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22 de Marzo, 2006
Este es el
comunicado remitido por la banda criminal hace dos horas.
Euskadi Ta Askatasuna ha
decidido declarar un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo de
2006.
El objetivo de esta decisión
es impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para construir un
nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como Pueblo nos
corresponden y asegurando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo
de todas las opciones políticas.
Al final de ese proceso los
ciudadanos vascos deben tener la palabra y la decisión sobre su
futuro.
Los Estados español y
francés deben reconocer los resultados de dicho proceso democrático, sin
ningún tipo de limitaciones. La decisión que los ciudadanos vascos
adoptemos sobre nuestro futuro deberá ser respetada.
Hacemos un llamamiento a
todos los agentes para que actúen con responsabilidad y sean consecuentes
ante el paso dado por ETA.
ETA hace un llamamiento a
las autoridades de España y Francia para que respondan de manera positiva
a esta nueva situación, dejando a un lado la
represión.
Finalmente, hacemos un
llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas vascas para que se impliquen en
este proceso y luchen por los derechos que como Pueblo nos
corresponden.
ETA muestra su deseo y
voluntad de que el proceso
abierto llegue hasta el final, y así conseguir una verdadera situación
democrática para Euskal Herria, superando el conflicto de largos años y
construyendo una paz basada en la justicia.
Nos reafirmamos en el
compromiso de seguir dando pasos en el futuro acordes a esa
voluntad.
La superación del conflicto,
aquí y ahora, es posible. Ese es el deseo y la voluntad de
ETA.
Euskal Herrian, 2006ko
martxoan
Euskadi Ta
Askatasuna
E.T.A.
Declaración
de la banda criminal ETA el
miércoles, 18 de marzo de 2006. Por su interés informativo reproducimos
íntegramente el
texto. | |
Primera opinión sobre el mal llamado ‘Estatut’. Ajustada
como pocas, certera en su integridad. ¿Peor? Es imposible. El ‘Presidente
Accidental’ se ha cargado esta nación milenaria. Esperemos que pague por
ello.
La sesión de la Comisión Constitucional
de ayer 21 de marzo de 2006 hará Historia, puesto que es la primera vez que
las Cortes españolas consagran que Cataluña es una nación, reconociendo a la
vez un acto de soberanía del Parlamento catalán. El líder de CiU, Artur Mas,
fue quien mejor expresó lo que significa el Preámbulo del Estatuto y lo hizo
con efecto teatral. Primero, enseñó los ejemplares de los estatutos de 1932 y
de 1979 y después el texto aprobado ayer por la Comisión para
evidenciar que los nacionalistas catalanes han puesto una pica en Flandes. Si
algo quedó claro en el último debate en comisión del texto -que por lo demás
alcanzó gran altura parlamentaria-, es que el único partido que resta
trascendencia a la definición de nación que figura en el Preámbulo es el
PSOE. El resto, bien es verdad que por diferentes razones, considera que esto
es un punto de no retorno. Así lo advirtió con claridad Carod-Rovira al
quejarse de que el término nación no figure en el articulado: «Quizá lo que
hoy no quieren como nación, deberán aceptarlo como Estado».
Lo cierto es que con la
aprobación del texto en la Comisión Constitucional culmina el primer
trámite parlamentario del proyecto de ley más nefasto que han alumbrado las
Cortes desde la llegada de la democracia. Y no sólo porque representa -como
muy bien advirtió Eduardo Zaplana en una brillante y coherente intervención-
la ruptura de la «regla de oro» de la Transición, que era el consenso básico sobre
las reformas que afectan al modelo de Estado. Es que además abre un futuro
cierto de reivindicación y tensión permanente. El intento del PSOE de salir
del lío en el que se metió el presidente del Gobierno pactando el Estatuto
con Mas se ha saldado con un texto legal que es una especie de monstruo,
lleno de ambigüedades y de barbaridades jurídicas que empañan aún más el
horizonte. El texto aprobado ayer es nefasto para la convivencia y la
solidaridad entre los españoles, puesto que consagra privilegios de una parte
del Estado sobre el resto.
