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La historia de la banda contada por EL CORREO

Por Narrador - 31 de Marzo, 2006, 2:11, Categoría: General

 

ETA, una historia de muerte y destrucción

 

 

Una organización creada por estudiantes nacionalistas radicales se convirtió en una banda terrorista que ha matado a más de 800 personas y herido a miles

 

Cuenta un miembro de ETA de mediados de los sesenta que, en una ocasión, él y un compañero se dirigieron al responsable de material de la banda y le pidieron que les facilitara unos alicates para robar un coche. «Los alicates de la Organización están en Iruña», respondió con toda seriedad el aludido.

 

Aquella ETA 'naif', que escondía en Pamplona los únicos alicates que tenía o que no podía cometer atracos entre semana porque los activistas más entrenados estaban en el colegio, dejó pasó a la pesadilla de una organización terrorista que ha matado a 840 personas y herido a miles y que ha provocado, en los últimos diez años, unas pérdidas superiores a los 8.000 millones de euros, aparte de frenar el crecimiento de la economía vasca entre el 10% o el 25% del PIB anual, según el estudio que se tenga en cuenta. Una ETA, además, que ha perdido a 153 miembros en muertes violentas.

 

La organización de los alicates, la misma que hoy fabrica bombas con teléfonos móviles, comenzó su andadura a finales de 1958, adoptando el nombre de Euskadi Ta Askatasuna, después de descartar la denominación de Aberri Ta Askatasuna porque el acróstico, ATA, en euskera significa pato y parecía poco serio. Nació rompiendo con el nacionalismo tradicional, del que procedían buena parte de sus integrantes. La ruptura estaba motivada por la decepción de una parte de la juventud nacionalista por la pasividad de sus mayores -el PNV- ante el franquismo. Para distanciarse de la resignación del nacionalismo tradicional, el activismo constituye una de las señas de identidad de la nueva organización, que se estructura en torno a varias ramas, una de las cuales es bautizada como 'rama de acción'. En 1962, en la I Asamblea, se sustituye esta denominación por la de 'rama militar', dejando mucho más claro el espíritu que anima al grupo.

 

Los primeros atentados de ETA tienen lugar en diciembre de 1959 y consisten en la colocación de tres bombas, una en Vitoria, otra en Bilbao y otra en Santander. En 1960, de manera accidental, se habría producido la primera víctima mortal de ETA. Se trataría de la niña Begoña Urroz Ibarrola, fallecida en San Sebastián al estallar una bomba en una estación de tren. Los servicios policiales de la época atribuyeron este atentado a grupos anarquistas, por coincidir con otros de ese cariz ideológico cometidos en otras ciudades en fechas cercanas. Miembros de ETA de los sesenta aseguran que nunca oyeron hablar de ese atentado dentro de la organización. La autoría nunca fue asumida por ETA, aunque un listado de acciones del grupo terrorista intervenido en 1992 al dirigente etarra 'Txelis' incluye la bomba de 1960. El que fuera vicario general de San Sebastián, José Antonio Pagola, en su libro 'Una ética para la paz. Los obispos del País Vasco 1968-1992' (Idatz), sostiene también que esa niña fue la primera persona asesinada por ETA.

 

ACTIVISMO

 

Las primeras víctimas intencionadas no vendrían hasta ocho años más tarde, cuando el miembro de ETA Txabi Etxebarrieta mató por la espalda al guardia civil José Pardines. Horas más tarde, la Guardia Civil dio muerte al propio Etxebarrieta. «La muerte de Txabi constituyó un mazazo -cuenta Teo Uriarte en sus memorias (Mirando atrás. De las filas de ETA a las listas del PSE. Ediciones B)- Era el más intelectual de todos, el menos dado al activismo. Quizás el más consciente de dónde estaba metido. Y prácticamente se dejó matar. A los demás, conscientes y asustados a la vez, nos roían las ganas de venganza, sobre todo, la necesidad de dar algún tipo de respuesta que demostrara que ETA no estaba acabada. Creo que fue, sobre todo, el recuerdo del amigo lo que nos llevó a iniciar la macabra espiral de violencia que aún hoy padece Euskadi. Una reacción fundamentalmente emotiva».

 

La reacción «emotiva» fue el asesinato del policía Melitón Manzanas. El Gobierno respondió con la declaración del estado de excepción y el incremento de la represión, haciendo buena la teoría de la acción-represión-acción que ETA había adoptado, en el año 1965, en su IV Asamblea. Una teoría de gran calado para una organización que tenía entonces un aparato militar formado por seis hombres, una pistola y cinco subfusiles.

 

TEORÍAS REVOLUCIONARIAS

 

En ocasiones, la organización ha presentado su violencia como la consecuencia de un determinismo histórico que le ha empujado a continuar una trayectoria anterior de enfrentamientos armados. «ETA no existía hace 150 años, ni hace 100, ni tan siquiera hace 44 años. Pero sí existieron unos precedentes como Zumalacárregui, el cura Santa Cruz e incluso un PNV que, en dos guerras carlistas y en 1936, empuñaron firmemente las armas», afirmaba la banda en un comunicado difundido el 21 de mayo de 1980. Su opción por la violencia es, sin embargo, voluntaria, elegida libremente por considerarla más eficaz para lograr sus propósitos.

 

En su decisión de usar las armas está presente no sólo la reacción ante la ineficacia del nacionalismo para combatir al régimen de Franco, sino también la influencia de las teorías y los movimientos revolucionarios y descolonizadores de la época. La lucha argelina por la independencia o la revolución cubana cautivan a los miembros de ETA que se disponen a aplicar en el País Vasco estos modelos. La influencia de estas ideas llega a través del 'Vasconia', de Krutwig, y se plasma en el documento 'La insurrección en Euskadi', que sale de la III Asamblea, en 1963. Sin embargo, fue la V Asamblea, celebrada en dos partes, a caballo entre los años 1966 y 1967, la que tuvo una influencia determinante en la historia posterior de ETA, tanto en lo ideológico, por la aportación del concepto de nacionalismo revolucionario, como en lo organizativo, al adoptar la estructura de frentes: el 'militar', el 'cultural', el 'político' y el 'económico', convertido luego en 'frente obrero'.

 

De la V Asamblea nació la ETA que, un año después, iniciará la carrera de muertes propias y ajenas. Pardines, Etxebarrieta, Manzanas son los primeros de esa larga lista. La represión desencadenada por estos hechos conduce a la cárcel en 1969 a una parte significativa de los cuadros de ETA, entre ellos Mario Onaindia, Teo Uriarte, Jokin Gorostidi, Javier Izko de la Iglesia, José María Dorronsoro y Javier Larena, para los que se pedirá la pena de muerte cuando, un año más tarde, se sienten en el banquillo del Consejo de Guerra de Burgos, junto a otros diez acusados.

 

El Consejo de Guerra se convirtió en un factor propagandístico antifranquista de primer orden, tanto en España como en el extranjero. Y en Euskadi convirtió a ETA en una organización referencial para una gran cantidad de jóvenes, que, después del proceso de Burgos, se acercó a la banda para enrolarse en sus filas. Bajo el liderazgo de Eustakio Mendizabal, 'Txikia', un nuevo grupo de dirigentes se encargó de reorganizar el maltrecho grupo y de encuadrar a las docenas de nuevos militantes.

