Sin Pancarta Street Journal

Afirma que Mélida no le comunicó qué decían las observaciones del informe de los tres peritos Hace un mes dijo que la supresión fue correcta y que «si volviera a ocurrir lo volvería a quitar»

MADRID.- Miguel Angel Santano, máximo responsable de la Comisaría General de Policía Científica, compareció ayer en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.

Su titular, la magistrada Gemma Gallego, investiga si los mandos policiales que intervinieron en la alteración de un informe pericial sobre el 11-M en el que se mencionaba a ETA incurrieron en un delito de falsedad documental.

La manipulación de ese informe fue desvelada por EL MUNDO el pasado 21 de septiembre. Fue entonces cuando trascendió que el informe elaborado por los funcionarios de la Policía Científica Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre el ácido bórico hallado en la vivienda del procesado Hasan Haski fue manipulado antes de su remisión al juez Del Olmo.

Entre otras alteraciones, el informe enviado al instructor del 11-M no incluía las tres observaciones que hicieron constar los peritos. En ellas, mencionaban los antecedentes de terrorismo en los que se había intervenido ácido bórico (en un piso franco de ETA y en la casa de un joven antisistema), destacaban la cualidad del boro como conservante de determinados componentes de los explosivos, así como su facultad de enmascararlos para impedir su detección, y sugerían la «posibilidad» de una relación entre los autores de los hechos.

El mismo 21 de septiembre, Santano hizo pública una nota -que también envió por fax a la Audiencia Nacional- en la que aseguraba que «cuando el comisario general [el propio Santano] fue informado del tema, le pareció correcta la remisión del informe íntegro, eliminando las observaciones, como así se hizo».

En una entrevista concedida días después a un medio del grupo Prisa, Miguel Angel Santano declaró que «si volviera a ocurrir esta noche, lo volvería a quitar».

Ayer, sin embargo, el comisario tuvo que declarar como imputado y el tenor de sus manifestaciones fue diferente en cuanto a conocimiento de los hechos y en cuanto a la asunción de la responsabilidad.

Según el acta de la declaración, a la que ha tenido acceso este periódico, Santano arrancó diciendo que «tuvo conocimiento de lo que ocurrió con el informe pericial cuando leyó la noticia en EL MUNDO, el mismo día que firmó la nota, el 21 de septiembre» pasado.

Añadió que habló con el segundo jefe y secretario general, Pedro Luis Mélida, «que le comunica que ya ha sacado toda la información, que contrastan juntos».

Santano afirmó que fue entonces cuando «comprobó los dos informes», aunque matizó que el de los tres peritos «no es un informe en sí, sino un borrador». También Mélida le informó «de todos los hechos que ocurrieron».

El comisario general ratificó ante la juez que las observaciones hechas por los peritos en su informe no eran «más que elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico alguno».

La juez le preguntó qué supo sobre los hechos cuando sucedieron, esto es, en marzo de 2005. El comisario general eludió el día 21 (que fue cuando los tres peritos entregaron el dictamen a su superior, el jefe del laboratorio, Francisco Ramírez), y se remontó a dos días más tarde. «El 23 de marzo de 2005», consta en la declaración, «el funcionario que me sustituye [Mélida] me hace la comunicación de novedades, pues yo me encontraba de vacaciones, y me comunica que ha habido un problema con un informe que habían elaborado unos peritos y que, habiéndoseles comunicado que deberían modificarlo, se habían negado».

Según Santano, Mélida le dijo: «El tema está resuelto», y no le explicó el contenido de las observaciones. Cuando la juez quiso saber si preguntó de qué forma se había resuelto, respondió: «No recuerdo».

La representante del Ministerio Fiscal incidió en este punto. Santano manifestó: «No se me hizo saber que el informe era relativo al 11-M». «Seguramente», añadió, «me citarían el nombre de los peritos». Preguntado por si no le parecía extraño que le dijeran la identidad de los peritos y no de qué informe se trataba, el comisario general dijo que no. «Nunca he conocido que los peritos se nieguen a modificar los informes, por eso la novedad».

Santano se negó a contestar a las preguntas del abogado José María de Pablo, que ejerce la acusación particular en nombre de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, y a las del letrado José Benítez, que actúa como acusación popular.

Por otra parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) salió ayer en defensa de Mélida, Santano y Ramírez, a los que considera «tres profesionales íntegros, víctimas de la voluntad política y mediática de utilizar este Cuerpo como arma arrojadiza». Asimismo, el SUP denuncia «la manipulación de la periodista» de EL MUNDO que firmaba una información el pasado sábado sobre que Mélida había admitido que se vulneraron las normas al alterar el informe ETA/11M. El sindicato considera que esta información «no se corresponde con la verdad».

«No sé si el perito que firmó el análisis lo hizo»

Refugiado en que las normas de calidad del laboratorio de ADN -al parecer, aplicables por extensión al laboratorio químico, «aunque no hay disposición» que lo diga», admitió- no avalaban el informe sobre el 11-M en el que se citaba a ETA, Santano tuvo que descalificar ayer el trabajo de tres de sus subordinados (Escribano, López y Manrique) para tratar de exculpar a su segundo, Pedro Mélida, y al responsable del laboratorio, Francisco Ramírez, firmante del dictamen mutilado que se envió al juez del 11-M.

Pese a ello, no pudo evitar la confrontación del comportamiento de estos últimos con esas mismas normas de calidad. «¿Dónde figura que quien no ha hecho un informe pericial pueda firmarlo?», se le preguntó. El comisario general dijo: «No sé si el perito que firmó el análisis de las muestras lo hizo».

«Si el análisis se hubiera hecho por alguien del laboratorio, lo consideraría correcto», dijo citando ante la juez sentencias del Supremo que, según manifestó, avalan que un perito certifique en un informe remitido al juez que ha hecho unas pruebas analíticas que, en realidad, no hizo.

Según él, en las normas de calidad no figura que un perito pueda firmar lo que no ha hecho, «pero tampoco lo contrario». «No es lo mismo un informe pericial que las pruebas analíticas, que son parte de un informe. El que firma el informe tiene que haber revisado las pruebas analíticas que figuran en él», explicó.

