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El Entorno Etarrra Exige la Autodeterminación

Por Narrador - 6 de Octubre, 2005, 4:03, Categoría: General

LA RAZON

Rafael Díez Usabiaga, a quien Patxi ‘Nadie’ define como pieza fundamental del proceso de paz, se ha descolgado exigiendo una declaración formal al gobierno que en la practica significaría la aceptación de la autodeterminación del País Vasco. Es decir la alternativa ‘Kas’.

 

LA INFORMACION (19 de septiembre de 2005)

 

 

El secretario general del sindicato abertzale LAB, Rafael Díez Usabiaga, reclamó ayer al Gobierno una declaración "como la de Downing Street", en la que el Ejecutivo británico "reconoció que el futuro de Irlanda del Norte iba a recaer en la voluntad de sus ciudadanos". En una entrevista publicada en el diario GARA, Usabiaga señalaba que el proceso de paz abierto en España "necesita un catalizador" como la del Gobierno británico que, en su opinión, "fue como un abrelatas del proceso irlandés". "Aquí necesitamos también un catalizador de esa naturaleza, para que un proceso de negociación no nazca sobre el mero voluntarismo", añadió.

 

Según Usabiaga nos encontramos en los "preliminares de un proceso de diálogo y negociación política que tiene que estar bien anclado". En su opinión, una vez creados los "instrumentos de diálogo y negociación estables" es posible entrar en un "contexto de cierta irreversibilidad y que afecte a todas las partes en conflicto". Pero primero, si el PSOE "quiere tener credibilidad en un proceso de soluciones, debe neutralizar lo hecho anteriormente junto al PP contra este país y contra la izquierda abertzale".

En otro sentido LA RAZON dice que el camino hacia una negociación con ETA sigue su curso, a la espera de una declaración de tregua, y el Gobierno ha comenzado a definir el perfil del que sería su interlocutor ante la banda terrorista: una persona perteneciente al socialismo vasco, con amplios conocimientos del problema del separatismo y que tenga para la banda terrorista el suficiente nivel institucional.

 

Por otra parte, el secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, volvió a mostrar el rechazo de su partido a la decisión del Gobierno de impulsar un proceso de diálogo con ETA y criticó el "desmedido afán de protagonismo" del presidente José Luis Rodríguez Zapatero que, en su opinión, trata de "capitalizar en primera persona la negociación". "Zapatero no está dando ninguna explicación a los miembros de su Gobierno, ni a los miembros de su partido, ni al principal partido de la oposición", aseguró.

 

Y como a río revuelto ganancia de pescadores el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, condenado a siete años de prisión por el caso de los fondos reservados, ha vuelto a solicitar el indulto alegando que se está en una situación de "tregua" de ETA. Su abogado, Miguel Cid Cebrián, argumenta en la solicitud de indulto elevada al Ministerio de Justicia que "todo este ambiente favorable al proceso de paz y a la finalización definitiva del terrorismo en nuestro país proveniente de la citada organización, debe ser tenido también en cuenta para la resolución del presente indulto"

 

ARTICULOS DE OPINION (19 de septiembre de 2005)

 

 

“No es una película de indios y vaqueros”, Ignacio Sánchez-Cuenca. EL PAIS. Hace referencia al proceso de negociación Gobierno-ETA y asegura que ETA, en el pasado, siempre ha entendido cualquier concesión como un signo de debilidad del enemigo, pero la diferencia es que ahora el Gobierno no tomaría esa decisión bajo la presión de atentados mortales, sino justamente como consecuencia de la ausencia de muertos. Y además haría más difícil para ETA justificar ante sus bases un eventual retorno al asesinato. Cree que si ya es difícil que el Gobierno consiga afinar en todos los pasos que dé, habrá que contar además con interferencias varias: una escisión dentro de ETA, algún atentado imprevisto, filtraciones, actitudes desleales y obstruccionistas del PP o del PNV, un cambio de Gobierno, o cualquier otro factor que rompa el frágil equilibrio que pueda crearse entre ETA y el Estado y que permite el fin de la violencia. Señala que este tipo de procesos son siempre imperfectos. Se comente injusticias y humillaciones y se toman decisiones que en ausencia de terrorismo nunca se habrían adoptado. Sobre todo, las víctimas pueden sentirse traicionadas, de ahí que haya que darles el máximo apoyo.

