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27 de Agosto, 2006

"De los GAL al 11-M" por Pedro J. Ramírez

Por Narrador - 27 de Agosto, 2006, 12:00, Categoría: Opniones

Pocos meses antes del juicio por el infame montaje del que fui víctima hace nueve años el ex gobernador civil de Guipúzcoa José Ramón Goñi Tirapu visitó a mi abogado para ofrecernos desvelar con todo lujo de detalles que fue Rafael Vera quien le entregó los 50 millones de pesetas con los que se pagó tal vileza, a cambio de que yo le otorgara el «perdón del ofendido» que le permitiría eludir la condena o al menos la prisión. Nuestra respuesta fue que la verdad no era un objeto de trueque y que si su testimonio era fruto de un acuerdo quedaría desnaturalizado ante el tribunal. Que actuara, pues, según su conciencia.

La misma mañana en que comenzó la vista oral Goñi reiteró su oferta y recibió idéntica contestación. Cuando llegó su oportunidad guardó silencio. Tanto él como sus cómplices -incluido el que fuera ayudante personal de Felipe González en La Moncloa Angel Patón- fueron condenados a diversas penas de cárcel y Vera, sentado durante una semana en aquel ignominioso banquillo, quedó absuelto porque, según la sentencia, «disponemos de un juicio de probabilidad sobre su participación en los hechos enjuiciados, pero el de certeza se nos muestra dudoso».

Es evidente que si su antiguo subordinado hubiera testificado lo que él mismo vivió, esa duda se habría disipado y Vera sumaría ya una tercera condena a los 10 años de cárcel que mereció por secuestrar a Segundo Marey y a los siete que recibió por apropiarse de los fondos reservados del Ministerio. El escándalo que le produjeron las circunstancias de este latrocinio fue, según Goñi Tirapu -tieso como la mojama tras muchos años de servicios a la causa-, lo que le impulsó después, cuando ya no tenía nada que ganar pues estaba cumpliendo su condena, a revelar una parte de su secreto en una entrevista periodística. «En el chalé donde me entregaron los 50 millones estaba Rafael Vera», declaró el pasado mes de octubre a Antonio Rubio. Tratándose de cosa juzgada y resuelta en sentencia firme estamos, por desgracia, ante una confesión sin efectos procesales; pero ahí queda para completar en las hemerotecas el verdadero retrato del mayor delincuente en serie que ha ocupado un tan alto cargo público en toda nuestra historia moderna y contemporánea.

Este es el individuo al que el Gobierno excarcela ahora antes de que haya cumplido la cuarta parte de su condena, concediéndole un tercer grado sin justificación ética ni coherencia legal. El mismo que saldó su primera condena por la abducción y el ensañamiento que padeció aquel pobre viajante con poco más de 100 días de prisión. El mismo que también fue absuelto «por falta de pruebas» en el juicio por las torturas y el asesinato de Lasa y Zabala. El mismo que nunca ha tenido ni siquiera que responder ante la justicia por esas dos docenas de restantes crímenes de los GAL, presuntamente organizados bajo su dirección y con su financiamiento, que llevan visos de quedar impunes. El mismo que aún tiene abierto el sumario por los maletines repletos de dinero entregados a las mujeres de Amedo y Domínguez en Suiza para comprar su silencio.

¿Quién está ahora realizando un último -o penúltimo- pago por el suyo? ¿Rubalcaba? ¿González? ¿Zapatero? Y, sobre todo, ¿qué es lo que ahora sabe y calla Rafael Vera?

He comenzado mi carta de hoy con el episodio inédito del ofrecimiento de Goñi Tirapu para no ocultar a los lectores hasta dónde llega mi constancia sobre la falta de escrúpulos de este canalla, aún protegido por una parte significativa del PSOE, que trató de orquestar mi asesinato civil, confundiéndose de víctima y de país. Sin embargo lo sustantivo en este asunto no tiene para mí nada de personal. Una y otra vez he reiterado que la única cárcel en la que deseo que queden encerrados para siempre tanto quien amparó su saga delictiva, como sus cerriles sicarios, como el propio Vera-Beria es la cárcel de la Historia. No es una evanescente e insípida venganza meridional, sino la verdad completa sobre sus guerras sucias, lo que como ciudadano y como periodista voy buscando.

