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EL PAIS olvida la historia de ETA centrándose únicamente en sus 'treguas'

Por Narrador - 3 de Abril, 2006, 5:20, Categoría: General

 

Los intentos fallidos de una paz definitiva 

 

 

Todos los presidentes de la democracia buscaron un final dialogado de ETA, con varias treguas en el camino, pero ninguno lo logró

 

Madrid - Las treguas de ETA y los intentos de alcanzar un final dialogado de la violencia han marcado la trayectoria de la democracia española tanto como los crímenes de la banda. José Luis Rodríguez Zapatero será el quinto presidente que intentará gestionar el fin de ETA. Todos sus predecesores han fracasado, hasta ahora. La cronología de las conversaciones y las principales treguas de ETA es ésta.

 

- 1976, primeros contactos. El primer contacto se celebró a finales de 1976 entre los miembros de ETA-pm (político-militar) Xavier Garaialde y Jesús María Muñoa y el comandante del servicio secreto Ángel Ugarte, enviado por el Gobierno de Adolfo Suárez. El encuentro sirvió para fijar una segunda cita en Ginebra, a la que también acudieron los representantes de ETA militar José Manuel Pagoaga y José Luis Ansola. Las conversaciones fracasaron, pese a los varios intentos de reanudarlas en 1978 que planteó el ministro de la Gobernación Rodolfo Martín Villa, tras las gestiones del entonces consejero de Interior vasco, el socialista Txiki Benegas. Además, ese año fue asesinado el periodista y mediador José María Portell.

 

- 1982, la disolución de ETApm. Los contactos llevaron, años más tarde, a la autodisolución de ETApm VII asamblea, que se produjo tras las negociaciones mantenidas entre 1981 y 1982 por enviados de Calvo Sotelo y de Felipe González. Mario Onaindía y Juan María Bandrés, dirigentes de Euskadiko Ezkerra, convencieron al ministro del Interior Juan José Rosón de la necesidad de dar una salida a los exiliados y los presos. Tras esas conversaciones, el 31 de octubre de 1982, ETApm VII Asamblea se disolvió. En dos años fueron excarcelados o volvieron del exilio 150 miembros de esa facción.

 

- 1987-1989, diálogo en Argel. La detención y traslado a Argel del dirigente etarra Txomin Iturbe, en abril de 1986, abrió los primeros contactos con la banda. El 29 de enero de 1988, ETA militar ofreció una tregua de 60 días a cambio de reiniciar el diálogo en Argel, cortado tras el atentado en la casa cuartel de Zaragoza, con 11 muertos. ETA propuso por primera vez incorporar a Herri Batasuna a los contactos, que veía "como un medio" para lograr la alternativa KAS (amnistía, legalización del independentismo, salida del País Vasco de las fuerzas de seguridad, incorporación de Navarra y autodeterminación). La banda subraya el "carácter irreversible" del proceso. Las treguas se fueron sucediendo, jalonadas de atentados y secuestros. En enero de 1989, ETA declaró 15 días de tregua, que se prorrogó posteriormente durante cinco meses. La negativa del Gobierno de González a admitir públicamente que en los contactos hubo negociación política acabó con el proceso de Argel, el 4 de abril de 1989.

 

- 1992: paz olímpica. El 10 de julio de 1992, ETA exige una "negociación política" a cambio de una tregua de dos meses que incluiría los Juegos Olímpicos. Como primer paso pide "un contacto físico" entre los interlocutores.

 

- 1998: la primera indefinida. El 16 de septiembre de 1998 llega el anuncio de la primera tregua indefinida. ETA subraya que se abre "una ocasión única para avanzar hacia la soberanía", debido al fracaso de lo que llama "la vía autonomista". La banda aplaude "el giro" de las formaciones nacionalistas tras la firma del pacto de Lizarra y anima a "romper las ataduras con París y Madrid". La banda no entrega las armas, que se reserva con carácter "defensivo".

 

- Mayo de 1999. Cita en Zúrich. Fue el último intento oficial de un final dialogado. Una representación del Gobierno de José María Aznar se sentó el 19 de mayo en Zúrich (Suiza) con el entonces máximo responsable político de ETA, Mikel Albizu, Mikel Antza, y Belén González Peñalba, que hizo de notaria. Por parte del Gobierno acudieron el jefe de Gabinete de Aznar, Javier Zarzalejos; el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxà, y el asesor electoral del presidente, Pedro Arriola. El mediador del encuentro, que duró casi tres horas sin acuerdo, fue el obispo Juan María Uriarte. No hubo acuerdo ni otra reunión oficial.

 

- Fin de la tregua, 1999. En noviembre de 1999, ETA anunció el fin de la tregua, la más larga de su historia. ETA culpó a PNV y EA de incumplir un acuerdo secreto firmado en el verano de 1998, por el que ambos partidos habrían adoptado el compromiso de "romper completamente las relaciones con las fuerzas españolas". La banda sancionó el final de la tregua con el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, el 21 de enero de 2000 en Madrid.

