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23 de Agosto, 2006

"Federico, ¡más caña!" por Luis Herrero

Por Narrador - 23 de Agosto, 2006, 15:00, Categoría: Opniones

Pincho de tortilla y caña a que el nombre de Federico Jiménez Losantos estará en boca de muchos durante la temporada que viene. Aparte de sus oyentes habituales, que cada vez son más, hablarán de él dos clases de personas: en las antípodas de sus planteamientos ideológicos, los que quieren verle mediáticamente muerto, porque lo deploran, y los que estando cerca de su ideario le acusan de encarnar a la fiera canina que asusta a los votantes de la derecha civilizada.

El prototipo de esta segunda clase de detractores es Alberto Ruiz-Gallardón, que presume de aglutinar el voto cautivo del núcleo duro de la militancia del PP, el cambiadizo de los centristas más sesudos y el moderado de los socialistas arrepentidos. Alberto y Federico son dos personas condenadas a llevarse mal. Hace algún tiempo fui testigo de una conversación en la que el primero le decía al segundo: «tú no me harás ganar unas elecciones, pero puedes hacer que las pierda». Tal vez por eso el alcalde de Madrid procuró durante mucho tiempo que las tiranteces que había entre ambos no acabaran por arruinar la precaria relación que aún les permitía sobrellevarse.

A raíz de una violenta discusión que tuvieron en la radio hace dos años, los puentes saltaron por los aires y Ruiz-Gallardón me llamó varias veces para que le ayudara a reconstruirlos. Lo intenté. Soy amigo de ambos, aunque mucho más de Federico, y no me gusta vivir en un mundo de caras largas. Tardé muchos meses en conseguir que Federico aceptara sentarse a comer con Alberto, y cuando finalmente accedió -más por callarme la boca que por convencimiento- ya era demasiado tarde. Alberto nunca acudió a la cita. Ni siquiera permitió que se concretara. Tardé en entender el porqué, hasta que un día me di cuenta de que su nueva táctica le llevaba a publicitar el enfrentamiento, en lugar de a resolverlo, para acreditar, frente al perfil bronco y áspero de su antagonista, el perfil moderado y amable que reclama como propio. Lo que a Alberto le interesa es enviar un mensaje concreto a esa franja del electorado que, como él, piensa que la Cope destila fundamentalismo cavernícola: él es el único líder del PP que, en público, se atreve a tenérselas tiesas con Federico, el ciudadano que no se arredra a la hora de presentarle una querella criminal por injurias y calumnias, el alcalde que no se para a medir el daño electoral que puede provocarle una enemistad semejante.

La perseverancia de Alberto en ese nuevo cálculo hace prácticamente imposible que cualquier otro intento de mediación corra mejor suerte que el mío. Lo podrán instar personas más influyentes, con argumentos más sólidos y en circunstancias más favorables, pero si estoy en lo cierto, el alcalde de Madrid dirá una cosa -que quiere la paz-, pero hará otra distinta que le mantenga en la guerra, porque esa guerra -piensa- le hace crecer ante la opinión pública, por contraste, como el líder centrista que quiere ser. Añádanse después un par de bodas gay y unos cuantos guiños a Polanco y el póster quedará listo, a la espera de que se decrete el estado de necesidad que hace falta para que sea útil.

