido al juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, no sólo fueron suprimidas esas últimas consideraciones, sino incluso los datos objetivos sobre los casos precedentes de terrorismo en los que había aparecido ácido bórico.

El dictamen oficial fue firmado por el superior de los tres peritos, Francisco Ramírez, que el pasado viernes reconoció ante la juez que él modificó el informe de sus subordinados cuando éstos se negaron a eliminar las observaciones.

Ramírez manifestó que indicó a los peritos que había que corregir el documento después de consultarlo con Mélida, que ese día era el responsable de la Comisaría General porque el jefe de la misma, Miguel Angel Santano, estaba de permiso.

Pedro Mélida confirmó ayer durante su declaración judicial que autorizó la alteración del informe, ya que, a su parecer, contenía apreciaciones subjetivas impropias de un dictamen pericial. También aseguró que informó a Santano de lo sucedido, pero precisó que lo hizo a posteriori.

Fuentes jurídicas señalaron que, al igual que en el caso de Ramírez, la juez mantiene por el momento la condición de imputado del comisario Mélida por un presunto delito de falsedad documental.

El secretario general de la Policía Científica abandonó el Juzgado escoltado por personal de seguridad de la sede judicial y por miembros del Sindicato Profesional de Policía (SPP) que acudieron a arroparle, informa Efe. Un representante del SPP dijo a los periodistas que Mélida le pidió que transmitiera que «era una pena que un profesional intachable tuviera que pasar por esta situación» de declarar como imputado.

Por su parte, la Abogacía del Estado anunció ayer que presentará de inmediato un recurso contra la decisión de Gallego de dejar sin efecto su personación en este proceso.

Aunque la instructora aceptó el pasado día 13 la personación de la Abogacía del Estado, el lunes dictó un auto por el que deja en suspenso la decisión «en tanto no se justifique en debida y legal forma la condición que le corresponde ostentar en estas diligencias».

El auto es consecuencia de una comparecencia de la abogada del Estado efectuada el pasado día 20 ante la secretaria judicial para «aclarar» que se persona «como perjudicado o responsable civil», conceptos que, subraya Gallego, son incompatibles.

La Abogacía del Estado, que también ha recurrido el secreto de las diligencias, interpreta que se quiere expulsar del proceso a quienes denuncian «irregularidades» procesales.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La juez «expulsa» al abogado del Estado

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 6:30, Categoría: 11-M

La magistrada considera que no puede personarse a la vez como perjudicado y responsable civil en la causa que investiga la supuesta falsedad del informe que relacionó el 11-M con ETA

Madrid - Diez días. Ése es el tiempo que ha durado la personación de la Abogacía del Estado en la causa que investiga la supuesta falsificación del informe que relacionaba los atentados del 11-M con ETA. Si el 13 de octubre la juez Gema Gallego, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, admitió la personación del abogado del Estado, el pasado día 23 adoptó la resolución contraria, al considerar que éste pretende ostentar una doble representación procesal, como perjudicado y responsable civil, que según la magistrada es incompatible.

Gallego -que investiga la presunta falsedad documental desde que Garzón se inhibió del asunto, después de imputar a los tres peritos que redactaron el informe y exculpar a sus mandos policiales-, mantiene en su auto que el abogado del Estado «aclaró que se le tuviera por personado en concepto de “perjudicado” y “responsable civil”». Pero esa aclaración, añade, «difícilmente permite deducir cuál ha de ser la condición en la que debe tenerse su personación en esta causa».

Esa doble consideración, dice la magistrada, «adolece de indeterminación, incluso de incompatibilidad y sin duda dificulta la adecuación del tratamiento procesal» que, con la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la mano, corresponde otorgar a esa parte. En esa norma, recuerda, «no aparece precepto alguno que regule la coincidencia de ambos conceptos en el curso de la fase de instrucción». Por todo ello, Gallego acuerda dejar en suspenso la personación en la causa del abogado del Estado «sin perjuicio de ulterior resolución una vez que se justifique, en debida forma, la condición que le corresponde ostentar en estas diligencias». Fuentes jurídicas explicaron que la Abogacía del Estado, que se personó por orden del Ministerio del Interior para «defender los intereses del Estado concernidos en la causa», recurrirá la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.

