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Hernando defiende el papel del Supremo como "único intérprete" del ordenamiento jurídico

Por El Observador - 26 de Septiembre, 2005, 4:50, Categoría: General

Ayer les ofrecimos la intervención íntegra de Conde-Pumpido en la apertura del año judicial. Hoy añadimos la del Presidente del Tribunal Supremo que se opone a uan justicia autonómica que no llegue al Supremo. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, reclamó ayer, con motivo de la apertura del año judicial, que se dote a la jurisprundencia de una mayor fuerza vinculante para con los jueces y con los tribunales, lo que evitaría, a su parecer, "la constatable presencia de resoluciones judiciales contradictorias en España" y la progresiva deslegitimación de la Justicia ante los ciudadanos. En su discurso, Hernando se refirió al Tribunal Supremo como el instrumento más perfecto y el único garante de la unidad en la interpretación de la Ley con la que cuenta el Estado de Derecho.

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO EN ACTO DE APERTURA DE TRIBUNALES

Martes, 13 de septiembre de 2005

Majestad:

Un año más la Justicia española se honra con Vuestra presencia en este solemne acto de apertura de Tribunales. Sabéis, Majestad, que para nosotros es un acto de especial significación. Estas mis primeras palabras deben ser, por tanto, de saludo y agradecimiento.

El año recientemente transcurrido ha sido complejo para nuestra Justicia. No sólo ha seguido aumentando la litigiosidad como en los años anteriores, y ganando en complejidad, sino que, como los ciudadanos en su conjunto, hemos tenido que adaptarnos a unas transformaciones sociales que se suceden a velocidad de vértigo y a un orden, tanto nacional como mundial, sujetos a fuertes tensiones, y que, en ocasiones, han exigido respuestas procedentes del Poder Judicial español.

Permitidme por ello, Majestad, que desde aquí felicite a Jueces y Magistrados por el intenso esfuerzo desplegado en el año que concluye. Un año en el que hemos hecho frente a aquel aumento de la litigiosidad con un incremento significativo de nuestra capacidad de resolución; una capacidad de esfuerzo y decisión que ya en los ejercicios anteriores se encontraba en cabeza de los Poderes Judiciales del mundo. De hecho, el año recientemente concluido los Jueces y Magistrados de España resolvieron más asuntos de los que entraron, lo que ha supuesto una reducción de los asuntos pendientes.

Quiero dar por otra parte desde aquí la bienvenida a cuantos compañeros se han incorporado a la carrera judicial en este año. Como les dije en el acto de entrega de despachos, han optado por el desempeño de una de las funciones más complejas pero también más elevadas y formativas que pueden ser arrostradas por cualquiera. Quiero también, cómo no, despedirme de aquellos compañeros que han alcanzado la jubilación y el merecido descanso, y felicitarme por el lujo que para los ciudadanos y para todos nosotros comporta el poder beneficiarnos del trabajo de todos aquellos otros que han pasado a la condición de Eméritos.

Nos invade, por otra parte, el dolor por el fallecimiento de algunos de nuestros queridos compañeros. Para todos los fallecidos nuestro más afectuoso recuerdo, y para sus familias un cálido abrazo.

Es tradición antigua, Majestad, que estas palabras no se limiten a ser una dación de cuenta del ejercicio concluido o una exposición del contenido de la Memoria, sino que, aprovechando la solemnidad que nos otorga Vuestra presencia y la del Pleno de este mismo Tribunal Supremo, así como de lo más relevante de la comunidad jurídica de España, se detengan en alguna de las cuestiones del mundo del Derecho que se estiman de mayor interés en cada momento.

Deseo por todo ello referirme hoy a un área en la que las posiciones de los juristas están importantemente polarizadas y donde existen escasas posibilidades de concertación. Con todo, se trata de un terreno que se revela crucial para los ciudadanos, para su seguridad jurídica, para su igualdad ante la ley... y que resulta fundamental para el desarrollo económico de nuestro país. Se trata de un área de parte de la cual a poco que agucemos nuestros oídos nos llegarán reiterativas demandas de transformación. Por eso, pese a sus dificultades, creo llegado el tiempo de ocuparnos, desde el Poder Judicial, de esta cuestión.