Lo que más me subleva no es, por lo tanto, el injusto beneficio penitenciario que en la práctica va a permitir que -embargos al margen- disfrute en libertad del producto de su masivo saqueo del erario sin haber mostrado arrepentimiento alguno, ni tan siquiera intención de devolverlo. Lo que más me indigna no es, en consecuencia, el agravio comparativo que este trato de favor supone respecto a los casos de Mario Conde o Luis Roldán, que han estado encarcelados durante años y años por delitos similares, o respecto a los casos de Sancristóbal y Rodríguez Colorado, que han tenido que reintegrar cantidades menores -e incluso siguen haciéndolo a plazos- para que el Estado pueda ser magnánimo con ellos. En términos concretos el régimen de casi libertad plena de Vera va a diferir muy poco del que tan benévolamente se le venía ya aplicando.

No, lo que más me subleva, indigna y escandaliza es que, al pairo de la dispersión agosteña, se consume un apaño propio de los peores tiempos del felipismo, encaminado, al igual que entonces, a continuar blindando y hurtando del conocimiento público verdades estremecedoras que forman parte de la pútrida trastienda de nuestra democracia. Y lo que se impone, por encima incluso de esos sentimientos, es la preocupación de comprobar que existe todavía algo que permite al ex secretario de Estado de Interior obligar a este nuevo Gobierno socialista no sólo a favorecerle discretamente, como venía ocurriendo hasta ahora con los permisos para salir diariamente de la cárcel so pretexto de cuidar su depresión o atender a su familia, sino a cruzar el Rubicón de la arbitrariedad expresa, comprometiéndose a la luz del día con su persona y su trayectoria, mediante una decisión imposible de justificar con razones objetivas.

Este es el enigma que me corroe desde que a última hora de la tarde del martes se conoció la noticia, frívola o concienzudamente orillada por casi todos los demás medios de comunicación. ¿Qué puede saber Rafael Vera como para obligar a cambiar de pauta de conducta a un Zapatero que hizo rabona en todas las visitas organizadas a la cárcel de Salamanca, que ordenó dejar de pagar a los abogados de los implicados en los sumarios por crímenes de Estado y corrupción tan pronto como llegó a Ferraz y que resistió impertérrito las presiones de González, la colecta de firmas en el Grupo Socialista o las amenazas de huelga de hambre del propio interesado para que le concediera el indulto?

La idea de que se trata de la enésima reedición del chantaje basado en la amenaza de revelar el papel del entonces presidente y líder del PSOE en la puesta en marcha de los GAL no me parece convincente. El educado distanciamiento entre Zapatero y González es un secreto a voces. Si el leonés no dio la cara por el sevillano en este terreno cuando aún necesitaba de su tutela, o al menos de su pasividad, no va a hacerlo ahora que el felipismo parece ya una olvidada glaciación del periodo cuaternario. Aunque en lugares como Andalucía o Extremadura no hayan cambiado ni los perros ni los collares, al PSOE de hoy le trae poco menos que al fresco lo que pueda decir este señor sobre hechos acaecidos hace 20 años por los que el partido ya pagó su factura electoral primero en el 96 y después en el 2000.

Ni siquiera las variantes de esa misma teoría, en el sentido de que si Vera tirara de la manta lo que contaría podría resultar especialmente embarazoso para Rubalcaba o en el sentido de que el nuevo titular de Interior se siente solidario con aquel cuyos desmanes le tocó encubrir, tienen, a mi modo de ver, consistencia suficiente. Cualquier cosa que Vera pudiera decir de Rubalcaba -quien, por otra parte, llegó al Gobierno de González bastantes años después del apogeo de los GAL- sería mucho menos inconveniente para el actual titular de Interior que verse, de repente, con la que tiene encima entre ETA y los cayucos, identificado como protector de un individuo así. Si a alguien le convenía mantener encerrado bajo siete llaves ese capítulo del pasado era a él. Además Rubalcaba no es Rodríguez Ibarra. Si ha puesto en marcha la excarcelación de Vera, a sabiendas de todas las complicaciones que ello iba a acarrearle -y la de que los terroristas la tomen como referencia de sus exigencias penitenciarias no es nada menor-, no ha sido siguiendo un impulso ciego de su ardiente corazón, sino como consecuencia de una necesidad política, fríamente evaluada y necesariamente compartida con el presidente.

¿Por qué Zapatero permite que su imagen quede contaminada ahora, cuando nadie le discute el poder en el partido, por algo que siempre le ha producido intensa repugnancia, después de haber sido capaz de sortearlo con especial destreza en momentos de mucha mayor debilidad? ¿Por qué permite que el enérgico alegato de la vicepresidenta Fernández de la Vega contra la cleptocracia política, formulado tras el Consejo de Ministros que disolvió el Ayuntamiento de Marbella, quede patéticamente hecho trizas, precisamente ahora que las sombras de la corrupción vuelven a acechar por doquier los vacilantes pasos de la España democrática? ¿Por qué permite que el único fiscal general del socialismo que hasta ahora no se había visto obligado a hurgar en este cubo de la basura vaya a tener que pringarse -ensuciando una hoja de servicios que incluye como magistrado la ejemplar sentencia del caso Marey-, hasta consentir por omisión que quien, según la propia prosa del Ministerio Público, «desvalijó sin pudor las arcas del Estado de manera mendaz y desleal» se vuelva a ir a casa poco menos que de rositas?

