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28 de Septiembre, 2006

Un auto que deja mudo a Rubalcaba y pone en evidencia al juez Garzon (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 28 de Septiembre, 2006, 12:00, Categoría: 11-M

La decisión que tomó ayer la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre los documentos que le entregó EL MUNDO tiene una gran trascendencia en lo político y en lo procesal. No sólo porque remite el caso a un juzgado de instrucción -desautorizando implícitamente a Garzón, que se apresuró el lunes a abrir diligencias secretas y ante el que hoy declaran los policías implicados- sino porque establece e identifica indicios flagrantes de falsificación tanto en el contenido como en la autoría del informe que vincula a ETA con el 11-M.

Desde el punto de vista político, el auto coloca en una situación difícil al actual ministro y a su antecesor. Si el proceso judicial convierte en hechos probados los indicios de delito que establecen en su escrito los magistrados, quedaría demostrado que Rubalcaba ha faltado a la verdad al menos en dos ocasiones: cuando afirmó ante el Congreso que no había ningún informe que vinculara a ETA con el 11-M y cuando la semana pasada dijo desde Finlandia que «el Ministerio del Interior no ha falsificado jamás un documento». Eso si no conocía ya la manipulación desde julio, cuando mandó que reunieran todos los informes sobre la masacre, lo que significaría que ha mentido conscientemente.

Pero sea o no cierto este último extremo, es evidente que el futuro político del actual titular de Interior y el de su antecesor, José Antonio Alonso, están ya vinculados a este procedimiento. El de Alonso porque él era el ministro cuando se manipuló el informe; el de Rubalcaba porque una condena por falsedad demostraría que faltó a la verdad para encubrir un delito al presentar como «borrador» el informe auténtico. Rubalcaba volvió a demostrar ayer en el Parlamento su estrecha concepción de la democracia cuando, en lugar de contestar a la pregunta del diputado Del Burgo sobre este asunto, cubrió al PP de descalificaciones y le acusó -como mirándose al espejo- de intentar «justificar sus mentiras» en los días que siguieron al 11-M.

Pero si son importantes las consecuencias políticas del auto, las procesales lo son todavía más. La más importante es la remisión del caso a la jurisdicción ordinaria, al reconocer que no está entre las competencias de la Audiencia. A la luz de esta decisión, causa aún más estupor que Garzón mantuviera ayer su propósito de interrogar a los falsificadores. Su empecinamiento sólo puede entenderse como un desafío tácito al criterio de sus superiores o como un intento de echarle una mano al Gobierno creando un conflicto de competencias que tendría que dirimir el Supremo y no haría sino dilatar el proceso. Si pese al criterio de la sala los policías acaban declarando hoy como testigos y no como imputados, el juez podría incurrir incluso en un delito contra las garantías constitucionales tipificado en el art. 542 del Código Penal, pues los agentes declararían sin abogado y no podrían mentir en su defensa.

Suceda lo que suceda a partir de ahora, ya nadie podrá seguir descalificando el impecable trabajo de los peritos con el endeble argumento de que el primer informe era un mero borrador sin validar. La Audiencia ya ha visto indicios de delito en la actuación de los falsificadores. Mientras la Justicia sigue indagando en lo que hicieron y en cómo lo hicieron, nosotros seguiremos empeñados en averiguar por qué.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La Audiencia Nacional ve indicios de delito en la falsificación del 'Typex'

Por Narrador - 28 de Septiembre, 2006, 10:00, Categoría: 11-M

La Audiencia ve indicios de delito en la falsificación del 'informe ETA/11-M'

Envía a los Juzgados de Madrid los dos dictámenes, el original y el manipulado, que entregó EL MUNDO

MADRID.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ve «indicios suficientes» de, «al menos», un posible delito de falsedad documental en la alteración de un informe policial enviado al juez Del Olmo e incorporado al sumario del 11-M en el que se eliminó la referencia que se hacía a ETA en el dictamen original y se suprimió la identidad de los peritos que llevaron a cabo los análisis para sustituirlos por su jefe, que no los realizó.

La Sala acordó ayer enviar a los juzgados ordinarios de instrucción las copias de los dos informes -el original y el manipulado- que EL MUNDO remitió el pasado 20 de septiembre a Del Olmo y que éste elevó al Tribunal del 11-M.

Los magistrados basan su decisión en que «no existe el más mínimo apoyo» para estimar que el presunto delito de falsedad en documento oficial tiene relación con delitos de terrorismo, que son los que justifican la competencia de la Audiencia Nacional.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por su presidente, Javier Gómez Bermúdez, y los magistrados Fernando García Nicolás y Antonio Díaz Delgado dictó ayer una resolución en la que acuerda enviar a los Juzgados de Instrucción de Madrid las copias de los dos informes policiales que, con la misma numeración, se referían al análisis del ácido bórico encontrado en el domicilio de Hasan Haski.

Haski, procesado por su relación con los atentados islamistas de Madrid (la Fiscalía de la Audiencia Nacional le da el rango de instigador de los ataques junto a Rabei Osman, El Egipcio), fue detenido en Lanzarote el 17 de diciembre de 2004. En su vivienda se encontró una sustancia, polvo de color blanco, que él dijo emplear «para matar cucarachas».

Las muestras fueron analizadas por tres peritos de la Policía Científica con números de carné profesional 9, 11 y 155, que elaboraron el informe 48-Q3-05, de 21 de marzo de 2005. En él señalaban que, en relación con hechos terroristas, el ácido bórico fue encontrado también en un piso franco de ETA en Salamanca en diciembre de 2001.

