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Septiembre del 2006

Mayor Oreja: «Zapatero lleva la tregua a Bruselas para ganar tiempo, teme perder las elecciones»

Por Narrador - 30 de Septiembre, 2006, 12:00, Categoría: - Tregua Etarra

«Cuando una nación ha decidido suicidarse, como parece que busca el PSOE, la Unión Europea no va a evitarlo»

Madrid - Mayor Oreja interpreta que tras la decisión del PSOE de avalar la «internacionalización del conflicto», en terminología etarra, hay una huida hacia adelante para «anestesiar» a la sociedad y aparentar que la tregua evoluciona bien, aunque sea «mentira».

- ¿Qué cree que busca el PSOE llevando la tregua de ETA al Parlamento Europeo? ¿Legitimidad para la negociación?

-Al Gobierno lo que más le preocupa en estos momentos es ganar tiempo. Hoy hay dos estrategias distintas enfrentadas: la de ETA, que quiere claridad, y por eso inunda Bilbao de pasquines diciendo que «la lucha es el futuro»; y la del Gobierno, que por encima de todo pretende hacer ver que su proceso va bien para anestesiar así a la sociedad. El Ejecutivo intenta cambiar la imagen de las campas de Oiartzun, que significan la lucha, por el Parlamento Europeo, que se quiere utilizar para aparentar que, pese a todo, el proceso sigue adelante.

- ¿A qué precio, a su juicio? -Zapatero está convencido de que con el mal llamado proceso puede ganar las próximas elecciones generales y ETA, sin embargo, está en la autodeterminación.

- Pero algo ha tenido que fallar para que la Eurocámara se preste a avalar ese escenario que usted plantea después del ingente esfuerzo de pedagogía hecho en estos años atrás para explicar la verdadera naturaleza del problema del terrorismo en España. Hay quien mira al Partido Popular Europeo...

- Conviene no olvidar que en Europa siempre tiene un plus el Estado y el Gobierno de turno que ha sido refrendado por una elección general. El PSOE está intentado utilizar esa baza a su favor, sin duda. En cuanto al Partido Popular Europeo, no tengo ninguna duda de que va a estar en su lugar, lo que pasa es que no pueden poner la misma pasión que nosotros porque ellos no saben, por ejemplo, que éste es un asunto en el que nos va la vida. En cualquier caso, cuando una nación quiere suicidarse, que es lo que yo aprecio que sucede a veces con algunas actitudes de los socialistas, no puedes evitar el suicidio desde la Unión Europea.

- Y ustedes, ¿qué instrumentos tienen a su alcance para hacer frente a esta «internacionalización del conflicto» que ETA siempre ha reivindicado?

- Nosotros vamos a tratar de dar la batalla en la UE hasta el último segundo. De momento, hemos puesto en contacto a asociaciones de víctimas con representantes de todos los grupos. Además, tenemos ya garantizada la unidad dentro del PPE y estamos hablando con eurodiputados de otras formaciones para sensibilizarles sobre nuestras posiciones.

- ¿Y presentarán una resolución alternativa?

- Si los socialistas la presentan, nosotros también, y nuestra propuesta estará basada en reflejar el disparate que supone llevar a Europa un asunto que divide a los españoles. En sí mismo, haya o no haya resolución, el debate es un error porque es forzar a los europeos a tomar posición sobre una cuestión en la que los dos grandes partidos, PSOE y PP, no están de acuerdo. Y eso beneficia a ETA porque debilita a España. En cualquier caso, éste no es un tema sustantivo sino una distracción. Vuelvo a insistir, la autodeterminación es la esencia del proceso, y el siguiente paso clave para entender qué está pasando es la legalización de Batasuna en los ayuntamientos vascos. Luego, vendrá Navarra.

- Según su experiencia y conocimiento, ¿hasta cuándo aguantará ETA sin conseguir lo que quiere?

- El Gobierno se está dando cuenta de que ETA no va cambiar y, por eso, como he dicho, lo único que pretende es ganar tiempo y engañar a los terroristas como engañó a ERC en el final de la tramitación del Estatuto de Cataluña. El juego de Zapatero es el de la mentira y, para eso, lo que necesita es tener un enemigo común, que es el PP. Mi previsión es que el PSOE va a convocar las elecciones generales en función de cómo marche la tregua, y todo apunta que se van a anticipar. Incluso puede que se celebren antes de las municipales.

- Pero eso está a la vuelta de la esquina.

- Estoy haciendo de profeta, pero es evidente que todo se está acelerando. Lo de Oiartzun precipita los acontecimientos porque ETA ha dicho con claridad que está al borde de la ruptura y ha advertido también al PSOE de que no la van a engañar como se ha engañado a ERC. Al contrario de lo que dice el Gobierno, éste no va ser un «proceso largo», sino corto y explosivo, y que haya elecciones generales antes de las autonómicas y municipales depende de su evolución. No hay que cometer el error de olvidar que ETA sólo busca la autodeterminación, con dos grandes pruebas de fuego de por medio, la legalización de Batasuna y la incorporación de Navarra a una confederación vasco-navarra. Todo lo demás, como los presos, es paja. ETA ha aprendido que la autonomía fue un instrumento de poder para el PNV y piensa que la autodeterminación le va a permitir tener ese poder que tanto desea.

- El Gobierno dice lo contrario, y se supone que es quien maneja más información «delicada».

- ETA es una organización totalitaria, tanto cuando es débil como cuando es fuerte. Su único objetivo es el poder y no puede cambiar. Decir que aceptará rendirse a cambio de nada es desconocer por completo el problema del País Vasco.

- ¿Cómo se puede salir de este lío?

- España está en una situación muy difícil. Desde el comienzo de la Transición nunca hemos atravesado por un momento tan delicado como el presente. ¿Cómo se sale? Pues con responsabilidad, con esfuerzo, con sacrificio y sabiendo estar a la altura de la gravedad de las circunstancias. Mi partido está obligado a tener clara su estrategia y a saber qué va a hacer cuando llegue al Gobierno para subsanar el gran fracaso del cambio generacional de la izquierda española.

- ¿Usted sigue teniendo alguna duda sobre la autoría de los atentados del 11-M?

- Todas las dudas.

- Es decir, que a día de hoy no descarta que, de una manera u otra, ETA haya estado relacionada con la masacre de Madrid.

- No lo he descartado nunca y tampoco lo hago ahora, por supuesto. Soy incapaz de saber quién es el autor intelectual de la masacre terrorista, pero tengo la convicción moral de que fue organizada para que el Partido Popular perdiera las elecciones. Es imposible que unos islamistas de quinta regional diseñaran el atentado del 11-M.

Una entrevista de C. Morodo publicada por el diario LA RAZON el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Montaje de Garzón para criminalizar a los peritos que denunciaron la falsificación

Por Narrador - 30 de Septiembre, 2006, 10:00, Categoría: 11-M

Les acusa por haber firmado el pasado julio una copia del mismo dictamen, cuyo original desapareció Mantiene de testigo al jefe Ramírez, que firmó ser autor de las pruebas que hicieron sus subordinados

MADRID.- El juez Garzón imputó ayer por una presunta falsedad documental a los tres peritos de la Policía que mencionaron a ETA en un informe sobre el 11-M. Les acusa de un delito para cuya persecución no es competente, utilizando en contra de los agentes las declaraciones que prestaron como testigos, vulnerando su derecho a un abogado y a no autoinculparse, y atribuyéndoles la conducta de haber falsificado un «documento oficial» pese a que el propio juez reconoce que el informe era un «documento interno no oficial».

En cambio, ha mantenido la condición de testigo a Francisco Ramírez, que firmó el dictamen remitido al juez del 11-M como si él hubiera efectuado las pruebas analíticas que, en realidad, hicieron sus tres subordinados.

Con la llamativa decisión de imputar a los tres peritos, Garzón inicia una incursión colateral en el sumario del 11-M pese a que tampoco tiene jurisdicción en este asunto, ahora en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El sumario que formalmente está sirviendo a Baltasar Garzón para adentrarse en la autenticidad o falsedad de informes periciales incorporados al caso 11-M es el relativo a los atentados islamistas de Casablanca, en los que se sospecha que participó Hasan Haski.

Sin embargo, el delito de falsedad documental no es competencia de la Audiencia Nacional, salvo que haya sido cometido por terroristas y para perpetrar actos terroristas o facilitar su impunidad. Ni una sola línea de la resolución de Garzón se dedica a justificar su competencia, hasta el punto de que ni siquiera menciona a Haski.

En el domicilio en Canarias de este marroquí al que la Fiscalía considera instigador de los ataques del 11-M se encontraron unos polvos blancos que resultaron ser ácido bórico, según el informe elaborado el 21 de marzo de 2005 por los peritos Isabel López, Pedro Manrique y Manuel Escribano.

Los tres hicieron constar en su informe que también fue intervenido ácido bórico en un piso franco de ETA descubierto en Salamanca en 2001, así como en el domicilio de un joven antisistema detenido en 1999.

Los técnicos mencionaban que el ácido bórico puede servir como conservante de explosivos y para enmascararlos con el fin de dificultar su detección, por lo que sugerían la «posibilidad» de que «los autores de estos hechos estén relacionados entre sí y/o hayan tenido un mismo tipo de formación».

Garzón afirma en el auto de imputación que dictó ayer que los peritos presentaron su informe al jefe de sección Francisco Ramírez, «quien, al discrepar del contenido del documento, que en ese momento tenía el carácter de documento interno no oficial en la Comisaría General de Policía Científica, le indicó a Escribano que debían reelaborarlo, eliminando las observaciones que contenía al extralimitarse de lo que se les había solicitado y responder esas observaciones a opiniones subjetivas y faltas de consistencia».

Los expertos se negaron a modificar su dictamen. Según el juez, Escribano «sugirió a Ramírez que reasignase el caso a otro perito, sin que conste que le devolvieran su informe original», que quedó en manos de Ramírez y del que nunca más se supo.

El jefe de sección «se reasignó a sí mismo el caso como perito, lo cual estaba dentro de sus competencias, a la vez que recibió de Escribano copia del informe en un archivo de word para que pudiera trabajar con el mismo, lo que hizo redactando el informe oficial el día 22 de marzo de 2005, sin incluir las observaciones».

Garzón pasa completamente por alto el hecho de que, en el informe enviado al juez Del Olmo y firmado por Ramírez, éste figura como autor de los análisis sobre el ácido bórico encontrado a Haski -de hecho, Ramírez rubrica el dictamen como «perito facultativo» y no como jefe de sección- cuando, en realidad, él no hizo las pruebas.

Por el contrario, del informe al que el propio juez otorga la calificación de oficial Ramírez suprimió los carnés profesionales que permitían identificar a los auténticos peritos.

En la resolución se añade que, el pasado jueves, la propia Isabel López presentó durante su comparecencia ante Garzón una copia del informe de 21 de marzo de 2004.

Fue esta funcionaria la que, en el curso del interrogatorio, manifestó que esa copia «fue extraída el día 11 de julio de 2006 del archivo informático por Escribano y firmado por él y por los otros dos peritos el mismo 11 de julio, pero con fecha 21 de marzo de 2005», narra Garzón.

Añade que presentaron la copia a José Andradas, jefe de la Unidad Central de Analítica y superior jerárquico de los tres peritos y de Ramírez, «sin advertirle de la citada alteración que simulaba la fecha de firma y creación del documento».

Tal como ya informó EL MUNDO en su edición del pasado día 21, el 11 de julio de 2006 el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, solicitó que se le remitieran todos los informes policiales sobre sustancias explosivas relacionadas con el 11-M.

El inspector jefe Escribano fue precisamente el encargado de recabar los informes del servicio de documentación. Descubrió entonces que no constaba el firmado por él, López y Manrique de fecha 21 de marzo de 2004, en el que se mencionaba incidentalmente a ETA.

Por eso, los peritos tuvieron que volver a sacar del ordenador una copia de ese documento, que firmaron de nuevo para que Andradas lo enviara, junto al resto de los dictámenes, al ministro del Interior.

Garzón, que no explica esos datos, interpreta que los peritos tuvieron la «intención» de «producir un efecto oficial de un documento que nunca lo fue y que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica». En la tarde de ayer, agentes del Cuerpo Nacional registraron por orden del magistrado las mesas en que trabajan los tres peritos, en la sede de la Policía Científica, en el complejo de Canillas (Madrid).

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió ayer la decisión de la Sala de lo Penal de enviar los dos informes -el de los tres peritos y el de Ramírez- a los juzgados ordinarios de Madrid. La Fiscalía que dirige Javier Zaragoza insiste en que sea sólo Garzón el que intervenga en este asunto.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"Un auto impropio de un juez justo" por Casimiro Garcia-Abadillo

Por Narrador - 30 de Septiembre, 2006, 9:40, Categoría: 11-M

Cuando tres profesionales honestos, con muchos años de experiencia, son acusados por un juez de un delito de falsedad tras ponerse de manifiesto que ha sido su jefe, y no ellos, el que ha vulnerado la ley, es que algo muy grave sucede con la Justicia.

Cuando se vulneran, sin ningún recato, los derechos fundamentales de tres ciudadanos que se presentan a declarar como testigos y salen de la Audiencia como imputados, sin haber estado asistidos en su comparecencia por un abogado, es que algo muy grave está pasando con la Justicia.

Cuando el juez mantiene la calificación como testigo del autor del documento falso que consta en los autos del sumario del 11-M, retorciendo el más mínimo sentido de lo razonable, entonces es que el encargado de administrar Justicia no es digno del cargo que ocupa. Porque lo esencial en la labor de un juez es la aplicación de la ley y la ley es, por principio, justa. Y, en este caso, se quiere hacer pagar a justos por pecadores.

Pero hagamos un sucinto repaso del auto del juez Garzón para que veamos hasta qué punto se han retorcido los hechos.

El juez de la Audiencia Nacional imputa un delito de falsedad a los tres peritos que realizaron el informe en el que se establecía un vínculo entre ETA y el 11-M no porque no lo hicieran, sino porque lo firmaron el día 11 de julio de 2006. El problema es que ésa fue la fecha en la que ellos se enteraron de que su informe había desaparecido y había sido sustituido por otro falso firmado por su jefe, Francisco Ramírez.

Fue entonces cuando el perito inspector jefe Escribano sacó de su ordenador el informe del día 21 de marzo de 2005 para firmarlo, junto a los otros dos peritos, y pedirle al jefe de la Unidad, el señor Andradas, que constatara que, efectivamente, el informe del día 21 de marzo lo habían hecho ellos y no Ramírez.

Pero Garzón no sólo pasa por alto quién fue el que falsificó el informe que fue remitido al juez Del Olmo (y que lleva la misma referencia que el auténtico), sino que cambia a conveniencia la consideración del mismo para atribuirle un carácter delictivo.

Para el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia, el informe 48-Q3-05 de los tres peritos es «un documento interno no oficial». Sin embargo, cuando lo que busca extraer consecuencias penales contra sus autores remitiéndose al artículo 390-2 del Código Penal, entonces le atribuye a ese mismo informe el carácter de «documento oficial». Si era simplemente un borrador, como decía la nota de Interior, entonces no se le puede aplicar el Código Penal. Y si es oficial, entonces habrá que deducir que salió de la Unidad de Análisis de la Policía Científica y que, por tanto, llegó a su destinatario: el ministro del Interior. Si eso fuera así, Rubalcaba habría mentido en el Congreso de los Diputados.

En este caso, el juez ni siquiera ha cuidado las formas. ¿Desde cuando se instruye un delito de falsedad en documento público en la Audiencia Nacional?

Es evidente que, desde el momento en que Garzón asumió la competencia a instancias de la Fiscalía de la Audiencia, lo hizo porque tenía muy clara cuál era su misión.

El porqué Garzón se ha prestado a esta burda maniobra al servicio del Gobierno es algo que sabremos tarde o temprano.

