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ABC y EL PAIS continúan su campaña de desprestigio contra EL MUNDO

Por Narrador - 17 de Septiembre, 2006, 9:30, Categoría: 11-M


Un «hombre clave» en la «teoría de la conspiración» del 11-M fingió un atentado

Las Fuerzas de Seguridad aseguran que nunca se colocó una bolsa con explosivos en el portal de su casa

GIJÓN/MADRID. Nuevo fiasco para la «teoría de la conspiración». La Policía y la Guardia Civil concluyen que el tiroteo que Francisco Javier Lavandera Villazón -para el periódico «El Mundo», «testigo clave» en la trama asturiana de los atentados del 11-M- denunció haber sufrido nunca se produjo y que la presunta bomba que encontró en el portal de su casa no fue otra cosa que una bolsa con «envoltorios de galletas».

Hace unos días se conoció la transcripción de una conversación del ex minero Emilio Suárez Trashorras en la cárcel, en la que el procesado por los atentados del 11-M señalaba a sus padres que «mientras «El Mundo» pague, les cuento la Guerra Civil». Esa transcripción y ahora los informes de la Policía y la Guardia Civil desacreditan por completo a Trashorras y Lavandera, los dos pilares en los que «El Mundo» ha montado su «teoría de la conspiración».

Precisamente, «El Mundo» publicó hace unos días un adelanto del libro «A tumba abierta», una biografía escrita por el periodista Fernando Múgica y editada por «La esfera de los libros», que recoge las vivencias de Lavandera en su trabajo en la mina, como mercenario en África o portero en clubes de alterne.

«No factible»

El pasado 5 de julio, a las siete de la tarde, Francisco Javier Lavandera Villazón se presentó ante la Guardia Civil de Gijón para denunciar que había sido objeto de varios disparos por parte de una persona desconocida. Detrás del suceso estarían, según su última versión, las polémicas declaraciones realizadas por él y vinculadas a los atentados del 11 de marzo.

La investigación policial, sin embargo, rechaza estas tesis. Tal y como recogen dos informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional a los que ha tenido acceso «El Comercio» de Gijón, las pruebas de huellas y balística practicadas en el lugar del suceso demuestran la existencia de «diversas contradicciones» que hacen que su relato sobre los hechos «presente incompatibilidades insalvables, no siendo factible». Los informes indican, además, que la denuncia del testigo del 11-M sobre el hallazgo de una bolsa con un artefacto explosivo en el portal de su casa no es cierta, dado que la intervención policial sólo detectó una bolsa de basura «con azucarillos y envoltorios de galletas».

Lavandera, supuesto «testigo clave» de la trama asturiana del 11-M tras haber denunciando con antelación a los atentados la existencia de una red de venta de dinamita en el Principado, denunció a principios de verano un intento de atentado en el que una persona le había disparado en varias ocasiones cuando se dirigía a su casa del monte Deva, en Gijón. En su testimonio ante las fuerzas de seguridad, Lavandera declaró que había realizado una maniobra evasiva para huir de su agresor, efectuando además varios disparos contra el mismo.

Sin embargo, los informes elaborados por la Guardia Civil y la Policía Nacional, que en ambos casos ya han sido remitidos al Ministerio del Interior, apuntan a que los detalles del relato de Lavandera no tienen base real o, directamente, son falsos.

Tal y como se recoge en las pesquisas de las Fuerzas de Seguridad, la primera declaración efectuada por Lavandera «no aporta dato alguno que facilite la investigación», proporcionando por el contrario otros «que inducen a sospecha». Es el caso, dice el documento, de su respuesta a la pregunta de si había hecho uso de algún arma. A dicha pregunta «manifiesta que el día anterior había dado muerte a un pollo usando una escopeta, motivo por el que podría tener restos de pólvora» en el cuerpo o la ropa.

Análisis de balística

En cuanto a las pesquisas efectuadas por los agentes en el lugar de los hechos, las conclusiones también tienden a poner en duda de forma contundente el relato del testigo. Es el caso del informe técnico elaborado por el equipo de atestados de la Guardia Civil de Tráfico del Destacamento de Gijón, a partir del relato de Lavandera sobre las maniobras efectuadas y de las huellas dejadas sobre el terreno. La reflexión es clara. Existen, puntualiza el documento, «diversas contradicciones entre la declaración sobre la maniobra y las huellas dejadas».