Información publicada por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La declaración ante la juez del jefe de la Policía Científica dejó ayer en evidencia flagrantes contradicciones entre su actitud como imputado y la que ha mantenido cuando EL MUNDO destapó hace un mes la falsificación del informe que vinculaba a ETA con el 11-M. Basta cotejar lo que Santano aseguró ayer con las respuestas que entonces dio en televisión y con su nota de respuesta a la información de EL MUNDO para concluir que ha faltado a la verdad. Dice Santano que en ningún momento avaló la eliminación en el informe de las referencias a ETA. Es más, asegura que lo único que su segundo le dijo en marzo de 2005 fue que unos peritos se habían negado a modificar un informe y añade que se enteró por EL MUNDO de los detalles de la manipulación y de que ésta guardaba relación con el 11-M. La versión a la que ahora parece haberse abonado Santano no se sostiene. Es impensable que su segundo le contara a medias un incidente tan delicado. En la nota de respuesta a nuestras revelaciones, el propio Santano reconoció que cuando fue informado «le pareció correcta la remisión del informe íntegro eliminando las observaciones» y ante Iñaki Gabilondo afirmó sin rubor y con uniforme -ayer acudió a declarar de paisano-: «Si volviera a ocurrir esta noche, lo volvería a quitar». ¿Por qué ahora dice justo lo contrario? No cabe duda de que, al cambiar de versión, Santano intenta eludir el banquillo, pero todo acusado tiene derecho a mentir en su estrategia de defensa.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Supone bien el lector si piensa que a estas alturas de mi vida escribir de Baltasar Garzón no es cosa que me entusiasme. Sin embargo, como soy hombre que procura alejar de sí los malos recuerdos y son muchos los años que vengo sosteniendo que la falta de independencia judicial es la madre de todos los males de nuestra Justicia -aparte de que en esto de escribir apuesto por el más difícil cada día-, hoy me propongo cavilar, no sin cierto optimismo, acerca de las perturbaciones que el juez Garzón ha podido sufrir a cuenta de su intervención en el conocido como caso del ácido bórico.

El asunto es que, a raíz de esas actuaciones, el magistrado se plantó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en súplica de amparo al sentirse perturbado en su independencia por lo que él denominaba «brutal y desmedido ataque» de algunos medios de comunicación, de un diputado y hasta de un miembro del propio órgano de gobierno de los jueces. A la solicitud, el CGPJ respondió con un no, pues consideró que faltaban las condiciones exigidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Pocas horas después, un periódico editorializaba que la actitud del CGPJ era un lavado de manos ante una imputación explícita de prevaricar, que es lo que significaba acusarle de montaje para criminalizar a unos inocentes y satisfacer los intereses del Gobierno. Otros hablaron de un CGPJ compuesto por una mayoría -la que decidió no conceder el amparo- dispuesta a prostituirse por no querer salir al paso de una miserable ofensiva. Algunos colegas partidarios suyos sostuvieron que la toga del compañero juez estaba siendo colgada en la picota más alta. Incluso un profesor de Sociología -el catedrático Enrique Gil Calvo- llegó a escribir que tras las críticas se escondía el antaño sindicato del crimen y que «hoy Garzón es mucho más Garzón», aunque la verdad es que el señor Gil tiene declarado que «una vez publicado, casi siempre me arrepiento de lo que escribo».

Perturbación es acción y efecto de perturbar o perturbarse. Perturbar es trastornar la quietud o el sosiego de algo o de alguien. Según el diccionario de la RAE, independencia -que es palabra que proviene del latín pendeo/pendere, un intransitivo equivalente a estar colgado-, significa, en su tercera acepción, entereza, firmeza de carácter, cualidad que se da cuando no se es tributario de otro. Hecha la anterior precisión, la pregunta es si acaso no se ha hablado demasiado de ataques por parte de la prensa, los políticos y otros instrumentos de presión y, al contrario, muy poco de las emociones y pasiones que el juez puede llevar en su cartera. Si la independencia judicial, subjetivamente considerada, es una virtud y todo juez que quiere ser independiente ha de serlo hasta de sus íntimas convicciones -como dijo un magistrado norteamericano en 1801, el juez ha de ser independiente también de sí mismo-, ¿quién perturba la independencia judicial de su señoría, el juez Garzón?

A mí me parece que, puesto a presumir, el juez Garzón puede hacerlo de bastantes cosas, pero no de ser realmente independiente. Quede claro que en este lance no estoy haciendo una crítica de su trabajo ni estoy emitiendo un juicio sobre sus aptitudes profesionales. Me estoy refiriendo a que si hay algo que en verdad puede definirle es su insobornable pasión por la política y su fidelidad a las siglas de un partido al que abiertamente confesó su adscripción cuando se presentó a las elecciones generales como candidato número dos por Madrid, sirviendo luego en el Ministerio del Interior. De las penúltimas cosas que he sabido de él fue su participación en un acto de protesta contra la Guerra de Irak, en el que aparecía subido a un estrado junto a actores y cantantes disfrazados de Aznar con casco, que llamaban asesino al presidente del Gobierno.

El juez Garzón sabe, o debería saber, que ese tipo de acciones están prohibidas por la LOPJ y que una profesión de fe ideológica de esa naturaleza, tan cargada, además, de indiscreción, es una confesión de parcialidad. No digo que en un juez la ideología política sobre, sino que el señor Garzón la derrocha hasta la prodigalidad. Nos lo advertía Pedro G. Cuartango en una de sus espléndidas Vidas paralelas: «(...) Garzón es la única persona de este país que ha pertenecido a los tres poderes: ha sido diputado, secretario de Estado y juez.»

Insisto para que se entienda bien. Con este perfil de su señoría sólo me limito a recordar que en ese humano rincón que decimos Justicia hay jueces políticos de quienes los ciudadanos desconfían y se temen lo peor. Para mí, la historia de Baltasar Garzón es la de una trayectoria que pudo empezar honesta para torcerse en el momento que se convirtió en la figura del superjuez y por tanto, pasó ser una muesca carnavalesca muy alejada del Derecho. Vuelvo a las hemerotecas. Esta vez, a la del diario El País. En su ejemplar del 19 de enero de 1995, a propósito del sumario que Garzón instruía por el secuestro de Segundo Marey, además de dudar de su idoneidad de juez por haber protagonizado el salto espectacular a la política, el editorialista decía que «la notoriedad pública del personaje dificulta la diferenciación por parte de la opinión pública de las dos imágenes superpuestas: la del juez y la del político.»