Publicado por el diario EL MUNDO el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Entre la prevaricación y la trampa política (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 30 de Septiembre, 2006, 9:20, Categoría: 11-M

A ninguno de los lectores de EL MUNDO debería sorprenderle lo sustancial de lo ocurrido ayer en la Audiencia Nacional. Ya advertimos el jueves que, cuando abría diligencias en las que incluía la falsificación del informe que unía a ETA y el 11-M, todo sugería que Garzón se estaba prestando a una operación orquestada por el Gobierno y la Fiscalía con el objetivo de criminalizar a los denunciantes y exonerar a los denunciados ante la opinión pública. En lo esencial esto es lo que ha sucedido, pero la realidad ha superado en malas artes y marrullería cualquiera de nuestras previsiones.

Con el auto de ayer, Garzón ha perpetrado uno de los montajes judiciales más lesivos al Estado de Derecho de las últimas décadas y tal vez lo más grave de todo desde el punto de vista meramente procesal es que lo ha hecho sin competencia y en contra del criterio de sus superiores, que determinaron el miércoles que debía ser la jurisdicción ordinaria y no él la que llevara el caso. En vez de dictar apresuradamente un auto de imputación, Garzón debería -como máximo- haber deducido testimonio y haberlo remitido a los Juzgados de Plaza de Castilla.

El juez ni siquiera ha cubierto las formas ciñéndose a investigar lo que le pedía el fiscal: determinar la «relevancia penal» de los informes y «sus efectos desde la perspectiva probatoria». Ha llegado al extremo de tender una trampa a los peritos aprovechando su declaración como testigos para escribir un prolijo auto de imputación vulnerando su derecho a un abogado y a callar o incluso mentir en su defensa. En román paladino, su conducta es la del tahúr que se saca un naipe falso de la manga. En términos jurídicos y a la luz de la jurisprudencia del Supremo, reúne muchos de los elementos indiciarios de la prevaricación.

Pero si es grave el envoltorio jurídico de la operación, lo es aún más el contenido del auto, cuyas conclusiones se basan en un puñado de contradicciones e incongruencias. Garzón basa su decisión de imputar a los peritos en que éstos volvieron a firmar en julio de 2006 el informe que sus superiores habían hecho desaparecer el 21 de marzo de 2005. El instructor da por buena la versión del firmante del informe falsificado, Francisco Ramírez, quien asegura que el documento inicial nunca se firmó. Del relato del auto se deduce sin embargo que los peritos le entregaron en mano a Ramírez las tres páginas del informe. En un entorno en el que se trabaja con ordenadores, sólo tendría sentido hacerlo si fuera para añadirle algo que no podían poner en pantalla, es decir, su firma. En todo caso, tampoco sería lo importante. En julio de este año, y advirtiendo que su documento había sido falseado, los peritos se limitaron a recuperar el informe para probar la manipulación y denunciarla a través de la línea jerárquica.

Garzón dinamita la lógica jurídica cuando califica el informe genuino como «documento interno no oficial» y acusa al mismo tiempo a los peritos de un delito de falsedad «en documento oficial». Es incomprensible además que no impute en cambio a Ramírez, que se atribuyó en el informe falso la autoría de unos análisis que nunca hizo. Por cierto, si como hasta ahora ha dicho Interior el documento de los peritos no era más que «un borrador», ¿por qué el auto habla del «informe 48-Q3-05 con fecha del 21 de marzo» y no del que retocó Ramírez el día 22? Cuando lo hace, Garzón está reconociendo que existía un informe con esa fecha y esa referencia, lo que confiere mayor gravedad al auto.

Más allá de estos entresijos, lo que se percibe es que entre el Gobierno, la Fiscalía y el juez se ha urdido una estrategia cuyo resultado es amedrentar a cualquiera que se sienta dispuesto a contribuir a averiguar lo que ocurrió en torno al 11-M. Vuelven los peores modos del pasado, pero hoy como ayer estamos seguros de que antes o después prevalecerán la verdad y la justicia.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

ETA da un ultimátum al Gobierno para que cumpla sus promesas

Por Narrador - 30 de Septiembre, 2006, 9:00, Categoría: - Tregua Etarra

La banda fija diciembre como tope tras plantearse romper el alto el fuego después de seis meses «sin obtener resultados»

Madrid - ETA ha concedido un plazo al Gobierno y al PSOE, que concluye el próximo mes de diciembre, para que cumpla los supuestos compromisos que intermediarios del Ejecutivo habrían pactado con la banda para que concediera el alto el fuego. Los pistoleros, según fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZON, habrían considerado la posibilidad de romper la tregua días pasados, al cumplirse seis meses «sin resultados», pero, finalmente, han dado un margen hasta fin de año.

Las exigencias de autodeterminación (independencia), con la anexión de Navarra, se mantienen sobre la mesa y la organización criminal ha hecho llegar al Gobierno, al menos en una ocasión, durante el pasado verano, que éstos son sus planteamientos y que deben ser tratados en la llamada «mesa de partidos» cuya constitución reclaman la banda y su entramado como condición para desbloquear el «proceso».

El gesto realizado ayer por el Ejecutivo, al «internacionalizar» el problema del separatismo vasco en el Parlamento Europeo no va, según las citadas fuentes, a cambiar las posiciones de la banda -ayer mismo trataron de quemar la sede socialista de la localidad guipuzcoana de Mondragón «en señal de agradecimiento»- que decidió el pasado verano, ante lo que consideraba falta de avances por parte del Gobierno, radicalizar sus posturas y hacer un planteamiento de «máximos».

El problema de los fanáticos (y los etarras lo son) es que cualquier cesión la entienden siempre en clave de «derrota del enemigo» y nunca como una concesión democrática, agregan.

Esta radicalización de las posiciones ha causado tensiones internas dentro del entramado etarra, en especial en Batasuna y en el poderoso sindicato LAB, cuyo secretario general, Rafael Díez Usabiaga, ha perdido mucho peso en la dirección del «proceso».

Las tensiones han llegado a tal nivel que en una reciente reunión Arnaldo Otegi «llegó a las manos» con algunos compañeros de coalición, los más «ortodoxos» y próximos a ETA. Según las fuentes consultadas, sufrió alguna agresión y desde entonces esta «desaparecido en combate». Al parecer, el que se hacía pasar por el Gerry Adams (lider del IRA y del Seinn Fein) vasco trató de que Batasuna y ETA adoptaran posturas más «flexibles» para permitir que el «proceso» avanzara. Y se encontró con la «feroz» oposición de los que, siguiendo las consignas de la banda, no están dispuestos a la más mínima concesión.

En el caso de Rafael Díez Usabiaga, lo que ha ocurrido es que su excesivo protagonismo de los últimos meses ha causado celos y preocupación entre los cabecillas de la banda. Con el pase a un segundo plano del líder sindical lo que han querido dejar claro es transmitir quién es el que manda y el que dirige el «proceso».

Los fusileros etarras que el pasado fin de semana exhibieron sus armas en el monte Aritxulegi de Oyarzun, que no forman parte de ninguna facción disidente sino que actuaban bajo las órdenes de la «dirección» de la banda, dejaron claro que no van a renunciar al terrorismo hasta conseguir la «independencia y el socialismo».

«Cantera de pistoleros»

Además, las juventudes proetarras, que se empezaron llamando Jarrai y ahora Segi, en situación de ilegalidad, suelen expresar las posiciones más próximas a ETA. De hecho, esta organización ha sido la «cantera» de la que han salido muchos pistoleros de la banda. En la línea del comunicado leído en el monte Aritxulegui, han anunciado que continuarán con su «campaña por la independencia de Euskal Herria con la aplicación práctica del derecho de autodeterminación».

Tras criticar al PNV, que «está de nuevo dispuesto a vender a este pueblo ante el temor de perder el poder y el dinero» y a «Zapatero y el Gobierno español del PSOE que se esforzará en limitar el proceso únicamente a términos de conflicto armado para evitar responder a los problemas políticos», los jóvenes proetarras aseguran que los vascos «conseguiremos vencer y acabar con el conflicto que dura ya tantos siglos. Porque los enemigos tendrán que ceder ante la Euskal Herria que construiremos los ciudadanos vascos mediante una postura insumisa».

Precisamente estos jóvenes proetarras se vieron involucrados en un nuevo suceso el pasado jueves. El piso del barrio bilbaíno de Recalde, en el que fueron hallados diversos materiales con los que se fabrican las bombas incendiarias de las utilizadas por el terrorismo callejero, formaba parte de la infraestructura que la banda terrorista ha organizado para los grupos que cometen este tipo de atentados, lo que demuestra, según afirmaron fuentes conocedoras del asunto, la importancia que la banda da a este tipo de actividades criminales en tiempos de «tregua».

El piso había sido alquilado por uno de los tres individuos que tras producirse un incendio mientras manipulaban los materiales, consiguieron emprender la huida, dos de ellos descolgándose con sábanas por la ventana y el otro corriendo por la escalera. No se trataba, subrayan las mismas fuentes, de un apartamento de un familiar o cedido por alguien. Por el contrario, los fugados disponían de un dinero para la renta cuyo origen habrá que investigar.

En los últimos atentados de terrorismo callejero, los expertos de la Ertzaintza han observado una mayor sofisticación de los artefactos, en especial en el colocado contra la sede socialista de la localidad alavesa de Nanclares de Oca. Esto demostraría que las células han seguido cursillos en las últimas semanas impartidos por miembros de ETA, que ha decidido utilizar la «kale borroka» como eje central de la presión al Gobierno.

En el piso del barrio de Recalde fue localizado líquido inflamable, documentos de Batasuna, restos de botellas, destinadas a la fabricación de cócteles molotov, varias mochilas y maletas. El análisis de estas últimas llevó algún tiempo ante el temor de que pudieran contener elementos explosivos. Todo parece indicar que el incendio se produjo cuando los individuos huidos manipulaban los materiales para fabricar artefactos.

Una información de J. M. Zuloaga publicada por el diario LA RAZON el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"El domingo en Sevilla" por Carlos Herrera

Por Narrador - 29 de Septiembre, 2006, 14:00, Categoría: - Tregua Etarra

Si los delicados manifestantes que el domingo están convocados en Sevilla por la AVT para mostrar su disconformidad con la política del Gobierno de Rodríguez Zapatero tienen la osadía de elevar la voz más de la cuenta y de atentar, consecuentemente, «contra el civismo debido y la convivencia ciudadana», todo el peso de la ley en forma de regañina del fiscal general del Estado caerá sobre sus cabezas y sobre el buen nombre de sus familias. Y algo más, probablemente. Una «actitud vociferante» no es lo que se espera de una víctima del terrorismo, que debe manifestarse de forma cabizbaja, como salía de la puerta de atrás de las iglesias vascas, como llegaba a los aeropuertos de Andalucía o Extremadura, como se escondía y se esconde en los pueblos en los que se han quedado a vivir. A dos militantes del PP les detuvieron por orden política del delegado del Gobierno en Madrid, aquella lumbrera, por increpar a un ministro del Gobierno en una manifestación de carácter parejo a la de pasado mañana en Sevilla, pero los policías que cumplieron la orden fueron condenados por sentencia judicial. Tranquilos por ese lado. Éstos piensan que una madre de un guardia asesinado o un hermano de concejal muerto no tienen que manifestarse con la misma actitud de un miembro de Batasuna: cada uno a lo suyo, la víctima a callarse y el asesino a chillar.

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha advertido muy seriamente a la Asociación de Víctimas del Terrorismo: esa manifestación convocada para expresar la disconformidad de sus asociados con las políticas gubernamentales que afectan a la gestión de la tregua no podrá ocupar toda la calzada del trazado asignado -deberá dejar un par de carriles para el tráfico-, deberá ajustarse a las normativas acústicas de la ciudad y deberá haber aportado previamente el número de manifestantes que esperan convocar. Que el ruido de la calle no moleste a mi señor, ha dicho el funcionario electo, el que señaló el dedo del poder para velar por la seguridad de todos. Me pregunto si el propio subdelegado irá escoltando la manifestación con un medidor de ruidos accionado en su mano izquierda: «¡A aquél, detengan a aquél, que ha gritado por encima de lo permitido!».

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía autorizó en su día al sindicato de Policía y Bomberos a utilizar los medios acústicos que consideraran necesarios en una manifestación. El Ayuntamiento de Sevilla -donde regía el mismo que hoy es subdelegado-, que no había permitido efectos sonoros, recurrió y perdió. Por lo tanto, que vayan tranquilos todos los manifestantes este domingo al Paseo de las Delicias y griten lo que quieran hasta hartarse. Y lleven bocinas y matracas y altavoces si les da la gana. Y ocupen toda la calle y corten el tráfico y no le hagan ni puñetero caso a nadie. Ni siquiera al subdelegado se le ocurrirá ordenar a la Policía que cargue contra las madres, los hermanos y los hijos de los muertos, cosa que creo tampoco harían aunque se les dijese, por cierto. Que las víctimas del terrorismo reivindiquen su derecho a manifestarse en tiempos en que resulta políticamente incorrecto hacerlo por aquello de que hay un Gobierno que «lucha por la paz» y al que no se le debe obstaculizar. Las víctimas tienen, de momento, el mismo derecho que Batasuna a ocupar las campas sin que nadie les ladre: hace unos días, en Oyarzun, tres pistoleros tomaron posesión de la tierra sin que el Estado hiciese acto de presencia a pesar de estar cerca sus responsables de seguridad. ¿Y van ahora a decirle a las víctimas críticas con este Gobierno que no griten y que vayan por la acera? ¡Anda ya!

Todos a Sevilla pasado mañana. Que si aquí el tráfico lo corta cualquier colectivo de mojones ¡cómo no lo van a cortar ellos!

Publicado por el diario ABC el viernes 29 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Un móvil del PSOE llamó a la zona donde se produjo el chivatazo a ETA

Por Narrador - 29 de Septiembre, 2006, 12:00, Categoría: - Tregua Etarra

En el listado de llamadas realizadas a las inmediaciones del bar Faisán que la Guardia Civil ha entregado al juez aparece una hecha desde un teléfono corporativo de la sede de Ferraz minutos antes de que el etarra Elosua fuera advertido de la inminente redada

MADRID.- Una llamada desde un número de teléfono que pertenece al PSOE fue realizada desde la sede de Ferraz a la misma zona donde se encuentra el bar Faisán, minutos antes de que se produjera el chivatazo a ETA. La comunicación se produjo desde un móvil corporativo del PSOE a las 11.00 horas del día 4 de mayo. La recibió una persona que se encontraba en el mismo bloque en el que se ubica el establecimiento, regentado por el presunto responsable de la financiación de ETA, Joseba Elosua, en Irún (Guipúzcoa). Allí mismo, media hora después, Elosua fue alertado de una operación contra el aparato de extorsión de la banda terrorista.

Así consta en el estudio telefónico remitido por la Guardia Civil al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso, dirigido por el juez Baltasar Garzón, según explicaron a EL MUNDO fuentes de la investigación.

En el informe entregado por el Instituto Armado a la Audiencia Nacional aparece un gran número de llamadas que circularon por la zona próxima al lugar donde se produjo el chivatazo, el bar Faisán. El ámbito rastreado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se centra en la misma manzana donde se ubica el establecimiento, y en las horas próximas a la que se presume que tuvo lugar el chivatazo.

Muchas claves de lo que pasó aquella mañana del 4 de mayo están ya en el despacho del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Primero fue la Guardia Civil la que elaboró un pormenorizado y detallado informe sobre los movimientos telefónicos que se produjeron aquella mañana en la zona del bar Faisán. El estudio se remitió al juzgado cuando todavía estaba dirigido por el magistrado Fernando Grande-Marlaska.