La referencia a ETA fue suprimida del informe enviado a Del Olmo que, también con la numeración 48-Q3-05, lleva fecha de 22 de marzo de 2005. De él desaparecen los peritos 9, 11 y 155 y figura únicamente el número de carné 195, correspondiente a Francisco Ramírez, jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, como si hubiera sido él el que realizó los análisis.

Tras la publicación de estos hechos por EL MUNDO el pasado jueves, el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, remitió a la Sala por fax la nota de prensa enviada a los medios de comunicación y en la que se afirma que el dictamen de los tres peritos era «un simple borrador» en el que incluyeron lo que no eran más que «elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico».

La nota de prensa de Santano parece haber tenido poco efecto en el análisis realizado por la Sala. «Del examen de los documentos se llega a la conclusión de la existencia de indicios suficientes para proceder a investigar la posible comisión de, al menos, un delito de falsedad en documento público, por la incorporación al sumario 20/04 [11-M] de un documento inicial (informe pericial del Cuerpo Nacional de Policía) alterado en su contenido y/o en la persona que realiza la pericia y la asume con su número profesional y firma», indican los magistrados en la resolución conocida ayer.

El Tribunal concreta, incluso, la posible falsedad documental, que podría haberse cometido por alterar un documento en alguno de sus elementos esenciales, suponer la intervención de personas que no la han tenido y/o faltar a la verdad en la narración de los hechos.

Ninguno de estas falsedades aparece entre los delitos que son de la competencia de la Audiencia Nacional, destaca la Sala en una especie de aviso a navegantes. El juez Baltasar Garzón tiene citados para hoy al comisario Santano y a los cuatro peritos intervinientes para que declaren como testigos.

Aunque cuando se produjo la iniciativa de Garzón (el pasado sábado) no existía un pronunciamiento de la Sala, ahora el órgano jerárquicamente superior al juez afirma que hay indicios delictivos -lo que pone en cuestión la declaración de los agentes en calidad de testigos y, por tanto, obligados a contestar y a decir la verdad- y que el posible delito cometido no es de la competencia de la Audiencia Nacional, sino de los juzgados ordinarios de Instrucción.

La Sala lo razona así: «El presunto delito de falsedad documental no es ninguno de los recogidos en la ley como competencia de la Audiencia Nacional, ni tampoco es un delito de terrorismo ni existe el más mínimo apoyo para estimar que ha sido cometido por persona que esté integrada o colabore con banda armada».

Para el Tribunal, tampoco estaría justificada la intervención de la Audiencia por conexidad entre delitos, ya que no hay indicios de que se manipulara el informe para facilitar la ejecución de delitos terroristas.

La tesis de la conexidad conduciría al «absurdo», dice el Tribunal, «de investigar en un órgano con competencias limitadas (juzgado central) todo hecho que se ponga en su conocimiento por si tuviera relación con alguno de los delitos para los que es competente».

Pese a la decisión de la Sala, Garzón mantenía ayer las citaciones señaladas. Fuentes de la Fiscalía consideraron «precipitada» la resolución del tribunal porque «primero habrá que ver si los hechos son o no penalmente relevantes», y Garzón tendría competencia para realizar «diligencias a prevención», ya que instruye otra causa contra Haski.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La Audiencia ve indicio de delito en el informe del ácido bórico

Sostiene que el enviado por la Policía a Del Olmo pudo ser «alterado»

Madrid - La Audiencia Nacional ha llegado a la conclusión de que el informe pericial remitido por la Policía al juez Juan del Olmo pudo alterarse y que del examen de los documentos aportados por el diario «El Mundo» al magistrado se aprecian indicios de, «al menos», un delito de falsedad. Sin embargo, no será la Audiencia quien realice esa investigación, ya que ese delito no es competencia de esa sede jurisdiccional y, además, hasta estos momentos, no se ha detectado que tengan relación alguna con delitos relacionados con terrorismo.

La Sala ha analizado los informes policiales enviados a la Audiencia Nacional, así como un fax del comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, en el que aseguraba que el primer documento, en el que los peritos apuntaban que el ácido bórico también fue encontrado en un piso franco de ETA tres años antes, se trataba de «un borrador» del que se eliminaron las «especulaciones sin fundamento científico».

La conclusión a la que han llegado los magistrados tras examinar los mismos es clara: «Existencia de indicios suficientes para proceder a investigar la posible comisión de, al menos, un delito de falsedad en documento público, por la incorporación al sumario 20/04 -el del 11-M- del Juzgado Central 6 de un documento inicial -informe pericial del Cuerpo Nacional de Policía- alterado en su contenido y/o en la persona que realiza la pericia y la asume con su número profesional y firma.

Será, por tanto, un juzgado de Madrid -al que corresponda por turno de reparto- el que lleve la investigación para esclarecer si se incurrió en delito. Sólo en el caso de que, en el transcurso de la instrucción, se apreciase una conexidad con algún delito relacionado con el terrorismo, «para lo que ahora, y “prima facie” no existe base», la causa volvería entonces a la Audiencia Nacional.

Una información de Manuel Sánchez publicada por el diario LA RAZON el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Hugo Chavez contrata etarras como funcionarios

Por Narrador - 28 de Septiembre, 2006, 9:00, Categoría: Terrorismo

Un etarra acusado de tres crímenes en los años 80 trabaja para Hugo Chávez

Arturo Cubillas lleva un año como alto cargo del Ministerio de Agricultura de Venezuela y su mujer es directora general del Despacho de la Presidencia

CARACAS.- Arturo Cubillas, que en los años 80 perteneció a un comando de ETA y que en su momento fue buscado por la Policía española por tres asesinatos, trabaja desde octubre de 2005 como director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela. Además, su esposa, Goizeder Odriozola, ha sido contratada por el presidente venezolano, Hugo Chávez, para trabajar en el Palacio de Miraflores como directora general de la Dirección del Despacho de la Presidencia de la República, según documentos oficiales venezolanos a los que ha tenido acceso Europa Press.

