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El Entramado Batasuno Exige el Acercamiento de los Presos

Por Narrador - 29 de Septiembre, 2005, 6:56, Categoría: ¿Se Negocia con ETA?

Por si acaso había alguna duda he aquí la versión del bando batasuno.

DEIA

Viernes, 16 de septiembre de 2005

GALLIZO REITERA A AZKARRAGA QUE NO HABRÁ TRANSFERENCIA DE PRISIONES 

José Luis B. Benayas

El consejero expuso sus quejas en la reunión para abordar la situación de Nanclares 

Madrid - El consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, se reunió ayer durante dos horas con la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. El encuentro estaba previsto para abordar la situación de la prisión de Nanclares de Oca, en Araba. Azkarraga aprovechó la reunión para solicitar de nuevo el reagrupamiento de presos y pedir al Gobierno español que transfiera Prisiones a la CAV.

El titular vasco de Justicia juzga «muy preocupante» el fallecimiento de seis reclusos en la prisión de Nanclares. Pese a agradecer a Gallizo las medidas que desde el Gobierno se están tomando, manifestó que la situación tiene que ver con «el proceso de transferencias». «No se pueden ver de forma independiente lo que pase en Nanclares y el cumplimiento de la ley», dijo.

Azkarraga destacó en rueda de prensa que no entiende, que «habiendo sido juez» el ministro de Interior, José Antonio Alonso, «ignore la ley de forma flagrante», en referencia a la transferencia de prisiones, recogida en el Estatuto de Gernika, que a su vez es una ley orgánica. El consejero vasco también habló de la posición «mezquina» de Alonso, al preguntar éste el día anterior a los diputados vascos si le concedían más importancia a las muertes de Nanclares o a las transferencias.

«Nos importa Nanclares y nos importan las transferencias, y nuestra obligación es solicitarlas», replicó enfadado Azkarraga en Madrid, quien pidió al ministro que no «escamotee sus responsabilidades con insultos». El consejero, además, vinculó que se transfiera Prisiones y se reagrupe a los presos con la posibilidad de «humanización del conflicto», que prevé «largo».

Para él, el avance hacia la solución es imparable. «Si queremos dar pasos en este momento político nuevo, tenemos que darlos todos», explicó. En este sentido, Azkarraga hizo constar varias quejas, como la falta de discreción en un proceso como éste, la «judicialización» de la vida política, -en referencia al paso de Rafael Diez Usabiaga por la Audiencia Nacional-, o el trato no igualitario para los presos.

Por su parte, la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, dedicó parte de su comparecencia posterior al encuentro a describir las acciones del Gobierno en Nanclares de Oca. En concreto, el «plan de choque» para la prisión alavesa consiste, en palabras de Gallizo, en la revisión del plan de prevención de suicidios o en la mejora de las condiciones de habitabilidad.

GARA

Viernes, 16 de septiembre de 2005

GALLIZO DEFIENDE EL MANTENIMIENTO DE LA DISPERSIÓN «PARA PROTEGER A LA SOCIEDAD»

Además de rechazar el traslado de los presos políticos vascos a Euskal Herria, la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, defendió el mantenimiento de la dispersión porque «tenemos la obligación de proteger a la sociedad, y la dispersión favorece el control de esos presos e impide que continúen con su actividad». Incluso, afirmó que es «necesario» aplicarla «en todos los centros del Estado español». Estas declaraciones las realizó tras la reunión que mantuvo con el consejero de Justicia de Lakua, Joseba Azkarraga, quien abogó por «humanizar el conflicto».

MADRID - Mercedes Gallizo, directora general de Instituciones Penitenciarias, rechazó de manera tajante poner fin a la dispersión. Durante la reunión que ayer mantuvo por espacio de más de dos horas con Joseba Azkarraga, consejero de Justicia de Lakua, Gallizo salió en defensa de esta política y expresó su negativa al reagrupamiento de los prisioneros políticos vascos en aras a «proteger a la sociedad».

«Tenemos la obligación de proteger a la sociedad y la política de dispersión favorece el control de esos presos e impide que continúen con su actividad delictiva», insistió. Es más, la directora de Instituciones Penitenciarias aseguró que es necesario aplicarla a lo largo y ancho del Estado. En este sentido, señaló que la estrategia de su Dirección General «no es de alejamiento de ningún interno de su lugar de origen; pero sí de dispersión en todos los centros del Estado español».

Estas declaraciones van en consonancia con lo que ya dijeron el miércoles los ministros de Interior y Justicia, José Antonio Alonso y Juan Fernando López Aguilar, respectivamente. Durante la sesión de control del Senado y en respuesta a un senador del PP, Alonso aseguró que «el Gobierno no tiene intención de introducir cambios en la política penitenciaria», negando de esta manera la repatriación de los presos vascos.

López Aguilar se expresó en términos similares en el Congreso de los Diputados al asegurar que el Ejecutivo de Zapatero «no va a mover ni un ápice la legislación penitenciaria, ni la penal ni la procesal en materia antiterrorista».

