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8 de Agosto, 2006

"La verdad de las víctimas" por Mikel Buesa

Por Narrador - 8 de Agosto, 2006, 12:00, Categoría: - Tregua Etarra

En la vorágine de los acontecimientos que de manera confusa se han ido amontonando unos sobre otros a lo largo de los últimos meses, restando claridad al juicio y entretejiendo una historia de ocultación y mentira, es llegado el momento en el que debe reflexionarse acerca de la verdad de las víctimas del terrorismo. Quienes han asumido la conducción de esa historia, han procurado confundir a los ciudadanos adoptando una actitud de simulado respeto a los que hemos sufrido el zarpazo de la violencia, a la vez que descalificando nuestra capacidad y lucidez para ser partícipes de una política conducente a la derrota de ETA. Y, sin embargo, somos nosotros y no ellos los que poseemos esa sabiduría que todos quisiéramos no haber adquirido, pero que nos ha otorgado la experimentación del dolor. «El sufrimiento -como dejó escrito Dzevad Karahasan en su diario sobre Sarajevo- es una forma importante de conocimiento»; un conocimiento que nos hace conscientes de la ilimitada profundidad de la maldad humana, y que nos señala que ésta puede acabar impregnando a las instituciones, la política y la vida cotidiana hasta sus más apartados rincones.

Nuestra tarea -el quehacer al que nos impele haber sido testigos de la radicalidad del Mal- es reclamar la memoria y el duelo. Pretendemos la memoria porque sabemos que las víctimas abatidas por la violencia política lo fueron sin culpabilidad alguna que les hiciera merecedoras de tan injusto castigo. Su sacrificio fue la consecuencia de una pretensión totalitaria cuyo objetivo no era otro que el de someternos a todos al dictamen de una minoría nacionalista fanatizada por la exaltación de su identidad. Y, por ello, nuestra memoria ha de ser la palanca que empuje a la sociedad española a redescubrir que la verdadera libertad no es la que nos hace homogéneos, la que nos confunde a todos y nos ahorma en un único corsé identitario, sino la que podemos compartir con los demás, con esos otros seres humanos que son otros porque, cabalmente, no son como nosotros, no piensan, ni creen como nosotros, ni aman, ni desean lo mismo que nosotros.

La memoria es exigencia de reconocimiento acerca del daño inflingido. Reclamamos de los poderes públicos un reconocimiento que, yendo más allá de proclamas retóricas, asigne las cuotas de culpabilidad que correspondan a las personas e instituciones que han planificado, ejecutado, justificado o encubierto la violencia. Por ello, no puede admitirse que una mera suspensión temporal de ésta se considere como una justificación suficiente para tolerar o legalizar a partidos que, como Batasuna, se han implicado en el terrorismo. Tampoco es aceptable el manto de olvido que se está tendiendo sobre las múltiples complicidades del nacionalismo institucional con ETA; ese nacionalismo que ha coadyuvado a la extensión y justificación de la violencia, que ha procurado medios financieros a las organizaciones del entorno terrorista, y que, en todo momento, ha pretendido extraer réditos políticos del miedo que se ha extendido sobre la sociedad vasca. Y menos aún es tolerable que a las víctimas se nos exija una reconciliación claudicante que excluye la verdadera pacificación de las relaciones sociales; esa pacificación que, al emerger de la culpa admitida, rompe de manera lenta y paulatina el ciclo de la violencia política, y que requiere, seguramente, el esfuerzo de toda una generación para que la historia que nos ha tocado vivir no pueda volver a repetirse.