 

“El final de ETA”, Jorge Trias Sagnier. ABC. Recuerda que Aznar hizo morder el polvo a todo el conglomerado que giraba y que sigue girando en torno a Batasuna. Esa lucha implacable que costó sangre, sudor y lágrimas, pero ahora conocen los batasunos lo que les esperaría si prosiguieran por el camino del terrorismo. Ahora Zapatero tiene en las manos la posibilidad de sellar la paz. ¿Cómo? Dando una salida política al nacionalismo vasco radical, pero nada más a cambio. El Estado que tiene la obligación moral de proteger a las víctimas, y la Justicia, cuyas sentencias deben ser cumplidas de acuerdo con las leyes, no pueden abdicar su dignidad.

 

“Algo se mueve”, Germán Yanke. ABC. Afirma que a pesar del entusiasmo del secretario general de los socialistas vascos, el mejor escenario para luchar contra ETA es aquel en el que se logra que, más que moverse, esté quieta. Quietos los pistoleros y quietas las ramificaciones de su actividad coactiva y su política totalitaria. Si se mueve, la banda está viva y quizá hasta consiga algo, incluso sin bombas, que a veces basta con la amenaza. Si se le obliga a estar quieta puede terminarse con ella.

 

“Rajoy tiene un grave problema”, Iñaki Zaragüeta. LA RAZON. Dice que el PP debería darse cuenta de que el deseo de la mayoría de los españoles es la desaparición de ETA y que para ello están dispuestos a flexibilizar posturas. El PP debe vigilar que el Gobierno no rompe las reglas del juego, que no vulnera las leyes y que no transgrede la Constitución. Además afirma que todo puede llevarse a cabo con el respeto total a las víctimas.

 

EL MUNDO

 

Lunes, 19 de septiembre de 2005

 

O LAS VENCEMOS O NOS VENCEN

 

Rosa Diez

 

 

Desde el día 7 de julio, tras los atentados perpetrados por el fundamentalismo islámico en Londres, se ha abierto en Europa un vivo debate sobre las consecuencias y los límites de las nuevas medidas de lucha contra el terrorismo.

 

El Consejo Europeo -y muy particularmente el presidente en ejercicio y primer ministro británico Tony Blair, así como su ministro del Interior Charles Clarke- lidera una posición que es a mi juicio la más pragmática y vanguardista, y que ha recibido el pleno apoyo del ministro del Interior, José Antonio Alonso. A su juicio, los poderes públicos tienen la obligación de promover y poner en marcha nuevos instrumentos para prevenir los atentados terroristas y derrotar la estrategia de las organizaciones responsables de los mismos y en consecuencia defienden la necesidad de tomar decisiones que permitan poner en marcha esas nuevas iniciativas. Decisiones que sólo los políticos pueden tomar, pero que afectan al conjunto de los ciudadanos, a su libertad y a su seguridad.

 

Frente a esta posición responsable y valiente, existe la de aquéllos que, apelando a la obligación de respetar las libertades individuales, plantean multitud de dudas sobre las nuevas propuestas, tales como la directiva sobre la Retención de Datos. Hay dudas razonables y que se plantean buscando lograr una mayor eficacia de la norma. Pero existen también planteamientos que de salir adelante harían inviable o inútil la propia norma sometida a debate. Pongo como ejemplo de tal sinsentido la petición de algunos diputados de que el Consejo acredite fehacientemente y a priori el éxito de las medidas que se pretenden poner en marcha. ¿Es ésa una exigencia razonable?

 

Como miembro titular de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, soy partícipe y testigo directo de las dos grandes sensibilidades en las que podríamos decir que ésta se divide a la hora de abordar estas cuestiones. Para simplificar se podría decir que un grupo de diputados está dispuesto a arriesgarse y actuar para defender los Derechos Humanos y las libertades, y otro grupo, en nombre de los mismos objetivos, está dispuesto a arriesgarse a no hacer nada. Lo diré de otro modo: quienes somos ciudadanos de países que han sufrido atentados terroristas estamos más que dispuestos a apoyar nuevas iniciativas que nos protejan del horror, porque sabemos que debemos hacer más de lo que ya hemos hecho y porque no nos queremos resignar a convivir con el terror. Y quienes viven en países que aún no han sido objetivo de los terroristas tienden a creer que escondiendo la cabeza debajo del ala nadie se fijará en ellos.

 

Es verdad que esta apreciación mía no aparece con tanta claridad en los debates. En los debates se argumenta siempre en torno a la necesidad de que las medidas que se adopten sean proporcionales con los objetivos que se pretenden conseguir, algo que, por lo demás, no deja de ser una obviedad, pero que a mi juicio esconde una especie de complejo hacia los terroristas, como si lo peligroso fueran las medidas democráticas y no los ataques y las organizaciones terroristas que combatimos con ellas. Otra cuestión sobre la que se insiste en cada debate es la exigencia de mantener el equilibrio entre seguridad y libertad, como temiendo que las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de todos pudieran menoscabar las libertades individuales.