Aquí hay gato encerrado y tal vez no sea tanta «estupidez» como le parece al siempre faltón Alvaro Cuesta que su paisana, la diputada del PP Alicia Castro, lo busque por las sentinas de la encallada nave de la investigación del 11-M. No porque resulte en sí mismo relevante que Rubalcaba -siempre Rubalcaba- hablara el día de la masacre con Vera. Ni siquiera porque la visita simultánea de Barrionuevo, Corcuera y el propio Vera aquella misma tarde al encarcelado Galindo sea uno de los enigmas más inquietantes de la trágica jornada. (¿A qué puede obedecer que la antigua cúpula de Interior organice apresuradamente un desplazamiento así -o no lo cancele si estaba ya previsto- en un momento en el que nadie tenía elementos de juicio como para plantearse nada y lo único prudente era permanecer a mano por si el Estado o el partido requerían de sus servicios?).

No, la pista que tiene todo el sentido rastrear es la relación entre los actuales mandos policiales presuntamente implicados en la manipulación de pruebas que ha infectado desde el principio hasta el final la instrucción del sumario del 11-M y ese pasado bochornoso en el que Vera reinaba como un auténtico Príncipe de las Tinieblas sobre los aparatos de la seguridad del Estado. Sabemos, y no es poco, que el mismo coronel Hernando que jugó con la cometa de la trama asturiana de los explosivos hasta extremos aún pendientes de averiguar, había sido -para escarnio de ese PP bobalicón que le mantuvo en el cargo- el hombre de los maletines que pagaba en Suiza a las esposas de Amedo y Domínguez. Lo que no sabemos, en cambio, son los vínculos, lazos, conexiones, fidelidades y lealtades de comisarios como Telesforo Rubio, Juan Jesús Sánchez Manzano, Alfredo Ruiz o Miguel Angel Santano. O los puentes existentes entre algunos de ellos y los mandos del CNI que pudieron contribuir a perfilar la cada día más descuajeringada versión oficial de la masacre.

Ignoro si Zapatero ha recibido ya el informe exhaustivo sobre los explosivos colocados en los trenes que encargó antes de irse de vacaciones. En el momento en que lo tenga sobre la mesa será, en todo caso, consciente de que o bien existe un secreto inconfesable que se está ocultando a la opinión pública o que, al menos, la suma de engaños, trampas y chapuzas de paternidad fácilmente detectable ha situado a la Policía, la Fiscalía y el juez instructor en la insostenible posición de acudir a la vista oral alegando que, pese a la existencia de 12 focos de explosión -dos de ellos controlados-, nunca se podrá saber cuál fue el tipo de dinamita utilizado porque no se han podido identificar sus componentes. Bullshit, que dirían los británicos.

Con el trípode de pruebas materiales -furgoneta de Alcalá, mochila de Vallecas y Skoda Fabia- en que se ha pretendido sustentar la acusación contra los islamistas al borde mismo del colapso, Zapatero puede verse abocado muy pronto a tomar una decisión trascendental. Él sigue teniendo una importante línea de crédito entre los españoles, pero corre el riesgo de perderla a borbotones si no sale al encuentro de la verdad en este asunto.

En la entrevista que me concedió en abril se quejaba con aires doloridos de la forma en que Rajoy y otros líderes de la oposición habían acogido a su nuevo ministro de la Policía, advirtiendo paladinamente que no podían fiarse de él: «Es impensable, impensable... que en los sucesivos relevos que hizo el PP se hubiera recibido a un ministro del Interior como se ha recibido ahora a Alfredo Pérez Rubalcaba». Pues bien, ni siquiera han tenido que transcurrir seis meses para que los hechos parezcan dar la razón a los escaldados populares. Porque lo «impensable-impensable», en términos democráticos, es que pueda quedar en evidencia en sede judicial que un alto cargo policial ha facilitado al Parlamento información falsa sobre un asunto clave del 11-M y el titular del ramo ni siquiera se digne acudir a aclararlo al Hemiciclo. Y lo «impensable-impensable», en términos simplemente éticos, es que ese mismo titular del ramo pueda excarcelar con cinco años y medio de antelación al mayor desalmado, chorizo y sinvergüenza que, según rezan sendas sentencias firmes del Supremo, refrendadas por el Constitucional, ha pisado moqueta oficial durante la democracia sin siquiera obligarle a vaciarse antes los bolsillos.

