El Blog

Calendario

<<   Septiembre 2006  >>
LMMiJVSD
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Sindicación

Alojado en
ZoomBlog

24 de Septiembre, 2006

Mensaje de la banda criminal ETA en "el día del guerrero vasco"

Por El Observador - 24 de Septiembre, 2006, 13:00, Categoría: - Tregua Etarra

"Euskadi Ta Askatasuna quiere hacer llegar su saludo más estrecho a todos los luchadores que os habéis reunido en este acto. El Gudari Eguna no es para nosotros una fecha para mirar atrás. Al contrario, con el ejemplo de los compañeros de lucha en la memoria y aprendiendo sobre el camino recorrido, este día tiene que servir para afianzar la lucha de hoy y mañana, tiene que servir para fortalecer el compromiso personal por la libertad de Euskal Herria. La lucha no es el pasado, sino el presente y el futuro.

Continuar, sin desistir, en la lucha por el camino ejemplar de los gudaris, nos llevará a ser un Pueblo libre. Hacer frente firmemente a la opresión que vive Euskal Herria es un trabajo imprescindible para garantizar la supervivencia de nuestro pueblo.

En este camino abrupto nadie nos va a regalar nada, la oportunidad de conseguir la libertad de Euskal Herria está en el corazón y en las manos de cada uno. Construiremos la independencia de Euskal Herria con nuestros actos diarios. Ese es precisamente el mensaje que ETA quiere haceros llegar hoy: Confirmamos el compromiso de seguir luchando firmemente, con las armas en la mano, hasta conseguir la independencia y el socialismo de Euskal Herria. ¡Tenemos la sangre preparada para darla por ella! ¡Lo conseguiremos!

¡Viva los luchadores vascos! ¡Viva Euskal Herria libre! ¡Viva Euskal Herria socialista! ¡Sin descanso hasta conseguir la independencia y el socialismo!"

Traducción realizada por eitb24.com de la transcripción recogida en GARA y BERRIA el 24 se Septiembre de 2004. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

«Rubalcaba utilizó el 11-M para ganar las elecciones y ahora lo utiliza para no perderlas»

Por Narrador - 24 de Septiembre, 2006, 12:00, Categoría: Partido Popular

La entrevista se celebra en Toledo, apenas hora y media antes de su intervención en el congreso que este fin de semana están celebrando los jóvenes de su partido. Es el único hueco que sus asesores han encontrado en su apretadísima agenda -imposible para el común de los mortales- hasta el punto de que acude a la misma sin comer por lo que se le sirve, sobre la marcha, un pequeño refrigerio del que no prueba bocado. Viste de forma informal, con chaqueta de sport y sin corbata lo cual sirve de excusa a la periodista para hacer un chascarrillo sobre el cambio de imagen de su partido ahora que soplan vientos electorales. Él recoge el guante y entra en harina sin apenas darse un respiro para afirmar que «los vientos que soplan son de cambio que estamos asistiendo no a un final de legislatura sino a un final de ciclo»... socialista. ¡Por supuesto!

Angel Acebes, secretario general del PP, sigue siendo el hombre de firmes convicciones, sosegado y tranquilo de siempre y aunque es plenamente consciente de que está en el ojo del huracán, de que su imagen de ex ministro del Interior es utilizada por sus adversarios para dañar a su partido, está contento y ni quiere ni puede ocultarlo. ¿El motivo? Que acaba de recibir unas encuestas, realizadas tras el verano, según las cuales «con un 70% de participación, el PP se situaría 3,5 puntos por encima del PSOE», lo cual parece indicar que el Gobierno sufre un fuerte desgaste en temas de grueso calibre como la inmigración, el proceso de paz o el 11-M. Tal vez por eso dice, sin pelos en la lengua, que no están dispuestos a aceptar el gobierno mordaza de Zapatero y que Rubalcaba utilizó el 11-M para ganar las elecciones y ahora lo utiliza para no perderlas. Afirma que el presidente ha sufrido una autentica moción de censura de nuestros socios europeos por la política de inmigración y señala sin titubeos que la legalización de Batasuna sería un fracaso del Estado de Derecho y de la democracia. Lo dice y además... se lo cree.

PREGUNTA.- Menuda semana han tenido. Todos los partidos se han unido en el Congreso para combatir la política tóxica del PP con el 11-M.

RESPUESTA.- La situación no es nueva. Llevan dos años con una estrategia antiPP, que es mayor cuanto peor les va en las encuestas. Saben que el PP va en estos momentos bien, que es una alternativa y los ciudadanos cada vez tienen más afán de cambio, y eso les provoca mucho nerviosismo. A los socialistas, ante la carencia de un proyecto capaz de ilusionar a los ciudadanos y los muchos fracasos de su política, lo único que les queda es la política antiPP. La prueba es que convocan una conferencia política y no sale de ella una sola propuesta salvo la de atacarnos. Están muy preocupados, porque saben que el cambio está muy cerca.

P.- Pero lo grave de esa decisión parlamentaria es que no van a aceptar ninguna iniciativa que venga de su mano y tenga que ver con el mayor atentado de nuestra historia. ¿Qué van a hacer?

R.- Eso es gravísimo. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar el gobierno mordaza de Zapatero. No quiere ninguna crítica, y cada vez está más encerrado en su única política demagógica y publicitaria. Pretende amordazar a la prensa crítica, al Grupo Parlamentario Popular, al Defensor del Pueblo e incluso ha pretendido amordazar a los suyos. La política de Zapatero es un gobierno mordaza frente a los demás, y nosotros no lo vamos a aceptar. Por cierto, que algunos de los grupos que se unieron a ellos ya nos han dicho que están arrepentidos, que lo hicieron presionados por los presupuestos.

P.- Pero a ustedes les acusan de manipular el 11-M basándose en las tesis expuestas por presuntos terroristas como Trashorras. Dicen que si tienen pruebas vayan a los tribunales, y les acusan de hacer seguidismo de la información que da EL MUNDO. No falta de nada...

R.- Rubalcaba utilizó el 11-M para ganar las elecciones y ahora lo utiliza para no perderlas. De ahí la descalificación, las acusaciones al PP por pedir algo no sólo tan normal sino tan obligatorio en democracia como es que se conozca la verdad. Por ejemplo, si el PP no lo hubiera denunciado, a lo mejor no habríamos conocido el caso Bono, en el que ha habido una sentencia condenatoria por detener a dos militantes del PP de manera ilegal, y además con falsificación documental. Lo ha dicho una sentencia, hay resolución judicial. O es democráticamente imprescindible conocer quién dio el chivatazo a ETA, porque eso es muy grave. Cualquier salud democrática que se precie necesita que se conozca y se establezcan las responsabilidades.

P.- Pero eso es una cosa, y otra que en el camino se lleven por delante a las instituciones. ¿Existe ese riesgo?

