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9 de Septiembre, 2006

Los soldados españoles usarán la fuerza para garantizar "el embargo total de armas y adiestramiento de Hezbolá"

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2006, 16:00, Categoría: General

El ministro de Defensa apeló a la naturaleza confidencial de las reglas de enfrentamiento de la misión en Líbano cuando le tocó explicar a qué van los soldados. En el Congreso, José Antonio Alonso apenas se refirió a las situaciones en las que usarán la fuerza: en defensa propia y para proteger a la población civil, y siempre de manera proporcionada, según orientó, superficialmente. Gustavo de Arístegui ha revelado a Libertad Digital el más importante de los supuestos previstos, "garantizar el embargo total de Hezbolá, no sólo de armas, sino de adiestramiento y capacitación", según ha descubierto el portavoz del PP. "Nosotros también tenemos nuestras fuentes en la ONU", ha dicho De Arístegui, que critica al Gobierno por haber dejado que el acuerdo sobre el uso de la fuerza se adoptase "sin consultar con España".

(Libertad Digital) La misión militar en Líbano entraña riesgos y el Gobierno no ha informado suficientemente de estos, según insiste el portavoz del PP en la Comisión de Exteriores del Congreso.

"Había mucho menos riesgo en la zona en la que fueron los españoles después de la guerra de Irak", ha comparado Gustavo de Arístegui, en declaraciones a COPE.

La debilidad del Gobierno se manifiesta en hechos como que España no ha sido consultada sobre las reglas de enfrentamiento acordadas con el resto de los países que envían tropas. "El ministro no le ha contado a los españoles que nuestros soldados usarán la fuerza para garantizar el embargo total de Hezbolá, no sólo de armas, sino de adiestramiento y capacitación", reveló De Arístegui a Libertad Digital, citando sus propias fuentes en Naciones Unidas, conocedoras del acuerdo sobre las reglas de enfrentamiento.

Según resalta el portavoz de Exteriores del Grupo Parlamentario del PP, el acuerdo se ha adoptado de espaldas a España, que también ha sido excluida de la gira europea de la ministra de Asuntos Exteriores de Israel para preparar la misión. Ambos hechos revelan la debilidad y la falta de garantías con la que España encara esta misión.

"Estamos hablando del país más inestable de la región más inestable del mundo en un conflicto que está claramente conectado a otros actores en un momento especialmente delicado de la historia de la humanidad como es el desafío nuclear iraní", ha dicho Gustavo de Arístegui.

El portavoz popular ha explicado a Libertad Digital que las reglas de enfrentamiento prevén tres supuestos del uso de la fuerza por los soldados de la misión de la ONU. "En primer lugar, para responder de forma proporcionada a un ataque; en segundo lugar, cuando sea necesario para proteger a la población civil, y en tercer lugar, y esto es lo más importante, porque el Gobierno no lo ha contado, cuando sea preciso para garantizar el embargo total de Hezbolá, no sólo de armas, sino de adiestramiento y capacitación", subraya Gustavo de Arístegui.

Excluidos de la agenda israelí

"Nosotros dijimos en el Congreso que la intervención del ministro de Defensa tan sólo aportaba dos novedades", ha recordado el portavoz del PP. "Una, conocer en qué región exacta van a estar desplegadas las tropas españolas y, otra, que al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le parecen suficientes las reglas de enfrentamiento para garantizar la seguridad de los militares españoles y el cumplimiento de la Resolución 1.701".

"Buena parte de nuestras dudas han sido despejadas, pero no gracias al Gobierno, sino porque tenemos nuestras fuentes dentro de las Naciones Unidas y sabemos qué tipo de garantías e información le ha sido enviada a países que en un momento dado mostraron sus reticencias para ir", ha dicho, refiriéndose a Francia e Italia.

Al político popular le parece "escandaloso" que a España no se le incluyera en la gira europea de la ministra  de Asuntos Exteriores de Israel que visitó Francia, Italia, Alemania y Dinamarca. "Creo que todavía Dinamarca no es mas importante que España", ha declarado Arístegui.

El diplomático ha dicho que en el PP "somos conscientes de que las tropas españolas van a una zona de gran riesgo y eso todavía añade mas gravedad al intento de manipular del Gobierno".

Sobre el presidente Rodríguez Zapatero, Arístegui añade que "dijo que era una misión de paz mientras que la otra, la de Irak, era una misión de guerra, pero la realidad es que había mucho menos riesgo en la zona en la que fueron los españoles después de la guerra de Irak –y no durante la guerra– que a donde van ahora".

   

Una información publicada en el diario libertaddigital.com el sábado 9 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Escuche la entrevista con Gustavo de Arístegui

Un ex director de la Policía afirma que Telesforo Rubio conoce un informe sobre las conexiones entre ETA y el 11-M

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2006, 15:30, Categoría: 11-M

El ex director de la Policía y actual europarlamentario del PP ha declarado en la COPE que el responsable de la Comisaría General de Información, Telesforo Rubio, destituido y "ascendido" por el ministro Rubalcaba este viernes, tiene en su poder un informe sobre las conexiones entre la banda terrorista ETA y los atentados terroristas del 11-M. Según Agustín Díaz de Mera, si ese documento saliera a la luz, sería un duro revés para los que han intentado ocultar las pruebas del 11-M. Según el político popular, Telesforo Rubio sabe donde está ese informe y también "con cuántas llaves está sellado". Sobre la creación del mando único de la Policía y la Guardia Civil, el parlamentario considera que ha sido una "maniobra maquiavélica" de Rubalcaba.

(Libertad Digital) El ex director de la Policía con el Gobierno del Partido Popular y actual europarlamentario, Agustín Díaz de Mera, ha declarado en los micrófonos de la cadena COPE que la Comisaría General de la Información, que dirigía hasta este pasado viernes Telesforo Rubio, tiene en su poder un informe sobre las "conexiones" entre los atentados del 11-M y el terrorismo de ETA.

Aunque ha reconocido que no se puede probar la existencia de ese informe, Díez de Mera ha asegurado que el documento secreto es de dominio común en la Secretaría General de Información. Para Díaz de Mera si el documento saliera a la luz, sería un duro revés para los que han intentado ocultar las pruebas del 11-M. El europarlamentario también ha manifestado que que el Comisario General de Información sabe donde está ese informe y también con cuantas llaves está cerrado.

Por otro lado, Díaz de Mera, ha calificado como "maniobra maquiavélica" el golpe del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la cúpula policial y la creación de un mando único de la Policía y la Guardia Civil. También ha asegurado que se trata de una maniobra, realizada para tapar los agujeros existentes en el ministerio de Interior.

El eurodiputado popular ha lamentado que el Gobierno de Zapatero no haya ofrecido una explicación convincente sobre las sorpresivas reformas en la cúpula policial.

    

Una información publicada en el diario libertaddigital.com el sábado 9 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Escuche la entrevista con Agustín Díaz de Mera

"ETA también estuvo allí" por Jaime Ignacio Del Burgo

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2006, 12:00, Categoría: 11-M

En su comparecencia ante la Comisión del 11-M, el presidente Rodríguez Zapatero negó con contundencia que ETA hubiera tenido nada que ver con el atentado que cambió el curso de la Historia de España. Pocos días después, el 15 de diciembre de 2004, compareció el ministro Alonso, a petición del Grupo Popular, para informar acerca de las últimas informaciones periodísticas que demostraban que en la cárcel de Villabona, en Asturias, se había tejido una estrecha relación entre presos etarras e islamistas, circunstancia que había sido negada en un informe elaborado por la directora general de Instituciones Penitenciarias.

El ministro del Interior rechazó la existencia de ninguna clase de colaboración entre ETA y el integrismo islámico por tratarse de dos tipos de terrorismo «absolutamente incompatibles». Y añadió: «Son relaciones que nunca han existido, como puso de manifiesto el presidente del Gobierno en su comparecencia de hace dos días y como pongo yo de manifiesto hoy en mi comparecencia en esta Comisión. Es una tesis extravagante a la luz de los hechos fríos, objetivos y racionales. Después de ocho meses de investigación policial, judicial y parlamentaria, no ha aparecido ningún tipo de relación... La relación ETA-integrismo islamista es una relación establecida sobre bases extravagantes, por decirlo finamente. Son relaciones que han sido desmentidas punto por punto por los hechos fríos, ineluctables, objetivos, ineludibles, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el juez de instrucción han hecho en los últimos ocho meses».

«¿Con toda rotundidad?»

Fue en el curso de esta comparecencia cuando pedí al ministro Alonso que comprometiera su carrera política dando respuesta a esta pregunta: «¿Está usted en condiciones de afirmar con toda rotundidad que ETA no aparecerá jamás por ninguna esquina?». El ministro Alonso ni siquiera se dignó en contestarme.

Tampoco lo hizo cuando, en el pasado periodo de sesiones, pregunté al ministro sobre la veracidad de una información publicada por EL MUNDO que revelaba que el día 17 de marzo de 2004, Emilio Suárez Trashorras, antes de ser detenido, informó a la Policía de que Jamal Ahmidan, alias El Chino -Mowgli para sus amigos- le había confesado tener amistad con los terroristas de ETA detenidos en Cañaveras el 29 de febrero de 2004 cuando trataban de introducir en Madrid una furgoneta con más de 500 kilos de explosivos. Dando muestras de un cinismo a prueba de bombas, el ministro me espetó que todavía no me había enterado de que vivimos en un Estado de Derecho donde la investigación de los delitos se efectúa bajo la dirección de los jueces. Y cuando le repliqué que había eludido mi pregunta, Alonso me contestó: «¡Viva la Constitución!».

Pues bien, ahora resulta que ETA también estaba allí, en el 11-M. Así se desprende al menos de las declaraciones efectuadas por Emilio Suárez Trashorras a ese magistral periodista de investigación que es Fernando Múgica y que acaba de publicar el diario EL MUNDO.

El asturiano cuenta con pelos y señales cómo aquel 17 de marzo se reunió en Asturias con un grupo de policías y un teniente coronel miembro del CNI a instancias del jefe de estupefacientes de Avilés, alias Manolón, de quien Suárez Trashorras era su confidente, para contar todo cuanto sabía de sus relaciones con la banda de El Chino, a quien las investigaciones policiales apuntaban ya como posible autor material del atentado. En el curso de esa declaración informal, y en su papel de confidente, el asturiano reveló que El Chino le había comentado que era amigo de uno de los etarras detenidos en Cañaveras. Fue entonces cuando le dijeron que a ellos «les interesaba implicar a los moros y dejar a ETA aparte, alegando el momento político que se estaba viviendo en España».

