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"Vulcano non fala galego" por Pedro J. Ramirez

Por Narrador - 13 de Agosto, 2006, 14:00, Categoría: Opniones

Cuando el pasado 27 de noviembre dediqué una de estas cartas a poner en evidencia el disparate de las Oficines de Garanties Lingüístiques de la Generalitat que incitaban -y siguen incitando- a interponer denuncias anónimas sobre la vulneración del supuesto «dret de viure en catalá» no imaginé que la Xunta de Galicia agregaría pronto una insospechada modalidad al catálogo de actividades amparadas por esta ensoñación jurídica.

«¿Qué es eso del derecho a vivir en catalán?», preguntaba yo entonces. «Muy sencillo, la misma sintaxis lo expresa: vivir en catalán significa convertir una mera herramienta de comunicación como es el idioma en un recinto de pertenencia que no sólo incluye la expresión oral o escrita, sino que a modo de insaciable Gargantúa fagocita todas las demás facetas de la actividad humana. Se habla en catalán, por supuesto, pero también se piensa en catalán, se siente en catalán, se sueña en catalán, se participa en la vida pública en catalán, se juega al fútbol en catalán, se aplaude en el estadio en catalán, se mantienen relaciones privadas en catalán, se ronca, jadea y eructa, se acaricia, golpea y aprieta en catalán. Se vive, en suma, en catalán».

Pues bien: en gallego se hace todo eso y además se apagan incendios. A ver si la nación de Breogán no iba a superar en algo a la de la Moreneta... Sí señor, se apagan incendios en gallego y por eso la titulación lingüística es requisito imprescindible para poder formar parte de las brigadas que luchan contra el fuego. En su grado básico para los bomberos de base y en su grado superior para los mandos, según el decreto publicado en mayo por la Xunta.

El único problema de tan concreta iniciativa es la total indiferencia con que fue acogida en la fragua de Vulcano. Por eso los visionarios del Bloque y el tontorrón compañero de viaje que han encaramado a la Presidencia de Galicia se llevaron a comienzos de semana la mayor decepción de su vida, cuando los funcionarios más fieles empezaron a relatarles lo ocurrido. La falta de éxitos en sus primeros intentos de mitigar las llamas ya les había mosqueado. Luego, a medida que los focos proliferaban y los incendios adquirían mayor intensidad, habían ido probando toda su panoplia de remedios: desde las imprecaciones más duras y obscenas hasta los textos más susurrantes de Rosalía, pasando por los mejores argumentos de Castelao. Todo en vano. No cabía sino una desoladora conclusión: ¡O deus do fogo non fala galego!

De nada serviría, pues, enviar tampoco un ejército de gaiteiros. Puede que la música amanse a las fieras, pero no hay ideología ni folclore que baste para apagar los incendios. En cuestión de horas la impotencia de los nuevos hechiceros de la tribu quedó dramáticamente en evidencia, mediante la recontratación apresurada de aquellos veteranos que habían sido excluidos por no cumplir el requisito de capacitación idiomática. Todas las esperanzas de poner coto a la catástrofe en marcha quedaban depositadas, además, en ese Estado al que el proyecto de Estatuto gallego -a imagen y semejanza del catalán- trata de expulsar de sus fronteras.

Como ya ocurrió hace un año en Guadalajara, el Estado llegó tarde y mal. Mientras las llamas envolvían su ciudad, el alcalde popular de Orense no recibía otro apoyo que las llamadas de solidaridad de los líderes de su partido y de sus colegas de Vitoria y Valencia. Sólo en el quinto día de la crisis habían comenzado a desplegarse medios procedentes de otras comunidades, prácticamente a la vez que se pedía ayuda a la Unión Europea. Rajoy se encontró con la oportunidad a la puerta de su casa y la aprovechó, con su sensatez habitual, para volver a proponer la creación de un Centro Nacional de Gestión de Emergencias. Desde entonces no ha dejado de estar un solo día al pie del cañón.