El nombramiento de Odriozola fue hecho oficial el 5 de septiembre. Hasta entonces trabajaba como directora general encargada de la Oficina de Información y Relaciones Públicas del Ministerio de Agricultura, donde fue contratada en marzo de 2006, misma cartera en la que Cubillas ocupa un cargo desde 2005.

Cubillas, al que la Policía española buscó en su momento por tres asesinatos, fue detenido el 18 de julio de 2002 en Venezuela, y puesto en libertad al cabo de unas horas porque entonces no figuraba en la lista de etarras reclamados por la Audiencia Nacional, a los que la Fiscalía venezolana ordenó su captura. Cubillas fue deportado a Venezuela y se le consideró el cabecilla de los etarras que residen en el país, donde regentó el restaurante Oker's, que dio nombre del comando al que perteneció.

Nació en diciembre de 1964 en San Sebastián, y en marzo de 1984 pasó a formar parte del comando Oker. Huyó el 22 de octubre de 1985 cuando, tras atacar una sucursal de Caja Postal de Rentería, fueron detenidos los miembros del comando José Angel Aguirre y José Ramón Zapirain Tellechea. Fue expulsado de Francia a Argelia tras ser detenido en 1987 en el país vecino.

La Policía atribuye a Cubillas haber formado parte de un comando del que eran miembros Idoia López Riaño y José Angel Aguirre. El grupo se constituyó en 1984 como comando legal de ETA y estuvo activo durante un año y medio hasta que la Policía capturó a José Angel Aguirre.

Al comando Oker se le atribuyen el asesinato del ciudadano francés Joseph Couchot, cometido el 16 de noviembre de 1984 en Irún; el de Angel Facal Soto, perpetrado el 26 de febrero de 1985 en Pasajes, y el del policía nacional Máximo García Kleinte, acaecido en San Sebastián el 15 de mayo de 1985.

Una información publicada por el diario EL MUNDO el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Hugo Chávez nombra a la esposa de un etarra directora general de su gabinete

CARACAS. El presidente de la República bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, ha nombrado a la esposa del etarra Arturo Cubillas directora general de la Dirección del Despacho de la Presidencia, es decir, jefa de su gabinete en el Palacio de Miraflores. La Policía española acusa al marido de la elegida por Chávez de tres asesinatos como miembro del «comando Oker», del que también formó parte Idoya López Riaño, «Margarita». En concreto, se trata de los asesinatos del ciudadano francés Joseph Couchot, el 16 de noviembre de 1984 en Irún; de Ángel Facal Soto, el 26 de febrero de 1985, en Pasajes, y del policía nacional Máximo García Kleinte, el 15 de mayo de 1985, en San Sebastián.

El terrorista tiene también trabaja en el Gobierno venezolano: desde octubre de 2005 ocupa el puesto de director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras. Además, en 1996 regentaba un restaurante llamado «Oker´s», el mismo nombre del «comando» al que perteneció.

Junto al hermano de Chávez

Antes de ocupar su nuevo cargo en el Palacio de Miraflores, Goizeder Odriozola, periodista venezolana de padres vascos, ha sido jefa de prensa de varios ministerios -entre ellos el de Agricultura- durante los últimos siete años, según cuentan los que la conocen en el Ministerio de Información y Comunicación. A partir de ahora será la directora general del Despacho del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, cuyo titular es Adán Chávez, hermano del presidente venezolano, un comunista de toda la vida que nunca ha disimulado su postura ideológica. El ministro Adán Chávez fue hasta hace un mes embajador de Venezuela en Cuba y el artífice del idilio que mantiene el mandatario venezolano con Fidel Castro desde antes de llegar al poder en 1998.

El marido de Goizeder Odriozola llegó a Venezuela en 1989 con un grupo de once etarras que fueron deportados de Argelia, adonde había llegado dos años antes expulsado por Francia. Era la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, que para ayudar al Gobierno socialista de Felipe González, aceptó acoger a los etarras por «razones humanitarias».

Los terroristas han disfrutado a lo largo de estos años de bastante libertad para moverse por Venezuela, hasta el punto de que Arturo Cubillo montó el restaurante de cocina vasca «Oker´s» en el barrio del Hatillo de Caracas, cerca de la lujosa zona residencial de Lagunita.

Cubillo es conocido como unos de los más activos miembros de la comunidad etarra en Venezuela y ha mantenido siempre buenos contactos con militantes de la extrema izquierda venezolana. En 2002 fue detenido por agentes de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Desip) de Venezuela por «obstaculización de la acción» judicial, aunque fue puesto en libertad cuatro horas más tarde por no figurar en la lista de etarras reclamados por la Audiencia Nacional.

Una información de Ludmila Vinogradoff (Corresponsal) publicada por el diario ABC el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Zapatero ni se inmuta por los siete disparos de ETA

Por Narrador - 28 de Septiembre, 2006, 8:00, Categoría: - Tregua Etarra

Zapatero dice que mantiene la expectativa del fin de ETA, desde la legalidad y sin cambiar la Ley de Partidos

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo quería decir en sede parlamentaria. Quería que constara en el diario de sesiones. Quería, en suma, fijar posiciones sobre el llamado proceso de paz, tras las inquietantes turbulencias de las últimas semanas.