La inspección de la zona por parte de los técnicos -que sí hallaron tres impactos «al parecer de bala» en el vehículo de Lavandera- concluyó con el hallazgo de fragmentos metálicos «presumiblemente pertenecientes a un proyectil» y de astillas de vidrio, pero nada más. Se realizaron inspecciones, prosigue el informe, en busca de munición, indicios, pruebas, vestigios o testigos, «todo ello con resultado negativo».

A partir de ahí, el análisis del Departamento de Balística y Trazas Instrumentales de la Guardia Civil arroja un resumen argumentado. «A la vista de la reconstrucción en 3D de los hechos y planteada como hipótesis cierta la sucesión de hechos narrada por Lavandera, presenta incompatibilidades insalvables, no siendo factible».

Posible apertura de expediente

Los informes de las Fuerzas de Seguridad vienen además a desmentir otra de las aseveraciones de Lavandera, que afirmó que tras la muerte de su mujer halló en su portal una bolsa que contenía un artefacto explosivo. La intervención policial, por contra, «comprobó que era tan sólo una bolsa de basura con azucarillos y envoltorios de galletas». El conjunto de las investigaciones continúa abierto de forma que no se descarta la posibilidad de que puedan abrirse resoluciones administrativas o de otro orden contra Lavandera.

El nombre de ese testigo protegido saltó a los medios de comunicación -a través de «El Mundo»- ocho meses después del 11-M. En una cinta magnetofónica, encontrada casualmente en el cuartelillo de la Guardia Civil de la localidad asturiana de Cancienes, se escuchaba su voz con claridad. Su interlocutor era un agente de Información de la Benemérita -Jesús Campillo- que, al parecer, le había grabado la conversación sin que él se diera cuenta. En la cinta, Lavandera advertía supuestamente a las autoridades de que «Antonio Toro y sus amigos buscaban a alguien que supiera fabricar detonadores para bombas con teléfonos móviles».

Su relato de los hechos «presenta incompatibilidades insalvables, no siendo factible»

Un texto de Andrés Suárez Gijón publicado en el diario ABC el domingo 17 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Un testigo protegido en el escaparate

GIJÓN. De la noche a la mañana se ha convertido en un personaje público. Aquel hombre enigmático cuya única imagen conocida le presentaba con una serpiente al cuello forma parte del pasado. El testigo protegido sin nombre, pero con la voz registrada en la grabadora de un guardia civil, que pasó de ser confidente a informante y de «Lavandero» a Lavandera, fue adquiriendo poco a poco una identidad pública. Pasó de vigilante jurado amante de los ofidios, a denunciar la existencia de un entramado de venta ilegal de dinamita en Asturias y, después, a perder a su mujer en un ahogamiento difícil de entender en la playa de San Lorenzo y a plena luz del día.

Hoy esa situación ha cambiado. Francisco Javier Lavandera Villazón revela en un libro titulado «A tumba abierta», de la editorial La Esfera de los Libros, y destinado a adquirir gran difusión, numerosos detalles de su biografía, muestra fotografías de sus familiares más cercanos y reconoce su tendencia a «fantasear». Ahora su aparición en la prensa es cotidiana. Asegura que actúa de ese modo porque quiere «contarlo todo antes de que me maten». La Policía afirma que incurre en contradicciones cuando denuncia a quienes le amenazan. En sus distintas declaraciones ha acusado indistintamente a las Fuerzas de Seguridad y al círculo de Trashorras.

De hecho, desde que perdió su condición de testigo protegido del juez Juan del Olmo ha protagonizado varios capítulos en los que denuncia presiones, e incluso que fue tiroteado cuando se dirigía en coche a su finca de Deva.

El hombre que en 2001 ya había denunciado a Trashorras y Toro por vender explosivos ha pasado de ofrecer la imagen cívica de quien intentó desvelar una trama criminal a entrar en una dinámica de denuncias y desmentidos que da argumentos a quienes nunca confiaron en él. Más aún cuando las Fuerzas de Seguridad del Estado acaban de poner en entredicho su versión sobre el atentado del que supuestamente fue víctima el pasado 5 de julio en un camino en Deva. Su declaración «presenta incompatibilidades», dice un informe. De hecho ni siquiera tiene permiso de conducir.