R.- No estoy dispuesto a aceptar de ninguna de las maneras la acusación falsa, la falsedad y la manipulación de que con esto se está desprestigiando a las instituciones y a los Cuerpos de Seguridad. Que no se equivoquen. Estamos exigiendo sólo responsabilidades a aquellos miembros de las Fuerzas de Seguridad -que no son todos, ni muchos, sino sólo dos o tres- que se van a la sede de Gobelas del PSOE a preparar sus estrategias parlamentarias y sus intervenciones en la Comisión de Investigación del 11-M.

P.- Permítame un inciso. ¿Usted siendo ministro del Interior fue consciente de que tenía miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que le eran desleales? Porque ahora son los mismos mandos...

R.- En absoluto. Yo siempre encontré un Cuerpo Nacional de Policía o una Guardia Civil de personas honestas, sacrificadas, y leales, que cumplían con su trabajo muy por encima de lo que se les pedía. Por eso, por ese buen nombre de cientos y cientos de hombres y mujeres que se levantan cada día para poner en riesgo su vida al servicio de los demás, es por lo que debe exigirse el cese inmediato de esos dos o tres que se han dedicado a usar su cargo para preparar estrategias de un partido político. Nosotros jamás politizamos a las fuerzas de seguridad, cosa que sí hace el PSOE con algunos de sus miembros, esos que reciben órdenes de un partido son los que deben ser apartados para no desprestigiar a la institución.

P.- ¿Qué credibilidad le dan ustedes a las declaraciones hechas por Trashorras o Lavandera? Porque, según el PSOE, ustedes están dando por buenas las afirmaciones de dos delincuentes.

R.- No ha habido nunca nadie del PP que haya hablado ni dando verosimilitud a las declaraciones de implicados en el proceso del 11-M ni tampoco que haya puesto en tela de juicio ni las instituciones, ni haya hablado de conspiraciones. Decir eso no es verdad. Lo que decimos es que tenemos derecho a que en el mayor atentado terrorista que ha sufrido España se conozca la verdad, y se investiguen todas las dudas y lagunas, que son muchas.

P.- Pues Rubalcaba sostiene que alguien desde fuera del Parlamento, refiriéndose a Pedro J. Ramírez, es quien le sopla al oído al PP la estrategia que tiene que seguir.

R.- Eso, simple y llanamente, no es verdad. Es rotundamente falso.

P.- ¿Y también es falsa la teoría de la conspiración que manejan los socialistas?

R.- Cada vez que el PSOE se equivoca recurre a la teoría de la conspiración. Que yo recuerde, la han utilizado en nueve ocasiones, cuando la corrupción del PSOE, cuando los GAL... Cada vez que el PSOE mete la pata se inventa una teoría de la conspiración, en la que implica a todos aquellos que le son molestos: periodistas, políticos e incluso a los suyos. Eso ya no cuela.

P.- ¿Cómo valora usted la información publicada por EL MUNDO, de que Interior falsificó un documento para ocultar al juez lazos entre ETA y los islamistas?

R.- Ese asunto es muy importante, y tiene que investigarse. Ya hay un procedimiento penal que se ha abierto, y por lo tanto determinará las responsabilidades. Y frente a eso el Gobierno utiliza viejas tácticas para desviar la atención. Lo hizo tiempo atrás, cuando en un piso se descubrieron unos polvos que habían servido para hacer explosivos, -como luego se demostró judicialmente-. Entonces intentó -como hace ahora- ridiculizarnos diciendo que eran polvos de jabón, y hablando del comando Dixan. Ahora hacen lo mismo, desviando la atención sobre las informaciones que se publican. Aquí lo grave es que se ha alterado un documento, porque si fuera un simple borrador no llevaría ni número de registro, ni las firmas de los peritos que han hecho el análisis y el estudio. Cualquiera que vea un documento con número de registro y firmas sabe que ése es un informe que debió ser trasladado íntegro al juez, y no mutilado.

P.- El 13 de marzo de 2004 Rubalcaba dijo textualmente aquello de «España no se merece un Gobierno que mienta», y da la sensación de que ahora ustedes le quieren hace probar su propia medicina, ¿no?

R.- Es verdad que ni España ni los españoles nos merecemos un Gobierno que mienta. Pero en la literalidad no quiero parecerme a Rubalcaba en nada, absolutamente en nada. La diferencia es que cuando él lo dijo no era verdad. En aquel momento había un Gobierno que decía la verdad, y ahora no.

P.- ¿Cuestionan la forma en que está instruyendo el juez Del Olmo?

R.- Nosotros no cuestionamos, lo único que pedimos es que en todos los ámbitos, en el parlamentario, en el judicial, en el del Ministerio del Interior, se lleve a cabo la investigación más rigurosa posible.

P.- Tal vez sea así, pero al PP se le acusa de no haber aceptado ni digerido la derrota electoral del 14-M. ¿Qué hay de cierto en esto?

R.- El resultado electoral no nos ha importado ni antes ni después, en relación al atentado del 11-M. Nos importa la verdad, la limpieza democrática, la transparencia, el prestigio de las instituciones, la libertad y las víctimas. Esto es lo único que nos importó antes y después del 11-M, cosa que no ha ocurrido con el PSOE.

P.- Oiga, ¿Piqué representa una minoría en su partido cuando dice que lo del 11-M hay que dejarlo atrás, o dice en voz alta lo que otros piensan y no se atreven a decir?

R.- En el PP no hay división ni por éste ni por ningún otro asunto. Hay una unidad de criterio en todos los temas fundamentales. Y Piqué piensa exactamente lo mismo que todos nosotros: que debe saberse la verdad del 11-M. No seré yo quien dé pábulo a esa estrategia del PSOE de intentar una fractura y una crisis en el PP que llevan buscando dos años y medio y no han encontrado.

P.- Cambiando de asunto. Menudo resoplón le ha dado la UE al Gobierno por el tema de la inmigración.

R.- Zapatero ha sufrido una auténtica moción de censura de nuestros socios europeos por su política de inmigración, por el proceso de papeles para todos y el efecto llamada que ha llevado aparejado. Si esto fuese una moción de censura sólo para Zapatero tendría una importancia relativa. Lo preocupante es la falta de credibilidad y confianza que en estos momentos inspira España, y el desprestigio y el aislamiento al que nos lleva la política del Gobierno. Zapatero está aislado en Europa, y nadie comparte su política de inmigración porque ha tenido unos resultados catastróficos, además de acarrear la tragedia humana que se está viendo en estos momentos, de miles de mujeres y hombres hacinados en centros de acogida, con tres niños atendidos por asfixia porque estaban con mil adultos. ¿Es tolerable esto en el siglo XXI en España?

P.- ¿Qué condiciones deben darse para que ustedes acepten un pacto?

R.- Hacen falta dos cosas. Lo primero es que el Gobierno diga claramente cuál va a ser su política, y no lo ha hecho. Y lo segundo, que no utilice un pacto con el PP como coartada, como salvavidas cuando se encuentran con el agua al cuello con el propósito de silenciar las críticas. Este es un asunto muy grave que hay que abordar con rigor. Y para eso hace falta un cambio profundo en la política del PSOE en todo lo que han hecho. Ha sido un error la regularización, su enfrentamiento con Europa, la distribución de competencias que ha hecho dentro del propio Gobierno y también el nombramiento de un ministro incompetente e ineficaz como Caldera para llevar el asunto.