La transferencia de la competencia de prisiones también estuvo presente en la reunión entre Azkarraga y Gallizo. Al igual que hiciera Alonso la víspera, afirmó que «no hay ninguna previsión por parte del Gobierno» de transferirla a la CAV «ni a ninguna otra comunidad», ya que la Administración española la está ejerciendo «con rigor y eficacia». Cabe recordar que Catalunya sí tiene transferida esta competencia.

Las peticiones planteadas por Joseba Azkarraga, por tanto, quedaron en nada. En la comparecencia que realizó después del encuentro, demandó el acercamiento de los presos para «humanizar» el conflicto en el momento político actual.

«Si queremos dar pasos en este momento político, tenemos que darlos todos», remarcó. Tildó el proceso de «imparable, largo y complejo», pero advirtió que debe basarse en una discreción que «desgraciadamente no todos tienen».

También habló sobre la situación de los presos enfermos y exigió a Gallizo un trato igualitario «cualquiera que sea su delito o ideología». Así, se preguntó «por qué Galindo o Vera pueden salir en libertad y otros presos en igual de condiciones, sean de ETA o no, no reciben un tratamiento idéntico».

Respecto a la negativa del Ejecutivo a traspasar la competencia en materia penitenciaria, cuestión de la que en los últimos días se han pronunciado representantes políticos e institucionales, Azkarraga mostró su decepción porque «alguien que ha sido juez [en alusión a José Antonio Alonso] ignore la ley de forma tan flagrante».

Alegó que el Estatuto de Gernika es ley orgánica y denunció que lleva 25 años sin cumplirse. En esa línea, criticó que el Gobierno se escude en que esta competencia «no está madura» o que «no es el momento político oportuno» para ser transferida, y resaltó que el Estatuto de Gernika «tiene que aplicarse, haya o no terrorismo».

Incidió en que Lakua «no puede aceptar» esa posición que mantiene Madrid, que, según denunció, «se salta la ley a la torera sólo por razones estrictamente políticas y no jurídicas». Agregó que esta posición hace a Lakua «desconfiar del talante y la sonrisa fácil».

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, reiteró las declaraciones efectuadas por el ministro de Interior. «José Antonio Alonso fue muy claro ayer [por el miércoles]. No hay cambios en la política penitenciaria aunque el señor Zaplana se los quiera in- ventar», remarcó Rubalcaba.

Acto seguido, volvió a dejar clara la postura de su partido acerca del fin de la dispersión: «No va a haber cambios, no los ha habido de hecho».

Buen: «Crea sufrimiento»

El secretario general del PSE de Gipuzkoa, Miguel Buen, reconoció que la dispersión crea «sufrimiento» en los familiares y manifestó que esto habría que evitarlo, pero que se debe impedir que «ETA tenga comandos en las cárceles».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, señaló que el titular de Interior «tendrá sus razones para hacer esa afirmación. No seré yo quien le contradiga. Otra cosa es que los tiempos, los momentos y las circunstancias en cada momento y en cada tiempo puedan ser distintas y en el momento actual esa afirmación pueda tener esa rotundidad y tener toda la argumentación para ser así de rotunda. Quizá en otro tiempo distinto, esa afirmación no tendría que ser tan rotunda».

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, dijo que la dispersión se debe mantener «hasta que pidan perdón por sus crímenes», y se felicitó de haber sido «el ministro que dispersó a los presos de ETA. Yo fui».

Por otra parte, por los derechos de los presos, 75 personas se concentraron en Eibar, 45 en la Txantrea y 16 en Donibane.

Respuesta del PNV, Batasuna, EB y Aralar a Gallizo y Alonso

El presidente del EBB, Josu Jon Imaz, calificó de «profundo error» la postura del ministro de Interior respecto a los presos y agregó que la «humanización» de la política penitenciaria «no es objeto de negociación». «Es evidente que los presos han cometido delitos y tienen una pena de prisión por haberlos cometido pero, por muy graves que sean esos delitos, su padre, su madre, su hermana no han cometido ningún tipo de delito; y que esas personas tengan que desplazarse mil kilómetros en ocasiones para visitar a un familiar está atentando contra los derechos de esas personas que no han cometido ningún delito», manifestó en declaraciones a Euskadi Irratia. Añadió que el Gobierno de Zapatero, «sin ningún tipo de condicionante», tendría que dar respuesta a una «humanización» de la política penitenciaria.

Para Batasuna, Alonso y Gallizo «hacen apología de ese escenario de no soluciones, que no se corresponde en absoluto con la voluntad de la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca». Por ello, consideró «graves y escandalosas» las declaraciones hechas por ambos. Subrayó que «impulsar la dispersión es impulsar la conculcación de derechos fundamentales de EPPK». El coordinador general de EB, Javier Madrazo, dijo que la no transferencia de prisiones es un «auténtico despropósito y desprecio a la sociedad y al propio Estatuto de Gernika».

En opinión del vicecoordinador de Aralar, Mikel Basabe, lo dicho por José Antonio Alonso «está fuera de sitio» porque los presos «tienen derechos y entre ellos está la reinserción, que es mucho más fácil de lograr si están en Euskal Herria».