No es la primera vez que las investigaciones cuestionan su versión. La última tuvo que ver con las fotografías de la autopsia de su esposa, la brasileña Elizángela Barbosa, «Lorena», fallecida por ahogamiento en la playa, que, según dijo, le fueron enviadas por un anónimo. Lavandera «arrojó las pruebas a la basura», y la Policía confirmó que la descripción que hizo de las imágenes no coincidía con la verdadera autopsia efectuada al cadáver. Lavandera aseguró que en las imágenes la mujer aparecía con el cráneo abierto, mientras que la Policía dice que los forenses «sólo se limitaron a examinar sus pulmones, dado que murió ahogada».

Una de las causas por las que el juez Del Olmo le retiró la condición de testigo protegido fue precisamente la ostentación que siempre hizo de esa condición. A ello se suma, como él mismo ha reconocido, la renuncia a un puesto de trabajo que le ofrecieron en Bilbao como vigilante jurado. «No quería convertirme en diana de ETA», llegó a asegurar.

En busca de una pretendida protección que parece haberle sido negada por la Justicia, Lavandera busca salir a marchas forzadas del anonimato. El testigo protegido se encuentra ahora en el escaparate.

Imputado por apropiación indebida

La relación de Francisco Javier Lavandera con la Justicia ha ido variando de forma progresiva con el paso de los meses. A consecuencia de sus revelaciones sobre el 11-M, el juez Del Olmo le otorgó la condición de testigo protegido. Sin embargo -y tal y como revela uno de los informes policiales a los que ha accedido «El Comercio»-, la pérdida de tal condición desembocó en su convocatoria a los tribunales, en calidad de imputado, en un procedimiento por apropiación indebida y juicio de faltas.

Ésta no es la única ocasión en que Lavandera se ha visto obligado a presentarse en los juzgados. El 25 de mayo de 2005, indica el informe policial, declaró en comisaría en un caso de utilización de nóminas falsas para la compra de un vehículo en Avilés, todo ello según se desprende de un careo efectuado entre el propio Lavandera, José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro. El gijonés reconoció el uso de las nóminas falsas.

Un texto de A. S. y L. A. R. publicado en el diario ABC el domingo 17 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Del 'caso Trashorras' a las pistas falsas sobre ETA 

El PP alimenta la teoría de una conspiración político-policial en torno al 11-M con denuncias sin pruebas sobre la implicación de ETA y entrevistas a procesados del 11-M que mudan de versión

Madrid - El PP, pese al rechazo de alguno de sus dirigentes que prefieren mantener el anonimato por miedo a represalias, mantiene firme su política de oposición al PSOE tomando como base teorías conspirativas sobre el 11-M que implican a policías, guardias civiles, agentes de inteligencia de España, Marruecos y Francia y militantes socialistas. El atentado fue investigado y aclarado por la cúpula policial que dirigía el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes. Pero el ex ministro, ahora, no se cree ese trabajo y alienta todo tipo de sospechas.

El miércoles, el PP vuelve a la carga en el Congreso con una moción en al que pide que se investiguen aspectos supuestamente dudosos en la investigación. El PP ha dado crédito en los dos últimos años a algunos de los principales acusados de la masacre. Y en los últimos días ha alimentado con sus denuncias la sexta versión conocida sobre el 11-M del ex minero José Emilio Suárez Trashorras, procesado por 191 asesinatos consumados y 1.755 en grado de tentativa. Una sentencia firme que condena al único menor implicado en los atentados, considera a Trashorras colaborador principal de los terroristas del 11-M en la consecución del explosivo.

El caso de Trashorras es especialmente significativo porque ha sido capaz de cambiar su versión de los hechos hasta en cuatro ocasiones frente al juez Juan del Olmo, pero también ha cambiado esa versión en cartas que escribió en la cárcel y en la entrevista publicada por el diario El Mundo. Trashorras pensaba, y así se lo dijo a sus padres, que el citado diario pagaba a mercenarios para que contaran cuentos. "Si El Mundo me paga y estoy fuera, les cuento hasta la Guerra Civil". Después de aquella conversación, eligió al periodista que más le gustaba en El Mundo, pidió a su madre que le consiguiera el teléfono, y reunió los recortes de los medios afines al PP que defendían la teoría conspirativa del 11-M.