Claro que, en el fondo, lo más «impensable-impensable», lo que no debería terminar resultando sino una pesadilla dentro de un delirio, inmersa en un mal sueño, es que quien pueda tomar formalmente esa decisión sea el mismo señor que, antes de proclamar que «España necesita un Gobierno que no mienta», había tratado de hacernos creer que el «de donde saca pa tanto como destaca» del mangante secretario de Estado, devenido en potentado terrateniente, era la milagrosa ferretería de su suegro.

   

Publicado en el diario EL MUNDO el domingo 27 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"País Vasco: la mentira de la paz" por Mikel Buesa

Por Narrador - 27 de Agosto, 2006, 11:00, Categoría: - Tregua Etarra

La vida política del País Vasco ha estado tradicionalmente envuelta en la falsedad, de manera que, como señaló una vez Mario Onaindía, «la realidad parece un espejismo y los espejos se nos antojan reales..., quienes detentan el poder se disfrazan de marginados y les roban su lenguaje, y los marginados deambulan perdidos como si tuvieran todo el peso de las culpas de la historia...; las palabras significan lo contrario de lo que aparece en el diccionario, como si alguien hubiera decidido que las lenguas no son para entenderse, sino sólo para ocultar la realidad». Hasta no hace mucho tiempo, los nacionalistas eran los más virtuosos cultivadores de la ocultación y el eufemismo, pero recientemente han encontrado en las filas del socialismo aventajados discípulos que eclipsan sus antiguos méritos. Tan es así que ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira; o más bien hemos perdido la noción de estos conceptos, como si todo dependiera de las conveniencias partidarias de cada acontecimiento.

A finales de marzo, ETA declaró un «alto el fuego». En aquel momento, el Gobierno se apresuró a declarar que, antes de emprender cualquier iniciativa, verificaría la existencia de un cese efectivo de la violencia, pues el paso dado por la organización terrorista abría la oportunidad para desencadenar el proceso de finalización del terrorismo al que se aspiraba desde que, un año antes, una resolución del Congreso de los Diputados diera autorización para conversar con ETA. Tres meses más tarde, el presidente Rodríguez Zapatero consideró que esa verificación satisfacía unos criterios que nunca se habían enunciado ni expresado públicamente, y sin atenerse a los usos parlamentarios anunció en una sala de prensa de la Carrera de San Jerónimo el comienzo de la negociación con ETA. Entretanto, ésta había contribuido a cimentar el diagnóstico gubernamental extorsionando a medio centenar de empresarios, de los que podría haber obtenido la no despreciable suma de 250.000 euros; asimismo, desarrollaba otras actividades recaudatorias vendiendo bonos entre sus simpatizantes con un rendimiento superior a los 70.000 euros, continuaba con sus campañas de desobediencia civil repartiendo el «DNI vasco», no se olvidaba del mantenimiento de la logística del terrorismo en Francia, inspiraba la realización de más de cincuenta acciones de violencia callejera y cerraba su virtuosa aportación insultando a sus víctimas en la sala de vistas de la Audiencia Nacional.

Nada de esto pudo conmover a los estrategas de la Moncloa, quienes vieron en todo ello la confirmación de la derrota de ETA y se apresuraron a dar por finiquitado el terrorismo, declarando a continuación que entrábamos en un proceso de paz. Fue entonces cuando empezó a darse un mayor énfasis a la eventual legalización de Batasuna y se reconoció en los terroristas a unos respetables interlocutores políticos con los que cabía celebrar reuniones para hablar del futuro. Estos, a la vista de tan deferente tratamiento, como al parecer no han considerado conveniente consentir en su derrota, han optado por hacer caso omiso de los formulismos procesales y ocupar la calle como si de verdad fueran legales porque, a todos los efectos -según plasman en sus informes y resoluciones los funcionarios gubernativos, los fiscales y los jueces- quienes convocan sus manifestaciones y algaradas no son ellos sino otros, aunque, para ellos, son como si fueran ellos mismos. Y así la paz se asienta, en el parecer del Gobierno, con la solidez propia de un hecho histórico irreversible, hasta el punto de que los acontecimientos que se han sucedido en los dos últimos meses no parecen haber hecho mella en ella: las oleadas de cartas de extorsión a empresarios han seguido produciéndose con la puntualidad de un reloj suizo, las actividades recaudatorias -para la «paz», sin duda- mediante la venta del merchandising terrorista han crecido exponencialmente, las acciones de violencia callejera -más de treinta- se han diversificado para acabar en una borrachera de fuego y los presos etarras, acompañados de sus familiares, han acabado exigiendo que se reconozca su heroica contribución a la concordia pública mediante una amnistía.