Respecto a las últimas críticas al juez -algunas auténticas diatribas-, vaya por delante que siempre estuve a favor de la censura razonable de las resoluciones judiciales y, por tanto, en contra de la descalificación rotunda e inmisericorde. Ahora bien, también digo que los que hoy sacan pecho a favor de su señoría son los mismos que durante muchos años han jugado con entusiasmo al deporte de guillotinar jueces, sobre todo a quienes no estuvieron dispuestos a dejarse acollonar. Tomo licencia para proponer unas cuantas interrogantes que nos sirvan de orientación. ¿Qué dijeron algunos periódicos cuando un ex presidente del Gobierno calificó a dos jueces -uno de ellos era Garzón, el otro quien esto escribe- de «descerebrados» por atreverse a investigar el crimen de Estado? ¿Quién no se acuerda de aquellos jueces de la horca que llevaron al cadalso al juez Marino Barbero, encargado de la instrucción del caso Filesa? ¿Dónde se escondían los que ahora se echan manos a la cabeza cuando unas hienas hicieron de él la diana de todos los denuestos posibles? ¿Acaso no fue la década de los años 90 el paraíso de la difamación judicial, en el que periodistas y no periodistas patentaron la calumnia y la injuria como método de destrucción sistemática del honor de los jueces? Si el hombre no fuera, por naturaleza, un animal olvidadizo -a veces, también ingrato y mezquino- ante las últimas perturbaciones que denuncia el señor Garzón muchos deberían sentir vergüenza y callarse. Allá cada uno con sus contradicciones e incongruencias. En todo caso, me sumo a lo que el magistrado Javier Gómez Bermúdez decía en este periódico, en su entrevista del pasado 23 de octubre: «Muchísimos magistrados han sido insultados, ofendidos y criticados y no se han sentido perturbados en su independencia».

En cuanto al fondo del asunto, es decir, qué es lo que pueda haber en las diligencias procesales del caso del ácido bórico, desconozco los detalles. Sin embargo, a la vista de lo resuelto por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, declarando la incompetencia de su señoría y ordenando la remisión de las diligencias a los juzgados de instrucción de Madrid, a mí me parece que es una prueba más de ese «(...) afán de acaparamiento de asuntos que caracteriza al juez Garzón. (...) Pero no es ésta la primera resolución negativa (...) en contra de sus pretensiones. Ya le ocurrió con el caso Laos cuando compitió por asumir todo lo relativo a la detención de Roldán. (...) La Justicia es un poder difuso, repartido entre diversas instancias jurisdiccionales que se controlan mutuamente y cuyo ejercicio está sometida a estrictas reglas de procedimiento. Lo que el juez Garzón considera que es suyo, de acuerdo con sus competencias, no tiene por qué serlo necesariamente si esas instancias de control que están por encima le dicen que no le corresponde. La Justicia no se paraliza por ello. Pensar otra cosa sería tanto como admitir que la Justicia se identifica con un determinado juez, en este caso Garzón. Un mensaje que algunos no se privan de lanzar por más disparatado y pretencioso que resulte».

Como el lector habrá advertido -la mejor pista es el entrecomillado-, estas palabras no son mías. Una vez más, las he tomado prestadas del archivo de El País. En concreto, de un editorial publicado el 26 de octubre de 1996, a propósito del conflicto de jurisdicción suscitado por el sumario de los papeles del CESID y que el Tribunal Supremo resolvió a favor de la jurisdicción militar.

Lo malo no es no tener razón, sino ignorar que carecemos de ella y, a renglón seguido, caer en la hueca sinrazón. A salvo ulteriores decisiones jurisdiccionales, en mi opinión la actuación de su señoría, el juez Garzón, en este asunto sólo tiene una apariencia de juridicidad. Nada más. Las diligencias de toma de declaración a los peritos, previa imputación, su señoría las llevó a cabo -lo mismo que las que, según leo, sigue empeñado en practicar- con manifiesta incompetencia, a sabiendas de que estaba actuando así, con unos fines quizá demasiado evidentes y, desde luego, no permitidos por la Ley. Esta es mi opinión que expongo con los debidos respetos y que gustosamente someto a otras más autorizadas.

Yo no soy quien para dirigir recomendaciones a nadie. En el Guzmán de Alfarache puede leerse que «consejo sin remedio es cuerpo sin alma» y no tengo a mano recurso alguno con el que socorrer a su señoría de las perturbaciones que puede padecer. Ahora bien, me da la impresión de que al juez Garzón la vida no le ha sacudido a modo. También intuyo que no sabe asimilar el sufrimiento y convertirlo en eficaz método de aprendizaje. Yo, que en eso sí me considero experto y distingo a la perfección entre los golpes en el espinazo y en el corazón, sé que de todos los palos se pueden obtener saludables frutos si se aciertan a encajar con serenidad. Ser juez no es sólo una carrera sino también un viaje interminable en el que hay que batallar con los condicionamientos personales que laten continuamente presionándote los pensamientos.

El hombre público y el juez Garzón lo es, jamás debe quejarse; menos aún, ante la concurrencia. El gimoteo es una rara suerte de perturbación que puede llevarte a perder el juicio. Se me ocurre si acaso no es hora ya de que su señoría piense si no es el anonimato lo más recomendable y que a lo mejor acertaría de lleno si se decidiese a trabajar con discreción y alejado de la política. Hasta en soledad, si fuera menester. En un rapto de nostalgia, mi todavía viva conciencia de juez me lleva a exhortarle que ese juez que es, necesitado de mirarse el ombligo todos los días, recuerde a Víctor Hugo cuando advierte que la fama, echadas las oportunas cuentas, no es más que gloria en calderilla. Hay jueces que no saben a ciencia fija si son justos, jueces dubitativos y llenos de resquemores que a veces creen que hacen justicia y a veces no acaban de creerlo; a eso se le suele llamar problemas de conciencia y así, súbitamente, empiezan muchas y profundas perturbaciones del alma.