En el fondo de este planteamiento subyace la idea de que el mero hecho de alejarse de las posiciones de Federico, marcar las distancias con él, ya es causa suficiente para mudar el uniforme de derechista rabioso por el de demócrata de centro. Pero eso, con todos mis respetos, no deja de ser una solemne estupidez. No es verdad que La Mañana se haya convertido en ese faro de radicalismo conservador que algunos denuncian a pleno pulmón. Basta escuchar el programa con cierta atención, procurando discriminar lo sustantivo de lo coloquial, para darse cuenta de que en él se manejan a diario argumentos reflexivos, elaborados de buena fe, de hondura más que estimable, aunque -¡faltaría más!- tan discutibles como exige la naturaleza de los asuntos temporales de los que se ocupa. Su dureza formal puede herir a veces la sensibilidad de la execrable moda de lo políticamente correcto, pero lo cierto es que siempre se ciñen al criterio de proporcionalidad que cabe exigirle a toda respuesta. Nunca antes, algunos valores esenciales de media España -familia, religión, educación, nación- habían sido agredidos como ahora por los poderes públicos, y nunca esa media España había estado tan indefensa. Si no fuera por el afán de algunos idiotas por sacarlo todo de contexto dan ganas de gritar: «¡Federico, más caña!».

Por supuesto, se puede ser al mismo tiempo simpatizante del PP y detractor de Federico. Verbigracia, Ruiz-Gallardón. Entre esa gente hay dos argumentos que suelen hacer fortuna cuando de lo que se trata es de etiquetar de radical a La Mañana de la Cope. El primero es que Federico recurre con frecuencia al insulto y el segundo que no sólo se conforma con arremeter contra el PSOE sino que, además, le sacude a Rajoy más que a una estera. En particular no soportan que le llame maricomplejines. Creen que es una manera de pedirle que se tire al monte. De los dos argumentos, me interesa más el segundo que el primero. Lo de los insultos ya lo tengo muy oído, fue el ariete con el que trataron de desestabilizar a Antonio Herrero, y además ya está el Código Penal para dirimir cualquier ofensa que se tercie. Respecto a lo de las sacudidas al PP, viene a cuento una anécdota de Las Cortes franquistas que se le atribuye a Jesús Fueyo, intelectual del Régimen, y al general Camilo Alonso Vega, a quien sus amigos, a sus espaldas, llamaban Camulo. El general hizo un día una aguerrida soflama parlamentaria, no demasiado lúcida, y el intelectual se puso en pie para responderle: «Mi general, estoy a sus órdenes pero no a sus opiniones».

Siempre he creído que de las combinaciones posibles entre esos dos conceptos, órdenes y opiniones, salen las tres clases de periodistas que conozco. Primero están los periodistas que siempre se ponen a las órdenes del que manda, cualesquiera que sean sus opiniones. Son mercenarios a los que no hace falta decirles cómo tienen que abrir el telediario. Después, los periodistas que no están a las órdenes del poderoso, pero sí a muchas de sus opiniones. No se arrodillan ante los comisarios políticos, exhiben su independencia con críticas racheadas, pero cuando les conviene se apresuran a escoltar las opiniones de turno por puro utilitarismo. Para ellos, un político es tanto mejor cuanto mejor les trata, y menos de fiar cuanto más recela de ellos. Sólo aspiran a ser cada vez más influyentes y dosifican la crítica para alcanzar ese objetivo. Por último están los que pasan de las órdenes y de las opiniones del poder y sólo responden a convicciones propias. Son los periodistas asilvestrados. Federico, sin ninguna duda, es uno de ellos. ¿Que sacude demasiado a Mariano Rajoy? Algo habrá hecho Rajoy para merecerlo. El día que Federico Jiménez Losantos deje de comportarse así, lo prometo, seré yo quien le sacuda a él.

Luis Herrero es eurodiputado del PP

  

Publicado en el diario EL MUNDO el miércoles 23 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