El duelo es justicia y reparación. La reivindicación de justicia está para nosotros llena de radicalidad. Si no hubiera sanción penal para los responsables de tantos delitos, si no hubiera castigo, entonces esos crímenes imprescriptibles -que lo han sido no sólo contra tal o cual persona, sino también contra la humanidad- quedarían impunes; y la impunidad es insoportable para todos. ¿Cómo podría edificarse, sin justicia, una sociedad en la que no pueda darse cabida a la tentación del Mal? El Mal no merece premio ni puede ser recompensado con el ejercicio del poder. De la misma manera, el sufrimiento que ha provocado no puede ser la excusa para construir sobre él una venganza cuya única función sería la de perpetuarlo. Por ello, en una sociedad verdaderamente democrática no puede haber perdón para los que han ejercido el crimen con una finalidad política, para los que le han hurtado al Estado el legítimo ejercicio de la violencia. La sociedad democrática no puede perdonar a los terroristas sin socavar sus propios cimientos. Por tal motivo, no cabe el perdón en un sentido jurídico, aunque sí pueda haberlo con un significado moral. Las víctimas, en un acto libérrimo inducido por sus convicciones éticas o religiosas, pueden perdonar el agravio sufrido; pero también pueden negarse a hacerlo sin que quepa ningún reproche a su decisión. Ésta les es privativa, de manera que no sería lícito que nadie -y menos aún el Gobierno- hablara o actuara en su nombre. Además, las víctimas de los crímenes irreparables, las que se han visto sometidas a un silencio inapelable, desde el nicho que alberga sus restos nunca podrán perdonar.

La justicia necesita que las penas, tanto cuando privan de libertad al reo, como cuando le sustraen sus derechos políticos, sean cumplidas en su integridad. Pues, si como tantas veces ha ocurrido en España esas penas se ven horadadas por unos beneficios penitenciarios heredados del viejo régimen autoritario que, además, con demasiada frecuencia se han concedido fraudulentamente, entonces no se realiza la justicia que anula la venganza y edifica la sociedad democrática. Y necesita también la reparación material y moral hacia las víctimas; una reparación que expresa el reconocimiento de la deuda contraída con quienes han experimentado un sufrimiento incomprensible, un agravio injustificable.

El duelo es así un corolario de la memoria, de la verdadera historia que hemos vivido y que nos ha traído hasta aquí. Si nuestra reivindicación de justicia cayera en el olvido, si fuera silenciada, enterrada bajo la losa de una pacificación condescendiente con los que tratan de extraer algún rendimiento político del terrorismo nacionalista, entonces se estaría escribiendo una historia falsa, atenta únicamente al cínico interés de los que, por el mismo motivo, estarían ostentando ilegítimamente el poder. Las sociedades democráticas se enfrentan en ocasiones a enemigos que pueden llegar a destruirlas. Cuando ello ocurre, los ciudadanos hemos de encarar los riesgos con lucidez y, sin mirar para otro lado, sin dar albergue a la cobardía, hemos de exigir a los Gobiernos que salvaguarden los verdaderos valores que dan sentido a nuestro sistema político; pues, como en el proceso de Nuremberg proclamó el magistrado Dan Haywood, «un país... es aquello que se defiende; ... quede constancia, por ello, ante el mundo, de nuestra decisión de que esto es lo que defendemos: la justicia, la verdad y el valor de cada ser humano».

Mikel Buesa es Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

   

Publicado en el diario ABC el martes 8 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

La Xunta exige saber gallego para trabajar en la lucha contra incendios

Por Narrador - 8 de Agosto, 2006, 8:00, Categoría: Galicia

A los jefes se les pide el nivel de 'perfeccionamiento' y al resto de las categorías, el de 'iniciación'. El PP denuncia que esta norma ha impedido contratar a trabajadores con experiencia de 4 años o más. Según el 'conselleiro' de Medio Rural, se están produciendo fuegos de «tipología novedosa»

MADRID.- Los trabajadores que luchan contra el fuego en Galicia tienen que saber gallego. Así lo establece una resolución de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia que regula el nombramiento del personal de la Xunta destinado a la prevención y lucha contra incendios forestales.

Mientras esta Comunidad ardía ayer en llamas y algunos colectivos cuestionaban la actuación del Gobierno autonómico en la gestión de los fuegos, el PP denunciaba que esta norma ha impedido que muchos trabajadores con cuatro o más años de experiencia hayan podido ser contratados.