El mensaje no sonó novedoso a nadie. Para muchos, fue reiterativo y repetitivo. Pero desde la óptica del presidente del Ejecutivo era importante el momento y el lugar para fijar posiciones.

Fue en la sesión de control del Congreso de los Diputados, ante una pregunta preparada, como ayer informó EL MUNDO, del portavoz de Coalición Canaria, Paulino Rivero.

Primero, Zapatero lanzó un mensaje de esperanza ante los malos augurios que se escuchan por todos los rincones políticos desde que se reinició la lucha callejera y, sobre todo, tras el acto público de tres etarras el sábado pasado en Oyarzun (Guipúzcua).

Por ello, afirmó: «Desde la firmeza, desde los principios, desde las convicciones y desde el empeño decidido que tiene el Gobierno en llegar a ver el fin de la violencia y la paz, el Gobierno mantiene sus planes».

Es más, Zapatero, incidió en esta idea de forma más clara: «Para mí, la expectativa del fin de la violencia sigue en los mismos parámetros que el día en que ETA decretó el alto el fuego permanente».

Sin embargo, el presidente del Gobierno combinó este mensaje de esperanza con la idea de marcar tajantemente las reglas del juego, que son las mismas que siempre ha dicho el presidente del Ejecutivo.

«El Gobierno mantiene sus principios en torno al proceso de paz: legalidad, Estado de Derecho y diálogo para el fin de la violencia», afirmó solemnemente Rodríguez Zapatero.

El tema de ETA, independientemente del contenido concreto de la pregunta en la sesión del control, fue objeto de análisis tanto por parte del portavoz del Partido Popular, Mariano Rajoy, como por parte del portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares.

El líder de la oposición, en una intervención moderada, recordó a Zapatero que él también mantiene sus principios, «que son los que establece el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo».

Pero, además, Mariano Rajoy lanzó un reto directo al jefe del Ejecutivo. «Está muy bien hablar de firmeza y decir palabras, pero hay que pasar a la acción. Por tanto, no basta con condenar la kale borroka, sino hacer todo lo posible para que no se produzca, y garantizar a esta Cámara que no se legalizará a Batasuna mientras que ETA no anuncie su voluntad de disolverse».

Rodríguez Zapatero recogió el guante lanzado por el líder de la oposición para repetir un mensaje que no es nuevo, pero que vuelve a constar en el diario de sesiones de cara a lo que pueda ocurrir en un futuro próximo.

«Toda fuerza política o todo grupo político que quiera concurrir, participar o favorecerse de las reglas del Estado de Derecho, tendrá que respetar lo que hemos aprobado en esta Cámara, que es la Ley de Partidos, como he dicho una y otra vez», afirmó.

Más molesto se mostró Zapatero en cuanto a las críticas de Mariano Rajoy sobre los últimos acontecimientos de la lucha callejera en el País Vasco.

Entre gritos y reproches de la bancada del Partido Popular, Zapatero arremetió directamente contra el secretario general de este partido y ex ministro del Interior, Angel Acebes.

Apoyo de IU

«El otro día, el secretario general de su partido hablaba de que los actos de kale borroka son fruto de la debilidad del Gobierno y del Estado, y ésta es una afirmación insostenible, porque nos llevaría a preguntarnos qué debilidad o qué firmeza había cuando hemos tenido tantos años de kale borroka y tantos años de violencia mucho más graves de la acción del terrorismo», afirmó el presidente del Gobierno.

También Gaspar Llamazares aprovechó que «el Manzanares pasa por Madrid, aunque esté anegado por la M-30» -en referencia a que su pregunta, al igual que la de Rajoy, no iba sobre este asunto y, además, estaba dirigida a la vicepresidenta primera del Gobierno- para dar un respaldo inequívoco al Ejecutivo en el llamado proceso de paz.

«Quiero expresar», dijo el líder de IU, «la confianza de mi Grupo en que el proceso de paz avance y manifestar que mi Grupo Parlamentario no se alegra de las dificultades del proceso de paz».

Esta última frase provocó cierto enfado en las filas populares y fue recogida con aplausos en las filas socialistas, pese a que el mensaje del dirigente de Izquierda Unida significaba admitir que el proceso no marcha por buen camino.

Una información de Manuel Sánchez publicada por el diario EL MUNDO el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El terrorismo callejero no frena los planes del Gobierno con ETA

Zapatero esgrime «razones objetivas» para mantener intacta su expectativa contra la violencia. Rajoy exige que pase a la acción

Madrid - Los portavoces parlamentarios hablan abiertamente de «momento crítico», en el PSOE admiten sin ambages que existen dificultades importantes, el ministro del Interior suspende «sine die» la ronda de reuniones con los partidos políticos para explicar los supuestos avances, la opinión pública asiste estupefacta a la amenaza de los pistoleros de Oyarzun (Guipúzcoa)...y Zapatero reafirma sus planes y expectativas ante el proceso de negociación con ETA. Lo hizo ayer en sede parlamentaria. Y esta vez no fue en los pasillos ni ante los periodistas, sino ante el pleno de la Cámara Baja, para que constara en el acta taquigráfica.

La doctrina «monclovita» se había apresurado a exponer que los problemas hay que verlos con perspectiva, que la banda terrorista ha actuado durante más de 40 años, y que ahora lleva seis meses en tregua. Luego lo dijo Zapatero en el hemiciclo y en los mismos términos. Lo de la mirada con perspectiva, y que, para él, «la expectativa del fin de la violencia sigue en idénticos parámetros que el día que ETA decretó el alto el fuego permanente. O sea que ni el recrudecimiento de la «kale borroka», ni la negativa de Batasuna a pasar por el registro de partidos, ni las amenazas, ni las provocaciones, ni los desafíos..., nada ni nadie alterará la hoja de ruta del Ejecutivo.