 

MILITARISMO

 

'Txikia' sustituyó a Juan José Etxabe, 'Haundixe', como jefe del 'frente militar', tras la ruptura de la organización producida con motivo de la VI Asamblea, en la que el grueso del 'frente militar', con el apoyo de Emilio López Adán, Julen Madariaga o Federico Krutwig, se desvinculó del resto de la organización y se constituyó como ETA-V Asamblea.

 

'Txikia', secundado por jóvenes militantes como Txomin Iturbe, José Miguel Beñarán, 'Argala', José Antonio Urrutikoetxea, 'Ternera', o Peixoto, se encargó de poner en pie la nueva organización y, al mismo tiempo, intensificar su activismo mediante la colocación de muchas más bombas que hasta entonces y la realización de atracos para financiar a ETA-V.

 

El nuevo grupo nace con una aversión hacia los debates ideológicos que habían tenido lugar en ETA a lo largo de los sesenta y que, a menudo, habian sido fuente de conflictos internos. 'Txikia'y sus seguidores tienen la percepción intuitiva de que la acción es el factor que provoca la superación de las diferencias y mantiene la unidad, frente a los debates ideológicos. Esa generación acabará haciendo de ETA una organización exclusivamente militar, de la que desaparecen las asambleas como escenario de discusión política. En las tareas de reorganización que realizan 'Txikia' y su gente tiene una importancia fundamental la integración en la banda de una parte de las juventudes del PNV. A partir del verano de 1971, la actividad etarra se acelera. Al año siguiente, además de un elevado número de atentados, ETA realizó su primer secuestro económico: el del industrial Lorenzo Zabala, que tendrá una gran repercusión social. El propio 'Txikia' fue víctima de la dinámica en la que se había embarcado ETA: el 19 de abril de 1973 fue abatido por disparos de la Policía en Algorta, después de una agitada persecución por las calles.

 

Sin embargo, la desaparición del líder no frenó la actividad de la banda, que continuó con el plan que ultimaba cuando murió Mendizabal: el secuestro del entonces vicepresidente del Gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco. Al ser designado presidente y reforzada su escolta, ETA renunció al secuestro y decidió intentar el asesinato. El magnicidio se consumó el 20 de diciembre de 1973, con un atentado espectacular que atrajo sobre sus autores la mirada de todo el mundo y proporcionó a ETA otra baza propagandística.

 

«Entonces era casi folclórico pensar que ETA, que hasta ese momento sólo había asesinado a tres personas en el País Vasco, se iba a atrever a atentar en Madrid y contra el presidente del Gobierno. Nos equivocamos», reconocería muchos años después el entonces responsable de la Seguridad del Estado, el general Eduardo Blanco.

 

La fascinación que ocasionó el asesinato de Carrero impulsó la letalidad de la violencia etarra: de los seis muertos de 1973, se pasó a diecinueve en 1974, entre ellos once civiles asesinados con una bomba colocada en la cafetería Rolando de Madrid. La banda mantuvo el nivel de atentados mortales a medida que se aproximaba el final del franquismo: dieciséis en 1975; diecisiete en 1976 y doce en 1977, año de las primeras elecciones democráticas.

 

Tras la masacre de civiles provocada en 1974 en Madrid, se produjo la ruptura de ETA en dos ramas: la militar y la político militar. No fueron razones ideológicas, ni políticas, sino de carácter organizativo. Los 'milis' -encabezados por 'Argala'- defendían, ante la posibilidad de que en España se instaurara un régimen democrático, la conveniencia de separar el grupo militar, clandestino, de los «organismos de masas» afines que debían operar en la legalidad.

 

Los 'polimilis' eran partidarios entonces de crear una organización que abarcara tanto las actividades militares como las políticas. Tres años después rectificaron esta teoría y se acercaron a los postulados de 'Argala', aunque las dos facciones no volvieron a unirse.

 

El establecimiento de la democracia encuentra a ETA dividida en dos ramas que compiten en actividad violenta. Y, muy pronto, en 1978, se organizó una tercera: los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA), impulsados por elementos separados de las dos facciones oficiales de ETA y por miembros del movimiento asambleario.

 

INTENTOS DE NEGOCIACIÓN

 

Con el final del franquismo se produjeron los primeros esfuerzos por persuadir a la banda de que abandonara la violencia y se sumara al proceso democrático que comenzaba a abrirse en España. La primera reunión entre una rama de ETA y un representante del Gobierno español tuvo lugar en noviembre de 1976 en Ginebra. El entonces comandante Ángel Ugarte, jefe de los servicios de inteligencia en el País Vasco, se citó con los dirigentes de ETA (pm) Xabier Garaialde, 'Erreka', y Jesús María Muñoa, 'Txaflis'. Tras esta entrevista, se concertó una segunda reunión, en diciembre, también en Ginebra, a la que, además de los dirigentes 'polimilis', acudió una representación de ETA militar, formada por José Manuel Pagoaga, 'Peixoto', y José Luis Ansola Larrañaga, 'Peio el Viejo'.

 

El Gobierno propuso a las dos ramas de la organización que declararan una tregua de varios meses para discutir posibles medidas de amnistía. En la reunión, los etarras escucharon los planes de reforma política del Gobierno de Adolfo Suárez. Pero el intento fracasó. ETA militar calificó de «desvergüenza» la propuesta gubernamental. 'Peixoto' afirmó que no tenía nada que hablar con los militares y que, «si querían negociar algo, que diesen la amnistía total y las libertades y que después pidiesen otra entrevista». Los tanteos con los 'polimilis' prosiguieron, pero tardaron cinco años en fructificar.

 

En 1977, ETA (pm) sufrió otra ruptura, protagonizada por sus comandos especiales (bereziak), disconformes con la línea que propugnaban Eduardo Moreno Bergaretxe, 'Pertur', y Garaialde, partidarios de crear un partido político. Los 'bereziak', liderados por Eugenio Etxebeste, Francisco Múgica y Miguel Angel Apalategi, rompieron con ETA (pm) y se pasaron con armas y bagajes a ETA m, no sin antes haber hecho desaparecer y asesinar a 'Pertur', según el convencimiento de su familia.

 

La llegada de los escindidos de ETA (pm) permitió a los 'milis' iniciar, a finales de 1977, una gran ofensiva terrorista contra la naciente democracia. 'Argala' y sus compañeros propugnaron que los partidos vascos no se presentaran a las elecciones. Pero nadie siguió la consigna: ni los partidos ni los ciudadanos, que acudieron masivamente a votar, expresando su confianza en el proceso de recuperación de las libertades que se iniciaba entonces.

 

Ese revés político parece estar en el origen de la formulación de una nueva doctrina estratégica que ETA divulgó en febrero de 1978. Hasta entonces, los teóricos de la banda habían mantenido la esperanza de que la actividad terrorista fuera capaz de provocar una insurrección general que condujera a la derrota del Estado. A partir de entonces, la organización asume que no puede derrotar al Estado, pero cree que tampoco puede ser derrotada por éste. 'Argala' elabora la nueva teoría: la actividad terrorista persigue forzar al Estado a sentarse a una mesa en la que tendría que reconocer la autodeterminación del País Vasco y las exigencias contenidas en la Alternativa KAS. Porque ETA sólo consideraba negociables los plazos de aplicación de sus demandas: «Los contenidos de la Alternativa son innegociables y tienen un carácter de mínimos, que deben ser tomados en su totalidad y no punto por punto». Así se expresa el representante de ETA en una reunión de KAS del 27 de agosto de 1987. Únicamente «pueden ser objeto de negociación los plazos y los mecanismos de aplicación de dichos puntos», apostilla.

