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Una caja controlada por el PSE avala la fianza que el juez impuso a Usabiaga

Por Narrador - 20 de Marzo, 2006, 5:54, Categoría: Terrorismo

Luego afirman en el PSOE que no existe justificación para las acusaciones, más o menos explicitas, que les atribuyen cierta sintonía con el "entorno" de la banda criminal. Con noticias como la que seguidamente la conclusión es evidente.

El socialista Alonso defendió la operación en el consejo de Caja Vital. Argumentó la presunción de inocencia del líder de LAB y que los 100.000 euros están garantizados por un inmueble del sindicato    

        

VITORIA.- La comisión ejecutiva de la caja de ahorros de Alava (Caja Vital), presidida por el socialista Gregorio Rojo, ha concedido un aval de 100.000 euros al dirigente de LAB, Rafael Díez Usabiaga, para que haga frente a la fianza impuesta por el juez Fernando Grande-Marlaska y eluda la prisión en la causa abierta por los incidentes registrados en la huelga convocada por Batasuna y el sindicato abertzale el pasado 9 de marzo.

El órgano delegado del consejo de administración tomó esta decisión el pasado jueves 16 de marzo, el mismo día en que Díez Usabiaga compareció ante el juez de la Audiencia Nacional. Fue el vicepresidente segundo de la entidad, Juan Carlos Alonso (PSE), quien puso sobre la mesa la solicitud recibida y defendió su procedencia en base a dos argumentos: la legalidad de su concesión y la presunción de inocencia que, destacó, rige en todas las causas judiciales.

Como garantía del aval concedido, el dirigente sindical aportó las escrituras de una sede de LAB en Vitoria. Díez Usabiaga tramitó la solicitud con varios días de antelación al de su comparecencia ante Grande-Marlaska, en previsión de la petición de fianza que finalmente se ha producido. El líder sindical deberá hacer efectivo el depósito a lo largo de esta semana. El próximo jueves expira el plazo de siete días de que dispone, a contar desde su comparecencia, para entregar el importe requerido por el juez.

En su misma situación se encuentra el dirigente de la ilegalizada Batasuna, Pernando Barrena, quien debe depositar una fianza de 200.000 euros para eludir la prisión provisional.

Esta no es la primera ocasión en que Caja Vital, entidad gobernada por PSE y PP, tramita créditos o avales para organizaciones vinculadas con la izquierda abertzale. En junio de 2005, el consejo de administración trató la concesión de un aval de 54.000 euros al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK). La garantía no llegó a aprobarse debido a la oposición de los consejeros designados por el PP, a los que se sumó un representante socialista disconforme con la concesión de un crédito a la formación que sucedió a la ilegalizada Batasuna.

La petición del PCTV respondía a la necesidad de la formación de presentar un aval ante la Junta Electoral del País Vasco para que se le adelantaran 54.000 euros a cuenta de las asignaciones que le correspondían por los votos obtenidos en los últimos comicios autonómicos.

Criterios técnicos

En el consejo de administración, la solicitud contó con el respaldo de los representantes socialistas. Como ahora, los consejeros del PSE defendieron que, en la tramitación del aval, debían tenerse únicamente en cuenta criterios técnicos y financieros. Y, ante la certeza de que la entidad no correría ningún riesgo, apostaron por la concesión de la garantía.

En aquella ocasión, los representantes del PSE se toparon con la oposición de los populares, que aludieron a motivos «éticos y morales» y a la convicción de que el PCTV era la formación sucesora de un partido ilegal para negarse a aprobar el aval. Un consejero socialista inclinó la balanza a favor del no al abstenerse en la votación.

Precisamente este representante será sustituido por el PSE-EE en la próxima renovación del consejo, que tendrá lugar en unas semanas.

El rechazo a la concesión del aval del principal órgano de gobierno de la entidad fue acogido en aquel momento con gran malestar por los consejeros socialistas, y sobre todo por su presidente, Gregorio Rojo, que consideraron que una institución financiera no puede guiarse por motivos ideológicos.

Por otra parte, el juez Fernando Grande-Marlaska ha vuelto a citar para el próximo viernes al portavoz de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi y también ha llamado el miércoles a declarar al dirigente de esta formación Joseba Alvarez en relación con la convocatoria de huelga del pasado día 9 en el País Vasco y Navarra.

Con Alvarez son ya siete los representantes de la izquierda abertzale a los que el magistrado de la Audiencia Nacional ha citado como imputados, al considerarles inductores de los 108 actos violentos registrados durante dicha jornada de huelga, entre ellos la colocación de dos artefactos explosivos por parte de ETA.

El primero que tenía que haber comparecido la pasada semana ante Grande-Marlaska era Otegi, pero una bronquitis le permitió eludir esta citación durante la que, con toda probabilidad, se hubiera decretado su ingreso en prisión provisional, ya que la Fiscalía anunció días antes que pediría al juez la adopción de esa medida.

Una información de E. P. Iriarte publicada en el diario EL MUNDO el lunes, 20 de marzo de 2006. Por su interés, elzapatazo.com reproduce íntegramente el texto.