Si no fuera porque esta declaración ya la había efectuado Suárez Trashorras ante el juez Del Olmo hace un par de años pensaríamos que se trata del recurso desesperado de un imputado que arriesga una condena de tres mil años de cárcel para enmarañar los hechos por los que se le juzga y obtener un veredicto de inocencia. Pero esta circunstancia confiere verosimilitud a la confesión de Suárez Trashorras al diario EL MUNDO, donde confirma algo que ya sospechábamos desde el comienzo de los trabajos de la Comisión del 11-M: que los contactos entre ETA y los asturianos se habían iniciado en 2001, tras el paso por la cárcel de Villabona de Antonio Toro, cuñado de Emilio.

Desde el inicio de las investigaciones policiales han sido varios los candidatos al infame título de autor intelectual. Mientras el CNI apostaba por Lamari, el ministro Alonso lo hizo por El Tunecino. En la UCIE se barajaba el nombre de Abú Daddah, acusado de colaborar en el 11-S. También surgió a la palestra otro islamista apodado El Egipcio. Pues bien, los últimos informes aportados por la Comisaría General de Información al juez Del Olmo atribuyen la autoría intelectual de la masacre de Madrid a Jamal Ahmidan, El Chino. Captado por el integrismo fundamentalista durante su estancia en una cárcel de Marruecos, la Policía considera que un Chino encapuchado es quien lee el comunicado de reivindicación del atentado de Madrid en el vídeo grabado por los terroristas el 13 de marzo por la tarde. Jamal Ahmidan ha pasado, por tanto, de ser un narcotraficante de tres al cuarto, utilizado por los elementos más fundamentalistas de la célula de Lavapiés para conseguir los explosivos por su amistad y negocios con los asturianos, a ser el jefe de la banda terrorista.

Hay otro elemento a tener en cuenta. Al Qaeda como tal no tuvo nada que ver con el 11-M. Ya lo dijo Jorge Dezcallar en la Comisión y nadie sostiene a estas alturas lo contrario. Y aun cuando el CNI, el 15 de marzo de 2004, al analizar el vídeo de reivindicación del día 13 de marzo, se esforzó en convencernos de que el terrorista encapuchado (¿El Chino?) que dio lectura al comunicado se sentía ya cadáver y anunciaba con su indumentaria su voluntad de suicidarse -adivinando con sorprendente clarividencia lo que ocurriría tres semanas después al hacer explosión el piso refugio de Leganés-, lo cierto es que el atentado de Madrid es el único de los perpetrados por el terrorismo islamista donde falta la huella del terrorista suicida, a diferencia de lo sucedido en el 11-S, Casablanca, Bali y Londres, entre otros. Los servicios de inteligencia también informaron de que tenían el propósito de seguir atentando en España, pues, aunque el presidente electo había anunciado su decisión de retirar las tropas españolas de Irak, se proponía incrementar nuestros efectivos en Afganistán y esto suponía un nuevo agravio para sus hermanos musulmanes.

Pues bien, si el autor intelectual fue Jamal Ahmidan y este islamista era amigo de uno de los terroristas de Cañaveras, ¿por qué resulta «extravagante» deducir que ETA pudo prestar su colaboración para perpetrar el atentado, o que pudo haber sido ETA la que contratase los servicios de la banda de El Chino?

Suárez Trashorras niega toda participación en el atentado perpetrado por ETA el día 3 de diciembre en Santander mediante la explosión de un coche bomba en un aparcamiento de la capital cántabra. Sin embargo, no cree que fuera casual el robo del vehículo utilizado por los terroristas en las proximidades de su domicilio en Avilés. La circunstancia de que hasta ahora la Policía no haya podido determinar la clase de explosivo utilizado en el atentado de Santander induce a pensar que pudo tratarse de Goma 2 ECO, obtenida en Asturias, pues si hubiera sido Titadyne se hubieran encontrado restos de nitroglicerina, sustancia que aquélla no contiene (recuérdese cómo uno de los grandes enigmas del 11-M lo constituye el hecho de que el laboratorio de los Tedax dictaminó que en los focos de explosión se habían encontrado «los componentes habituales de las dinamitas», es decir, nitroglicerina, lo que excluye la utilización de Goma 2 ECO en el atentado de Madrid).

Por otra parte, el asturiano confirma que, desde 2001, a petición de Manolón, mantuvo contactos con ETA. Las denuncias de Lavandera a la Guardia Civil sobre una posible venta de explosivos a los etarras cobran así plena verosimilitud. Lo mismo que las efectuadas en 2002 por el confidente Nayo, que implicaban además a un miembro de la Guardia Civil de Bilbao. Precisamente, la desaparición de este narcotraficante y el nulo interés demostrado hasta ahora para conseguir su extradición -a pesar de conocer que se encuentra refugiado en Santo Domingo, donde fue localizado por EL MUNDO-, demuestran que hay un afán deliberado en evitar que este confidente comparezca ante la Justicia.

La voluntad de ocultación por parte del Gobierno se pone de manifiesto en otros aspectos que podrían demostrar la connivencia entre ETA y los islamistas. Es el caso de las andanzas del tristemente célebre Chino en el País Vasco, donde se movía como pez en el agua, sobre las que nadie ha querido saber nada a pesar de que en la Comisión de Investigación exigimos conocerlas de forma reiterada.

Piso franco

La furgoneta de Cañaveras constituye al parecer un gran secreto de Estado a juzgar por la opacidad que rodea todo cuanto a ella se refiere. Se sabe que en los primeros días de marzo de 2004 los cuerpos policiales investigaron la posibilidad de que los etarras detenidos hubieran tenido un piso franco en Mieres, y enseñaron a los vecinos de las viviendas próximas a la antigua estación del ferrocarril El Vasco una fotografía de la locomotora que lo recuerda en la localidad asturiana. La fotografía habría aparecido en poder de los etarras detenidos en Cañaveras. Pues bien, nuestros intentos de esclarecer lo ocurrido acabaron en un rotundo fracaso. Se nos negó que hubiera existido tal investigación policial en Mieres, a pesar de haberse publicado con todo lujo de detalles en la prensa asturiana. Se rechazó que existiera tal fotografía. Y cuando pedimos la remisión del acta de recogida de efectos de la furgoneta de Cañaveras, obrante en poder de la Guardia Civil, se nos dijo que estaba amparada por el secreto del sumario.

Por otra parte, Suárez Trashorras afirma haber proporcionado a Manolón numerosos datos sobre la infraestructura de ETA en el Principado. Pero si esto es cierto, el jefe de estupefacientes de Avilés no consideró oportuno informar de ello a la Comisión ni, al parecer, a sus superiores jerárquicos, que tampoco dijeron nada al respecto.

No cabe duda de que el episodio de Cañaveras es realmente extraño. La salida de la caravana de la muerte hacia Madrid se produjo casi a la misma hora en que El Chino puso rumbo desde Avilés a Morata de Tajuña. Por cierto, que Suárez Trashorras afirma que la famosa caravana estaba controlada en todo momento por la Policía. Ello explicaría que superara sin problemas su detención en las proximidades de Burgos por una pareja de la Guardia Civil de Tráfico, que se saldó con una simple multa a pesar de que circulaban con un coche robado, que carecía del seguro y de la documentación, y de que su conductor exhibió un pasaporte falso.

Otro episodio que tampoco se ha querido investigar es la confidencia efectuada por un colaborador de la Policía de Badajoz, que 15 días antes del atentado informó haber detectado en el aeropuerto de Fráncfort la presencia de Josu Ternera, a quien escuchó lo siguiente: «Dentro de poco los españoles se van a enterar de lo que somos capaces de hacer». En la Comisión del 11-M se confirmó la existencia de tal confidencia y que su autor merecía crédito a juzgar por su trayectoria. Pero cuando pedimos mayor información se nos remitió un informe de la Comisaría extremeña en el que se decía que no podían facilitar más datos porque su confidente «tenía el móvil desconectado».

Si las paredes de la cárcel de Villabona pudieran hablar, seguramente nos llevaríamos grandes sorpresas. En la prisión asturiana se encuentra encarcelado Abdelkrim Benesmail, peligroso terrorista argelino. Se ha dicho que Allekema Lamari, uno de los supuestos suicidas de Leganés, acusado por el CNI de ser el autor intelectual del 11-M, era su lugarteniente. Benesmail coincidió con Antonio Toro y varios etarras en el mismo módulo penitenciario. Trabó amistad con los etarras, uno de los cuales dejó constancia de cómo le profesaba una admiración sin límites. Pues bien, Benesmail fue acusado en octubre de 2004 por el juez Baltasar Garzón de preparar un atentado con coche bomba contra la Audiencia Nacional y se sabe que otro de los implicados -Mohamed Achraf-, contactó con el etarra Juan José Rego Vidal (condenado por regidicio frustado) para ver la posibilidad de que ETA les proporcionara los explosivos. Para complicar más las cosas, resulta que este peligroso islamista es amigo de Fernando Huarte, dirigente socialista asturiano y colaborador o agente del CNI. Pues bien, Lamari, tras haber sido excarcelado por un error de la Audiencia Nacional en junio de 2002, pasó a la clandestinidad y se refugió en Tudela de Navarra. Ya hemos dicho cómo Lamari fue considerado por el CNI autor intelectual del 11-M. Lo cierto es que lo tenía controlado hasta el punto de haber alertado, en una nota informativa fechada el 6 de noviembre de 2003, que este antiguo miembro del sanguinario grupo terrorista argelino GIA se proponía realizar un gran atentado contra un edificio mediante un coche-bomba conducido por un suicida. La Guardia Civil, en su informe sobre la furgoneta de Cañaveras, dice que los etarras se proponían tal vez entregar el vehículo a otro grupo de terroristas. ¿Podría tratarse de una aportación de ETA para el proyecto de voladura de la Audiencia Nacional, objetivo asumido por Allekema Lamari, lugarteniente de Benesmail? Es evidente que entre Lamari y El Chino existía una estrecha relación y que este último estaba al corriente de los planes homicidas del argelino.

Hay otro dato a tener en cuenta. Nadie sabe a estas alturas quiénes fueron los terroristas que colocaron las bombas en los trenes. Suárez Trashorras afirma que la Policía trató de que implicara a Jamal Zougam y a El Tunecino. ¿Pero fueron los presuntos suicidas de Leganés los autores materiales del atentado?

