Sin Pancarta Street Journal

«Cuando una nación ha decidido suicidarse, como parece que busca el PSOE, la Unión Europea no va a evitarlo»

Madrid - Mayor Oreja interpreta que tras la decisión del PSOE de avalar la «internacionalización del conflicto», en terminología etarra, hay una huida hacia adelante para «anestesiar» a la sociedad y aparentar que la tregua evoluciona bien, aunque sea «mentira».

- ¿Qué cree que busca el PSOE llevando la tregua de ETA al Parlamento Europeo? ¿Legitimidad para la negociación?

-Al Gobierno lo que más le preocupa en estos momentos es ganar tiempo. Hoy hay dos estrategias distintas enfrentadas: la de ETA, que quiere claridad, y por eso inunda Bilbao de pasquines diciendo que «la lucha es el futuro»; y la del Gobierno, que por encima de todo pretende hacer ver que su proceso va bien para anestesiar así a la sociedad. El Ejecutivo intenta cambiar la imagen de las campas de Oiartzun, que significan la lucha, por el Parlamento Europeo, que se quiere utilizar para aparentar que, pese a todo, el proceso sigue adelante.

- ¿A qué precio, a su juicio? -Zapatero está convencido de que con el mal llamado proceso puede ganar las próximas elecciones generales y ETA, sin embargo, está en la autodeterminación.

- Pero algo ha tenido que fallar para que la Eurocámara se preste a avalar ese escenario que usted plantea después del ingente esfuerzo de pedagogía hecho en estos años atrás para explicar la verdadera naturaleza del problema del terrorismo en España. Hay quien mira al Partido Popular Europeo...

- Conviene no olvidar que en Europa siempre tiene un plus el Estado y el Gobierno de turno que ha sido refrendado por una elección general. El PSOE está intentado utilizar esa baza a su favor, sin duda. En cuanto al Partido Popular Europeo, no tengo ninguna duda de que va a estar en su lugar, lo que pasa es que no pueden poner la misma pasión que nosotros porque ellos no saben, por ejemplo, que éste es un asunto en el que nos va la vida. En cualquier caso, cuando una nación quiere suicidarse, que es lo que yo aprecio que sucede a veces con algunas actitudes de los socialistas, no puedes evitar el suicidio desde la Unión Europea.

- Y ustedes, ¿qué instrumentos tienen a su alcance para hacer frente a esta «internacionalización del conflicto» que ETA siempre ha reivindicado?

- Nosotros vamos a tratar de dar la batalla en la UE hasta el último segundo. De momento, hemos puesto en contacto a asociaciones de víctimas con representantes de todos los grupos. Además, tenemos ya garantizada la unidad dentro del PPE y estamos hablando con eurodiputados de otras formaciones para sensibilizarles sobre nuestras posiciones.

- ¿Y presentarán una resolución alternativa?

- Si los socialistas la presentan, nosotros también, y nuestra propuesta estará basada en reflejar el disparate que supone llevar a Europa un asunto que divide a los españoles. En sí mismo, haya o no haya resolución, el debate es un error porque es forzar a los europeos a tomar posición sobre una cuestión en la que los dos grandes partidos, PSOE y PP, no están de acuerdo. Y eso beneficia a ETA porque debilita a España. En cualquier caso, éste no es un tema sustantivo sino una distracción. Vuelvo a insistir, la autodeterminación es la esencia del proceso, y el siguiente paso clave para entender qué está pasando es la legalización de Batasuna en los ayuntamientos vascos. Luego, vendrá Navarra.

- Según su experiencia y conocimiento, ¿hasta cuándo aguantará ETA sin conseguir lo que quiere?

- El Gobierno se está dando cuenta de que ETA no va cambiar y, por eso, como he dicho, lo único que pretende es ganar tiempo y engañar a los terroristas como engañó a ERC en el final de la tramitación del Estatuto de Cataluña. El juego de Zapatero es el de la mentira y, para eso, lo que necesita es tener un enemigo común, que es el PP. Mi previsión es que el PSOE va a convocar las elecciones generales en función de cómo marche la tregua, y todo apunta que se van a anticipar. Incluso puede que se celebren antes de las municipales.

- Pero eso está a la vuelta de la esquina.

- Estoy haciendo de profeta, pero es evidente que todo se está acelerando. Lo de Oiartzun precipita los acontecimientos porque ETA ha dicho con claridad que está al borde de la ruptura y ha advertido también al PSOE de que no la van a engañar como se ha engañado a ERC. Al contrario de lo que dice el Gobierno, éste no va ser un «proceso largo», sino corto y explosivo, y que haya elecciones generales antes de las autonómicas y municipales depende de su evolución. No hay que cometer el error de olvidar que ETA sólo busca la autodeterminación, con dos grandes pruebas de fuego de por medio, la legalización de Batasuna y la incorporación de Navarra a una confederación vasco-navarra. Todo lo demás, como los presos, es paja. ETA ha aprendido que la autonomía fue un instrumento de poder para el PNV y piensa que la autodeterminación le va a permitir tener ese poder que tanto desea.

- El Gobierno dice lo contrario, y se supone que es quien maneja más información «delicada».

- ETA es una organización totalitaria, tanto cuando es débil como cuando es fuerte. Su único objetivo es el poder y no puede cambiar. Decir que aceptará rendirse a cambio de nada es desconocer por completo el problema del País Vasco.