Y si el nuevo Estatuto es
desastroso por su contenido, otro tanto cabe decir de la operación política
que ha auspiciado su aprobación. Ni adrede se pueden hacer las cosas tan mal.
El texto sale del Congreso con menos consenso del que tenía, puesto que ERC
lo respaldó en el Parlamento catalán y ayer votó en contra. Por el camino, el
tripartito catalán se ha hecho trizas, el presidente Maragall ha perdido el
poco crédito que le quedaba, los españoles se fían cada día menos de su
presidente del Gobierno, se han avivado las tensiones internas dentro del
PSOE y el enfrentamiento entre las comunidades autónomas. El único ganador -y
no del todo porque hay división en CiU- es Artur Mas, a quien Zapatero ha
convertido en el líder que no era gracias a sus reuniones a solas para
propiciar la aprobación del texto, primero en el Parlament y después en el
Congreso.
Quizá el presidente del Gobierno
se haya asegurado el respaldo de los diputados de CiU en la próxima
legislatura, pero el precio que hemos pagado y seguiremos pagando los
españoles se antoja demasiado alto.
Editorial
publicado en el diario EL MUNDO el miércoles, 18
de marzo de 2006. Por su interés, elzapatazo.com reproduce íntegramente el
texto.
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El ‘Presidente
Accidental’ ha conseguido su ansiado y suplicado comunicado de la banda criminal
ETA declarando una ‘tregua’. Así lo ha anunciado el medio propagandístico de la
nada:
ETA ha decidido declarar un
alto el fuego que entrará en vigor este próximo viernes y que tendrá
carácter permanente. Así lo ha hecho saber en un mensaje remitido a esta
edición digital. ETA explica que el objetivo de esta decisión es "impulsar
el proceso democrático en Euskal Herria para construir un nuevo marco en
el que sean reconocidos los derechos que como pueblo" corresponden a
Euskal Herria y "asegurar de cara al futuro la posibilidad de desarrollo
de todas las opciones políticas".
Euskadi Ta Askatasuna ha
hecho público a las 12.30 de hoy un mensaje dirigido al pueblo vasco en el
que anuncia su decisión de proceder a un alto el fuego permanente a partir
del viernes, 24 de marzo de 2006.
En su mensaje, la
organización armada vasca explica que ha tomado dicha decisión para
"impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para construir un nuevo
marco en el que sean reconocidos los derechos que como Pueblo nos
corresponden y asegurando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo
de todas las opciones políticas".
Al tiempo, Euskadi Ta
Askatasuna afirma que, como resultado de ese proceso, "los ciudadanos
vascos deben tener la palabra
y la decisión sobre su futuro", mientras que los estados español y
francés "deben reconocer los resultados de dicho proceso democrático, sin
ningún tipo de limitaciones".
ETA incluye en su mensaje un
doble emplazamiento. Así, hace un llamamiento " a todos los agentes para
que actúen con responsabilidad y sean consecuentes ante el paso dado por
ETA", demandando explícitamente una respuesta positiva de las autoridades
españolas y francesas. Al tiempo, la organización armada solicita a los
ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria "que se impliquen en este proceso
y luchen por los derechos que como pueblo nos
corresponden".
Texto publicado en gara.net el miércoles, 18 de
marzo de 2006. Por su interés, elzapatazo.com reproduce íntegramente el
texto. | |
Rubalcaba negó que el Gobierno tuviese información sobre las
miles de muertes de inmigrantes ilegales acaecidas en aguas de Canarias. Ahora
el ministro Bono afirma haber informado al ‘Presidente Accidental’ y
a Alonso… ¿Cómo era aquello Rubalcana? Sí, los españoles no se merecen un
gobierno que mienta.