Los populares gallegos consideran «una gran paradoja» que se produzca esta situación cuando, al mismo tiempo, hay camiones autobombas que no tienen conductor por falta de personal, se han reducido las cuadrillas en los ayuntamientos y las brigadas están repartidas de forma desigual.

«Estamos ante la peor campaña contra incendios de los últimos 15 años», consideraba el PP. Hasta un centenar de fuegos hubo ayer en Galicia.

El pasado mes de mayo, cuando se estaba ultimando la nueva campaña antiincendios, la Xunta dictó una resolución por la que se establecían las bases para cubrir puestos de trabajo para luchar contra el fuego.

Entre los requisitos se exigía una fotocopia compulsada del DNI o el pasaporte, del certificado de estudios (homologado, si el aspirante es extranjero) y del «documento justificativo de estar en posesión del curso de iniciación del idioma gallego» para peones, vigilantes, operadores y conductores, y «de perfeccionamiento» para los técnicos y jefes de cuadrilla.

Esta resolución está en conformidad con el decreto 37/2006, que regula el nombramiento de personal interno para el desempeño con carácter transitorio de plazas reservadas a funcionarios y a la contratación temporal de personal de la Xunta.

«Muchos ex trabajadores de las brigadas contra incendios no han podido obtener plaza en esta campaña por mala burocracia o por no poder acreditar con un título el conocimiento del gallego», denunció ayer el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, según Europa Press.

El principal partido de la oposición no pudo determinar ayer el número de trabajadores que había denunciado esta situación. Pero aseguró que se han producido más de 1.000 reclamaciones (el 50% de los solicitantes de empleo que se presentaron) por los «deficientes» procesos de selección de personal.

Los populares dicen también que hay menos medios aéreos que cuando ellos estaban al frente del Gobierno regional, que los convenios se firman con retraso, que el proceso de selección no finalizó hasta el pasado mes de julio y que se ha «desmantelado» la estructura técnica directiva destituyendo a muchos jefes. La situación es tan «mala» que el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, registrará hoy una nueva petición de Diputación Permanente que decida la comparecencia de los ministros de Medio Ambiente, Interior y Agricultura por los siniestros de Galicia.

Desde la Xunta aseguraron ayer que no se ha producido ninguna reclamación durante los procesos de selección de esta campaña y defendieron su normativa. «Sea para incendios, sea para trabajar en cualquier servicio público, está recogido que se tiene que saber hablar la lengua del lugar, por la perfecta convivencia que tienen el gallego y el castellano y porque el 99% de la población es bilingüe», indicaban fuentes de la Consejería de Medio Rural.

Pero no sólo el PP fue crítico. WWF/Adena consideró que a la Xunta le falta «planificación en la gestión rural» y le echó la culpa de los fuegos gallegos -la mitad de los de toda España- a «la carencia de políticas». «Esta Comunidad no ha conseguido reducir en los últimos años ni el número de siniestros ni la superficie arbolada» (Félix Romero, responsable del Programa Forestal).

UGT y CCOO también hablaron. El primero reclamó que se mejore la situación de los trabajadores con mayor formación y mejores condiciones de contratación. El segundo pidió «un mando y un operativo único» para evitar «la descoordinación y desorientación» de la Xunta.

Al cierre de esta edición, había 64 incendios activos, de los que ocho tenían nivel 1 en Porto do Son, Rois, Rianxo y Santiago (La Coruña), Maside (Orense) y Cotobade, Soutomaior y Arbo (Pontevedra). Además, había dos en nivel 2 (los que requieren el apoyo del Ejército) en Cotobade y Soutomaior (Pontevedra). Treinta y siete estaban controlados. La Coruña y Pontevedra eran las más afectadas, pero también había focos en Orense y Lugo.