El País Vasco vive así este verano la mentira de la paz. Las cosas, una vez más, no son como parecen, ni parecen ser como son. Nada perturba los oropeles del poder y, mientras tanto, a los empresarios a cuyas manos llegan papeles amenazantes se les exige que oculten su inquietud -o, si no, que paguen para demostrar su patriotismo-; a los viajeros del autobús incendiado se les señala que no tienen derecho a queja alguna, pues su previo y forzoso desalojo no es un riesgo cubierto por el seguro obligatorio de viajeros; a los concejales que ven su rostro enmarcado en una diana se les recrimina su intransigencia; y a los ciudadanos que todos los días abandonan el paisaje de su infancia para buscar destino en otro sitio de España, porque no resisten más la presión de la violencia, se les da de baja en el Padrón Municipal y se les olvida como si nunca hubieran existido. Vivimos en una mentira y la verdad se oculta cada vez más profundamente para que no pueda ser reconocida. Sin embargo, como observó Julio Caro Baroja en su magistral estudio de las vidas por oficio, «la mentira sirve tanto como la verdad para conocer a los hombres»; y por ello sabemos que, como ya ocurrió hace tan sólo seis años, las falacias de la paz pueden acabar desencadenando una orgía de sangre.

Mikel Buesa es Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

  

Publicado en el diario ABC el domingo 27 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"En son de paz" por Ramón Pérez-Maura

Por Narrador - 27 de Agosto, 2006, 9:00, Categoría: Naciones Unidas

Si el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba resoluciones que después se niega a aplicar, el propio Consejo se convierte en una amenaza para la seguridad global. Y eso es lo que está ocurriendo en el Líbano con la aplicación de la resolución 1.701. Ésta prevé desarmar a Hizbolá, pero Kofi Annan ya se apresuró el viernes a aclarar que el desarme del agresor de Israel no lo realizarán las tropas internacionales, sino el Ejército del Líbano. Una vez más, todo queda muy claro: los occidentales demostramos a los islamistas que no tenemos valor para plantarles cara. Vamos al Líbano a proteger a no se sabe quién, porque las normas de enfrentamiento dejan claro que el uso de la fuerza letal sólo será permitido en defensa propia. De ahí que Kofi Annan nos cuente que el desarme de la milicia deberá realizarlo el emasculado Ejército libanés. Para eso, se lo podía haber encargado a la policía municipal de Chiclana de la Frontera.

Lo que se está haciendo es consolidar la posición de Hizbolá sobre la comunidad chií libanesa. Hasán Nasralah ha empezado a repartir miles de dólares provenientes de Teherán para acallar las voces de descontento entre los suyos. Cada vez son más los que cuestionan la jefatura de corte estalinista que aplica a un partido cuya Shura (consejo ejecutivo) se reunió por última vez hace un lustro. Cuestionan el monopolio que mantiene Nasralah sobre el diálogo con Irán, lo que llevó a que cuando recibió la luz verde de Teherán para que provocara a Israel el mes pasado, los hechos se desencadenasen sin que Nasralah informara ni a los dos ministros de su partido que forman parte del Gobierno libanés de Fuad Siniora. El Líbano tiene hoy ante sí dos opciones. O intentar retomar el camino del desarrollo económico y la estabilidad política, bajo la bandera del «Proyecto para la Paz» que propugna Siniora, o el «Proyecto de Rebeldía» de Nasralah, que quiere hacer del Líbano la cabeza de puente de una «guerra de civilizaciones» entre el Islam, dirigido por Irán, y los infieles, comandados por Bush. En palabras del prestigioso analista libanés Nadim Shahadeh, «la elección está entre la playa y el búnker». ¿Puede alguien creer que la mayoría de los libaneses no prefiera la playa?

Con todo esto en juego, aparecemos una vez más los europeos procurando no molestar a nadie. ¿Cuántas veces habrá que repetir que lo importante no es sólo que tú no cedas ante tu enemigo, sino que tu enemigo no crea que estás cediendo? Chirac, Prodi y Zapatero pueden creer que ganamos posiciones acudiendo al Líbano en son de paz para no hacer cumplir la resolución del Consejo de Seguridad que trajo el alto el fuego. Porque lo cierto es que ante los ojos de nuestros soldados Hizbolá podrá rearmarse. Y las reglas de enfrentamiento no permiten hacer uso de la fuerza para impedirlo. Y, así, vamos construyendo la Alianza de Civilizaciones. Apoyando el búnker.