- ¿Cómo se puede salir de este lío?

- España está en una situación muy difícil. Desde el comienzo de la Transición nunca hemos atravesado por un momento tan delicado como el presente. ¿Cómo se sale? Pues con responsabilidad, con esfuerzo, con sacrificio y sabiendo estar a la altura de la gravedad de las circunstancias. Mi partido está obligado a tener clara su estrategia y a saber qué va a hacer cuando llegue al Gobierno para subsanar el gran fracaso del cambio generacional de la izquierda española.

- ¿Usted sigue teniendo alguna duda sobre la autoría de los atentados del 11-M?

- Todas las dudas.

- Es decir, que a día de hoy no descarta que, de una manera u otra, ETA haya estado relacionada con la masacre de Madrid.

- No lo he descartado nunca y tampoco lo hago ahora, por supuesto. Soy incapaz de saber quién es el autor intelectual de la masacre terrorista, pero tengo la convicción moral de que fue organizada para que el Partido Popular perdiera las elecciones. Es imposible que unos islamistas de quinta regional diseñaran el atentado del 11-M.

Una entrevista de C. Morodo publicada por el diario LA RAZON el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Les acusa por haber firmado el pasado julio una copia del mismo dictamen, cuyo original desapareció Mantiene de testigo al jefe Ramírez, que firmó ser autor de las pruebas que hicieron sus subordinados

MADRID.- El juez Garzón imputó ayer por una presunta falsedad documental a los tres peritos de la Policía que mencionaron a ETA en un informe sobre el 11-M. Les acusa de un delito para cuya persecución no es competente, utilizando en contra de los agentes las declaraciones que prestaron como testigos, vulnerando su derecho a un abogado y a no autoinculparse, y atribuyéndoles la conducta de haber falsificado un «documento oficial» pese a que el propio juez reconoce que el informe era un «documento interno no oficial».

En cambio, ha mantenido la condición de testigo a Francisco Ramírez, que firmó el dictamen remitido al juez del 11-M como si él hubiera efectuado las pruebas analíticas que, en realidad, hicieron sus tres subordinados.

Con la llamativa decisión de imputar a los tres peritos, Garzón inicia una incursión colateral en el sumario del 11-M pese a que tampoco tiene jurisdicción en este asunto, ahora en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El sumario que formalmente está sirviendo a Baltasar Garzón para adentrarse en la autenticidad o falsedad de informes periciales incorporados al caso 11-M es el relativo a los atentados islamistas de Casablanca, en los que se sospecha que participó Hasan Haski.

Sin embargo, el delito de falsedad documental no es competencia de la Audiencia Nacional, salvo que haya sido cometido por terroristas y para perpetrar actos terroristas o facilitar su impunidad. Ni una sola línea de la resolución de Garzón se dedica a justificar su competencia, hasta el punto de que ni siquiera menciona a Haski.

En el domicilio en Canarias de este marroquí al que la Fiscalía considera instigador de los ataques del 11-M se encontraron unos polvos blancos que resultaron ser ácido bórico, según el informe elaborado el 21 de marzo de 2005 por los peritos Isabel López, Pedro Manrique y Manuel Escribano.

Los tres hicieron constar en su informe que también fue intervenido ácido bórico en un piso franco de ETA descubierto en Salamanca en 2001, así como en el domicilio de un joven antisistema detenido en 1999.

Los técnicos mencionaban que el ácido bórico puede servir como conservante de explosivos y para enmascararlos con el fin de dificultar su detección, por lo que sugerían la «posibilidad» de que «los autores de estos hechos estén relacionados entre sí y/o hayan tenido un mismo tipo de formación».

Garzón afirma en el auto de imputación que dictó ayer que los peritos presentaron su informe al jefe de sección Francisco Ramírez, «quien, al discrepar del contenido del documento, que en ese momento tenía el carácter de documento interno no oficial en la Comisaría General de Policía Científica, le indicó a Escribano que debían reelaborarlo, eliminando las observaciones que contenía al extralimitarse de lo que se les había solicitado y responder esas observaciones a opiniones subjetivas y faltas de consistencia».

Los expertos se negaron a modificar su dictamen. Según el juez, Escribano «sugirió a Ramírez que reasignase el caso a otro perito, sin que conste que le devolvieran su informe original», que quedó en manos de Ramírez y del que nunca más se supo.

El jefe de sección «se reasignó a sí mismo el caso como perito, lo cual estaba dentro de sus competencias, a la vez que recibió de Escribano copia del informe en un archivo de word para que pudiera trabajar con el mismo, lo que hizo redactando el informe oficial el día 22 de marzo de 2005, sin incluir las observaciones».

Garzón pasa completamente por alto el hecho de que, en el informe enviado al juez Del Olmo y firmado por Ramírez, éste figura como autor de los análisis sobre el ácido bórico encontrado a Haski -de hecho, Ramírez rubrica el dictamen como «perito facultativo» y no como jefe de sección- cuando, en realidad, él no hizo las pruebas.

Por el contrario, del informe al que el propio juez otorga la calificación de oficial Ramírez suprimió los carnés profesionales que permitían identificar a los auténticos peritos.

En la resolución se añade que, el pasado jueves, la propia Isabel López presentó durante su comparecencia ante Garzón una copia del informe de 21 de marzo de 2004.