Círculo acotado

Después ha sido la Comisaría General de Información de la Policía Nacional la que ha concretado aún más las pesquisas y ha remitido al juez un segundo informe, más preciso que el del Instituto Armado, a principios del mes de agosto. Y el círculo está muy acotado sobre los autores del chivatazo a la organización terrorista ETA de la inmediatez de la operación policial contra su aparato de extorsión.

El propio Joseba Elosua fue quien recibió el chivatazo policial el día 4 de mayo por la mañana, en su establecimiento, sobre las 11.30 horas. La víspera, el juzgado de la Audiencia Nacional y la Policía habían acordado poner en marcha una operación para desmantelar la trama de extorsión etarra en el momento en que se entregara dinero procedente del impuesto revolucionario. Y en ese corto margen de horas, desde la noche del 3 hasta la mañana del 4, se ideó y se puso en marcha un plan para alertar al etarra y desvelarle la inminente operación contra el entramado. La improvisación y el poco margen de tiempo provocó que los autores del chivatazo cometieran errores que, probablemente, permitirán al juez Garzón desenmascarar esta trama.

Todo parece indicar que, inicialmente, alguien (posiblemente un agente de la Policía Nacional) se desplazó hasta la casa de Elosua durante la mañana del día 4, siguiendo órdenes de sus superiores, para alertarle verbalmente de la operación. Pero no lo localizó. Entonces, seguramente la misma persona, se desplazó al bar Faisán y preguntó por Joseba Elosua. Los investigadores no tienen ya dudas de que este primer agente no conocía físicamente a Elosua, porque cuando entra en el bar alguien preguntó al policía que si quería contactar «con el padre o con el hijo», a lo que aquél respondió: «Con el padre», cuando a quien buscaba, el presunto responsable de la financiación de ETA, era al hijo.

Cuando salió Elosua, el agente le entregó un teléfono móvil. Al otro lado del aparato, otro supuesto miembro de la Policía Nacional le dio el chivatazo. Todo hace sospechar que los dos principales implicados pertenecen a la plantilla de la Comisaría General de Información.

Pues bien: entre todas las llamadas incluidas en el informe de la Guardia Civil figura una que parte desde la sede socialista de Ferraz, desde un número que pertenece al PSOE, y que tiene como destinatario un número de teléfono que está en la zona donde se produce el chivatazo. Según las fuentes consultadas por este periódico, los estudios sobre las cuadrículas donde las antenas localizan cada una de las llamadas acotan perfectamente la zona de la que partió esa llamada y la zona de recepción. Se trata de alguien que telefonea físicamente desde la sede del Partido Socialista. Y esta llamada se produce sobre las 11 de la mañana, apenas unos minutos antes de que Elosua sea alertado de la operación policial.

El número en el que se recibe esa llamada no pertenece, según las mismas fuentes, a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. No obstante, los investigadores no pueden descartar de ninguna manera la conexión entre esa llamada y la que recibió el entramado de extorsión etarra, aunque, por los datos iniciales del informe, los especialistas de la Guardia Civil tampoco sacan conclusiones. Incluyen la llamada para que sea el propio juez Garzón el que le dé la importancia correspondiente o descarte su posible relación con el chivatazo.

La llamada desde la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid está enmarcada dentro de un amplio listado de varios cientos de números de teléfonos que hacen llamadas hacia la zona del bar Faisán, que es donde se produce el chivatazo, o que las reciben en sus proximidades, durante las horas en las que se presume que se realizó el aviso a Elosua.

Según los expertos, la zona delimitada no es superior a una manzana de viviendas, y el periodo de tiempo acotado bastante corto, por lo que el estudio elaborado por la Guardia Civil es bastante preciso.

El propio Elosua destapó el caso

MADRID.- Fue el propio Elosua quien destapó el chivatazo, ya que se lo contó a su cuñado durante la tarde del día 4 de mayo, mientras ambos viajaban a Francia en su vehículo.

En ese coche había una 'chicharra' policial que grabó toda la conversación. Aquel día, Elosua le contó a su familiar que primero intentaron localizarle en su domicilio. Como no lo consiguieron, al parecer un policía entró en el bar Faisán y le entregó un teléfono móvil, desde donde ya fue alertado por otro funcionario policial de la inminente operación.

El informe de la Guardia Civil fue entregado poco antes de que Fernando Grande-Marlaska abandonara el Juzgado. Tras el regreso de Garzón a la Audiencia Nacional, el juez apartó al Instituto Armado y las investigaciones quedaron en manos de la Policía Nacional.

En el origen de este caso se produjeron situaciones cuando menos insólitas. El chivatazo se produjo el 4 de mayo. Los agentes de la Comisaría General de Información se percataron de ello el día 5, viernes. Pues bien, el que entonces era el máximo responsable de los servicios de Información policiales, el comisario Telesforo Rubio, no informó oficialmente al juez que instruía en ese momento, Marlaska, hasta el lunes siguiente, día 8.

Esto provocó un tremendo enfado por parte del magistrado, que decidió, en una resolución sin precedentes, apartar de las investigaciones al propio comisario. El juez dejó el caso en manos de un inspector jefe con la instrucción de que las novedades le fueran dadas a él y no a Telesforo Rubio. Ese mando es el que envió el segundo informe a Garzón el pasado mes de agosto. El malestar ya existente en la Comisaría General de Información creció tras destaparse este escándalo. Son muchos los que barajan 'candidatos' para que el juez llame a declarar como imputados.

Imaz se reunió ese día con Zapatero

MADRID.- El chivatazo policial se produjo el 4 de mayo por la mañana, poco antes de que el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Josu Jon Imaz, fuera recibido en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En aquella reunión, Imaz trasladó a Zapatero su apoyo incondicional al denominado 'proceso de paz'.

En aquel momento, en el punto de mira judicial, además de un amplio elenco de presuntos implicados en la trama de extorsión de ETA, se encontraba también el dirigente nacionalista Gorka Agirre. El entonces instructor del sumario, Fernando Grande-Marlaska, tenía sospechas de que estaba directamente implicado en la trama y de que había gestionado el pago del 'impuesto' a ETA a alguno de los empresarios extorsionados. «Gorka Agirre, actualmente responsable de relaciones exteriores del EBB, órgano de dirección del PNV, ha desarrollado funciones de intermediación entre la organización terrorista ETA, en concreto su aparato de extorsión (Gezi), y relacionados de una o de otra manera con su partido. En tal sentido, contactaba con el conjunto de miembros de la red de extorsión, más asiduamente con Joseba Elosua, de quien recibía tanto los listados de empresarios extorsionados como incluso las cartas de extorsión, negociando posteriormente y llegando a entregar dinero con destino final a las arcas de la banda armada», señaló el juez Marlaska en el auto en el que fija la situación procesal de Aguirre. En él, el magistrado denuncia que Agirre informaba a Joseba Elosua «de la titularidad oficial de distintos vehículos que le seguían», añade el auto.

«Los hechos anteriormente relatados, y sin perjuicio de ulterior calificación, revisten los caracteres de un delito de colaboración terrorista», indica el auto.

Una información exclusiva de Fernando Lazaro publicada por el diario EL MUNDO el viernes 29 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El PSOE 'internacionaliza' el chantaje criminal de ETA: Editoriales

Por Narrador - 29 de Septiembre, 2006, 10:00, Categoría: - Tregua Etarra

No crean que hemos suprimido el editorial de EL PAIS, simplemente el ‘diario independiente de la mañana’ ha elegido otros temas de mayor incidencia, por ejemplo

No dar satisfacción a ETA en la Eurocámara (Editorial de EL MUNDO)

El Parlamento Europeo celebrará el próximo día 25 de octubre un debate sobre el proceso de paz puesto en marcha por Zapatero tras la declaración de alto el fuego de ETA. La iniciativa partió del grupo socialista de la Eurocámara y fue respaldada por todos los grupos, incluido el Grupo Popular Europeo. Sin embargo, tanto el presidente del PP, Mariano Rajoy, como el portavoz en Estrasburgo, Jaime Mayor Oreja, consideran que la celebración de este debate es «un enorme error» y una «cesión injustificada a Batasuna». El líder del PPE intentó sin éxito que la sesión fuera aplazada, alegando que la fecha prevista era la que había pedido Batasuna. En efecto, la organización ilegalizada se felicitó ayer porque la Eurocámara haya cedido a sus pretensiones y saludó que los «diferentes agentes europeos» participen para «impulsar el proceso democrático del pueblo vasco». Tal y como bien dijo Rajoy, Batasuna logró ayer una victoria en su estrategia de internacionalización del que llaman «conflicto vasco». Y precisamente por ello, los socialistas españoles deben tener mucho cuidado en el debate para no caer en el juego de los proetarras. Sus portavoces han de dejar meridianamente claro que ni una organización terrorista ni su brazo político ilegalizado pueden marcar los pasos del proceso. Máxime cuando hace sólo unos días, tres pistoleros encapuchados volvieron a amenazar al Estado en nombre de ETA. Lo contrario sería darle una satisfacción política a la banda terrorista.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el viernes 29 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“El debate sobre ETA en Europa” (Editorial de LA RAZON)

El PSOE lleva al Parlamento Europeo la negociación con los terroristas para reforzar sus tesis

Uno de los objetivos que se marcó el anterior Gobierno de España fue el de ilustrar con precisión los perfiles del terrorismo en Europa. Tras los atentados contra las Torres Gemelas, en pleno proceso de internacionalización de la lucha contra el terrorismo, las gestiones diplomáticas y políticas del Partido Popular (con el apoyo sin fisuras del PSOE) tuvieron como objetivo aislar a ETA y sus portavoces, explicar en consulados, embajadas, cancillerías y parlamentos, incluido el europeo, la dimensión criminal de los «políticos» de Batasuna, la vulneración sistemática de los derechos humanos que llevaban a cabo ETA/Batasuna y que la situación de anormalidad en el País Vasco se debía al totalitarismo callejero de los proetarras. Tales gestiones fueron eficaces hasta el punto de que la Unión Europea no tuvo inconveniente en incluir a HB en su lista de organizaciones criminales. Con esa iniciativa, España logró que ni ETA ni sus «embajadores» tuvieran el más mínimo apoyo oficial; que no quedaran dudas sobre la naturaleza criminal de Batasuna, su supeditación a los fines y objetivos criminales de los terroristas. Europa entendió y asumió como propias las consideraciones españolas (del PP y del PSOE) y se eliminó cualquier atisbo de comprensión a la «lucha» de los terroristas.

Cinco años después, el debate sobre ETA regresa a Europa a petición de la propia Batasuna. El grupo socialista ha recogido el guante y está dispuesto a discutir en sede parlamentaria sobre un asunto tan vidrioso como el de la negociación con ETA. Precisamente las aristas de ese proceso son las que evitan que haya debates clarificadores al respecto en el Congreso de los Diputados.

El propósito del PSOE es obtener un respaldo aún mayor para el Gobierno de Rodríguez Zapatero, pero los riesgos son elevados, dados los movimientos de Batasuna y la pretensión de que la sesión en el Parlamento Europeo acabe por convertirse en una reivindicación del derecho a la autodeterminación, sin la más mínima alusión, por ejemplo, a las víctimas del terrorismo.

Es obvio que la situación no es ahora la misma que hace cinco años, que ETA lleva tres sin matar (como le gusta recordar al presidente del Gobierno) y que la banda está en situación de alto el fuego, a pesar del agudo rebrote del terrorismo callejero, pero todo eso no debería servir para que Batasuna encuentre en Europa un altavoz para sus reivindicaciones, así como un escenario propicio para dividir aún más al PSOE y al PP, formación que ha sido incapaz de arrastrar al grupo popular europeo hacia sus posiciones.

Batasuna afirma que con este debate se «internacionaliza» el «conflicto» al tiempo que se fija un «marco de garantías» que excede la soberanía española. Tanta satisfacción debería hacer recapacitar al PSOE y al Gobierno sobre las consecuencias de la sesión que la Eurocámara celebrará el día 25 de octubre.

Editorial publicado por el diario LA RAZON el viernes 29 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


“Batasuna gana en Estrasburgo” (Editorial de ABC)

El empeño del PSOE por llevar al Parlamento Europeo el proceso de negociación con ETA carece de justificación jurídica y política. A efectos de la Unión Europea, ETA es una organización terrorista cuya única presencia ante las instituciones comunitarias debería situarse en el marco de la cooperación policial y judicial. Por otra parte, la Cámara de Estrasburgo no está pensada para servir como eco amplificador en los asuntos internos de cada país miembro. De hecho, los eurodiputados que se empecinan en plantear cuestiones de interés particular ante sus colegas suelen ser relegados a una posición secundaria por los grupos parlamentarios, que no en vano están organizados por familias ideológicas y no por orígenes nacionales. Sin embargo, el Grupo Socialista ha conseguido su objetivo al trasladar a la Cámara Europea un «proceso de paz» de cuyo desarrollo aún no ha informado el Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, pese a las promesas que en este sentido hizo el propio José Luis Rodríguez Zapatero. Es ahí donde debe plantearse el debate sin buscar la cobertura externa de un Parlamento Europeo que, sin pretenderlo, está sirviendo a los intereses y a la estrategia de ETA/Batasuna. La tesis del PP sobre la inconveniencia del debate debería haber prevalecido en el seno del centro-derecha europeo, que se ha limitado a formular en la Conferencia de Presidentes -equivalente a la Junta de Portavoces en nuestras Cámaras- algunas objeciones menores en relación con el calendario. Pero incluso en este terreno simbólico sale ganando la tesis de Batasuna: el próximo 25 de octubre está fijada la fecha para una sesión parlamentaria que consagra la internacionalización de un asunto interno, otorga un estatus que no merece a una organización terrorista que sigue activa y plantea un lenguaje de «diálogo» y «pacificación» que sólo favorece a quienes se sitúan en contra de la democracia constitucional.

El presidente del Gobierno incumplió su palabra de comparecer ante el Parlamento al exponer antes del verano sus intenciones en una rueda de prensa celebrada en el edificio del Congreso. Esta misma semana ha utilizado una pregunta pactada casi sin debate posterior para seguir manteniendo su confianza -poco fundada- en los planes y expectativas del «proceso». Cumplido el plazo que había fijado el propio Ejecutivo, el ministro del Interior no ha informado a los portavoces parlamentarios y ya ni siquiera se aventura a fijar un nuevo plazo. El secretismo se apodera de una materia que exige por definición que se informe con lealtad a la oposición y que se transmita a la opinión pública un mensaje con la garantía de que no habrá concesiones inaceptables. Es una mala noticia que el Parlamento Europeo sea utilizado como cámara de resonancia mientras el Congreso de los Diputados sólo sirve como decorado para hacer declaraciones sin derecho a réplica.

Editorial publicado por el diario ABC el viernes 29 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El PSOE lleva el «proceso de paz» a la Eurocámara, como anunció Batasuna

Por Narrador - 29 de Septiembre, 2006, 9:00, Categoría: - Tregua Etarra

BRUSELAS. El PSOE logró ayer sacar adelante la fecha del 25 de octubre para que el Parlamento Europeo debata la negociación del Gobierno de Zapatero con ETA. Los socialistas españoles contaron con los votos de sus colegas europeos (PSE), además de los liberales de ALDE, de los Verdes y de la Izquierda Unitaria, y con la oposición de todos los populares (PPE).

La decisión de realizar este debate en el Parlamento Europeo, que ya se tomó en julio también con el voto en contra del PPE, obedece a una propuesta del PSOE para que la Eurocámara pueda dar su apoyo al «proceso», tal y como hizo en 1993 cuando se inició la negociación sobre Irlanda del Norte.