Por último, las declaraciones de Suárez Trashorras sugieren algo más. ¿Cómo es posible que si El Chino, Lamari, El Tunecino, El Egipcio y el resto de sus compinches se hallaban estrechamente vigilados por los cuerpos de seguridad, se produjera el atentado? ¿Se trataba de una operación policial que se fue de las manos? En tal caso, ¿de quién fue la responsabilidad? Si no se da una respuesta clara y contundente a estos interrogantes, en la opinión pública podría anidar otra gran pregunta: ¿Hubo una mano negra capaz de mover los hilos de islamistas y etarras? Sería terrible una respuesta positiva.

Posible conexión

¿Dice la verdad Suárez Trashorras? No lo sabemos. ¿Estuvo ETA allí? Tampoco lo sabemos. En cualquier caso, las declaraciones del asturiano demuestran la necesidad de abrir una investigación a fondo sobre la posible conexión etarra. ¿Lo hará el juez Del Olmo? Hay una cosa clara: el Ministerio del Interior no ha dicho la verdad ni al juez ni a la Comisión de Investigación al afirmar que lo ha investigado todo sobre ETA y que ésta no sale por ninguna parte.

Aunque en el 11-M resulta aventurado sacar conclusiones, a estas alturas estamos en condiciones de proclamar que si podría ser temerario hablar de la existencia de una conspiración interior, en cambio sí puede afirmarse -y así lo afirmo- que ha habido una infame conspiración para evitar que se conozca la verdad.

El Congreso no puede permanecer impasible ante este anormal funcionamiento del Ministerio del Interior. Si hubiera habido negligencias, omisiones o complicidades antes del 11-M, caiga sobre sus responsables todo el peso de la Ley. Se dirá que también podrían extenderse las responsabilidades políticas al anterior Gobierno del PP. Ocurre que, si las hubo, éstas quedaron saldadas con creces el 14 de marzo, aunque si se llegara a demostrar que ETA estuvo allí, en tal caso habría motivos suficientes para reclamar al inquilino actual de La Moncloa daños y perjuicios.

En cualquier caso, no creo que el Congreso cumpla con su deber constitucional porque, para ello, la mayoría gubernamental tendría que reconocer que la Comisión del 11-M se cerró en falso para proteger los intereses políticos del presidente Rodríguez Zapatero. Sea lo que fuere, si Pérez Rubalcaba no ordena a la mayor brevedad una auditoría de la investigación, se hará corresponsable político de la conspiración para obstruir la acción de la Justicia y de mentir al Parlamento. Habrá que aplicarle su propia medicina: los españoles no nos merecemos un gobierno que nos mienta.

  

Publicado en el diario EL MUNDO el sábado 9 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"Un rumor inquietante" por Isabel San Sebastian

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2006, 11:00, Categoría: - Tregua Etarra

Circula por ciertos mentideros próximos a ETA un rumor inquietante, que ha llegado a oídos de los que escuchan a uno y otro lado de la frontera jugándose la vida en el empeño. Un runrún que habla de mucho dinero procedente del bolsillo de los contribuyentes, pagado a un miembro de la banda por liquidar (física o metafóricamente) a un compañero y desbrozar con ello el camino de la negociación con el Gobierno. Un chisme según el cual en el origen de las conversaciones estarían, por una parte, los fondos reservados manejados por personajes acostumbrados a disponer de ellos con total libertad, y, por otra, el deseo de impunidad y enriquecimiento de un influyente cabecilla etarra ya veterano y con familia manchada de sangre inocente.

Es un rumor, sólo un rumor por el momento, que no hace sino enconar el enfrentamiento existente en el seno de la organización terrorista entre los partidarios de aceptar la oferta de Zapatero, acogiéndose a su paz, y los que prefieren seguir el ejemplo de Iñaki Bilbao, consistente en «arrancar la piel a tiras» a la democracia española «hasta que Euskal Herria sea independiente». Unos y otros tienen las espadas en alto. La unidad de la que se habla desde Moncloa es sencillamente inexistente. Una mentira más de las muchas que nos han contado respecto de este turbio asunto. En ETA siempre ha habido división de opiniones en torno al proceso, lo que ha llevado a impulsar desde Madrid los esfuerzos del sector proclive al pacto, aun a costa de hacer cosas inconfesables en un Estado de Derecho.

Los terroristas que andan sueltos coinciden con muchos de los presos en poner el listón de sus exigencias más alto todavía de lo que el presidente está dispuesto a entregar (que incluye Navarra, para lo cual ya ha sido designado digitalmente el candidato socialista idóneo; un nuevo estatuto para el País Vasco más soberanista incluso que el de Cataluña, la plena reintegración de Batasuna a las instituciones y un acercamiento masivo de reclusos a cárceles vascas, acompañado de generosas medidas de reinserción), y consideran que las cosas no están yendo como ellos desean. Quieren más, y más deprisa, aunque saben que con un Ejecutivo del PP se quedarían sin nada, lo que hace que, por el momento, sigan apostando por ayudar a ZP a ganar las próximas elecciones, con el fin de pasarle a continuación la correspondiente factura. De ahí que algunos, como el optimista antropológico, sigan viendo la botella medio llena, mientras otros, como Rubalcaba, empiezan a ver que se vacía.

    

Publicado en el diario EL MUNDO el sábado 9 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"Un mártir para el sector duro de ETA" por Casimiro Garcia-Abadillo

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2006, 10:00, Categoría: - Tregua Etarra

La actitud chulesca y provocadora del etarra Ignacio Javier Bilbao Goikoetxea, que amenazó el pasado jueves al presidente del tribunal que lo juzgaba en la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, con «pegarle siete tiros», demuestra que existe un potente frente de rechazo al llamado proceso de paz entre los etarras encarcelados.

Antes de que este criminal confeso hiciera públicas sus ansias de venganza, habíamos visto el comportamiento igualmente deleznable de García Gaztelu, Txapote, condenado por los asesinatos de Miguel Angel Blanco y Fernando Múgica. También han dado muestra de su talante matonil José María Exteberría y Angel Aramburu (acusados de poner una bomba en un aparcamiento en Santander y de asesinar a un guardia civil cerca de Collado Villalba), quienes declararon a voz en grito su «orgullo de ser militantes de ETA».

Aunque el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, trató ayer de restar importancia a estos sucesos, afirmando que «no son significativos» respecto a la actitud de los presos de ETA, la realidad es muy otra.

Justo un día antes de que Bilbao Goikoetxea montara su vergonzoso número de macarra de tasca en la sala de la Audiencia, Arnaldo Otegi advertía en San Sebastián al Gobierno de que «el proceso está bloqueado» y, para demostrarlo, mencionó la situación de los presos y, muy en particular, la huelga de hambre de Ignacio de Juana Chaos.

El etarra responsable, entre otros, de los asesinatos de 12 guardias civiles en el atentado de la plaza de la República Dominicana (Madrid, 1986) lleva sin ingerir alimentos desde el pasado 7 de agosto. Los informes médicos más recientes indican que ha perdido ya 14 kilos de peso y su situación general, aunque sigue siendo buena, podría deteriorarse de forma irreversible en los próximos días (desde hace más de un mes solo ingiere agua).

De Juana Chaos forma parte del sector más duro de ETA. No sólo ha criticado a la dirección de la banda por lo que considera una actitud entreguista, sino que, desde hace tiempo, dejó de participar en los numerosos chapeos (plantes) ordenados por la organización en las cárceles. Por supuesto, está en contra de la negociación con el Gobierno y cree que la lucha armada es el único camino para lograr la independencia de Euskal Herria. Pero ahora, con su huelga, no está buscando reivindicaciones políticas, sino simplemente evitar el juicio en el que la Fiscalía le acusa de amenazas y pertenencia a banda armada por sus escritos publicados en Gara.

La actual dirección de ETA, capitaneada por 'Josu Ternera', ha marginado a militantes históricos como De Juana Chaos o dirigentes de la nueva ola como Txapote por su oposición frontal a la declaración de una tregua sin haber conseguido nada previo a cambio.

Es verdad que un número importante de presos de ETA (sobre todo los que no están condenados por delitos de sangre) confía en que el proceso de paz sirva para acelerar su salida de prisión. Sin embargo, los asesinos múltiples exigen, para apoyar el proceso, un compromiso firme de su futura excarcelación por parte del Gobierno.

La llamada doctrina Parot, según la cual las redenciones de penas hay que aplicarlas al total de la condena y no a los 30 años de periodo efectivo máximo en prisión (según el antiguo Código Penal), ha dejado con la miel en los labios a etarras históricos como el propio Henry Parot, Francisco Múgica Garmendia, Pakito, Alvarez Santacristina, Txelis, José María Arregui Erostarbe, Fiti, Nagore Múgica o Inés del Río.

Los presos etarras con largas condenas, si no ven que el Gobierno da pasos, primero para su acercamiento al País Vasco y después para su salida de prisión más o menos inmediata, serán el mayor obstáculo para la consolidación del alto el fuego.

El caso de De Juana Chaos es paradigmático. Los partidarios del sector duro están deseando que la situación del etarra degenere en tragedia para, de esa forma, tener un mártir con el que dinamitar la tregua.

Ese sector no sólo habita en las celdas o en el aparato militar de ETA (encabezado por Mikel Garikoitz, Txeroki), sino que tiene sus terminales asentadas en Batasuna a través de Rufi Etxeberría.

Es ese sector el que está poniendo cerco a las posiciones de Ternera/Otegi y el que forzó el último comunicado de la banda en el que ésta amenazaba con volver a matar si el Gobierno no cumplía sus compromisos

Rodríguez Zapatero, el gran impulsor del diálogo con ETA, lo tiene muy difícil, a pesar de que sigue dando esperanzas a los ciudadanos y el mismo jueves (casi al mismo tiempo en que Bilbao Goikoetxea amenazaba a los jueces) dijo que nos acercamos a «un momento trascendente».

La presión por la situación de los presos va a ir en aumento en las próximas semanas. Y la huelga de hambre de De Juana Chaos se va a convertir en el centro de esa presión.

El pasado jueves, el columnista de Gara Martín Garitano lanzaba este inquietante interrogante: «¿Por qué cree Rodríguez Zapatero que vamos a dejar que Iñaki de Juana, privado de libertad por razón de la fuerza, muera de hambre?».

Si no se produce algún gesto por parte del Gobierno a corto plazo, la situación puede estallarle entre las manos.

Ahora bien, ¿qué es lo que puede hacer Rodríguez Zapatero para facilitar la salida de prisión de los etarras?

En teoría, podrían darse tres escenarios:

1º. La concesión de un indulto general a todos los presos de ETA. Factible, pero muy costoso desde el punto de vista de la imagen pública.