Por otro lado, los tres peritos acusados por el juez Garzón de falsedad documental consideran en el recurso presentado contra la imputación que no sólo no incurrieron en irregularidades, sino que además «deben ser premiados por su labor profesional» al persistir para que «prevalezca la verdad de su informe pericial».

En el escrito, la defensa de los peritos -que ejercen los abogados de la Confederación Española de Policía- afirma que Francisco Ramírez, jefe de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, no aceptó el informe presentado por los agentes «en un claro abuso de sus competencias». «Los peritos, bajo su responsabilidad y sólo bajo su responsabilidad y con todas las consecuencias son quienes deben elaborar libremente sus informes, sin presiones ni coacciones». Ramírez, en ese caso, debió actuar según ellos simplemente «como coordinador o superior, pero nada más» porque entre sus misiones, añaden, «no está la de corrector o censor de informes periciales».

Sin embargo, denuncian, no quiso dar por bueno su informe «por cuanto contiene observaciones que no gustan o que disgustan al Sr. Ramírez, hasta el punto de que por primera vez en la historia de la Policía Científica, ante la discrepancia, obstruyendo la labor de colaboración de los peritos con la Justicia, se autonombra perito, pensando que le sería fácil encontrar entre sus compañeros otras dos firmas».

Mélide declara que el informe era sesgado

El secretario general de la Comisaría General de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, declaró ayer como imputado ante la juez Gallego, a quien aseguró que la conexión que establecieron los peritos entre el 11-M y ETA era una información sesgada y sin sustento científico. Mélida contó a la magistrada (que le mantuvo la condición de imputado) que explicó al superior de los peritos, Francisco Ramírez, que esas consideraciones podían remitirse como nota informativa a la Comisaría General de Información, pues excedían las características de un informe pericial. Mélida negó que dijera a los peritos que debían suprimir las referencias a ETA en el informe.

Una información de F. Velasco y R. Coarasa publicada por el diario LA RAZON el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Antonio Toro asegura que nunca ha comprado o vendido dinamita

Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 6:00, Categoría: 11-M

Alega que no eran suyos los 96 detonadores hallados en su garaje El juez dice que es «inadmisible» incluir pruebas del sumario del 11-M

GIJON.- Antonio Toro Castro, imputado en el 11-M por haber suministrado presuntamente los explosivos empleados en los atentados, negó ayer haber traficado jamás con dinamita. Lo hizo durante su declaración ante el juez en la vista que se sigue en la Audiencia Provincial de Oviedo por la llamada operación Pípol, en la que está inculpado.

Toro, que sólo quiso responder a las preguntas de su abogada, aseguró durante el interrogatorio que «nunca» había comprado o vendido dinamita. También dijo que no eran suyos -ni sabía de dónde habían salido- los 16 cartuchos de Goma 2 ECO (como la utilizada en los trenes de Madrid) y los 94 detonadores industriales encontrados en el garaje de Avilés que compartía con José Ignacio Fernández Díaz, Nayo, que está huido de la Justicia.

Según su versión, en julio de 2001 acompañó a la Policía a realizar un registro en ese garaje. Al encontrar los explosivos, aseguró desconocer «qué hacían allí» y aseguró que tampoco sabía de quién eran otras cajas que la Policía requisó.

Contó que las llaves del garaje se las dio a Nayo para que guardase hachís, pero no tenía ni idea de la existencia de los cartuchos de dinamita. También negó haber ofrecido explosivos a Francisco Javier Lavandera, que trabajaba en el club Horóscopo de Gijón durante el verano de 2001, como señala el fiscal en su escrito de calificación. Lavandera tendrá la oportunidad de declarar lo contrario durante su comparecencia en el juicio como testigo, prevista para el 8 de noviembre.

El acusado, que se mostró tranquilo, se negó a contestar a las preguntas del fiscal Antidroga de Asturias, José Perals, que había preparado para él una serie de cuestiones relacionadas con el tráfico de drogas y con el de explosivos.

Entre otras cosas, quería saber la relación que tenía con Rafá Zouhier, con quien coincidió en la cárcel de Villabona; de dónde procedía la dinamita que se encontró en el garaje; si ésta era de su cuñado, o si tenía entre 50 o 150 kilos más de explosivos en otro domicilio de Avilés que nunca fueron encontrados por la Policía.