"Un proceso fantasmal" por César Alonso De los Ríos

Por Narrador - 23 de Agosto, 2006, 14:00, Categoría: - Tregua Etarra

A estas alturas está claro que el «proceso de paz» fue concebido por Zapatero con los mismos fines que el Pacto del Tinell: expulsar del juego político al PP. Las diferencias, no obstante, son muy grandes: en Cataluña se trataba del reconocimiento vergonzante de la «nación» catalana y de un Estatuto cripto-estatal mientras en el País Vasco está, en el fondo, la autodeterminación de Euskal Herría. En Cataluña se negoció con partidos legales; en el País Vasco se «dialoga» con un partido terrorista que tiene quinientos miembros en la cárcel por terribles delitos de sangre en muchos casos. Mientras en Cataluña había márgenes para la negociación, en el País Vasco los terroristas hablan con la suficiencia de quienes han «luchado por las libertades» durante cuatro décadas. Batasuna/ETA pone las condiciones a un Estado «deficitario democráticamente» y exige su legalización por el mero hecho de declarar el alto el fuego. No sólo no se arrepiente sino que achaca «el conflicto» al Estado español, verdugo y eterno explotador de las Vascongadas-País Vasco-Euzkadi-Euskal Herría.

A estas alturas, digo, es obvio que el PSOE ha venido manteniendo relaciones con ETA para conocer las condiciones de un alto el fuego, pero, sobre todo, para vender a los españoles la esperanza de paz y vivir electoralmente de ello durante mucho tiempo, ya que el proceso «será muy largo y muy difícil». De ese modo, y durante ese tiempo, el Gobierno tiene la llave de la paz, mientras el PP se descarta a sí mismo y se desautoriza poniéndole bastones entre las piernas.

¿Es humo lo que vende Zapatero? De ahí la desesperación que comienza a cundir en la dirección y en los presos de ETA. De ahí los comunicados en los que ésta conmina al Gobierno a que se salte la legalidad, que deje de perseguir a sus miembros, que controle la Audiencia Nacional, que se hagan públicas las negociaciones en mesas reconocibles, es decir, que se pase por alto la condición ilegal de Batasuna/ETA.

Por supuesto, Zapatero estaría dispuesto a reconocer la «nación» vasca y a buscar un sucedáneo para la autodeterminación como «expresión de la libre voluntad de los vascos» pero la liberación de los presos y la anexión de Navarra, así como la negativa a cambiar el nombre de Batasuna le llevan a la paralización... Hay un problema de ritmos y de lenguaje.

ZP no había calculado que su venta del humo de la paz les iba a poner tan crecidos a los separatistas.

  

Publicado en el diario ABC el miércoles 23 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El Gobierno descarta el acercamiento de presos hasta que Batasuna se legalice

Por Narrador - 23 de Agosto, 2006, 13:30, Categoría: - Tregua Etarra

Presten atención a esta noticia… O nos quieren ‘vender la moto’ o, por el contrario, el mal llamado ‘proceso de paz’ atraviesa serios problemas.

La legalización de Batasuna se ha convertido en el nudo gordiano del proceso de fin de la violencia. El Gobierno considera que debe desatarse ese nudo para que el proceso avance en otros campos, como el penitenciario. "Si la izquierda abertzale se legaliza, con lo que supone de aceptación exclusiva de las vías democráticas para lograr sus objetivos, el proceso se impulsará", según fuentes gubernamentales. Ello requiere de Batasuna que acate la Ley de Partidos, con la presentación de nuevos estatutos y marca, pero sus dirigentes temen que acatar dicha ley no termine con sus problemas judiciales.

La tensión política que mantiene Batasuna en las últimas semanas, rubricada con el comunicado de ETA del viernes, no tiene como objetivo desestabilizar el proceso de alto el fuego, pero tampoco es un asunto sin importancia, señalan fuentes de su entorno. Sobre el ataque contra un microbús el sábado en San Sebastián, la cúpula de Batasuna no se ha pronunciado oficialmente. Pero desde la izquierda abertzale se considera un hecho aislado y se descarta que ETA haya ordenado el rebrote de la kale borroka.

