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6 de Agosto, 2006

El PSOE intentó que la Santa Sede mediara entre el Gobierno y ETA

Por Narrador - 6 de Agosto, 2006, 10:00, Categoría: - Tregua Etarra

El día de la boda de los Príncipes de Asturias, el cardenal vascofrancés Roger Etchegaray se reunió en Roma con Jesús Eguiguren. Después se entrevistó con dirigentes de la formación 'abertzale' en el sur de Francia

MADRID.- El Vaticano rehusó ejercer la labor de intermediación en el proceso abierto con la organización terrorista ETA a pesar de las peticiones que, en ese sentido, los socialistas y la propia Batasuna efectuaron personalmente en sendas reuniones ante el influyente cardenal vascofrancés Roger Etchegaray.

El primero de esos encuentros, el solicitado por los representantes del PSOE, tuvo lugar en Roma, en la Santa Sede. Y el segundo, en el sur de Francia, hasta donde el prelado se desplazó para reunirse con los representantes de la formación ilegalizada.

Los dos se produjeron después de las elecciones generales y, por tanto, una vez que la dirección de la banda terrorista hubo dado el visto bueno a los contactos con los socialistas.

Son datos de notas tomadas por miembros del Comité Ejecutivo de ETA durante las reuniones que mantuvieron hasta otoño de 2004, cuando fueron arrestados el jefe del aparato político, Mikel Albizu, Mikel Antza y su compañera, Soledad Iparaguirre, Anboto.

Se trata de apuntes, en ocasiones poco desarrollados, reducidos a unas frases, pero de los que se desprende una actividad ininterrumpida que fue adquiriendo mayor relevancia a medida que iban cambiando las circunstancias políticas.

Según la información a la que ha accedido este periódico, la reunión en la que el Comité Ejecutivo de la banda dio el visto bueno a encuentros con dirigentes socialistas se produjo a raíz de la petición de éstos -que llevaban al menos dos años entrevistándose con Batasuna-, y fue aceptada por ETA con cautelas.

La banda quería estar segura, según los documentos incautados al dirigente etarra Félix Ignacio Esparza Luri, de que quien contactase con el representante de su Comité Ejecutivo no iba a hacerlo «a nivel personal» sino en representación, al menos, de su partido.

Es de suponer que barajaba varias opciones: bien que los socialistas podían ganar las elecciones de marzo, que una reunión así podía horadar la cohesión del Partido Popular y el Partido Socialista en política antiterrorista, o que este partido podía convencer al Gobierno popular, después de los contactos, de las posibilidades de iniciar una negociación con resultados positivos respecto al fin del terrorismo.

Antes de las elecciones de marzo de 2004 los dirigentes del PSOE, más precisamente los del PSE-EE, dieron a la organización terrorista las garantías de representación que ésta solicitaba y, como también había requerido, le hicieron llegar cuál era «el objetivo concreto» que se perseguía.

Y fue antes de las elecciones cuando la dirección de la banda respondió positivamente a la iniciativa. Pero precisamente por los comicios se aplazaron los contactos. Los socialistas temían que las citas con ETA trascendieran públicamente y perjudicaran la candidatura a la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.

Superada la cita electoral, la banda se tomó su tiempo para concretar cuándo y cómo debía reunirse con los representantes del PSE-EE. No en vano, la gravedad de los hechos que marcaron las elecciones de 2004 también la afectaron gravemente, hasta el punto de que sus documentos internos demuestran que la dirección de ETA decidió no atentar durante meses porque los brutales atentados del 11-M en Madrid, en los que murieron 192 personas, podía hacer que cualquiera de sus movimientos en este sentido se volviese contraproducente e inexplicable hasta para sus propias bases.

Ante la falta de concreción de ETA, los socialistas buscaron vías de intermediación tan solventes como la de la Santa Sede. El fin de semana de la boda de los Príncipes de Asturias -el 22 de mayo de 2004-, el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, se desplazó hasta Roma para mantener una reunión con el cardenal Roger Etchegaray.

El anciano prelado es vascofrancés y habla en euskera. Era uno de los hombres de confianza de Juan Pablo II, ha sido presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz y fue uno de los mediadores previos a la Guerra de Irak. Tenía muchas de las características necesarias para protagonizar una mediación tan delicada como la que se presentaba.

Semanas más tarde, según los datos a los que ha tenido acceso EL MUNDO, Etchegaray convocó a los dirigentes de Batasuna en el sur de Francia, en la casa que su hermano posee en el pueblo de Ezpelette. Ninguna de las dos partes logró convencer al cardenal de la conveniencia de la intervención de la Santa Sede.