Un diálogo en entredicho

José Luis Rodríguez Zapatero respondía ayer tarde en el Congreso a una pregunta del portavoz de CC, Paulino Rivero, que decidió cambiar una interpelación sobre inmigración por una sobre ETA al entender que la intensificación de la violencia callejera y el comunicado del pasado fin de semana pone en entredicho la voluntad de diálogo de los asesinos.

Rivero quería saber, como otros muchos, si el Gobierno se había planteado cambiar el tercio de las procelosas aguas de la política antiterrorista. La respuesta del presidente fue un no, precedido del descontado rechazo a cualquier acto de violencia callejera, y seguido de una reafirmación en sus «principios y convicciones en torno al proceso de paz»: legalidad, Estado de Derecho y diálogo para el fin de la violencia.

Y es que Zapatero cree tener razones objetivas para no virar un milímetro su confianza en el proceso. Son siempre las mismas: los tres años sin víctimas mortales y los seis meses del alto el fuego permanente. Paulino Rivero le había pedido un «mensaje claro», que no permitiera «dobles lecturas» y despejara incógnitas para dejar claro que Policía, Justicia y Fiscalía siguen «trabajando con la misma intensidad, y que el Estado utiliza todos sus instrumentos para combatir a los violentos, al terrorismo y a su entorno».

«No basta con la condena»

Zapatero le contestó con evasivas, lo más que le ofreció fue la «evidencia» de que el Estado de Derecho «exige y exigirá» las responsabilidades oportunas a quien practica la violencia, «desde la firmeza, que es una de las características esenciales de la convivencia y las reglas democráticas».

Y en esto llegó Mariano Rajoy, que sí iba a preguntar de inmigración, y aprovechó la coyuntura para emplazar al presidente a que pase de la firmeza a la acción. «No basta -dijo­­- con condenar la violencia callejera, sino hacer lo posible para que no se produzca, y garantizar ante esta Cámara que no se va a legalizar a Batasuna hasta que ETA no se disuelva definitivamente».

«Reflexión insostenible»

La incursión de Rajoy en una pregunta de CC -que se sospechaba inducida- no sentó bien al presidente, que aprovechó la réplica al jefe de la oposición para pedirle «responsabilidad y seriedad», pero también el cese de manifestaciones que desde el PP atribuyen la llamada lucha callejera a la debilidad del Gobierno. «Es ésta -sentenció Zapatero- una reflexión insostenible porque llevaría a preguntar si había firmeza antes, durante tantos años de violencia y de kale borroka».

Como el tiempo del contador se había acabado para Mariano Rajoy y no podía replicar al presidente, Ángel Acebes, tomó el testigo, y en su pregunta a la vicepresidenta primera del Gobierno, lamentó la falta de firmeza, «la debilidad y la cesión ante ETA». No hay más que echar un vistazo, defendió, al repunte de la «kale borroka», una manifestación de la banda con la que «nosotros acabamos hasta convertirla en cero».

No alegrarse de las dificultades

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, tampoco desaprovechó la ocasión para meter baza en el debate. La suya fue para expresar su respaldo al Gobierno para que el «proceso de paz avance» y manifestar que su grupo «no se alegra de las dificultades». Era un velado y gratuito reproche a los populares que le agradeció María Teresa Fernández de la Vega.

En el interior del hemiciclo, el debate quedó ahí. Pero en los pasillos, prosiguió con análisis varios de la fontanería «monclovita»: que si el proceso será largo, que si los pistoleros de Oyarzun no fueron motivo de despliegue tipográfico en Gara «y eso es un dato a tener en cuenta», que si los encapuchados emularon la escenografía IRA, que si cuando haya noticias se comunicarán a la oposición, que si habría que preguntarse si Rajoy tiene interés en hablar con el presidente sobre este asunto. Nada que sirva para despejar las dudas lógicas que suscita ante la ciudadanía un plan y unos plazos que sólo conoce el presidente del Gobierno.

La sesión de control transcurrió sin más referencia a ETA, que la que el titular de Interior se vio obligado a realizar cuando el popular Jaime Ignacio del Burgo le interpeló por la supuesta participación de la banda asesina en los atentados terroristas del 11-M. Rubalcaba negó a la mayor y reiteró, a pesar de las informaciones publicadas por distintos medios, que no existe ningún tipo de informe policial que acredite la vinculación.

Aún así Del Burgo siguió la ofensiva y le espetó: «¿Qué hará si se demuestra que el informe es falso? Su versión es que los responsables de la Comisaría General de Información tomaron como «las tablas de la ley» las palabras de Zapatero de hace dos años en las que dijo que nunca se demostraría la conexión de ETA con el 11-M».

Una información de Esther L. Palomera publicada por el diario LA RAZON el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Zapatero afirma que mantiene los mismos «planes y expectativas de paz» a pesar de los desafíos de ETA

MADRID. El presidente del Gobierno acudió ayer al Pleno del Congreso con el propósito de disipar las incertidumbres sobre la continuidad del «proceso de paz» provocadas por el rebrote de la violencia callejera y los actos desafiantes de ETA, pero más que un debate clarificador de los pasos a dar resultó una nueva escenificación de la profunda división con que el Ejecutivo y el PP siguen afrontando este asunto.

