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Seis meses de 'Alto el Fuego Permanente'

Por Narrador - 24 de Septiembre, 2006, 9:00, Categoría: - Tregua Etarra

Batasuna pide a ETA que no hable con el Gobierno si antes no los legaliza

MADRID.- La dirección de Batasuna le ha pedido a ETA que no dé un paso adelante con el Gobierno, que no se reúna con sus representantes, hasta que reciba las garantías por parte del Ejecutivo de que la formación va a ser legalizada o de que, en cualquier caso, va a poder actuar como si lo estuviera.

Las fuentes consultadas sostienen que los meses de octubre y noviembre van a ser fundamentales para establecer si el proceso tiene posibilidades de prosperar o se ve interrumpido.

Ésta es la información de la que disponen las Fuerzas de Seguridad del Estado, que han verificado de este modo, una vez más, la coordinación entre ETA y su brazo político, lo ficticio de la separación entre la vía política y la técnica, y la estrategia establecida por ambos para que el proceso se desarrolle conforme a sus expectativas.

Según las fuentes policiales consultadas por este periódico, los dirigentes de la banda terrorista, al menos hasta mediados del mes de julio, estaban dispuestos a seguir con el camino trazado hasta el momento.

Esto implicaba la legalización de Batasuna, previo paso por el Ministerio del Interior para formalizar su inscripción y tratar de cumplir las diferentes condiciones establecidas por la Ley de Partidos, para que, acto seguido, pudiese celebrarse la reunión entre los enviados del Gobierno y los terroristas.

Así se había establecido, y por ese motivo el pasado 29 de junio el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció que se iban a iniciar las negociaciones con la banda y que el Ejecutivo, a finales de septiembre, daría las pertinentes explicaciones a los grupos políticos representados en el Parlamento.

Sin embargo, fue la propia Batasuna, para sorpresa de los involucrados en el proceso de paz, la que se negó a que esos plazos se cumpliesen si no recibía la garantía de que los jueces no iban a perseguir judicialmente a sus miembros. Sus dirigentes no precisaron si necesariamente exigían la derogación de la Ley de Partidos o que se encontrase otra vía de salida distinta, y el mensaje fue tan pedestre como efectivo. «Que el Gobierno lo haga como quiera, pero que nos garantice la legalización y que los magistrados no van a actuar contra nosotros. Y ha de hacerse de manera pública porque no nos fiamos de los jueces», vinieron a asegurar los dirigentes de la formación ilegalizada. Y esta postura es la que bloqueó el proceso después de que la banda la aceptara como suya y la pusiera negro sobre blanco en un comunicado hecho público a mediados del mes de agosto, en el que se hacía referencia, una vez más, a los incumplimientos del Gobierno.

Tanto Batasuna como ETA habían asumido en las negociaciones previas indirectas con los enviados del Ejecutivo, que éste iba a lograr controlar a los aparatos del Estado y, por esta vía, las iniciativas que pudieran emprender los jueces. Y consideraron que estos «sobreentendidos» no se habían cumplido, y articularon sus formas de presión.

La dirección de Batasuna envió este mensaje a ETA después de semanas de discusiones internas, en las que una buena parte de sus bases dejaron constancia de su desacuerdo con una solicitud de legalización ajustada a la ley, una actitud que, si bien no era compartida por parte de la dirección en un principio, fue asumida por la Mesa Nacional como tal con posterioridad.

Una vez constatada la paralización del proceso en marcha, Arnaldo Otegi ofreció una salida a los socialistas: la firma de un preacuerdo para la mesa de partidos que orillase la necesidad de la legalización para su participación en ese foro, condición impuesta tanto por el PSE como por el PNV.

Ese preacuerdo estaba muy avanzado cuando Otegi realizó su propuesta y todavía lo está más en estos momentos.

Sin embargo, en todas las reuniones mantenidas con las bases, éstas siguen mostrándose reacias a darle un respiro al Gobierno. Lo estuvieron en la reunión mantenida por más de un centenar de personas en los cines Golem de Pamplona, que estuvo encabezada por Joseba Permach, coordinador de Batasuna. Y también en la que días después celebraron en Burlada, donde el propio Permach tuvo que moderar las intenciones de los sectores más radicales y en la que se decidió, según decía la nota repartida, poner en marcha una «dinámica popular denominada Autodeterminación para Euskal Herria, que recorrerá pueblo a pueblo todo nuestro país».

A pesar de lo negativo de las apariencias, a pesar de que los mandos de la Ertzaintza dicen tener sobradas razones para pedir a los suyos que se «aten los machos» porque puede que el alto el fuego no se prolongue mucho más allá que algunas semanas, el Gobierno sigue confiando en que el proceso está encauzado, hasta el punto de que algunos de sus miembros han venido mostrando su convicción -lo dijo el ministro de Justicia- de que ETA no va a volver a matar.