El Vaticano comunicó finalmente a sus interlocutores que era preferible que cualquier gestión en este sentido, se realizase a través de la Iglesia vasca.

No en vano, sus representantes han venido mostrando su disposición a intervenir «en favor de la paz» las veces que hiciera falta, y en la tregua del 98, en las reuniones entre el Gobierno y ETA, quien hizo de testigo fue el actual obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte.

Pero la sugerencia de la Santa Sede no se sustanció por varios motivos. El más importante fue el de la desconfianza de la izquierda abertzale hacia la Iglesia vasca, a la que atribuye muchos vínculos con el Partido Nacionalista Vasco.

Esta vez, ni la organización terrorista ETA ni la coalición Batasuna querían que los nacionalistas vascos tuvieran ni demasiada información ni demasiado protagonismo en esta fase de los contactos. La intermediación eclesiástica en el proceso fue, entonces, descartada.

   

Una información de Angeles Escriva publicada en el diario EL MUNDO el domingo 6 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

ETA pide aún más dinero en otra remesa de cartas a empresarios vascos

Por Narrador - 6 de Agosto, 2006, 9:00, Categoría: ETA

La llegada de las misivas prueba, una vez más, que la banda no ha renunciado en ningún momento a la extorsión. Batasuna vuelve a desafiar la legalidad y anuncia una manifestación para el inicio de la Semana Grande de San Sebastián

Madrid- Empresarios de Vizcaya han recibido en los últimos días cartas de ETA en las que se les exige el pago de importantes cantidades de dinero, según han confirmado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas. Las misivas podrían pertenecer a una nueva remesa correspondiente al mes de agosto o formar parte de las que los pistoleros emitieron en junio y que, por razones que se desconocen, no han sido puestas en el correo hasta ahora.

La llegada de nuevas cartas prueba, una vez más, que la banda no ha renunciado en ningún momento a la extorsión. De hecho, en la única entrevista publicada tras el anuncio del «alto el fuego de las acciones armadas», los portavoces etarras justificaron esta actividad en las necesidades económicas que tienen.

Las citadas fuentes han subrayado que a nadie puede engañar el supuesto tono «amable» de las cartas para justificar el chantaje. Se trata de misivas que llevan los sellos de una organización criminal que ha asesinado a 817 personas, algunas de ellas empresarios. Los pistoleros, además, no ofrecen alternativa: es decir, no contemplan la posibilidad de que el extorsionado se niegue a pagar ya que no le indican que, en este caso, no debe preocuparse porque no le ocurrirá nada. La amenaza, al tratarse de ETA, permanece.

Hasta el momento, el Gobierno ha restado importancia a esta actividad criminal de la banda. En las cartas recibidas recientemente por empresarios navarros y vizcaínos la suma máxima que ETA exigía era de 60.000 euros.

La desaparición total de la extorsión, junto a la del terrorismo callejero, eran condiciones para poder iniciar la negociación que, sin embargo, ya se ha iniciado, según reveló días pasados la vicepresidenta Fernández de la Vega.

Manifestación de Batasuna. Mientras, la actividad de Batasuna en el frente político continúa. La formación ilegal ha convocado una manifestación bajo el lema «País Vasco. Autodeterminación» para el próximo domingo en San Sebastián, coincidiendo con el inicio de las fiestas de Semana Grande en la capital guipuzcoana. En una rueda de prensa celebrada ayer en San Sebastián, el dirigente Pernando Barrena aseguró que ya han iniciado los trámites administrativos para poder llevar a cabo esta movilización, que, a su juicio, no tiene por qué prohibirse ya que «como ciudadanos» tienen «pleno derecho» a manifestarse.

Además, en su comparecencia Barrena desmintió «rotundamente» que Batasuna esté retrasando su legalización pese a tener los estatutos de un nuevo partido.

Asimismo, aseguró que «ya se dan todas las condiciones políticas y sociales para poner en marcha la mesa de resolución en breve». En este sentido, recordó que el PSOE es «el único» que «día tras día pone nuevas condiciones», porque este partido «tiene un enorme miedo escénico al espacio del diálogo» así como «a un cálculo electoral inconfesable».

Por su parte, el Partido Popular presentará una iniciativa en la Cámara de Vitoria en la que pedirá al Departamento de Interior del Gobierno Vasco que prohíba la manifestación anunciada por Batasuna, ya que «representa un nuevo desafío al Estado de Derecho».

En este sentido, el parlamentario «popular» Carlos Urquijo apuntó la posibilidad de que Batasuna recurra al «subterfugio» de comunicar a Interior la celebración de la marcha «en nombre de un particular, en posesión de todos sus derechos civiles y políticos», para evitar presentar el nombre de la formación de la izquierda abertzale, dado que es un partido ilegalizado. Según opinó, tras la comparecencia de Barrena «es evidente que Batasuna está detrás de la convocatoria de esa marcha», y por lo tanto, «a la vista de esas pruebas, el departamento de Interior debe prohibirla».