Fue esta funcionaria la que, en el curso del interrogatorio, manifestó que esa copia «fue extraída el día 11 de julio de 2006 del archivo informático por Escribano y firmado por él y por los otros dos peritos el mismo 11 de julio, pero con fecha 21 de marzo de 2005», narra Garzón.

Añade que presentaron la copia a José Andradas, jefe de la Unidad Central de Analítica y superior jerárquico de los tres peritos y de Ramírez, «sin advertirle de la citada alteración que simulaba la fecha de firma y creación del documento».

Tal como ya informó EL MUNDO en su edición del pasado día 21, el 11 de julio de 2006 el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, solicitó que se le remitieran todos los informes policiales sobre sustancias explosivas relacionadas con el 11-M.

El inspector jefe Escribano fue precisamente el encargado de recabar los informes del servicio de documentación. Descubrió entonces que no constaba el firmado por él, López y Manrique de fecha 21 de marzo de 2004, en el que se mencionaba incidentalmente a ETA.

Por eso, los peritos tuvieron que volver a sacar del ordenador una copia de ese documento, que firmaron de nuevo para que Andradas lo enviara, junto al resto de los dictámenes, al ministro del Interior.

Garzón, que no explica esos datos, interpreta que los peritos tuvieron la «intención» de «producir un efecto oficial de un documento que nunca lo fue y que jamás fue autentificado con los sellos oficiales de la Comisaría General de Policía Científica». En la tarde de ayer, agentes del Cuerpo Nacional registraron por orden del magistrado las mesas en que trabajan los tres peritos, en la sede de la Policía Científica, en el complejo de Canillas (Madrid).

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió ayer la decisión de la Sala de lo Penal de enviar los dos informes -el de los tres peritos y el de Ramírez- a los juzgados ordinarios de Madrid. La Fiscalía que dirige Javier Zaragoza insiste en que sea sólo Garzón el que intervenga en este asunto.

Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Cuando tres profesionales honestos, con muchos años de experiencia, son acusados por un juez de un delito de falsedad tras ponerse de manifiesto que ha sido su jefe, y no ellos, el que ha vulnerado la ley, es que algo muy grave sucede con la Justicia.

Cuando se vulneran, sin ningún recato, los derechos fundamentales de tres ciudadanos que se presentan a declarar como testigos y salen de la Audiencia como imputados, sin haber estado asistidos en su comparecencia por un abogado, es que algo muy grave está pasando con la Justicia.

Cuando el juez mantiene la calificación como testigo del autor del documento falso que consta en los autos del sumario del 11-M, retorciendo el más mínimo sentido de lo razonable, entonces es que el encargado de administrar Justicia no es digno del cargo que ocupa. Porque lo esencial en la labor de un juez es la aplicación de la ley y la ley es, por principio, justa. Y, en este caso, se quiere hacer pagar a justos por pecadores.

Pero hagamos un sucinto repaso del auto del juez Garzón para que veamos hasta qué punto se han retorcido los hechos.

El juez de la Audiencia Nacional imputa un delito de falsedad a los tres peritos que realizaron el informe en el que se establecía un vínculo entre ETA y el 11-M no porque no lo hicieran, sino porque lo firmaron el día 11 de julio de 2006. El problema es que ésa fue la fecha en la que ellos se enteraron de que su informe había desaparecido y había sido sustituido por otro falso firmado por su jefe, Francisco Ramírez.

Fue entonces cuando el perito inspector jefe Escribano sacó de su ordenador el informe del día 21 de marzo de 2005 para firmarlo, junto a los otros dos peritos, y pedirle al jefe de la Unidad, el señor Andradas, que constatara que, efectivamente, el informe del día 21 de marzo lo habían hecho ellos y no Ramírez.

Pero Garzón no sólo pasa por alto quién fue el que falsificó el informe que fue remitido al juez Del Olmo (y que lleva la misma referencia que el auténtico), sino que cambia a conveniencia la consideración del mismo para atribuirle un carácter delictivo.

Para el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia, el informe 48-Q3-05 de los tres peritos es «un documento interno no oficial». Sin embargo, cuando lo que busca extraer consecuencias penales contra sus autores remitiéndose al artículo 390-2 del Código Penal, entonces le atribuye a ese mismo informe el carácter de «documento oficial». Si era simplemente un borrador, como decía la nota de Interior, entonces no se le puede aplicar el Código Penal. Y si es oficial, entonces habrá que deducir que salió de la Unidad de Análisis de la Policía Científica y que, por tanto, llegó a su destinatario: el ministro del Interior. Si eso fuera así, Rubalcaba habría mentido en el Congreso de los Diputados.

En este caso, el juez ni siquiera ha cuidado las formas. ¿Desde cuando se instruye un delito de falsedad en documento público en la Audiencia Nacional?

Es evidente que, desde el momento en que Garzón asumió la competencia a instancias de la Fiscalía de la Audiencia, lo hizo porque tenía muy clara cuál era su misión.

El porqué Garzón se ha prestado a esta burda maniobra al servicio del Gobierno es algo que sabremos tarde o temprano.

Publicado por el diario EL MUNDO el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

A ninguno de los lectores de EL MUNDO debería sorprenderle lo sustancial de lo ocurrido ayer en la Audiencia Nacional. Ya advertimos el jueves que, cuando abría diligencias en las que incluía la falsificación del informe que unía a ETA y el 11-M, todo sugería que Garzón se estaba prestando a una operación orquestada por el Gobierno y la Fiscalía con el objetivo de criminalizar a los denunciantes y exonerar a los denunciados ante la opinión pública. En lo esencial esto es lo que ha sucedido, pero la realidad ha superado en malas artes y marrullería cualquiera de nuestras previsiones.