La cuestión es que la fecha elegida para este debate coincide con la que había anunciado en septiembre la ilegalizada Batasuna y cumple con el objetivo que siempre se había fijado ETA de lograr la «internacionalización del conflicto». En una comparecencia pública, dos dirigentes del brazo político de la banda, Joseba Álvarez y Joseba Permach, mostraron su satisfacción por el hecho de que el Parlamento Europeo fuera a incluir en el orden del día el «proceso de paz». Álvarez reconoció también que «desde Batasuna siempre hemos subrayado la importancia del acompañamiento internacional en este tipo de procesos».

El PPE votó en contra de que el debate se celebrara en octubre y propuso noviembre como alternativa. Hans Poetteting, jefe de filas de los populares europeos, explicó que la idea de retrasarlo era para «no hacerlo coincidir con lo que había propuesto Batasuna».

Sin embargo, al final, las tesis del PSOE de celebrar el debate en octubre acabaron imponiéndose por mayoría, entre otras cosas para no hacer coincidir este debate con la posible visita de José Luis Rodríguez Zapatero al Parlamento Europeo, asunto en el que trabajan en el Palacio de la Moncloa desde hace meses para intentar que la agenda del jefe del Ejecutivo coincida con las sesiones de la Eurocámara. El formato que utilizaría Zapatero para hablar en Estrasburgo está por decidir.

Mayor Oreja

Por su parte, el líder de los populares españoles en la Eurocámara y vicepresidente del PPE, Jaime Mayor Oreja, se mostró muy contrariado por la decisión tomada en la Conferencia de Presidentes y aseguró que «ésto es dar una nueva satisfacción a ETA, con el error adicional de hacerlo en la fecha que había reclamado hace quince días Batasuna».

«Mi grupo ha reiterado en todas las ocasiones que estamos ante un gran disparate político. El Grupo Popular se opuso en julio a que se celebrara este debate y hoy ha vuelto a hacer hincapié en ello y en que constituía un error adicional hacerlo en el mes de octubre, cuando Batasuna había determinado que era la fecha ideal», añadió Mayor Oreja. A pesar del firme rechazo al debate el vicepresidente del Grupo Popular Europeo aseguró que «evidentemente, el PPE estará en el debate, expondrá las razones por las que se opone y presentará una moción alternativa». El debate del 25 de octubre se abrirá con una pregunta a la Comisión Europea y al Consejo de la UE sobre qué medidas de respaldo pueden dar al «proceso», seguida de una discusión.

El posible voto de una resolución de apoyo a la negociación del Gobierno con la banda terrorista está todavía pendiente de negociación en el seno de la Conferencia de Presidentes de Grupos Políticos, que en los días previos a la fecha del debate decidirá si se redactará una resolución conjunta y se someterá o no a votación en el pleno.

Crónica de una resolución anunciada

No obstante, si la votación de esta posible resolución sigue la misma suerte que la decisión misma del debate, así como la fecha del mismo, todo apunta a que de la Eurocámara saldría una resolución de apoyo al «proceso», tal y como desea el PSOE.

Desde las filas socialistas, Enrique Barón acusó al PP de «fanatismo y sectarismo» por oponerse al debate, así como por tratar de retrasarlo al mes de noviembre. «El debate es una muy buena noticia que demuestra que el Parlamento Europeo está dispuesto a responder a la petición de solidaridad del Congreso de los Diputados», añadió.

De la misma opinión que Barón fue el líder de los socialistas europeos, Martin Schulz, quien aseguró que «hay que debatir lo antes posible, pues creo que cada retraso de este debate es inútil. Lo que el Gobierno de Zapatero hace es de extrema importancia para Europa y sobre todo para nuestras regiones vecinas. ¿Por qué retrasarlo».

Bruselas, una estrategia de HB de años que ha dado fruto

BRUSELAS. Una de las estrategias que ha llevado a cabo la ilegalizada Batasuna en los últimos años ha sido la internacionalización de lo que ETA denomina el «conflicto vasco» y, desde luego, uno de sus objetivos ha sido siempre Bruselas. En la capital comunitaria ha sido habitual ver dar ruedas de prensa tanto a miembros de estas organización como personas próximas a ellas, en ocasiones dentro de las sede bruselense de la Eurocámara o en hoteles cercanos, dependiendo de las cuentas pendientes con la Justicia española que tuvieran los intervinientes. La última fue en el mes de marzo, cuando Gorka Elejabarrieta, miembro del equipo internacional de Batasuna, pedía abiertamente la implicación de la UE en el «proceso de paz» y el final de su ilegalización.

Pero, al igual que en otras ocasiones, el miembro de la ex HB no estaba solo, sino que en esa ocasión le acompañada la eurodiputada del Sinn Fein Bairbre de Brun, quien afirmó entonces que «hay una auténtica oportunidad y para aprovecharla al máximo el Gobierno español debe dejar de criminalizar políticamente a Batasuna». La influencia de Batasuna ha llegado a tal punto en Bruselas que llegó a inspirar la creación de un «friendship» (red de amigos en inglés) de la causa denominado «Hacia un proceso de paz en el País Vasco», en el que están integrados varios eurodiputados, entre ellos el de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Bernat Joan.

Por otro lado, la Embajada de Gran Bretaña ha mantenido contactos con políticos nacionalistas vascos en los últimos días para interesarse por la marcha del «proceso de paz» derivado del alto el fuego que ETA anunció el pasado 22 de marzo. Ya entonces, se supo que el Gobierno de Reino Unido había asesorado al Ejecutivo español teniendo en cuenta la experiencia de lo sucedido con el IRA.

Una información de Maribel Núñez (Corresponsal) publicada por el diario ABC el viernes 29 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Garzón llama a declarar a un cargo de la CGI tras escuchar a Santano y a los tres peritos

Por Narrador - 29 de Septiembre, 2006, 8:00, Categoría: 11-M

El comisario general de la Policía Científica insistió durante su declaración en la tesis de que el primer documento era un mero borrador Las comparecencias no terminaron hasta las 2.35 horas

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón citó a declarar ayer como testigos a los tres peritos de la Policía que en marzo de 2005 hicieron constar en un informe que el ácido bórico, hallado en el domicilio de un procesado por el 11-M, también fue encontrado en un piso franco de ETA en Salamanca.

Garzón interrogó asimismo al comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, quien, en su declaración, insistió en varias ocasiones en la tesis de que el primer documento -el auténtico-, era un mero borrador.

El magistrado tomó dos decisiones tras escuchar a los testigos citados ayer. La primera, citar como testigo al secretario general de la Comisaría General de Información.

La segunda, adelantar para hoy la citación de Francisco Ramírez, jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, que se encontraba de permiso oficial cuando se produjo la citación y que, en un principio, iba a comparecer ante el juez el próximo octubre. Ramírez se ha convertido en un personaje clave en el episodio de la alteración del informe de los tres peritos con el fin de que no figurara la referencia a ETA que ellos habían consignado.

Ramírez asumió con su firma la elaboración del informe enviado al juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, del que desaparecieron los carnés profesionales de los tres peritos que analizaron las muestras de ácido bórico intervenidas en diciembre de 2004 en la cocina de la casa de Hasan Haski, considerado por la Fiscalía uno de los ideólogos de los atentados islamistas de Madrid.

En el dictamen incorporado al sumario figura el propio Ramírez como autor de las pruebas analíticas realizadas, en realidad, por los otros tres expertos. Ambos informes mantienen, sin embargo, el mismo número de referencia.

El primero en declarar ayer fue Miguel Angel Santano, que lo hizo en dos ocasiones; la segunda de ellas después de que el juez escuchara el testimonio de la perito I. L., lo que parece indicar que fue llamado de nuevo por Garzón para aclarar alguna contradicción con lo manifestado por la citada funcionaria de la policía científica.

Poco después de la medianoche Santano abandonaba la sede de la Audiencia Nacional y pasaba a declarar un segundo perito. Ya de madrugada, pasada la una de la mañana, compareció el tercero de los peritos, que estuvo ante Garzón hasta más allá de las 2.30 horas. Todos ellos llevaban esperando su comparecencia desde las 17.00 horas.

Las declaraciones comenzaron con retraso debido a que Garzón decidió leer antes los informes que solicitó el pasado sábado a la Policía y a la Guardia Civil para conocer la relevancia del ácido bórico en relación con hechos terroristas.

El juez, que investiga a Haski por su presunta relación con los atentados de Casablanca, preguntó a la Policía Científica y al Servicio de Información de la Guardia Civil si el ácido bórico es una sustancia idónea para fabricar explosivos y si existen precedentes sobre el uso de ese elemento en artefactos explosivos utilizados en España hasta la fecha.

En un auto dictado el pasado sábado, Garzón adujo la necesidad de conocer esos extremos para agravar o no la presunta responsabilidad de Haski en relación con un delito de tenencia de explosivos. Pero, en la misma resolución, Garzón también justificaba su intervención en este asunto para conocer «la potencial relevancia penal de las contradicciones» entre el informe de los tres peritos y el dictamen que Ramírez envió a la Audiencia Nacional.

Después de que la Sala de lo Penal recordara que la falsedad documental de la que existen indicios no es competencia de la Audiencia Nacional, Garzón ha decidido que en los próximos días deducirá testimonio de sus actuaciones para enviarlas a los juzgados ordinarios de instrucción, tal y como hizo anteayer la propia Sala con las copias de los dos informes, el auténtico y el alterado, que EL MUNDO puso a disposición de la Justicia.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el viernes 29 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Un «enemigo» más para Zapatero

Por Narrador - 29 de Septiembre, 2006, 7:00, Categoría: Inmigración

El ministro francés del Interior insiste en aleccionar al presidente y promete frenar por ley regularizaciones masivas como la española. Sarkozy debatirá sobre inmigración hoy en Madrid

París/Madrid - La confrontación es la nota predominante de la política exterior española de los dos años y medio de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Con el paso de los meses, el cuerpo diplomático se debe emplear a fondo para invertir la situación generada por el propio presidente. Esta política del palo y mucho más tarde la zanahoria fue la que utilizó con Estados Unidos desde que desembarcó en La Moncloa. Tras dos años de una brecha que parecía insalvable en las relaciones entre ambos países, la situación se ha logrado reconducir no sin serios esfuerzos por parte española.

Cuando se estaba cerrando este frente y cicatrizando heridas, Zapatero abrió otro. En esta ocasión, con Alemania a costa de la OPA lanzada por la compañía germana E.ON sobre la española Endesa, operación que entraba en colisión directa con los intereses de Gas Natural. El último episodio de la nefasta política exterior del Gobierno socialista se ha ido cociendo estos días con Francia con la inmigración como telón de fondo. Esta crisis entre París y Madrid coincide en pleno «proceso de paz» y después de que el Ejecutivo galo se prestara a dar una salida a los casi 200 presos etarras que cumplen condena en su país.

El respaldo francés al «proceso de paz» se escenificó antes del verano con un encuentro en La Moncloa entre Zapatero y el titular del Interior galo, Nicolas Sarkozy. Sin embargo, aquella instantánea de complicidad inmortalizada por los reporteros gráficos ha saltado por los aires en los últimos días.

Zapatero se enfrentó a cara descubierta este miércoles al ministro francés, al que negó su capacidad para dar lecciones a nadie en materia de inmigración, después de los graves problemas de integración que provocaron numerosos disturbios en noviembre de 2005 en los suburbios de las grandes ciudades galas. Sarkozy no se quedó ayer cruzado de brazos y su reacción se aventura que pondrá a España en un brete ante la UE.

Partida de póker

En la partida de póker a distancia que juegan Zapatero y Sarkozy, extremos opuestos, a izquierda y derecha, del arco político europeo, el ministro francés dobló ayer su apuesta, antes de que se descubran las cartas, hoy en Madrid, en la conferencia sobre inmigración que celebrarán los ocho países mediterráneos de la Unión Europea.

El líder del centroderecha francés llega a la capital con una propuesta que dejaría fuera de juego al actual Gobierno español: la creación de una política de inmigración común en la UE, con una premisa fundamental: la prohibición de «toda medida de regularización masiva» de inmigrantes indocumentados. España fue el último país europeo, tras Italia, en abordar un proceso de estas características, que permitió la entrega de permisos de residencia a unos 700.000 inmigrantes.

El dirigente galo, presidente del partido conservador UMP, considera que este tipo de medidas estimula el «efecto llamada» y espolea la llegada de nuevos clandestinos. Ya criticó la petición de fondos a Europa realizada por España para hacer frente a la afluencia masiva de cayucos a las costas canarias.

Sarkozy filtró esta propuesta al diario «Le Monde» para responder a la invectiva que le dirigió anteayer el presidente español. El «número dos» del Gobierno francés propondrá un «pacto común» sobre inmigración a los 27 países de la UE sobre una serie de principios: «La estricta limitación de las medidas de regularización» a las crisis humanitarias y «caso por caso»; «el respeto del principio de proporcionalidad entre los flujos migratorios recibidos y la capacidad de acogida del mercado de trabajo»; los límites de «los servicios públicos» y «la vivienda»; «condicionar el reagrupamiento familiar a los recursos de un trabajo» y «el alejamiento de los inmigrantes clandestinos, salvo caso humanitario particular».

Una información de Javier Gómez y R. N. publicada por el diario LA RAZON el viernes 29 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Rubalcaba condecora a los escoltas de Bono que cambiaron su declaración ante el juez

Por Narrador - 29 de Septiembre, 2006, 6:00, Categoría: General

Otorga una medalla con pensión vitalicia al jefe que les ordenó avalar la supuesta agresión

MADRID - A través de la orden 1607, de 20 de septiembre de 2006, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dio luz verde a la condecoración a los escoltas del ex ministro de Defensa, José Bono, que, según la sentencia del caso de los dos militantes del PP detenidos ilegalmente, cambiaron su declaración para asegurar, después de negarlo, que se había producido una agresión al entonces ministro.

En su primera comparecencia ante el juez, los agentes de vigilancia declararon que José Bono no había sido golpeado, pero cuando volvieron al juzgado, siguiendo la instrucción de su jefe directo, desmintieron lo que habían afirmado inicialmente.

Distintivo blanco

La Confederación Española de Policía (CEP) denunció ayer, según adelantó Telemadrid, que los dos escoltas de Bono que cambiaron su declaración han recibido el distintivo blanco, mientras que el inspector jefe que les ordenó acudir de nuevo a prestar declaración ha sido distinguido con el distintivo rojo -que lleva aparejada una cantidad económica vitalicia y que es una medalla que se concede, generalmente, a policías que han participado en operaciones de riesgo o incluso que han sido heridos durante sus actos de servicio-.

El sindicato se queja de que otros miembros del Cuerpo Nacional de Policía que han participado realmente en operaciones de alto riesgo no han merecido ningún reconocimiento por parte del Ministerio del Interior. En concreto, existe un profundo malestar en círculos policiales después de que el Ministerio se negase a condecorar a un agente que resultó herido en la desarticulación de una importante banda de delincuentes colombianos, operación realizada en Toledo el pasado mes de mayo. La petición se formuló pero no ha habido respuesta.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ana Torme, aprovechó el río revuelto para acusar al ministro del Interior de tener una «doble e interesada» vara de medir. Torme criticó duramente que se premie «a unos señores que cambiaron su declaración para hablar de unas agresiones» que, «como ha acreditado una sentencia judicial», no existieron, mientras que a los policías que, en ese mismo sumario, cumplieron con su deber de no falsificar documentos ni sostener falsas acusaciones, «ni se les ha condecorado ni se les ha restituido en su puesto».

La diputada popular recordó que el Gobierno tiene una oportunidad de «enmendar su error» dando su apoyo a una proposición no de ley recientemente presentada por el Grupo Popular, y en la que se insta al Ejecutivo a reconocer la labor ejemplar de las Fuerzas de Seguridad y a abstenerse de someter a presión política a instituciones y cuerpos de funcionarios del Estado.

