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La Fiscalía se aferra a Garzón al ver que la falsificación es delito (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 25 de Septiembre, 2006, 6:30, Categoría: 11-M

Mientras el director de uno de los dos diarios gubernamentales hacía ayer el ridículo preguntándole a Joan Mesquida si no es hora ya de que actúe el fiscal general contra quienes divulgamos hechos relevantes sobre el 11-M, el Ministerio Público intentaba desviar al juzgado de Garzón la denuncia de la asociación España y Libertad sobre la falsificación revelada por este periódico. Detrás de esta operación se adivina una típica estrategia de control de daños. Es evidente que hasta la Fiscalía se ha dado cuenta de que hay flagrantes indicios de delito y trata de que sea un juez afín al Gobierno quien se haga cargo del caso. No hay que olvidar que, desde su regreso a la Audiencia, Garzón tiene empantanada la investigación sobre el chivatazo policial a la red de extorsión de ETA y que se ha alineado con las tesis oficiales sobre el 11-M.

Cuando el fiscal le pide al magistrado que investigue la «relevancia penal y sus efectos desde la perspectiva probatoria», en realidad le está induciendo a archivar la denuncia sobre la frágil base de que los hechos no son relevantes para el sumario del 11-M o para la otra causa contra Haski. Pero por más que la Fiscalía se empeñe en vincularlas, las peripecias terroristas de Haski y la falsificación son dos asuntos muy diferentes. Tienen distintos autores y suponen distintos delitos, y por eso tendría que ser la jurisdicción ordinaria y no la Audiencia la que se hiciera cargo de instruir la nueva causa. El hecho de que el caso se haya remitido a Garzón y no al juzgado que instruyó el caso del piso de ETA en Salamanca deja en evidencia los verdaderos propósitos de la Fiscalía.

Debería ser el propio Garzón quien se inhibiera, pero si no lo hace y le sigue el juego a la maniobra gubernamental, los denunciantes deben solicitarle que deje el caso y, en último extremo, volver a presentar la denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde no siempre llegan los tentáculos del Gobierno y donde -recordemos- ya se instruyó el sumario que terminó con la condena de tres policías por el caso Bono. Por cierto, al juez no se le preguntó entonces si la detención ilegal de los miembros del PP era o no relevante para esclarecer si el ministro había sido agredido.

¿En qué lugar quedan ahora las descalificaciones contra este periódico? ¿Tendremos que seguir oyendo gracietas sobre el ácido bórico? Lo importante es que es muy probable que veamos desfilar ante la Justicia a los falsificadores, quienes tendrán aún más difícil su defensa a la luz de lo que hoy publica Casimiro García-Abadillo. Los policías no sólo alteraron el informe sino que borraron chapuceramente con típex del libro de registro de salidas el nombre de uno de los peritos para sustituirlo por el del jefe de la Sección de Análisis, Francisco Ramírez. Es muy revelador que Ramírez no lograra que un solo miembro de la unidad adjuntara su firma a la suya en el informe falso o que los peritos -hoy denigrados por sus superiores- hicieran todos los análisis de explosivos del 11-M solicitados a la Policía Científica y fueran quienes salieran al paso del error o la manipulación de Manzano sobre la metenamina.

A la luz de estos nuevos datos, reiteramos nuestra fe en las instituciones y apelamos una vez más a la honorabilidad del presidente Zapatero para que averigüe de verdad qué es lo que ha ocurrido en las Fuerzas de Seguridad durante la investigación de los atentados del 11-M.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el lunes 25 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.