 

Los procesos de elaboración de la Constitución y del Estatuto, así como los primeros siete años de democracia, estuvieron salpicados de una actividad terrorista intensísima. Entre 1978 y 1984 se registraron una media de 235 atentados al año, que dejaron un saldo medio de 56 asesinatos. ETA militar fue la responsable principal de esta ofensiva, ya que, a principios de 1978, tiene alrededor de 500 miembros organizados en células armadas y durante varios años fue capaz de organizar un nuevo comando cada once días.

 

MÁS OBJETIVOS

 

Para mantener ocupado a tanto activista, ETA amplió los colectivos que estaban en su punto de mira. Primero habían sido policías y guardias civiles, después vinieron los supuestos confidentes, luego alcaldes franquistas, militantes de UCD, de AP, militares, supuestos traficantes de droga, empresarios, bancos, objetivos ligados a Iberdrola y la central de Lemóniz, infraestructuras económicas, periodistas, ertzainas... Todo valía para sostener la ofensiva terrorista, incluso a riesgo de provocar una involución política, como a punto estuvo de ocurrir con el golpe fallido del 23 de febrero de 1981.

 

A partir de 1985, la respuesta del Estado y la colaboración policial de Francia empezó a debilitar poco a poco a la organización terrorista, aunque no hasta el punto de parar su actividad. Desde 1985, el número de atentados se redujo. Pero la banda intentó compensar esa debilidad con el empleo de coches bomba -responsables de masacres como la de Hipercor (21 muertos), y la del Cuartel de Zaragoza (11 muertos)- y la extensión del terrorismo fuera del País Vasco.

 

En 1989 se celebraron las conversaciones de Argel, que concluyeron en un fracaso, al igual que todos los intentos realizados antes y después de ese año, como el que tuvo lugar en 1999 en Suiza.

 

La gran crisis de ETA se produjo el 29 de marzo de 1992, cuando una investigación de la Guardia Civil permitió localizar y detener en Francia a todos los miembros de la dirección de la banda. Aquella operación policial rompió con el mito de la imbatibilidad etarra. Por primera vez, en el seno de la organización y en su entorno político se temió una derrota «militar».

 

Como respuesta, la banda decidió pasar a asesinar a los adversarios ideológicos, a los miembros de los dos grandes partidos nacionales, el PP y el PSOE. Fruto también de aquella crisis fue la modificación de la estrategia de negociación de 1978. En 1995 se dio a conocer la Alternativa Democrática, que ya no buscaba un acuerdo con el Estado, sino la creación de un frente nacionalista que avanzara unilateralmente hacia la independencia.

 

El acuerdo entre ETA, el PNV y EA del verano de 1998, que propició la tregua iniciada en septiembre de ese año y mantenida hasta diciembre de 1999, fue el resultado de esa estrategia soberanista, que se plasmó también en la Declaración de Estella. Sin embargo, las exigencias de ETA forzaron la ruptura del acuerdo, el final de la tregua y la vuelta a los asesinatos de los constitucionalistas vascos para expulsarlos del espacio político.

 

Como reacción a esta 'limpieza ideológica', los dos grandes partidos suscribieron el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, que dio cobertura a la Ley de Partidos y permitió la ilegalización de Batasuna. Desde 1998, la Justicia ha perseguido todas las estructuras políticas afines a la banda por su connivencia con el grupo terrorista. Este conjunto de medidas, unidas a un eficaz acoso a la propia banda, llevaron, a partir de 2003, a la organización a los momentos más bajos de su historia.

 

 

Una información de Florencio Domínguez publicada en el diario EL CORREO el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

El fracaso de Argel

 

 

Preparar el inicio de los contactos oficiales llevó tres años ETA y el Gobierno conversaron durante tres meses en Argel en 1989

 

El primer paso para las conversaciones de Argel fue un accidente de tráfico provocado en 1986 en Arcangues, pequeña localidad vascofrancesa situada cerca de Bidart. El detonante que motivó la decisión de ETA de romper aquellas conversaciones fue una manifestación multitudinaria celebrada en Bilbao, a instancias del lehendakari Ardanza, el 18 de marzo de 1989. En medio, tres años de preparativos y atentados brutales convertidos en pulsos entre el Gobierno y la banda terrorista, que culminaron con tres meses de tregua acompañados de conversaciones sin resultado alguno.

 

El año 1986 comenzó con rumores sobre la supuesta voluntad de diálogo de los jefes de ETA y con las reuniones, celebradas en el mes de abril, entre representantes del PNV y de Batasuna, en Durango y Bergara, para hablar sobre esa posible negociación. A las autoridades francesas les llegaban los ecos de esos movimientos, pero carecían de información fiable acerca de lo que estaba ocurriendo, así que decidieron obtenerla de primera mano. Agentes de la PAF de Hendaya, a las órdenes del comisario Joel Cathalá, localizaron a Txomin Iturbe y, el 27 de abril, provocaron intencionadamente un accidente de tráfico al colisionar contra su vehículo. Lo detuvieron y lo llevaron a comisaría a fin de conversar con el entonces máximo dirigente etarra.

 

Tras aquel arresto, realizado por la PAF con intención de conocer lo que estaba ocurriendo dentro de ETA, Iturbe fue encarcelado en la prisión de Gradignan y condenado a tres meses de cárcel. En julio, tras cumplir condena, el dirigente etarra fue deportado a Gabón de donde se trasladó a Argelia. El país magrebí había mostrado en el pasado sus simpatías por la banda terrorista, tanto que en los años setenta había dado adiestramiento a más de sesenta miembros de las dos ramas de ETA y que, al menos hasta 1984, siguió dando formación en el uso de armas a los activistas de esta organización.

 

La presencia de Iturbe en la capital magrebí se convirtió en un foco de atracción de miembros de la banda terrorista. Hasta una treintena de etarras se refugiaron en Argelia enviados por los responsables de la organización para ponerlos a salvo de la persecución policial que Francia había comenzado a aplicar de manera efectiva y sistemática contra ETA.

 

El primer contacto de un enviado del Ministerio del Interior español con Txomin Iturbe tuvo lugar el 12 de noviembre de 1986. El enlace fue el abogado Jorge Argote, defensor de agentes de las fuerzas de seguridad, que tuvo un tormentoso encuentro con el dirigente etarra. Después pasarían por Argel mandos policiales como el comisario Manuel Ballesteros o el secretario de Estado para la Seguridad, Julián Sancristóbal.

 

Los contactos se interrumpieron en febrero de 1987 a causa de la muerte de Txomin Iturbe al caerse del tejado de un edificio de Medea que estaban habilitando como residencia para la colonia etarra, aunque el Gobierno argelino diría que fue un accidente de tráfico para intentar ocultar el alto número de terroristas a los que daba alojamiento. En julio, el Gobierno español accedió, como había pedido Iturbe antes de su muerte, a trasladar al dirigente de ETA Eugenio Etxebeste, 'Antxón', desde Ecuador, donde estaba deportado, a Argelia, para tener un interlocutor. El delegado del Gobierno en Euskadi, Julen Elgorriaga, fue el encargado de desbrozar el terreno con 'Antxón'.