2º. Que el Tribunal Constitucional admita el recurso contra la decisión del Supremo que dio validez a la llamada doctrina Parot. Esa alternativa, menos costosa para el Gobierno, permitiría la salida de los llamados históricos, que han cumplido una parte importante de sus penas, pero dejaría fuera a los condenados con el nuevo Código Penal, como Txapote.

3º. Transferencia de competencias sobre Instituciones Penitenciarias al Gobierno vasco. Esa medida tendría que ir precedida del traslado de los presos de ETA a las cárceles vascas. La institución autonómica podría entonces interpretar de forma laxa el artículo 72.6 de la Ley General Penitenciaria, que permite conceder terceros grados a los terroristas que muestren arrepentimiento. Esa solución tendría también menor coste para el Gobierno que el indulto y dejaría en manos de los nacionalistas la administración de las medidas de gracia para los etarras.

Ahora bien, cualquiera de esos tres escenarios supondría un escarnio para las víctimas.

La hermana del concejal del PP de Sevilla Alberto Jiménez Becerril recordaba el pasado miércoles en ABC que De Juana Chaos declaró que, tras conocer el asesinato de su hermano, él «ya había comido para un mes», después de brindar con champán.

El mismo jueves, Rubén Múgica, hijo del socialista asesinado por ETA, dijo que los improperios de Bilbao Goikoetxea son «la demostración de que todos son iguales» y de que entre aquél, «Txapote y Otegi no hay ninguna diferencia».

Sin embargo, la humillación para las víctimas por la puesta en libertad de los asesinos de ETA no sería (con todo) lo más grave. De llevarse a cabo tales medidas, el Gobierno estaría poniendo de rodillas al Estado de Derecho. Es decir, estaría dándole a ETA la victoria que no ha logrado en más de 30 años de asesinatos, amenazas y extorsiones.

   

Publicado en el diario EL MUNDO el sábado 9 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

A vueltas con el Líbano

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2006, 9:00, Categoría: General

Continúan las dudas sobre la misión del Ejército Español en Líbano y especialmente sobre el voto del Partido Popular. No le hemos prestado demasiada atención a  esta cuestión y tal vez sea el momento de comenzar a fijar nuestra lupa en esta cuestión.

“¿Qué vamos a hacer en el Líbano?” por Victor De la Serna

   

Tras el debate parlamentario ayer zarpaban de Rota cuatro buques con las tropas españolas que van a participar en la ambigua y peligrosa operación en el sur del Líbano. ¿Es o no acertado su envío?

El jueves, en el Parlamento, todos los grupos respaldaron este envío de tropas, aunque Mariano Rajoy expresase serias reservas y criticase el oscurantismo del Gobierno.

En los medios, el más firme respaldo -¡qué sorpresa!- a la iniciativa gubernamental se ha situado en El País (y demás órganos del grupo Prisa). Ahora bien, lo de «firme» es muy relativo. Si leemos de cerca el editorial de ayer, con una contradicción cada dos líneas y con todo tipo de advertencias ominosas, habrá que preguntarse si de verdad alguien sabe en qué consiste la misión. Ni siquiera el diario de referencia parece tenerlo claro:

«Ésta no es una 'operación de guerra', como argumenta Rajoy, sino de paz. (...) El riesgo de que la FINUL se vea envuelta en situaciones peligrosas es real. (...) Se trata de una misión de 'neutralidad activa' cuyo mayor riesgo es que parezca que la FINUL está allí para proteger a una parte frente a la otra. Falta una estrategia política para transformar el alto el fuego en un proceso de paz, en cuyas posibilidades cree firmemente Annan. Pero en el planteamiento de ayer se echó de menos una estrategia de salida militar. Cuando hay ejércitos de por medio, siempre es peligroso entrar sin saber cómo salir».

¿Para qué votar a favor, argumentaba Federico Jiménez Losantos en la Cope, si se tienen tantos y tan fundados reparos como los que Rajoy manifestó en el Parlamento? Sólo se recubre con el manto de la unanimidad una misión de guerra peligrosa, cuyo contenido nadie conoce con precisión; si acaba mal, Zapatero podrá escudarse en la unanimidad del respaldo. Al enemigo, ni agua, venía a decir Jiménez Losantos. (No cabe duda de que Javier Pradera, de El País, incluiría estas opiniones en la categoría de «chafarrinones demagógicos de la descalificación caricaturesca» que glosaba en su columna del pasado miércoles...).

ABC, por su parte, contradice a Zapatero al insistir en que la misión en el Líbano es similar a las de Irak y Afganistán en términos de pacificación. Resalta: «Es cierto que la retirada de nuestra misión de paz en territorio iraquí ha restado buena parte del crédito de España en esta materia por culpa del electoralismo del presidente Rodríguez Zapatero, y también es cierto que sus gestos inamistosos hacia Israel -ahí están, si no, sus torpes declaraciones al comienzo del conflicto en el mes de julio- nos han situado en una posición comprometida ante un Gobierno amigo, como el israelí. Sin embargo, y a pesar de lo dicho, la decisión de estar en el Líbano respaldando la vigencia de la resolución 1.701 del Consejo de Seguridad es oportuna y correcta en términos de responsabilidad internacional».

El problema es que la 1.701 deja claro que los Cascos Azules cooperarán con los libaneses en el desarme de Hizbulá, pero Kofi Annan dice que de eso, nada. Pues empezamos bien.

Vean el párrafo 8, sobre la zona entre la línea azul y el río Litani, uno de cuyos objetivos es que «no haya fuerzas extranjeras en el Líbano sin consentimiento de su Gobierno»; y el párrafo 11, sobre las funciones de la fuerza de la ONU: «Ayudar a las Fuerzas Armadas libanesas a tomar los pasos necesarios para el establecimiento de la zona como especifica el párrafo 8». Claro, ¿no? Pues no. Estamos viendo ya a Annan, a Zapatero y, desde luego, al presidente Émile Lahud explicarnos que en realidad Hizbulá forma parte... del Ejército regular del Líbano.

   

Publicado en el diario EL MUNDO el sábado 9 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

“Rajoy, a la guerra” por Martín Prieto

  

Mariano Rajoy se partió de joven la cara (literalmente) en una accidente de automóvil, y decidió embarbarse para emboscar las cicatrices. Pero pese a su brillantez parlamentaria, la cara se la vuelve a partir cualquier Demóstenes como Pepiño Blanco o un Castelar como el ex ministro Montilla que habla por onomatopeyas. Es como un púgil empeñado en respetar el reglamento mientras su contrincante (Zapatero) da patadas en las espinillas y en los bajos. Le falta a Rajoy la desvergüenza y el instinto asesino de sus adversarios. Debería huir del chantaje sobre la última guerra de Irak que el Partido Socialista utilizará como berbiquí hasta que se enfríe el infierno. En la foto de las Azores aparecieron tres, menos el primer ministro portugués, y 50 naciones, incluido el Japón, que participaron en una ofensiva finalmente sancionada por Naciones Unidas. Nada nos puede avergonzar de haber llevado a juicio a Sadam Hussein. Sólo la progresía gubernamental española anatematiza aquella guerra.

Rajoy te entusiasma hablando y te deprime votando. ¿Quién le ha dicho al PP que tenemos que intervenir en el Líbano? Es una misión incierta: desactivar minas y cubrir la frontera sur sirio-libanesa por donde pasa el abastecimiento bélico de Hizbulá que ha jaleado públicamente el 11-M. No nos quieren ni los israelíes a los que torpemente ha vejado el Gobierno español. Todo quedará igual pero con tropas de interposición. Una misión eterna hasta que al dios del tiempo se le pelen las barbas y se le rompa el reloj de arena o la clepsidra.

El PP debería haber votado en solitario contra la intervención en el Líbano (o al menos haberse abstenido), aunque sólo fuera por remover el espeso caldo parlamentario. Haber dejado al PSOE votar a favor de Kofi Annan, nepotista, corrupto y consentidor de las matanzas en los grandes lagos africanos. Las NNUU no son el Espíritu Santo de las relaciones internacionales. Los 10 millones de votantes del PP lo hubieran entendido porque no son belicistas como supone Pedro Arriola. Si las cosas salen mal (Dios no lo quiera) Zapatero dispondrá de un cheque en blanco firmado por el PP y por el que no le han dado ni las gracias salvo algún antirreglamentario golpe en las gónadas.

El sentido del Estado ciega a Mariano Rajoy. Por el Estado se han cometido crímenes recientes y no es un camino de perfección sino de delincuencia remunerada. No es un asunto de Estado enviar contingentes al Líbano, ni nuestra negativa va a enojar a Chirac, el único amigo decadente que le queda a Zapatero en Europa. Tampoco serviremos de nada no pudiendo desarmar a Hizbulá. Vamos de convidados de piedra. ¿Por qué avala Rajoy este desatino que ni contenta a su propio electorado? Rajoy se vuelve a ir a la guerra, pero con mi voto no parte ni un solo soldado. Si regresan bolsas negras, que le pregunten también al carapartida.

    

Publicado en el diario EL MUNDO el sábado 9 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

“Guerras revolucionarias” por  Juan Pedro Quiñonero

    

Antes de comenzar su misión en el sur del Líbano, los soldados españoles ya participaron durante la última década en operaciones humanitarias, policiales y militares en Bosnia, Albania, Moldavia, Nagorno-Karabaj, Georgia, Kosovo, el Sahara, Macedonia, Etiopía, Eritrea, la República del Congo, Afganistán, Irak, Burundi, Sudán, Haití, Indonesia.

Con la trágica excepción de la guerra de Irak, las misiones se cumplieron y continúan cumpliendo con un aceptable nivel de consenso político nacional. ¿Qué cambian la evolución de las misiones militares en Afganistán y el sur del Líbano? Que los proyectos de reconstrucción, pacificación y prestación de servicios humanitarios no podrán tener fin en un plazo razonable, sin que las instituciones internacionales ni los aliados occidentales controlen ellos mismos los calendarios de dos guerras de religión internacionalizadas.

En Afganistán, las más altas jerarquías militares de la OTAN reconocen que, en verdad, la presencia militar aliada deberá prolongarse cuando menos durante una larga década. Aunque los observadores independientes son mucho más pesimistas, y hablan de una guerra religiosa entre los talibanes próximos a Al Qaida, un ejército «nacional» sin medios, ni recursos, ni fe, y unas tropas de «ocupación» (occidentales) que defienden un Estado que no tiene instituciones dignas de ese nombre, acosado por la corrupción, la incultura, el fanatismo religioso, etc.

