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26 de Septiembre, 2006

Giro en el Proceso: La Audiencia de Guadalajara ordena investigar los avisos al 112 en el incendio de Saelices

Por Narrador - 26 de Septiembre, 2006, 11:00, Categoría: Incendio en Guadalajara

Nueva demanda contra la Junta por el incendio de Guadalajara

Las familias de ocho fallecidos reclaman al Gobierno de Castilla-La Mancha el pago de 1.337.622,12 euros por su responsabilidad patrimonial

GUADALAJARA.- «El informe del Ministerio de Medio Ambiente pone de manifiesto que desde la Administración regional [de Castilla-La Mancha] y, a pesar de los ofrecimientos efectuados, obviaron la posibilidad de reclamar los medios que se les ofrecían, despreciándolos irresponsablemente». Éste es uno más de los numerosos motivos que han llevado a la mayoría de las familias de los 11 fallecidos en el incendio de Guadalajara del año pasado a reclamar la responsabilidad de la Junta castellanomanchega en dichos sucesos. En total, de prosperar este recurso, la Administración del presidente Barrera estaría obligada a pagar 1.337.622,12 euros a las viudas e hijos de los fallecidos, así como a dos empresarios que perdieron sus reses.

Según el escrito sobre responsabilidad patrimonial presentado por la defensa de ocho de las familias y los dos ganaderos afectados, al que ha tenido acceso EL MUNDO, los hechos se iniciaron en un lugar público dependiente de la Junta (el Parque Natural del Alto Tajo), en una barbacoa autorizada expresamente para la utilización del fuego.

De acuerdo con el texto del documento, la barbacoa no guardaba la distancia de seguridad, establecida en la legislación nacional, con el campo de rastrojos que tenía en su perímetro y en ningún lado se explicitaba que los usuarios debieran tener un cuidado especial, lo que hacía que los excursionistas entendieran lícita su actuación.

Otro fallo en el normal funcionamiento de la Administración denunciado por estas familias es que los técnicos de los servicios del COP y del 112 que tenían que estar en su puesto en el momento del inicio de las llamas se encontraban ausentes, no tomando el control hasta más de una hora después uno y dos horas el segundo, por no hablar de que el jefe del Servicio del Medio Natural, Antonio Solís, se encontraba de vacaciones, «extremo insólito pues en otras comunidades autónomas es en época de máximo peligro cuando ninguno de los técnicos disfruta de su permiso reglamentario».

Asimismo, esta falta de responsables incidió en que desde el principio se tomaron decisiones incorrectas, como la de enviar tan sólo los medios de despacho automático a un incendio que desde su inicio fue denominado por los presentes como «monstruoso». Es decir, se mandaron a un incendio que quemó 5.000 hectáreas de pinos en un par de horas los mismos medios que si se hubiera quemado un rastrojo rodeado de un desierto.

El cúmulo de fallos de la Administración del socialista José María Barreda en las primeras 48 horas denunciados por las familias en su demanda de responsabilidad patrimonial no acaba ahí.

Las máquinas y los medios aéreos no funcionaron, o lo hicieron de forma defectuosa, hasta el momento de producirse los fallecimientos. De hecho, los pilotos de los helicópteros y de los aviones llegaron a manifestar en el Juzgado que «nadie sabía decirles qué tenían que hacer». De hecho, no es hasta que se conoce la existencia de los 11 fallecimientos, poco después de las 17.30 horas del día 17 de julio, cuando se nombra un jefe de Extinción Provincial y un jefe de Planificación y Control de Medios, figuras ambas imprescindibles para coordinar y apagar el fuego. Pero sólo se hizo, repiten las familias, cuando se tiene constancia de las muertes.

«Algo debió de fallar cuando los niños y ancianos de Ablanque tuvieron que apagar el fuego», declaró el alcalde socialista de esa localidad, José Miguel del Castillo.

Y tanto. Como que los supuestos cursos de formación que la Junta daba al personal de extinción de incendios se limitaban a unas clases a los peones de un par de horas.