P.- Tampoco parece que las cosas avancen en el llamado proceso de paz.

R.- Eso es así, aunque algunos lo quieran negar o llamarlo por otro nombre. Hemos escuchado al ministro de Justicia llamar a este terrorismo urbano violencia social, que ya es el colmo. El presidente dijo que primero la paz y luego la política, que cualquier contacto se haría en ausencia de violencia. Ése fue el compromiso que adquirió en el Parlamento, y una vez más ha mentido.

P.- ¿El PP está recibiendo información por parte del Gobierno?

R.- No, nada. A nosotros no nos cuenta nada de cómo va el proceso. En este tema tan importante se nos pide una vez más que aceptemos todo lo que haga el Gobierno sin rechistar. Es la ley del embudo y la mordaza. Tenemos que estar calladitos mientras Zapatero reparte los carnés de demócratas, que luego Rubalcaba firma.

P.- ¿Y cómo cree que están yendo las cosas en el proceso de paz?

R.- En estos momentos, como la inmensa mayoría de los ciudadanos o las víctimas, lo vemos con mucha preocupación, por el chantaje, la presión que está ejerciendo ETA-Batasuna sobre el Gobierno y la prepotencia con la que actúan. Nos preocupa que pronto puedan cumplir sus objetivos: la legalización de Batasuna y la mesa de partidos, como paso previo a la autodeterminación.

P.- ¿Aceptarían estas cuestiones?

R.- La legalización de Batasuna y la mesa de partidos serían un fracaso del Estado de Derecho, de toda nuestra democracia, que ni las víctimas ni los ciudadanos se merecen. Para que Batasuna pueda ser interlocutor de cualquier cosa, antes tiene que desaparecer el terrorismo. Yo no puedo sentarme con alguien que tiene la pistola encima de la mesa, que ha matado para sentarse en esa mesa, y que si no le doy lo que quiere va a seguir matando.

P.- Admita que el único margen de negociación que tiene el Gobierno son los presos, incluso ustedes hicieron algunos acercamientos.

R.- El paso es la desaparición de ETA y la violencia, y mientras tanto no se puede hacer ninguna concesión a ETA. El verdadero rostro de ETA es el de Iñaki Bilbao y el de todos esos que estamos viendo cómo se comportan en los juicios. Ésos no son, como decía Rubalcaba, casos psicóticos aislados. No es verdad. Los terroristas de ETA son todos así, son auténticas bestias.

Una Entrevista de Esther Esteban publicada por el diario EL MUNDO el domingo 24 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Seis meses de 'Alto el Fuego Permanente'

Por Narrador - 24 de Septiembre, 2006, 9:00, Categoría: - Tregua Etarra

Batasuna pide a ETA que no hable con el Gobierno si antes no los legaliza

MADRID.- La dirección de Batasuna le ha pedido a ETA que no dé un paso adelante con el Gobierno, que no se reúna con sus representantes, hasta que reciba las garantías por parte del Ejecutivo de que la formación va a ser legalizada o de que, en cualquier caso, va a poder actuar como si lo estuviera.

Las fuentes consultadas sostienen que los meses de octubre y noviembre van a ser fundamentales para establecer si el proceso tiene posibilidades de prosperar o se ve interrumpido.

Ésta es la información de la que disponen las Fuerzas de Seguridad del Estado, que han verificado de este modo, una vez más, la coordinación entre ETA y su brazo político, lo ficticio de la separación entre la vía política y la técnica, y la estrategia establecida por ambos para que el proceso se desarrolle conforme a sus expectativas.

Según las fuentes policiales consultadas por este periódico, los dirigentes de la banda terrorista, al menos hasta mediados del mes de julio, estaban dispuestos a seguir con el camino trazado hasta el momento.

Esto implicaba la legalización de Batasuna, previo paso por el Ministerio del Interior para formalizar su inscripción y tratar de cumplir las diferentes condiciones establecidas por la Ley de Partidos, para que, acto seguido, pudiese celebrarse la reunión entre los enviados del Gobierno y los terroristas.

Así se había establecido, y por ese motivo el pasado 29 de junio el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció que se iban a iniciar las negociaciones con la banda y que el Ejecutivo, a finales de septiembre, daría las pertinentes explicaciones a los grupos políticos representados en el Parlamento.

Sin embargo, fue la propia Batasuna, para sorpresa de los involucrados en el proceso de paz, la que se negó a que esos plazos se cumpliesen si no recibía la garantía de que los jueces no iban a perseguir judicialmente a sus miembros. Sus dirigentes no precisaron si necesariamente exigían la derogación de la Ley de Partidos o que se encontrase otra vía de salida distinta, y el mensaje fue tan pedestre como efectivo. «Que el Gobierno lo haga como quiera, pero que nos garantice la legalización y que los magistrados no van a actuar contra nosotros. Y ha de hacerse de manera pública porque no nos fiamos de los jueces», vinieron a asegurar los dirigentes de la formación ilegalizada. Y esta postura es la que bloqueó el proceso después de que la banda la aceptara como suya y la pusiera negro sobre blanco en un comunicado hecho público a mediados del mes de agosto, en el que se hacía referencia, una vez más, a los incumplimientos del Gobierno.

Tanto Batasuna como ETA habían asumido en las negociaciones previas indirectas con los enviados del Ejecutivo, que éste iba a lograr controlar a los aparatos del Estado y, por esta vía, las iniciativas que pudieran emprender los jueces. Y consideraron que estos «sobreentendidos» no se habían cumplido, y articularon sus formas de presión.

La dirección de Batasuna envió este mensaje a ETA después de semanas de discusiones internas, en las que una buena parte de sus bases dejaron constancia de su desacuerdo con una solicitud de legalización ajustada a la ley, una actitud que, si bien no era compartida por parte de la dirección en un principio, fue asumida por la Mesa Nacional como tal con posterioridad.

Una vez constatada la paralización del proceso en marcha, Arnaldo Otegi ofreció una salida a los socialistas: la firma de un preacuerdo para la mesa de partidos que orillase la necesidad de la legalización para su participación en ese foro, condición impuesta tanto por el PSE como por el PNV.

Ese preacuerdo estaba muy avanzado cuando Otegi realizó su propuesta y todavía lo está más en estos momentos.

Sin embargo, en todas las reuniones mantenidas con las bases, éstas siguen mostrándose reacias a darle un respiro al Gobierno. Lo estuvieron en la reunión mantenida por más de un centenar de personas en los cines Golem de Pamplona, que estuvo encabezada por Joseba Permach, coordinador de Batasuna. Y también en la que días después celebraron en Burlada, donde el propio Permach tuvo que moderar las intenciones de los sectores más radicales y en la que se decidió, según decía la nota repartida, poner en marcha una «dinámica popular denominada Autodeterminación para Euskal Herria, que recorrerá pueblo a pueblo todo nuestro país».