El Gobierno juzgó aconsejable un pronunciamiento de su presidente en sede parlamentaria que despejara las dudas sobre un posible cambio de estrategia, máxime ante la cancelación «sine die» de la información a lo grupos políticos comprometida para este mes por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Y, para ello, se sirvió de uno de sus socios habituales, Coalición Canaria, cuyo portavoz, Paulino Rivero, accedió el lunes a cambiar el tema original de su pregunta -la inmigración- en la sesión de control.

«Razones objetivas»

José Luis Rodríguez Zapatero dijo lo que había ido a decir: «El Gobierno mantiene sus planes», porque «la expectativa del fin de la violencia sigue en los mismos parámetros que el día en que ETA decretó el alto el fuego permanente» y está «fundada en razones objetivas: más de tres años sin víctimas mortales y un alto el fuego permanente desde hace seis meses». Ni un solo dato o argumento más, sometidos a «secreto presidencial».

Estas afirmaciones se compadecen con el análisis que, según fuentes gubernamentales, se hace en el Ejecutivo: «La situación coyuntural es delicada, pero el fondo del proceso sigue estando bien, y habrá momentos peores». Y la reacción de Zapatero -añaden- es de «serenidad y firmeza», pero también de «empeño decidido en llegar a ver la paz».

El presidente del Gobierno comenzó con una manifestación de «rechazo y condena a cualquier acto de violencia», para añadir a continuación que mantiene sus «principios y convicciones: legalidad, Estado de derecho y diálogo para el fin de la violencia». En este marco, afirmó que «es evidente que el Estado de derecho exige y exigirá las responsabilidades oportunas a quien practica la violencia», también la callejera.

La legalización de Batasuna

A priori, ahí debía haberse consumido el debate (entre el interpelante y el interpelado), pero el líder de la oposición, Mariano Rajoy, no quiso quedarse al margen y aprovechó su pregunta posterior, sobre inmigración, para dejar constancia de su posición: «Es verdad que el Pisuerga no pasa por aquí, pero también lo es que yo estoy aquí y entenderá usted que yo diga que también mantengo mis principios, que son los que establece el Pacto contra el Terrorismo, y que está muy bien hablar de firmeza y decir palabras, pero hay que pasar a la acción. No basta con condenar la kale borroka, sino que hay que hacer todo lo posible para que no se produzca y garantizar a esta Cámara que no se legalizará a Batasuna mientras que ETA no anuncie su voluntad de disolverse definitivamente».

La incursión de Rajoy dio pie a Zapatero para reiterar que «toda fuerza política que quiera concurrir (a las elecciones), participar o favorecerse de las reglas del Estado de derecho. tendrá que respetar lo que hemos aprobado en esta Cámara, que es la Ley de Partidos, como he dicho una y otra vez». Más allá de la precisión, apeló -con enfado- a «la responsabilidad y seriedad» del principal partido de la oposición sacando a colación las declaraciones en las que su secretario general, Ángel Acebes, achacaba la kale borroka a la debilidad del Gobierno, una imputación que calificó de «insostenible» porque «nos llevaría a preguntarnos qué debilidad o qué firmeza había cuando hemos tenido tantos años de kale borroka y de violencia mucho más graves de la acción del terrorismo».

Acebes se dio por aludido y, en otro turno posterior, mientras interrogaba a la vicepresidenta primera sobre inmigración, el ex ministro del Interior acusó al Gobierno de «permitir que los terroristas hagan una exhibición de fuerza e impunidad con tiros al aire ante dos mil personas, algo que jamás había ocurrido». «No hay firmeza, hay debilidad y cesión ante ETA. Había kale borroka y acabamos con ella hasta convertirla en cero, y ahora ha vuelto a rebrotar. Estas cosas sólo suceden en su Estado residual», concluyó.

IU echa un capote a Zapatero

Antes de que Acebes elevara el diapasón, otro de los habituales socios del Gobierno, Izquierda Unida, había intentado echar un capote a Zapatero y Gaspar Llamazares subrayó que «mi grupo no se alegra de las dificultades del proceso». El interpelante, Paulino Rivero, apuntó que la actitud de ETA «pone en entredicho la voluntad de diálogo» y dejó constancia de «una cierta incertidumbre en la sociedad».

Un texto de Gonzalo López Alba publicada por el diario ABC el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Zapatero mantiene su plan de dialogar con ETA pese al terrorismo callejero 

El presidente condena la 'kale borroka' y Mariano Rajoy le exige que no legalice a Batasuna

Madrid - El recalentamiento del terrorismo callejero, o de baja intensidad, como solía llamarle el PP cuando estaba en el poder, no parece arredrar al Gobierno. Su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, solemnizó ayer en el Congreso el discurso que se transmitía en los últimos días. El Ejecutivo "mantiene las expectativas en torno al fin de la violencia". En medio, dos mensajes. Uno: no se renuncia a hablar con ETA ya que el Ejecutivo se atendrá a la "legalidad, el Estado de derecho y diálogo para el fin de la violencia". Otro, para Batasuna: todos los grupos políticos habrán de respetar "la Ley de Partidos".

Paulino Rivero, portavoz de Coalición Canaria (CC) le dio oportunidad a Zapatero para llevar al hemiciclo su respuesta ante la situación creada por el recrudecimiento de la violencia callejera en el País Vasco, con la irrupción el pasado fin de semana de tres pistoleros de ETA gritando proclamas a favor de la lucha armada. El presidente del Gobierno aprovechó su turno para resaltar que esos hechos no alteran, por ahora, los planes del Ejecutivo. El portavoz canario quería saber si la kale borroka unida a los comunicados de ETA "en tono provocador, cambian el calendario que tenía previsto el Gobierno".

