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Giro en el Proceso: La Audiencia de Guadalajara ordena investigar los avisos al 112 en el incendio de Saelices

Por Narrador - 26 de Septiembre, 2006, 11:00, Categoría: Incendio en Guadalajara

Nueva demanda contra la Junta por el incendio de Guadalajara

Las familias de ocho fallecidos reclaman al Gobierno de Castilla-La Mancha el pago de 1.337.622,12 euros por su responsabilidad patrimonial

GUADALAJARA.- «El informe del Ministerio de Medio Ambiente pone de manifiesto que desde la Administración regional [de Castilla-La Mancha] y, a pesar de los ofrecimientos efectuados, obviaron la posibilidad de reclamar los medios que se les ofrecían, despreciándolos irresponsablemente». Éste es uno más de los numerosos motivos que han llevado a la mayoría de las familias de los 11 fallecidos en el incendio de Guadalajara del año pasado a reclamar la responsabilidad de la Junta castellanomanchega en dichos sucesos. En total, de prosperar este recurso, la Administración del presidente Barrera estaría obligada a pagar 1.337.622,12 euros a las viudas e hijos de los fallecidos, así como a dos empresarios que perdieron sus reses.

Según el escrito sobre responsabilidad patrimonial presentado por la defensa de ocho de las familias y los dos ganaderos afectados, al que ha tenido acceso EL MUNDO, los hechos se iniciaron en un lugar público dependiente de la Junta (el Parque Natural del Alto Tajo), en una barbacoa autorizada expresamente para la utilización del fuego.

De acuerdo con el texto del documento, la barbacoa no guardaba la distancia de seguridad, establecida en la legislación nacional, con el campo de rastrojos que tenía en su perímetro y en ningún lado se explicitaba que los usuarios debieran tener un cuidado especial, lo que hacía que los excursionistas entendieran lícita su actuación.

Otro fallo en el normal funcionamiento de la Administración denunciado por estas familias es que los técnicos de los servicios del COP y del 112 que tenían que estar en su puesto en el momento del inicio de las llamas se encontraban ausentes, no tomando el control hasta más de una hora después uno y dos horas el segundo, por no hablar de que el jefe del Servicio del Medio Natural, Antonio Solís, se encontraba de vacaciones, «extremo insólito pues en otras comunidades autónomas es en época de máximo peligro cuando ninguno de los técnicos disfruta de su permiso reglamentario».

Asimismo, esta falta de responsables incidió en que desde el principio se tomaron decisiones incorrectas, como la de enviar tan sólo los medios de despacho automático a un incendio que desde su inicio fue denominado por los presentes como «monstruoso». Es decir, se mandaron a un incendio que quemó 5.000 hectáreas de pinos en un par de horas los mismos medios que si se hubiera quemado un rastrojo rodeado de un desierto.

El cúmulo de fallos de la Administración del socialista José María Barreda en las primeras 48 horas denunciados por las familias en su demanda de responsabilidad patrimonial no acaba ahí.

Las máquinas y los medios aéreos no funcionaron, o lo hicieron de forma defectuosa, hasta el momento de producirse los fallecimientos. De hecho, los pilotos de los helicópteros y de los aviones llegaron a manifestar en el Juzgado que «nadie sabía decirles qué tenían que hacer». De hecho, no es hasta que se conoce la existencia de los 11 fallecimientos, poco después de las 17.30 horas del día 17 de julio, cuando se nombra un jefe de Extinción Provincial y un jefe de Planificación y Control de Medios, figuras ambas imprescindibles para coordinar y apagar el fuego. Pero sólo se hizo, repiten las familias, cuando se tiene constancia de las muertes.

«Algo debió de fallar cuando los niños y ancianos de Ablanque tuvieron que apagar el fuego», declaró el alcalde socialista de esa localidad, José Miguel del Castillo.

Y tanto. Como que los supuestos cursos de formación que la Junta daba al personal de extinción de incendios se limitaban a unas clases a los peones de un par de horas.

Bomberos que tienen que ser llevados hasta las llamas por los propios vecinos, ausencia de coordinación entre medios terrestres y aéreos, falta de aviones y estaciones meteorológicas móviles y que advirtieran de las especiales circunstancias en que se estaba desarrollando el fuego son otros de los argumentos probados ya y esgrimidos por estas familias para demandar a la Administración.

Por todo ello, pretenden que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta reconozca que los medios fueron insuficientes, que hubo falta de coordinación entre ellos y que, como consecuencia de todo eso, se produjeron los 11 fallecimientos, por lo que la Administración sería la responsable.

«Esta demanda ha sido interpuesta en tiempo y forma antes de que prescribiera el periodo hábil para hacerlo, con objeto de que si en su día se absolviera a los responsables de la Administración regional en la vía penal, al menos nos quedaría la vía contencioso-administrativa para demostrar que fue la Junta la responsable de lo ocurrido», señalaron a este periódico fuentes de la defensa de las ocho familias.