A pesar de lo negativo de las apariencias, a pesar de que los mandos de la Ertzaintza dicen tener sobradas razones para pedir a los suyos que se «aten los machos» porque puede que el alto el fuego no se prolongue mucho más allá que algunas semanas, el Gobierno sigue confiando en que el proceso está encauzado, hasta el punto de que algunos de sus miembros han venido mostrando su convicción -lo dijo el ministro de Justicia- de que ETA no va a volver a matar.

El Ejecutivo confía ahora en convencer a ETA y en encontrar el modo de que Batasuna asuma su posición sin vulnerar ninguna de las normas del Estado de Derecho.

Una información de Angeles Escriva publicada por el diario EL MUNDO el domingo 24 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El Ejecutivo informará a los grupos de la falta de avances en el proceso

MADRID.- El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tiene previsto contactar esta semana con los portavoces parlamentarios para decirles que no tiene nada nuevo que aportarles sobre el proceso de paz.

Fuentes autorizadas del Gobierno aseguran que el ministro contactará telefónicamente con los grupos o hablará durante el Pleno del Congreso, pero no está prevista una reunión formal con ellos.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a que Rubalcaba informara a finales de septiembre de la marcha del proceso, pero el atasco de éste ha modificado sus planes.

No ha habido todavía un contacto directo con ETA y la mesa de partidos sigue bloqueada. Según el Gobierno, el escollo es la resistencia de Batasuna a cumplir los requisitos para ser un partido legal.

«Tendrán que pasar por ventanilla», asegura una fuente oficial de La Moncloa para explicar que, sin legalización, no hay mesa de partidos con Batasuna, aunque eso bloquee el proceso.

El escollo tiene que ver con críticas internas a dirigentes de Batasuna como Arnaldo Otegi que, según algunos sectores abertzales, habrían corrido más de lo permitido por el resto de la organización ilegal.

No obstante, fuentes autorizadas del Ejecutivo niegan que haya habido ultimátums sobre el final del alto el fuego o que hayan detectado instrucciones a las bases para volver a la lucha armada. Es más, desde el Gobierno se mantiene cierto optimismo sobre lo irreversible del proceso, aunque no se haya avanzado.

Rubalcaba ya ha hablado de manera informal en las últimas semanas con varios portavoces parlamentarios y les ha informado de los escasos avances. Con Eduardo Zaplana, portavoz del PP, ha conversado en alguna ocasión recientemente, pero de forma más breve.

Las citadas fuentes niegan que los últimos episodios de kale borroka o violencia callejera tengan que ver con una presión al Gobierno en vísperas de los contactos. El Ejecutivo no oculta su preocupación, no obstante, por el hecho de que puedan pasar a mayores o que se llegue a un cierto descontrol de las bases.

En cuanto a los presos de la organización terrorista, el Gobierno insiste también en que no habrá acercamientos a cambio de nada y que sólo habrá movimientos penitenciarios si desde el otro lado se da también algún paso.

En este sentido, el Ejecutivo explica que la huelga de hambre de Ignacio de Juana Chaos forma parte de una actuación personal, al margen del colectivo de presos de ETA.

El problema vendría, en este caso, por el efecto simpatía entre militantes de la izquierda abertzale hacía el terrorista encarcelado.

En las cárceles, el Gobierno ha detectado relativa tranquilidad y apoyo al proceso de paz entre los internos etarras.

Una información de Fernando Garea publicada por el diario EL MUNDO el domingo 24 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El Gobierno da por irreversible el proceso de paz 

Las fuerzas políticas negocian en Euskadi un preacuerdo sobre la futura mesa de partidos

Madrid - El proceso de paz del País Vasco, iniciado con el alto el fuego de ETA del 22 de marzo de 2006, del que se cumplen seis meses este fin de semana, atraviesa por su peor momento desde su inicio, con el rebrote de la kale borroka (muy vinculado a la huelga de hambre del preso de ETA Iñaki de Juana) y la presión de Batasuna para que se constituya la mesa de partidos. Pero este proceso es, también, inédito respecto a sus precedentes de 1989 y de 1998-1999. En este caso, el Gobierno parte de la base de que el proceso de paz, aunque sometido a numerosos obstáculos, no tiene marcha atrás.

El rebrote de la violencia callejera se abordará en el primer y próximo encuentro entre el Gobierno y ETA. Para el Ejecutivo, que mantiene su hoja de ruta respecto a esta reunión, "la kale borroka es incompatible con el proceso de paz". ETA, en su declaración de alto el fuego permanente, se comprometió a cesar todo tipo de actividad violenta.

En cuanto a la mesa de partidos, cuya constitución exige Batasuna, las principales formaciones políticas vascas trabajan, desde hace un par de semanas, a través de contactos bilaterales y discretos, en la búsqueda de un preacuerdo sobre la metodología y funcionamiento de dicha mesa.

La mesa de partidos se constituirá oficialmente una vez que la izquierda abertzale sea legal. Batasuna reclama, desde julio, garantías a los socialistas sobre la constitución de dicha mesa ante el temor de que se la margine del proceso. Los socialistas y los demás partidos vascos han decidido dar esas garantías, pues la constitución de la mesa estaba prevista en sus planes como instrumento para la reforma del Estatuto.

Los partidos vascos y el Gobierno confían en que el proceso se encauce en las próximas semanas por ambas vías: la del Gobierno-ETA, con el cese de la kale borroka y la adopción de medidas penitenciarias, y la de los contactos entre los partidos para llegar al preacuerdo sobre la mesa.

Pero el Gobierno considera, sobre todo, y no sólo por la vía del análisis, de que ETA ha apostado estratégicamente por la irreversibilidad del proceso de paz. Esto no obsta para que el proceso no sufra tensiones surgidas, especialmente, desde sectores de Batasuna que no han entendido la oportunidad que el Gobierno ha ofrecido a ETA de un final digno por la vía del diálogo.

A estos sectores les falta la pedagogía de un proceso que tuvo una larga gestación en el ámbito de la dirección de Batasuna, con los contactos que mantuvo con el PSE desde 2002, primero. Y seguidos por las conversaciones indirectas del Gobierno con la dirección de ETA, en julio y noviembre de 2005. La discreción del proceso está acarreando un riesgo, el de su desconocimiento y la falta de visión de la realidad en sectores abertzales.

La larga etapa de conversaciones, previa al alto el fuego, dedicó, precisamente, mucho tiempo a analizar los fracasos de los procesos de paz anteriores: el de Argel, en 1989, protagonizado entre el Gobierno de Felipe González y ETA; y el de 1998-99, con el Pacto de Lizarra, de los partidos nacionalistas vascos, como motor, y las conversaciones del Gobierno de Aznar con la banda terrorista en Suiza como complemento.