Bomberos que tienen que ser llevados hasta las llamas por los propios vecinos, ausencia de coordinación entre medios terrestres y aéreos, falta de aviones y estaciones meteorológicas móviles y que advirtieran de las especiales circunstancias en que se estaba desarrollando el fuego son otros de los argumentos probados ya y esgrimidos por estas familias para demandar a la Administración.

Por todo ello, pretenden que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta reconozca que los medios fueron insuficientes, que hubo falta de coordinación entre ellos y que, como consecuencia de todo eso, se produjeron los 11 fallecimientos, por lo que la Administración sería la responsable.

«Esta demanda ha sido interpuesta en tiempo y forma antes de que prescribiera el periodo hábil para hacerlo, con objeto de que si en su día se absolviera a los responsables de la Administración regional en la vía penal, al menos nos quedaría la vía contencioso-administrativa para demostrar que fue la Junta la responsable de lo ocurrido», señalaron a este periódico fuentes de la defensa de las ocho familias.

Una información de Roberto Mangas (Corresponsal) publicada por el diario EL MUNDO el martes 26 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Los familiares quieren a técnicos y políticos en el banquillo

Una vez que la Audiencia Provincial de Guadalajara ha dictado un auto por el que autoriza a las familias a conocer el contenido íntegro de las más de 3.000 llamadas que recibió el centro de emergencias 112 de Toledo en relación con el incendio de Riba de Saelices, los letrados de las familias tratan de solicitar la imputación de aquéllos a quienes consideran responsables de los fallecimientos.

Tras más de un centenar de escritos instando la acción penal, y frente a la apatía del Ministerio Fiscal, «que ejerce como un letrado más de la Junta de Castilla-La Mancha», las familias pretenden que declaren como inculpados los técnicos Antonio Solís, Miguel Aguilar, Antonio Pallarés, Antonio Vela, José María Gaitán, David Huertas y Carlos Muñoz. Por el lado de los políticos, su intención es llevar al banquillo a la ex consejera Rosario Arévalo, al delegado provincial de Medio Ambiente de Guadalajara, Sergio David González, y al director general de Medio Ambiente, José Ignacio Nicolás.

Una información publicada por el diario EL MUNDO el martes 26 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Las llamadas al 112 dan un vuelco a la investigación de Guadalajara

El PP entiende que el auto ayudará a que se depuren responsabilidades

Madrid - «Una sorpresa». «Una bomba totalmente inesperada». «Un giro de 180 grados». «Una luz de justicia después de tantos sin sabores». Éstos son sólo algunos de los muchísimos calificativos que salieron ayer de la boca de los familiares del incendio que el año pasado se cobró la vida de 11 personas en Guadalajara. Y es que la noticia corrió como la pólvora: la Audiencia Provincial obliga a la Junta de Castilla-La Mancha a que aporte todas las llamadas efectuadas al 112 durante el transcurso del fuego.

La decisión se antoja más que trascendente cuando, hasta el mismísimo presidente de la región rompió por primera vez su mutismo sobre el tema. Eso sí, José María Barreda quiso dejar claro que «las cintas han estado a disposición de los jueces -a los que remitió a la prensa para conocer novedades en el caso- desde el primer momento pues, la Junta, es la primera interesada en que se investiguen».

Y así será. Tal y como recoge el auto -fechado en el pasado 11 de septiembre- al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Audiencia corrige la decisión adoptada en primera instancia por la juez de Sigüenza para solicitar que se entregue la nueva documentación. Un material a analizar que incluye las más de tres mil comunicaciones realizadas. Según la información publicada por El País, la documentación incluye llamadas como la realizada por el único superviviente del retén afectado, Jesús Abad. El listado también recoge diversas quejas telefónicas sobre la tardanza de efectivos y la falta de coordinación en los trabajos.

Por esta razón, a pesar de que en un primer momento se desestimó que fueran trascendentes para la resolución del caso, la Audiencia solicitó que se «depuren las eventuales responsabilidades de los técnicos de incendios» para tratar de que se «aclaren los posibles indicios de criminalidad o imprudencia punible de los técnicos forestales», recoge el auto.