DEIA

Viernes, 16 de septiembre de 2005

PRESOS Y COMPETENCIAS 

Editorial

Que los presos, tanto como agentes pasivos, como activos, van a jugar un papel trascendental en el desenlace del llamado conflicto vasco es algo que no se le escapa a nadie. Que ya sean objeto de debate puede ser interpretado, por lo tanto, como un síntoma de que ese desenlace ya se está desencadenando, aunque sea más probable que estemos más bien ante una maniobra preliminar de toma de temperatura, como suelen decir los políticos. De momento, ya se pueden extraer algunas conclusiones. Por ejemplo, la consideración que tiene el PSOE de ese Estatuto que tanto dice defender. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, el miércoles, y la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ayer, proclamaron que no habrá ninguna novedad en la política penitenciaria del Gobierno español, lo que implica que ni acercará a los presos, ni tiene la menor intención de transferir la competencia sobre prisiones que viene fijada en el artículo 10 de dicho Estatuto.

Si alguien albergaba todavía alguna duda respecto a la sinceridad del PSOE cuando defiende el actual Estatuto, el ministro y la directora general le habrán aclarado las cosas suficientemente. Aducen algunos dirigentes socialistas que dejar las cárceles en manos de Ibarretxe (Fernández de la Vega dixit) significaría poco menos que la salida por la puerta de atrás de no pocos presos de ETA. Afortunadamente no todos piensan así, y voces tan autorizadas como la de Miguel Buen ya se atreven a sugerir que en otro escenario, la rotunda negativa del ministro Alonso podría matizarse al menos en aras de evitar un sufrimiento innecesario a los familiares de los reclusos. Ninguna referencia, sin embargo a los derechos de los presos, que los tienen a pesar de que el defensor del pueblo español Enrique Múgica, opine lo contrario. Rodríguez Zapatero, que en tantas materias se ha desmarcado de su antecesor en la Moncloa, sigue sin embargo uncido al yugo de un Pacto Antiterrorista que el PP proclama roto pero que sigue siendo el manual del Gobierno socialista en la materia. Advierte además de que el proceso será largo, difícil y duro y pide prudencia a unos y otros, postura perfectamente comprensible para un presidente a quien la oposición, con toda su panoplia de medios de comunicación y asociaciones diversas, está hostigando como si las puertas de las cárceles ya estuvieran abiertas, y que, sin duda, tendrá que mantener equilibrios y resistir presiones dentro de sus propias filas.

GARA

Viernes, 16 de septiembre de 2005

CONCULCAR DERECHOS CON FINES POLÍTICOS

Editorial

En los dos últimos días altos cargos del Gobierno, como el ministro de Interior y la directora de Instituciones Penitenciarias, y del PSOE, como su portavoz en el Congreso de los Diputados, han asegurado con tono firme y decidido que van a mantener la actual política penitenciaria y que no transferirán la competencia de prisiones al Gobierno de Lakua. Con ambas afirmaciones, Gobierno y PSOE vuelven a dejar constancia grabada y escrita de aquello que por sus hechos miles de ciudadanas y ciudadanos vascos conocen en la práctica: que hacen uso de la conculcación de derechos y del incumplimiento de las leyes con fines políticos. Diríase que mantienen una estrategia político-militar.

Que la Comunidad Autónoma Vasca tiene la «competencia exclusiva» en la «organización, régimen y funcionamiento de las instituciones penitenciarias» viene literalmente recogido en el artículo 10.14 del Estatuto aprobado hace ya más de un cuarto de siglo. Que esta competencia estuviera transferida, podría ayudar a mejorar la actual situación de las cárceles vascas que, como se comprueba de manera luctuosa en la de Langraitz, no cumplen las mínimas condiciones ni en cuanto a instalaciones ni, en buena medida, en cuanto a su personal. Sin embargo, también es preciso constatar que la transferencia de la política penitenciaria no supone un cambio ni de las leyes de excepción ni de las duras consecuencias que éstas tienen para independentistas vascos. Pero el hecho de que el Estado se niegue a cumplir un aspecto tan claro de una ley orgánica en función de su estrategia política demuestra que en su actuación prima el principio de que el fin justifica los medios.

Pero más grave aún que la no transferencia de la competencia es el empecinamiento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en mantener una política penitenciaria de castigo contra los presos políticos vascos y sus allegados. No es sólo la dispersión, sino la continua conculcación de otros de sus derechos más elementales, incluidos los malos tratos en traslados o el mantenimiento durante años en situaciones de aislamiento insoportables. De esta forma, para el Ejecutivo español y el PSOE, la violencia ejercida contra las presas y presos políticos vascos es un elemento de chantaje y presión para quebrar su ánimo individual y su determinación colectiva. Con el agravante de que la historia de los últimos años ha demostrado que es un castigo tan cruel como inútil, pues no ha conseguido los objetivos que se propuso. Mal camino para ir a nuevos tiempos.