 

Atentado de Hipercor

 

La actividad terrorista se intensificó en el año 87 ya que ETA tenía puesta su mira en las conversaciones que estaban gestándose en Argelia. Fue el año de atentados como el de Hipercor o el de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza. Un total de 52 víctimas mortales hicieron de 1987 el año con más personas asesinadas desde 1980. En febrero del año siguiente, cuando parecía que se empezaba a concretar la posibilidad de unos contactos oficiales, ETA, con ayuda de activistas del MIR chileno, secuestró en Madrid al empresario Emiliano Revilla y lo mantuvo retenido durante 249 días, lo que hizo que hasta finales de 1988 fuera un 'tiempo muerto' a efectos de las negociaciones.

 

El 8 de enero de 1989, ETA anunció una primera tregua de quince días, coincidiendo con la captura por parte de la Policía francesa de 'Josu Ternera' número uno de la banda. Ese anuncio hizo posible fijar la fecha de la primera reunión oficial, el 14 de enero, entre los representantes de ETA -Eugenio Etxebeste, Ignacio Arakama y Belén González- y los del Gobierno: el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y el delegado del Gobierno en Murcia, el socialista vasco Juan Manuel Eguiagaray.

 

Seis reuniones

 

Aquella fue la primera de una serie de seis reuniones desarrolladas bajo el patrocinio del Gobierno argelino. Las cinco primeras estuvieron dedicadas a revisar la historia reciente desde los años de la Transición. Fueron reuniones distendidas sin mayores complicaciones, en las que, por parte de ETA, sólo 'Antxón' tomaba la palabra.

 

El 22 de marzo, sin embargo, el ambiente cambió radicalmente. El representante etarra exigió el traslado a Argelia de varios dirigentes de la banda encarcelados en Francia, la creación de un foro de conversaciones entre el PSOE y HB y pasar a una fase de «negociaciones políticas». Cuatro días antes se había celebrado una manifestación en Bilbao convocada por el lehendakari Ardanza y la mesa de Ajuria Enea que había sacado a la calle a decenas de miles de personas para reclamar la paz. La dirección de ETA, desde Francia, valoró que aquella iniciativa era una bofetada a sus planes y endureció su postura.

 

Las exigencias de Etxebeste fueron rechazadas por Vera y Eguiagaray, a pesar de lo cual ETA sacó un comunicado el día 28 presentándolas como un acuerdo entre las partes. El Gobierno se negó a confirmar este supuesto acuerdo, lo que motivó un primer ultimátum de ETA que acabó con la ruptura de las conversaciones el 4 de abril. Tres días más tarde se reanudaban los atentados

 

 

Una información de Florencio Domínguez publicada en el diario EL CORREO el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

El intento infructuoso del PP

 

 

Una delegación del Gobierno Aznar se reunió en mayo de 1999 con 'Antza' y Belén González Peñalva. El único acuerdo fue fijar otra cita que jamás se produjo

 

El 3 de noviembre de 1998 el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, autorizaba públicamente por primera vez el inicio de contactos con ETA. La organización terrorista había decretado un alto el fuego indefinido en septiembre de ese mismo año y, dos meses después, el Ejecutivo del PP daba un paso al frente en el tablero del incipiente proceso de paz. Lo hacía influido por los más recientes acontecimientos -las declaraciones de portavoces etarras en la BBC, que aseguraban que «esta generación no volverá a coger las armas», o el encaje institucional de la izquierda abertzale tras las elecciones autonómicas del 25 de octubre-, pero también por el clima de esperanza que calaba cada vez más hondo en la sociedad española o por los tanteos previos de miembros del denominado MLNV, como el abogado Iñigo Iruin. Atrás quedaba en ese momento la primera reacción del entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, que, el 16 de septiembre, nada más conocerse el anuncio de tregua, advirtió de que podía ser una «trampa». El mismo mensaje que repetiría hasta la saciedad tras la ruptura del alto el fuego.

 

Pero en aquellos momentos, un año antes, nada hacía presagiar el desenlace y, pese a que Mayor nunca creyó en la tregua, el Gabinete Aznar manejaba la hipótesis de que ETA había asumido que su decisión era irreversible. Espoleado por la convicción de que si movía ficha la banda lo haría también, el presidente hizo públicas sus intenciones, una declaración que llevó a la organización a aceptar el contacto directo con el Gobierno, según admitió Mikel Albizu, 'Antza', en la reunión -infructuosa y meramente exploratoria- que tuvo lugar medio año después en Zurich, según la versión comúnmente aceptada, si bien diversas fuentes apuntan que los propios protagonistas reconocieron que la cita no tuvo lugar en esa ciudad y ni siquiera en Suiza.

 

Se celebrase donde se celebrase, el encuentro ha vuelto últimamente con fuerza a las primeras planas después de que el PP haya salido a la calle para manifestarse en contra del posible diálogo entre ETA y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y de que el propio Aznar haya negado que negociara con la banda y subrayado que su Ejecutivo sólo acudió a aquel encuentro a conmprobar si los etarras «estaban o no dispuestos a rendirse». El diario 'Gara' publicó inmediatamente el acta de la reunión redactada por los terroristas, según la cual uno de los interlocutores del Gabinete popular habría dejado claro que «no pensamos que se vayan a rendir, no venimos a la derrota de ETA». El PNV no ha perdido la ocasión de echar en cara al PP su incoherencia y el PSOE incluso ha editado un «'diario de la memoria'» que recopila las declaraciones de Aznar durante la tregua.

 

En aquel tiempo, los 'tira y afloja', los reproches y los recelos entre el Gobierno y la banda fueron una constante. ETA aspiraba, por ejemplo, a la intervención de un mediador extranjero, una exigencia a la que el Ejecutivo, sumamente reacio a 'internacionalizar el conflicto', siempre se negó. También provocó tensiones la filtración del encuentro que la delegación gubernamental que después repetiría interlocución en Suiza -el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos; el secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, y el sociólogo y asesor personal de Aznar Pedro Arriola- mantuvo en diciembre con los dirigentes de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Pernando Barrena, Rafa Díez Usabiaga y el mencionado Iruin en un chalé de la localidad burgalesa de Juarros. La noticia de la reunión se publicó poco después y llevó a EH a cancelar futuras posibles citas con el Ejecutivo.

 

Desconfianza mutua

 

En ese clima de desconfianza mutua -que determinaría ya desde el principio el fracaso de las conversaciones- se produjo el encuentro, el 19 de mayo de 1999, al que ambas partes llegaron sin ganas de implicarse a fondo, por diferentes motivos. Los contactos del Gobierno con ETA se producían de forma paralela al proceso de acumulación de fuerzas nacionalistas que había comenzado con la firma del pacto de Lizarra en septiembre de 1998, cuatro días antes de que se anunciara la tregua. De hecho, el alto el fuego fue posible por el acuerdo que la banda había alcanzado un mes antes con el PNV y EA y, desde entonces, se habían dado distintos pasos para establecer un frente soberanista, como el acuerdo parlamentario con EH que, justo la víspera de la reunión supuestamente celebrada en Zurich, había anunciado el lehendakari Ibarretxe. La estrategia de ETA pasaba en aquellas fechas por avanzar hacia la independencia mediante la acción unilateral del conjunto del nacionalismo y no a través de la negociación con un Ejecutivo que, por su parte, tampoco estaba dispuesto a hacer concesiones en materia de autodeterminación, territorialidad o salida de las fuerzas armadas de Euskadi, más allá del acercamiento y progresiva aplicación de beneficios penitenciarios a los presos. Además, por aquel entonces, la Policía había logrado infiltrar a un 'topo' en el 'comando Donosti', que propició la caída de esta célula en marzo de 1999 y permitió al Ejecutivo estar al tanto de los movimientos de la banda.