En el sur del Líbano, Israel, el Estado libanés, Hizbolá, la UE y la ONU analizan de distinta manera la resolución que justifica la presencia militar aliada. Fuerte por el apoyo recibido en Damasco y Teherán, Hizbolá ha rechazado el desarme militar. Por su parte, los oficiales del Ejército libanés reconocen públicamente con «orgullo» que no serán ellos quienes desarmen a Hizbolá. ¿Qué ocurrirá el día que Damasco o Teherán den luz verde a alguna acción «incontrolada» contra Israel, desde el Líbano?

Buena parte de las misiones militares en las que han participado los soldados españoles, respondían y responden a una cierta lógica racional. ¿Cuál es la racionalidad económica, política o militar de los talibanes afganos continuando la guerra internacional iniciada por Al Qaida? ¿Cuál es la lógica de la guerra santa islámica que defienden los ayatolás iraníes, guardianes de una revolución religiosa que aspira a propagar un nuevo orden, en todo Oriente Próximo, incluso destruyendo Israel?

En Afganistán y en el sur del Líbano, la guerra irregular se dobla en guerra religiosa revolucionaria, propagada por creyentes prestos a morir en nombre de su ideal mesiánico. La demagogia ideológica, el relativismo moral y diplomático, corren el riesgo de minar la moral cívica indispensable para combatir contra tales formas de conflicto de larga y amenazante duración.

   

Publicado en el diario ABC el sábado 9 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Zapatero fusiona por sorpresa el mando de Guardia Civil y Policía

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2006, 6:30, Categoría: General

La noticia del día es sin duda la creación de un mando único para la Guardia Civil y la Policía Nacional. El primer paso hacia una eventual fusión de ambos cuerpos. Estupor ha causado esta decisión que nadie esperaba ¿Razones? Esa es la pregunta cuya respuesta debemos encontrar en los próximos días. Por el momento les ofrecemos los distintos enfoques que ofrece la prensa nacional en el día de hoy.

Destituida la cúpula policial sospechosa de manipular el 11-M y dar el chivatazo a ETA

    

El Gobierno cesa al director general García Hidalgo Sustituye al comisario general de Información, Telesforo Rubio -apartado por el juez del sumario del chivatazo a la banda terrorista-. Busca sucesor para Sánchez Manzano al frente de los Tedax

MADRID.- Alfredo Pérez Rubalcaba puso ayer en marcha la mayor reestructuración del Ministerio del Interior de la democracia constitucional.

Los múltiples errores detectados en las investigaciones policiales sobre la trama de los atentados del 11-M y el chivatazo de agentes de la Comisaría General de Información a la organización terrorista ETA sobre las pesquisas en torno al entramado financiero han sido el detonante de esta reorganización, que afecta sobre todo a la Policía Nacional. Rubalcaba ha destituido a la cúpula de la Policía que investiga los atentados del 11-M y las finanzas de ETA. Entre ellos, el director general Víctor García Hidalgo y el comisario general de Información, Telesforo Rubio.

La reestructuración hace que por primera vez la Guardia Civil y la Policía tengan un mando único que asume Joan Mesquida, hasta ahora responsable del Instituto Armado.

Así, el Consejo de Ministros, en su reunión de ayer, dio el visto bueno al Real Decreto por el que se crea un único mando político para la Policía Nacional y para la Guardia Civil.

Ambos cuerpos estarán dirigidos por Joan Mesquida, quien desde el 4 de mayo ocupaba la dirección General del Instituto Armado. De esta manera, Víctor García Hidalgo regresará al País Vasco, donde se dedicará de nuevo a la actividad política.

Interior también informó de que próximamente se producirá el relevo de Juan Jesús Sánchez Manzano, al que se le busca sustituto como comisario jefe de los Tedax.

Algunas fuentes apuntan a que García Hidalgo, ya ex director de la Policía, pidió a Alfredo Pérez Rubalcaba que le relevara cuando sustituyó a José Antonio Alonso al frente del Ministerio del Interior. Sin embargo, otras fuentes sostienen que se enteró ayer mismo de su destitución.

Mesquida se convierte así en el mando único de ambos cuerpos. De esta manera se crea una nueva Dirección General y desaparecen tanto la de la Guardia Civil como la de la Policía Nacional. La creación de un mando único era un compromiso electoral del PSOE.

Los hasta ahora números dos de cada Cuerpo se convierten en directores adjuntos al mando único: así, el que fuera subdirector general operativo de la Policía, el comisario Miguel Angel Fernández Chico, será director adjunto de la Policía; mientras que el subdirector general de operaciones, el general García Varela, también ascienden y se hace cargo de la dirección adjunta en el Instituto Armado.

Tras su victoria electoral, el Gobierno ya aprobó la creación del Comité Ejecutivo del Mando Unificado (CEMU) como órgano cuya finalidad era aglutinar la información de Policía Nacional y Guardia Civil sobre terrorismo para evitar los episodios de descoordinación.

Este órgano, en el que se encontraban representadas las dos direcciones generales y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), estaba bajo la dirección del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Ahora, el mando unificado está bajo el control de Mesquida quien, no obstante, según el nuevo organigrama de Interior, dependerá directamente de Camacho.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó que esta unificación de mandos no significa la unificación de los cuerpos policiales ni que estemos ante el paso previo a la desmilitarización de la Guardia Civil. Defendió el nuevo modelo para mejorar la coordinación entre la Policía y la Guardia Civil.

Con ser significativo este cambio, no es menor, ni mucho menos, el relevo que se produce al frente de la Comisaría General de Información. El ministro del Interior ha destituido al comisario Telesforo Rubio y ha puesto al frente de los servicios antiterroristas de la Policía Nacional al comisario Miguel Valverde, quien hasta el momento dirigía el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, órgano creado por el Gobierno tras el 11-M para tratar de evitar nuevos episodios de descoordinación policial.

Telesforo Rubio estaba ya en el alero desde hacía meses. Su gestión al frente de las investigaciones sobre los atentados del 11-M ha estado siempre en entredicho.

Además, Interior ya decidió que había que removerle del cargo tras detectar, incluso, que la contestación interna entre sus subordinados era muy importante.

Otro grave episodio le salpicó el pasado mes de mayo, cuando dos agentes de la Comisaría de Información alertaron a un etarra de que iba a haber una operación policial. Rubio tuvo conocimiento de esos hechos tan graves un viernes y hasta el lunes siguiente no informó al juez que llevaba las investigaciones, el magistrado Fernando Grande-Marlaska. Éste decidió apartar a Rubio, en una decisión sin precedentes, de las investigaciones contra el entramado financiero de ETA que estaban realizando. Ésa fue la gota que colmó el vaso.

Ahora, Rubalcaba le ha dado una pequeña patada para arriba y le ha nombrado subdirector de la Policía, ha pasado de dirigir la comisaría más poderosa a ocupar un cargo más burocrático, según explicaron fuentes policiales.

El ministro del Interior tenía tomada la decisión de destituir a Telesforo Rubio al menos desde el pasado mes de junio, pero estaba buscando el momento y la manera de hacerlo. Este comisario tuvo que comparecer ante la Comisión parlamentaria del 11-M y no aclaró, a preguntas de los diputados, si su comparecencia la había preparado en la sede socialista de Gobelas.

En el seno de la propia Comisaría General existía una fuerte contestación interna hacia este comisario. Sectores críticos hacia su gestión recuerdan que lo primero que hizo cuando llegó a la sede de la carretera de Canillas fue una auténtica purga de antiguos mandos policiales de la lucha antiterrorista y, después, puso en marcha un fuerte dispositivo de vigilancia interna para evitar fugas de información.

Su sucesor al frente de la Comisaría General de Información será Miguel Angel Valverde, quien hasta ahora ocupaba la dirección del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), gran apuesta del Gobierno para poner fin a los innumerables episodios de descoordinación que se detectaron tras los atentados del 11-M.

Al frente de ese órgano quedará ahora un coronel de la Guardia Civil. Cuando se creó este organismo se anunció que cada dos años se pondría al frente a un mando de cada cuerpo policial. Dentro de la reorganización, el Gobierno también ha decidido aglutinar todos los organismos que había en Interior relacionados con la inmigración en una sola dirección general que se llamará de Relaciones Internacionales y Extranjería, que dependerá de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Esto supone recuperar algo de peso específico por parte de Interior en materia de inmigración, después de la cesión de competencias al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tras la victoria electoral de hace dos años.

La crisis migratoria que se está viviendo en España durante los últimos meses ha llevado al Gobierno a volver a otorgar más poder al Ministerio del Interior. En esta materia, el ministro también anunció que se había decidido relevar al actual comisario general de Extranjería, José Ignacio Araújo, que será sustituido por Felipe Hernández.

Algunas fuentes apuntan que la creación de esta nueva dirección general en Interior supone una recuperación de lo que era el anterior modelo del PP, la Delegación de Extranjería. Interior recupera muchas de las competencias cedidas a Trabajo que, prácticamente, se queda con la gestión del papeleo de los inmigrantes legalizados, según explicaron estas fuentes policiales.

Víctimas del terrorismo

La reorganización de Interior también afecta al ámbito penitenciario. Así, hasta ahora, la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, dependía de la Subsecretaría de Interior. Ahora, Gallizo dependerá también del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

Uno de los hechos más llamativos de esta nueva estructura ministerial es la creación de la Subdirección General de Medio Abierto y Medidas Alternativas, en el ámbito penitenciario.

Desde Interior se apunta que es una potenciación del organigrama encaminada a la reinserción social de los presos. Sin embargo, otras fuentes alertan de la implicación de esta nueva subdirección general ante el denominado proceso de paz y ante una eventual modificación de la política penitenciaria con los presos de la organización terrorista ETA.

Por otra parte, se crean también el Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado y el Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI), dependientes de la secretaría de Estado de Seguridad.

El ministro también ha decidido sustituir a la directora de Protección Civil, Celia Abenza, por Francisco Javier Velázquez.

Como ya adelantó EL MUNDO, el Gobierno, tras la destitución de Gregorio Peces-Barba, ha eliminado la figura de Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas que dependía de La Moncloa y ha retomado la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, que dependerá también del Ministerio del Interior y no de La Moncloa. Al frente estará José Manuel Rodríguez Uribes, que ya ocupaba una Dirección General en el Alto Comisionado y que es familiar de Peces-Barba.