El Gobierno
alega que tuvo en cuenta la nota de los servicios de Inteligencia y que
prueba de ello son los más de 600 rescates realizados este año en aguas
canarias
FERROL/MADRID. El presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el ministro del Interior, José Antonio Alonso, y el
de Defensa, José Bono, fueron informados a finales del año pasado por el
Centro Nacional de Inteligencia de que entre 1.200 y 1.700 inmigrantes
ilegales podrían haberse ahogado en apenas 45 días por los naufragios de
barcazas en las que habían zarpado desde Mauritania con destino a las costas
canarias. El informe, según pudo saber ABC, no aportaba pruebas, sino que sus
conclusiones eran consecuencia de «análisis y especulaciones» a partir de
datos facilitados por distintas fuentes. Aunque sí sirvió para que la Guardia Civil
pusiera en marcha las primeras labores de control y vigilancia, según el
contenido de la nota interna que hizo pública el lunes.
Fuentes de la Presidencia del
Gobierno consultadas por ABC matizaron que el informe del Servicio de
Inteligencia llegó en diciembre a los responsables de Interior, quienes a su
vez se lo hicieron llegar al Instituto Armado. Como respuesta a esa
información, el subdirector general de Operaciones de la Benemérita, José Manuel García Varela,
elaboró la citada nota destinada al coronel jefe de la Zona de Canarias, con
instrucciones precisas en las que se ordenaba intensificar la vigilancia en
el mar por la situación en Mauritania. Además, se proponía una serie de
iniciativas para combatir el fenómeno, que tres meses después han sido
adoptadas por el Ejecutivo con carácter de urgencia, como la puesta en marcha
de patrullas mixtas o la construcción de centros de acogida en ese país. Esta
nota de trabajo fue la que se filtró a los medios de comunicación.
El primero que despejó cualquier
duda sobre la procedencia de las primeras informaciones que alertaban ya de
las dimensiones de la tragedia fue el ministro de Defensa, José Bono, al
advertir que se trataba de «una nota» perteneciente al CNI «que está
clasificada» y de cuyo contenido, por tanto, no podría «hablar sin cometer un
delito».
Palabra de Bono
Bono, que hacía esta precisión a
mediodía tras la entrega en Ferrol de la fragata «Méndez Núñez» a la Armada, dejaba así fuera
de toda sospecha la actuación de los responsables de la Guardia Civil, a
la que en principio parecía haberse atribuido el conocimiento primero de las
salidas masivas y los ahogamientos, y el no haber avisado de ello a los
responsables de Interior. Sin mencionar en momento alguno a la Benemérita, el
titular de Defensa fue rotundo al confirmar que el origen de los datos estuvo
en el Servicio de Inteligencia, como lo demuestra que fue el Centro el que sí
se encargó de darlo a conocer a quienes correspondía.
«Que se sepa que el CNI informa
a todas las autoridades que tiene que informar sobre aquello que sabe que son
asuntos de las competencias de las autoridades receptoras de su información»,
dijo Bono, utilizando un juego de palabras deliberadamente confuso, detrás
del cual se insinuaba la resposabilidad de Interior, depositario de las
competencias en materia de lucha contra la inmigración, pero al que en ningún
momento nombró. No quiso ir más allá. Una y otra vez, cuando se le preguntó
en público y después en los corrillos de periodistas sobre la gravedad de que
una advertencia como la que describe el informe no diera lugar a la adopción
de medidas de urgencia, el titular de Defensa insistió en que la ley le obliga
a guardar secreto. «He medido mucho mis palabras», subrayó.
El ministro más afectado, José Antonio Alonso,
eludió responder si conocía o no la información, y en cambio se extendió en
los incuestionables logros de las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra la
inmigración ilegal. La
Dirección General de la Guardia Civil, por
su parte, se limitaba a asegurar que, en efecto. había conocido esa
información a finales de año, aunque, de forma bondadosa, no explicaba cómo
había llegado a sus manos.
Fuentes de la Presidencia del
Gobierno consultadas por ABC despejaban anoche las dudas y ratificaban que el
informe primitivo fue el del CNI, «y tras ser distribuido entre los
ministerios afectados, entre ellos el del Interior, llegó a la Guardia Civil. La
respuesta de la
Benemérita fue la nota informativa ya conocida». Las mismas
fuentes precisaron que sí se tuvo en cuenta esa nota, como lo demuestra que
en lo que va de año los servicios de rescate hayan salvado la vida de más de
600 personas sólo en aguas de Canarias: «Creemos que ha habido diligencia»,
añadieron los citados medios, que añadieron que «el Gobierno siempre toma en
consideración todos los informes, sean clasificados o no».