 

De hecho, la reunión, de poco más de dos horas y media, apenas pasó de la exploración mutua del terreno, con largas disgresiones dedicadas a la vía más idónea para hacerla pública, la seguridad, los canales de comunicación que podrían establecerse en adelante entre ETA y el Gobierno, la necesidad de no «repetir los errores» de Argel o los velados reproches de 'Antza' a Zarzalejos, Fluxá y Arriola por la detención en marzo de aquel año en París de José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri'. Le acompañaba Belén González Peñalva, 'Carmen' -hoy recién extraditada por Francia- que se limitó a tomar notas de lo que decían los otros cuatro interlocutores y un intermediario, papel que desempeñó el obispo de San Sebastián -entonces prelado de Zamora- Juan María Uriarte. Igual que en las conversaciones de Argel, donde también estuvo presente, González Peñalva no llegó a despegar los labios.

 

El único acuerdo al que llegaron las partes fue el de fijar una nueva cita en la que tanto la banda como los enviados de Aznar deberían aportar sus respectivas propuestas para «favorecer salidas», según sugerencia del obispo Uriarte. No obstante, el segundo encuentro jamás llegó a producirse porque los acontecimientos se precipitaron. A finales de agosto, ETA anunció su ruptura con el Gobierno, al que acusaba de «sabotear» las conversaciones y utilizarlas con fines policiales y electoralistas. En octubre la interlocutora 'Carmen' fue detenida en Pau cuando reclutaba nuevos miembros para la banda, que ya tenía decidido retomar la actividad armada y que así se lo había comunicado a PNV y EA en julio. Poco después, a principios de noviembre, el Gobierno hizo un último intento, por carta, de reiniciar el diálogo, con condiciones: el Ejecutivo se negaba a aceptar la nueva interlocución de la banda -'Ternera', 'Kubati' y 'Kantauri'- y limitaba la agenda a los presos y a la entrega de armas. Nunca llegó a producirse. Los terroristas anunciaron su decisión de volver a empuñarlas el 28 de noviembre y el artífice de la reunión de Zurich, 'Antza', impuso la estrategia de atentados contra cargos del PP y del PSOE y encabezó así una de las etapas más sangrientas de la banda.

 

 

Una información de Olatz Barriuso publicada en el diario EL CORREO el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

La izquierda abertzale tras ETA

 

 

Una sucesión de siglas ha representado a un magma político y social cuya garantía de cohesión ha sido siempre la banda terrorista

 

El 29 de noviembre de 1999, al día siguiente de que ETA anunciase la ruptura de su última tregua, Arnaldo Otegi leyó en nombre de Euskal Herritarrok una declaración que comenzaba así: «Seguimos manifestando que el proceso democrático nacional abierto sigue vigente». En su comunicado de ayer ETA anuncia un «alto el fuego permanente» cuyo objetivo sería «impulsar un proceso democrático en Euskal Herria». Estaba claro que, en 1999, para la izquierda abertzale oficial el «proceso democrático nacional» se situaba por encima del dato objetivo e inexorable de que ETA, un 'agente' en el conflicto, anunciara su regreso al asesinato. Es más, la decisión de la banda terrorista avalaba la necesidad de que el 'proceso democrático nacional' continuase hacia delante. El discurso de ayer fue exactamente el mismo. Una vez más, la lógica circular de la izquierda abertzale pivotaba en torno al dictado de ETA, fuese cual fuese su contenido.

 

Las palabras del presidente Rodríguez Zapatero, convencido de que nos encontramos «en el inicio del principio del fin», no son nuevas. La convicción de que la persistencia del terrorismo vasco iba contra los tiempos y contra toda lógica y la sensación de que HB era un globo pasajero que acabaría explotando por la propia acción de ETA ocupaba las páginas de una esperanza siempre incierta en los años 80. A comienzos de los 90, el entonces consejero de interior, Juan Mari Atutxa, se prodigó afirmando que «los presos no están por la lucha armada». PNV y EA se distanciaron del Pacto de Ajuria Enea confiando en que la izquierda abertzale sociológica se quedaría algún día sin la tutela de ETA. También por eso las frustraciones del pasado llevan a que nadie pueda estar completamente seguro de que esta vez será la definitiva. Entre otras razones porque la izquierda abertzale sigue nutriéndose del halo de misterio que rodea al terrorismo vasco: ¿cómo es que surgió ETA? ¿cómo logró transitar de la dictadura a la democracia? ¿cómo es que, a pesar de su ilegalización, han continuado movilizando electoralmente del orden de las 150.000 personas? y ¿cómo es que ETA sigue siendo un símbolo para los incondicionales y un tabú para toda la izquierda abertzale?

 

El logro más importante del terrorismo de ETA, conseguido asesinato tras asesinato y brutalidad tras brutalidad, ha sido la gestación de un entorno social compacto y sectarizado, que aún hoy constituye una 'sociedad dentro de la sociedad'. El germen de dicho entorno social fue apareciendo a medida que la espiral violenta arraigaba en el tardofranquismo. Euskadi Ta Askatasuna había surgido en el seno del nacionalismo como contestación generacional al desistimiento del PNV. El activismo de los jóvenes fundadores de aquellas nuevas siglas derivó en una utilización propagandística de una violencia que adquirió vuelo propio y acabó convirtiéndose en ideología. Tras el asesinato del guardia civil Pardines y la muerte de Txabi Etxebarrieta a manos de dicho cuerpo la espiral acción-represión-acción comenzó a adquirir una dimensión apreciable. Durante 1968 fueron más de 400 las personas detenidas. Pero para 1975, el año de la muerte de Franco, esa cifra se había multiplicado por diez. Cada día eran detenidas una media de quince personas en el País Vasco. Hasta la muerte de Franco, ETA había acabado con la vida de cuarenta y seis personas. Después multiplicaría esa cifra por veinte.

 

Ese incipiente movimiento, que desembocó en la actual izquierda abertzale, se gestó en el tardofranquismo y en especial en torno al Proceso de Burgos. La entonces llamada 'lucha antirrepresiva' constituía su caldo de cultivo fundamental. Se trataba de una identificación tangencial de importantes sectores de la población con el activismo etarra, aunque no se estuviera de acuerdo con sus métodos. Quizá por eso mismo los integrantes de ese movimiento inicial se mostraron perplejos ante el restablecimiento de las libertades. Ante las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, lo que luego actuaría con la denominación Herri Batasuna abogó por la abstención. Sin embargo, aquella consigna rupturista, establecida por ETA-militar, no obtuvo mucho más eco que la abstención técnica: un 23,58%. Las elecciones ofrecieron una alta participación y supusieron la recuperación social de la memoria histórica con la victoria de PSOE y PNV en Euskadi. Sin embargo, hubo dos hechos que propiciarían la perpetuación del discurso rupturista cuando la reforma parecía asentarse también en el País Vasco. Por una parte, la continuidad de ETA, que condujo a que los efectos de la amnistía durasen sólo unos cuantos días. Por la otra, el reinicio del éxodo interior, de la movilización permanente con la convocatoria de la Marcha de la Libertad. Las cuatro columnas de aquella singular iniciativa, que habían partido el 2 de julio de 1977 desde Zarautz, Gernika, Salvatierra y Lodosa, respectivamente, confluyeron el 28 de agosto en las campas de Arazuri. Telésforo de Monzón fue el encargado de redactar la declaración de aquel acontecimiento, y lo hizo en su habitual estilo agónico: «Nuestro pueblo sigue encadenado... Día a día nuevos nombres pasan a engrosar la lista de nuestros caídos... ¿Que el pueblo de Euskadi se exprese! ¿Que decida!».