ETA y la dirección de Batasuna concluyeron que el fracaso de Argel consistió en que, en esa ocasión, se mezclaron las negociaciones políticas con las de paz. De ahí surgió la separación de las dos mesas, asumida en este proceso de alto el fuego: la de paz, entre el Gobierno y ETA, y la política, entre los partidos vascos.

También asumieron que el fracaso de la tregua de 1998-99 radicó en que el acuerdo entre partidos nacionalistas, el Pacto de Lizarra, motor del proceso, había marginado a las formaciones no nacionalistas. De ahí que la mesa de partidos, que decidirá el futuro político del País Vasco, con la reforma del Estatuto, será plural.

Junto a ello, como trasfondo, está la reflexión interna de ETA, con la asunción de que la izquierda abertzale asuma el protagonismo del proceso político y el paralelo abandono de la violencia, tras su debilidad operativa, el protagonismo del terrorismo internacional, el abandono del IRA y el rechazo social a la violencia en el País Vasco.

El resultado de esa reflexión de ETA son tres años y cuatro meses sin atentados mortales y más de seis meses sin atentados con explosivos, con una declaración permanente de alto el fuego. Un gran contraste con los procesos anteriores, en que el alto el fuego de ETA estuvo precedido de una fuerte campaña de atentados, como acumulación de fuerzas, previa a la negociación.

A su vez, en este proceso, Batasuna ha tomado un protagonismo del que careció en los anteriores, como preludio del papel político que asumirá la izquierda abertzale cuando ETA desaparezca.

Los principales protagonistas y conocedores del proceso son quienes más creen en que es irreversible, en la medida de que están convencidos en que ya tiene un largo e importante recorrido. Precisamente, los conflictos han surgido, sobre todo, con la mesa de partidos, la parte del proceso no desarrollada por los representantes enviados por el Gobierno, en sus conversaciones con ETA, al ser competencia de los partidos.

El proceso ha mostrado, también, en estos seis meses, otra garantía añadida en la solidez de las relaciones del jefe del Gobierno con el líder del PNV, Josu Jon Imaz. No sucedió en los procesos anteriores, donde el PNV se mostró crítico con el Gobierno, en 1989 y en 1998.

También el Gobierno ha aprendido de procesos anteriores y no dará ningún paso -por ejemplo, en política penitenciaria- hasta conocer la actitud de ETA en su próximo encuentro. Ha tolerado gestos políticos, como la reunión del secretario general del PSE, Patxi López, con el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, que supuso su reconocimiento como interlocutor de una organización ilegal.

El proceso presenta, también, rasgos inéditos en su faceta negativa, como el rechazo del Partido Popular, aunque funciona un cauce discreto de comunicación con su líder. Pero, a la par, la implicación de la UE es mayor a la de procesos anteriores.

Una información de L. R. Aizpeolea publicada por el diario EL PAIS el domingo 24 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Seis meses del mal llamado 'Proceso de paz': Editoriales

Por Narrador - 24 de Septiembre, 2006, 8:30, Categoría: - Tregua Etarra

“ETA redobla su chantaje” (Editorial de EL MUNDO)

El ataque contra la libertad de expresión plasmado en el sabotaje a una emisora de Onda Cero en Pamplona, los actos violentos contra un juzgado de paz en Markina (Vizcaya), la quema de contenedores en Bilbao... Claramente no estamos ante hechos aislados ni casuales, sino ante una estrategia de ETA para presionar al Gobierno.

Este recrudecimiento de la violencia callejera en el País Vasco y en Navarra coincide en el tiempo con el anuncio de la banda terrorista de que el denominado proceso de paz ha entrado en un momento crítico. En apenas cuatro semanas la cifra de altercados se ha duplicado, sin duda para empujar al Gobierno a admitir sus exigencias. Hoy conocemos cuál es una de ellas: la legalización inmediata de Batasuna. La formación abertzale pretende que sus dirigentes puedan involucrarse en la actividad política y también en las negociaciones de paz sin correr el riesgo de ser perseguidos por la Justicia.

Batasuna no acaba de fiarse del Estado, pese a que ha salido airosa de sus últimos desafíos a la Justicia, ya fuera convocando manifestaciones o participando en actos políticos, pese a tenerlo expresamente prohibido.

Se le plantea la paradoja al Gobierno de que, mientras es víctima en este proceso de la evidencia de que ETA y Batasuna son la misma cosa, debe poner a salvo de la Justicia a una parte del entramado terrorista si quiere mantener viva la tregua.

Quizás envalentonados por la tibia respuesta del Gobierno a episodios como los de la kale borroka -aún están vivas las palabras del portavoz, Moraleda, asegurando que Batasuna camina «por el camino que todos queremos»- o tal vez porque entienden que el tiempo -con elecciones municipales y autonómicas a menos de un año- juega a su favor, los violentos vuelven a lanzar un órdago a Zapatero.

El cese de la violencia no puede conseguirse a cualquier precio. Pese a las mayores o menores dosis de esperanza que la sociedad española haya podido poner en esta tregua, al presidente no le debe temblar el pulso y ha de tener la valentía de interrumpir el proceso si los chantajes no cesan.

Si se va a anteponer la paz a la política, como se anunció desde el Ejecutivo, habrá que empezar a considerar que el terrorismo de baja intensidad que ha vuelto a la calle no permite seguir estableciendo un diálogo en igualdad de condiciones.

Aunque no podemos dejar de valorar lo positivo de la ausencia de asesinatos, desde un prisma moral no hay demasiada diferencia entre negociar con pistolas en la mesa o que en su lugar se pongan cócteles molotov.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el domingo 24 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Las víctimas siguen ahí (Editorial de ABC)

La crispación política actual en torno al 11-M y el proceso de negociación con ETA ha desplazado la prioridad que deben ocupar las víctimas del terrorismo en las agendas del Gobierno, de la sociedad y de los partidos políticos. Siendo escenarios con evidentes diferencias entre sí, la investigación judicial de los atentados del 11-M y el proceso de diálogo con los etarras abierto por Rodríguez Zapatero, al compás de una tregua de palabra, que no de hechos, están situados en medio del debate social con unas claves en las que las víctimas de los sicarios de la yihad islámica y de los carniceros de ETA han perdido el protagonismo que les corresponde para cedérselo a planteamientos políticos y mediáticos que nunca deberían haberse encaramado a las cimas de la opinión pública.

Sin las víctimas por medio, o pretendidamente neutralizadas por su asociación a la política antiterrorista del PP, resulta más fácil manejar el fin de ETA con voluntarismo partidista, porque así se le despoja de todo rastro de justicia y de ética, al suprimir a golpes de discurso «buenista» la maldad intrínseca del terrorismo. Similar rechazo merece la preterición de las víctimas del 11-M por una polémica espuria, iniciada en la misma noche del 13 de marzo de 2004 por una izquierda antidemocrática y alimentada desde entonces por acción y por omisión desde todas las posiciones políticas y desde determinados medios de comunicación. Polémica que lleva camino de solaparse al único ámbito en el que las víctimas pueden encontrar verdad, justicia y reparación, que es el judicial. Negando anticipadamente todo crédito a jueces y fiscales, lanzando sobre Policía y Guardia Civil toda suerte de insidias, descartando que el Estado de Derecho esté en condiciones de hacer Justicia, ¿qué les queda a las víctimas de aquellos terribles atentados de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia?