Mientras, una delegación de la Guardia Civil,
formada por el general al mando de la Jefatura Fiscal
y de Fronteras, el coronel jefe del Servicio Marítimo y otro oficial, se
encuentra ya en Mauritania, donde estarán hasta el domingo para mantener
reuniones de trabajo con las autoridades de ese país, con el fin de diseñar
todos las operaciones de combate contra la inmigración ilegal.
Una
información de Laura L. Caro y Pablo Muñoz publicada en el diario ABC el miércoles, 18 de marzo de 2006.
Por su interés, elzapatazo.com reproduce íntegramente el texto
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Se ha consumado la ignominia. España ya no es España. Al
menos se ha dado el primer paso para su destrucción que se confirmará en unos
meses. Dedicaremos una especial atención a esta trascendente cuestión. Por el
momento va la noticia.
La Comisión Constitucional aprueba el texto con el rechazo de PP y ERC y con sólo
tres puntos de fricción entre el PSOE y CiU. Carod avisa: «Hoy no se reconoce
a Cataluña como nación; quizá mañana tengan que reconocerla como Estado»
Barcelona/Madrid- Después de
semanas de guiños y guiños a ERC, el presidente de la Generalitat, Pasqual
Maragall, se alineó ayer con los postulados del Gobierno y subrayó que no
cree «justificado el anuncio de votación negativa de ningún partido» a la
reforma estatutaria, en alusión a la decisión de sus socios republicanos de
rechazar el texto en las Cortes. Maragall, en un comunicado, admitió que ve
«rota» la unidad del tripartito y, por eso, pidió al presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, que convoque a los líderes del cuatripartito
(CiU, PSC, ERC e ICV) con el fin de recomponer un consenso en horas bajas
tras la última crisis en la
Generalitat.
En su foro interno, Maragall
está convencido de que Esquerra virará hacia el «sí». Así lo asegura el
círculo más íntimo de asesores del presidente. En este sentido, el titular de
la Generalitat
recordó en su alocución que Francesc Macià -presidente catalán de los años
30- aceptó la contrarreforma estatutaria del Estado, pese a que se recortaron
sustancialmente las ambiciones catalanas. Fue una referencia inequívoca a
ERC, ya que Macià era presidente del partido republicano. Por fortuna, las
convicciones de Maragall coinciden con los requisitos del Gobierno, ya que en
Moncloa juzgan «incompatible» la supervivencia del tripartito sin un «sí» de
Esquerra al Estatut. El PSOE no aceptará votos nulos ni abstenciones por
parte de sus todavía aliados independentistas.
Mientras el «divorcio» se
ventilaba en Barcelona, a eso de las tres y media de la tarde los leones de
la puerta principal del Congreso asistieron impertérritos a la foto oficial
que cerró el trámite del Estatut en el Congreso. La instantánea fue
consecuente con la realidad por la ausencia de los diputados del PP, fiel
reflejo del rechazo de los populares al texto. Pero también dejó la insólita
imagen del apretón de manos entre Artur Mas y Josep Lluís Carod-Rovira, sólo
unos minutos después de que ERC confirmara su anunciado «no» al proyecto
revisado por la Cámara
Baja y capitalizado como un éxito propio por CiU. Gestos
fotográficos aparte, la Comisión Constitucional aprobó la versión
definitiva del texto gracias a los votos de todos los partidos salvo los
mencionados y EA. El presidente de la Comisión, Alfonso Guerra, no se guardó ninguna
sorpresa final y eliminó los textos discordantes entre ambas delegaciones,
por lo que el documento que debatirá el Pleno del Congreso el próximo jueves
no incluirá los artículos referentes a las selecciones deportivas catalanas,
la circunscripción electoral de Cataluña en el Parlamento europeo y el ya
famoso traspaso de El Prat a la Generalitat. El PSOE confirmó que el hipotético
reparto de la gestión del aeropuerto se discutirá en un foro diferente,
aunque los partidos catalanes todavía pueden intentar forzar el escenario con
enmiendas en el Senado.