Zapatero, aburrido en la Mareta tras una selección de lecturas veraniegas apresurada y sin criterio, vio paradójicamente el cielo abierto de un par de jornadas de acción política y se plantó en la encapotada Galicia para responder al envite. Ya lo hizo el año pasado cuando interrumpió sus vacaciones familiares para coordinar desde Madrid las medidas a adoptar tras la muerte de nuestros militares en el accidente de Afganistán. Entonces le sacó varios largos de ventaja al propio jefe del Estado y esta vez casi deja en evidencia a la ministra del ramo. De Zapatero pueden decirse muchas cosas, pero no que esté siendo inconsecuente con su promesa de ser un gobernante cercano a los sentimientos ciudadanos. Su drama es que tampoco con gestos se apagan los incendios.

En Galicia concretó su ya anunciada propuesta de crear una unidad militar de intervención rápida para reaccionar ante este tipo de situaciones límite. La idea de constituir una especie de batallón presidencial, capaz de desplegarse en cualquier lugar de España sólo una hora y media después de que La Moncloa tome la decisión, parece bastante atinada. Sobre todo si se mantiene en estado de alerta no sólo ante los posibles desastres naturales, sino también ante los de índole política que puedan ser algún día fruto de los delirios estimulados por los graves errores del propio Zapatero en relación a la estructura constitucional de España.

Fue todo un símbolo que el mismo día en que el presidente del Gobierno hacía visible su autoridad en Galicia, Maragall proclamara su irrelevancia en Cataluña, en tanto que titular del poder ejecutivo de un Estado que, según él -y ya advertimos que los locos, como los niños, siempre dicen la verdad- se ha convertido en algo «residual» en ese territorio. Según el aún presidente de la Generalitat, Zapatero ya sólo podrá ser percibido como el jefe de Gobierno de una «nación amiga» que ha tenido la amabilidad de renunciar a sus medios de soberanía para que, de ahora en adelante, «Cataluña pueda hacer lo que quiera».

Para que el numerito de Sant Jaume de Frontanya -la localidad más pequeña del Principado en la que por cierto no ganó el sí al Estatuto- fuera completo hay que fijarse en que su censo de 29 habitantes no sólo se vio eventualmente incrementado por todo el cortejo del Molt Honorable President, sino también por los seis jóvenes independentistas que, al desplegar una pancarta con el lema «Maragall, marioneta del Gobierno central», pusieron de relieve que, cuando se insufla artificialmente la vida al fanatismo nacionalista, todo doctor Frankenstein suele figurar entre las primeras víctimas de su monstruosa criatura. Y digo «artificialmente» porque luego, a la hora de la verdad, cuando se producen los asaltos a chalés o cuando los vándalos disfrazados de sindicalistas bloquean las pistas de El Prat a quien se acoge entre cerrados aplausos es a la Guardia Civil.

La gran prioridad para la inmensa mayoría de los ciudadanos es que el Estado funcione y Zapatero es tan consciente de ello que empieza a dar serias muestras de intentar reconstruir con una mano lo que lleva dos años destruyendo con la otra. Aunque un grupo de paisanos le silbara durante la photo opportunity ante los restos boscosos calcinados, en sus dos días en Galicia el presidente ha tenido el subidón de adrenalina propio de quien manda y se siente obedecido. Pero ha sido en cierto modo un espejismo o si se quiere un residuo del pasado: si el Gobierno gallego no estuviera encabezado por un socialista y tuviera ya aprobado un Estatuto a la catalana Zapatero habría sido recibido con tanta deferencia hacia su presencia como indiferencia por sus opiniones.