En la entrevista soltaba todas las teorías conspirativas abonadas por Jaime Ignacio del Burgo (diputado nacional del PP) y los medios de comunicación afines al partido de Mariano Rajoy. El líder del PP rechazó, a preguntas de Iñaki Gabilondo en Cuatro, que su partido hubiese implicado a policías, guardias civiles o militantes socialistas en el 11-M. Del Burgo, su diputado encargado del 11-M, publicó estas cosas en Libertad Digital:

"Hay quien añade a la lista de beneficiarios [del 11-M] a los proscritos del felipismo por su implicación en la guerra sucia de los GAL y en el saqueo de los fondos reservados. No hay ninguna prueba de su implicación en la masacre, aunque estoy seguro de que no estuvieron muy lejos de la campaña de descalificación del Gobierno popular iniciada la misma tarde del 11-M, al menos como transmisores de noticias intoxicadoras procedentes de la deslealtad de algunos mandos policiales (...) Aquí ha habido fallos indudables. Se me echaron encima los comisionados de la mayoría gubernamental. También los sindicatos policiales. Manolón fue recibido como un héroe en Asturias después de llorar en la Comisión mientras pedía perdón a las víctimas. Si llego a saber lo que ahora sabemos, mi reflexión no hubiera sido de tristeza sino de indignación porque algunos tuvieron en su mano la posibilidad de evitar el atentado y no lo hicieron".

Del Burgo entrevistó al preso Rafá Zouhier, colaborador de los terroristas del 11-M, a los que puso en contacto con las personas que les facilitaron los explosivos. El diputado se mostró muy interesado por sus respuestas: "Si dice la verdad, resulta que la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, dirigida por un antiguo colaborador de Rafael Vera) tuvo en su mano la posibilidad de detener a los asturianos por la venta de dinamita y abortar el atentado".

El PP y sus medios afines no sólo han utilizado las declaraciones de procesados por el 11-M para dar aire a la teoría conspirativa, sino que ha intentado sostener la implicación de ETA en los atentados -descalificada por los hechos y que el Gobierno sostuvo y difundió por todo el mundo en las 48 horas posteriores a la masacre- con informaciones que se han demostrado falsas. La última corresponde al ex director general de la policía Agustín Díaz de Mera, mano derecha de Acebes, quien ha denunciado en la Cope que el Gobierno oculta un informe que implica a ETA en los atentados. De Mera no duda en declarar que ETA pudo encargar el 11-M.

El Gobierno de Aznar presumía en su última etapa de tener muy controlado al mundo etarra. Y así era. Hasta el punto que un micrófono de la Guardia Civil escuchaba todas las conversaciones de José Ignacio Esparza Luri, el jefe logístico de ETA. El 11 de marzo recogió la última, donde Esparza se sorprendía por el atentado de Madrid porque él, dueño de la llave de los explosivos de ETA, no había facilitado dinamita para la masacre. El Gobierno del PP conocía los pasos de la banda al detalle, pero ninguno conducía al 11-M.

Pero ahora, el PP insiste y, según sus medios afines, para acreditar que la denuncia de De Mera sobre la existencia de un informe es cierta, sugieren que ha sido destruido, con lo que nunca se podrá probar si la insinuación del ex director, que no ha ido al juez con su cuento, es verdadera o falsa. El informe al que se refiere De Mera, realizado por un hombre y una mujer, existe. Del Olmo lo tiene desde el 15 de febrero de 2006. No implica a ETA en los atentados, todo lo contrario. De Mera sabe que todos los informes sobre la inexistencia de vínculos entre el 11-M y ETA fueron entregados al juez en un disco de ordenador. Todos menos uno, remitido en papel ante la dificultad de digitalizar 400 folios procedentes de copias de fotocopias de investigaciones pasadas y actuales. Quienes le secundan tienen ese disco y, como les falta el que fue entregado en papel, dicen que se ha destruido. Los autores del informe existente y no oculto así lo aseguran a quién les pregunte.

Es la última intentona. Al comienzo de las investigaciones, el PP y sus medios se aferraron a la confesión de Zouhier para mantener que en la cárcel, Antonio Toro, cuñado de Trashorras, pasó a éste a través de un cristal una nota escrita con el teléfono de un etarra. Cuando el juez investigó ese episodio y practicó careos, los acusados lo negaron y dieron nombres y apellidos de la persona cuyo teléfono había escrito en aquel papel.