   

Publicado en el diario ABC el domingo 27 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La falta de estabilidad parlamentaria hace peligrar los Presupuestos y los principales proyectos del PSOE

Por Narrador - 27 de Agosto, 2006, 8:00, Categoría: General

MADRID.- El Gobierno y el PSOE se enfrentan a su curso político más difícil. Si el pasado año, en estas mismas fechas, la única duda que había era saber cuántos votos le iban a sobrar al Ejecutivo para aprobar las cuentas del Estado, ahora nadie puede garantizar qué grupos y en qué número respaldarán los Presupuestos Generales para 2007.

Pero la inestabilidad parlamentaria del Ejecutivo no acaba ahí. Normativas clave del programa socialista, como la Ley de Dependencia o la de Memoria Histórica son ahora ampliamente rechazadas por la mayoría de los grupos parlamentarios. Incluso la publicitada Ley de Igualdad no es del agrado de muchos partidos.

El problema es, evidentemente, político, y está empezando a causar gran inquietud en las filas socialistas. Es más, según ha podido saber EL MUNDO, la incansable vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tiene el encargo del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de implicarse más en la búsqueda de consensos parlamentarios o, al menos, de estar vigilante e intervenir cuando sea oportuno,

Son muchos y variados los motivos de este escenario, un tanto sorprendente para un Gobierno que -con 164 diputados- ha logrado extender la sensación de que, en la práctica, tenía mayoría absoluta. El principal radica en los efectos colaterales del Estatuto de Cataluña y en la convocatoria electoral en esta comunidad.

Ambos hechos han supuesto que ERC haya dejado de ser un aliado fiable para el PSOE. Los independentistas catalanes están dolidos con Zapatero, y no van a hacer nada a favor de la estabilidad del Ejecutivo.

Puigcercós se va

A esto se une, además, la marcha de Joan Puigcercós del Congreso a principios del próximo mes. El dirigente de ERC -además de haber encontrado sintonía con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando éste era portavoz parlamentario del PSOE- era un político que, con el tripartito en el Gobierno y con el PSOE en La Moncloa, sabía acordar y consensuar.

Ahora, las circunstancias serán muy distintas. El nuevo portavoz socialista, Diego López Garrido, no tiene buenas relaciones con ERC, ni ERC las tiene con él. Pero además ya no negociará con Puigcercós, sino con Joan Tardà o, como se rumorea, con Joan Puig en sustitución como presidente del Grupo Parlamentario de ERC de Joan Puigcercós,

El PSOE, en estas circunstancias, podría apoyarse en CiU, pero con los nacionalistas catalanes no tiene votos suficientes. Además, eso supondría inmediatamente perder los cinco diputados de IU-ICV. El coordinador general de la coalición, Gaspar Llamazares, ya tiene bastantes problemas internos para, además, sumarse a acuerdos con la coalición de CiU para salvar la cara al PSOE.

Sólo cabría, como último recurso matemático, el PNV. Pero los nacionalistas vascos discrepan de muchas de las líneas políticas del Gobierno y tampoco están dispuestos, en pleno proceso de paz, a volver a acomodar al PSOE en el poder.

Con estos mimbres, muchos dirigentes socialistas se preguntan: ¿ERC va a apoyar los Presupuestos esta vez? ¿No es impensable una aprobación con CiU e IU-ICV? ¿El PNV y CiU van a salvar las cuentas del Estado?

Pero, además, los proyectos estrella del Gobierno están muy lejos de tener respaldos. ERC, en el penúltimo favor al Ejecutivo, salvó la Ley de Dependencia de dos enmiendas a la totalidad del PNV y CiU, apoyadas por el PP. La Ley de Memoria Histórica está, a día de hoy, en minoría en la Cámara Baja porque IU y ERC han presentado enmiendas a la totalidad y el PP se opone a ella. De seguir así las cosas, corre el riesgo de ser la primera ley devuelta al Gobierno de esta legislatura en el debate a la totalidad.

Incluso la retrasada Ley de Igualdad no es vista demasiado bien por distintas formaciones nacionalistas.

Con este panorama, hablar de las cuatro reformas de la Constitución prometidas por Zapatero es una quimera. El presidente del Gobierno, ya sin mucho entusiasmo, anunció que en septiembre haría una propuesta que debe pasar, obligatoriamente, por el consenso con el PP. A día de hoy, ni en el Ejecutivo ni en el PSOE dan la más mínima posibilidad a que pueda avanzar esta vía. No obstante, se hará la propuesta para lograr protagonismo en los medios de comunicación.