Javier Gómez de Liaño es abogado y magistrado en excedencia

Publicado por el diario EL MUNDO el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El presidente se queda sin candidata a Madrid y con el «proceso» en la UVI

El inquilino de La Moncloa vive horas bajas. Su optimismo y talante natural han desaparecido. Su rostro sombrío refleja la tensión del momento y los nubarrones que se avecinan. Comenzó la semana con el pie cambiado. De un plumazo se quedó sin candidata a la Alcaldía de Madrid y con el «proceso de paz» al borde del abismo. Horas después de la negativa de su «número dos» a enfrentarse a Gallardón, un comando de ETA robaba 350 pistolas en una armería francesa. Era la peor noticia que le podían dar al presidente. José Luis Rodríguez Zapatero se ha jugado todo su futuro político a una sola carta: la del fin del terrorismo. Y, al parecer, la carta está marcada.

Cuando le comunicaron la acción terrorista el lunes por la noche, no daba crédito. Ya consideraba superada la etapa de bloqueo que había sufrido el proceso este verano. Es más, había dado orden de iniciar antes de concluir este año las negociaciones formales con la cúpula etarra. Al día siguiente del robo, el martes, mantuvo un discreto silencio para no eclipsar el debate que horas más tarde iniciaría la Eurocámara sobre el «proceso de paz» en España. Debate éste que se saldó con el hemiciclo de Estrasburgo dividido por la mitad y en el que Zapatero logró un pírrico apoyo a su iniciativa de diálogo con la banda.

Pero sabía que debía dar una respuesta firme ante semejante acción terrorista, que vulnera la tregua permanente, para no socavar su crédito. Con la excusa de su reunión con el primer ministro belga, compareció ante la prensa con el rostro totalmente demudado. Y lanzó la advertencia: «Si se confirma la autoría etarra, tendrá consecuencias». Pero no se atrevió a anunciar la paralización del proceso.

Candidato a la desesperada

Antes de verse forzado a tirar la toalla y por la borda su carrera política, comenzará de nuevo a la desesperada la famosa fase de verificación. Zapatero lleva esta semana a la espera de la información sobre el robo. Cuando haya estudiado hasta el último detalle, tomará una decisión, que, según fuentes gubernamentales, pasará irremediablemente por la paralización del proceso, si ETA no da muestras de su voluntad de renunciar a la violencia. Para sondear esta voluntad, ha encargado a sus mediadores contactar con el dirigente etarra Josu Ternera.

Antes de su nocturno aviso a ETA, por la mañana presentó en Ferraz, cuartel general de los socialistas en Madrid, al candidato a la Alcaldía de la capital, Miguel Sebastián. Zapatero abandonó la sede socialista visiblemente emocionado. No era para menos. Acababa de desprenderse de su confidente y, lo que es más importante, de su asesor económico, que le ha sacado de tantos apuros a la largo de la legislatura. Sebastián ha sido quien ha llevado, en la sombra, las riendas de la política económica. De hecho, el presidente había pensado en él para ocupar la Vicepresidencia económica. Sin embargo, razones personales de última hora le impidieron aceptar el cargo.

La candidatura de Sebastián es la historia de una candidatura improvisada. Amigo personal del presidente, no pudo negarse y dio un paso adelante para sacarle del apuro en el que se había metido con el candidato al Ayuntamiento madrileño.

El presidente se lo propuso el martes pasado y Sebastián le devolvió el favor de estos años asumiendo el reto de medirse con Gallardón, en principio, para perder. De hecho, fuentes de La Moncloa reconocen que lo tiene muy complicado, sobre todo porque sólo quedan seis meses para dar a conocer a un rostro totalmente desconocido no sólo entre los madrileños, sino también entre los políticos. Sebastián tendrá que dar el do de pecho para arañarle votos a Gallardón. Y, además, deberá recurrir a su capacidad de seducción para ganarse a los dirigentes de la Federación Socialista Madrileña, en pie de guerra porque nadie ha tenido en cuenta su criterio a la hora de elegir a su candidato.

Zapatero lo designó el martes un tanto a la desesperada, después de que la jornada anterior De la Vega le comunicará su decisión de seguir en el Gobierno. Aunque había dejado en sus manos el aceptar o no su oferta, no ocultó su desagrado ante su negativa y la campaña de las feministas en favor de su continuidad en La Moncloa. Pese a ello, la consigna que corre por los pasillos monclovitas es la de rebajar importancia al rechazo de De la Vega. Se trata de hacer como si no hubiera pasado nada. Pero la confianza del presidente en su «número dos» ahora no es la de hace tres semanas.

La candidatura de la alcaldía a Madrid no sólo ha enfriado la relación entre Zapatero y De la Vega, sino también la de esta última con el ministro del Interior.

Información de Inmaculada G. De Molina publicada por el diario LA RAZON el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Rubalcaba se postuló para ocupar la vicepresidencia del Gobierno y seguir al frente de Interior

Madrid. Quizá, José Bono, ex ministro de Defensa, no era consciente de la guerra interna que su no iba a provocar en el seno del Gobierno socialista. Una guerra que ha abierto de par en par la caja de los truenos. Al no de Bono, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tenido que lidiar con el otro no rotundo de María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, y con las maniobras del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, intentando ocupar el puesto de la número dos del Ejecutivo.

Muchos han querido aprovechar la que se conoce ya como la crisis de Madrid para ganar posiciones dentro del propio Ejecutivo. El más interesado, el que más se ha movido en la trastienda, ha sido Rubalcaba.

Parece que la cartera de Interior se le quedaba pequeña y quería aumentar su cuota de poder y de cercanía con el presidente. Para ello debía quitarse de en medio en su carrera de ambición a la número dos del Ejecutivo.

Por ese motivo, según explican fuentes cercanas al propio ministro, Rubalcaba se había convertido en el gran defensor de que fuera la vicepresidenta la que aspirara a la Alcaldía de Madrid. Las relaciones entre ambos son cordiales pero lejanas.