Restituir al inspector

La iniciativa presentada por el partido de Mariano Rajoy también pretende conseguir que se restituya en sus funciones de Jefe de Grupo de Conflictividad Laboral y Social al Inspector con número de placa 16.444 (que se negó a alterar el atestado inicial del «caso Bono» en el que se decía que no había agresión), así como a reconocer su actuación ejemplar con la condecoración correspondiente y a apartar de cualquier función de mando a los tres policías condenados por la Audiencia Provincial.

Una información de C. M. publicada por el diario LA RAZON el viernes 29 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Un auto que deja mudo a Rubalcaba y pone en evidencia al juez Garzon (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 28 de Septiembre, 2006, 12:00, Categoría: 11-M

La decisión que tomó ayer la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre los documentos que le entregó EL MUNDO tiene una gran trascendencia en lo político y en lo procesal. No sólo porque remite el caso a un juzgado de instrucción -desautorizando implícitamente a Garzón, que se apresuró el lunes a abrir diligencias secretas y ante el que hoy declaran los policías implicados- sino porque establece e identifica indicios flagrantes de falsificación tanto en el contenido como en la autoría del informe que vincula a ETA con el 11-M.

Desde el punto de vista político, el auto coloca en una situación difícil al actual ministro y a su antecesor. Si el proceso judicial convierte en hechos probados los indicios de delito que establecen en su escrito los magistrados, quedaría demostrado que Rubalcaba ha faltado a la verdad al menos en dos ocasiones: cuando afirmó ante el Congreso que no había ningún informe que vinculara a ETA con el 11-M y cuando la semana pasada dijo desde Finlandia que «el Ministerio del Interior no ha falsificado jamás un documento». Eso si no conocía ya la manipulación desde julio, cuando mandó que reunieran todos los informes sobre la masacre, lo que significaría que ha mentido conscientemente.

Pero sea o no cierto este último extremo, es evidente que el futuro político del actual titular de Interior y el de su antecesor, José Antonio Alonso, están ya vinculados a este procedimiento. El de Alonso porque él era el ministro cuando se manipuló el informe; el de Rubalcaba porque una condena por falsedad demostraría que faltó a la verdad para encubrir un delito al presentar como «borrador» el informe auténtico. Rubalcaba volvió a demostrar ayer en el Parlamento su estrecha concepción de la democracia cuando, en lugar de contestar a la pregunta del diputado Del Burgo sobre este asunto, cubrió al PP de descalificaciones y le acusó -como mirándose al espejo- de intentar «justificar sus mentiras» en los días que siguieron al 11-M.

Pero si son importantes las consecuencias políticas del auto, las procesales lo son todavía más. La más importante es la remisión del caso a la jurisdicción ordinaria, al reconocer que no está entre las competencias de la Audiencia. A la luz de esta decisión, causa aún más estupor que Garzón mantuviera ayer su propósito de interrogar a los falsificadores. Su empecinamiento sólo puede entenderse como un desafío tácito al criterio de sus superiores o como un intento de echarle una mano al Gobierno creando un conflicto de competencias que tendría que dirimir el Supremo y no haría sino dilatar el proceso. Si pese al criterio de la sala los policías acaban declarando hoy como testigos y no como imputados, el juez podría incurrir incluso en un delito contra las garantías constitucionales tipificado en el art. 542 del Código Penal, pues los agentes declararían sin abogado y no podrían mentir en su defensa.

Suceda lo que suceda a partir de ahora, ya nadie podrá seguir descalificando el impecable trabajo de los peritos con el endeble argumento de que el primer informe era un mero borrador sin validar. La Audiencia ya ha visto indicios de delito en la actuación de los falsificadores. Mientras la Justicia sigue indagando en lo que hicieron y en cómo lo hicieron, nosotros seguiremos empeñados en averiguar por qué.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La Audiencia Nacional ve indicios de delito en la falsificación del 'Typex'

Por Narrador - 28 de Septiembre, 2006, 10:00, Categoría: 11-M

La Audiencia ve indicios de delito en la falsificación del 'informe ETA/11-M'

Envía a los Juzgados de Madrid los dos dictámenes, el original y el manipulado, que entregó EL MUNDO

MADRID.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ve «indicios suficientes» de, «al menos», un posible delito de falsedad documental en la alteración de un informe policial enviado al juez Del Olmo e incorporado al sumario del 11-M en el que se eliminó la referencia que se hacía a ETA en el dictamen original y se suprimió la identidad de los peritos que llevaron a cabo los análisis para sustituirlos por su jefe, que no los realizó.

La Sala acordó ayer enviar a los juzgados ordinarios de instrucción las copias de los dos informes -el original y el manipulado- que EL MUNDO remitió el pasado 20 de septiembre a Del Olmo y que éste elevó al Tribunal del 11-M.

Los magistrados basan su decisión en que «no existe el más mínimo apoyo» para estimar que el presunto delito de falsedad en documento oficial tiene relación con delitos de terrorismo, que son los que justifican la competencia de la Audiencia Nacional.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por su presidente, Javier Gómez Bermúdez, y los magistrados Fernando García Nicolás y Antonio Díaz Delgado dictó ayer una resolución en la que acuerda enviar a los Juzgados de Instrucción de Madrid las copias de los dos informes policiales que, con la misma numeración, se referían al análisis del ácido bórico encontrado en el domicilio de Hasan Haski.

Haski, procesado por su relación con los atentados islamistas de Madrid (la Fiscalía de la Audiencia Nacional le da el rango de instigador de los ataques junto a Rabei Osman, El Egipcio), fue detenido en Lanzarote el 17 de diciembre de 2004. En su vivienda se encontró una sustancia, polvo de color blanco, que él dijo emplear «para matar cucarachas».

Las muestras fueron analizadas por tres peritos de la Policía Científica con números de carné profesional 9, 11 y 155, que elaboraron el informe 48-Q3-05, de 21 de marzo de 2005. En él señalaban que, en relación con hechos terroristas, el ácido bórico fue encontrado también en un piso franco de ETA en Salamanca en diciembre de 2001.

La referencia a ETA fue suprimida del informe enviado a Del Olmo que, también con la numeración 48-Q3-05, lleva fecha de 22 de marzo de 2005. De él desaparecen los peritos 9, 11 y 155 y figura únicamente el número de carné 195, correspondiente a Francisco Ramírez, jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, como si hubiera sido él el que realizó los análisis.

Tras la publicación de estos hechos por EL MUNDO el pasado jueves, el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, remitió a la Sala por fax la nota de prensa enviada a los medios de comunicación y en la que se afirma que el dictamen de los tres peritos era «un simple borrador» en el que incluyeron lo que no eran más que «elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico».

La nota de prensa de Santano parece haber tenido poco efecto en el análisis realizado por la Sala. «Del examen de los documentos se llega a la conclusión de la existencia de indicios suficientes para proceder a investigar la posible comisión de, al menos, un delito de falsedad en documento público, por la incorporación al sumario 20/04 [11-M] de un documento inicial (informe pericial del Cuerpo Nacional de Policía) alterado en su contenido y/o en la persona que realiza la pericia y la asume con su número profesional y firma», indican los magistrados en la resolución conocida ayer.

El Tribunal concreta, incluso, la posible falsedad documental, que podría haberse cometido por alterar un documento en alguno de sus elementos esenciales, suponer la intervención de personas que no la han tenido y/o faltar a la verdad en la narración de los hechos.

Ninguno de estas falsedades aparece entre los delitos que son de la competencia de la Audiencia Nacional, destaca la Sala en una especie de aviso a navegantes. El juez Baltasar Garzón tiene citados para hoy al comisario Santano y a los cuatro peritos intervinientes para que declaren como testigos.

Aunque cuando se produjo la iniciativa de Garzón (el pasado sábado) no existía un pronunciamiento de la Sala, ahora el órgano jerárquicamente superior al juez afirma que hay indicios delictivos -lo que pone en cuestión la declaración de los agentes en calidad de testigos y, por tanto, obligados a contestar y a decir la verdad- y que el posible delito cometido no es de la competencia de la Audiencia Nacional, sino de los juzgados ordinarios de Instrucción.

La Sala lo razona así: «El presunto delito de falsedad documental no es ninguno de los recogidos en la ley como competencia de la Audiencia Nacional, ni tampoco es un delito de terrorismo ni existe el más mínimo apoyo para estimar que ha sido cometido por persona que esté integrada o colabore con banda armada».

Para el Tribunal, tampoco estaría justificada la intervención de la Audiencia por conexidad entre delitos, ya que no hay indicios de que se manipulara el informe para facilitar la ejecución de delitos terroristas.

La tesis de la conexidad conduciría al «absurdo», dice el Tribunal, «de investigar en un órgano con competencias limitadas (juzgado central) todo hecho que se ponga en su conocimiento por si tuviera relación con alguno de los delitos para los que es competente».

Pese a la decisión de la Sala, Garzón mantenía ayer las citaciones señaladas. Fuentes de la Fiscalía consideraron «precipitada» la resolución del tribunal porque «primero habrá que ver si los hechos son o no penalmente relevantes», y Garzón tendría competencia para realizar «diligencias a prevención», ya que instruye otra causa contra Haski.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


La Audiencia ve indicio de delito en el informe del ácido bórico

Sostiene que el enviado por la Policía a Del Olmo pudo ser «alterado»

Madrid - La Audiencia Nacional ha llegado a la conclusión de que el informe pericial remitido por la Policía al juez Juan del Olmo pudo alterarse y que del examen de los documentos aportados por el diario «El Mundo» al magistrado se aprecian indicios de, «al menos», un delito de falsedad. Sin embargo, no será la Audiencia quien realice esa investigación, ya que ese delito no es competencia de esa sede jurisdiccional y, además, hasta estos momentos, no se ha detectado que tengan relación alguna con delitos relacionados con terrorismo.

La Sala ha analizado los informes policiales enviados a la Audiencia Nacional, así como un fax del comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, en el que aseguraba que el primer documento, en el que los peritos apuntaban que el ácido bórico también fue encontrado en un piso franco de ETA tres años antes, se trataba de «un borrador» del que se eliminaron las «especulaciones sin fundamento científico».

La conclusión a la que han llegado los magistrados tras examinar los mismos es clara: «Existencia de indicios suficientes para proceder a investigar la posible comisión de, al menos, un delito de falsedad en documento público, por la incorporación al sumario 20/04 -el del 11-M- del Juzgado Central 6 de un documento inicial -informe pericial del Cuerpo Nacional de Policía- alterado en su contenido y/o en la persona que realiza la pericia y la asume con su número profesional y firma.

Será, por tanto, un juzgado de Madrid -al que corresponda por turno de reparto- el que lleve la investigación para esclarecer si se incurrió en delito. Sólo en el caso de que, en el transcurso de la instrucción, se apreciase una conexidad con algún delito relacionado con el terrorismo, «para lo que ahora, y “prima facie” no existe base», la causa volvería entonces a la Audiencia Nacional.

Una información de Manuel Sánchez publicada por el diario LA RAZON el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Hugo Chavez contrata etarras como funcionarios

Por Narrador - 28 de Septiembre, 2006, 9:00, Categoría: Terrorismo

Un etarra acusado de tres crímenes en los años 80 trabaja para Hugo Chávez

Arturo Cubillas lleva un año como alto cargo del Ministerio de Agricultura de Venezuela y su mujer es directora general del Despacho de la Presidencia

CARACAS.- Arturo Cubillas, que en los años 80 perteneció a un comando de ETA y que en su momento fue buscado por la Policía española por tres asesinatos, trabaja desde octubre de 2005 como director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela. Además, su esposa, Goizeder Odriozola, ha sido contratada por el presidente venezolano, Hugo Chávez, para trabajar en el Palacio de Miraflores como directora general de la Dirección del Despacho de la Presidencia de la República, según documentos oficiales venezolanos a los que ha tenido acceso Europa Press.

El nombramiento de Odriozola fue hecho oficial el 5 de septiembre. Hasta entonces trabajaba como directora general encargada de la Oficina de Información y Relaciones Públicas del Ministerio de Agricultura, donde fue contratada en marzo de 2006, misma cartera en la que Cubillas ocupa un cargo desde 2005.

Cubillas, al que la Policía española buscó en su momento por tres asesinatos, fue detenido el 18 de julio de 2002 en Venezuela, y puesto en libertad al cabo de unas horas porque entonces no figuraba en la lista de etarras reclamados por la Audiencia Nacional, a los que la Fiscalía venezolana ordenó su captura. Cubillas fue deportado a Venezuela y se le consideró el cabecilla de los etarras que residen en el país, donde regentó el restaurante Oker's, que dio nombre del comando al que perteneció.

Nació en diciembre de 1964 en San Sebastián, y en marzo de 1984 pasó a formar parte del comando Oker. Huyó el 22 de octubre de 1985 cuando, tras atacar una sucursal de Caja Postal de Rentería, fueron detenidos los miembros del comando José Angel Aguirre y José Ramón Zapirain Tellechea. Fue expulsado de Francia a Argelia tras ser detenido en 1987 en el país vecino.

La Policía atribuye a Cubillas haber formado parte de un comando del que eran miembros Idoia López Riaño y José Angel Aguirre. El grupo se constituyó en 1984 como comando legal de ETA y estuvo activo durante un año y medio hasta que la Policía capturó a José Angel Aguirre.

Al comando Oker se le atribuyen el asesinato del ciudadano francés Joseph Couchot, cometido el 16 de noviembre de 1984 en Irún; el de Angel Facal Soto, perpetrado el 26 de febrero de 1985 en Pasajes, y el del policía nacional Máximo García Kleinte, acaecido en San Sebastián el 15 de mayo de 1985.

Una información publicada por el diario EL MUNDO el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Hugo Chávez nombra a la esposa de un etarra directora general de su gabinete

CARACAS. El presidente de la República bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, ha nombrado a la esposa del etarra Arturo Cubillas directora general de la Dirección del Despacho de la Presidencia, es decir, jefa de su gabinete en el Palacio de Miraflores. La Policía española acusa al marido de la elegida por Chávez de tres asesinatos como miembro del «comando Oker», del que también formó parte Idoya López Riaño, «Margarita». En concreto, se trata de los asesinatos del ciudadano francés Joseph Couchot, el 16 de noviembre de 1984 en Irún; de Ángel Facal Soto, el 26 de febrero de 1985, en Pasajes, y del policía nacional Máximo García Kleinte, el 15 de mayo de 1985, en San Sebastián.

El terrorista tiene también trabaja en el Gobierno venezolano: desde octubre de 2005 ocupa el puesto de director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras. Además, en 1996 regentaba un restaurante llamado «Oker´s», el mismo nombre del «comando» al que perteneció.

Junto al hermano de Chávez

Antes de ocupar su nuevo cargo en el Palacio de Miraflores, Goizeder Odriozola, periodista venezolana de padres vascos, ha sido jefa de prensa de varios ministerios -entre ellos el de Agricultura- durante los últimos siete años, según cuentan los que la conocen en el Ministerio de Información y Comunicación. A partir de ahora será la directora general del Despacho del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, cuyo titular es Adán Chávez, hermano del presidente venezolano, un comunista de toda la vida que nunca ha disimulado su postura ideológica. El ministro Adán Chávez fue hasta hace un mes embajador de Venezuela en Cuba y el artífice del idilio que mantiene el mandatario venezolano con Fidel Castro desde antes de llegar al poder en 1998.

El marido de Goizeder Odriozola llegó a Venezuela en 1989 con un grupo de once etarras que fueron deportados de Argelia, adonde había llegado dos años antes expulsado por Francia. Era la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, que para ayudar al Gobierno socialista de Felipe González, aceptó acoger a los etarras por «razones humanitarias».

Los terroristas han disfrutado a lo largo de estos años de bastante libertad para moverse por Venezuela, hasta el punto de que Arturo Cubillo montó el restaurante de cocina vasca «Oker´s» en el barrio del Hatillo de Caracas, cerca de la lujosa zona residencial de Lagunita.