En el Gobierno y entre algunos miembros de la dirección socialista se intenta minusvalorar esta situación, que preocupa significativamente a algunos sectores cercanos a ambos núcleos de poder. Incluso hay quien, como solución final, propone la suma de los votos con CiU y la infalible Coalición Canaria, más algunos respaldos seguros por parte del Grupo Mixto.

Pero el motivo fundamental que esgrimen las fuentes consultadas es que los populares siguen en la más absoluta soledad política y parlamentaria. Más claro: primará más el desprecio al PP que un mal acuerdo con el PSOE. Sin embargo, lo que ha valido en estos dos años y medio parece que puede darse la vuelta. De hecho, ya ha habido votaciones en el Congreso para echar abajo anteproyectos de ley del PSOE o proposiciones no de ley, donde los nacionalistas con el PP o, el PP con los nacionalistas, han sumado la mayoría necesaria.

López Garrido tiene, sin duda, un amplio trabajo por delante en los tres periodos de sesiones que restan hasta las elecciones. Lo que ocurra en las elecciones catalanas y cómo se configure después el gobierno de la Generalitat también aclarará mucho el panorama parlamentario. Hasta entonces, y con las puertas del Congreso a punto de abrirse, el PSOE sólo tiene 164 diputados y está en minoría parlamentaria. A día de hoy, más que nunca lo ha estado en todo lo que va de legislatura.

Tardà contra López Garrido

Sólo hay que recordar lo que dijo el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, el pasado jueves para darse cuenta de que no tiene una relación muy cordial con Diego López Garrido.

El dirigente republicano denunció «improvisación» entre el PSOE y el Gobierno en materia de inmigración porque, tal y como se encargó de recordar, López Garrido presentó una iniciativa parlamentaria para promover el voto de los inmigrantes poco antes de que desde Cataluña se criticara esta idea y de que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, la considerara «altamente improbable». «Parece ser que López Garrido enciende el fuego y José Montilla [candidato del PSC a la Generalitat] tiene que apagarlo en Cataluña», expresó Tardà.

«No sé si es que López Garrido tiene mucho trabajo o qué...», ironizó, insinuando que las cosas funcionaban mejor en el Grupo Socialista con Alfredo Pérez Rubalcaba.

Tampoco son muy cordiales las relaciones de IU con el nuevo portavoz socialista: todavía no le han perdonado que en 2001 sacara de la coalición a Nueva Izquierda -de la que era secretario general- y se la llevara al PSOE.

   

Una información de Manuel Sanchez publicada en el diario EL MUNDO el domingo 27 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La Fiscalía boliviana ordena la detención de varios ex ejecutivos de Repsol YPF

Por Narrador - 27 de Agosto, 2006, 7:00, Categoría: General

LA PAZ. La Fiscalía boliviana ha ordenado la detención de varios ex ejecutivos de las petroleras Andina, filial de la hispano-argentina Repsol YPF, y de la brasileña Petrobras en el marco de una investigación por presunta estafa al Estado boliviano.

Cinco fiscales y una veintena de policías ingresaron cerca del mediodía de ayer en las dependencias de la Empresa Petrolera Andina en la ciudad de Santa Cruz, 800 kilómetros al este de la capital. Se llevaron documentación relativa a un contrato presuntamente irregular que, según el fiscal José Centenaro, «se refiere a la venta directa de gas entre Andina y Petrobras».

Una información que la empresa hispano-argentina, una de las que más ha invertido en Bolivia en la última década, se negó a proporcionar cuando se solicitó, según fuentes oficiales. En el momento de la intervención, los principales ejecutivos de Andina -incluido su presidente, el español Luis García Sánchez- no se encontraban en la sede.

El caso había sido denunciado en junio pasado por el representante designado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el Directorio de Andina, el «patriota» Hernán Gabriel Camacho Cuéllar, designado tras decretarse la nacionalización.

De acuerdo con la denuncia, el trato presuntamente ilegal protegió durante casi cuatro años a la brasileña Petrobras contra las subidas de los precios del gas que importa desde Bolivia.Fuentes de la Empresa Petrolera Andina indicaron que habían entregado toda la información que los fiscales requirieron.

Además, ratificaron que el denominado «Contrato de Reducción de Volatilidad del Precio de Gas Natural» con Petrobras no causó daño al Estado boliviano porque se pagaron todos los impuestos establecidos en el país.