Ambición y poder

Pero Rubalcaba quería más. Ya era poco para él ser el portavoz parlamentario en el Congreso. Fue una sorpresa, incluso para él, su nombramiento como ministro del Interior. Pese a ello, intentó mantenerse en primera línea de acción de los contactos entre el Gobierno y la organización terrorista.

Sus últimos movimientos con la crisis de Juana Chaos le han permitido avanzar en su implicación en el proceso y recuperar el terreno perdido tras su nombramiento como ministro del Interior.

El presidente del Gobierno quería retirarle de la primera línea de contactos. Pero Rubalcaba cree que tiene posibilidades de salir en la foto de la paz si logra hacerse con la silla de Fernández de la Vega.

Como vicepresidente se convertiría en el gran consejero de Zapatero, en su sombra durante veinticuatro horas al día y su capacidad de influencia sería ya ilimitada. La jugada de Rubalcaba no es únicamente hacerse con la vicepresidencia del Gobierno.

Su gran apuesta es conservar también la cartera de Interior. De esta forma sería vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior como ya lo fuera en su momento Mariano Rajoy.

Dentro de los cálculos que barajan destacados dirigentes socialistas no se descarta también que pudiera haber cogido la portavocía del Gobierno y hubiera dado la habitual rueda de prensa de los viernes tras el Consejo de Ministros.

Pero, de momento, Rubalcaba no ha conseguido su objetivo aunque quienes lo conocen no dudan que seguirá intentando desbancar a la vicepresidenta.

Y en medio de todas estas maniobras, al ministro del Interior le ha salido un duro contrincante. Mucho más discreto. Desde un segundo plano. Sin demostrar la desmesurada de ambición de Rubalcaba y con unos antecedentes laborales menos sospechosos que los del actual ministro del Interior.

Al acecho

José Antonio Alonso no habla pero también espera paciente. Sabe que puede ser el sustituto de Fernández de la Vega en algún momento de la legislatura. Sus opciones son también claras y contundentes: cuenta con una cercanía al presidente del Gobierno que no tiene Rubalcaba. Alonso y Zapatero eran compañeros de pupitre en León. Eso siempre le otorga una ventaja. También el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aspira a mucho, pero sus opciones por el momento parecen ser mínimas.

Zapatero al final ha tenido que mover pieza y ha situado al frente de la candidatura de Madrid a Miguel Sebastián, su asesor económico. Una candidatura que lo único que ha hecho es encender más la lucha interna que vive actualmente el PSOE por ganar peso dentro del Gobierno. La crisis de Madrid ha dejado en el camino muy tocada la relación entre la vicepresidenta segunda y el propio presidente.

Para el presidente del Gobierno, Fernández de la Vega era su candidata ideal. En su concepto político no comprende que el presidente del Gobierno no sea el más valorado y que su número dos le supere en simpatía.

Éste era, según las fuentes consultadas por LA GACETA, el principal motivo de la candidatura de la Vega como rival de Alberto Ruiz Gallardón, además de ser, según sus encuentras internas, una gran candidata.

Pero el gran problema de toda esta teoría de las ambiciones es que ha fallado la premisa principal: Fernández de la Vega nunca quiso ser la candidata y se ha opuesto a ello con uñas y dientes.

Así, llegados a este punto, y tras la oposición rotunda a los designios del “jefe”, las relaciones entre María Teresa Fernández de la Vega y Zapatero parecen haberse enfriado del todo.

Unas relaciones que a pesar de la propaganda oficial nunca ha sido muy buenas y que pueden llevar a la salida del Gobierno de la vicepresidenta en la próxima crisis ministerial. Sería entonces el momento de Rubalcaba.

Información de J. M. Pérez publicada por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

De los 28.000 inmigrantes llegados a Canarias entre enero y octubre, Interior sólo ha podido repatriar a 8.077. Los que permanecen en España, condenados a la economía sumergida. El 88% de los procedentes de Mali se queda

Madrid - La mayoría de los inmigrantes logra su objetivo. El Gobierno ha tenido que trasladar a la Península a 19.010 subsaharianos que han llegado a Canarias en cayuco entre el 1 de enero de 2006 y el 13 de octubre de 2007, de los cerca de 28.000 que han intentado acceder a España a través de las islas.

Ninguno de los trasladados pudo ser identificado por la Policía para devolverlos a su país de origen, así que han pasado a convertirse en inmigrantes indocumentados con una orden de expulsión imposible de cumplir. Los datos, recogidos en un informe interno del Ministerio del Interior al que ha tenido acceso LA RAZÓN, constatan que el 68 por ciento de los subsaharianos que llegaron este año a España por Canarias no han podido ser devueltos a sus países y vagan por algún punto de España o algún otro país europeo. Esto significa, además, que los que trabajan lo hacen en la economía sumergida, ya que el tener una orden de expulsión, aunque no se pueda cumplir, les deja fuera de los cauces legales de la contratación.

Una aventura con final feliz

Frente a los 19.010 que el Ejecutivo tuvo que enviar a la Península para aliviar la presión migratoria que sufre Canarias, el Gobierno sólo pudo repatriar a países africanos hasta el pasado 13 de octubre a 8.077 indocumentados: 3.404 a Senegal, 100 a Guinea Bissau, 354 a Mali, 4.100 a Marruecos y 119 a Nigeria. Es decir, casi tres veces menos de los que envió a la Península.

Y si atendemos sólo a los ciudadanos de Mali que han llegado a España sin documentación y que fueron trasladados a la Península (2.991), el Gobierno español sólo logró que las autoridades malienses readmitiera a 354. Esto significa que el 88 por ciento de los inmigrantes procedentes de este país que intentaron la aventura de cambiar de vida arriesgarse a un incierto viaje en cayuco para acceder a Canarias logró su objetivo.

Si el Gobierno tuviera que sufragar los gastos de repatriación de todos los inmigrantes que llegan a España de manera irregular el gasto sería desproporcionado. Sólo en lo que va de año el Ejecutivo ha desembolsado 36 millones de euros, tres millones más de lo que se ha presupuestado para 2007 y 14 más que lo que se dedicaba en 2003.

