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Maragall llevará a Zapatero ante el TC por invadir sus nuevas competencias

Por Narrador - 22 de Agosto, 2006, 7:30, Categoría: Estatuto Catalán

La Generalitat denunciará que el Reglamento de la Ley de Subvenciones aprobado en el Consejo de Ministros del 25 de julio vulnera el Estatuto

BARCELONA.- La Generalitat de Cataluña no se va a amilanar ante cualquier posible invasión de competencias por parte del Gobierno de Zapatero y advierte que acudirá ante el Tribunal Constitucional (TC) si la Administración central aprueba alguna ley que pueda interferir en el Estatuto que acaba de entrar en vigor.

La amenaza tomó ayer forma a través del portavoz del Gobierno catalán, Joaquim Nadal, en relación a la controversia suscitada por la aprobación en el Consejo de Ministros del 25 de julio del Reglamento de Subvenciones.

Según Nadal, la Generalitat tiene «la obligación moral y política» de plantear un conflicto de competencias ante el Constitucional si considera que alguna ley «vulnera las previsiones estatutarias».

El reciente Reglamento ha caído como un jarro de agua fría sobre el Gobierno catalán. Por eso, el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura (ICV), ha encargado a la asesoría jurídica y al Instituto de Estudios Autonómicos informes detallados sobre una posible vulneración del texto estatutario. El resultado del dictamen será llevado ante el Consell Executiu como paso previo a plantear un conflicto de competencias ante el Estado.

Según Joan Saura, «el Gobierno no tiene asumido que Cataluña dispone de un nuevo Estatuto, y con él en la mano nadie nos puede fiscalizar las subvenciones».

En caso de que el Ejecutivo desoyera la reclamación de la Generalitat, el Gobierno catalán recurriría a solicitar el amparo del Tribunal Constitucional.

Nadal ha quitado hierro al alcance de la iniciativa anunciada, al recordar que «no sería ni el primero ni el último conflicto de competencias que presentamos en estos tres años» de legislatura. Por otra parte, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), a través del ex consejero y dirigente republicano Josep Huguet, ya ha puesto de manifiesto su intención de llevar ante el Tribunal Constitucional el reglamento de subvenciones.

De hecho, el secretario general de ERC, Joan Puigcercós, ha planteado serias objeciones a la nueva legislación, al considerar que «ahora resulta que comunidades y ayuntamientos deberán pedir un permiso especial a Madrid para las subvenciones», lo que considera que reduce claramente la capacidad decisoria de los gobiernos autonómicos.

El controvertido reglamento que desarrolla la Ley de Subvenciones fue incluido en un informe enviado por el Ejecutivo catalán al Gobierno hace semanas, acompañado de un escrito en que se instaba a la Administración a ser «leal» al texto y a poner freno a «la invasión» de competencias catalanas, según informa la agencia Efe.

El informe fue remitido al Ministerio de Administraciones Públicas, pues el reglamento de subvenciones, según la Generalitat, choca de lleno con el artículo 114 del nuevo Estatuto, que especifica el alcance de las competencias de la Administración catalana en materia de «actividades de fomento», en alusión a las distintas ayudas públicas

El eje de las quejas de la Generalitat es la posibilidad de que el Gobierno condicione sus políticas de conceder subvenciones y ayudas en ámbitos en los que tiene competencias la Administración Autonómica.

Según el Reglamento de subvenciones, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, con sus fundaciones y sociedades, están obligadas a trasladar al Estado la información sobre las ayudas que convoquen y que concedan, sean de la naturaleza que sea. Se incluye tanto la resolución que ampara la concesión de la ayuda, como los importes concedidos, la identificación de los beneficiarios de la subvención y la justificación del destino final.

El Ejecutivo central controlará así todas las partidas derivadas de subvenciones y ayudas públicas a través de un centro de nueva creación, el Banco de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), que ayudará a velar por su legalidad y combatir actividades fraudulentas en torno a las ayudas públicas.

El reglamento también simplifica la tramitación de actos administrativos para obtener ayudas de menos de 3.000 euros.

Se da la circunstancia de que este reglamento, que desarrolla la Ley General de Subvenciones de 2003, aprobada por el Gobierno del PP, fue rechazado en el Congreso por el PSOE a través de una enmienda a la totalidad que ya advertía de que se inmiscuía en el ejercicio de competencias autonómicas.

Además, en 2004 la Ley de la que parte el polémico reglamento ya fue impugnada ante el Tribunal Constitucional por el Parlament de Cataluña por idénticos motivos a los que ahora esgrime la Generalitat, esto es, por entender que invade sus competencias. La Administración catalana ha denunciado en varias ocasiones que el Gobierno dicta bases estatales a partir de reglamentos y órdenes que no pasan por el control de las Cortes.

El Ministerio de Economía declinó ayer hacer declaraciones acerca de esta controversia.

  

Una información de Carol Alvarez publicada en el diario EL MUNDO el martes 22 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.