La cuestión de fondo es que, ante la expectativa del inicio de las conversaciones formales entre el Gobierno y ETA, Batasuna ha exigido su legalización y el Ejecutivo ha advertido que, para ser legal, debe cumplir la Ley de Partidos. La cúpula abertzale había aceptado inicialmente esta posibilidad -ya que Batasuna ha cambiado varias veces de nombre y estatutos a lo largo de su historia- pero, ante la resistencia de sus bases, se ha echado atrás. En conversaciones privadas, los líderes de Batasuna alegan que acatar la Ley de Partidos no garantiza su legalización, ya que está abierta otra vía, la penal, por la que se suspendió su actividad como partido en agosto de 2002, a través de un auto del juez Baltasar Garzón, meses antes de ser ilegalizado por el Supremo en mayo de 2003. Batasuna teme que la continuidad de sus líderes con la nueva marca puede suscitar nuevos problemas.

El Gobierno insiste en que el cumplimiento de la Ley de Partidos es la única vía posible de legalización para la izquierda abertzale pues Batasuna, como tal, no existe por decisión del Supremo.

Aceptación social

El Ejecutivo cree también que una nueva marca y nuevos estatutos -unido al rechazo del uso de la violencia como medio para lograr fines políticos- permitirá a la izquierda abertzale ejercer su actividad política con normalidad, aunque está dispuesto a estudiar las objeciones legales que Batasuna presenta. Estas cuestiones se abordarán a través de los cauces establecidos por el Gobierno. El Ejecutivo considera que el proceso sólo puede avanzar una vez que la izquierda abertzale sea legal. "La legalización de la izquierda abertzale es fundamental para que participe en el proceso político del País Vasco, pero es también la llave del proceso", señalan fuentes gubernamentales.

El Gobierno ha preparado en los cinco meses de alto el fuego de ETA varios planes en política penitenciaria sobre los presos de la banda. "Pero para adoptar medidas penitenciarias, como el acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco, o decisiones más de fondo, como libertades provisionales o excarcelaciones de miembros de ETA, el Gobierno necesita una aceptación social y para ello el proceso de fin de la violencia debe tener un carácter irreversible", señalan las mismas fuentes. Éstas aclaran que "en este proceso de fin de la violencia, las medidas penitenciarias en favor de los presos de ETA no se adoptarán improvisadamente, como hizo el Gobierno de José María Aznar en la tregua de 1998. Para ejecutar los planes previstos por el Ejecutivo, se requiere previamente un avance del proceso", concluyen.

  

Una información de L. R. Aizpeolea publicada en el diario EL PAIS el miércoles 23 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El Gobierno otorga el tercer grado a Vera sin que haya devuelto lo robado

Por Narrador - 23 de Agosto, 2006, 13:00, Categoría: General

La decisión supondrá un trato de favor si el fiscal no la recurre, ya que en la práctica se exige al penado que muestre la intención de reparar el daño. Sólo ha cumplido un año y medio de cárcel de los siete a los que fue condenado por malversar 645 millones de pesetas de los fondos reservados. De los 10 años a los que se le sentenció por el secuestro de Segundo Marey cometido por los GAL sólo cumplió ocho meses antes de ser indultado

MADRID.- La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha concedido el tercer grado penitenciario al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, del que disfruta ya desde el pasado 10 de agosto.

Vera, condenado a siete años de cárcel por la malversación de los fondos reservados del Ministerio del Interior, ha sustanciado dicha condena con menos de seis meses de internamiento efectivo, y un año justo con constantes prebendas carcelarias que, en la última etapa, le autorizaban a salir de prisión seis días a la semana.

Pero, además, Vera logra este privilegio penitenciario sin haber devuelto nada de los 141 millones de pesetas que se apropió «para sí mismo» -según dice la sentencia-, ni de los 504 millones de pesetas de los que debía responder solidariamente con algunos de los subordinados, con los que se repartía dicho dinero público.

No obstante, Rafael Vera ha hecho de la consecución del tercer grado su lucha personal desde la cárcel, una vez que vio que el Gobierno del PSOE no le iba a conceder el indulto en ningún caso.