Los gastos son ingentes, no sólo por el coste de los pasajes de los inmigrantes y de los policías que los acompañan en el trayecto. A este desembolso hay que añadir los 50 euros que el Ejecutivo da a cada indocumentado en concepto de ayuda una vez que el avión aterriza en el país de origen del extranjero para que pueda regresar a su pueblo. Los policías vienen a cobrar una media de 150 euros por cada jornada de repatriación en la que intervienen que, en el caso de los países africanos, se resuelve en un sólo día.

Además, existe la sospecha entre los agentes de que el militar del país africano que recepciona el vuelo con los irregulares repatriados y da el visto bueno de que el traslado se ha realizado en condiciones humanitarias, como ha ocurrido en todos los vuelos que el Ejecutivo ha fletado a Senegal, percibe 3.000 euros. De ser ciertos estos rumores, si se han fletado 63 aviones hasta el 25 de octubre pasado con senegaleses que han vuelto a casa, el desembolso para los militares encargados de aceptar a los senegaleses ha sido de 189.000 euros.

En Mauritania se dice que el gasto era aún mayor, y que el «maletín» que percibían los militares del país era de 6.000 euros por vuelo.

Al margen de estos gastos puntuales, la voluntad de que los países africanos acepten a sus ciudadanos de regreso al país se gana también con dinero. Basta con ver como ejemplo el caso de Guinea-Conakry, a donde viajó el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el pasado 9 de octubre. Hasta este año el país africano sólo percibía 500.000 euros en ayuda a la cooperación, pero a partir de la visita de Moratinos la cifra se multiplicará por diez y pasa a cinco millones de euros la ayuda urgente para diversos programas. De este modo, el Gobierno guineano se comprometía a aceptar 156 guineanos «sin papeles» a cambio de cinco millones en ayudas.

Los indocumentados que logran quedarse en España y son trasladados a la Península son acogidos en la mayoría de los casos por ONG. De los 19.010 que se han enviado hasta el pasado 13 de octubre, 17.666 han sido acogidos por organizaciones como Accem, Cáritas, Casas de Caridad, CEAR, Cepain, Cruz Roja, MPDL, La Calle, San Juan de Dios, Pro Libertas y las Comunidades autónomas. Un total de 1.344 han sido ingresados en centros de internamiento de extranjeros que funcionan en régimen cerrado donde los indocumentados ingresan por un máximo de 40 días para ser entrevistados por la Policía, documentarles y repatriarles se pueden ejecutar los trámites en el margen de tiempo que estipula la ley. En caso contrario, quedan en libertad.

Al margen de los gastos de avión previstos por el traslado de inmigrantes, el Gobierno ha fijado programa de actuación para la atención humanitaria y la acogida en la Península de inmigrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. En virtud de este protocolo el Ejecutivo se compromete a pagar a las ONG y autonomías que se hacen cargo de los irregulares 25 euros al día. El tiempo medio de estancia en las plazas de acogida es de 7 a 15 días, aunque en casos de especial vulnerabilidad el período de acogida puede extenderse a los tres meses con posibilidad de prórroga en función de las circunstancias individuales.

En las plazas de acogida los extranjeros reciben teóricamente manutención y alojamiento, información sobre su situación administrativa, formación mínima sobre el idioma, en caso necesario, son sometidos a análisis médicos y reciben información sobre las posibilidades de retorno voluntario.

Si los inmigrantes son menores, el Gobierno subvenciona a la Comunidad autónoma que se hace cargo de su tutela con 80 euros por menor y día.

Los datos de los que dispone Interior constatan también que la mayoría de los traslados se producen a ciudades donde gobierna el Partido Popular. Es el caso de Madrid, que se sitúa a la cabeza en el ránking de comunidades más solidarias con 12.157 en lo que va de año. Le sigue de lejos Barcelona con 1.114.

Miles de canarios denuncian en la calle la saturación de «sin papeles» en las Islas

S. cruz de Tenerife - Unas dos mil personas, según la Subdelegación del Gobierno en Canarias, y 8.500 según la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, se manifestaron ayer domingo por la mañana en la capital tinerfeña para reclamar un alto en la llegada de inmigrantes ilegales. La concentración se convocó bajo el lema de «Basta ya, no cabemos más». Según el decálogo impreso en unas octavillas, los manifestantes demandaron al Gobierno central un mayor control de la población, una ley de residencia y medidas que pongan fin al tráfico de seres humanos. La manifestación fue convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos y la organización Identidad Canaria, a los que se sumaron el Partido Nacionalista Canario (PNC), el Centro Canario Nacionalista (CCN) y una decena de miembros del partido ultraderechista Democracia Nacional. El portavoz de los convocantes, Mateo López, se desmarcó de cualquier símbolo xenófobo y afirmó que pretenden llamar la atención de los políticos para que pongan remedio al aumento de población y evitar que se desaten esas actitudes en el futuro. La marcha se produjo horas después de que el presidente de CC, Paulino Rivero, anunciase que presentarán una iniciativa en el Parlamento canario para reclamar al Gobierno que defienda en el próximo Consejo Europeo restricciones en la entrada de rumanos y búlgaros a Canarias.

Información de Rocío Ruiz publicada por el diario LA RAZON el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Antes del robo de las armas todo estaba preparado para plasmar esta semana en un documento las 'bases sólidas' de la futura negociación de un nuevo marco político y jurídico para el País Vasco

MADRID.- ETA dio un plazo para que los partidos cerraran un preacuerdo sobre la mesa política, plazo que se iniciaba sobre el pasado día 20 y que concluía al finalizar octubre. El robo de armas en Francia y las declaraciones que este acto delictivo ha provocado pueden estar influyendo en la marcha de este aspecto del proceso pero, según los datos en poder de los expertos antiterroristas, PSE, Batasuna y PNV tenían hasta el miércoles, aproximadamente, para ultimar las negociaciones que vienen realizando de manera secreta desde hace semanas.