Cubillo es conocido como unos de los más activos miembros de la comunidad etarra en Venezuela y ha mantenido siempre buenos contactos con militantes de la extrema izquierda venezolana. En 2002 fue detenido por agentes de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Desip) de Venezuela por «obstaculización de la acción» judicial, aunque fue puesto en libertad cuatro horas más tarde por no figurar en la lista de etarras reclamados por la Audiencia Nacional.

Una información de Ludmila Vinogradoff (Corresponsal) publicada por el diario ABC el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Zapatero ni se inmuta por los siete disparos de ETA

Por Narrador - 28 de Septiembre, 2006, 8:00, Categoría: - Tregua Etarra

Zapatero dice que mantiene la expectativa del fin de ETA, desde la legalidad y sin cambiar la Ley de Partidos

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo quería decir en sede parlamentaria. Quería que constara en el diario de sesiones. Quería, en suma, fijar posiciones sobre el llamado proceso de paz, tras las inquietantes turbulencias de las últimas semanas.

El mensaje no sonó novedoso a nadie. Para muchos, fue reiterativo y repetitivo. Pero desde la óptica del presidente del Ejecutivo era importante el momento y el lugar para fijar posiciones.

Fue en la sesión de control del Congreso de los Diputados, ante una pregunta preparada, como ayer informó EL MUNDO, del portavoz de Coalición Canaria, Paulino Rivero.

Primero, Zapatero lanzó un mensaje de esperanza ante los malos augurios que se escuchan por todos los rincones políticos desde que se reinició la lucha callejera y, sobre todo, tras el acto público de tres etarras el sábado pasado en Oyarzun (Guipúzcua).

Por ello, afirmó: «Desde la firmeza, desde los principios, desde las convicciones y desde el empeño decidido que tiene el Gobierno en llegar a ver el fin de la violencia y la paz, el Gobierno mantiene sus planes».

Es más, Zapatero, incidió en esta idea de forma más clara: «Para mí, la expectativa del fin de la violencia sigue en los mismos parámetros que el día en que ETA decretó el alto el fuego permanente».

Sin embargo, el presidente del Gobierno combinó este mensaje de esperanza con la idea de marcar tajantemente las reglas del juego, que son las mismas que siempre ha dicho el presidente del Ejecutivo.

«El Gobierno mantiene sus principios en torno al proceso de paz: legalidad, Estado de Derecho y diálogo para el fin de la violencia», afirmó solemnemente Rodríguez Zapatero.

El tema de ETA, independientemente del contenido concreto de la pregunta en la sesión del control, fue objeto de análisis tanto por parte del portavoz del Partido Popular, Mariano Rajoy, como por parte del portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares.

El líder de la oposición, en una intervención moderada, recordó a Zapatero que él también mantiene sus principios, «que son los que establece el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo».

Pero, además, Mariano Rajoy lanzó un reto directo al jefe del Ejecutivo. «Está muy bien hablar de firmeza y decir palabras, pero hay que pasar a la acción. Por tanto, no basta con condenar la kale borroka, sino hacer todo lo posible para que no se produzca, y garantizar a esta Cámara que no se legalizará a Batasuna mientras que ETA no anuncie su voluntad de disolverse».

Rodríguez Zapatero recogió el guante lanzado por el líder de la oposición para repetir un mensaje que no es nuevo, pero que vuelve a constar en el diario de sesiones de cara a lo que pueda ocurrir en un futuro próximo.

«Toda fuerza política o todo grupo político que quiera concurrir, participar o favorecerse de las reglas del Estado de Derecho, tendrá que respetar lo que hemos aprobado en esta Cámara, que es la Ley de Partidos, como he dicho una y otra vez», afirmó.

Más molesto se mostró Zapatero en cuanto a las críticas de Mariano Rajoy sobre los últimos acontecimientos de la lucha callejera en el País Vasco.

Entre gritos y reproches de la bancada del Partido Popular, Zapatero arremetió directamente contra el secretario general de este partido y ex ministro del Interior, Angel Acebes.

Apoyo de IU

«El otro día, el secretario general de su partido hablaba de que los actos de kale borroka son fruto de la debilidad del Gobierno y del Estado, y ésta es una afirmación insostenible, porque nos llevaría a preguntarnos qué debilidad o qué firmeza había cuando hemos tenido tantos años de kale borroka y tantos años de violencia mucho más graves de la acción del terrorismo», afirmó el presidente del Gobierno.

También Gaspar Llamazares aprovechó que «el Manzanares pasa por Madrid, aunque esté anegado por la M-30» -en referencia a que su pregunta, al igual que la de Rajoy, no iba sobre este asunto y, además, estaba dirigida a la vicepresidenta primera del Gobierno- para dar un respaldo inequívoco al Ejecutivo en el llamado proceso de paz.

«Quiero expresar», dijo el líder de IU, «la confianza de mi Grupo en que el proceso de paz avance y manifestar que mi Grupo Parlamentario no se alegra de las dificultades del proceso de paz».

Esta última frase provocó cierto enfado en las filas populares y fue recogida con aplausos en las filas socialistas, pese a que el mensaje del dirigente de Izquierda Unida significaba admitir que el proceso no marcha por buen camino.

Una información de Manuel Sánchez publicada por el diario EL MUNDO el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


El terrorismo callejero no frena los planes del Gobierno con ETA

Zapatero esgrime «razones objetivas» para mantener intacta su expectativa contra la violencia. Rajoy exige que pase a la acción

Madrid - Los portavoces parlamentarios hablan abiertamente de «momento crítico», en el PSOE admiten sin ambages que existen dificultades importantes, el ministro del Interior suspende «sine die» la ronda de reuniones con los partidos políticos para explicar los supuestos avances, la opinión pública asiste estupefacta a la amenaza de los pistoleros de Oyarzun (Guipúzcoa)...y Zapatero reafirma sus planes y expectativas ante el proceso de negociación con ETA. Lo hizo ayer en sede parlamentaria. Y esta vez no fue en los pasillos ni ante los periodistas, sino ante el pleno de la Cámara Baja, para que constara en el acta taquigráfica.

La doctrina «monclovita» se había apresurado a exponer que los problemas hay que verlos con perspectiva, que la banda terrorista ha actuado durante más de 40 años, y que ahora lleva seis meses en tregua. Luego lo dijo Zapatero en el hemiciclo y en los mismos términos. Lo de la mirada con perspectiva, y que, para él, «la expectativa del fin de la violencia sigue en idénticos parámetros que el día que ETA decretó el alto el fuego permanente. O sea que ni el recrudecimiento de la «kale borroka», ni la negativa de Batasuna a pasar por el registro de partidos, ni las amenazas, ni las provocaciones, ni los desafíos..., nada ni nadie alterará la hoja de ruta del Ejecutivo.

Un diálogo en entredicho

José Luis Rodríguez Zapatero respondía ayer tarde en el Congreso a una pregunta del portavoz de CC, Paulino Rivero, que decidió cambiar una interpelación sobre inmigración por una sobre ETA al entender que la intensificación de la violencia callejera y el comunicado del pasado fin de semana pone en entredicho la voluntad de diálogo de los asesinos.

Rivero quería saber, como otros muchos, si el Gobierno se había planteado cambiar el tercio de las procelosas aguas de la política antiterrorista. La respuesta del presidente fue un no, precedido del descontado rechazo a cualquier acto de violencia callejera, y seguido de una reafirmación en sus «principios y convicciones en torno al proceso de paz»: legalidad, Estado de Derecho y diálogo para el fin de la violencia.

Y es que Zapatero cree tener razones objetivas para no virar un milímetro su confianza en el proceso. Son siempre las mismas: los tres años sin víctimas mortales y los seis meses del alto el fuego permanente. Paulino Rivero le había pedido un «mensaje claro», que no permitiera «dobles lecturas» y despejara incógnitas para dejar claro que Policía, Justicia y Fiscalía siguen «trabajando con la misma intensidad, y que el Estado utiliza todos sus instrumentos para combatir a los violentos, al terrorismo y a su entorno».

«No basta con la condena»

Zapatero le contestó con evasivas, lo más que le ofreció fue la «evidencia» de que el Estado de Derecho «exige y exigirá» las responsabilidades oportunas a quien practica la violencia, «desde la firmeza, que es una de las características esenciales de la convivencia y las reglas democráticas».

Y en esto llegó Mariano Rajoy, que sí iba a preguntar de inmigración, y aprovechó la coyuntura para emplazar al presidente a que pase de la firmeza a la acción. «No basta -dijo­­- con condenar la violencia callejera, sino hacer lo posible para que no se produzca, y garantizar ante esta Cámara que no se va a legalizar a Batasuna hasta que ETA no se disuelva definitivamente».

«Reflexión insostenible»

La incursión de Rajoy en una pregunta de CC -que se sospechaba inducida- no sentó bien al presidente, que aprovechó la réplica al jefe de la oposición para pedirle «responsabilidad y seriedad», pero también el cese de manifestaciones que desde el PP atribuyen la llamada lucha callejera a la debilidad del Gobierno. «Es ésta -sentenció Zapatero- una reflexión insostenible porque llevaría a preguntar si había firmeza antes, durante tantos años de violencia y de kale borroka».

Como el tiempo del contador se había acabado para Mariano Rajoy y no podía replicar al presidente, Ángel Acebes, tomó el testigo, y en su pregunta a la vicepresidenta primera del Gobierno, lamentó la falta de firmeza, «la debilidad y la cesión ante ETA». No hay más que echar un vistazo, defendió, al repunte de la «kale borroka», una manifestación de la banda con la que «nosotros acabamos hasta convertirla en cero».

No alegrarse de las dificultades

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, tampoco desaprovechó la ocasión para meter baza en el debate. La suya fue para expresar su respaldo al Gobierno para que el «proceso de paz avance» y manifestar que su grupo «no se alegra de las dificultades». Era un velado y gratuito reproche a los populares que le agradeció María Teresa Fernández de la Vega.

En el interior del hemiciclo, el debate quedó ahí. Pero en los pasillos, prosiguió con análisis varios de la fontanería «monclovita»: que si el proceso será largo, que si los pistoleros de Oyarzun no fueron motivo de despliegue tipográfico en Gara «y eso es un dato a tener en cuenta», que si los encapuchados emularon la escenografía IRA, que si cuando haya noticias se comunicarán a la oposición, que si habría que preguntarse si Rajoy tiene interés en hablar con el presidente sobre este asunto. Nada que sirva para despejar las dudas lógicas que suscita ante la ciudadanía un plan y unos plazos que sólo conoce el presidente del Gobierno.

La sesión de control transcurrió sin más referencia a ETA, que la que el titular de Interior se vio obligado a realizar cuando el popular Jaime Ignacio del Burgo le interpeló por la supuesta participación de la banda asesina en los atentados terroristas del 11-M. Rubalcaba negó a la mayor y reiteró, a pesar de las informaciones publicadas por distintos medios, que no existe ningún tipo de informe policial que acredite la vinculación.

Aún así Del Burgo siguió la ofensiva y le espetó: «¿Qué hará si se demuestra que el informe es falso? Su versión es que los responsables de la Comisaría General de Información tomaron como «las tablas de la ley» las palabras de Zapatero de hace dos años en las que dijo que nunca se demostraría la conexión de ETA con el 11-M».

Una información de Esther L. Palomera publicada por el diario LA RAZON el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Zapatero afirma que mantiene los mismos «planes y expectativas de paz» a pesar de los desafíos de ETA

MADRID. El presidente del Gobierno acudió ayer al Pleno del Congreso con el propósito de disipar las incertidumbres sobre la continuidad del «proceso de paz» provocadas por el rebrote de la violencia callejera y los actos desafiantes de ETA, pero más que un debate clarificador de los pasos a dar resultó una nueva escenificación de la profunda división con que el Ejecutivo y el PP siguen afrontando este asunto.

El Gobierno juzgó aconsejable un pronunciamiento de su presidente en sede parlamentaria que despejara las dudas sobre un posible cambio de estrategia, máxime ante la cancelación «sine die» de la información a lo grupos políticos comprometida para este mes por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Y, para ello, se sirvió de uno de sus socios habituales, Coalición Canaria, cuyo portavoz, Paulino Rivero, accedió el lunes a cambiar el tema original de su pregunta -la inmigración- en la sesión de control.

«Razones objetivas»

José Luis Rodríguez Zapatero dijo lo que había ido a decir: «El Gobierno mantiene sus planes», porque «la expectativa del fin de la violencia sigue en los mismos parámetros que el día en que ETA decretó el alto el fuego permanente» y está «fundada en razones objetivas: más de tres años sin víctimas mortales y un alto el fuego permanente desde hace seis meses». Ni un solo dato o argumento más, sometidos a «secreto presidencial».

Estas afirmaciones se compadecen con el análisis que, según fuentes gubernamentales, se hace en el Ejecutivo: «La situación coyuntural es delicada, pero el fondo del proceso sigue estando bien, y habrá momentos peores». Y la reacción de Zapatero -añaden- es de «serenidad y firmeza», pero también de «empeño decidido en llegar a ver la paz».

El presidente del Gobierno comenzó con una manifestación de «rechazo y condena a cualquier acto de violencia», para añadir a continuación que mantiene sus «principios y convicciones: legalidad, Estado de derecho y diálogo para el fin de la violencia». En este marco, afirmó que «es evidente que el Estado de derecho exige y exigirá las responsabilidades oportunas a quien practica la violencia», también la callejera.

La legalización de Batasuna

A priori, ahí debía haberse consumido el debate (entre el interpelante y el interpelado), pero el líder de la oposición, Mariano Rajoy, no quiso quedarse al margen y aprovechó su pregunta posterior, sobre inmigración, para dejar constancia de su posición: «Es verdad que el Pisuerga no pasa por aquí, pero también lo es que yo estoy aquí y entenderá usted que yo diga que también mantengo mis principios, que son los que establece el Pacto contra el Terrorismo, y que está muy bien hablar de firmeza y decir palabras, pero hay que pasar a la acción. No basta con condenar la kale borroka, sino que hay que hacer todo lo posible para que no se produzca y garantizar a esta Cámara que no se legalizará a Batasuna mientras que ETA no anuncie su voluntad de disolverse definitivamente».

La incursión de Rajoy dio pie a Zapatero para reiterar que «toda fuerza política que quiera concurrir (a las elecciones), participar o favorecerse de las reglas del Estado de derecho. tendrá que respetar lo que hemos aprobado en esta Cámara, que es la Ley de Partidos, como he dicho una y otra vez». Más allá de la precisión, apeló -con enfado- a «la responsabilidad y seriedad» del principal partido de la oposición sacando a colación las declaraciones en las que su secretario general, Ángel Acebes, achacaba la kale borroka a la debilidad del Gobierno, una imputación que calificó de «insostenible» porque «nos llevaría a preguntarnos qué debilidad o qué firmeza había cuando hemos tenido tantos años de kale borroka y de violencia mucho más graves de la acción del terrorismo».

Acebes se dio por aludido y, en otro turno posterior, mientras interrogaba a la vicepresidenta primera sobre inmigración, el ex ministro del Interior acusó al Gobierno de «permitir que los terroristas hagan una exhibición de fuerza e impunidad con tiros al aire ante dos mil personas, algo que jamás había ocurrido». «No hay firmeza, hay debilidad y cesión ante ETA. Había kale borroka y acabamos con ella hasta convertirla en cero, y ahora ha vuelto a rebrotar. Estas cosas sólo suceden en su Estado residual», concluyó.

IU echa un capote a Zapatero

Antes de que Acebes elevara el diapasón, otro de los habituales socios del Gobierno, Izquierda Unida, había intentado echar un capote a Zapatero y Gaspar Llamazares subrayó que «mi grupo no se alegra de las dificultades del proceso». El interpelante, Paulino Rivero, apuntó que la actitud de ETA «pone en entredicho la voluntad de diálogo» y dejó constancia de «una cierta incertidumbre en la sociedad».