La de ayer era la última
oportunidad para la mayoría de los ponentes de hacerse un hueco en los
telediarios y crónicas periodísticas, así que todos intentaron colocar sus
«frases-resumen» aprovechando la excusa del debate sobre el preámbulo. Así,
Carod-Rovira justificó el rechazo «con todo el dolor del alma» de ERC al
Estatut en el 15% del texto que su partido no respaldó en las votaciones
parciales y que considera «fundamental». «Se daban las mejores condiciones,
pero España no quiere ser plurinacional. Hoy no se reconoce a Cataluña como
nación; quizá mañana tengan que reconocerla como estado» sostuvo el líder de
ERC, que quiso anticiparse a las consecuencias de su postura para el
tripartito -«que nadie nos castigue por defender lo mismo que el 30 de
septiembre»- y exigió a Artur Mas «un poco menos de arrogancia». El
interpelado utilizó la mayoría de su tiempo para destacar -otra vez- la importancia
del reconocimiento expreso de las Cortes a la «nación» catalana, y además
retó al PP a «subirse al tren que hoy se pone en marcha o quedarse en la
estación». El símil ferroviario hizo fortuna entre el resto de portavoces:
Eduardo Zaplana (PP) lo consideró «de vía estrecha y corto recorrido»,
mientras Joan Saura (ICV) se felicitó de que los populares lo compararan con
un convoy de Cercanías, «el que usa el 80% de los catalanes». También hubo
tiempo para la visión poética de Gaspar Llamazares (IU) -«este Estatut está
construido con el material imperfecto del que se hacen los sueños»- y la más
pragmática de Diego López Garrido (PSOE), convencido de que el texto cuadra
el círculo: «Es constitucional y no lesiona las pretensiones del Parlament».
Una
información de M. Pardeiro y E. Fuentes publicada en el diario LA RAZON
el miércoles, 18 de marzo de 2006. Por su interés, elzapatazo.com reproduce
íntegramente el texto.
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Miren por donde, la justicia ha parado la OPA más política de los
últimos años. Si una Oferta Pública de Adquisición se frena en un tribunal
debemos considerar la existencia de sólidos indicios de ilegalidad y esa
circunstancia es algo que algunos llevamos mucho tiempo afirmando. Un buen
paso, veremos como se presenta el desenlace.
La magistrada
encargada del caso considera que el pacto suscrito entre la compañía gasista
e Iberdrola podría ser ilegal. La decisión se hará efectiva una vez que
Endesa formalice en un plazo de diez días un aval por 1.000 millones
Madrid- Giro de 180 grados en el
proceso que sigue la
Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por Gas
Natural sobre Endesa el pasado 5 de septiembre. La operación puede atascarse
durante los próximos meses en un curso legal si, tal y como le pide la
justicia, la eléctrica presenta un aval bancario de 1.000 millones de euros
en los próximos diez días. Ésta ha sido la fianza impuesta por el Juzgado de
lo Mercantil número 3 de Madrid a Endesa para hacer efectiva su decisión de
suspender la opa de Gas Natural y el acuerdo firmado entre ésta e Iberdrola
sobre la venta de activos derivada de la fusión.
La magistrada Miriam Iglesias
Bravo, titular del citado juzgado, ha decidido estimar, así, las medidas
cautelares que la compañía eléctrica presidida por Manuel Pizarro solicitó el
pasado 25 de noviembre en la demanda que presentó ante los Juzgados de lo
Mercantil de Madrid contra la compañía gasista e Iberdrola, por considerar
que el acuerdo firmado entre ambas sobre la venta de sus activos era
contrario al artículo 81 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
El tribunal ha adoptado estas medidas cautelares tras considerar «razonable»
la hipótesis expuesta por Endesa sobre una concertación previa entre Gas
Natural e Iberdrola, dadas «la magnitud de la operación», su «complejidad
interna», las «especificidades de los mercados de gas y electricidad» y «la
concreción de las plantas y unidades de negocio» incluidas en el acuerdo
suscrito entre ambas. Según el auto, «no parece razonable que Gas Natural se
lanzase a acometer una operación de tamaña envergadura sin tener asegurado el
destino de esas plantas o unidades de negocio» como «vía para reducir la
cuantía final del esfuerzo».