Me quiero referir en estas palabras al Tribunal Supremo. A nuestro máximo órgano jurisdiccional. Al único garante, desde luego, de la unidad en la interpretación de la ley, pero también al custodio de la igualdad sustancial de los derechos fundamentales de los ciudadanos; al instrumento más perfecto con el que contamos en garantía de coherencia y armonía en un Ordenamiento Jurídico complejo como el nuestro; al papel insustituible que el Tribunal Supremo juega para la certeza del derecho y la seguridad jurídica, y con ello para el desarrollo de nuestro país; y a la garantía de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Pero especialmente me interesa referirme en estas palabras al papel clave que debe jugar nuestro Tribunal Supremo ante el hecho no infrecuente de la aparición de Sentencias contradictorias procedentes de los distintos Juzgados y Tribunales para hechos sustancialmente idénticos y para los que el derecho objetivo aplicable resulta ser también el mismo.

Para afrontar este análisis no navego desde luego solo, ya que destacados sectores de la doctrina científica comparten mis inquietudes. Lo mismo sucede con los propios Jueces y Magistrados, buena parte de los cuales se muestra disconforme con un estado de cosas que estiman mejorable. También los abogados, pieza principalísima de la justicia, están trabajando a través de sus Colegios sobre todo ello, justamente ahora. Pero sé, sobre todo, que buena parte de los ciudadanos también comparten mi percepción, cosa que me da especial fuerza para seguir adelante.

Por supuesto me interesa primordialmente que tomemos en este particular las decisiones que sean más eficientes para el desarrollo de la vida de los ciudadanos y para la plenitud de sus derechos subjetivos. Pero también me interesa, en grado no escaso, hacer frente al estado de deslegitimación que sobre los Jueces proyecta, inmerecidamente, una realidad que es difícil que sea comprendida por los ciudadanos aunque derive de la naturaleza del sistema. Y me interesa combatir la muy errada percepción ciudadana de que los Jueces, aunque formalmente sujetos al imperio de la Ley, luego, en la práctica, se suelan conducir con dosis no escasas de subjetividad.

Pero que el problema de la dispersión de las resoluciones judiciales existe en realidad se hace evidente a partir de una pluralidad de parámetros y de indicios. Las prospecciones realizadas entre los ciudadanos individualmente considerados o sobre el mundo de la empresa son, por ejemplo, contundentes al respecto. Las distintas propuestas de mejora de la justicia, sabedoras de la situación del cuerpo sobre el que actúan, se detienen sin excepción en las necesidades de incrementar la certeza, la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, y, en suma, la previsibilidad de las resoluciones judiciales. También algún indicio significativo, como las tasas de revocación de las resoluciones judiciales parecen aconsejar la profundización en este ámbito de reflexión. El mismo legislador camina últimamente en esa misma dirección. El Tribunal Supremo nos lo ha afirmado en alguna resolución paradigmática y reiteradamente en otros documentos de reflexión generados en su propio seno. A la hora de redactar estas líneas existe un anteproyecto de Ley Orgánica para la reforma de la también Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 en el que se pretende intensificar los efectos vinculantes de la jurisprudencia justamente en la línea que aquí se defiende, etc.

Evidentemente este fenómeno tiene unas causas que son claras y manifiestas junto a otras que son más complejas o difusas. Entre las primeras conviene constatar que la institución del proceso, a través de la cual se imparte la Justicia y donde el Juez ocupa una posición “de tercero” ajeno al litigio, produce necesariamente verdades procesales que son configuradas por las pruebas que se aporten o se soliciten por las partes. Verdades procesales que pueden coincidir o no con las finales, absolutas o materiales, o con otras a las que se pudiera haber llegado en pleitos distintos en virtud de pruebas diferentes. Esas verdades procesales diversas provocan, pues, soluciones judiciales distintas sobre hechos que, desde fuera, para los ciudadanos, parecen ser los mismos. También el principio procesal de congruencia y la necesidad de resolver, acotadamente a las pretensiones de las partes, los litigios puede dar lugar a pronunciamientos judiciales distintos pese a que el Derecho aplicable parece ser el mismo. El propio contenido de los argumentos de apoyo a sus pretensiones por los litigantes aboca, consciente o inconscientemente para el juzgador, a enfoques de la cuestión a resolver que raro será que no se traduzcan en decisiones dispares.