 

MESA DE ALSASUA

 

Ese mismo mes se constituyó la llamada Mesa de Alsasua con la participación de ANV, ESB, HASI y LAIA en «defensa de la territorialidad de Euskadi, oponiéndose a que se constituya el Consejo General preautonómico sobre tres provincias, y proponiendo la demora de su formación hasta que el pueblo navarro tuviera cauces auténticamente democráticos para manifestar su opinión al respecto». La Mesa de Alsasua se convirtió en Herri Batasuna en abril de 1978 en esa misma localidad Navarra. A la coalición entre los citados partidos -ninguno de los cuales existe ya- se le uniría el 19 de octubre de aquel mismo año una Junta de Apoyo formada, entre otras personas, por el propio Telésforo de Monzón, el sindicalista Jon Idígoras, el mítico portero Jose Anjel Iribar, Francisco Letamendía 'Ortzi', el alcalde de Bergara José Luis Elkoro, Jokin Gorostidi o Patxi Zabaleta. Herri Batasuna lograría 149.685 votos en las elecciones generales de 1979 en Euskadi. Un resultado que se convertiría en el suelo electoral que la izquierda abertzale ha mantenido hasta nuestros días.

 

HB hizo suya la Alternativa KAS, una plataforma ideada desde ETA ante el advenimiento de la democracia y que, con la elección de las Cortes Constituyentes, se convirtió en la tabla argumental para insistir por parte de la izquierda abertzale en que aquello no era una auténtica democracia. La Alternativa KAS abogaba por la «amnistía entendida tácticamente como liberación de todos los presos políticos vascos», la «legalización de todos los partidos independentistas, sin rebajar sus estatutos», la «expulsión de Euskadi de Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo General de Policía» y un Estatuto de Autonomía que integrase a Navarra, contemplase el reconocimiento de la soberanía nacional y el derecho a la creación de un Estado propio e independiente.

 

ETA CONTRA EL ESTADO

 

Pero el magma representado por Herri Batasuna encontraba sus fuentes de cohesión interna en su particular vivencia de la espiral que ETA mantenía viva en su estrategia contra el Estado y el propio sistema democrático. ETA era la garantía última de esa cohesión. La fórmula de la coalición entre partidos daría paso a la constitución de una Mesa Nacional, cuya composición parecía siempre dictada por un poder ajeno a las asambleas de HB. Como ocurría en el propio seno de ETA, la continuidad o no de la 'lucha armada' era un tema tabú para las bases militantes de la izquierda abertzale. No se conoce documento alguno que sugiriera la puesta en cuestión del recurso a la violencia. Los contados casos en los que miembros más o menos significados de HB quisieron mostrar su distancia acabaron silenciados de inmediato.

 

Esta es la divisoria más importante que ha distinguido la trayectoria de la izquierda abertzale respecto al resto de la sociedad: su disposición a digerir cuantas barbaridades pudiera cometer la banda terrorista. Una divisoria que tuvo dos años cruciales: 1987 y 1997. En 1987 ETA perpetró la matanza de Hipercor, causando 21 víctimas mortales, y el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, asesinando a otras 11 personas. En julio de 1997, y después de una terrorífica serie de asesinatos de cargos públicos, ETA secuestró y asesinó al concejal popular Miguel Ángel Blanco. Con diez años de distancia, Barcelona, Zaragoza y Ermua representaron los jalones de una creciente reacción ciudadana contra el terrorismo de ETA. Pero aquellas mismas atrocidades, junto con el resto de asesinatos, generaron un fenómeno bien distinto en el seno de la izquierda abertzale: contribuyeron a anestesiar aún más a ésta, a garantizar su seguidismo respecto a la deriva etarra.

 

TECHO ELECTORAL

 

Herri Batasuna se convirtió en la plataforma electoral Euskal Herritarrok en septiembre de 1998, coincidiendo con la tregua anunciada por ETA y con la Declaración de Lizarra. La movilización permanente y el activismo con los que la izquierda abertzale había ido entretejiendo su 'sociedad dentro de la sociedad' cosecharon en las autonómicas de aquel año su récord: 223.264 votos. La izquierda abertzale había capitalizado en las urnas el intento de ETA de convertir su derrota en victoria mediante la concesión de una tregua que la ciudadanía vasca recibió con alivio y esperanza. Pero esa misma izquierda abertzale, que había ofertado una plataforma electoral amplia (EH) para disputar especialmente al PNV los frutos del alto el fuego no tuvo empacho en contraerse y dar paso a Batasuna en junio de 2001 para secundar así, con un cierre de filas absoluto, la ruptura de la tregua por parte de ETA. La persecución ideológica que continuó especialmente contra representantes públicos del PP y del PSE-PSOE dio lugar a la modificación de la Ley de Partidos y a la posterior ilegalización de la izquierda abertzale. Autodeterminaziorako Bilgunea, Herritarren Zerrenda, Aukera Guztiak representaron intentos frustrados para poder concurrir a los comicios locales y forales de 2003 y a las autonómicas de 2005.

 

En todos estos años HB primero, luego Euskal Herritarrok y Batasuna antes y después de su ilegalización han dibujado un movimiento pendular en su afán por mantener el protagonismo político y condicionar el futuro del País Vasco. El péndulo se ha movido entre la venganza histórica que los herederos de la primera ETA tratan de aplicar por momentos al PNV y la necesidad de «acumular fuerzas» en el seno de la comunidad nacionalista. Y se ha movido entre la implacable persecución contra las fuerzas constitucionalistas y su recurrente búsqueda de una línea de comunicación con el Gobierno de Madrid. Si la izquierda abertzale surgió como una réplica generacional frente al nacionalismo tradicional, su trayectoria ha terminado alienando buena parte del ideario nacionalista en la medida en que en el universo compartido por los abertzales, la violencia de ETA, pasó de ser el reflejo de un contencioso pendiente a convertirse en la razón última que explicaba la persistencia de dicho conflicto.

 

Telésforo de Monzón lo había argumentado así: «Si es el ruido de las campanas lo que molesta, es con el campanero con quien hay que hablar. ¿A qué esperan para negociar con ETA?». Lo dijo en los tiempos de la Alternativa KAS. Hasta la fecha, tampoco la Declaración de Anoeta ha dado lugar a un mínimo margen de autonomía de la izquierda abertzale respecto a ETA. Mientras esto no ocurra y el campanero continúe armado, hablar con él, bajo su tutela o sometidos a su vigilancia entrañará los peligros que nos revela el pasado.

 

 

Una información de Kepa Aulestia publicada en el diario EL CORREO el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

Más de 660 activistas de ETA están encarcelados en España y Francia

 

 

El Código Penal de 1995 y la reciente doctrina del Supremo sobre el caso de Henri Parot han endurecido las penas

 

BILBAO - ETA ha anunciado su renuncia a las armas con más de 660 activistas encarcelados con condenas firmes o en prisión preventiva. Los presos se han considerado siempre una de las cuestiones a abordar en una hipotética negociación entre el Gobierno y la banda terrorista. Desde las instituciones se ha reiterado históricamente el mensaje de que la democracia sería benévola con quien abandone la violencia. Para el dirigente de Batasuna Pernando Barrena resulta impensable que, con un proceso de paz en marcha, haya reclusos de ETA más allá de 2010 o 2020. Frente a estos mensajes, la opinión pública ha evolucionado hasta el punto de mostrarse más comprensiva con las concesiones políticas que con los beneficios penitenciarios para los terroristas.