A pesar del calado de la noticia, los familiares de las víctimas prefieren no echar las campanas al vuelo, porque «cada vez que nos ofrecen un clavo ardiendo con el que subirnos la moral, luego nos llega la decepción y nos llueven los palos por todas partes», afirmó Manuel Manteca. «Se lo tomaron a broma, decían que eran unos exagerados, que el incendio no era para tanto. ¿Qué pasa ahora? Que me lo expliquen ahora, ya que me he quedado sin mi hijo, porque yo sí que no exagero...», concluyó.

Por el momento, en todos preside la cautela. «Este giro en las investigaciones supone un paso adelante, pero preferimos no hacernos ilusiones. Sabemos desde hace mucho tiempo que hubo descoordinación, pero ni la Junta ni otros organismos nos han dicho nada. Ni siquiera nos pidieron perdón», lamentó Isabel Villaverde, madre de uno de los fallecidos.

Desde el PP, mientras se denunció que el Gobierno Zapatero «siga sin tomar ninguna medida concreta» para evitar que el incendio pueda repetirse al tiempo que se celebró una decisión judicial que no hace más que «dar la razón a las familias de las víctimas y al PP» , afirmó su secretario general Ángel Acebes. En la misma línea, situó su discurso la portavoz regional, Ana Guarinos, que aplaudió el auto, pues facilita que «se depuren cuantas responsabilidades haga falta». Asimismo, recordó que «la solicitud del volcado completo de las llamadas deja en evidencia la Comisión de investigación que montó el PSOE tras el fuego, pues sólo incluyeron las llamadas que quisieron».

Una información de Ismael Del Prado publicada por el diario LA RAZON el martes 26 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La Audiencia admite que Del Olmo instruye mal para posteriormente darle la razón sobre la Goma 2 ECO

Por Narrador - 26 de Septiembre, 2006, 10:00, Categoría: 11-M

La Sección Cuarta de la Audiencia considera acreditado que en los trenes estalló Goma 2 EC0

La Sala critica a Del Olmo pero confirma los procesamientos de los 29 acusados por el magistrado

MADRID.- La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional considera «perfectamente acreditado» que lo que estalló en los trenes de cercanías el día 11 de Marzo fue la dinamita Goma 2 ECO supuestamente robada en Asturias, pese a que los expertos en explosivos sostienen que resulta «imposible» asegurarlo.

El tribunal hace esta afirmación en el auto en el que desestima el recurso de apelación presentado por el confidente Rafá Zouhier contra el auto de procesamiento dictado por el juez Juan del Olmo. La Sala notificó ayer el rechazo de todos los recursos contra el auto, lo que supone confirmar que los 29 procesados por el instructor se sentarán en el banquillo.

El auto de la Sección Cuarta dice que «la sustancia explosiva utilizada provenía de Mina Conchita y respondía a la denominación de Goma 2 Eco», rechazando así las dudas mostradas en la vista por el letrado de Zouhier.

En otro punto del escrito, el tribunal insiste en la coincidencia entre lo robado en Asturias y lo que estalló en Madrid: «A finales de febrero de 2004, Jamal Ahmidan y otros, entre los que se encuentran el ahora recurrente [Zouhier], se desplazan a Asturias donde, tras entrevistarse con José Emilio [Suárez Trashorras], éste les provee de los explosivos que serán utilizados en el atentado del 11 de Marzo».

La afirmación de la Sala contrasta con el contenido del informe conjunto elaborado por la Policía y la Guardia Civil a petición de Del Olmo, en el que el máximo responsable de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, afirma que resulta «imposible» especificar qué tipo de dinamita estalló en los trenes: «Se significa que sobre las sustancias explosionadas, en los incidentes ocurridos en la mañana del 11 de marzo [...] sólo cabe concluir que se trata de explosivos tipo dinamita». El informe prosigue afirmando «que es técnicamente imposible, asignar el nombre comercial a dinamitas que han sufrido reacción explosiva, ya que en ella desaparecen determinados componentes, que son los que hacen posible tal designación».

El criterio del tribunal coincide con el expuesto por la fiscal Olga Sánchez el pasado martes, durante la vista por el recurso de Zouhier. Con más ímpetu incluso que el mostrado ayer por la Sala, la fiscal afirmó: «El explosivo es Goma 2 ECO; es lo que estalló en los trenes y en Leganés. Es un tipo de explosivo que no tiene nada que ver con Titadyn, cloratita, amosal... que no tiene nada que ver con ETA. ¡Ya vale!». Sánchez añadió que «el tema de los explosivos está perfectamente identificado en el informe común elaborado por la Policía y la Guardia Civil».