Pero es en los contenidos y resortes que actúan en la decisión judicial, al aplicar el Ordenamiento jurídico a un caso concreto, donde reside, en mi opinión, el epicentro del fenómeno al que me refiero.

Pues bien, es claro que a estas alturas casi nadie puede defender en serio que la aplicación de las normas jurídicas no sea más que una subsunción lógica bajo premisas mayores formuladas abstractamente; cosa sobre la cual cabe añadir que tampoco es defendible con seriedad que esa misma operación sea además automática y sin márgenes de apreciación. Y sin embargo, pervive aún un estado de opinión generalizado, tanto en los ciudadanos como en los juristas, que niegan esos márgenes de apreciación del Juez a la hora de aplicar la ley, o que reducen tales márgenes a una vergonzante evidencia que debe ser ocultada. Se trataría para ellos de una realidad vedada a toda acción racional de reducción a la uniformidad ya que estaríamos ante patologías del sistema a las que o bien habría que escarnecer o bien que ocultar, pero nunca trabajar sobre ellas abiertamente.

La “llamada “premisa fáctica” –por empezar por aquí- en modo alguno es, en contra de lo creído durante largo tiempo, punto de partida de nada sino, bien al contrario, consecuencia final de una escala de juicios, fruto de inferencias racionales y de percepciones a veces personalísimas obtenidas a partir de los materiales probatorios presentes en el proceso. Es más que evidente que aquí, en la convicción judicial que se alcanza por efecto de la prueba, reside un arbitrio de difícil reducción.

Más complejidad tiene sin embargo la llamada “premisa normativa”.

Es de toda obviedad, primero, que un Tribunal tiene que indagar sobre el verdadero significado de los conceptos y vocablos utilizados por el legislador - en algunos casos no definidos con la suficiente claridad- y concluir la interpretación que de la norma deba extraerse. Pues bien, aun dentro de este ámbito, aparentemente acotado, la opción por un criterio interpretativo determinado (literal, histórico, sistemático, teleológico, sociológico) puede dar lugar tanto a una consecuencia como a su contraria. Aquella opción, en principio fundamentalmente mecánica, alumbra sin embargo una gama importante de alternativas de decisión, fiadas hoy al criterio del Juez.

Ante una norma clara en sus términos, pero que no perfila de manera absolutamente agotadora el área de realidad que pretende ordenar, el juzgador tiene la obligación de suplir todos esos contornos de indeterminación. Así se observa, desde luego, cuando el legislador utiliza los llamados conceptos jurídicos indeterminados o incluye en los preceptos elementos normativos del tipo.

En tercer término, el Juez puede tener que actuar el rellenado de las lagunas que un Ordenamiento Jurídico, que se ha de presumir completo, puede sin embargo albergar. La elección del lugar de donde se obtengan los materiales para tal rellenado, es una decisión no escasamente abierta en opciones.

Pero es, a mi juicio, de la amplitud y complejidad de los Ordenamientos, y de modo acusado del nuestro propio de donde derivan mayores márgenes de decisión para los Jueces. Veamos. Con frecuencia tenemos que operar sobre distintas normas jurídicas, a veces en régimen concursal. En otras ocasiones normas, desde ángulos diferentes, regulan un mismo ámbito material o soporte físico. Nuestro Ordenamiento es además complejo, y los canales comunitario, estatal, autonómico y local operan con decisión. Pues bien, ciertamente la detección de la norma aplicable, cosa no siempre fácil, la depuración de las confluencias normativas, la elección de unas normas y la correlativa postergación de otras, debe producirse a través de sistemas o dinámicas previstos por el propio ordenamiento jurídico. Pero son técnicas complejas y en modo alguno automáticas.

El principio de jerarquía normativa puede también obligar a elegir unas normas y despreciar otras, en función, también, de la interpretación de que ellas se haga y de la final constatación –lo que alberga otro juicio sobreañadido- de efectiva contradicción entre ellas. Las derogaciones, explicitas o implícitas, y en especial cuando se producen a través de normas, como las Constitucionales, notablemente abiertas e interpenetradas de valores y opciones políticas, complican la labor, y desde luego excluyen todo automatismo.