Socialistas y nacionalistas aseguran desconocer la existencia de dichos límites temporales. La banda terrorista puede habérselos hecho llegar únicamente a Batasuna y no hay una lectura clara de cuál será el siguiente paso de ETA si alrededor de la fecha señalada no se vislumbran ciertos resultados.

De hecho, a escasos días de que finalice el mes, los dirigentes del PSE consultados aseguran que cualquier cuestión relativa a la preparación de la mesa de partidos sigue totalmente abierta y que las negociaciones no están lo suficientemente avanzadas como para que se produzca un anuncio inminente.

Sin embargo, los nacionalistas sostienen que el contenido del preacuerdo está prácticamente perfilado y reconocen que, antes del robo, estaban convencidos de poderlo cerrar hacia mediados de semana.

La idea es que el resultado de las conversaciones mantenidas se plasme en un documento en el que se establecerán las «bases sólidas» sobre asuntos políticos de fondo con un calendario estimativo sobre cuál puede ser el margen temporal para llevarlos a cabo; un calendario que sólo podría empezar a correr, según las fuentes consultadas, en el momento en el que Batasuna sea legalizada y cuando se produzca una total «ausencia de violencia».

En cualquier caso, independientemente de las fechas en las que se cierre el preacuerdo, la mesa oficial y pública no se constituirá probablemente hasta el verano, con el fin de orillar las tensiones que pudieran surgir por la celebración de los comicios municipales.

El contenido y la convocatoria de la mesa de partidos se han convertido en estos momentos en la delicada piedra angular del proceso y su preparación está requiriendo de decisiones que hace pocos meses se hubieran tenido por imposibles.

El esquema de dos mesas establecido por Batasuna en el velódromo de Anoeta -una entre el Gobierno y la organización terrorista ETA para hablar de asuntos militares como presos y armas y otra entre los partidos para abordar cuestiones políticas- provocó que, incluso antes del anuncio de alto el fuego, los representantes de las formaciones políticas vascas mantuvieran reuniones bilaterales para preparar la segunda de éstas.

Así como la mayoría de los partidos reconocieron estar manteniendo encuentros con Batasuna, los socialistas negaron que ellos estuvieran secundando estas iniciativas. Pero sí consideraron conveniente hacerlo para superar los obstáculos surgidos en el mes de julio, después de que varios miembros de la formación ilegalizada hubieran sido llamados a declarar por los jueces de la Audiencia Nacional.

Tras esa escenificación pública, mantuvieron algunos encuentros en privado que tuvieron que ser reforzados a principios de septiembre después del comunicado que la banda terrorista hizo público advirtiendo de que el proceso estaba en un momento de «crisis», y apuntando la necesidad de ir consolidando la vía política.

Se creó una situación de bloqueo porque tanto socialistas como nacionalistas recordaron que Batasuna no podría participar en la mesa política mientras no efectuase los trámites para conseguir ser legalizada, y el portavoz de esta formación, Arnaldo Otegi, pidió la firma de un preacuerdo como forma de superar el bache del momento.

La gestación de ese preacuerdo se ha estado produciendo desde entonces con los encuentros secretos habidos entre PSE, Batasuna y PNV, que en realidad son los tres únicos partidos imprescindibles para la creación de la mesa política.

Según las fuentes consultadas, en estas reuniones no se ha hablado únicamente de reglas de funcionamiento de la futura mesa pública -tales como si la presidencia ha de ser rotatoria o si las decisiones han de ser adoptadas de manera transversal-, sino que se ha entrado en asuntos de fondo -el derecho a decidir o las relaciones entre Euskadi y Navarra-, con el fin de encauzarla del modo más ajustado posible.

Se encuentre el preacuerdo en una fase avanzada, tal como indican en el PNV, o se encuentre en una fase menos definida, tal como indican los socialistas, los hechos de los últimas jornadas parecen haber enrarecido el ambiente y sugieren dificultades cuyo alcance tendrá que ser aclarado en los próximos días.

No en vano, tras el robo de 350 armas en Francia por parte, presuntamente, de ETA y la advertencia efectuada por el presidente el pasado miércoles, Arnaldo Otegi, puso el sábado otras dos condiciones -la legalización de Batasuna y la anulación de la doctrina Parot- a la del preacuerdo para desbloquear la crisis.

Información de Angeles Escriva publicada por el diario EL MUNDO el lunes 30 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido

MADRID / BILBAO. La cúpula de la banda terrorista ETA -que se ha desplazado del sur de Francia por «motivos de seguridad»- ordenó a uno de los «comandos» instalados en territorio galo una acción fulminante de respuesta a las dos decisiones judiciales del pasado lunes, día 23 de octubre, cuando restaban dos días para el debate parlamentario en Estrasburgo. Debate en el que los terroristas y la izquierda radical abertzale iban a conseguir -como así sucedió- que el «conflicto vasco deje de ser un asunto interno del Estado español». Pese al riesgo de que el debate y la resolución de la Eurocámara se frustrasen, ETA prefirió ofrecer una muestra de «capacidad operativa» en respuesta al auto de la «Sala del 61» del Supremo que, en ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna de 27 de marzo de 2003, acordó por unanimidad ordenar el inventario y registro de las «herriko tabernas» de Batasuna con el propósito final de proceder a la liquidación del patrimonio del partido ilegalizado en cumplimiento de la resolución 1373 de la ONU que exige que el patrimonio de bandas y organizaciones terroristas sea extinguido y destinado a determinadas causas sociales.

Registro e inventario

La «Sala del 61» disponía de un informe previo de la Agencia Tributaria sobre el particular, aunque la liquidación patrimonial definitiva de los bienes de Batasuna está pendiente de otra resolución que requiere de la emisión de informes que el Supremo ya ha solicitado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. El inventario y registro de los locales de Batasuna -cerrados tras la ilegalización en 2003, pero progresivamente abiertos como locales de reunión y recaudación de fondos del partido ilegal- es una medida provisional pero indicativa de la voluntad del Supremo de ejecutar la sentencia de ilegalización del brazo político de ETA. Ese mismo día 23 -el lunes pasado- la Sección IV de la Audiencia Nacional confirmaba el procesamiento de 38 dirigentes de Batasuna por pertenencia a banda armada, respaldando las resoluciones del juez Garzón dictadas en enero, febrero y junio de 2005.