  

Una información de Olga R. Sanmartin publicada en el diario EL MUNDO el martes 8 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

El PSOE descabezó a la cúpula directiva contraincendios tras llegar al Gobierno de la Xunta

Por Narrador - 8 de Agosto, 2006, 7:00, Categoría: Galicia

MADRID/SANTIAGO. Los incendios, además del lamentable coste de vidas y de hectáreas arboladas que a menudo se llevan consigo, pasan por ser en España un auténtico foco de conflicto político para las Administraciones autonómicas, titulares de las competencias forestales. El año pasado le tocó el turno a la castellano-manchega, cuyo Ejecutivo socialista tuvo que arrostrar la muerte en Guadalajara de once miembros de un retén y la consiguiente tormenta política, que todavía colea en los juzgados.

Ahora, y desde hace tres días, es el Gobierno gallego el que está en el ojo del huracán a consecuencia del pavoroso fuego que ha provocado la quema de casi 5.000 hectáreas de su territorio y la muerte de tres personas (ayer pereció la última, un hombre de 74 años).

Lo cierto es que Galicia arde por sus cuatro provincias y en lo único que Gobierno, populares y sindicatos se han puesto de acuerdo es en los superlativos con los que califican la sucesión de focos: «Terrorismo de fuego» (PSOE); «situación de emergencia» (PP) y «problema de consecuencias irreparables» (Comisiones Obreras). En lo único, porque ayer, mientras el presidente gallego, Emilio Pérez Touriño, que no va a suspender sus vacaciones aunque se mantendrá «en permanente alerta», convocaba a su Gabinete de crisis con el objeto de coordinar las acciones contra el fuego (se habla de una tipología novedosa ya que quienes provocan las llamas lo hacen en zonas cercanas a núcleos de población), el PP contraatacaba en conversación con ABC con datos contundentes sobre las «purgas» del Ejecutivo gallego dos meses después de llegar a la Xunta el verano pasado.

El PP habla de descoordinación, falta de medidas contundentes, despiste en los conatos y demora, sobre todo demora en las primeras decisiones. Es decir, tuvieron que pasar «tres días después de que el problema hubiera estallado para que se pidiera ayuda al Gobierno central, al Ejército y a las demás Comunidades». Así lo consideran en el PP, cuyo presidente en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, dijo a ABC que ésta es la peor campaña contra incendios de los últimos quince años, consecuencia clara del desmantelamiento del que era uno de los operativos más eficaces de España.

Y es que, los datos sobre las primeras decisiones socialistas sobre la lucha contra el fuego no ofrecen dudas: de los ocho directivos de máximo nivel que se encontró Touriño al llegar al poder, y que eran los responsables de 4.000 efectivos, el nuevo equipo de la Xunta destituyó a todos salvo a uno. Además, defenestró a los cuatro responsables provinciales directos del operativo, muchos de ellos con experiencia de más de diez años. Al Gobierno socialista coaligado con el BNG tampoco le tembló el pulso a la hora de desprenderse de más de una docena de jefes de distrito (piezas clave en la lucha contra incendios) hasta producirse la triste paradoja de que en Barbanza, una comarca con alto riesgo histórico de incendios, ha estado hasta hace pocos días sin responsable técnico.

Un «técnico», profesor de EGB

De esta forma, esa «renovación radical» produjo que se echara a personas con una «gran experiencia». Además, el PP critica la «inexperiencia» de las actuales brigadas forestales, ya que muchos de los puestos no han podido cubrirse con personal cualificado al no poder acreditar por título su conocimiento del gallego. «Iban sobrados», explica Núñez Feijóo, por ello quizá tienen en un puesto directivo a un teniente alcalde, profesor de EGB, con nulo conocimiento técnico del fuego.

ABC preguntó ayer al presidente gallego sobre el desmantelamiento del equipo técnico del PP, a lo que contestó: «La polémica, para septiembre».

  

Una información de M. Alcaraz y José Luis Jiménez publicada en el diario ABC el martes 8 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.