En la segunda jornada del juicio, la abogada de Toro solicitó que su cliente pudiera permanecer sin esposas, como había hecho el día antes el letrado de Trashorras. Pero de nuevo el jefe de seguridad se negó.

Toro y Trashorras comparecen en este juicio acusados de un delito de tráfico de drogas y tenencia y depósito de explosivos. La Fiscalía pide para ellos un total de 17 años de prisión y sendas multas de 218.000 euros.

Por otro lado, el presidente de la Sala, Bernardo Donapetry, aseguró al inicio de la vista que «es inadmisible» incluir pruebas que se encuentran en el sumario del 11-M en la vista por la operación Pípol porque «proceden de otro proceso penal, posterior y aún en curso, que está a la espera de juicio». Por ello, el pasado lunes se negó a incluir las pruebas testificales, documentales y periciales que pedía la Fiscalía y que procedían en algunos casos de la Audiencia Nacional.

Una información de Patricia Del Gallo publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La radiografía de la mochila de Vallecas está fechada un mes después del 11-M

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: 11-M

En la placa entregada al juez Del Olmo por el inspector de los Tedax consta que la prueba se practicó el “12-04-04”, es decir, 30 días más tarde de la fecha que le correspondería

Madrid. La radiografía de la mochila-bomba que apareció en la Comisaría de Puente de Vallecas en la madrugada del 12 de marzo de 2004 está fechada el 12 de abril de 2004, es decir, justo un mes después de la fecha que le correspondería. Así consta en el sumario de los atentados del 11-M, instruido por el magistrado de la Audiencia Nacional Juan del Olmo.

En la página 19.280 de este procedimiento, en el que se acredita la entrega como prueba de la radiografía a la Audiencia Nacional, el 13 de julio de 2004, de manos del inspector de Policía de los Tedax con carné profesional 28.296, el secretario judicial escribe: “Por el Inspector se aporta [...] radiografía del artefacto explosivo desactivado en la Comisaría de Puente de Vallecas, constando en dicha radiografía la fecha de 12-04-04”.

La fecha que aparece en la radiografía, acompañada de otros datos manuscritos en dos de los bordes de la placa, choca frontalmente con la versión oficial reflejada en el sumario. La fecha que debería recoger la radiografía sería en realidad la del 12 de marzo de 2004, la misma madrugada en la que un tedax desactivó en el parque de Azorín de Vallecas la mochila-bomba, conocida ya como la número 13.

La mochila número 13 es uno de los elementos más importantes de la investigación del 11-M, sino el que más. La desactivación de este explosivo aquella madrugada de marzo permitió a las autoridades recoger las primeras pruebas que encaminaban claramente la investigación policial hacia la pista islamista.

Por un lado, la tarjeta del móvil permitió la detención de Jamal Zougam; condujo hasta la casa de Morata de Tajuña en la que se elaboraron las bombas; y destapó la trama asturiana gracias a las llamadas efectuadas desde la tarjeta al teléfono de Carmen Toro Castro.

Por otro lado, la desactivación de la mochila permitió recoger las únicas muestras de explosivo que se han conseguido hasta ahora. La mochila número 13 contenía 10,120 kilos de dinamita Goma 2-ECO. De ninguno de los otros 12 escenarios (las 10 bombas que explotaron en los trenes y las dos detonadas por los Tedax) se obtuvo muestra alguna del explosivo utilizado por los terroristas en los atentados.

Tres escenarios

Sobre la mochila planean grandes incertidumbres. En menos de 24 horas, según el documento judicial, el artefacto estuvo en, al menos, tres escenarios distintos. Antes de ser descubierta por un policía en la Comisaría de Puente de Vallecas, pasó por la estación de Cercanías de El Pozo, donde supuestamente fue encontrada, y por Ifema, donde se almacenaron durante unas horas los objetos recuperados en esa estación.

La mochila volvió a moverse de escenario la misma madrugada del 12 de marzo, para proceder a su desactivación. Los Tedax la llevaron al parque de Azorín, cercano a la Comisaría de Puente de Vallecas, para garantizar la integridad de los ocupantes de los edificios cercanos en caso de que se produjera una detonación incontrolada. Una vez allí, el operador número uno de los Tedax, con el carné profesional número 64.501, realizó una radiografía con el portaplacas de su unidad.