Victimismo infantil. Por su parte, desde el PSE, su secretario general en Guipúzcoa, Miguel Buen, instó a Batasuna a abandonar el «victimismo infantil» sobre su situación de ilegalidad y a «asumir las reglas del juego democrático» para volver a una legalidad que le permita participar «en la mesa de diálogo».

   

Una información de J. M. Zuloaga publicada en el diario LA RAZON el domingo 6 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Europa reduce a dos barcos y un avión la ayuda a España para frenar los cayucos

Por Narrador - 6 de Agosto, 2006, 8:00, Categoría: Unión Europea

Menos de 500 repatriados: Mauritania. Este país ha aceptado 260 inmigrantes. El primer vuelo, con 170 africanos, se fletó el 29 de marzo. Senegal. Envueltas en una gran polémica, las repatriaciones se han saldado con 149 devoluciones. Pequeños grupos de 33 y 40 indocumentados han sido trasladados de nuevo a Guinea Bissau y Conakry. En total, son 482 repatriados según la Policía. El delegado del Gobierno en Canarias asegura que son dos mil.

LAS PALMAS/MADRID. Un barco y un avión italianos y otro buque portugués. Esos son a día de hoy, tras dos meses de negociación, los únicos medios materiales confirmados oficialmente a la Agencia europea de control de fronteras (Frontex) para frenar la salida de cayucos de Mauritania, Senegal y Cabo Verde con rumbo a Canarias. El resto lo tendrá que aportar España: dos embarcaciones que ya patrullan en Mauritania -una de la Guardia Civil y otra de Vigilancia Aduanera- y un helicóptero, operativo en esa zona desde julio, según confirmó el Ministerio del Interior. El proyecto «Hera», aireado a bombo y platillo por el Gobierno las últimas semanas, queda reducido de momento a esas infraestructuras y sigue pendiente de fecha de inicio tras sucesivos retrasos.

Frontex achaca la demora a España, que se atascó en la negociación con Senegal para patrullar en sus aguas, mientras que para el Gobierno se trata de un retraso «burocrático». Se sabe que el plan durará siete semanas, entre este mes y septiembre, pero no cuando empezará -«en unos días», según precisó el viernes la vicepresidenta De la Vega- ni en qué condiciones. El primer compromiso de la UE para luchar contra la inmigración ilegal, vía marítima, nace así diezmado.

El boceto inicial acordado por diez países en Madrid a finales de mayo, en la segunda oleada del año de «sin papeles», incluía cinco patrulleras, cinco helicópteros, un avión de apoyo, oficiales de enlace y tripulaciones, con el objetivo de blindar las cinco zonas de la costa atlántica africana desde las que parten cada día los cayucos cargados de inmigrantes -en lo que va de año han llegado cerca de 15.000 sólo a Canarias-. El Gobierno puso entonces el énfasis en la importancia del gesto más que en el dinero, y el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, calificó la decisión de «avance histórico».

Pero el proyecto, a la vista de los retrasos y las enmiendas, va camino de quedar en guiño más que en gesto. Sobre el papel, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Grecia, Países Bajos, Austria, Finlandia y Portugal estaban dispuestos a dar cobertura técnica y humana al operativo coordinado por Frontex. La lista se amplió con cuatro países más -Estonia, Dinamarca, Polonia y Noruega- en una reunión en Madrid a finales de junio.

El paso de las semanas y las urgencias de cada estado fueron atemperando y rebajando medios materiales. Así, Finlandia, que anunció el envío de un avión en junio, mantiene su oferta sólo para una parte de la misión y dependiendo de las fechas en que se lleve a cabo, según informó el pasado martes la Agencia europea de fronteras. Igual que el Reino Unido. El barco portugués se destinará en exclusiva a Cabo Verde, a petición del Gobierno luso. Otros países ofrecieron medios con tan poco entusiasmo que eran inútiles para la misión, caso de patrulleras que no servían para el arrastre o el salvamento de vidas.

A falta de principio, desarrollo y resultado, el Gobierno considera que este proyecto es una plasmación del papel de «liderazgo» de España a la hora de fijar una política europea de inmigración. Según manifestó el viernes, De la Vega confía en que se demuestre la eficacia del operativo en el «medio y largo plazo». El problema es que, de momento, no existe largo plazo, porque la «Hera», dotada con 4,7 millones, durará sólo siete semanas. Ese dinero, además, hay que repartirlo con Malta para un dispositivo gemelo.