Aún hoy, los populares recuerdan que un colaborador de la policía en Badajoz contó unas horas después del 11-M que un mes antes había visto en la cafetería del aeropuerto de Francfort a Josu Ternera diciendo a su acompañante: "Se van a enterar los españoles de lo que somos capaces". Ningún dirigente policial, incluyendo los que nombró el PP, creyó esa información. Menos el PP. Hasta 11 informes policiales desmienten la implicación de ETA. El PP insiste.

Un texto de J. M. R. y J. A. R. publicado en el diario EL PAIS el domingo 17 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


"La conspiración se evapora" (Editorial de ABC)

El pasado 5 de julio, Francisco Javier Lavandera, testigo en el sumario del 11-M, denunció que había sido tiroteado cuando circulaba en su coche. Lavandera, al igual que Emilio Suárez Trashorras, constituye un testigo de «autoridad» de las estrafalarias teorías conspirativas que ha propalado el diario «El Mundo» con la cooperación del periodista y director del programa «La mañana» de la cadena Cope, Federico Jiménez. Y también será igual la suerte que corra el crédito de Lavandera después de que dos informes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, de los que hoy da cuenta ABC, hayan llegado a la conclusión de que el relato sobre el tiroteo en cuestión «presenta incompatibilidades insalvables, no siendo factible». Tan falsa, pues, esta denuncia como la que Lavandera presentó por una supuesta bomba hallada en los bajos de su coche, bomba que resultó ser una bolsa de basura «con azucarillos y envoltorios de galletas», según el informe policial. Ahora bien, no cabe esperar que se disculpen quienes desde micrófonos y crónicas escritas aprovecharon estos delitos inexistentes -lo que permitiría acusar a Lavandera de una simulación de delito- para clamar contra las tramas negras de la Policía que querían ocultar la verdad de los atentados del 11-M.

Pero el castillo de naipes se está desmoronando. La mendacidad de este testimonio desacredita tanto a quien lo prestó, el tal Lavandera, como a quienes decidieron contar con él para poner en solfa a las instituciones del Estado y urdir una fabulación periodística de indudable rentabilidad para cuantos participan en ella. Pues, como no podía ser menos, Lavandera también ha decidido contar su apasionante biografía en un libro, «A tumba abierta», que acaba de salir al mercado, coincidiendo oportunamente con la información sobre la denuncia del tiroteo, publicado por la editorial La Esfera de los Libros, vinculada a la empresa editora del diario «El Mundo», y escrito junto con uno de los periodistas encargados de narrar el folletín. Datos suficientes para que lectores y oyentes perciban cuáles son los verdaderos intereses que animan a quienes se reclaman, con carácter excluyente, la condición de paladines de la verdad y que no hacen sino facturar amarillismo a través de cualquier medio a su alcance.

Después de meses anunciando vuelcos en la investigación, reveses definitivos para la versión judicial y otras primicias de no menor trascendencia, no sólo no hay dato que avale la teoría de la autoría etarra o de la conspiración policial, sino que las grandes bazas de Pedro José Ramírez y Federico Jiménez -y sus entornos inmediatos en el Partido Popular, responsables de trasladar esta grotesca e interesada trama al mismo Parlamento- se están desinflando día tras día, dejando al descubierto que todo su empeño en mantener el 11-M como una losa sobre la derecha española no tenía otro objetivo que asegurarse una cuota de mercado y atrapar en un laberinto a Mariano Rajoy.

Es técnicamente posible -aunque resulte decepcionante- no saber qué explosivos estallaron en los trenes. No hay informes policiales que vinculen a ETA con el 11-M (otra cosa serán las relaciones entre etarras e islamistas en las cárceles). Suárez Trashorras se puso en venta, le compraran o no, para contar si hacía falta «la Guerra Civil», y Lavandera se inventó un intento de asesinato. Ni siquiera Díaz de Mera niega la autoría yihadista, y, por el contrario, avala la corrección de la operación policial en Leganés. A los fabuladores de la conspiración ya no les salen las cuentas.

Editorial publicado en el diario ABC el domingo 17 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.