Al terrorismo se le debe combatir implacablemente, pero no manipular con fines políticos ni de otra naturaleza, porque esta adulteración de la actividad política o periodística acaba debilitando éticamente a la sociedad y alterando la jerarquía de valores en la lucha antiterroristas. Y ahí siguen las víctimas del terror, como el primer valor que debe tener presente una democracia para distinguir correctamente a sus enemigos, no desfallecer en su castigo y no aceptar que la justicia legal que debe aplicarse a los terroristas quede trocada por indignos procesos de «paz» o por juicios paralelos organizados por acusadores o defensores oportunistas.

Editorial publicado por el diario ABC el domingo 24 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“A los seis meses” (Editorial de EL PAIS)

Transcurrido medio año desde el inicio del alto el fuego permanente de ETA, es esa permanencia la que parece estar en el aire, pese al optimismo del Gobierno, que considera que la decisión de abandono de las armas es irreversible. Las noticias contradictorias de los últimos días son un reflejo de las ambigüedades de un proceso que parte de interpretaciones diferentes de su significado: proceso pactado de paz, para el Gobierno; de cambio del marco político, para ETA y Batasuna.

Como ilustra el caso irlandés, una cierta ambigüedad suele ser componente inevitable del arranque de este tipo de iniciativas; pero a medida que se ha ido acercando el momento de adoptar decisiones comprometidas, los equívocos han quedado al descubierto. A fin de evitar vacíos peligrosos, el Gobierno ha tratado de acelerar un acuerdo con ETA que oficializara el carácter irreversible de su abandono de la violencia, paso previo para cualquier otro movimiento, según la resolución del Congreso; pero ETA ha interpretado esa voluntad como un intento de atrasar indefinidamente la negociación política (la Mesa de partidos), y ambas cosas han llevado a un aparente bloqueo.

Al mismo tiempo, Batasuna, al parecer presionada por unas bases que se habían creído al pie de la letra el discurso triunfalista de sus líderes, parece haber dado marcha atrás en su disposición a presentar unos nuevos estatutos, de acuerdo con la Ley de Partidos, para recobrar la legalidad. En las últimas semanas, ambas cuestiones, la exigencia de ETA sobre la mesa de partidos y la de la legalización, han convergido en una: Batasuna plantea que se reúna ya (o se acuerde reunir) una mesa "sin exclusiones", es decir, con su presencia en ella: sería una forma de legalización de hecho a través de su reconocimiento como interlocutor aceptado por los demás partidos. La convocatoria de ese foro sin la previa comprobación de que la retirada de ETA es definitiva sería el trofeo de Batasuna ante sus bases: la demostración de que había quebrado la lógica de la resolución del Congreso e impuesto su concepción del proceso.

Batasuna lleva semanas transmitiendo (en sus contactos con otros partidos y en declaraciones públicas) dos mensajes: que ellos ya han cumplido al conseguir el alto el fuego permanente, mientras que la otra parte se ha instalado en el inmovilismo: ni fin de las detenciones, ni paralización de los juicios, ni legalización, ni mesa de partidos; y que si esto no cambia, ETA podría replantearse el alto el fuego. Aparte de que son dos mensajes contradictorios, es falso que el Gobierno y el PSOE no hayan realizado concesiones: Zapatero dio por verificado el alto el fuego pese a las cartas de extorsión, y aceptó respetar la decisión de los vascos, si bien en el marco de la legalidad; y Patxi López se entrevistó con Otegi, a modo de reconocimiento de una Batasuna ilegal como interlocutor necesario.

La amenaza del último comunicado de ETA y la negativa de Batasuna a seguir la vía de la Ley de partidos suponen un paso atrás respecto a lo que parecía establecido: que una Batasuna refundada y respetuosa con las reglas de juego asumía todo el protagonismo político (en la linea del discurso de Otegi en Anoeta), y que ETA se limitaba a pactar los términos de su retirada.

No puede haber una negociación política tutelada por una banda armada, y de ahí que en los últimos días se haya planteado la cuestión de si en estas condiciones (en pleno rebrote de la violencia callejera) era posible mantener el encuentro con ETA anunciado por Zapatero. La posición del Gobierno parece ser la de que el propio encuentro permitirá clarificar la posición de ETA y desbloquear el proceso. Y ello porque cree contar con datos de que ETA no tiene alternativa al abandono pactado de las armas, y de que la decisión de no volver a matar ya está tomada, aunque no la de su autodisolución. Sólo el tiempo demostrará el fundamento de esa convicción, aunque es cierto que sectores nacionalistas llevan meses sosteniendo lo mismo y añadiendo que una decisión rupturista de ETA no sería hoy seguida sin rechistar (como en el pasado) por una Batasuna que se vería condenada a la ilegalidad permanente. Sea o no así, es cierto que en estos seis meses no ha habido atentados personales y tampoco contra bienes de empresarios sometidos a extorsión, como los registrados en vísperas del alto el fuego. Y que cada día que pasa sin atentados es más improbable su regreso, una vez que se ha instalado en la sociedad vasca la idea de que el ciclo de la violencia ha terminado.

Para deslegitimar las pretensiones impositivas que todavía separan el alto el fuego de la disolución de ETA es decisivo ahora el papel del nacionalismo democrático. El PNV de Imaz viene manteniendo que primero es la paz y luego la negociación política, y que el acuerdo que resulte tendrá que ser inclusivo de la pluralidad vasca. Postura bien diferente de la defendida hace dos días por Ibarretxe en el debate sobre política general: volvió a mezclar confusamente paz con aceptación de su programa soberanista y a plantear extrañas propuestas que eximan a Batasuna de acatar la legalidad como los demás partidos.

Editorial publicado por el diario EL PAIS el domingo 24 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Investigación contra los peritos e impunidad para los falsificadores (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 24 de Septiembre, 2006, 8:15, Categoría: 11-M

Cualquiera que se asomara el jueves a la portada de EL MUNDO pudo intuir que la extrema gravedad de los hechos que en ella se relataban iba a originar una cascada de interrogatorios en la trastienda del Ministerio del Interior. Lo que quizá los más cándidos no pensaron es que el dedo acusador no iba a apuntar a quienes habían perpetrado la falsificación sino justo contra quienes la habían denunciado.

Uno de nuestros competidores desvelaba ayer sin rubor que el comisario general de la Policía Científica, Miguel Angel Santano, había abierto una investigación con un doble objetivo: revisar la labor de los tres peritos que firmaron el primer -y verdadero- informe y averiguar quién se lo filtró a la prensa. De este modo, en vez de indagar en los autores y en los motivos de la falsificación, la cúpula de Interior trata de desacreditar a sus víctimas y de amedrentar a todos aquellos agentes que conozcan otros datos sobre la manipulación de la investigación del 11-M.