Pues bien, todos estos pasos entrañan, por sí mismos, dificultades. En cada uno de ellos, en cada nodo de la red del razonamiento judicial puede ser elegido un camino u otro. Y todo ello, en definitiva -quiero insistir hasta la saciedad- en régimen de pleno respeto por el Juez al ordenamiento jurídico y sus resortes; en casos que en modo alguno están teñidos de elementos ideológicos que hagan pensar en influencias extrasistémicas y, por tanto, con un respeto no discutible al deber de única sujeción al imperio de la ley previsto en nuestro Texto Constitucional.

Los propios contornos imprecisos de algunas normas, ora por decisión consciente del legislador, ora por falta de rigor en el empleo de los conceptos, ora por el uso de fórmulas transaccionales derivadas de la necesidad de alcanzar los consensos políticos (que abocan a la utilización de términos concientemente confusos, desdibujados o polisémicos) obligan con frecuencia al Juez a suplir decisiones que el legislador no quiso en su momento afrontar.

Pues bien, en todos estos pasos el Tribunal Supremo debe jugar un papel crucial. Un papel más complejo, pero también mucho más útil, que el que derivaría sólo de su decisión sobre cuál sea la más recta hermenéutica de un preciso precepto o la opción por una técnica interpretativa. La fijación, en definitiva, del criterio correcto, la elección del itinerario en cada uno de los nodos de esa red, el trazado de la hoja de ruta por la que moverse, para todos y cada uno de los casos en los que ese mismo camino deba ser seguido en el futuro, es una de las más principales tareas que debe asumir la jurisprudencia en los complejos ordenamientos modernos.

Estas no son todas, aunque a mi juicio sí las más importantes o estructurales causas productoras de contradicción de las resoluciones judiciales. Existen obviamente otras, aunque su mensuración resulta también problemática, como es el exceso de carga de trabajo y la extrema concentración de litigiosidad en determinadas áreas y juzgados. Y ello ocurre tristemente además, con frecuencia, en las fases iniciales de la vida profesional de los Jueces, es decir en aquellas en las que precisamente deberían tener más tiempo para su propia reflexión, para la solución pausada de los litigios y para complementar su formación. No puedo al respecto sino ratificar, como una y otra vez vengo haciendo, lo inaplazable del diseño legal de una nueva planta judicial. Un diseño que permita redistribuir racionalmente la carga global de trabajo y la puesta en relación rigurosa del tipo y complejidad de la litigiosidad de un área determinada con el Juez o Magistrado más idóneo por su experiencia y formación para atenderla.

Debo referirme ahora a la motivación de las sentencias y a la argumentación jurídica. El florecimiento de la doctrina en el preciso aspecto de la argumentación jurídica, como técnica de motivación y justificación de las resoluciones judiciales o de construcción de escritos e intervenciones forenses durante los últimos años ha sido desde luego manifiesto. Y lo ha sido hasta el punto de que nos ha dotado a los juristas de rigor y cientifismo en nuestros procesos argumentales; un área en la que con frecuencia actuábamos como verdaderos artesanos. El Consejo General del Poder Judicial, siempre sensible a las transformaciones del Derecho, ha sabido entender prontamente el reto que suponía entrar con decisión en este preciso ámbito de la formación de los Jueces en las técnicas de la argumentación.

Pero, dicho esto, sí quisiera reaccionar aquí contra una línea de pensamiento que de alguna manera parece querer hacer bascular el centro de gravedad del sistema de Justicia desde la sujeción al imperio de la ley hacia la siempre inconcreta capacidad de pacificación de un determinado proceso argumental. Una capacidad que siempre quedará fiada al acierto o al azar, y que siempre será dependiente de la peculiar mentalidad y la predisposición a ser convencido que posea el lector de los argumentos.

Entre las consecuencias del fenómeno de la dispersión y contradicción de las resoluciones judiciales debo referirme, desde luego, a las que venimos calificando de confirmatorias. Entre ellas se cuenta por supuesto la mayor riqueza de análisis sobre un mismo problema, como fruto de las diferentes perspectivas que sobre el mismo pueden confluir. En este sentido coincido con todos aquellos que afirman la permanente existencia de un diálogo, entre los Jueces inferiores y el Tribunal Supremo, en el que cada cual aporta sus reflexiones, análisis y perspectivas, y que abunda en beneficio del hallazgo de mejores conclusiones finales.