Con el auto de ayer, Garzón ha perpetrado uno de los montajes judiciales más lesivos al Estado de Derecho de las últimas décadas y tal vez lo más grave de todo desde el punto de vista meramente procesal es que lo ha hecho sin competencia y en contra del criterio de sus superiores, que determinaron el miércoles que debía ser la jurisdicción ordinaria y no él la que llevara el caso. En vez de dictar apresuradamente un auto de imputación, Garzón debería -como máximo- haber deducido testimonio y haberlo remitido a los Juzgados de Plaza de Castilla.

El juez ni siquiera ha cubierto las formas ciñéndose a investigar lo que le pedía el fiscal: determinar la «relevancia penal» de los informes y «sus efectos desde la perspectiva probatoria». Ha llegado al extremo de tender una trampa a los peritos aprovechando su declaración como testigos para escribir un prolijo auto de imputación vulnerando su derecho a un abogado y a callar o incluso mentir en su defensa. En román paladino, su conducta es la del tahúr que se saca un naipe falso de la manga. En términos jurídicos y a la luz de la jurisprudencia del Supremo, reúne muchos de los elementos indiciarios de la prevaricación.

Pero si es grave el envoltorio jurídico de la operación, lo es aún más el contenido del auto, cuyas conclusiones se basan en un puñado de contradicciones e incongruencias. Garzón basa su decisión de imputar a los peritos en que éstos volvieron a firmar en julio de 2006 el informe que sus superiores habían hecho desaparecer el 21 de marzo de 2005. El instructor da por buena la versión del firmante del informe falsificado, Francisco Ramírez, quien asegura que el documento inicial nunca se firmó. Del relato del auto se deduce sin embargo que los peritos le entregaron en mano a Ramírez las tres páginas del informe. En un entorno en el que se trabaja con ordenadores, sólo tendría sentido hacerlo si fuera para añadirle algo que no podían poner en pantalla, es decir, su firma. En todo caso, tampoco sería lo importante. En julio de este año, y advirtiendo que su documento había sido falseado, los peritos se limitaron a recuperar el informe para probar la manipulación y denunciarla a través de la línea jerárquica.

Garzón dinamita la lógica jurídica cuando califica el informe genuino como «documento interno no oficial» y acusa al mismo tiempo a los peritos de un delito de falsedad «en documento oficial». Es incomprensible además que no impute en cambio a Ramírez, que se atribuyó en el informe falso la autoría de unos análisis que nunca hizo. Por cierto, si como hasta ahora ha dicho Interior el documento de los peritos no era más que «un borrador», ¿por qué el auto habla del «informe 48-Q3-05 con fecha del 21 de marzo» y no del que retocó Ramírez el día 22? Cuando lo hace, Garzón está reconociendo que existía un informe con esa fecha y esa referencia, lo que confiere mayor gravedad al auto.

Más allá de estos entresijos, lo que se percibe es que entre el Gobierno, la Fiscalía y el juez se ha urdido una estrategia cuyo resultado es amedrentar a cualquiera que se sienta dispuesto a contribuir a averiguar lo que ocurrió en torno al 11-M. Vuelven los peores modos del pasado, pero hoy como ayer estamos seguros de que antes o después prevalecerán la verdad y la justicia.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La banda fija diciembre como tope tras plantearse romper el alto el fuego después de seis meses «sin obtener resultados»

Madrid - ETA ha concedido un plazo al Gobierno y al PSOE, que concluye el próximo mes de diciembre, para que cumpla los supuestos compromisos que intermediarios del Ejecutivo habrían pactado con la banda para que concediera el alto el fuego. Los pistoleros, según fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZON, habrían considerado la posibilidad de romper la tregua días pasados, al cumplirse seis meses «sin resultados», pero, finalmente, han dado un margen hasta fin de año.

Las exigencias de autodeterminación (independencia), con la anexión de Navarra, se mantienen sobre la mesa y la organización criminal ha hecho llegar al Gobierno, al menos en una ocasión, durante el pasado verano, que éstos son sus planteamientos y que deben ser tratados en la llamada «mesa de partidos» cuya constitución reclaman la banda y su entramado como condición para desbloquear el «proceso».

El gesto realizado ayer por el Ejecutivo, al «internacionalizar» el problema del separatismo vasco en el Parlamento Europeo no va, según las citadas fuentes, a cambiar las posiciones de la banda -ayer mismo trataron de quemar la sede socialista de la localidad guipuzcoana de Mondragón «en señal de agradecimiento»- que decidió el pasado verano, ante lo que consideraba falta de avances por parte del Gobierno, radicalizar sus posturas y hacer un planteamiento de «máximos».

El problema de los fanáticos (y los etarras lo son) es que cualquier cesión la entienden siempre en clave de «derrota del enemigo» y nunca como una concesión democrática, agregan.

Esta radicalización de las posiciones ha causado tensiones internas dentro del entramado etarra, en especial en Batasuna y en el poderoso sindicato LAB, cuyo secretario general, Rafael Díez Usabiaga, ha perdido mucho peso en la dirección del «proceso».