Por ello, aunque ya disfrutaba de una situación francamente privilegiada para una condena penal tan alta, el ex secretario de Estado para la Seguridad volvió a solicitar hace unas semanas que se le fuera concedido el tercer grado penitenciario.

Según informa Efe, la Junta de Tratamiento de la prisión de Segovia elevó la petición, con informe favorable y por unanimidad, a la Dirección General de Prisiones en la primera semana de agosto y, en menos de 10 días, ha resuelto.

El propio Vera confirmó ayer a Europa Press que hace ya dos semanas, concretamente el día 10 de agosto, la Dirección General de Prisiones le concedió el tercer grado.

Si la Fiscalía no recurre la decisión, Vera vivirá fuera de la cárcel y estará controlado por teléfono, con llamadas aleatorias, y con visitas periódicas a los servicios sociales de la prisión de Segovia, donde se realiza el control de los internos en régimen abierto.

La decisión ha sido comunicada al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, del que depende la prisión de Segovia, pero dicho juzgado no podrá hacer nada salvo petición del Ministerio Fiscal o del propio reo.

Lógicamente, una decisión tan favorable no será recurrida por Vera, por lo que la única posible actuación del juez está en manos de la Fiscalía. Es decir, si la Fiscalía no recurre la decisión de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, el tercer grado es irreversible.

Hay que recordar que el actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ya se opuso al indulto de Vera por dos motivos que siguen en vigor a la hora de la concesión del tercer grado. Según afirmó en noviembre de 2004, el indulto no era admisible «porque no ha dado muestra alguna de arrepentimiento» y porque «no se encuentran actualmente satisfechas las importantes responsabilidades civiles en la sentencia». A día de hoy, aunque no se trate de un indulto, ni una ni otra circunstancia se han modificado.

De hecho, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, la práctica habitual es exigir al penado la intención de reparar el daño causado.

Dichas fuentes apuntan que esto obligaría a la Fiscalía a recurrir el tercer grado de Vera, como ya ha hecho en algunas ocasiones con medidas de gracia a favor del ex secretario de Estado.

Vera fue condenado en enero de 2002 por la Audiencia Provincial de Madrid a siete años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, al considerar probado que se lucró personalmente «en cantidades importantísimas» y sustrajo mucho dinero más en favor de otros individuos «hasta una cifra global que supera los 600 millones de pesetas».

No fue hasta octubre de 2004 cuando el Tribunal Supremo confirmó íntegramente la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid, rechazando los argumentos de la defensa del ex secretario de Estado para la Seguridad de que ya había sido juzgado por los mismos hechos en el caso Lasa y Zabala o en el mismo caso Marey, por el que también fue condenado a 10 años de cárcel.

A partir de la sentencia en firme de este caso, Vera jugó a pedir el aplazamiento de la condena al haberse presentado varias peticiones de indulto, pero tanto el fiscal del Estado, como el propio ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguraron que «no hay ninguna intención ni pronóstico favorable» para dicha medida de gracia. Con todo visto para sentencia -o más bien, para prisión-, Vera logró un nuevo privilegio. La sala que lo juzgó le concedió no ir esas Navidades a prisión y esperarse hasta después de la fiesta.

No fue hasta el 16 de febrero del pasado año cuando Vera acudió, voluntariamente, a la cárcel de Segovia para cumplir la pena de siete años.

Pero sólo tuvo cinco meses y medio de reclusión. El 5 de agosto de 2005 -también en periodo vacacional, un momento en que las noticias pasan más desapercibidas-, consigue salir seis horas de prisión de lunes a jueves.

Posteriormente, en el otoño -después de que el Tribunal Constitucional rechazara expresamente suspender la condena-, logró un régimen mixto entre el segundo y el tercer grado que le posibilitaba ir a dormir un solo día a prisión y estar controlado en una determinada zona por dispositivos electrónicos y de seguridad.