También es patente que la jurisprudencia no debe -no puede petrificarse y que la aparición de sentencias que contengan líneas de decisión distintas a lo que pudiera ser una única doctrina legal favorece su evolutividad y también su gradual acomodación a una realidad social que tampoco detiene, ni por un instante, su evolución.

Pero lo que no está tan claro, en mi opinión, es que todos esos efectos favorables no puedan conseguirse por otras vías más fecundas y menos problemáticas que la contradicción de resoluciones. Vías que también puedan ser entendidas mejor por los mismos ciudadanos. Cabe imaginar por ejemplo lo fructífero de la instauración de un sistema de prejudicialidad en el que el órgano inferior pueda plantear respetuosamente al Tribunal Supremo las posibilidades de reconsiderar su doctrina y las razones que abonarían semejante decisión, en lugar de resolver definitivamente el litigio en contra del criterio ya señalado plenamente.

Cambiando desde este plano positivo al negativo, desde una perspectiva de costes resulta difícil cuantificar la incidencia que un determinado grado de inseguridad jurídica tiene sobre el sistema económico en su conjunto. En realidad, si arduo resulta explorar los costes indirectos generales de un sistema de Justicia imperfecto más aún lo será deslindar la participación que tiene en esos mismos costes la relativa incerteza derivada de las resoluciones contradictorias. Sí puedo referirme globalmente a los informes confeccionados por el Banco Mundial, en los que se ha expresado que la presencia de un sistema judicial imperfecto constituye un serio obstáculo para el florecimiento de la actividad económica.

Por otra parte, aunque también resulte incuantificable en sus consecuencias precisas, es notorio que los “rating” elaborados por instituciones financieras u otras entidades internacionales, en los que se evalúa la solidez económica e institucional de los distintos países, y desde luego la Justicia, tienen una influencia evidente en las decisiones inversoras procedentes del exterior.

También imposible resulta cuantificar el impacto de un cierto estado de incertidumbre con respecto al resultado de los litigios sobre la percepción ciudadana de la salud de nuestro sistema de Justicia y, por tanto, también concluir sobre su potencial deslegitimador. En todo caso parece que una y otro pueden ser potentes, como ahora se verá.

De lo que no cabe duda es que un estado de dispersión o de imprevisibilidad de las Sentencias resultaría difícilmente compatible con el principio de igualdad ante la ley garantizado en nuestro texto constitucional, con el principio de seguridad jurídica también en ella recogido, y que en buena medida esa misma situación supondría una cierta quiebra de alguno de los complejos perfiles que ostenta el principio de unidad jurisdiccional.

En un orden más concreto, las exigencias de certeza y previsibilidad de las consecuencias de nuestros actos adquieren una significación especial en el derecho sancionador, y, por tanto, sobreañaden elementos de preocupación cuando la incertidumbre aparece. Todo ciudadano tiene así derecho a saber, con nítida precisión, si un hecho es o no lícito, incluso si es o no delito; si un tipo específico se integra con tres o con cinco requisitos. A las exigencias notorias de la ley sancionadora previa y cierta, en las que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han aterrizado con profusión, deben añadirse factores no menos intensos en la exigencia de certidumbre de parte del aparato judicial. Paralelamente se hace imperativo resaltar la importancia que tiene que el Tribunal Supremo, con efectos en todo el territorio nacional, pueda pronunciarse con eficacia y autoridad en orden a la unidad, coherencia y certeza del derecho punitivo generado por el Estado, es decir con independencia de cuál sea el reparto de funciones que se establezca con los Tribunales Superiores de Justicia.

Al referirme hace unos instantes a la necesidad de constatar de manera metódica la precisa situación que alcanza la dispersión y contradicción de los pronunciamientos judiciales en nuestro país a partir de hechos y normas sustancialmente idénticos -y por ello a la necesidad de superar las tentaciones de trabajar al amparo de puras intuiciones- me refería a la inexcusabilidad de pulsar la opinión de los ciudadanos. Ciertamente, he de indicar sin demora que “opinión pública” no es sinónimo de verdad absoluta. Las creencias extendidas de los ciudadanos pueden ser, en ocasiones, apresuradas o responder a condicionamientos externos carentes de rigor. Pero aún en esos casos límite - que se me antojan ciertamente extraños- los responsables públicos nunca podemos perder de vista que trabajamos para esos mismos ciudadanos; de manera que la opinión que alberguen, errada o no, ha de ser el norte que oriente nuestras reformas o, en caso contrario, que extreme nuestros esfuerzos de explicación.