Las tensiones han llegado a tal nivel que en una reciente reunión Arnaldo Otegi «llegó a las manos» con algunos compañeros de coalición, los más «ortodoxos» y próximos a ETA. Según las fuentes consultadas, sufrió alguna agresión y desde entonces esta «desaparecido en combate». Al parecer, el que se hacía pasar por el Gerry Adams (lider del IRA y del Seinn Fein) vasco trató de que Batasuna y ETA adoptaran posturas más «flexibles» para permitir que el «proceso» avanzara. Y se encontró con la «feroz» oposición de los que, siguiendo las consignas de la banda, no están dispuestos a la más mínima concesión.

En el caso de Rafael Díez Usabiaga, lo que ha ocurrido es que su excesivo protagonismo de los últimos meses ha causado celos y preocupación entre los cabecillas de la banda. Con el pase a un segundo plano del líder sindical lo que han querido dejar claro es transmitir quién es el que manda y el que dirige el «proceso».

Los fusileros etarras que el pasado fin de semana exhibieron sus armas en el monte Aritxulegi de Oyarzun, que no forman parte de ninguna facción disidente sino que actuaban bajo las órdenes de la «dirección» de la banda, dejaron claro que no van a renunciar al terrorismo hasta conseguir la «independencia y el socialismo».

«Cantera de pistoleros»

Además, las juventudes proetarras, que se empezaron llamando Jarrai y ahora Segi, en situación de ilegalidad, suelen expresar las posiciones más próximas a ETA. De hecho, esta organización ha sido la «cantera» de la que han salido muchos pistoleros de la banda. En la línea del comunicado leído en el monte Aritxulegui, han anunciado que continuarán con su «campaña por la independencia de Euskal Herria con la aplicación práctica del derecho de autodeterminación».

Tras criticar al PNV, que «está de nuevo dispuesto a vender a este pueblo ante el temor de perder el poder y el dinero» y a «Zapatero y el Gobierno español del PSOE que se esforzará en limitar el proceso únicamente a términos de conflicto armado para evitar responder a los problemas políticos», los jóvenes proetarras aseguran que los vascos «conseguiremos vencer y acabar con el conflicto que dura ya tantos siglos. Porque los enemigos tendrán que ceder ante la Euskal Herria que construiremos los ciudadanos vascos mediante una postura insumisa».

Precisamente estos jóvenes proetarras se vieron involucrados en un nuevo suceso el pasado jueves. El piso del barrio bilbaíno de Recalde, en el que fueron hallados diversos materiales con los que se fabrican las bombas incendiarias de las utilizadas por el terrorismo callejero, formaba parte de la infraestructura que la banda terrorista ha organizado para los grupos que cometen este tipo de atentados, lo que demuestra, según afirmaron fuentes conocedoras del asunto, la importancia que la banda da a este tipo de actividades criminales en tiempos de «tregua».

El piso había sido alquilado por uno de los tres individuos que tras producirse un incendio mientras manipulaban los materiales, consiguieron emprender la huida, dos de ellos descolgándose con sábanas por la ventana y el otro corriendo por la escalera. No se trataba, subrayan las mismas fuentes, de un apartamento de un familiar o cedido por alguien. Por el contrario, los fugados disponían de un dinero para la renta cuyo origen habrá que investigar.

En los últimos atentados de terrorismo callejero, los expertos de la Ertzaintza han observado una mayor sofisticación de los artefactos, en especial en el colocado contra la sede socialista de la localidad alavesa de Nanclares de Oca. Esto demostraría que las células han seguido cursillos en las últimas semanas impartidos por miembros de ETA, que ha decidido utilizar la «kale borroka» como eje central de la presión al Gobierno.

En el piso del barrio de Recalde fue localizado líquido inflamable, documentos de Batasuna, restos de botellas, destinadas a la fabricación de cócteles molotov, varias mochilas y maletas. El análisis de estas últimas llevó algún tiempo ante el temor de que pudieran contener elementos explosivos. Todo parece indicar que el incendio se produjo cuando los individuos huidos manipulaban los materiales para fabricar artefactos.

Una información de J. M. Zuloaga publicada por el diario LA RAZON el sábado 30 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Si los delicados manifestantes que el domingo están convocados en Sevilla por la AVT para mostrar su disconformidad con la política del Gobierno de Rodríguez Zapatero tienen la osadía de elevar la voz más de la cuenta y de atentar, consecuentemente, «contra el civismo debido y la convivencia ciudadana», todo el peso de la ley en forma de regañina del fiscal general del Estado caerá sobre sus cabezas y sobre el buen nombre de sus familias. Y algo más, probablemente. Una «actitud vociferante» no es lo que se espera de una víctima del terrorismo, que debe manifestarse de forma cabizbaja, como salía de la puerta de atrás de las iglesias vascas, como llegaba a los aeropuertos de Andalucía o Extremadura, como se escondía y se esconde en los pueblos en los que se han quedado a vivir. A dos militantes del PP les detuvieron por orden política del delegado del Gobierno en Madrid, aquella lumbrera, por increpar a un ministro del Gobierno en una manifestación de carácter parejo a la de pasado mañana en Sevilla, pero los policías que cumplieron la orden fueron condenados por sentencia judicial. Tranquilos por ese lado. Éstos piensan que una madre de un guardia asesinado o un hermano de concejal muerto no tienen que manifestarse con la misma actitud de un miembro de Batasuna: cada uno a lo suyo, la víctima a callarse y el asesino a chillar.