 

Los presos de ETA se reparten entre centros penitenciarios de España (más de 500), Francia (150), México (5) y Gran Bretaña (1). Las cifras exactas bailan en función de la fuente. Al margen de excarcelaciones, nuevas detenciones o extradiciones, los datos que manejan en el Ministerio del Interior y en asociaciones de familiares como Etxerat no suelen coincidir. Mientras en Instituciones Penitenciarias los últimos registros hechos públicos, a mediados de 2005, contabilizan 544 presos de ETA encarcelados en centros de la península, en Etxerat se reduce la cantidad a 507. Algo parecido ocurre con los internos en las prisiones vascas de Nanclares, Basauri y Martutene: el Gobierno habla de 24 reclusos etarras, el doble de la contabilidad que lleva la asociación de familiares. Teniendo en cuenta uno u otro registro, la población etarra recluida en Euskadi no supera en ninguno de los dos casos el 5% del total.

 

Todos coinciden en que Madrid y Andalucía, así como el distrito central de París alojan en sus centros penitenciarios el mayor número de reclusos de la banda. En los tres casos se supera de forma holgada el centenar de internos. En ambas capitales, se debe a la necesidad de trasladar a los terroristas a la Audiencia Nacional o a los tribunales centrales de Francia por tener aún pendientes diferentes causas judiciales.

 

Desde 1988

 

La política de mantener diseminados a los presos etarras por diferentes centros penitenciarios comenzó a aplicarse en 1988, en la segunda legislatura de Felipe González. La decisión, consensuada con el PNV, buscaba un doble objetivo. Por un lado, rebajar la tensión en las prisiones donde permanecía el mayor número de miembros de la banda y evitar que se dieran situaciones similares a las de las cárceles norirlandesas, donde los terroristas mantenían continuos enfrentamientos con los funcionarios. Además, trataba de reducir el control de la cúpula etarra sobre los encarcelados y así favorecer su posible desvinculación de la banda y su ingreso en los programas de reinserción.

 

Todos los gobiernos desde entonces han mantenido esta política, sólo alterada, con ciertos matices, en momentos de tregua. Entre 1998 y 1999, el Gabinete Aznar acercó a más de 135 presos de ETA a prisiones cercanas a Euskadi y Navarra, en lo que se consideró el traslado de reclusos más importante en las dos últimas décadas. Desde entonces, ningún miembro de la banda en prisiones españolas cumple su sentencia fuera de la península.

 

La presión policial y las sucesivas caídas de comandos y dirigentes etarras han provocado una situación inédita en la historia de ETA. Los activistas con mayor historial delictivo se encuentran en prisión, mientras que los actuales jefes de la banda apenas tienen imputaciones.

 

El horizonte de los presos se ha complicado con los últimos cambios legales. El Código Penal aprobado en 1995 durante el Gobierno del PP endureció el cumplimiento de las condenas respecto a lo que se contemplaba en el anterior, fechado en 1973. La reforma eleva para los terroristas el plazo máximo de estancia en prisión hasta los 40 años, antes el tope estaba en tres décadas. Una modificación a la que hay que sumar la doctrina aprobada recientemente por el Tribunal Supremo al hilo del caso de Henri Parot, por la que la reducción de penas por buen comportamiento o por realizar estudios se descuenta del total de la sentencia y no del tiempo máximo de internamiento que prevé el Código Penal.

 

La interpretación de la ley efectuada por el Supremo, que obligará a revisar los casos de más de un centenar de reclusos de la banda, evitará que miembros de ETA con condenas de miles de años a sus espaldas no cumplan, en la práctica, más de 18 años de prisión. La cuestión ha saltado al primer plano justo en el momento en el que se aproxima la excarcelación de algunos de los terroristas con mayores condenas.

 

Las víctimas

 

Las víctimas del terrorismo se han convertido en un agente activo en relación con los presos. Desde las posiciones que defienden el cumplimiento íntegro de las condenas hasta las partidarias del diálogo, todas las asociaciones de damnificados por la violencia etarra mantienen la exigencia de la petición de perdón como condición previa para la concesión de eventuales beneficios penitenciarios. La ecuación de 'paz por presos' ha ido perdiendo apoyos en la opinión pública española, que se muestra más receptiva, según las encuestas, a las concesiones políticas.

 

Las asociaciones de familiares de presos aseguran que esta cuestión va a convertirse en «moneda de cambio» en una futura negociación entre el Gobierno y la banda, y recuerdan que Aznar ya señaló que el Ejecutivo español podría ser «generoso» con los presos si ETA abandona las armas de manera definitiva. El colectivo exige desde hace años el agrupamiento para evitar que los allegados realicen «miles de kilómetros» al año para visitar a sus reclusos. «Pedimos a los socialistas que acaben con este sufrimiento para los presos y sus familias», afirma Estanis Etxaburu, portavoz de Etxerat.

 

 

Una información de Antonio Santos publicada en el diario EL CORREO el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.

 

Los últimos de la lista

 

 

ETA los asesinó en Sangüesa con una bomba lapa adosada a su coche camuflado en mayo de 2003. Dos veteranos agentes del servicio de DNI rural cierran el listado del horror

 

SANGÜESA - Cuando los muertos por ETA se levanten, uno por uno, para recorrer las pesadillas de los pistoleros, los policías Julián Embid Luna y Bonifacio Martín Hernando serán los últimos en ocupar su puesto en la fila del espanto. A mediodía del viernes 30 de mayo de 2003, cuando sus cuerpos, sangrantes y mutilados, humeaban sobre los adoquines de la plaza de Santo Domingo, en Sangüesa (Navarra), nadie imaginaba que un día iban a ser los últimos de la lista.

 

Con su auto, el forastero recorre al azar las calles silenciosas de esta villa medieval. Busca un lugar al sol entre las iglesias de hermosos tímpanos y, sin pretenderlo, llega al lugar del atentado. Aparca entre el ruido universal de unas obras. La casualidad ha querido que, justo a la derecha del coche, asome una estela de piedra arenisca roja. Observa dos manos talladas con trazos infantiles que sueltan una paloma al aire. En la base se ven dos flores hundidas o arrancadas de la tierra. En el suelo hay restos de flores marchitas, gerberas y claveles, testigos de homenajes pasados. El visitante lee «Sangüesa en recuerdo a Julián Embid y Bonifacio Martín 30/5/2003». Cuando da la espalda al monolito ve escrito en grandes letras negras sobre una pared: Tanatorio de Nuestra Señora de Rocamador.

 

Una mirada limpia y serena sobrevuela el escenario tras los cristales. Antonieta Moreira Santos atiende el negocio familiar. ¿Pueden las líneas de una declaración de alto el fuego permanente disipar el horror, enjugar los peores recuerdos, decretar el estado de olvido? Antonieta cree que no. «Mi existencia cambió aquel día. Desde entonces tengo miedo a la vida», dice con su acento de melocotón. Tiene 22 años y recuerda como si acabara de vivirlo ahora mismo el estruendo y el humo, el olor del explosivo, el corazón acelerado, el destino incierto, las caras de los dos peritos que buscaban restos de los cadáveres entre las casas, sus guantes de caucho, la bolsita donde recogieron los restos de lo que en su día fue una mano.