 

- 2004: sólo para Cataluña. El 18 de febrero de 2004, ETA irrumpe en la campaña electoral con el anuncio de una tregua sólo en Cataluña. ETA, que hasta entonces había matado a 54 personas en Cataluña -la mayoría en el atentado de Hipercor -, alega: "Euskal Herria y Cataluña son las cuñas que están haciendo crujir el caduco entramado del marco institucional y político impuesto" por España.

 

- 2005: parcial para electos. El 18 de junio de 2005, la banda declaró que no volverá a atentar contra cargos electos ante los "cambios políticos" observados, como la "disolución" del Pacto Antiterrorista y el "fracaso" de la Ley de Partidos que ilegalizó a Batasuna. "Aprendiendo del pasado, el PSOE de Zapatero tiene ahora la posibilidad de no repetir el ciclo de las negociaciones con nuevos intentos represivos", dijo ETA, que por entonces había asesinado a una treintena de cargos electos. El último, Juan Priede, único concejal del PSE en Orio (Guipúzcoa).

 

 

Una información de J. A. Rodríguez y N. Junquera publicada en el diario EL PAIS el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

De la ofensiva total al principio del fin 

 

 

ETA ha pasado en una década de tratar de desbordar al Estado a buscar una salida a la violencia

 

Bilbao - "Nuestra estrategia político-militar ha sido superada por la represión del enemigo contra nosotros". Sólo un reputado paladín del coche bomba como Francisco Mujika Garmendia, Pakito, podía realizar un diagnóstico tan crudo de la situación de ETA en agosto de 2004. Diez años antes, tratando de salir de la desorientación en que les sumió la caída en Bidart (1992) de Pakito y demás compañeros de la troika dirigente, sus sucesores lanzaron una dinámica desatada que ha acelerado el resultado descrito por el ex jefe del aparato militar. En esta década, ETA ha trazado un círculo completo en su estrategia, que ha pasado de plantear un desafío total al Estado, situando en la diana a todos los que se oponían a sus designios, a buscar una salida a medio siglo de historia que disimule la derrota enunciada por Pakito. Una solución que, en el mejor de los casos, no será en absoluto más ventajosa que la que consiguiera a principio de los ochenta la extinta ETA político-militar, el referente que la banda ha querido siempre evitar.

 

Hacia 1994 la dirección de la banda decidió dar un salto en su estrategia tradicional de obligar al Estado a negociar el reconocimiento de la autodeterminación de Euskadi, para intentar forzar su consecución por la vía de los hechos. Eso suponía extender el "conflicto armado" más allá de los atentados contra guardias civiles, policías y militares, llevándolo sobre todo al corazón de la sociedad vasca. La "socialización" del conflicto perseguía, por un lado, romper la unidad de los partidos democráticos para, después, desbordar al Estado mediante el frente nacionalista y el proceso de "construcción nacional" ensayado en 1998 con el Pacto de Lizarra. Tuvo su momento inaugural en enero de 1995 con el asesinato de Gregorio Ordóñez, presidente del PP de Guipúzcoa y concejal de San Sebastián. Fue el primero de una serie de más de 70 atentados contra adversarios ideológicos, que han acabado con la vida de 30 cargos electos y políticos del PP, UPN y PSOE.

 

La decisión de dar ese salto y concentrar sus atentados en "los responsables políticos" estuvo motivada por la comprobación de que sus crímenes convencionales no eran suficientes para avanzar en sus objetivos políticos. Quizá algunos de sus dirigentes intuyeron ya que el proceso de integración europeo llevaba inexorablemente a la pérdida del santuario francés y al fin del ciclo de la lucha armada, y trataron de forzar la máquina. Y lo hicieron a conciencia. Tras Ordóñez, el siguiente aldabonazo fue el atentado frustrado, en abril de ese mismo año, contra el entonces jefe de la oposición, José María Aznar. Su reivindicación iba en el mismo comunicado en el que ETA definió su nuevo esquema estratégico, la llamada "Alternativa democrática". El reconocimiento del "derecho de autodeterminación y la unidad territorial de Euskal Herria" por parte del Estado español y la garantía de que respetará lo que "el pueblo vasco decida democráticamente", eran en ese esquema las condiciones para un "alto el fuego". Y la finalidad de éste, permitir "un proceso" donde los ciudadanos vascos pudieran "decidir su futuro" según el diseño marcado por ETA.