Un texto de Gonzalo López Alba publicada por el diario ABC el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Zapatero mantiene su plan de dialogar con ETA pese al terrorismo callejero 

El presidente condena la 'kale borroka' y Mariano Rajoy le exige que no legalice a Batasuna

Madrid - El recalentamiento del terrorismo callejero, o de baja intensidad, como solía llamarle el PP cuando estaba en el poder, no parece arredrar al Gobierno. Su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, solemnizó ayer en el Congreso el discurso que se transmitía en los últimos días. El Ejecutivo "mantiene las expectativas en torno al fin de la violencia". En medio, dos mensajes. Uno: no se renuncia a hablar con ETA ya que el Ejecutivo se atendrá a la "legalidad, el Estado de derecho y diálogo para el fin de la violencia". Otro, para Batasuna: todos los grupos políticos habrán de respetar "la Ley de Partidos".

Paulino Rivero, portavoz de Coalición Canaria (CC) le dio oportunidad a Zapatero para llevar al hemiciclo su respuesta ante la situación creada por el recrudecimiento de la violencia callejera en el País Vasco, con la irrupción el pasado fin de semana de tres pistoleros de ETA gritando proclamas a favor de la lucha armada. El presidente del Gobierno aprovechó su turno para resaltar que esos hechos no alteran, por ahora, los planes del Ejecutivo. El portavoz canario quería saber si la kale borroka unida a los comunicados de ETA "en tono provocador, cambian el calendario que tenía previsto el Gobierno".

Zapatero evitó en su respuesta cualquier mención de calendario pero -además de expresar el "rechazo y condena" ante este tipo de sucesos de terrorismo callejero- se apresuró a responder que "el Gobierno mantiene sus principios y sus convicciones en torno al proceso de paz". Luego desplegó el trípode en el que se sustentan esos principios: respeto a la "legalidad" y al "Estado de derecho", y "diálogo para el fin de la violencia".

No hubo ni la más leve mención sobre cualquier viraje en el rumbo final del Gobierno, aunque Zapatero ha repetido en varias ocasiones que exigirá la ausencia total de violencia para iniciar el diálogo con ETA. Rivero mencionó la inquietud y la incertidumbre que los ataques de kale borroka han podido suscitar entre los ciudadanos y Zapatero se reafirmó con contundencia: "Para mí la expectativa del fin de la violencia sigue en los mismos parámetros que el día en que ETA decretó el alto el fuego permanente", el pasado 22 de marzo.

Combatir la violencia

El líder de la oposición, Mariano Rajoy hablaba de inmigración, pero tras admitir que "el Pisuerga no pasa" por su pregunta, le dijo a Zapatero que "no basta con condenar la kale borroka, sino hacer todo lo posible para que no se produzca y garantizar a esta Cámara que no se legalizará a Batasuna mientras ETA no anuncie su voluntad de disolverse definitivamente".

Zapatero volvió al agua del terrorismo y le reprochó que el secretario general de su partido, Ángel Acebes, atacase la debilidad del Gobierno en este asunto. Para el presidente del Gobierno la reflexión de Acebes es "insostenible". "Porque nos llevaría" explicó, "a preguntarnos qué debilidad o qué firmeza había cuando hemos tenido tantos años de kale borroka y tantos años de violencia mucho más graves de la acción del terrorismo", dijo Zapatero.

El Gobierno del PP aceptó reunirse en 1999 con ETA después de que la banda dictase una tregua pero continuase con el terrorismo callejero en Euskadi y con la extorsión de empresarios. A diferencia de lo que está ocurriendo en el actual proceso para el fin de la violencia terrorista, el Ejecutivo de José María Aznar acercó a decenas de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco.

Zapatero aprovechó su comparecencia ayer en la sesión de control del Congreso para recordar a Batasuna que debe respetar la ley para poder hacer política. "Todo grupo político que quiera concurrir, participar o favorecerse de las reglas del Estado de derecho tendrá que respetar lo que hemos aprobado en esta Cámara que es la Ley de Partidos", señaló.

"No hay firmeza"

El secretario general del PP, Ángel Acebes, ex ministro del Interior, tenía una pregunta sobre inmigración dirigida a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pero también quiso nadar en la corriente terrorista. Así que, respecto a los ataques callejeros en el País Vasco manifestó: "No hay firmeza; hay debilidad y cesión ante ETA; había kale borroka y acabamos con ella hasta convertirla en cero y ahora ha vuelto a rebrotar".

Había terciado antes en la misma polémica el líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ironizando sobre que "el Manzanares sí pasa por Madrid" (en alusión a la frase de Mariano Rajoy) y para expresar su "confianza" "en que el proceso de paz avance". Pero Llamazares tampoco quiso dejar pasar la oportunidad para manifestar que su grupo parlamentario "no se alegra de las dificultades" por las que atraviesa.

EL FIN DEL TERRORISMO EN LA SESIÓN DE CONTROL

Mariano Rajoy (Partido Popular): "No basta con condenar la 'kale borroka' sino que hay que hacer todo lo posible para que no se produzca y garantizar a esta Cámara que no se legalizará Batasuna mientras que la banda terrorista ETA no anuncie su voluntad de disolverse definitivamente"

Gaspar Llamazares (Izquierda Unida): "Tenemos confianza en que el proceso de paz avance. Mi grupo parlamentario no se alegra de las dificultades del proceso de paz"

Paulino Rivero (Coalición Canaria): "La sociedad está inquieta, hay una cierta desorientación e incertidumbre y por eso entiendo que se necesita un mensaje claro que no se preste a dobles lecturas"

Un texto de Camilo Valdecantos publicada por el diario EL PAIS el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Terrorismo Callejero a pleno rendimiento

Por Narrador - 28 de Septiembre, 2006, 7:00, Categoría: Terrorismo

«Kale borroka» a plena luz del día

Un grupo de radicales instala una barricada incendiaria en el metro de Bilbao. El ataque se suma a los sufridos por una sede del PSE, autobuses urbanos y cajeros automáticos

Vitoria - La violencia callejera se perpetra casi diario en el País Vasco a pesar del alto el fuego de la banda terrorista ETA. El último ataque, que coincidió con la celebración del «Gudari Eguna» -Día del Soldado vasco- con el que la izquierda abertzale recuerda cada año a los etarras fallecidos, tuvo lugar cerca de las ocho de la mañana de ayer. Un grupo de radicales colocó una barricada incendiaria compuesta por un neumático al que prendieron fuego en las vías del Metro de Bilbao a la altura del barrio de Elorrieta, en la capital vizcaína. No hubo daños personales ni materiales pero la circulación del convoy se vio afectada por diversos retrasos.

Descolgado por radicales

Este ataque se produjo en un tramo comprendido entre las paradas de San Ignacio y Lutxana de la línea 1 del suburbano. Agentes de la Ertzaintza se trasladaron hasta la zona donde localizaron sobre las vías un neumático ardiendo. Las primeras investigaciones realizadas, apuntan a que el neumático había sido descolgado con una cadena por un grupo de radicales y que tras depositarlo en las vías, le prendieron fuego. La Policía Autónoma Vasca fue la encargada de retirar la barricada de las vías, restableciéndose así el servicio media hora después.

La empresa Metro Bilbao informó de que la infraestructura de la red ferroviaria no resultó afectada por la barricada y que durante las labores de retirada del neumático ardiendo, se utilizó la vía que no quedó bloqueada. De esta forma, se pudo continuar con el servicio, si bien repercutió a toda la red de Metro Bilbao, con retrasos de hasta quince minutos.

Este acto de «kale borroka» se suma en los últimos días al ataque de una sede del PSE en Álava, al asalto de un repartidor del Diario de Navarra y a la quema de contenedores y un cajero en Bilbao. Pero el balance de este mes deja también ataques a los estudios de la cadena de radio Onda Cero en Pamplona, a un juzgado de paz de Vizcaya, a la estación de la localidad guipuzcoana de Errentería y a la quema de dos autobuses, en uno de los cuales resultó herido un pasajero que increpó a los violentos. No sólo la violencia callejera salpica la tregua, la izquierda abertzale no cesa de convocar manifestaciones a favor de la independencia -están previstas para el próximo sábado- en lo que ha denominado «ofensiva popular» ante la «grave» situación del llamado proceso de paz.

Ante esta situación, el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkárraga, en clave de este proceso, destacó que «le toca al Gobierno mover ficha pero también le toca a la «kale borroka» quedarse en su casa y dejar actuar en la mesa de negociación». Y, aprovechando, declaró que «si hay exclusión política en las elecciones es que todo el proceso de paz se ha ido al carajo».

Una información de Iker Moneo publicada por el diario LA RAZON el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


ETA mantiene activa la violencia callejera y corta el Metro de Bilbao con una barricada

BILBAO. La celebración del «gudari eguna» (día del soldado vasco) por los proetarras se inició ayer con la colocación de una barricada incendiaria en las vías del Metro de Bilbao a primera hora de la mañana, en plena hora punta, que obligó a parar la circulación y a organizar el paso alternativo de los convoyes durante más de media hora en Elorrieta, en el barrio de San Ignacio, provocando retrasos en todos los recorridos. Los trenes iniciaron más tarde la circulación alternativa, aprovechando la proximidad de un cambio de vía situado a pocos metros de la estación de Luchana.

La capital vizcaína amaneció con grandes pancartas con el anagrama de ETA y el mensaje de que «La lucha es el futuro». En los carteles aparecía la figura de un encapuchado portando un arma y el eslogan «Euskal Herria dugu irabasteko» (Tenemos Euskal Herria para ganar).

La imagen recordaba a los encapuchados que participaron en el acto celebrado el pasado sábado en un monte de Oyartzun, también con motivo del «gudari eguna», aunque la fecha en la que los radicales proetarras conmemoran cada año el día del soldado vasco es el 27 de septiembre. En Oyartzun se animó a los asistentes a participar en las concentraciones previstas para ayer en la mayoría de los pueblos vascos.

Manifestación en Llodio

En Llodio se concentraron unas cien personas, que corearon gritos a favor de los presos etarras y de la independencia y apoyaron al miembro de ETA Ignacio de Juana Chaos. La Ertzaintza no intervino en esta manifestación, que concluyó con el himno al soldado vasco. Una furgoneta de la Ertzaintza acompañó la marcha.

Las manifestaciones se repitieron por otros puntos del País Vasco y de Navarra. En Pamplona, alrededor de medio millar de personas, la mayoría jóvenes, recorrieron por la tarde las calles del centro. Durante la marcha, que partió de la Plaza del Castillo pasadas las 20 horas, se escucharon gritos como: «La fuerza de los luchadores. La fuerza del pueblo», «Trabajar por la lucha es la libertad», «Independencia y socialismo» y otras proclamas por el estilo.

La manifestación recorrió el Casco Antiguo de Pamplona precedida de una amplio despliegue policial. A la altura de la calle Eslava, varios agentes se dirigieron hasta la cabeza de la manifestación y advirtieron a las personas de que los gritos que proferían podían incurrir en un delito de enaltecimiento del terrorismo.

La marcha transcurrió con normalidad y desembocó en el Paseo de Sarasate, para terminar, a las 20.45, en la Plaza del Castillo. Una vez allí, los manifestantes se congregaron en el centro, donde colocaron la imagen de varios miembros de ETA fallecidos y leyeron un comunicado.

En San Sebastián, unas 200 personas emprendieron un breve recorrido por las calles de la parte vieja de la ciudad con la pancarta «Borroka gaur eta etorkizuna» (La lucha hoy y mañana).

Y el sábado, más

La izquierda abertzale tiene convocada para el próximo sábado nuevas movilizaciones, esta vez a las seis y media de la tarde en las tres capitales vascas y en Pamplona. Firman la convocatoria, con el eslogan «Autodeterminación de Euskal Herria», un grupo de ciudadanos que se definen como «de izquierdas y abertzales».

La Asociación Dignidad y Justicia había enviado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el cartel que convocaba la principal de esas concentraciones, la de la localidad alavesa de Llodio, y había pedido que se impidieran. Sin embargo, el fiscal de la Audiencia Nacional, Juan Antonio García Jabaloy, remitió ayer un informe al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para que no prohibiese las manifestaciones al no haber un convocante específico.

El juez dictó ayer un auto en el que permitía las concentraciones convocadas en el País Vasco y Navarra con motivo del «gudari eguna» al considerar que no se puede actuar en genérico contra este tipo de actos en los que no hay un convocante formal.

Una información de M. Luisa G. Franco publicada por el diario ABC el jueves 28 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Cadena de falsificaciones policiales para que nada conectara 11-M y ETA

Por Narrador - 27 de Septiembre, 2006, 10:00, Categoría: 11-M

Además del documento sobre el ácido bórico y del libro de salidas, los mandos de la Policía Científica también fabricaron una nueva petición ficticia de análisis El jefe de Sección, Francisco Ramírez, se 'encargó' a sí mismo el informe que ya habían realizado los tres peritos

MADRID.- Mandos policiales de la Comisaría General de Información, de la que depende la Comisaría General de Policía Científica, permitieron una cadena de falsificaciones en documentos oficiales con el objetivo de ocultar al juez Del Olmo posibles vínculos entre ETA y el atentado del 11 de Marzo en Madrid.

El mensaje del Gobierno, repetido por activa y por pasiva tanto por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, como por el anterior ministro del Interior, José Antonio Alonso, de que ETA no tuvo nada que ver con la masacre de Madrid fue inmediatamente asimilado por los responsables de la investigación del atentado. Éstos, aunque teóricamente actuaban bajo la batuta del juez, tienen en sus manos la capacidad de aportación de pruebas y de practicar las diligencias que, posteriormente, Del Olmo emplea para motivar sus autos.

El valor que tiene la falsificación llevada a cabo para impedir que llegara al juez el informe pericial sobre las sustancias encontradas en el domicilio de Hasan Haski, pone de relieve esa forma de actuar. Nada, absolutamente nada, aunque sólo fuera el análisis de un elemento que no es frecuente en la composición de los explosivos podía llevar a vincular el 11-M con ETA.

Sin embargo, para llevar a cabo el cambiazo del informe auténtico por otro distinto, hubo que poner en marcha una auténtica cadena de falsedades.

Cuando el día 21 de marzo de 2005 los tres peritos concluyeron su informe sobre el ácido bórico, incluyendo en el apartado de «Observaciones» que anteriormente había sido encontrada esa misma sustancia en un piso franco de ETA en Salamanca, Francisco Ramírez, jefe de Sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, llamó a uno de los facultativos que hicieron dicho informe y le dijo que se había extralimitado en sus indicaciones. Éste, por su parte, le advirtió que había sido la propia UCIE (Unidad Central de Información Exterior) quien había solicitado, además del análisis de la sustancia, su estudio y un informe pericial.

Esa petición era lógica, ya que la Comisaría General de Información (de la que depende tanto la UCIE como la Policía Científica) buscaba imputar a Haski un delito de terrorismo y la forma de poder apoyar su acusación era precisamente vincular la sustancia encontrada en su vivienda a un delito de esa naturaleza. Por esa razón, los peritos no hicieron mención en su informe a los muy diversos usos del ácido bórico, sino sólo a aquellos que tenían que ver con actos de terrorismo.

Cambiazo

Así las cosas, Ramírez no tuvo más remedio que informar a sus superiores de la cuestión: había un informe pericial que, aunque sólo de fuera de forma circunstancial, ligaba a ETA con el 11-M.

Y Ramírez se prestó a llevar a cabo el cambiazo y a firmar con su nombre un informe que él nunca hizo.

Pero, para que la operación no dejara rastro, había que eliminar en los documentos oficiales previos toda huella de que el informe pericial había sido solicitado a, y realizado por los tres peritos que rubricaron en efecto el informe 48-Q3-05. Y, a la vez, sustituirlos por el nombre de Ramírez.