Zapatero evitó en su respuesta cualquier mención de calendario pero -además de expresar el "rechazo y condena" ante este tipo de sucesos de terrorismo callejero- se apresuró a responder que "el Gobierno mantiene sus principios y sus convicciones en torno al proceso de paz". Luego desplegó el trípode en el que se sustentan esos principios: respeto a la "legalidad" y al "Estado de derecho", y "diálogo para el fin de la violencia".

No hubo ni la más leve mención sobre cualquier viraje en el rumbo final del Gobierno, aunque Zapatero ha repetido en varias ocasiones que exigirá la ausencia total de violencia para iniciar el diálogo con ETA. Rivero mencionó la inquietud y la incertidumbre que los ataques de kale borroka han podido suscitar entre los ciudadanos y Zapatero se reafirmó con contundencia: "Para mí la expectativa del fin de la violencia sigue en los mismos parámetros que el día en que ETA decretó el alto el fuego permanente", el pasado 22 de marzo.

Combatir la violencia

El líder de la oposición, Mariano Rajoy hablaba de inmigración, pero tras admitir que "el Pisuerga no pasa" por su pregunta, le dijo a Zapatero que "no basta con condenar la kale borroka, sino hacer todo lo posible para que no se produzca y garantizar a esta Cámara que no se legalizará a Batasuna mientras ETA no anuncie su voluntad de disolverse definitivamente".

Zapatero volvió al agua del terrorismo y le reprochó que el secretario general de su partido, Ángel Acebes, atacase la debilidad del Gobierno en este asunto. Para el presidente del Gobierno la reflexión de Acebes es "insostenible". "Porque nos llevaría" explicó, "a preguntarnos qué debilidad o qué firmeza había cuando hemos tenido tantos años de kale borroka y tantos años de violencia mucho más graves de la acción del terrorismo", dijo Zapatero.

El Gobierno del PP aceptó reunirse en 1999 con ETA después de que la banda dictase una tregua pero continuase con el terrorismo callejero en Euskadi y con la extorsión de empresarios. A diferencia de lo que está ocurriendo en el actual proceso para el fin de la violencia terrorista, el Ejecutivo de José María Aznar acercó a decenas de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco.

Zapatero aprovechó su comparecencia ayer en la sesión de control del Congreso para recordar a Batasuna que debe respetar la ley para poder hacer política. "Todo grupo político que quiera concurrir, participar o favorecerse de las reglas del Estado de derecho tendrá que respetar lo que hemos aprobado en esta Cámara que es la Ley de Partidos", señaló.

"No hay firmeza"

El secretario general del PP, Ángel Acebes, ex ministro del Interior, tenía una pregunta sobre inmigración dirigida a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pero también quiso nadar en la corriente terrorista. Así que, respecto a los ataques callejeros en el País Vasco manifestó: "No hay firmeza; hay debilidad y cesión ante ETA; había kale borroka y acabamos con ella hasta convertirla en cero y ahora ha vuelto a rebrotar".

Había terciado antes en la misma polémica el líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ironizando sobre que "el Manzanares sí pasa por Madrid" (en alusión a la frase de Mariano Rajoy) y para expresar su "confianza" "en que el proceso de paz avance". Pero Llamazares tampoco quiso dejar pasar la oportunidad para manifestar que su grupo parlamentario "no se alegra de las dificultades" por las que atraviesa.

EL FIN DEL TERRORISMO EN LA SESIÓN DE CONTROL

Mariano Rajoy (Partido Popular): "No basta con condenar la 'kale borroka' sino que hay que hacer todo lo posible para que no se produzca y garantizar a esta Cámara que no se legalizará Batasuna mientras que la banda terrorista ETA no anuncie su voluntad de disolverse definitivamente"

Gaspar Llamazares (Izquierda Unida): "Tenemos confianza en que el proceso de paz avance. Mi grupo parlamentario no se alegra de las dificultades del proceso de paz"

Paulino Rivero (Coalición Canaria): "La sociedad está inquieta, hay una cierta desorientación e incertidumbre y por eso entiendo que se necesita un mensaje claro que no se preste a dobles lecturas"

Un texto de Camilo Valdecantos publicada por el diario EL PAIS el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Terrorismo Callejero a pleno rendimiento

Por Narrador - 28 de Septiembre, 2006, 7:00, Categoría: Terrorismo

«Kale borroka» a plena luz del día

Un grupo de radicales instala una barricada incendiaria en el metro de Bilbao. El ataque se suma a los sufridos por una sede del PSE, autobuses urbanos y cajeros automáticos

Vitoria - La violencia callejera se perpetra casi diario en el País Vasco a pesar del alto el fuego de la banda terrorista ETA. El último ataque, que coincidió con la celebración del «Gudari Eguna» -Día del Soldado vasco- con el que la izquierda abertzale recuerda cada año a los etarras fallecidos, tuvo lugar cerca de las ocho de la mañana de ayer. Un grupo de radicales colocó una barricada incendiaria compuesta por un neumático al que prendieron fuego en las vías del Metro de Bilbao a la altura del barrio de Elorrieta, en la capital vizcaína. No hubo daños personales ni materiales pero la circulación del convoy se vio afectada por diversos retrasos.

Descolgado por radicales

Este ataque se produjo en un tramo comprendido entre las paradas de San Ignacio y Lutxana de la línea 1 del suburbano. Agentes de la Ertzaintza se trasladaron hasta la zona donde localizaron sobre las vías un neumático ardiendo. Las primeras investigaciones realizadas, apuntan a que el neumático había sido descolgado con una cadena por un grupo de radicales y que tras depositarlo en las vías, le prendieron fuego. La Policía Autónoma Vasca fue la encargada de retirar la barricada de las vías, restableciéndose así el servicio media hora después.