La adopción de las medidas
cautelares pretende ser una solución preventiva para asegurar que la
sentencia definitiva no llegue demasiado tarde en el tiempo para la eléctrica
demandante.
El 54% del
beneficio de Endesa. Al ser condiciones previas a la
celebración del juicio, el juzgado necesita proteger también los intereses de
Gas Natural e Iberdrola por si la demanda de Endesa fuera, finalmente, desestimada
en el proceso judicial. Por ello, solicita la fianza de 1.000 millones de
euros para cerciorarse de que la compañía presidida por Manuel Pizarro será
solvente para afrontar las posibles demandas por daños y perjuicios que Gas
Natural e Iberdrola impondrían contra ella, en caso de ganar el juicio. Si es
Endesa la que gana el proceso, el citado importe le sería devuelto.
De momento, la compañía
eléctrica presidida por Manuel Pizarro «está estudiando con sus asesores
jurídicos el contenido y efectos de la resolución», según el comunicado que
envió ayer esta empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).
En el mismo, anuncia también que
su consejo de administración «se reunirá próximamente para analizar las
implicaciones del auto y decidir lo procedente».
Según ha podido saber LA RAZÓN, el próximo martes
día 28 la eléctrica tiene convocado un consejo de administración ordinario
que, previsiblemente, servirá para tomar una decisión sobre la presentación
del aval bancario requerido.
El asunto, desde luego, no es
fácil de dirimir. El aval bancario solicitado es el mayor impuesto en la
historia judicial española, y supone el 54% del beneficio operativo que la
compañía eléctrica obtuvo en 2005. La empresa, por tanto, tiene mucho que
arriesgar, ya que el depósito del aval no afectará al veredicto final que es
el que realmente puede enterrar la operación. Según fuentes judiciales, el
proceso podría acabar aproximadamente en dos meses, por lo que si Endesa
pierde el juicio, tan sólo habrá conseguido paralizar la opa unos 60 días y
tendrá que enfrentarse a serias demandas por daños y perjuicios. Si por el
contrario gana el proceso, la operación quedará suspendida de manera
definitiva y no habrá puesto el aval de 1.000 millones en riesgo.
Recurso de Gas
Natural. La compañía gasista, por su parte, advirtió ayer
a los consejeros de Endesa a través de un comunicado enviado a la prensa que,
si depositan la citada fianza, «podrían incurrir en responsabilidades
económicas relevantes al perjudicar a Gas Natural y también a sus propios
accionistas». Iberdrola, tercera protagonista, trata de mantener la calma.
Sus servicios jurídicos estudian el auto y fuentes de la compañía señalan que
esperará hasta que Endesa deposite el aval. Tanto Gas Natural como Iberdrola
podrán recurrir la adopción de las medidas cautelares ante la Audiencia Provincial
de Madrid, pero para ello sólo tienen cinco días. Endesa cuenta con diez para
presentar su aval, por lo que es probable que Iberdrola tenga que tomar una
decisión sin conocer si su rival presenta la fianza.
En todo caso, se trata de la
primera victoria judicial que obtiene Endesa en su campaña de defensa de la
opa y ya ha tenido sus primeros efectos. La CNMV suspendió ayer la tramitación de la oferta
a la espera de que la juez les comunique en los próximos diez días si Endesa
impone el aval y si, por tanto, debe parar la operación hasta que el juzgado
se pronuncie sobre el fondo del asunto.
Una
información de Ana I. Sánchez publicada en el diario LA RAZON
el miércoles, 18 de marzo de 2006. Por su interés, elzapatazo.com reproduce
íntegramente el texto.
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