Las radiografías son uno de los instrumentos más importantes de todos los que forman el equipo de los Tedax. Les permiten conocer el dispositivo al que se enfrentan sin la necesidad de manipularlo y averiguar también si la bomba oculta trampas en un lugar inaccesible. Al mismo tiempo, las radiografías tienen valor probatorio en un proceso judicial.

En este caso, la radiografía se enfocó únicamente sobre la zona de la mochila en la que se alojaba el teléfono, ya que el portaplacas de la unidad no era lo suficientemente grande como para abarcar completamente la bolsa. En el negativo obtenido, se aprecia el teléfono móvil, una maraña de cables y la carga explosiva. La aportación de la radiografía aquella noche fue prácticamente nula. Su mala calidad apenas aportó información a los Tedax. Ni siquiera en el informe policial sobre la radiografía realizado a petición de la Audiencia Nacional posteriormente se extraen conclusiones definitivas.

Pero la radiografía ha acabado convirtiéndose en un elemento clave de la investigación. Ésta es la única placa que se realizó el 11-M. No hay ninguna otra prueba que acredite la composición de las otras 12 mochilas-bomba colocadas en los trenes. El valor de esta radiografía es, hoy por hoy, incuestionable, y ahora su fechado arroja nuevas dudas sobre esta prueba.

Una información de José María Olmo publicada por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La juez Gallego interroga hoy como imputado al 'número dos' de la Policía Científica

Por Narrador - 24 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: 11-M

Pedro Mélida, secretario general del departamento, dio el visto bueno a la alteración del informe de los peritos, según declaró ante la instructora el jefe de la Unidad de Análisis, Francisco Ramírez

MADRID.- La juez Gemma Gallego, que investiga la presunta falsedad de un informe pericial enviado al instructor del 11-M, interrogará hoy como imputado al comisario Pedro Luis Mélida, secretario general de la Comisaría General de Policía Científica.

Mélida es el segundo mando policial que comparecerá en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid acusado de un presunto delito de falsedad documental.

Su nombre aparece en una querella interpuesta por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M el pasado septiembre, a raíz de que EL MUNDO publicara que responsables de la Comisaría General de Policía Científica alteraron el informe elaborado por los tres peritos que analizaron los 1,3 kilos de ácido bórico encontrados en diciembre de 2004 en la vivienda de Hasan Haski, procesado como cabecilla del Grupo Islámico Combatiente Marroquí y como inductor de los atentados del 11-M.

Los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique incluyeron en su informe unas observaciones para destacar que también apareció ácido bórico en un piso franco utilizado por un comando de ETA que fue desmantelado en Salamanca en 2001 y, dos años antes, en la vivienda de un joven radical antisistema.

Esas observaciones fueron suprimidas por el jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, Francisco Ramírez, y no aparecen en el informe enviado al juez Juan del Olmo.

Según los peritos, Ramírez les manifestó que «la superioridad dijo que había que eliminar lo de ETA». Manrique precisó que, a su entender, Ramírez se refería al comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, o al secretario general, Pedro Luis Mélida.

Gallego interrogó el pasado viernes como imputado a Francisco Ramírez, que manifestó que, antes de indicar a los peritos que había que cambiar el dictamen, lo consultó con el secretario general.

Ese día, 21 de marzo de 2005, Mélida era el máximo responsable de la Comisaría General de Policía Científica porque Santano se encontraba de permiso.

Según Ramírez, el secretario general coincidió con él en que el dictamen de los tres peritos contenía «apreciaciones personales» que podían generar confusión y que no se ajustaban a las normas de control de calidad existentes en la Comisaría General de Policía Científica.

Mélida ya declaró sobre este asunto en calidad de testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. La testifical se produjo el 29 de septiembre y el comisario señaló que el informe de Escribano, López y Manrique era «una auténtica barbaridad, tanto científica como policialmente», y que hubiera sido «un desprestigio» para la Comisaría General de Policía Científica enviarlo así al juez instructor del 11-M.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el martes 24 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

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