Una información de Roberto Mangas (Corresponsal) publicada por el diario EL MUNDO el martes 26 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Los familiares quieren a técnicos y políticos en el banquillo

Una vez que la Audiencia Provincial de Guadalajara ha dictado un auto por el que autoriza a las familias a conocer el contenido íntegro de las más de 3.000 llamadas que recibió el centro de emergencias 112 de Toledo en relación con el incendio de Riba de Saelices, los letrados de las familias tratan de solicitar la imputación de aquéllos a quienes consideran responsables de los fallecimientos.

Tras más de un centenar de escritos instando la acción penal, y frente a la apatía del Ministerio Fiscal, «que ejerce como un letrado más de la Junta de Castilla-La Mancha», las familias pretenden que declaren como inculpados los técnicos Antonio Solís, Miguel Aguilar, Antonio Pallarés, Antonio Vela, José María Gaitán, David Huertas y Carlos Muñoz. Por el lado de los políticos, su intención es llevar al banquillo a la ex consejera Rosario Arévalo, al delegado provincial de Medio Ambiente de Guadalajara, Sergio David González, y al director general de Medio Ambiente, José Ignacio Nicolás.

Una información publicada por el diario EL MUNDO el martes 26 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Las llamadas al 112 dan un vuelco a la investigación de Guadalajara

El PP entiende que el auto ayudará a que se depuren responsabilidades

Madrid - «Una sorpresa». «Una bomba totalmente inesperada». «Un giro de 180 grados». «Una luz de justicia después de tantos sin sabores». Éstos son sólo algunos de los muchísimos calificativos que salieron ayer de la boca de los familiares del incendio que el año pasado se cobró la vida de 11 personas en Guadalajara. Y es que la noticia corrió como la pólvora: la Audiencia Provincial obliga a la Junta de Castilla-La Mancha a que aporte todas las llamadas efectuadas al 112 durante el transcurso del fuego.

La decisión se antoja más que trascendente cuando, hasta el mismísimo presidente de la región rompió por primera vez su mutismo sobre el tema. Eso sí, José María Barreda quiso dejar claro que «las cintas han estado a disposición de los jueces -a los que remitió a la prensa para conocer novedades en el caso- desde el primer momento pues, la Junta, es la primera interesada en que se investiguen».

Y así será. Tal y como recoge el auto -fechado en el pasado 11 de septiembre- al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Audiencia corrige la decisión adoptada en primera instancia por la juez de Sigüenza para solicitar que se entregue la nueva documentación. Un material a analizar que incluye las más de tres mil comunicaciones realizadas. Según la información publicada por El País, la documentación incluye llamadas como la realizada por el único superviviente del retén afectado, Jesús Abad. El listado también recoge diversas quejas telefónicas sobre la tardanza de efectivos y la falta de coordinación en los trabajos.

Por esta razón, a pesar de que en un primer momento se desestimó que fueran trascendentes para la resolución del caso, la Audiencia solicitó que se «depuren las eventuales responsabilidades de los técnicos de incendios» para tratar de que se «aclaren los posibles indicios de criminalidad o imprudencia punible de los técnicos forestales», recoge el auto.

A pesar del calado de la noticia, los familiares de las víctimas prefieren no echar las campanas al vuelo, porque «cada vez que nos ofrecen un clavo ardiendo con el que subirnos la moral, luego nos llega la decepción y nos llueven los palos por todas partes», afirmó Manuel Manteca. «Se lo tomaron a broma, decían que eran unos exagerados, que el incendio no era para tanto. ¿Qué pasa ahora? Que me lo expliquen ahora, ya que me he quedado sin mi hijo, porque yo sí que no exagero...», concluyó.

Por el momento, en todos preside la cautela. «Este giro en las investigaciones supone un paso adelante, pero preferimos no hacernos ilusiones. Sabemos desde hace mucho tiempo que hubo descoordinación, pero ni la Junta ni otros organismos nos han dicho nada. Ni siquiera nos pidieron perdón», lamentó Isabel Villaverde, madre de uno de los fallecidos.

Desde el PP, mientras se denunció que el Gobierno Zapatero «siga sin tomar ninguna medida concreta» para evitar que el incendio pueda repetirse al tiempo que se celebró una decisión judicial que no hace más que «dar la razón a las familias de las víctimas y al PP» , afirmó su secretario general Ángel Acebes. En la misma línea, situó su discurso la portavoz regional, Ana Guarinos, que aplaudió el auto, pues facilita que «se depuren cuantas responsabilidades haga falta». Asimismo, recordó que «la solicitud del volcado completo de las llamadas deja en evidencia la Comisión de investigación que montó el PSOE tras el fuego, pues sólo incluyeron las llamadas que quisieron».

Una información de Ismael Del Prado publicada por el diario LA RAZON el martes 26 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.