Este auto y el del Supremo «sorprendieron» a ETA por partida doble: por un lado, porque el preacuerdo entre el PSE, el PNV y Batasuna estaba ya listo para ser discutido en la mesa de partidos políticos -el PP estará ausente- que se constituiría en diciembre. Por otro, porque la cúpula de la banda terrorista, para que el Gobierno pudiera dar el pistoletazo de salida a la negociación en la mesa extraparlamentaria, estaba dispuesta a ofrecer a Rodríguez Zapatero un nuevo comunicado declarando la «irreversibilidad» del «alto el fuego permanente», si bien, «en el contexto de este proceso». Tanto socialistas como nacionalistas, así como los batasunos, han incluido en su preacuerdo que el futuro estatuto jurídico-político incorpore el carácter nacional de Euskadi, también el «derecho a decidir» -como un concepto ambiguo respecto del de autodeterminación-, la creación de un órgano común de cooperación con Navarra y la constitución de una eurorregión integrada por el País Vasco, Navarra y las tres provincias vascas francesas que integran el Departamento de los Pirineos Atlánticos.

También está pactado el sistema de votación de los acuerdos -un sistema llamado transversal- e, incluso, las fechas aproximadas en las que el acuerdo final debería estar terminado, tal y como ha venido informando ABC.

Por su parte, el Gobierno estaba facilitando este nuevo y decisivo paso, ofreciendo señales inequívocas de determinación en la utilización de todos sus recursos para controlar la acción de la justicia. En ese contexto se inscribieron las declaraciones en el Senado del fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, en las que se negó a propiciar «una justicia de trinchera» y una «justicia vengativa», aduciendo que la justicia no «tiene que obstaculizar los procesos políticos». La decisión del fiscal general -impuesta al fiscal encargado del caso, Jesús Alonso, que se negó a asumir el planteamiento de Pumpido- de no acusar a De Juan por integración en banda armada y reducir la petición de penas por amenazas, fue otra «señal» que el Gobierno enviaba a ETA para forzarle a ofrecerle un mayor margen de maniobra.

Vuelta al punto de partida

Sin embargo, las actuaciones del pasado lunes -fuera del calendario previsto en la Moncloa- de la «Sala del 61» del Supremo y de la Audiencia han retrotraído el «proceso» a un estado inicial: la reclamación de garantías, no ya políticas, sino personales de impunidad tanto para los actuales dirigentes de Batasuna como de ETA. O en otras palabras: la banda exige a Zapatero que desactive la acción de la justicia, mediante la derogación de la ley de Partidos -de esa manera decaería la vigencia de la sentencia de ilegalización de 27 de marzo de 2003 y todos los dirigentes de Batasuna se verían libres de su condición penal de integrantes de una organización terrorista-; la revocación de la «doctrina Parot», según la cual los beneficios penitenciarios en caso de condena por varios delitos se aplican sobre cada una de las penas, alargando así la estancia en la cárcel de los condenados (los batasunos sostienen que este cambio en la aplicación de los beneficios penitenciarios es, en realidad, una «cadena perpetua») y, en su caso, las modificaciones legales necesarias para cambiar -incluso hacer desaparecer- determinados órganos jurisdiccionales que ETA y Batasuna califican de «excepción» -la Audiencia Nacional- para evocar así el Tribunal de Orden Público del franquismo. Luego vendría la política de indultos, que se irían produciendo de manera progresiva dentro de un determinado plazo temporal.

Exigencias batasunas

Este mensaje -la necesidad de neutralizar a los jueces y tribunales- es el que están lanzando insistentemente los dirigentes de Batasuna desde hace días. Otegi -al que el Gobierno confiere un carácter «esencial» en el desarrollo del «proceso»- ha instado al Ejecutivo a «desactivar los instrumentos del pasado que lastran el futuro». Consciente de las dificultades del Gobierno para garantizar la reclamada impunidad, el cabecilla batasuno declaró el sábado que la responsabilidad de la situación actual es del Ejecutivo, porque «no quiere, no tiene voluntad o no puede -nos da lo mismo- garantizar la igualdad de condiciones para el diálogo multipartito». Y puntualizó: «hay que desactivar la ley de Partidos y la imposición de la cadena perpetua a los presos».

Por su parte, el segundo portavoz más cualificado de Batasuna, Pernando Barrena, se preguntó el viernes sobre «lo que está en juego y para qué es y para qué no es este proceso», añadiendo -para que no hubiese duda alguna- que «las reglas de las que habla Zapatero y Rubalcaba no son en absoluto las de la izquierda abertzale».

El capote a De Juana

Las declaraciones de Zapatero en Soria echando un capote a De Juana -«está en el proceso», dijo el presidente, que calificó sus presuntas amenazas de «crítica pura y dura»- fueron acogidas con un despectivo silencio entre los dirigentes de Batasuna, que consideran que De Juana ha actuado en su huelga de hambre al margen de la disciplina de la organización y alque reprochan en privado no haber proclamado su militancia en ETA cuando fue preguntado al respecto por el fiscal Burgos en la vista oral.

La situación actual está demostrando que en los contactos indirectos entre el grupo de intermediarios captados por Javier Solana a instancias del jefe del Ejecutivo y los representantes de ETA, reina una «notable confusión». Zapatero lleva el «proceso de manera muy personal y al margen de las pautas y asesoramientos habituales». El presidente y tanto ETA como Batasuna no van romper el llamado «proceso», pero éste ha quedado desvirtuado, no sólo por el terrorismo callejero, sino por la «acción de aprovisionamiento y suministro» perpetrado por la banda en Francia. «Estamos en el voluntarismo», dijeron a ABC fuentes conocedoras -y muy inmediatas- de los contactos ETA-Gobierno. «No es descartable, sino todo lo contrario, que los etarras sigan delinquiendo para presionar al Ejecutivo, porque en tanto no solucionen su situación penal y la vean despejada, se han plantado y las posibilidades de Zapatero son muy escasas en este terreno; es más, ya no puede -salvo grave escándalo- hacer más de lo que hace».