Esta iniciativa no es más que un nuevo episodio de la campaña de desprestigio que desde el jueves sufren unos peritos cuyo único delito ha sido cumplir con la petición de sus superiores. ¿Por qué Rubalcaba y sus colaboradores no investigan a quien se prestó a firmar al día siguiente un informe mutilado y sí en cambio a quien se limitó a hacer bien su trabajo? ¿Acaso porque saben perfectamente quién y por qué le dio la orden de hacerlo?

Lo que en todo momento soslaya la ofensiva policial y mediática contra los peritos es que se circunscribieron a hacer lo que demandaba el juez, elaborando un informe policial y científicamente intachable. Aun cuando sus jefes hubieran considerado que su hipótesis sobre la relación entre Haski y ETA era una mera «elucubración» y les hubieran pedido que la suprimieran, en ningún caso deberían haberle ocultado al juez que los dos precedentes de incautación de ácido bórico estaban relacionados con ETA. Eso eran simplemente hechos.

Muchas de las insidias que se han arrojado estos días contra los agentes se han centrado precisamente en la supuesta inocuidad del ácido bórico. Es muy similar a lo que hicieron los diputados socialistas llamando comando Dixan a aquéllos para los que el fiscal pide hoy 142 años de cárcel. No vamos a caer en la trampa de desviar la atención de la naturaleza de la manipulación, que es aquí lo esencial, pero cualquiera que lea el artículo que hoy publicamos sobre los usos de esta sustancia -que incluyen enmascarar el olor de los explosivos o conservar los materiales orgánicos que los componen- percibirá la frivolidad de quienes lo han degradado estos días a la condición de insecticida.

A la luz de las zancadillas y falsedades que se han desencadenado en su ministerio a raíz de lo que reveló EL MUNDO, no es de extrañar que sean cada vez más los ciudadanos que piensen, con Angel Acebes, no sólo que «Rubalcaba utilizó el 11-M para ganar las elecciones» sino que «ahora lo utiliza para intentar no perderlas».

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el domingo 24 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Interior investiga a los peritos pero no a los falsificadores

Por Narrador - 24 de Septiembre, 2006, 8:00, Categoría: 11-M

Abre un informe reservado sobre la actuación de los tres expertos, que estará dirigido por un compañero del comisario Santano

MADRID.- El Ministerio dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba ha ordenado que se abra un «informe reservado» a los tres peritos que elaboraron el primer informe de la Policía Científica en el que se apuntan posibles relaciones entre la organización terrorista ETA y los atentados del 11-M, pero no a los falsificadores del segundo informe.

Este informe reservado, habitualmente, es el paso previo para incoar un expediente disciplinario al funcionario que se le ha abierto.

Según informó ayer el diario Abc, un comisario principal es el que ha sido designado para instruir esta investigación que, según este diario, tiene un doble objetivo: determinar la actuación profesional de estos tres peritos y averiguar quién filtró el informe, archivado desde marzo de 2005.

Es decir, el Ministerio del Interior va a analizar de nuevo el informe que los tres peritos de la Policía Científica elaboraron sobre el material intervenido en Lanzarote a Hasan Haski, presuntamente implicado en la masacre de Madrid. Pero el Departamento de Pérez Rubalcaba no va a investigar a los que realizaron el segundo informe, el que remitieron finalmente al juez Del Olmo y que supone una manipulación de los documentos elaborados por los tres peritos.

En el informe elaborado por los tres peritos se indicaba que el ácido bórico localizado en la vivienda de Haski había sido localizado también en un piso utilizado por un comando de ETA en Salamanca y también en poder de un anarquista simpatizante de esa organización terrorista.

Los peritos, en el informe original, además de aportar los datos objetivos de esas localizaciones, apuntaban la posibilidad de que ese material pudiera tener relación con artefactos explosivos. «Dado lo poco frecuente en que esta sustancia ha sido intervenida en hechos terroristas y a que nosotros ignoramos su verdadera aplicación en relación con estos hechos, existen varias posibilidades, tales como: conservante de los explosivos de tipo orgánico, enmascarar el explosivo para no ser detectado por los perros especialistas en detección de explosivos, etc... nos lleva a la posibilidad de que el autor/autores de estos hechos estén relacionados entre sí y/o hayan tenido un mismo tipo de formación y/o sean el/los mismo/s autor/es».

En el informe que finalmente se remitió al juez Del Olmo, no sólo se eliminó esta última parte sino también todos y cada uno de los puntos donde los peritos informaban de forma aséptica dónde había sido localizado ácido bórico en otras actuaciones policiales.

Tras la publicación de EL MUNDO, el ministro del Interior ordenó a la Comisaría General de Policía Científica, dirigida por Miguel Angel Santano, elaborar un informe para contestar a las informaciones de este periódico. Y Santano, tras negar cualquier tipo de manipulación o falsificación documental, aseguró por escrito que el informe elaborado y firmado por tres peritos con dilatada experiencia y con un número de registro era un «borrador» con «elucubraciones subjetivas».

Asumió en el escrito que la responsabilidad de la elaboración del informe final, firmado por Francisco Ramírez, era suya. Asimismo, se echaba a la espalda toda la responsabilidad de este caso al asegurar que no había notificado nada de lo que se realizó sobre estos documentos ni al actual ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ni al anterior, José Antonio Alonso, quien estaba al frente del Ministerio del Interior cuando se produjo la alteración del informe elaborado por los tres especialistas policiales. En el documento ordenado por Interior no se informa de la apertura de ninguna investigación interna ni mucho menos de un «informe reservado» contra los peritos. Es el propio Santano quien, en declaraciones al diario anteriormente citado, explica la apertura de estas investigaciones. Según fuentes policiales, este tipo de informe, en la mayoría de los casos, finaliza en un expediente disciplinario contra el funcionario al que se pone en el punto de mira.

Además, estas fuentes interpretan que el comisario principal encargado de elaborar este informe reservado (con la misma graduación que Santano) revisará el documento técnico firmado por los tres peritos. Interior intentará, a través de este informe, desacreditar la labor profesional de estos técnicos.

Pero, además, estas fuentes advierten de que Interior está tratando por todos los medios de identificar al responsable de que los dos escritos que publicó EL MUNDO el pasado jueves acabaron en manos del periódico. Su intención es muy clara: abrirle un expediente disciplinario por falta muy grave, lo que podría conllevar su expulsión del Cuerpo. Estas fuentes también interpretan que el ministro del Interior trata de sembrar el temor entre todos aquellos que duden de la versión oficial del 11-M y proporcionen cualquier material a los medios de comunicación

Una información publicada por el diario EL MUNDO el domingo 24 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El pesebre de «Nunca Máis»

Por Narrador - 24 de Septiembre, 2006, 8:00, Categoría: Galicia

SANTIAGO. El 22 de mayo de 2005, el colectivo «Burla Negra», vinculado a la plataforma «Nunca Máis», presentó en Santiago el documental «Hai que botalos», compuesto por 25 cortometrajes y que pretendía «mostrar una visión crítica de la situación política, social, cultural y económica de Galicia», si bien su fin último era animar al electorado a no votar al PP en las elecciones autonómicas del 19 de junio. El proyecto seguía el mismo patrón que el film «Hay motivo», promovido por sectores culturales afines al PSOE en la precampaña de las generales de 2004 con la intención de menoscabar la imagen de los ocho años del Gobierno de Aznar.