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha advertido muy seriamente a la Asociación de Víctimas del Terrorismo: esa manifestación convocada para expresar la disconformidad de sus asociados con las políticas gubernamentales que afectan a la gestión de la tregua no podrá ocupar toda la calzada del trazado asignado -deberá dejar un par de carriles para el tráfico-, deberá ajustarse a las normativas acústicas de la ciudad y deberá haber aportado previamente el número de manifestantes que esperan convocar. Que el ruido de la calle no moleste a mi señor, ha dicho el funcionario electo, el que señaló el dedo del poder para velar por la seguridad de todos. Me pregunto si el propio subdelegado irá escoltando la manifestación con un medidor de ruidos accionado en su mano izquierda: «¡A aquél, detengan a aquél, que ha gritado por encima de lo permitido!».

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía autorizó en su día al sindicato de Policía y Bomberos a utilizar los medios acústicos que consideraran necesarios en una manifestación. El Ayuntamiento de Sevilla -donde regía el mismo que hoy es subdelegado-, que no había permitido efectos sonoros, recurrió y perdió. Por lo tanto, que vayan tranquilos todos los manifestantes este domingo al Paseo de las Delicias y griten lo que quieran hasta hartarse. Y lleven bocinas y matracas y altavoces si les da la gana. Y ocupen toda la calle y corten el tráfico y no le hagan ni puñetero caso a nadie. Ni siquiera al subdelegado se le ocurrirá ordenar a la Policía que cargue contra las madres, los hermanos y los hijos de los muertos, cosa que creo tampoco harían aunque se les dijese, por cierto. Que las víctimas del terrorismo reivindiquen su derecho a manifestarse en tiempos en que resulta políticamente incorrecto hacerlo por aquello de que hay un Gobierno que «lucha por la paz» y al que no se le debe obstaculizar. Las víctimas tienen, de momento, el mismo derecho que Batasuna a ocupar las campas sin que nadie les ladre: hace unos días, en Oyarzun, tres pistoleros tomaron posesión de la tierra sin que el Estado hiciese acto de presencia a pesar de estar cerca sus responsables de seguridad. ¿Y van ahora a decirle a las víctimas críticas con este Gobierno que no griten y que vayan por la acera? ¡Anda ya!

Todos a Sevilla pasado mañana. Que si aquí el tráfico lo corta cualquier colectivo de mojones ¡cómo no lo van a cortar ellos!

Publicado por el diario ABC el viernes 29 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

En el listado de llamadas realizadas a las inmediaciones del bar Faisán que la Guardia Civil ha entregado al juez aparece una hecha desde un teléfono corporativo de la sede de Ferraz minutos antes de que el etarra Elosua fuera advertido de la inminente redada

MADRID.- Una llamada desde un número de teléfono que pertenece al PSOE fue realizada desde la sede de Ferraz a la misma zona donde se encuentra el bar Faisán, minutos antes de que se produjera el chivatazo a ETA. La comunicación se produjo desde un móvil corporativo del PSOE a las 11.00 horas del día 4 de mayo. La recibió una persona que se encontraba en el mismo bloque en el que se ubica el establecimiento, regentado por el presunto responsable de la financiación de ETA, Joseba Elosua, en Irún (Guipúzcoa). Allí mismo, media hora después, Elosua fue alertado de una operación contra el aparato de extorsión de la banda terrorista.

Así consta en el estudio telefónico remitido por la Guardia Civil al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso, dirigido por el juez Baltasar Garzón, según explicaron a EL MUNDO fuentes de la investigación.

En el informe entregado por el Instituto Armado a la Audiencia Nacional aparece un gran número de llamadas que circularon por la zona próxima al lugar donde se produjo el chivatazo, el bar Faisán. El ámbito rastreado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se centra en la misma manzana donde se ubica el establecimiento, y en las horas próximas a la que se presume que tuvo lugar el chivatazo.

Muchas claves de lo que pasó aquella mañana del 4 de mayo están ya en el despacho del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Primero fue la Guardia Civil la que elaboró un pormenorizado y detallado informe sobre los movimientos telefónicos que se produjeron aquella mañana en la zona del bar Faisán. El estudio se remitió al juzgado cuando todavía estaba dirigido por el magistrado Fernando Grande-Marlaska.

Círculo acotado

Después ha sido la Comisaría General de Información de la Policía Nacional la que ha concretado aún más las pesquisas y ha remitido al juez un segundo informe, más preciso que el del Instituto Armado, a principios del mes de agosto. Y el círculo está muy acotado sobre los autores del chivatazo a la organización terrorista ETA de la inmediatez de la operación policial contra su aparato de extorsión.

El propio Joseba Elosua fue quien recibió el chivatazo policial el día 4 de mayo por la mañana, en su establecimiento, sobre las 11.30 horas. La víspera, el juzgado de la Audiencia Nacional y la Policía habían acordado poner en marcha una operación para desmantelar la trama de extorsión etarra en el momento en que se entregara dinero procedente del impuesto revolucionario. Y en ese corto margen de horas, desde la noche del 3 hasta la mañana del 4, se ideó y se puso en marcha un plan para alertar al etarra y desvelarle la inminente operación contra el entramado. La improvisación y el poco margen de tiempo provocó que los autores del chivatazo cometieran errores que, probablemente, permitirán al juez Garzón desenmascarar esta trama.