Dicha decisión fue recurrida por la Fiscalía, que perdió el recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid. En esta ocasión, la Fiscalía entendía que se trataba ya de un «tercer grado encubierto». No obstante, la misma Audiencia Provincial denegó en febrero la enésima petición de tercer grado solicitada por Vera.

DIARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS

(16/02/95) Ingresa en la cárcel por el caso Marey tras prestar declaración ante el juez Baltasar Garzón.

(13/07/95) Sale de la prisión de Alcalá-Meco después de que el PSOE deposite un aval bancario de 200 millones de pesetas en la Audiencia Nacional.

(29/07/1998) Condenado por el Tribunal Supremo (TS) a 10 años de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta por detención ilegal y malversación de fondos públicos por el caso Marey.

(10/09/98) Ingresa en la prisión de Guadalajara junto con José Barrionuevo arropados por militantes y dirigentes del PSOE; entre ellos, Felipe González.

(23/12/98) Vera ve reducida su pena de 10 a tres años y cuatro meses y obtiene el régimen abierto tras un indulto parcial del Gobierno.

(24/12/98) Obtiene permiso penitenciario por Navidad. Regresa a la cárcel el 28 de diciembre.

(29/12/98) El Tribunal Constitucional (TC) suspende las penas por el caso Marey durante la resolución del recurso de amparo y Vera abandona la prisión.

(16/03/01) El TC rechaza el recurso y confirma la condena por el caso Marey.

(16/05/01) El TS decide que Vera y el resto de condenados por el caso Marey ingresen en la cárcel.

(22/01/02) La Audiencia Provincial de Madrid condena a Vera a siete años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos.

(19/10/04) El TS confirma la pena de siete años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial a Vera por el caso fondos reservados.

(11/11/04) La defensa de Vera solicita a la Audiencia Provincial que suspenda su ingreso en la cárcel por el caso de los fondos reservados hasta que el Gobierno resuelva las peticiones de indulto a su favor.

(16/02/05) Vera ingresa en la prisión de Segovia para cumplir la pena por el caso fondos reservados.

(05/08/05) La Junta de Tratamiento de la prisión de Segovia acuerda que Vera salga de la cárcel seis horas diarias de lunes a jueves por la depresión que le ha producido su encierro.

Septiembre 2005 Vera solicita un nuevo indulto alegando que hay una situación de tregua del terrorismo de ETA.

Octubre 2005 El TC rechaza suspender la condena de Vera por malversación de fondos públicos.

Febrero 2006 La Audiencia le deniega el tercer grado penitenciario por la gravedad de la condena, el tiempo que debe cumplir aún y la repercusión social.

   

Una información de Manuel Sánchez publicada en el diario EL MUNDO el miércoles 23 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Rebelión autonómica contra el envío masivo de subsaharianos

Por Narrador - 23 de Agosto, 2006, 12:00, Categoría: General

Las comunidades del PP y Cataluña se niegan a acoger a más inmigrantes procedentes de la oleada de cayucos que ha inundado las costas de Canarias

Madrid - Si la llegada de inmigrantes a las costas canarias se está convirtiendo en uno de los principales problemas para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el traslado de esos «sin papeles» a la península y su reparto a las distintas comunidades lleva el mismo camino. Esta distribución según fuentes del Ministerio de Interior se lleva a cabo sólo en cinco autonomías: Andalucía, Comunidad de Madrid, Murcia, Cataluña y Comunidad Valenciana. ¿La razón? Estas cinco regiones son las únicas que poseen centros de internamiento en toda la Península. Así, la Policía traslada a los inmigrantes de un centro, el de Canarias, a otro, con lo cual, en un primer momento, son sólo esas comunidades las receptoras de «sin papeles». Ya en la Península, y una vez en el nuevo centro, es la Secretaría de Estado de Inmigración a través de convenios con ONGs y las comunidades la que gestiona ese nuevo traslado a otra región.