El voluntarismo mueve a veces montañas y no hay que desdeñar la habilidad de Zapatero para desandar cada noche el camino emprendido durante la jornada. Pero cuando el BOE ha publicado un texto como el que ha entrado en vigor en Cataluña esta semana las tácticas políticas quedan superadas por la realidad flagrante de unas nuevas reglas de juego. Y apenas han bastado 72 horas para constatarlo. Por mucho que el propio interesado lo vaya a camuflar en forma de comparecencia voluntaria, el nada anecdótico episodio de la obligada rendición de cuentas del delegado del Gobierno ante el Parlamento autonómico, sobre su actuación durante la crisis de El Prat, indica hasta qué punto se están invirtiendo los papeles entre controlador y controlado. Desde aquel terrible otoño de 1792 en el que los ministros de la recién nacida República francesa dependían del escrutinio de la Comuna revolucionaria que bajo el yugo soez y terrible de Hebert y sus sans culottes gobernaba el Ayuntamiento de París, no se había detectado un contrafuero parecido.

La presencia, el prestigio y la fuerza del Estado no pueden depender de una fuerza militar de intervención rápida. El Estado no puede ser durante 360 días al año un vergonzante convidado de piedra que ni siquiera se atreve a despejar la pista de un aeropuerto tomado por la turba, por miedo al qué dirán, y encima permite que su representante sea llamado a capítulo por lo que no deja de ser un simple parlamento regional que le echará la bronca por su pasividad igual que se la habría echado por su injerencia.

Para que el Estado cumpla eficientemente su función tiene que estar implantado en todo el territorio de forma uniforme y constante y disponer de autoridad colectiva -no de talante o simpatía personal- para actuar. Las irrupciones espasmódicas en momentos de crisis pueden servir para cubrir las apariencias, pero raras veces resuelven los problemas. Así la súbita llegada a Galicia de un centenar de agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil, más el espectáculo de los 400 paracaidistas peliculeramente desplegados, sin tan siquiera saber si existe un enemigo al que combatir, difícilmente van a paliar la falta de efectivos humanos para investigar y controlar durante todo el año las tramas de delincuencia organizada que puedan obtener algún beneficio quemando el bosque.

La sensación de ignorancia y desorientación que a este respecto vienen dando las autoridades no puede ser más elocuente del fracaso de una determinada concepción del Estado. La Xunta dijo primero que se trataba de incendios de «nueva tipología», insinuando ya la existencia de un sofisticado montaje criminal. La ministra Narbona apuntó luego, sin prueba alguna, al «despecho» de las personas despedidas de los propios retenes forestales. Y Rubalcaba, en este su primer gran asunto como titular de Interior, no ha dejado de dar banales palos de ciego hasta culminar el viernes en el sensacional descubrimiento de que los incendios tienen «muy mala intención».

No es de extrañar que en este caldo de cultivo, fruto de la impotencia y la frustración, comiencen a germinar en el entorno gubernamental febriles paranoias encaminadas a achacar la devastación por el fuego a una mano negra movida por el PP para desacreditar a las nuevas autoridades gallegas. Lo verdaderamente curioso es que algunos de quienes ahora se aferran a una alambicada versión del qui prodest, sin indicio alguno que aliente esas pesquisas, figuran entre los más furibundos inquisidores que arremeten contra quienes, furgoneta a furgoneta, vamos logrando demostrar que el 11-M no sucedió como nos lo han contado.

Yo comprendo que, hecha esta comparación, termine pareciendo coherente que un Gobierno cuyas Fuerzas de Seguridad no son capaces de establecer qué tipo de explosivos estallaron en los trenes de la muerte -o al menos eso dicen-, tampoco sea capaz de averiguar quién y por qué quema los montes gallegos. De ahí que antes de seguir con los reproches de fondo, y dejando aparcadas ulteriores responsabilidades, no quepa sino conformarse con un objetivo mucho más modesto: ¿podrían ustedes ser tan amables de apagar de una puñetera vez el fuego? ¿O es que acaso no les pagamos para eso?

   

Publicado en el diario EL MUNDO el domingo 13 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.