En realidad, lo que ese informe sí da por acreditado es que era Goma 2 ECO el explosivo encontrado en las vías del AVE, en el piso franco de Leganés y en la mochila de Vallecas. También en la furgoneta Renault Kangoo, aunque en ese caso la Goma 2 ECO apareció «contaminada» con una sustancia extraña (metenamina).

Pese a confirmar todos los procesamientos, el tribunal incluye en sus resoluciones de ayer duras críticas al auto dictado por el juez instructor. La Sección hace referencia al «lógico confusionismo denunciado por las distintas defensas», que llegaron a calificar el auto de «jeroglífico».

Crítica al instructor

En el mismo auto de respuesta al recurso de Zouhier, la Sección Cuarta dice: «Cierto es que el auto de procesamiento dictado no se corresponde con un resumen fundado de los hechos ocurridos y su respectiva imputación a cada uno de los procesados, atendiendo a las diligencias de investigación practicadas». «En su extensa redacción», prosigue, «se mezclan una serie de datos absolutamente dispares como son la secuencia del propio atentado, al que se describe con total minuciosidad, inclusión de informes policiales íntegros, interminables listas de llamadas telefónicas y otros datos que apenas tienen relación con la implicación de los ahora procesados en el atentado».

«Todo ello», remata, «unido a una escasa motivación con respecto a la concreta imputación delictiva de cada uno de los diversos procesados».

Las críticas se repiten en otros autos. Por ejemplo, en el que rechaza el recurso de Basel Ghalyoun, donde considera «extralimitado y desmesurado el auto de procesamiento [...] que en gran parte resulta una transcripción literal de muchas de las diligencias de investigación».

La Sala acusa al instructor de «excederse la labor judicial de lo que con arreglo a la línea jurisprudencial debía constituir el contenido de tal auto».

Eso sí, añade que las críticas deben verse «atemperadas» ante la enorme complejidad de la causa. Además, insiste en que «esa relativa confusión quedó plenamente disipada» en un auto posterior en el que rechazó los recursos de reforma y en el que realizó «una tarea de concreción y simplificación» de los indicios de criminalidad.

Una información de Manuel Marraco publicada por el diario EL MUNDO el martes 26 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La Sala rechaza por inoportuno el único recurso de la fiscal

MADRID.- La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional también rechazó ayer el único recurso presentado por la fiscal Olga Sánchez, en el que pedía que el acusado por integración en organización terrorista Basel Ghalyoun también sea considerado autor material de 191 asesinatos consumados y 1.755 frustrados, además de cuatro delitos de estragos. La fiscal daba por bueno un reconocimiento de un testigo que al juez Del Olmo le pareció insuficiente.

La resolución considera que no es el momento adecuado para plantear este tipo de cuestiones, puesto que entiende que los recursos contra el auto de procesamiento deben centrarse en si existen indicios racionales de criminalidad, y no en la calificación jurídica de los hechos, según informa Europa Press.

En este sentido, el tribunal argumenta que esta consideración deberá ser planteada por la fiscal en su escrito de calificación provisional y no en su recurso contra el procesamiento.

Tampoco aprueba la Sala -compuesta por Fernando Bermúdez de la Fuente, Paloma González y Juan Francisco Martel- procesar en este sumario, por un delito de amenazas graves, al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, tal y como pidió uno de los imputados en esta causa que no fue procesado, Mohamed Hadi Chedadi, al entender que las «disquisiciones» del apelante sobre Al Qaeda, Bin Laden y la Guerra de Irak, «carecen de sentido en este momento procesal». La petición ya había sido desestimada por «extravagante» por el juez instructor.

El líder de Al Qaeda ya ha sido procesado por terrorismo por el juez Baltasar Garzón en el sumario contra la célula española de Al Qaeda dirigida por 'Abú Dahdah'.

Una información publicada por el diario EL MUNDO el martes 26 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.