Todo parece indicar que, inicialmente, alguien (posiblemente un agente de la Policía Nacional) se desplazó hasta la casa de Elosua durante la mañana del día 4, siguiendo órdenes de sus superiores, para alertarle verbalmente de la operación. Pero no lo localizó. Entonces, seguramente la misma persona, se desplazó al bar Faisán y preguntó por Joseba Elosua. Los investigadores no tienen ya dudas de que este primer agente no conocía físicamente a Elosua, porque cuando entra en el bar alguien preguntó al policía que si quería contactar «con el padre o con el hijo», a lo que aquél respondió: «Con el padre», cuando a quien buscaba, el presunto responsable de la financiación de ETA, era al hijo.

Cuando salió Elosua, el agente le entregó un teléfono móvil. Al otro lado del aparato, otro supuesto miembro de la Policía Nacional le dio el chivatazo. Todo hace sospechar que los dos principales implicados pertenecen a la plantilla de la Comisaría General de Información.

Pues bien: entre todas las llamadas incluidas en el informe de la Guardia Civil figura una que parte desde la sede socialista de Ferraz, desde un número que pertenece al PSOE, y que tiene como destinatario un número de teléfono que está en la zona donde se produce el chivatazo. Según las fuentes consultadas por este periódico, los estudios sobre las cuadrículas donde las antenas localizan cada una de las llamadas acotan perfectamente la zona de la que partió esa llamada y la zona de recepción. Se trata de alguien que telefonea físicamente desde la sede del Partido Socialista. Y esta llamada se produce sobre las 11 de la mañana, apenas unos minutos antes de que Elosua sea alertado de la operación policial.

El número en el que se recibe esa llamada no pertenece, según las mismas fuentes, a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. No obstante, los investigadores no pueden descartar de ninguna manera la conexión entre esa llamada y la que recibió el entramado de extorsión etarra, aunque, por los datos iniciales del informe, los especialistas de la Guardia Civil tampoco sacan conclusiones. Incluyen la llamada para que sea el propio juez Garzón el que le dé la importancia correspondiente o descarte su posible relación con el chivatazo.

La llamada desde la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid está enmarcada dentro de un amplio listado de varios cientos de números de teléfonos que hacen llamadas hacia la zona del bar Faisán, que es donde se produce el chivatazo, o que las reciben en sus proximidades, durante las horas en las que se presume que se realizó el aviso a Elosua.

Según los expertos, la zona delimitada no es superior a una manzana de viviendas, y el periodo de tiempo acotado bastante corto, por lo que el estudio elaborado por la Guardia Civil es bastante preciso.

El propio Elosua destapó el caso

MADRID.- Fue el propio Elosua quien destapó el chivatazo, ya que se lo contó a su cuñado durante la tarde del día 4 de mayo, mientras ambos viajaban a Francia en su vehículo.

En ese coche había una 'chicharra' policial que grabó toda la conversación. Aquel día, Elosua le contó a su familiar que primero intentaron localizarle en su domicilio. Como no lo consiguieron, al parecer un policía entró en el bar Faisán y le entregó un teléfono móvil, desde donde ya fue alertado por otro funcionario policial de la inminente operación.

El informe de la Guardia Civil fue entregado poco antes de que Fernando Grande-Marlaska abandonara el Juzgado. Tras el regreso de Garzón a la Audiencia Nacional, el juez apartó al Instituto Armado y las investigaciones quedaron en manos de la Policía Nacional.

En el origen de este caso se produjeron situaciones cuando menos insólitas. El chivatazo se produjo el 4 de mayo. Los agentes de la Comisaría General de Información se percataron de ello el día 5, viernes. Pues bien, el que entonces era el máximo responsable de los servicios de Información policiales, el comisario Telesforo Rubio, no informó oficialmente al juez que instruía en ese momento, Marlaska, hasta el lunes siguiente, día 8.

Esto provocó un tremendo enfado por parte del magistrado, que decidió, en una resolución sin precedentes, apartar de las investigaciones al propio comisario. El juez dejó el caso en manos de un inspector jefe con la instrucción de que las novedades le fueran dadas a él y no a Telesforo Rubio. Ese mando es el que envió el segundo informe a Garzón el pasado mes de agosto. El malestar ya existente en la Comisaría General de Información creció tras destaparse este escándalo. Son muchos los que barajan 'candidatos' para que el juez llame a declarar como imputados.

Imaz se reunió ese día con Zapatero

MADRID.- El chivatazo policial se produjo el 4 de mayo por la mañana, poco antes de que el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Josu Jon Imaz, fuera recibido en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En aquella reunión, Imaz trasladó a Zapatero su apoyo incondicional al denominado 'proceso de paz'.