El Ejecutivo confía ahora en convencer a ETA y en encontrar el modo de que Batasuna asuma su posición sin vulnerar ninguna de las normas del Estado de Derecho.

Una información de Angeles Escriva publicada por el diario EL MUNDO el domingo 24 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El Ejecutivo informará a los grupos de la falta de avances en el proceso

MADRID.- El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tiene previsto contactar esta semana con los portavoces parlamentarios para decirles que no tiene nada nuevo que aportarles sobre el proceso de paz.

Fuentes autorizadas del Gobierno aseguran que el ministro contactará telefónicamente con los grupos o hablará durante el Pleno del Congreso, pero no está prevista una reunión formal con ellos.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a que Rubalcaba informara a finales de septiembre de la marcha del proceso, pero el atasco de éste ha modificado sus planes.

No ha habido todavía un contacto directo con ETA y la mesa de partidos sigue bloqueada. Según el Gobierno, el escollo es la resistencia de Batasuna a cumplir los requisitos para ser un partido legal.

«Tendrán que pasar por ventanilla», asegura una fuente oficial de La Moncloa para explicar que, sin legalización, no hay mesa de partidos con Batasuna, aunque eso bloquee el proceso.

El escollo tiene que ver con críticas internas a dirigentes de Batasuna como Arnaldo Otegi que, según algunos sectores abertzales, habrían corrido más de lo permitido por el resto de la organización ilegal.

No obstante, fuentes autorizadas del Ejecutivo niegan que haya habido ultimátums sobre el final del alto el fuego o que hayan detectado instrucciones a las bases para volver a la lucha armada. Es más, desde el Gobierno se mantiene cierto optimismo sobre lo irreversible del proceso, aunque no se haya avanzado.

Rubalcaba ya ha hablado de manera informal en las últimas semanas con varios portavoces parlamentarios y les ha informado de los escasos avances. Con Eduardo Zaplana, portavoz del PP, ha conversado en alguna ocasión recientemente, pero de forma más breve.

Las citadas fuentes niegan que los últimos episodios de kale borroka o violencia callejera tengan que ver con una presión al Gobierno en vísperas de los contactos. El Ejecutivo no oculta su preocupación, no obstante, por el hecho de que puedan pasar a mayores o que se llegue a un cierto descontrol de las bases.

En cuanto a los presos de la organización terrorista, el Gobierno insiste también en que no habrá acercamientos a cambio de nada y que sólo habrá movimientos penitenciarios si desde el otro lado se da también algún paso.

En este sentido, el Ejecutivo explica que la huelga de hambre de Ignacio de Juana Chaos forma parte de una actuación personal, al margen del colectivo de presos de ETA.

El problema vendría, en este caso, por el efecto simpatía entre militantes de la izquierda abertzale hacía el terrorista encarcelado.

En las cárceles, el Gobierno ha detectado relativa tranquilidad y apoyo al proceso de paz entre los internos etarras.

Una información de Fernando Garea publicada por el diario EL MUNDO el domingo 24 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El Gobierno da por irreversible el proceso de paz 

Las fuerzas políticas negocian en Euskadi un preacuerdo sobre la futura mesa de partidos

Madrid - El proceso de paz del País Vasco, iniciado con el alto el fuego de ETA del 22 de marzo de 2006, del que se cumplen seis meses este fin de semana, atraviesa por su peor momento desde su inicio, con el rebrote de la kale borroka (muy vinculado a la huelga de hambre del preso de ETA Iñaki de Juana) y la presión de Batasuna para que se constituya la mesa de partidos. Pero este proceso es, también, inédito respecto a sus precedentes de 1989 y de 1998-1999. En este caso, el Gobierno parte de la base de que el proceso de paz, aunque sometido a numerosos obstáculos, no tiene marcha atrás.

El rebrote de la violencia callejera se abordará en el primer y próximo encuentro entre el Gobierno y ETA. Para el Ejecutivo, que mantiene su hoja de ruta respecto a esta reunión, "la kale borroka es incompatible con el proceso de paz". ETA, en su declaración de alto el fuego permanente, se comprometió a cesar todo tipo de actividad violenta.

En cuanto a la mesa de partidos, cuya constitución exige Batasuna, las principales formaciones políticas vascas trabajan, desde hace un par de semanas, a través de contactos bilaterales y discretos, en la búsqueda de un preacuerdo sobre la metodología y funcionamiento de dicha mesa.