Tres, dos, uno... «en unos días»

Tampoco está definido el desarrollo de otros puntos de la operación como la puesta en marcha de un centro de coordinación en Tenerife -en el que tendrían presencia Frontex, Policía y Guardia Civil- o el trabajo de los agentes especialistas en identificación de inmigrantes, que según la versión oficial están trabajando en Canarias desde el pasado día 20. Mientras el delegado del Gobierno, José Segura, afirma que la misión funciona desde hace ya un mes, el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Becerra, asegura que desde el Gobierno central no han confirmado aún tal extremo.

El «Hera» se suma a la prolija lista de planes nacionales surgidos en los últimos meses como mecanismo de acción-reacción del Gobierno ante cada crisis de «sin papeles». Se trata de planes que reproducen, además, el grueso de las medidas ya contenidas en sus predecesores. El Integral de Seguridad para Canarias, aprobado en Consejo de Ministros el viernes de la semana pasada, es el tercero que recoge «soluciones» para la lucha contra la inmigración en el plazo de un año. Antes que éste fueron el Plan de Inmigración Canarias-Estado (junio de 2005) y el Plan África (mayo de 2006), que han convivido además con otros puntuales como el «Sea Horse» -dos millones para patrullas conjuntas con Marruecos, oficiales españoles de enlace y formación- o el «Atlantis» -patrullas mixtas con Mauritania que están aún en marcha-. Y eso sin olvidar medidas de choque como el anunciado satélite vigía o la sirga tridimensional en las vallas de Ceuta y Melilla.

«No es necesario que plasmen las mismas propuestas plan tras plan, lo que es urgente es que sean definitivas» critican los nacionalistas canarios. El primero de los documentos, que firmó orgulloso el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en Tenerife, fue dotado con 190 millones de euros. Caldera lo definió como un «precedente para otras partes del territorio nacional».

SIVE, menores, playas...

Entre otras medidas, se refiere a la «necesidad de dotar de más medios a la atención a pie de playa que realiza Cruz Roja en Fuerteventura (única isla donde existía este servicio) y de extenderla a Lanzarote y Gran Canaria, además de donde pudieran dirigirse las nuevas corrientes de inmigrantes». Ese punto se ha tenido que desarrollar por la vía de urgencia ante las sucesivas avalanchas de inmigrantes.

El SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) es otra espinita clavada en todos los planes. A lo largo de 2006, se especifica en el primer documento, se instalarán estaciones fijas primero en Lanzarote y luego en Gran Canaria; no se habla de ninguna de las islas de la provincia occidental, donde recala la mayoría de las piraguas en este momento. Según la Delegación del Gobierno, en Lanzarote está ya muy avanzado el sistema y se está estudiando el terreno en Gran Canaria.

La receta pasaba también por el refuerzo de las unidades policiales, el incremento de esfuerzos diplomáticos para activar las repatriaciones, la reforma de los centros de internamiento canarios y la construcción de nuevas instalaciones, o la mejora de la atención prestada a los menores extranjeros no acompañados. Canarias acoge a más de 500 menores (más del doble del cupo fijado) y aún tendrá que esperar hasta septiembre para saber si estos jóvenes acabarán en otras comunidades; la construcción de un nuevo centro sigue a la espera y las reformas en el de Fuerteventura fueron anunciadas por el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, un día después de que Zapatero comenzase sus vacaciones en Lanzarote. El refuerzo de las unidades policiales llega poco a poco, pero es insuficiente «a todas luces», según denuncian los agentes de ambas provincias.

En cuanto al Integral de Seguridad (2006-2008), una petición de CC en el Congreso, vuelve a recoger muchas de las anteriores propuestas con una dotación de 50 millones. Atención a pie de playa, repatriaciones y derivaciones, reformas en el centro de Fuerteventura y construcción de uno nuevo en Lanzarote son algunos de sus contenidos. Y cómo no, control de las costas y ampliación del SIVE «a todo el Archipiélago», aunque sin fecha.

El Plan África, que pone el acento en las relaciones diplomáticas con los países emisores de inmigración y en los mecanismos de repatriación, también repite que se «intensificarán las medidas del control de fronteras, y la obtención de información acerca de las rutas». Objetivo que, según De la Vega, se lograría, asimismo, gracias a un satélite cuya contratación anunció en mayo de 2006. Un satélite del que poco se sabe y que, según fuentes policiales y del Ejecutivo regional, nunca fue contratado. «¿Cómo explicar si no que sigan llegando cayucos a playas de bañistas y a plena luz del día?».

  

Una información de Erena Calvo y Cruz Morcillo publicada en el diario ABC el domingo 6 de agosto de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.