En aquel momento, en el punto de mira judicial, además de un amplio elenco de presuntos implicados en la trama de extorsión de ETA, se encontraba también el dirigente nacionalista Gorka Agirre. El entonces instructor del sumario, Fernando Grande-Marlaska, tenía sospechas de que estaba directamente implicado en la trama y de que había gestionado el pago del 'impuesto' a ETA a alguno de los empresarios extorsionados. «Gorka Agirre, actualmente responsable de relaciones exteriores del EBB, órgano de dirección del PNV, ha desarrollado funciones de intermediación entre la organización terrorista ETA, en concreto su aparato de extorsión (Gezi), y relacionados de una o de otra manera con su partido. En tal sentido, contactaba con el conjunto de miembros de la red de extorsión, más asiduamente con Joseba Elosua, de quien recibía tanto los listados de empresarios extorsionados como incluso las cartas de extorsión, negociando posteriormente y llegando a entregar dinero con destino final a las arcas de la banda armada», señaló el juez Marlaska en el auto en el que fija la situación procesal de Aguirre. En él, el magistrado denuncia que Agirre informaba a Joseba Elosua «de la titularidad oficial de distintos vehículos que le seguían», añade el auto.

«Los hechos anteriormente relatados, y sin perjuicio de ulterior calificación, revisten los caracteres de un delito de colaboración terrorista», indica el auto.

Una información exclusiva de Fernando Lazaro publicada por el diario EL MUNDO el viernes 29 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

No crean que hemos suprimido el editorial de EL PAIS, simplemente el ‘diario independiente de la mañana’ ha elegido otros temas de mayor incidencia, por ejemplo

No dar satisfacción a ETA en la Eurocámara (Editorial de EL MUNDO)

El Parlamento Europeo celebrará el próximo día 25 de octubre un debate sobre el proceso de paz puesto en marcha por Zapatero tras la declaración de alto el fuego de ETA. La iniciativa partió del grupo socialista de la Eurocámara y fue respaldada por todos los grupos, incluido el Grupo Popular Europeo. Sin embargo, tanto el presidente del PP, Mariano Rajoy, como el portavoz en Estrasburgo, Jaime Mayor Oreja, consideran que la celebración de este debate es «un enorme error» y una «cesión injustificada a Batasuna». El líder del PPE intentó sin éxito que la sesión fuera aplazada, alegando que la fecha prevista era la que había pedido Batasuna. En efecto, la organización ilegalizada se felicitó ayer porque la Eurocámara haya cedido a sus pretensiones y saludó que los «diferentes agentes europeos» participen para «impulsar el proceso democrático del pueblo vasco». Tal y como bien dijo Rajoy, Batasuna logró ayer una victoria en su estrategia de internacionalización del que llaman «conflicto vasco». Y precisamente por ello, los socialistas españoles deben tener mucho cuidado en el debate para no caer en el juego de los proetarras. Sus portavoces han de dejar meridianamente claro que ni una organización terrorista ni su brazo político ilegalizado pueden marcar los pasos del proceso. Máxime cuando hace sólo unos días, tres pistoleros encapuchados volvieron a amenazar al Estado en nombre de ETA. Lo contrario sería darle una satisfacción política a la banda terrorista.

Editorial publicado por el diario EL MUNDO el viernes 29 de septiembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

“El debate sobre ETA en Europa” (Editorial de LA RAZON)

El PSOE lleva al Parlamento Europeo la negociación con los terroristas para reforzar sus tesis

Uno de los objetivos que se marcó el anterior Gobierno de España fue el de ilustrar con precisión los perfiles del terrorismo en Europa. Tras los atentados contra las Torres Gemelas, en pleno proceso de internacionalización de la lucha contra el terrorismo, las gestiones diplomáticas y políticas del Partido Popular (con el apoyo sin fisuras del PSOE) tuvieron como objetivo aislar a ETA y sus portavoces, explicar en consulados, embajadas, cancillerías y parlamentos, incluido el europeo, la dimensión criminal de los «políticos» de Batasuna, la vulneración sistemática de los derechos humanos que llevaban a cabo ETA/Batasuna y que la situación de anormalidad en el País Vasco se debía al totalitarismo callejero de los proetarras. Tales gestiones fueron eficaces hasta el punto de que la Unión Europea no tuvo inconveniente en incluir a HB en su lista de organizaciones criminales. Con esa iniciativa, España logró que ni ETA ni sus «embajadores» tuvieran el más mínimo apoyo oficial; que no quedaran dudas sobre la naturaleza criminal de Batasuna, su supeditación a los fines y objetivos criminales de los terroristas. Europa entendió y asumió como propias las consideraciones españolas (del PP y del PSOE) y se eliminó cualquier atisbo de comprensión a la «lucha» de los terroristas.

Cinco años después, el debate sobre ETA regresa a Europa a petición de la propia Batasuna. El grupo socialista ha recogido el guante y está dispuesto a discutir en sede parlamentaria sobre un asunto tan vidrioso como el de la negociación con ETA. Precisamente las aristas de ese proceso son las que evitan que haya debates clarificadores al respecto en el Congreso de los Diputados.

El propósito del PSOE es obtener un respaldo aún mayor para el Gobierno de Rodríguez Zapatero, pero los riesgos son elevados, dados los movimientos de Batasuna y la pretensión de que la sesión en el Parlamento Europeo acabe por convertirse en una reivindicación del derecho a la autodeterminación, sin la más mínima alusión, por ejemplo, a las víctimas del terrorismo.

Es obvio que la situación no es ahora la misma que hace cinco años, que ETA lleva tres sin matar (como le gusta recordar al presidente del Gobierno) y que la banda está en situación de alto el fuego, a pesar del agudo rebrote del terrorismo callejero, pero todo eso no debería servir para que Batasuna encuentre en Europa un altavoz para sus reivindicaciones, así como un escenario propicio para dividir aún más al PSOE y al PP, form