  

Una información de Fernando Lázaro publicada en el diario EL MUNDO el sábado 9 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Señalados por el 11-M

  

Las investigaciones antiterroristas, en particular la de la matanza de Madrid, habían dejado muy tocados a García Hidalgo y Rubio, al igual que al aún jefe de los Tedax, Sánchez Manzano

MADRID.- Pese a las buenas palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba, hay suficientes actuaciones polémicas entre los mandos apartados ayer como para sospechar que han influido notablemente en el relevo. El ejemplo más claro es el de Telesforo Rubio, pero también puede aplicarse a García Hidalgo y a alguien que, pese a seguir en el puesto, sin duda lo abandonará en breve: el máximo responsable de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano.

Telesforo Rubio

Las cosas empezaron mal. El 8 de julio de 2004, cuando apenas llevaba un mes al frente de la Comisaría General de Información, una pregunta de Jaime Ignacio del Burgo en la Comisión del 11-M dejó a Telesforo Rubio fuera de juego. Tras interrogarle sobre su colaboración en el programa electoral del PSOE, el diputado popular quiso saber si apenas 10 días antes, con la investigación parlamentaria ya en marcha, había visitado la sede socialista de Gobelas. Tras cierto alboroto en la sala, Rubio se negó a responder alegando que se trataba de una pregunta de tipo «personal».

Durante su comparecencia, Rubio admitió dos cosas relevantes: que nunca había estado destinado en unidades especializadas en la lucha contra ETA o contra el terrorismo islamista y que no había abierto ninguna línea de investigación sobre el papel de los confidentes en la trama del 11-M.

Entre estos confidentes estaba José Emilio Suárez Trashorras, detonante de otra actuación polémica del comisario Rubio. El pasado mes de marzo, este diario informó de que durante un interrogatorio el ex minero había hecho referencia a la amistad entre El Chino y dos etarras, sin que el dato le hubiera llegado al juez. Rubio reaccionó contactando con algunos de los agentes presentes en el interrogatorio para que negaran la información.

La polémica en torno a Telesforo Rubio en sus primeros meses en el cargo prosiguió por su forma de dirigir la Comisaría General de Información. También por una serie de nombramientos que muchos interpretaron como una purga y que provocaron el malestar entre sus nuevos subordinados.

Se le acusó además de haberse rodeado de personas que no son expertas en la materia principal de su Departamento. Las críticas se extendieron a su obsesión por controlarlo todo y no fiarse de nadie.

Pero las sospechas sobre el principal responsable antiterrorista alcanzan también a la lucha contra ETA. En una decisión sin precedentes, el juez Fernando Grande-Marlaska decidió hace tres meses apartarle de la causa que instruía sobre una trama de extorsión. La razón fue que había tardado tres días en comunicarle que una importante operación se había frustrado por un chivatazo a uno de los implicados.

Víctor García Hidalgo

Como superior de Telesforo Rubio, a este ex secretario de Libertades Públicas de la Comisión Ejecutiva de los socialistas vascos se le puede atribuir cierta responsabilidad por las actuaciones del ya ex jefe de la Comisaría General de Información.

Pero, además, en algún caso ciertos asuntos del 11-M le han alcanzado de manera directa.

Por ejemplo, cuando el inspector Miguel Angel Alvarez le remitió en octubre de 2004 un informe en el que le llamaba la atención sobre dos asuntos relevantes: que los efectos recogidos en El Pozo -de donde supuestamente provenía la mochila de Vallecas- «no fueron supervisados» por él mismo y que, para su «sorpresa», «dichos objetos y efectos fueron llevados al Parque Ferial Juan Carlos I» sin su autorización. En el escrito solicitaba que estos datos «sean puestos en conocimiento» de la Audiencia Nacional.

La policía reaccionó asegurando que en ningún momento se había roto la cadena de custodia de la mochila que condujo a las primeras detenciones.

Juan Jesús Sánchez Manzano

El jefe de los Tedax ha sido el responsable policial más cuestionado en la investigación del 11-M. Para complicar aún más las cosas, una reciente remodelación puso a su unidad a las órdenes del departamento dirigido hasta ahora por Telesforo Rubio.

Manzano aún conserva el cargo, pero sólo porque sus superiores no han encontrado a quien quiera ocupar el puesto. Es una cuestión de tiempo. Más de dos años de errores y confusiones en la investigación de los explosivos desembocaron el pasado mes de julio en su comparecencia ante el propio juez del Olmo.

El jefe de los Tedax tuvo que reconocer ante el magistrado que no era un experto en explosivos y que sus palabras sobre la aparición de nitroglicerina en los focos del 11-M -en su comparecencia ante la Comisión de Investigación- habían sido «un error». Hasta entonces, Manzano había proporcionado a Del Olmo informes con errores, enmendados con otros informes con nuevos errores, y había llegado a ocultar algunos datos que el propio juez luego consideró relevantes para la investigación.

   

Una información publicada en el diario EL MUNDO el sábado 9 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El Gobierno asegura que la Policía y la Guardia Civil conservarán su estructura y competencias

MADRID. Mejorar la coordinación para aumentar la eficacia en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, la inmigración ilegal y la delincuencia en general. Ese es el único objetivo que persigue la remodelación orgánica del Ministerio del Interior, según explicó ayer su titular, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además de la creación de un mando único para Policía y Guardia Civil -uno de los compromisos que el PSOE incluyó en su programa electoral-, el Ejecutivo aprobó la puesta en marcha de una dirección general de Relaciones Internacionales y Extranjería así como la integración en el organigrama de Interior de las direcciones generales de Instituciones Penitenciarias y Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. También se crean el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) y un gabinete de Estudios de Seguridad Interior. Todos los cambios, aseguró el ministro, quieren potenciar las áreas «prioritarias» para Interior.

Rubalcaba intentó en todo momento ahuyentar el fantasma de la posible fusión de Guardia Civil y Policía al garantizar que «no habrá más cambios estructurales» que los aprobados ayer y que ambos cuerpos «seguirán como hasta ahora», cada uno de ellos con sus respectivas estructuras organizativas y sus competencias. «La Guardia Civil -puso como ejemplo- tiene un carácter militar, y eso no se va a tocar».

El mensaje que Interior lanza con insistencia quiere convencer de que esta reestructuración es el «último paso», la «culminación» del camino iniciado por el anterior ministro del Interior, José Antonio Alonso, hacia una mejor «coordinación funcional» entre las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La Dirección General de Policía y Guardia Civil será asumida por el actual director de la Benemérita, Joan Mesquida, por lo que Víctor García Hidalgo, que había pedido al ministro su relevo al frente de la Policía, se cae del organigrama.

Baile de cargos

También cambian de puesto el actual comisario general de Información, Telesforo Rubio, y el de Extranjería, José Ignacio Araujo, que serán sustituidos por Miguel Valverde y Felipe Hernández. Tanto Rubio como Araujo serán ascendidos y se harán cargo de dos subdirecciones generales.

Respecto al ya ex comisario general de Información, Rubalcaba aseguró que su sustitución nada tiene que ver con las supuestas filtraciones sobre una operación contra el «aparato de extorsión de ETA», sino con la conveniencia de colocar al frente de una comisaría tan difícil y de tanta tensión a una persona que entre «con renovadas energías». El ministro elogió la gestión de Telesforo Rubio, que calificó de «acertada».

Además del decreto que reestructura el Ministerio del Interior, el Gobierno aprobó dos anteproyectos de ley que también tienen como finalidad aumentar la eficacia de la lucha contra el crimen. El primero de ellos prevé la creación de una única base de datos policial -se unificarían todas las que en la actualidad existen, incluidas las de las policías autonómicas- sobre identificadores obtenidos a partir del ADN. Se pretende regular la utilización del material genético en las investigaciones criminales, especialmente las que se dirigen a la identificación de cadáveres, averiguación del paradero de personas desaparecidas y el esclarecimiento de crímenes de especial gravedad.

El segundo anteproyecto obligará a los operadores de telefonía fija, móvil e Internet a conservar durante un año datos sobre el origen, destino, hora, fecha, duración o equipo utilizado en las comunicaciones dada la utilidad que todos ellos pueden tener en las investigaciones criminales. También se exigirá a las compañías que elaboren un fichero con la identidad de los usuarios de tarjetas prepago, hasta ahora «opacas» para la policía.

  

Una información de N. Colli publicada en el diario ABC el sábado 9 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

«Golpe de mano» en la cúpula de Interior

   

Zapatero unifica los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional momentos antes de que se inicien los contactos preliminares con ETA. El actual director de la Benemérita, Joan Mesquida, asume el mando de ambos cuerpos

Madrid - El «golpe de mano» con el que el Gobierno ha ejecutado la reestructuración del Ministerio del Interior y la implantación de un mando único policial, que da la vuelta al actual modelo que rige el funcionamiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pilló ayer por sorpresa a todas las partes implicadas, no sólo al principal partido de la oposición.

«Escándalo mayúsculo», «decisión unilateral, adoptada con nocturnidad y alevosía»... Con estos duros términos se valoró desde las filas «populares» una noticia de la que se tenía conocimiento a través de los informativos de la Cadena Ser y de los teletipos de agencia. El secretario general del PP, Ángel Acebes, interpretó la decisión como «un gesto» contra la sensación de inseguridad ciudadana. «Tenían que hacer propaganda: se acercan las elecciones». En cualquier caso, esperó que «no sea el primer paso para la desaparición de la Guardia Civil».El PP apuntó al «momento inoportuno» en el que se adopta una iniciativa tan trascendente dejando en el aire preguntas como «¿Se pretende encubrir los escándalos en el seno de las Fuerzas de Seguridad del Estado sobre los que no se han dado explicaciones?» (en alusión al chivatazo que recibió la banda ante una operación contra su aparato de extorsión).

Política de seguridad

En esta línea, el secretario de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia, Ignacio Astarloa, denunció que la medida llega en un momento de ausencia absoluta de política de seguridad, hasta el punto de que las FSE están haciendo dejación de sus responsabilidades en las policías locales. De la hemeroteca desempolvó incluso unas declaraciones del entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso, en respuesta a una petición de Mariano Rajoy de que le aclarase en qué consistía el compromiso electoral del «mando único». «Consiste en una estructura formada por los directores generales de la Policía y de la Guardia Civil y el ministro del Interior», contestó Alonso. El PP se pregunta en alto qué es lo que ha hecho que en un momento tan delicado como éste se cambie de decisión y se apueste por desarrollar esta promesa electoral. De puertas para adentro se habla de una utilización de las FSE por parte del Gobierno para una pléyade de motivos partidistas: quitarse de en medio, mirando para otro lado, al polémico comisario general de Información, Telesforo Rubio; acallar el otoño caliente de reivindicaciones que tenía anunciado la Asociación Unificada de la Guardia Civil (que defiende la desmilitarización y derechos sindicales), debilitar aún más a las Fuerzas de Seguridad cuando la negociación con ETA atraviesa un momento tan delicado...