En el caso de «Hai que botalos» -cuya página web, desde la que podía descargarse el documental, ya no está activa-, la Xunta de Galicia llegó a plantear a sus servicios jurídicos si el documental era injurioso hacia la figura del entonces presidente Manuel Fraga. «Es morralla y porquería», denunció tras visionarlo el también candidato del PP a la reelección, «y a quien lo vea le va a dar asco». En uno de los cortometrajes se imitaba al propio Fraga y se recordaba su pasado franquista; en otro se sucedían insultos en gallego hacia los dieciséis años de gobierno popular, y en tres de ellos se justificaban las actuaciones del colectivo «Nunca Máis» durante la crisis del «Prestige».

Pues bien, tras el cambio de gobierno en la Xunta de Galicia, cerca de cuarenta de los participantes en «Hai que botalos», muchos de ellos a su vez integrantes de «Burla Negra» y «Nunca Máis», reciben ayudas de la Administración autonómica o trabajan para distintos departamentos de la misma.

De monologuista político a la TVG

El caso más claro es el del actor Carlos Blanco, participante como monologuista en diversos actos electorales del PSOE y el BNG, e intérprete en el cortometraje «O Derradeiro», dentro de «Hai que botalos». En una entrevista en julio de 2005 explicaba que «han sido muchos años de lucha, no tanto contra Fraga, sino contra una Galicia a superar, la del enchufismo». El pasado 9 de junio, Blanco presentaba su nuevo programa en la TVG, «Somos unha potenzia». Este 2006, Blanco ha participado también en las películas «O partido» y «Hotel Tívoli», ambas producidas por la Televisión de Galicia y subvencionadas por la Consellería de Cultura de la Xunta. También apareció en «Cargo», otra cinta producida por el ente público autonómico.

El otro actor gallego más identificado con los movimientos opositores al anterior gobierno popular es Luis Tosar. Integrante de las listas del BNG al Parlamento Europeo en 2004, fue voz en «off» de otro de los cortometrajes. En 2006 ha prestado su voz a la campaña audiovisual de Turgalicia, organismo dependiente de la Consellería de Industria, controlada por el Bloque. Además de participar en «Hotel Tívoli», formó parte de la película «Galatasaray-Depor», coproducida por la TVG.

Del campo de las letras gallegas proceden Suso de Toro y Manuel Rivas, guionistas de los cortos «Non hai palabras» y el controvertido biopic de Manuel Fraga, respectivamente. De Toro, inspirador de Zapatero, se ha convertido en tertuliano habitual de la Radio Galega, una emisora cuyo director de programas es Xurxo Souto, que fue uno de los portavoces de «Nunca Máis», y cuya labor ha sido duramente cuestionada durante la ola de incendios que asoló Galicia este verano. Rivas, por su parte, vio cómo su obra «O Héroe» era subvencionada por la Xunta de Galicia e incluida en los circuitos culturales de la Consellería del ramo y el Instituto Galego de Artes Escénicas.

Junto a Carlos Blanco en el corto «O Derradeiro» actuaba Paco Lodeiro, intérprete que en la actualidad presenta en la TVG los programas «Cifras y letras» y «Terceira rede». Del celuloide a la televisión autonómica saltó también la actriz Iria Piñeiro, participante de otro documental de «Hai que botalos» y que este verano ha presentado en el canal autonómico el espacio vespertino «Supermáster».

Intérpretes de «Hai que botalos» como Evaristo Calvo, Miguel de Lira, Patricia de Lorenzo o Marcos «Petete» han encontrado un hueco en la serie «Pepe O Inglés», también emitida por la TVG con discretos resultados de audiencia. Paula Carballeira combina su participación en la referida serie con la dirección e interpretación de «A cabana de Babaiagá», una producción para el público infantil del Centro Dramático Galego, dependiente de una Consellería de Cultura que subvencionó con 27.600 euros a la compañía «Berrobambán», a la que pertenece junto a Anabel Gago, Chiqui Pereira y Teresa Rodríguez. Las cuatro, a su vez, aparecieron en el cortometraje crítico «Untos».

En este documental, que relataba las «guerras internas del PP», también fue parte activa Lorena Conde, productora en la actualidad del espectáculo «Circo-Lar», dentro del circuito «A Cultura Circula» - financiado por la Vicepresidencia de la Xunta y las Consellerías de Cultura e Industria, tres departamentos gobernados por el nacionalismo gallego-, en el que también se han incluido obras de Xesús Ron y Pela del Álamo, actores protagonistas de otro de los cortometrajes.

La Consellería paga

A sueldo de la Consellería de Cultura está también la actriz Nazaret López -guionista de la pieza «Me lo dijo Pérez»-, que presenta los actos de «O ano da memoria», organizados por este departamento. De Cultura depende también el Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC), donde se han proyectado vídeos de Juan Lesta, autor de un corto sobre la «manipulación informativa durante el «Prestige»». El músico Boy Elliot, responsable de la banda sonora del corto «¿Nunca Máis», ha participado en giras financiadas por la Consellería, caso parecido al del grupo de hip-hop «Dios ke te crew», que puso ritmo a una de las piezas del proyecto y ha participado recientemente en el festival «A Mocidade coa Lingua», subvencionado por la Vicepresidencia.

El programa «Onda Curta» de la TVG recoge, igualmente, a diversos integrantes del movimiento intelectual contra el anterior gobierno de Manuel Fraga. Su presentador, «Juanillo» Esteban, fue activo militante de los actos públicos de la plataforma «Nunca Máis». En su programa se han emitido cortometrajes de Cesar Martínez Goldi, participante a su vez en dos de los documentales de «Hai que botalos»: uno sobre el «despilfarro de las ayudas europeas» en la etapa de Fraga y otro acerca del «acarreo» de votos en el rural.

Así hasta superar la treintena de nombres y apellidos que, tras colgar la pancarta con el cambio de color político en San Caetano, se manifestaron el pasado agosto en Santiago no para exigir la depuración de responsabilidades en la Xunta por el «agosto negro» que calcinó más de 80.000 hectáreas entre el 4 y el 14 de dicho mes, sino para responsabilizar sin reparos a la anterior política del PP de la catástrofe incendiaria y defender la gestión de la actual Administración. PSOE y BNG duermen tranquilos. Saben que contra ellos no filmarán otro «Hai que botalos».

Una información de Jose Luis Jiménez publicada por el diario ABC el domingo 24 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.