Hasta el PSC se queja

Quizá por ello, a las habituales quejas que la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid y la propia Esperanza Aguirre han lanzado al Gobierno central a lo largo de todo el año, ahora se suman las de otros ejecutivos regionales que denuncian un comportamiento irresponsable por parte de la Administración central a la hora de trasladar inmigrantes.

No sólo son autonomías gobernadas por el Partido Popular, que lleva ya un tiempo denunciando que sus comunidades son las que más inmigrantes reciben, ayer fue Cataluña, gobernada en coalición por el PSC quien exigió al Gobierno un comportamiento más estricto en cuanto a la distribución de los inmigrantes. Tanto es así, que el portavoz de la Generalitat, Joaquim Nadal demandó que «no se vuelva a repetir» la situación vivida en las últimas horas por su comunidad, en las que se ha enviado a Barcelona a un grupo de unos cincuenta inmigrantes procedentes de Canarias «sin aviso previo» al ejecutivo catalán. El portavoz explicó que el traslado de estos inmigrantes se llevó a cabo incluso «sin previo aviso a la propia Delegación del Gobierno», de quien depende el nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona.

Desde la Comunidad de Madrid se denuncia desde hace tiempo ese tipo de traslados sin aviso, o avisa a posteriori. En esa misma línea, el PP denunció ayer que el Gobierno «redistribuye» a los inmigrantes que llegan a Canarias por las comunidades gobernadas por el PP mediante «vuelos selectivos».

Enterarse por un fax

Por ello, mostró unos datos obtenidos de una respuesta parlamentaria del Ejecutivo socialista en la que se apreciaba que durante 2005 de los 109 vuelos con irregulares la Península 73 fueron a parar a Madrid, seis a Murcia, siete a Málaga, cinco a Valencia y dos a Barcelona.

Otra comunidad que ayer se quejó fue Murcia donde la situación es también insostenible. Así lo explicó la consejera de Trabajo y Política Social del Gobierno murciano, Cristina Rubio, quien aseguró ayer haber conocido «casualmente» la llegada de un nuevo contingente de 40 inmigrantes desde Canarias al aeropuerto de San Javier, a través de un fax «equivocado» del Ministerio de Interior a la ONG «Cepaim», que tiene un acuerdo de colaboración con la Delegación del Gobierno en Murcia para la acogida de inmigrantes. A la denuncia de Murcia se suma también la de la Comunidad Valenciana. Ayer, la consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, advirtió de que su región «está llegando al límite» en la recepción de inmigrantes procedentes de Canarias por el «tremendo descontrol» del Gobierno central.

Según los datos facilitados por este departamento, en lo que va de 2006 han llegado a la Comunidad Valenciana 1.220 inmigrantes procedentes del archipiélago canario, 139 de ellos en este mes de agosto.

Transparencia, según Rumí

Mientras casi todas las comunidades receptoras de inmigrantes alzaban la voz y denunciaban el oscurantismo de los datos y su falsedad en algunos casos, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, reapareció tras una larga ausencia para explicar que los traslados de inmigrantes desde Canarias se están realizando «con total transparencia, informando desde las delegaciones del Gobierno a las autonomías donde van a ser trasladados esos inmigrantes y que a su vez dispondrán de centros de internamiento».

En declaraciones a los periodistas en Almería, donde recibió un premio concedido por la Federación de Servicios Públicos de UGT, Rumí señaló que «en este sentido existe un acuerdo de todos los Gobiernos autónomos en la Conferencia Sectorial de Inmigración para acoger a esos inmigrantes a través de convenios con organizaciones sociales de inmigrantes y también con algunas autonomías que ponen plazas a disposición para la acogida».

Todo este mecanismo, añadió Rumí, «se diseñó el pasado año por acuerdo de todos los Gobiernos Autonómicos», dijo.

    

Una información de P. Moreno publicada en el diario LA RAZON el miércoles 23 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.