 

La mano. José Luis Lorenzo estrecha la del visitante como si quisiera quedarse con ella. En Navarra, es una muestra de cordialidad. Y Lorenzo es un hombre cordial. Más que eso. Dos o tres veces por año, sin fecha fija, queda con las viudas de los policías, Carmen y Ana, en una cafetería de Pamplona. Para hablar. Para saber de ellas y de lo que queda de sus vidas, de las bodas de sus hijos, para saber cómo se las arreglan una vez que se han quedado a solas con su soledad. Aquel viernes fatal el hoy alcalde de Sangüesa visitaba una obra, a 50 metros escasos del lugar donde una bomba lapa reventó el 'Citroën ZX' de los policías nacionales del equipo de DNI rural. Lorenzo corrió a ayudar. Vió a Ramón Rodríguez sentado en el suelo, casi desnudo, cubierto apenas por jirones de ropa, mudo, tratando de incorporarse entre recortes de fotografías e impresos con huellas dactilares. «Se me quebraron las piernas», dice entre lágrimas. «Ví los cuerpos de los otros dos policías, destrozados... Y recuerdo a Ramón preguntando '¿y mis compañeros? ¿y mis compañeros?' Le mentí, le dije que es-ta-ban bi-en. Son-mo-men-tos mu-y du-ros», solloza. «Pienso que debía haber acudido a un psicólogo, pero uno siempre cree que es más fuerte de lo que es. Pero esto no pasa. No se supera nunca», dice. «¿De qué sirvieron aquellas muertes? De nada. Para destruir la vida de este pueblo. El terrorismo siempre siembra dudas».

 

La última conversación

 

Ramón Rodríguez, el tercer funcionario del equipo, salvó la vida de casualidad. Por retrasarse unos metros. María Luz Lozano es una limpiadora del Ayuntamiento y esta escena es imprescindible en su vida. Trajinaba entre cubos y fregonas en el palacio Valle Santoro (la Casa de Cultura, donde preparaban los documentos), cuando los policías, «que nos hacían bromas», recuerda, abandonaron el local. Con ella tuvieron su última conversación. Intrascendente, como suelen ser la mayoría de los sucesos imborrables. Que si acabo de fregar el suelo del baño, que mejor que no entréis... «Uno pasó. Y otro no entró, nos respetó. Fue el que quedó con vida», dice. La vida, los recuerdos, el azar, tejen estas curiosas redes de coincidencias, de explicaciones, argumentos y razones para tratar de arrojar sensatez a lo inexplicable.

 

A Ramón, el que no entró al servicio, todavía andan operándole. Cada cierto tiempo, como les sucede a algunos árboles, su cuerpo excreta trozos de cristal, restos de metralla, fragmentos de los parabrisas del coche reventado. Bilis de muerte. Y calla. Ramón Rodríguez guarda un pesado silencio. «Cuando pasó aquello dije que no hablaría y punto. Esto se queda para mí. Lo paso día a día, noche a noche. Pero yo solo», se defiende. La densa cortina no la traspasan los argumentos de la declaración ni las líneas leídas por una mujer con la cabeza tapada por un pañuelo y una boina. Ramón seguirá echándole de vez en cuando un vistazo a las fotos del atentado, las que le pasaron sus amigos de la Brigada Científica, con todo el horror detenido, capturado en los colores tétricos de la destrucción, el día que nació a una nueva existencia. Dicen que ahora se abre un horizonte de paz, pero Anabel Ortigosa, la viuda de Julián, y Mari Carmen Pérez, la de Boni, seguirán quedando en un local anónimo para echar un café y para hablar de sus cosas, de sus rencores, de sus soledades. «En el aniversario del atentado fui la única persona que les llamó. De aquello ha nacido una amistad. ¿Negociar? Ellas no están por esa labor. Aunque a mí la noticia del alto el fuego me produce mucha alegría», dice José Luis Lorenzo.

 

«Perdimos la ilusión»

 

¿Qué valor tuvieron aquellas muertes? ¿Para que han servido todas ellas? «Pa joder la parva», sintetiza en puro navarro Ángel Mari Juanto, el dueño de la tienda de pinturas situada frente al lugar del atentado y devastada por la onda expansiva. «Nos jodió a todos, la verdad. Los que estuvimos cerca sabemos ahora que lo que ves en televisión de Irak o Israel no tiene nada que ver con la realidad», reflexiona. «El atentado instaló la desconfianza en Sangüesa», resume María José de Oliveira, una brasileña sabia, de Río. «Antes la gente era más libre, más feliz. Yo aún lo vivo todos los días. Nuestra familia ha perdido la alegría, la ilusión...Y siempre queda el miedo -se sincera- a que pudiera volver a pasar otra vez». La declaración de ayer aleja por un tiempo incierto esos miedos posibles.

 

En Pamplona, en las afueras de la ciudad, al lado de chalés de autor, de esos que salen en revistas como 'Diseño interior', se levanta el cuartel del Cuerpo Nacional de Policía. Junto a una tapia, más allá del lugar donde se estacionan las furgonetas azules de las patrullas, hay un montón de hierros retorcidos y oxidados. Es el coche. Los asesinos no han podido ser identificados aún y el sumario por el doble homicidio sigue abierto. Así que el vehículo está allí, a la vista de todos los agentes, como un fatal recordatorio al lado de un montón de lavadoras viejas, calderines arrumbados y botes de pintura usados. Félix Valerio, un agente con 30 años de servicio, asignado a Subsuelo y compañero de Embid en la Brigada de Seguridad Ciudadana, conduce al visitante por los pasillos del cuartel.

 

-«Mira, ése era Julián», señala. Una fotografía del fallecido, del tamaño de un libro mediano, vestido con el uniforme se muestra en el despacho del comisario-jefe y es bien visible desde las escaleras.

 

Félix Valerio y Pablo Fernández hablan en un despacho de sus compañeros fallecidos, de cómo volvían cargados de pimientos y espárragos cuando iban a hacer carnés a la Ribera, de cómo callaban su condición de policías y lavaban las guerreras grises en las vacaciones o secaban las camisas con el emblema y la bandera en el salón, para que ni sus hijos supieran de su trabajo. Secretos. Compañeros de partida de Boni, merengue y jugador diario de garrafina (dominó a cinco) en el Vía Véneto de Pamplona, descubrieron que era policía cuando su foto apareció en los periódicos al día siguiente del asesinato.

 

«Ójala hayan sido los últimos. Siempre se dice lo mismo. Pero no nos lo creemos. Esa gente no lo va a dejar si no se les da lo que quieren. Antes que ellos hubo otros que eran los últimos y muchos otros antes», cabecea Valerio. Y el policía enseña una placa de mármol pegada a un muro con el nombre de 13 compañeros asesinados. El policía narra cómo, dónde y cuándo tuvo lugar cada muerte. Son cosas que no se olvidan nunca. «En la placa faltan los nombres de Bonifacio, que era del Batallón de Conductores, y de Julián: se iba a poner una placa nueva y no era cuestión...», dice Félix Valerio. Nombre y dos apellidos sobre el mármol. Letras y más letras. Argumentos, comunicados, razonamientos, declaraciones, palabras. Y tiempo. Pero ¿quién se atreve a hablarles de reconciliación a los muertos?

 

 

Una información de Julián Méndez publicada en el diario EL CORREO el jueves 23 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente el texto.