Por tanto, tras borrar todo tipo de alusión a ETA en el informe sobre el ácido bórico encontrado en casa de Haski, el segundo paso fue eliminar la referencia al anterior informe en el que se conoce como Libro de Custodia de Muestras de la Unidad de Análisis de la Policía Científica.

En dicho libro (cuyas páginas van encabezadas con la leyenda Libro de Registro de Salida) fue donde se utilizó el sofisticado método del típex. En la segunda columna de la página 160, bajo el epígrafe «CONCEPTO», tiene que hacerse constar el tipo de sustancia («tóxico», en este caso) junto al nombre del perito facultativo que será el primer responsable de la peritación. En el Libro de Registro de Salida, alineado con el número de referencia del informe «48/Q3» figuraba, antes de la manipulación, el nombre del perito número 9. Debajo de él, se refleja la fecha en la que se recepcionó la muestra en el laboratorio (18-3-05) y, justo debajo, la firma de la persona que físicamente recoge las muestras (en este caso un químico que también formó parte del equipo de peritos del informe auténtico, que firma como Pedro). En la columna inmediatamente a la derecha figura la fecha de realización del informe (21-3-05) y, en la última, la fecha de remisión a la Unidad que, a su vez, lo tiene que enviar al juez.

Como puede verse en la copia del Libro de Registro de Salida que reproduce hoy EL MUNDO en su portada, el nombre del perito número 9, tras ser borrado con típex, fue sustituido, justo en la parte superior, por el nombre de Ramírez. En la columna de la derecha se ha hecho desaparecer el día de realización del informe (21-3-05) y se ha sustituido por una anotación («Ver hoja»).

Pero ahí no terminó la cadena de falsificaciones.

Como se recordará, en el informe falso, en lugar de hacerse constar que se solicitaba el «Estudio, análisis e Informe Pericial», solamente se incluyó la petición de «Análisis», para lo cual hubo de llevarse a cabo una nueva fechoría.

El sobre de petición de la UCIE al Servicio Central de Análisis Científico de la Policía Científica también se falsificó. Y fue el propio Ramírez quien, con su puño y letra, rellenó la información que figura en su anverso.

Así, en el apartado «Estudio asignado al..», en lugar de figurar el nombre del perito número 9, Francisco Ramírez hizo constar su propio nombre: «Ramírez».

¿Puede haberse llevado a cabo tal cadena de falsificaciones sin que tuviera conocimiento de ello la cadena de mando policial? Al menos, en la Policía Científica, su comisario general, Miguel Angel Santano, ya ha asumido la responsabilidad de lo sucedido en una nota de prensa que hizo pública la semana pasada el Ministerio del Interior.

Lo que queda por aclarar es si, al estar involucrada también la UCIE (hay que señalar que en el propio sobre de petición del informe pericial figura como solicitante la Comisaría General de Información), el anterior comisario general, Telesforo Rubio, también estuvo al tanto de esa cadena de falsificaciones.

Una información exclusiva de Casimiro Garcia-Abadillo publicada por el diario EL MUNDO el miércoles 27 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido

No está demostrado que fuera Goma 2 lo que estalló el 11-M (Editorial de EL MUNDO)

Por Narrador - 27 de Septiembre, 2006, 8:00, Categoría: 11-M

El desmesurado despliegue con el que los dos diarios gubernamentales destacaban ayer las insustanciales conclusiones sobre los explosivos del auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional demuestra hasta qué punto son frágiles los argumentos que sustentan la versión oficial del 11-M. Apenas les ha importado a uno y a otro que el documento critique con dureza al juez y deje su instrucción a los pies de los caballos con tal de subrayar el fragmento más llamativo del documento: aquél donde se considera «perfectamente acreditado» que fue Goma 2 Eco lo que estalló en los trenes.

La realidad, sin embargo, es que no hay ninguna prueba definitiva que sustente esta afirmación. El auto no aporta ni un solo dato, ni un solo informe nuevo que avale la rotundidad de esta tesis. Los magistrados se limitan a remitirse al auto de procesamiento del juez Del Olmo pese a que ellos mismos lo consideran «desmesurado», «extralimitado» y que «no se corresponde con un resumen fundado de los hechos».

Es un sarcasmo que quienes critican la excesiva prolijidad del auto del juez Del Olmo pequen en el suyo de todo lo contrario, sacándose de la chistera una conclusión para la que no tienen una sola premisa. Conviene recordar que nada acredita que fuera Goma 2 Eco lo que explotó en los trenes. Había en la mochila de Vallecas, en el atentado fallido contra el AVE, en las casas de Morata y Leganés y en la furgoneta Kangoo -ésta sospechosamente contaminada con metenamina-, pero ningún informe policial sustenta lo que proclama con rotundidad el auto del lunes pasado. Tampoco el Gobierno ha aclarado por qué el comisario Sánchez Manzano declaró en el Congreso que se había detectado en los trenes nitroglicerina, que no es un componente de la Goma 2 Eco sino del Titadyn.

Además, Sánchez Manzano y la química de los Tedax declararon este mes de julio ante el juez Del Olmo que es imposible determinar qué estalló en los trenes porque no quedaron restos suficientes para analizar. Esta tesis resulta completamente inverosímil -los expertos dicen que basta una millonésima de gramo para determinar la composición de una sustancia-, pero lo es más el hecho de que no aparezca por ningún lado el informe realizado durante la mañana del 11-M a partir de los restos recogidos por los Tedax.

A la luz de este cúmulo de contradicciones, aceptar que fue Goma 2 Eco y no ningún otro explosivo lo que estalló en los vagones del 11-M es poco menos que un acto de fe. La fragilidad de la afirmación de la Sección Cuarta es especialmente grave si tenemos en cuenta que es una instancia de apelación y que su función dentro del proceso penal es revisar con rigor las bases sobre las que se asienta la instrucción.

De todas formas, es comprensible que la Sección Cuarta haya extraído una certeza de donde no la hay, porque de lo contrario probablemente no podría celebrarse la vista oral y todo el sumario se hubiera derrumbado como un castillo de naipes. En los próximos días, la misma sala tendrá que decidir sobre el recurso que ha presentado el abogado de una decena de víctimas pidiendo nuevas diligencias sobre los explosivos. Veremos entonces si puede aportar un argumento que sustente su certeza.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el miércoles 27 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Giro en el Proceso: La Audiencia de Guadalajara ordena investigar los avisos al 112 en el incendio de Saelices

Por Narrador - 26 de Septiembre, 2006, 11:00, Categoría: Incendio en Guadalajara

Nueva demanda contra la Junta por el incendio de Guadalajara

Las familias de ocho fallecidos reclaman al Gobierno de Castilla-La Mancha el pago de 1.337.622,12 euros por su responsabilidad patrimonial

GUADALAJARA.- «El informe del Ministerio de Medio Ambiente pone de manifiesto que desde la Administración regional [de Castilla-La Mancha] y, a pesar de los ofrecimientos efectuados, obviaron la posibilidad de reclamar los medios que se les ofrecían, despreciándolos irresponsablemente». Éste es uno más de los numerosos motivos que han llevado a la mayoría de las familias de los 11 fallecidos en el incendio de Guadalajara del año pasado a reclamar la responsabilidad de la Junta castellanomanchega en dichos sucesos. En total, de prosperar este recurso, la Administración del presidente Barrera estaría obligada a pagar 1.337.622,12 euros a las viudas e hijos de los fallecidos, así como a dos empresarios que perdieron sus reses.

Según el escrito sobre responsabilidad patrimonial presentado por la defensa de ocho de las familias y los dos ganaderos afectados, al que ha tenido acceso EL MUNDO, los hechos se iniciaron en un lugar público dependiente de la Junta (el Parque Natural del Alto Tajo), en una barbacoa autorizada expresamente para la utilización del fuego.

De acuerdo con el texto del documento, la barbacoa no guardaba la distancia de seguridad, establecida en la legislación nacional, con el campo de rastrojos que tenía en su perímetro y en ningún lado se explicitaba que los usuarios debieran tener un cuidado especial, lo que hacía que los excursionistas entendieran lícita su actuación.

Otro fallo en el normal funcionamiento de la Administración denunciado por estas familias es que los técnicos de los servicios del COP y del 112 que tenían que estar en su puesto en el momento del inicio de las llamas se encontraban ausentes, no tomando el control hasta más de una hora después uno y dos horas el segundo, por no hablar de que el jefe del Servicio del Medio Natural, Antonio Solís, se encontraba de vacaciones, «extremo insólito pues en otras comunidades autónomas es en época de máximo peligro cuando ninguno de los técnicos disfruta de su permiso reglamentario».

Asimismo, esta falta de responsables incidió en que desde el principio se tomaron decisiones incorrectas, como la de enviar tan sólo los medios de despacho automático a un incendio que desde su inicio fue denominado por los presentes como «monstruoso». Es decir, se mandaron a un incendio que quemó 5.000 hectáreas de pinos en un par de horas los mismos medios que si se hubiera quemado un rastrojo rodeado de un desierto.

El cúmulo de fallos de la Administración del socialista José María Barreda en las primeras 48 horas denunciados por las familias en su demanda de responsabilidad patrimonial no acaba ahí.

Las máquinas y los medios aéreos no funcionaron, o lo hicieron de forma defectuosa, hasta el momento de producirse los fallecimientos. De hecho, los pilotos de los helicópteros y de los aviones llegaron a manifestar en el Juzgado que «nadie sabía decirles qué tenían que hacer». De hecho, no es hasta que se conoce la existencia de los 11 fallecimientos, poco después de las 17.30 horas del día 17 de julio, cuando se nombra un jefe de Extinción Provincial y un jefe de Planificación y Control de Medios, figuras ambas imprescindibles para coordinar y apagar el fuego. Pero sólo se hizo, repiten las familias, cuando se tiene constancia de las muertes.

«Algo debió de fallar cuando los niños y ancianos de Ablanque tuvieron que apagar el fuego», declaró el alcalde socialista de esa localidad, José Miguel del Castillo.

Y tanto. Como que los supuestos cursos de formación que la Junta daba al personal de extinción de incendios se limitaban a unas clases a los peones de un par de horas.

Bomberos que tienen que ser llevados hasta las llamas por los propios vecinos, ausencia de coordinación entre medios terrestres y aéreos, falta de aviones y estaciones meteorológicas móviles y que advirtieran de las especiales circunstancias en que se estaba desarrollando el fuego son otros de los argumentos probados ya y esgrimidos por estas familias para demandar a la Administración.

Por todo ello, pretenden que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta reconozca que los medios fueron insuficientes, que hubo falta de coordinación entre ellos y que, como consecuencia de todo eso, se produjeron los 11 fallecimientos, por lo que la Administración sería la responsable.

«Esta demanda ha sido interpuesta en tiempo y forma antes de que prescribiera el periodo hábil para hacerlo, con objeto de que si en su día se absolviera a los responsables de la Administración regional en la vía penal, al menos nos quedaría la vía contencioso-administrativa para demostrar que fue la Junta la responsable de lo ocurrido», señalaron a este periódico fuentes de la defensa de las ocho familias.

Una información de Roberto Mangas (Corresponsal) publicada por el diario EL MUNDO el martes 26 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Los familiares quieren a técnicos y políticos en el banquillo

Una vez que la Audiencia Provincial de Guadalajara ha dictado un auto por el que autoriza a las familias a conocer el contenido íntegro de las más de 3.000 llamadas que recibió el centro de emergencias 112 de Toledo en relación con el incendio de Riba de Saelices, los letrados de las familias tratan de solicitar la imputación de aquéllos a quienes consideran responsables de los fallecimientos.

Tras más de un centenar de escritos instando la acción penal, y frente a la apatía del Ministerio Fiscal, «que ejerce como un letrado más de la Junta de Castilla-La Mancha», las familias pretenden que declaren como inculpados los técnicos Antonio Solís, Miguel Aguilar, Antonio Pallarés, Antonio Vela, José María Gaitán, David Huertas y Carlos Muñoz. Por el lado de los políticos, su intención es llevar al banquillo a la ex consejera Rosario Arévalo, al delegado provincial de Medio Ambiente de Guadalajara, Sergio David González, y al director general de Medio Ambiente, José Ignacio Nicolás.

Una información publicada por el diario EL MUNDO el martes 26 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Las llamadas al 112 dan un vuelco a la investigación de Guadalajara

El PP entiende que el auto ayudará a que se depuren responsabilidades

Madrid - «Una sorpresa». «Una bomba totalmente inesperada». «Un giro de 180 grados». «Una luz de justicia después de tantos sin sabores». Éstos son sólo algunos de los muchísimos calificativos que salieron ayer de la boca de los familiares del incendio que el año pasado se cobró la vida de 11 personas en Guadalajara. Y es que la noticia corrió como la pólvora: la Audiencia Provincial obliga a la Junta de Castilla-La Mancha a que aporte todas las llamadas efectuadas al 112 durante el transcurso del fuego.

La decisión se antoja más que trascendente cuando, hasta el mismísimo presidente de la región rompió por primera vez su mutismo sobre el tema. Eso sí, José María Barreda quiso dejar claro que «las cintas han estado a disposición de los jueces -a los que remitió a la prensa para conocer novedades en el caso- desde el primer momento pues, la Junta, es la primera interesada en que se investiguen».

Y así será. Tal y como recoge el auto -fechado en el pasado 11 de septiembre- al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Audiencia corrige la decisión adoptada en primera instancia por la juez de Sigüenza para solicitar que se entregue la nueva documentación. Un material a analizar que incluye las más de tres mil comunicaciones realizadas. Según la información publicada por El País, la documentación incluye llamadas como la realizada por el único superviviente del retén afectado, Jesús Abad. El listado también recoge diversas quejas telefónicas sobre la tardanza de efectivos y la falta de coordinación en los trabajos.

Por esta razón, a pesar de que en un primer momento se desestimó que fueran trascendentes para la resolución del caso, la Audiencia solicitó que se «depuren las eventuales responsabilidades de los técnicos de incendios» para tratar de que se «aclaren los posibles indicios de criminalidad o imprudencia punible de los técnicos forestales», recoge el auto.

A pesar del calado de la noticia, los familiares de las víctimas prefieren no echar las campanas al vuelo, porque «cada vez que nos ofrecen un clavo ardiendo con el que subirnos la moral, luego nos llega la decepción y nos llueven los palos por todas partes», afirmó Manuel Manteca. «Se lo tomaron a broma, decían que eran unos exagerados, que el incendio no era para tanto. ¿Qué pasa ahora? Que me lo expliquen ahora, ya que me he quedado sin mi hijo, porque yo sí que no exagero...», concluyó.

Por el momento, en todos preside la cautela. «Este giro en las investigaciones supone un paso adelante, pero preferimos no hacernos ilusiones. Sabemos desde hace mucho tiempo que hubo descoordinación, pero ni la Junta ni otros organismos nos han dicho nada. Ni siquiera nos pidieron perdón», lamentó Isabel Villaverde, madre de uno de los fallecidos.

Desde el PP, mientras se denunció que el Gobierno Zapatero «siga sin tomar ninguna medida concreta» para evitar que el incendio pueda repetirse al tiempo que se celebró una decisión judicial que no hace más que «dar la razón a las familias de las víctimas y al PP» , afirmó su secretario general Ángel Acebes. En la misma línea, situó su discurso la portavoz regional, Ana Guarinos, que aplaudió el auto, pues facilita que «se depuren cuantas responsabilidades haga falta». Asimismo, recordó que «la solicitud del volcado completo de las llamadas deja en evidencia la Comisión de investigación que montó el PSOE tras el fuego, pues sólo incluyeron las llamadas que quisieron».

Una información de Ismael Del Prado publicada por el diario LA RAZON el martes 26 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.


Otros mensajes en Septiembre del 2006