 

El debate no es académico. Lo tenemos porque la democracia europea está amenazada por el terrorismo. Nuestro espacio de libertad, justicia y seguridad, que nos ha costado muchos años construir, en modo alguno está garantizado para las próximas generaciones. Por eso conviene aclarar algunas cuestiones que, para nosotros los españoles, resultan obvias, pero no lo son tanto para la mayoría de parlamentarios europeos, al margen de la familia ideológica a la que pertenezcan. Como dije antes, es muy común escuchar en la Comisión de Libertades voces que alertan sobre el riesgo de que las nuevas leyes que se promueven para luchar contra el terrorismo terminen por vulnerar los Derechos Humanos. Nuestra tarea consiste en explicar a quienes hacen esos planteamientos teóricos que llevamos años luchando contra el terrorismo precisamente para defender las libertades y proteger los Derechos Humanos de todos los ciudadanos. Y que es por ese imperativo moral y democrático por lo que necesitamos dotarnos de normas más eficaces para derrotar la estrategia terrorista.

 

Lo mismo cabe decir a todos aquéllos que se empeñan en reivindicar que la defensa de la seguridad no ponga en riesgo la libertad. Claro que seguridad y libertad son compatibles, pero lo son únicamente en democracia. Quienes lo hemos sufrido tenemos la obligación de explicar que no es posible vivir en libertad si no está garantizada nuestra seguridad. Hay ejemplos de sociedades en las que existe seguridad pero no existe libertad. Cualquier dictadura pasada o presente puede servir de referencia. Pero no existe ningún ejemplo de sociedades que disfruten de libertad real si sus ciudadanos no se sienten seguros. ¿Qué libertad tiene aquél que ha de mirar cada día bajo su coche? ¿O el que no puede moverse por determinados barrios de su propia ciudad? ¿O el que vive amenazado por escribir en contra del fundamentalismo oficial, ya sea este musulmán o nacionalista? ¿Qué modelo de sociedad libre es ésa en la que sus ciudadanos tienen miedo -y con razón- a utilizar determinados medios de transporte público?

 

Nos jugamos mucho en el debate político que hoy se está librando en Europa sobre las medidas de lucha contra el terrorismo. El Reino Unido, como España, sabe desgraciadamente lo que es el terrorismo; el doméstico y el fundamentalista islámico. Por eso pienso que juntos, británicos y españoles, debemos liderar en el Parlamento Europeo una posición valiente. El Parlamento debe asociarse a la iniciativa del Consejo Europeo y de la Comisión y actuar por la vía de la codecisión, asumiendo un protagonismo y una responsabilidad que le corresponde por ser el único foro elegido directamente por los ciudadanos europeos. En Newcastle se ha llegado al acuerdo de interpretar los tratados actuales desde el espíritu de la Constitución Europea, lamentablemente inédita, y dar al Parlamento esa oportunidad. Hemos de aprovecharla.

 

Las instituciones europeas en su conjunto tenemos la obligación de responder a la expectativa de los ciudadanos, que consideran el terrorismo como uno de sus principales problemas. Si no somos capaces de actuar colegiadamente, si ante el miedo no funciona La Unión Europea, los ciudadanos se preguntarán para qué sirve Europa. Y su desánimo y su desapego se sumarán al de aquéllos que ya han rechazado la Constitución. Por eso, defiendo que el Parlamento Europeo debe actuar con rigor, pero también con celeridad. Las medidas para proteger más y mejor las libertades de todos no pueden esperar. Luchamos contra el terrorismo, enemigo mortal de la democracia. Los terroristas no esperan, no tiene escrúpulos, utilizan toda su fuerza, toda la tecnología, todas nuestras debilidades, para atacar nuestras sociedades plurales. Ellos no tienen límites; nosotros, sí. Nosotros debemos defender los valores de nuestro sistema democrático haciendo hincapié en esos valores. Pero hemos de hacerlo sin complejos y sin tregua. Sabiendo que la mayoría de nuestros ciudadanos está dispuesta a comprender y apoyar medidas que supongan una cierta limitación de sus libertades durante un cierto periodo de tiempo, siempre que esa limitación no afecte a la igualdad, siempre que, en palabras de Gustavo Le Bon, «todos los ciudadanos sufran la misma ofensa». Y siempre que esas medidas estén sometidas al control democrático. Esa es nuestra tarea y hemos de acometerla. Porque, como decía el poeta, no se puede pactar con las dificultades; o las vencemos o nos vencen. Y no creo que podamos permitirnos dejar esa herencia de resignación y derrota a los futuros europeos.

 

 

Rosa Díez es diputada del PSOE en el Parlamento Europeo.