La empresa Metro Bilbao informó de que la infraestructura de la red ferroviaria no resultó afectada por la barricada y que durante las labores de retirada del neumático ardiendo, se utilizó la vía que no quedó bloqueada. De esta forma, se pudo continuar con el servicio, si bien repercutió a toda la red de Metro Bilbao, con retrasos de hasta quince minutos.

Este acto de «kale borroka» se suma en los últimos días al ataque de una sede del PSE en Álava, al asalto de un repartidor del Diario de Navarra y a la quema de contenedores y un cajero en Bilbao. Pero el balance de este mes deja también ataques a los estudios de la cadena de radio Onda Cero en Pamplona, a un juzgado de paz de Vizcaya, a la estación de la localidad guipuzcoana de Errentería y a la quema de dos autobuses, en uno de los cuales resultó herido un pasajero que increpó a los violentos. No sólo la violencia callejera salpica la tregua, la izquierda abertzale no cesa de convocar manifestaciones a favor de la independencia -están previstas para el próximo sábado- en lo que ha denominado «ofensiva popular» ante la «grave» situación del llamado proceso de paz.

Ante esta situación, el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkárraga, en clave de este proceso, destacó que «le toca al Gobierno mover ficha pero también le toca a la «kale borroka» quedarse en su casa y dejar actuar en la mesa de negociación». Y, aprovechando, declaró que «si hay exclusión política en las elecciones es que todo el proceso de paz se ha ido al carajo».

Una información de Iker Moneo publicada por el diario LA RAZON el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


ETA mantiene activa la violencia callejera y corta el Metro de Bilbao con una barricada

BILBAO. La celebración del «gudari eguna» (día del soldado vasco) por los proetarras se inició ayer con la colocación de una barricada incendiaria en las vías del Metro de Bilbao a primera hora de la mañana, en plena hora punta, que obligó a parar la circulación y a organizar el paso alternativo de los convoyes durante más de media hora en Elorrieta, en el barrio de San Ignacio, provocando retrasos en todos los recorridos. Los trenes iniciaron más tarde la circulación alternativa, aprovechando la proximidad de un cambio de vía situado a pocos metros de la estación de Luchana.

La capital vizcaína amaneció con grandes pancartas con el anagrama de ETA y el mensaje de que «La lucha es el futuro». En los carteles aparecía la figura de un encapuchado portando un arma y el eslogan «Euskal Herria dugu irabasteko» (Tenemos Euskal Herria para ganar).

La imagen recordaba a los encapuchados que participaron en el acto celebrado el pasado sábado en un monte de Oyartzun, también con motivo del «gudari eguna», aunque la fecha en la que los radicales proetarras conmemoran cada año el día del soldado vasco es el 27 de septiembre. En Oyartzun se animó a los asistentes a participar en las concentraciones previstas para ayer en la mayoría de los pueblos vascos.

Manifestación en Llodio

En Llodio se concentraron unas cien personas, que corearon gritos a favor de los presos etarras y de la independencia y apoyaron al miembro de ETA Ignacio de Juana Chaos. La Ertzaintza no intervino en esta manifestación, que concluyó con el himno al soldado vasco. Una furgoneta de la Ertzaintza acompañó la marcha.

Las manifestaciones se repitieron por otros puntos del País Vasco y de Navarra. En Pamplona, alrededor de medio millar de personas, la mayoría jóvenes, recorrieron por la tarde las calles del centro. Durante la marcha, que partió de la Plaza del Castillo pasadas las 20 horas, se escucharon gritos como: «La fuerza de los luchadores. La fuerza del pueblo», «Trabajar por la lucha es la libertad», «Independencia y socialismo» y otras proclamas por el estilo.

La manifestación recorrió el Casco Antiguo de Pamplona precedida de una amplio despliegue policial. A la altura de la calle Eslava, varios agentes se dirigieron hasta la cabeza de la manifestación y advirtieron a las personas de que los gritos que proferían podían incurrir en un delito de enaltecimiento del terrorismo.

La marcha transcurrió con normalidad y desembocó en el Paseo de Sarasate, para terminar, a las 20.45, en la Plaza del Castillo. Una vez allí, los manifestantes se congregaron en el centro, donde colocaron la imagen de varios miembros de ETA fallecidos y leyeron un comunicado.

En San Sebastián, unas 200 personas emprendieron un breve recorrido por las calles de la parte vieja de la ciudad con la pancarta «Borroka gaur eta etorkizuna» (La lucha hoy y mañana).

Y el sábado, más

La izquierda abertzale tiene convocada para el próximo sábado nuevas movilizaciones, esta vez a las seis y media de la tarde en las tres capitales vascas y en Pamplona. Firman la convocatoria, con el eslogan «Autodeterminación de Euskal Herria», un grupo de ciudadanos que se definen como «de izquierdas y abertzales».

La Asociación Dignidad y Justicia había enviado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el cartel que convocaba la principal de esas concentraciones, la de la localidad alavesa de Llodio, y había pedido que se impidieran. Sin embargo, el fiscal de la Audiencia Nacional, Juan Antonio García Jabaloy, remitió ayer un informe al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para que no prohibiese las manifestaciones al no haber un convocante específico.

El juez dictó ayer un auto en el que permitía las concentraciones convocadas en el País Vasco y Navarra con motivo del «gudari eguna» al considerar que no se puede actuar en genérico contra este tipo de actos en los que no hay un convocante formal.

Una información de M. Luisa G. Franco publicada por el diario ABC el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.