 

Conseguir dicho objetivo exigía romper la unidad de los partidos frente a la violencia plasmada en el Pacto de Ajuria Enea. A ese empeño se dedicó Herri Batasuna reanudando los contactos con el PNV y, simultáneamente, ETA y las escuadras de la kale borroka atacando a la Ertzaintza y a sedes y militantes nacionalistas (objeto de la mitad de los 241 actos violentos contra partidos registrados en el bienio 1996-1997). Al mismo tiempo, la organización terrorista se embarcó en una serie de secuestros prolongados, cuya finalidad iba más allá de obtener un rescate (Iglesias, Aldaya, Ortega Lara, Delclaux). Y el intento de neutralizar el creciente movimiento ciudadano de rechazo, simbolizado en el lazo azul, involucró al conjunto de la izquierda abertzale en una espiral de contra manifestaciones, agresiones y amenazas. Con menos asesinatos que en los ochenta, pero más selectivos e impactantes, y esa dinámica de intimidación general, ETA logró crear un clima social y político irrespirable.

 

La operación no le salió gratis, ya que el aumento de la conciencia ciudadana contra la violencia fue acompañada del afinamiento de la eficacia policial y judicial, tanto en España como en Francia. De hecho, declara la tregua del verano de 1998 básicamente porque tiene su estructura militar exhausta y muy dañada por la respuesta a la ofensiva general desatada en los tres años precedentes. Sin embargo, en lo político tuvo éxito, al propiciar la voladura del ya renqueante Pacto de Ajuria Enea y conseguir que el PNV de Arzalluz se moviera hacia sus postulados, con el señuelo de acercar así la paz. Un giro que se aceleró tras la conmoción causada por el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco.

 

El Pacto de Lizarra significó para ETA la última oportunidad de poner un fin honorable a su historia, trocando el abandono de las armas por una victoria política sobresaliente. El nacionalismo no violento daba en él la espalda al autonomismo y venía a aceptar el programa de ETA, basado en la autodeterminación y la territorialidad de Euskal Herria. Es decir, la aceptación de que Euskadi, Navarra y el País Vasco francés constituyen una entidad que tiene derecho a definir su futuro de forma conjunta. En paralelo, la expectativa de la paz premiaba ostensiblemente a la izquierda abertzale, que en las elecciones autonómicas de 1998 y forales del año siguiente obtuvo con la etiqueta de Euskal Herritarrok los mejores resultados de su historia, casi el 20% de los votos.

 

Sin embargo, la inercia militarista y un deficiente análisis de la realidad cegaron a los responsables de ETA. Despreciaron la interlocución ofrecida por el Gobierno de Aznar y se impacientaron al ver que el PNV no podía avanzar a la velocidad que le exigían por el camino de la insumisión al Estado. La ruptura de la tregua en enero de 2000 estuvo seguida ese año por una sucesión de 23 asesinatos, la mayoría de ellos concejales del PP y PSE y destacadas personalidades socialistas. ETA había aprovechado la tregua para rehacer sus debilitadas estructuras y emprender una ofensiva sistemática de limpieza ideológica que puso en riesgo la propia existencia de la democracia en Euskadi y Navarra; es decir, la posibilidad de que los partidos no nacionalistas pudieran presentar listas y defender sus ideas en las calles e instituciones de ambas comunidades.

 

ETA volvió a equivocarse si pensaba que los poderes del Estado y la propia UE podían soportar un desafío de esta naturaleza sin responderlo con todos los resortes legales. Para entonces, el juez Baltasar Garzón ya había abierto en 1998, a partir de documentación incautada, una novedosa vía de investigación que concluyó con que es ETA la que controla en última instancia el rosario de organizaciones que constituyen el llamado MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vasco). Sobre esta línea de indagación judicial se sucedieron hasta 10 operaciones contra su entramado político-financiero y se asentó la base jurídica para proceder a la suspensión cautelar de las actividades de Batasuna (agosto de 2002) y su posterior ilegalización (marzo de 2003) mediante la Ley de Partidos. Previamente, en diciembre de 2000, el PSOE y el PP, entonces en el Gobierno, habían firmado el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que les compromete a rechazar cualquier tipo de negociación política con ETA.

 

Tras la ofensiva de 2000 y 2001, con 37 asesinatos, la respuesta policial y judicial a ambos lados de la frontera, la pérdida de sus estructuras de apoyo legales o alegales y otra serie de acontecimientos -la conversión del terrorismo en problema mundial tras el 11-S o el desarme del IRA, que le deja como un anacronismo en Europa- conducen a ETA una vía sin salida. Aunque muy reducida, tiene capacidad para seguir atentando, pero se ha quedado sin un marco estratégico viable. Ya no puede pretender alcanzar sus objetivos presionando el PNV ni, mucho menos, forzando a España y Francia a aceptar la autodeterminación de Euskal Herria. Al mismo tiempo, la ilegalización de Batasuna y su expulsión de todas las instituciones le ha privado de suelo y del recipiente en el que depositar los frutos políticos de una eventual negociación con el Estado.

 

 

Una información de Emilio Alfaro publicada en el diario EL PAIS el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.