La mesa de partidos se constituirá oficialmente una vez que la izquierda abertzale sea legal. Batasuna reclama, desde julio, garantías a los socialistas sobre la constitución de dicha mesa ante el temor de que se la margine del proceso. Los socialistas y los demás partidos vascos han decidido dar esas garantías, pues la constitución de la mesa estaba prevista en sus planes como instrumento para la reforma del Estatuto.

Los partidos vascos y el Gobierno confían en que el proceso se encauce en las próximas semanas por ambas vías: la del Gobierno-ETA, con el cese de la kale borroka y la adopción de medidas penitenciarias, y la de los contactos entre los partidos para llegar al preacuerdo sobre la mesa.

Pero el Gobierno considera, sobre todo, y no sólo por la vía del análisis, de que ETA ha apostado estratégicamente por la irreversibilidad del proceso de paz. Esto no obsta para que el proceso no sufra tensiones surgidas, especialmente, desde sectores de Batasuna que no han entendido la oportunidad que el Gobierno ha ofrecido a ETA de un final digno por la vía del diálogo.

A estos sectores les falta la pedagogía de un proceso que tuvo una larga gestación en el ámbito de la dirección de Batasuna, con los contactos que mantuvo con el PSE desde 2002, primero. Y seguidos por las conversaciones indirectas del Gobierno con la dirección de ETA, en julio y noviembre de 2005. La discreción del proceso está acarreando un riesgo, el de su desconocimiento y la falta de visión de la realidad en sectores abertzales.

La larga etapa de conversaciones, previa al alto el fuego, dedicó, precisamente, mucho tiempo a analizar los fracasos de los procesos de paz anteriores: el de Argel, en 1989, protagonizado entre el Gobierno de Felipe González y ETA; y el de 1998-99, con el Pacto de Lizarra, de los partidos nacionalistas vascos, como motor, y las conversaciones del Gobierno de Aznar con la banda terrorista en Suiza como complemento.

ETA y la dirección de Batasuna concluyeron que el fracaso de Argel consistió en que, en esa ocasión, se mezclaron las negociaciones políticas con las de paz. De ahí surgió la separación de las dos mesas, asumida en este proceso de alto el fuego: la de paz, entre el Gobierno y ETA, y la política, entre los partidos vascos.

También asumieron que el fracaso de la tregua de 1998-99 radicó en que el acuerdo entre partidos nacionalistas, el Pacto de Lizarra, motor del proceso, había marginado a las formaciones no nacionalistas. De ahí que la mesa de partidos, que decidirá el futuro político del País Vasco, con la reforma del Estatuto, será plural.

Junto a ello, como trasfondo, está la reflexión interna de ETA, con la asunción de que la izquierda abertzale asuma el protagonismo del proceso político y el paralelo abandono de la violencia, tras su debilidad operativa, el protagonismo del terrorismo internacional, el abandono del IRA y el rechazo social a la violencia en el País Vasco.

El resultado de esa reflexión de ETA son tres años y cuatro meses sin atentados mortales y más de seis meses sin atentados con explosivos, con una declaración permanente de alto el fuego. Un gran contraste con los procesos anteriores, en que el alto el fuego de ETA estuvo precedido de una fuerte campaña de atentados, como acumulación de fuerzas, previa a la negociación.

A su vez, en este proceso, Batasuna ha tomado un protagonismo del que careció en los anteriores, como preludio del papel político que asumirá la izquierda abertzale cuando ETA desaparezca.

Los principales protagonistas y conocedores del proceso son quienes más creen en que es irreversible, en la medida de que están convencidos en que ya tiene un largo e importante recorrido. Precisamente, los conflictos han surgido, sobre todo, con la mesa de partidos, la parte del proceso no desarrollada por los representantes enviados por el Gobierno, en sus conversaciones con ETA, al ser competencia de los partidos.

El proceso ha mostrado, también, en estos seis meses, otra garantía añadida en la solidez de las relaciones del jefe del Gobierno con el líder del PNV, Josu Jon Imaz. No sucedió en los procesos anteriores, donde el PNV se mostró crítico con el Gobierno, en 1989 y en 1998.

También el Gobierno ha aprendido de procesos anteriores y no dará ningún paso -por ejemplo, en política penitenciaria- hasta conocer la actitud de ETA en su próximo encuentro. Ha tolerado gestos políticos, como la reunión del secretario general del PSE, Patxi López, con el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, que supuso su reconocimiento como interlocutor de una organización ilegal.

El proceso presenta, también, rasgos inéditos en su faceta negativa, como el rechazo del Partido Popular, aunque funciona un cauce discreto de comunicación con su líder. Pero, a la par, la implicación de la UE es mayor a la de procesos anteriores.

Una información de L. R. Aizpeolea publicada por el diario EL PAIS el domingo 24 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.