El Gobierno unificó ayer los mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional días antes de que sus interlocutores inicien los contactos preliminares con ETA, de los que el ministro del Interior informará a final de este mes a los grupos parlamentarios. No obstante, Alfredo Pérez Rubalcaba aseguró ayer hacerlo con frencuencia.

Junto con el Real Decreto de reestructuración del organigrama del Interior, el Consejo de Ministros estudió ayer dos anteproyectos de ley sobre la unificación en un único fichero de los cuatro existentes del ADN y de comunicaciones electrónicas, telefonía móvil y fija e internet. Al término de la reunión del Gabinete de Zapatero, Rubalcaba puso el énfasis en el denominador común de las tres normas: la mejora de la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el crimen organizado, la inmigración ilegal y el terrorismo.

A su juicio, la creación de un mando único de la Policía y la Guardia Civil, que dirigirá el hasta ahora director de la Benemérita Joan Mesquida, impulsará la coordinación de ambos cuerpos, lo que supone «sinónimo de eficacia». El ministro restó importancia a esta reestructuración por sorpresa, que conllevará una serie de cambios y nombramientos en cadena. Rubalcaba aseguró que él sólo finaliza la tarea iniciada por su antecesor en el cargo José Antonio Alonso.

Acto seguido, descartó que la creación de un mando único con rango de Dirección General, una de las promesas electorales del PSOE, conlleve aparejado una modificación de la naturaleza de los cuerpos ni de sus competencias.

En el nuevo organigrama las subdirecciones operativas de la Policía y de la Guardia Civil se convierten en Direcciones Adjuntas Operativas, con lo que se refuerza el carácter profesional de los mandos de ambos cuerpos. Y se constituye el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, con el fin de garantizar la coordinación operativa de las Fuerzas de Seguridad y el desarrollo de inteligencia conjunta para luchar contra las redes organizadas. Además, se crea el Gabinete de Estudios de Seguridad Interior, que desarrollará las funciones de coordinación y elaboración de estadísticas de seguridad.

Con esta remodelación también se pretende, según Rubalcaba, adecuar la estructura del Interior a sus prioridades. Esa es la razón por la que se crea una nueva Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.

Tarjetas prepago

El anteproyecto de ley de comunicaciones electrónicas y telefonía fija y móvil que estudió ayer el Consejo de Ministros obligará a los operadores de telefonía a conservar durante un año los datos del origen de la llamada, del destino, la duración y el nombre del usuario. A esta información podrán acceder, previa autorización judicial, las Fuerzas de Seguridad del Estado. Además, estarán obligados a realizar un registro de los compradores de tarjetas prepago de móviles, usadas con frecuencia por su opacidad por terroristas y delincuentes. En la actualidad existen 18 millones de estas tarjetas en circulación.

   

Una información de C. Morodo e I. G. De Molina publicada en el diario LA RAZON el sábado 9 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El Gobierno crea el mando único de policía y Guardia Civil y destituye al jefe antiterrorista

    

Madrid - El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, acometió ayer una reforma histórica en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado al nombrar un mando único para la Policía Nacional y la Guardia Civil, una promesa electoral del PSOE que parecía enterrada hace más de un año con la creación del Centro Ejecutivo del Mando Unificado de las Fuerzas de Seguridad.

Por primera vez en la historia de España una sola persona dirigirá los dos cuerpos de seguridad con 123.000 agentes a su cargo. Será Joan Mesquida, ex consejero de Hacienda en Baleares, recién nombrado director general de la Guardia Civil, que ahora también será director general de la Policía, en sustitución de Victor García.

De paso, el ministro aprovechó la amplia reestructuración de su departamento para prescindir, en pleno proceso para el fin de ETA, del jefe policial de la lucha antiterrorista, el comisario general de Información, Telesforo Rubio, que será sustituido por Miguel Valverde, comisario que ahora ocupaba el cargo de director del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista.

Telesforo Rubio ha sido durante estos dos años y medio la diana elegida por el PP para descalificar la investigación del 11-M -pese a que la parte principal de ese trabajo no le correspondió a él- y poner bajo sospecha la gestión policial en relación con la banda terrorista ETA por un chivatazo de un agente a un etarra que investiga la Audiencia Nacional y que no ha aportado ninguna prueba que implique al comisario general de Información.

El ministro del Interior negó tajantemente que la decisión adoptada tuviera algo que ver con las denuncias hechas por el PP sobre la investigación del 11-M y puso como prueba que Rubio ha ascendido al ser designado subdirector y pasar del nivel 29 al 30 en la escala de la función pública. "Es verdad que es una comisaría de 24 horas sobre 24 horas y es cierto que ha cumplido muy bien su trabajo. Hemos llegado hasta aquí en todas las investigaciones por su trabajo y es verdad que hace falta ahora meterle un empuje nuevo. Esa es la razón y no otra. Si tuviera alguna queja por su trabajo, no lo ascendería", declaró Rubalcaba.

El ministro atribuyó el relevo de Rubio a su cansancio, pero otras fuentes apuntan que en la Comisaría General de Información "existían algunas tensiones, sobre todo en la información del País Vasco".

Bajo el mandato de Rubio fue detenido el jefe de ETA Mikel Antza y fueron desarticuladas varias células de terroristas islamistas que planeaban atentar en España. El ministro Alfredo Pérez Rubalcaba aseguró ayer que los cambios pretendían "aumentar la eficacia en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada y la inmigración ilegal". La creación del mando único para Policía y Guardia Civil persigue, según Rubalcaba, "mejorar la coordinación de los dos grandes cuerpos de seguridad". El ministro aclaró que la unidad del mando no afectará a las competencias y a la naturaleza de cada cuerpo, de modo que la Guardia Civil seguirá siendo militar.

La reestructuración también implica el ascenso de los subdirectores adjuntos operativos a directores adjuntos operativos, cargos que ostentarán Miguel Ángel Fernández Chico, por la Policía, y el general José García Varela, por la Guardia Civil. "Con ello se refuerza la profesionalidad de los mandos de ambos cuerpos y se crea un mando único de coordinación política".

El Consejo de Ministros creó ayer también el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), cuyo fin es garantizar la coordinación operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el desarrollo de inteligencia estratégica conjunta en la lucha contra el crimen organizado.

La restructuración de Interior también se ha ocupado del problema de la inmigración irregular al crear la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, con la que pretende reforzar la presencia internacional del ministerio en la lucha contra la llegada ilegal de extranjeros a España. Este departamento estará dirigido por Arturo Avello y dependerá del Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Rubalcaba destacó que el objetivo de esta nueva dirección general es "dar al área de extranjería más nivel político y lograr que España esté más presente en todos los foros internacionales en los que se habla de inmigración ilegal". El comisario general de Extranjería, José Ignacio Araujo, también ha sido sustituido (y ascendido). En su lugar fue nombrado Felipe Hernández.

Otra nueva dirección general que creó el Gobierno fue la de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, cuyo titular será José Manuel Rodríguez Uribes, y que unificará las unidades existentes en la Administración para atender este colectivo. El Alto Comisionado, creado en diciembre de 2004, bajo la dirección de Gregorio Peces-Barba, dependiente del Ministerio de Presidencia, fue disuelto ayer.

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias se adscribe a la Secretaria de Estado de Seguridad, lo que permite que este departamento "tenga bajo su mando los dos elementos de la política contra la delincuencia, la persecución y el encarcelamiento", señaló Rubalcaba.

   

Una información de L. R. Aizpeolea publicada en el diario EL PAIS el sábado 9 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Desconcierto ante el anuncio de Rubalcaba

Por Sin Pancarta - 9 de Septiembre, 2006, 6:00, Categoría: General

Muchas dudas ha inspirado la decisión anuncia ayer por Rubalcaba, dudas que también tengo yo en estos momentos. No me ha gustado la forma como se ha hecho, no estoy demasiado seguro de la oportunidad de la medida, desconozco las razones reales que han decidido a actuar al ‘Presidente Accidental’. No me sirve la disculpa del programa electoral del PSOE que ciertamente incluía esta medida. Sólo el ‘diario independiente de la mañana’ parece tener todo muy claro, a la vez que aprovecha para cargar contra el Partido Popular en defensa del nefasto personaje llamado Telesforo. Más dudas ante la decisión. En cualquier caso intuyo que no tardaremos en conocer la verdad de esta cuestión.

“La inquietante trastienda de un paso adecuado” (Editorial de EL MUNDO)

   

El ministro del Interior procedió ayer a una completa e histórica reestructuración del departamento con la creación de un mando único de la Policía y la Guardia Civil, a cuyo frente estará el hasta ahora director del instituto armado, Joan Mesquida. El cambio lleva aparejada la destitución del director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y de algunos de sus subordinados que ocupaban puestos clave. El comisario general de Información, Telesforo Rubio, será relevado próximamente y con él los máximos responsables de la lucha antiterrorista y contra la delincuencia, al igual que el jefe de los Tedax, el polémico Sánchez Manzano, a quien se le está buscando sustituto.

La reestructuración de la cúpula de Interior se ha producido por sorpresa, a pesar de que ya en el comienzo de la legislatura, el Gobierno anunció la creación de este mando único, a cuyo frente teóricamente iba a situar al ahora destituido Víctor García Hidalgo. Paradójicamente, ha sido un recién llegado al puesto de director general de la Guardia Civil, el eficaz y competente Joan Mesquida, quien se ha alzado con el puesto. Este periódico incluyó en sus últimas «100 propuestas para la regeneración de la democracia» el mando único en aras de la eficacia en materia de seguridad y, por tanto, consideramos que el PP yerra al calificar como «escándalo mayúsculo» y «golpe de mano monstruoso» la reestructuración de Interior.

Ahora bien, estos cambios tienen mucho calado político y no pueden ser analizados sólo en términos administrativos. Lo primero que cabe preguntarse es por qué el mando único no se aprobó hace cuatro meses, cuando el general Gómez Arruche fue sustituido por Mesquida, inmediatamente después del nombramiento de Rubalcaba. Todo indica que ahora sirve de pretexto para el descabezamiento de la cúpula de Interior y que esta crisis tiene que ver con algo que ha sucedido en los últimos cuatro meses y que es lo suficientemente grave como para proceder a una cirugía tan drástica. Así lo indica también la improvisación y precipitación con la que se ha anunciado la decisión, sin tener muy claro si Mesquida -hasta ahora subsecretario- será o no secretario de Estado, que es lo que viene a dictar la lógica, puesto que ése es el rango del responsable del CNI.