Acusados de estafa

Uno de los cinco fiscales que participaron en la acción de allanamiento, Hugo Iquise, sostiene que los ejecutivos de la firma, que consideran desproporcionada la acción policial, están acusados de estafa. Una estafa agravada por el hecho de haber firmado un contrato perjudicial para el Estado boliviano. En un reciente informe al Senado, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, aseguró que el acuerdo habría ocasionado grandes pérdidas para el país, calculadas en torno a los 160 millones de dólares.

Por otra parte, las principales petroleras que operan en Bolivia deben pagar entre septiembre y octubre 150 millones de dólares en conjunto, en razón del tributo establecido junto con la nacionalización de los hidrocarburos.

  

Una información publicada en el diario ABC el domingo 27 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Irán da un nuevo paso e inaugura una planta para la producción de agua pesada

Por Narrador - 27 de Agosto, 2006, 6:00, Categoría: Irán

TEHERÁN. El presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad inauguró ayer una planta para la producción de agua pesada, pese a las críticas y las presiones internacionales para que Teherán suspenda sus actividades nucleares. El agua pesada, sobre cuya producción los iraníes habían comenzado sus investigaciones hacía ya doce años, se utiliza como refrigerante en los procesos para la fisión de uranio.

Ahmadineyad, en un discurso tras la inauguración de la planta de Arak, a unos 400 kilómetros al suroeste de Teherán, insistió en que su país no renunciará a «sus derechos nucleares», tras reiterar que el programa de Irán tiene fines pacíficos. También aseguró que la República Islámica no constituye ninguna amenaza para los Estados de la región, incluido Israel, país que Teherán no reconoce. «Deben aceptar la realidad de un Irán potente, pacífico y desarrollado. Es una cosa que puede servir a todos los pueblos y los gobiernos de la región», dijo el líder iraní, en alusión a las presiones ejercidas por la comunidad internacional para que detenga su programa nuclear. Agregó que «Irán no es una amenaza para nadie, ni siquiera para el régimen sionista (Israel)», país al que calificó de «enemigo para los pueblos de la región». «Un Irán desarrollado favorece la paz y la seguridad internacionales», dijo.

La inauguración de la nueva instalación en Arak se produce en un momento en el que la comunidad internacional estudia la respuesta de Teherán al plan de incentivos a cambio de la suspensión del enriquecimiento de uranio. Las autoridades iraníes han afirmado que están dispuestas a reanudar el diálogo sobre su programa, aunque dejaron claro que no abandonarán el enriquecimiento de uranio que consideran un «logro» de sus científicos y un «orgullo nacional».

Medidas de castigo

El pasado 31 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU dio un plazo de un mes a Teherán para que abandone el enriquecimiento de uranio, lo que supone posibles medidas punitivas a Irán si no cumple con las exigencias internacionales.

El ultraconservador Ahmadineyad reiteró ayer que su Gobierno «nunca se someterá a la fuerza y la opresión», y «no aceptará el lenguaje de la fuerza y las amenazas». «Es posible que con el lenguaje de la fuerza aparezcan más dificultades», agregó el líder iraní, y se preguntó: «¿se puede impedir el desarrollo tecnológico de un pueblo?».

Con el nuevo proyecto de Arak, Irán se convierte en el noveno país del mundo con la tecnología necesaria para producir agua pesada (agua rica en deuterio), con la que suministrará a la central de Isfahan, según la televisión estatal iraní.

La investigación en Irán sobre el agua pesada comenzó en 1994, mientras que la construcción de las instalaciones necesarias para su producción empezó en 1998. Según las autoridades iraníes, la planta de Arak puede producir teóricamente hasta dieciséis toneladas de agua pesada al año. El portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Hamed Reza Asefi, consideró, por su parte, que el proyecto de Arak es de «mayor importancia» y lo calificó de «uno de los más importantes avances iraníes en la tecnología nuclear».

Calmar los ánimos

Ni siquiera el «enemigo definitivo» de Irán, el Estado de Israel, debe temer los planes de Teherán en cuanto a su programa de enriquecimiento de uranio. Así lo afirmó también el presidente del régimen ayatolá, Mahmud Ahmadineyad en el mismo discurso, y cuando faltan sólo cinco días para que concluya el plazo concedido por el Consejo de Seguridad de la ONU para que suspenda sus actividades nucleares.

Con la intención del calmar los ánimos el presidente iraní repitió en varias ocasiones que la fabricación de armas nucleares no es el propósito del programa de desarrollo de energía atómica de su Gobierno. «No somos una amenaza para nadie», afirmó. «Básicamente, no se habla nada de armas nucleares. No hay discusiones sobre armas nucleares, incluso a pesar del régimen sionista, que es un enemigo definitivo», aseguró.

  

Una información publicada en el diario ABC el domingo 27 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.