Sin negar que la falta de confianza personal del ministro Rubalcaba en los jefes policiales haya podido influir en la reestructuración, hay dos claves de vital importancia en el golpe de mano de ayer: la turbia investigación del 11-M y el chivatazo policial a la banda en el sumario de la trama financiera de ETA. Garzón busca ahora al responsable y hay que recordar que Marlaska apartó de la investigación al comisario Telesforo Rubio porque no se fiaba de él. De igual forma, la sospecha se amplía en ambos casos al destituido García Hidalgo, que firmó dos notas sobre el 11-M que no se ajustan a la realidad. En la primera, se aseguraba que no se rompió la cadena de custodia de la mochila de Vallecas, lo cual ha quedado en entredicho por el informe policial publicado por este periódico. En la segunda, se decía que la investigación llevada a cabo por la Policía, a instancias del juez, había concluido que Trashorras no estableció relación alguna entre El Chino y ETA, extremo que se ha demostrado falso, según lo declarado por el propio interesado en la entrevista publicada por EL MUNDO.

Más allá de los detalles concretos, el ministro Rubalcaba no puede negar la trascendencia y gravedad del relevo de la cúpula policial. Es muy significativo que la destitución de quienes han investigado el 11-M se produzca a pocos meses de la vista oral y coincidiendo con la propuesta por parte de la inspección del Poder Judicial de que el juez instructor sea apartado de la Audiencia por su manifiesta negligencia. Hasta los más escépticos ante las revelaciones de EL MUNDO habrán de reconocer que se trata de dos inquietantes síntomas de la falta de credibilidad de la versión oficial del 11-M.

    

Editorial publicado en el diario EL MUNDO el sábado 9 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

“El laberinto de Interior” (Editorial de ABC)

   

El Consejo de Ministros decidió ayer crear un mando único para la Guardia Civil y la Policía Nacional, cuyo primer titular es Joan Mesquida, máximo responsable hasta ahora del instituto armado. Tanto la vicepresidenta primera como el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presentaron esta reestructuración de la seguridad del Estado como una culminación de otras reformas previas emprendidas por el anterior titular del Departamento, José Antonio Alonso, actual ministro de Defensa, aparentemente al margen de estos cambios. De esta forma, la creación de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil estaría, a criterio del Gobierno, dentro de la más absoluta normalidad y, además, respondería al compromiso electoral del PSOE de unificar el mando de ambos cuerpos de seguridad. Sin embargo, no todo es tan claro como lo pinta el Gobierno: esta misma decisión fue descartada por el Ejecutivo en abril de 2004, a las pocas semanas de que el PSOE llegara al poder y a la vista de que la unificación de los mandos entrañaba más perjuicios que beneficios. Tan inminente era la aprobación del nuevo organismo que desde el Ejecutivo se dio el nombre de Víctor García Hidalgo, el hasta ayer director general de la Policía, como seguro titular del cargo. Finalmente, no hubo mando único, pero se crearon organismos con funciones de coordinación operativa de ambos cuerpos, como el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (que integra también al CNI) y el más explícito Comité Ejecutivo del Mando Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por tanto, sobre el papel, la coordinación de la Policía y de la Guardia Civil estaba garantizada institucionalmente, con organismos creados precisamente como alternativa al mando único, sin olvidar la figura del secretario de Estado de Seguridad, verdadero responsable de que entre ambos cuerpos no existan colisiones ni fricciones y al que la nueva Dirección General -verdadero núcleo duro del Ministerio- deja sin gran parte de su peso político y de su autoridad interna. Si no ha sabido ejercer sus funciones (y la creación del nuevo organismo permite presumirlo), la consecuencia ya se sabe cuál habría de ser.

Lo que no ha explicado el Gobierno es qué ha cambiado desde 2004 hasta la actualidad para ejecutar un compromiso electoral descartado entonces y que no había necesidad de recuperar. Más bien parece que la decisión del Ejecutivo tiene que ver con la compleja coyuntura del Departamento de Interior, con el escándalo del «chivatazo» a un presunto colaborador de ETA sin resolver -cerrado en falso con el cese del responsable de la Comisaría de Información-, con una crisis migratoria creciente y en pleno proceso de negociación con la banda terrorista, que si realmente se acerca a «momentos trascendentes», como anunció misteriosamente el presidente del Gobierno, hace de esta reorganización de la seguridad del Estado una decisión realmente inoportuna. No le faltaba razón al responsable de Justicia e Interior del PP, Ignacio Astarloa, al criticar que el mando único para Policía y Guardia Civil se haya implantado en este preciso momento y, además, sin la más mínima información previa a la oposición, algo recomendable, por sentido común, para conservar un elemental sentido de Estado en la política de seguridad. Tampoco hay nada nuevo en este comportamiento del PSOE, que también designó sin consenso al actual director del Centro Nacional de Inteligencia.

Por tanto, falta una explicación convincente de una reforma que tiene mucha más trascendencia que la transmitida ayer por el ministro del Interior, sobre todo porque cuando se planteó hace dos años estuvo rodeada de polémica por la posible desmilitarización de la Guardia Civil y su fusión con la Policía. La coordinación de cuerpos de seguridad ya tenía sus responsables bien definidos, al igual que el intercambio de información antiterrorista, por lo que la estructura del Departamento empieza a parecerse a un laberinto. Si hay otras razones, deben conocerse, porque en ningún país occidental se están acometiendo nuevas políticas de seguridad sin explicarlas a los ciudadanos ni a la oposición.

   

Editorial publicado en el diario ABC el sábado 9 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

“Decreto y mando” (Editorial de LA RAZON)

  

El Gobierno ignora al Congreso y al Poder Judicial y decide cambiar por su cuenta el modelo policial

La desaparición de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil y su sustitución por un mando único, al frente del cual estará Joan Mesquida, hasta ahora director general del Instituto Armado, es una trascendente decisión unilateral del Gobierno. Un cambio organizativo de estas características requiere un debate previo sobre el modelo policial que incluya al Congreso de los Diputados y, por supuesto, a los sindicatos policiales, y a los responsables técnicos. Por no hablar del papel que ante una reforma estructural de esta naturaleza debería haber tenido el Poder Judicial. El modelo policial, el funcionamiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado, su representatividad y función social y todo aquello que afecte a la seguridad ciudadana no puede ser determinado por decreto, en solitario y por sorpresa, como si el Gobierno no tuviera que dar justificaciones ante nadie en un asunto de tanto calado.

El Partido Popular no ha dudado en calificar la medida de «golpe de mano» y sospecha que la decisión tomada por el Consejo de Ministros pueda ser un primer paso para la desmilitarización de la Guardia Civil o incluso su disolución.

Alegar que la creación de un mando único redundará en una mayor coordinación y mejor funcionamiento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es la expresión de un deseo que de cumplirse pondría en tela de juicio la eficacia de instrumentos como la Secretaría de Estado de Seguridad y otros organismos cuya misión actual es la de aunar esfuerzos, optimizar medios y evitar solapamientos en las investigaciones policiales. Por lo mucho que se juega la sociedad española frente a fenómenos como el del terrorismo internacional y el de ETA; o en el ámbito del control de fronteras, optar por un determinado modelo policial es una cuestión de Estado que no puede patrimonializar el PSOE con la excusa de cumplir una promesa contenida en su programa electoral.

El secretismo gubernamental en este caso viene a confirmar las denuncias de la oposición respecto al proceso abierto por Zapatero con ETA. La propensión de Moncloa a las sorpresas debería quedar reservada a las áreas donde el Gobierno pueda presumir de una excelente gestión o una benéfica ausencia de grandes problemas; no en los frentes políticos con mayores incertidumbres. Un cambio en la estructura operativa en la forma en que se ha producido desacredita el afán dialogante del Gobierno, al menos en relación a la oposición, que critica con toda razón y perplejidad este modus operandi.

   

Editorial publicado en el diario LA RAZON el sábado 9 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

“Coordinación policial”  (Editorial de EL PAIS)

   

La decisión del Consejo de Ministros de ayer de situar bajo un mando único a la Guardia Civil y la Policía supone una auténtica revolución en la gestión y funcionamiento de los Cuerpos de Seguridad del Estado en España. Con la profunda reestructuración del Ministerio del Interior, seguirán existiendo dos fuerzas policiales de ámbito estatal y, de hecho, la Guardia Civil seguirá conservando su naturaleza híbrida civil-militar. Pero se concreta por fin la esperada coordinación de ambas instituciones con ese mando único a cuyo frente estará Joan Mesquida, hasta ayer director general del instituto armado. Esa coordinación entre los dos grandes cuerpos de seguridad era una de las asignaturas pendientes en España.

Durante la investigación de los atentados del 11-M, el Congreso de los Diputados descubrió que la falta de coordinación fue un inconveniente a la hora de plantear una lucha eficaz contra el tráfico de explosivos en Asturias. Es sólo un ejemplo del largo historial de recelos y encontronazos entre ambos cuerpos de seguridad. No habrá de momento la unificación tantas veces planteada y reclamada por algunos sindicatos policiales, aunque sí se crean las condiciones para hacerlo en el futuro. Ésta es una decisión que deberá tomarse de acuerdo a criterios de eficacia, no de principios. Pero si la unificación no es cuestión de principios, sí lo es la coordinación. El paso que ahora se da, aunque presentado por el ministro como de continuidad con la reforma de 2004, implica un cierto reconocimiento del fracaso de la estructura entonces creada.

En pleno proceso de paz, la amplia reestructuración en Interior ha incluido también la sustitución del jefe policial de la lucha antiterrorista, el comisario general de Información, Telesforo Rubio. Este jefe policial ha sido objeto de numerosos ataques desde el PP para descalificar la investigación del 11-M y para involucrarle en un supuesto chivatazo policial a la red de extorsión de ETA. Ni tuvo protagonismo en esa investigación ni se ha probado conexión alguna con tal chivatazo. Sin embargo, las lagunas habidas en los servicios de información policiales sí parecían aconsejar un relevo que el ministro Rubalcaba achacó diplomáticamente a problemas de cansancio.

El ministro del Interior ha introducido otras novedades organizativas. Para juzgar sobre su idoneidad habrá un solo criterio: su eficacia.

    

Editorial publicado en el diario EL PAIS el sábado 9 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.