Pues bien, el último barómetro (el noveno) confeccionado por el Consejo General del Poder Judicial ha arrojado conclusiones llamativas, preocupantes incluso, sobre las cuestiones que en él se formulaban, y en concreto sobre hasta qué punto los ciudadanos estiman que las decisiones judiciales no son razonablemente homogéneas, no resultan suficientemente previsibles y sobre cómo el sentido de la decisión depende del Juez que a uno le corresponda en cada caso. Un estudio sobre la evolución de la opinión ciudadana en los últimos años sobre este punto añade factores de preocupación al asunto.

Esta realidad y este estado de opinión ciudadana viven además en una situación actual o de lega data en el que aparecen estudiosos que afirman que la jurisprudencia ni vincula ni debe vincular, otros que dicen que la vinculación ya existe, de modo que nada debe ser añadido, y algunos más que afirman la presencia de esa falta de vigor actual pero que, a cambio, debería iniciarse una firme andadura en tal dirección. Y para mayor complicación conviven pronunciamientos del mismo Tribunal Supremo en los que tanto se formulan quejas sobre las efectivas contradicciones judiciales, otros en los que parece relevarse a los Tribunales inferiores de seguir la doctrina jurisprudencial, como ocurre en la STS (Sala Primera) de 5 de marzo de 1991, y otros, contundentes por demás, en la dirección justamente opuesta. En este último sentido tiene una importancia capital la reciente Sentencia de 18 de enero de 2005, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, dictada en un procedimiento de responsabilidad patrimonial por error judicial. Pues bien, esa Sentencia, tras indicar que “la cuestión estriba en determinar si puede considerarse error judicial, a los efectos de la responsabilidad (…) la inobservancia de la doctrina legal establecida en recurso de casación en interés de la Ley”, afirma que: “el carácter vinculante de la doctrina legal para los Jueces y Tribunales inferiores en grado de este orden jurisdiccional es, desde luego, incuestionable a tenor (...) de la propia finalidad del recurso de casación en interés de Ley que atiende a la preservación del principio de seguridad jurídica”. Por consiguiente – termina- era “obligado para el Juzgador de instancia seguir la interpretación realizada por la sentencia de esta Sala”…

Y si la ciencia de derecho y la misma jurisprudencia resultan desacordes en este punto, es llano que los mismos Jueces dudarán si están vinculados o no a la jurisprudencia, si lo están con un título de adherencia fuerte o por el contrario por otro débil, y lo harán también sobre qué deben hacer cuando su criterio jurídico (asentado desde luego en el mejor deseo de hacer justicia para el caso concreto) les sugiere que deben resolver en sentido distinto al trazado por la jurisprudencia o, en ocasiones, al sustentado por el Juez del despacho contiguo.

Es más, por ese reduccionismo de ideas y conceptos tan al uso y por aquella natural tendencia al pensamiento negativo, el ciudadano o el jurista pueden llegar a pensar que existe una verdadera y cierta “rebelión” de los Jueces frente a la jurisprudencia. Pues bien lo que existe, en mi opinión, es una manifiesta indefinición del título de vinculación de los jueces ordinarios para con esa misma jurisprudencia.

Entiendo por ello que buena parte de las soluciones al actual estado de cosas se alcanzarían dotando en efecto a la jurisprudencia de fuerza vinculante para Jueces y Tribunales. Una fuerza que no puede limitar sus efectos a la mera posibilidad, como hoy ocurre, de interponer recurso de casación por el motivo de la infracción de doctrina jurisprudencial. Ese resorte ya lo conocemos y ha acreditado su ineficacia. Provoca además el aumento de la litigiosidad y colapsa el Tribunal Supremo. Deja también en estado de desigualdad a todos aquellos otros que por cualquier causa no pueden acceder a la casación. Minora la efectividad de la supremacía del Tribunal Supremo. Afecta, como he dicho, una unidad de acción del poder judicial que es parcial materialización del principio de unidad jurisdiccional. Y por último, resulta inaceptable en términos de costes para el usuario de la justicia.

Tampoco se ha revelado eficaz asignar a la jurisprudencia ese efecto vinculante difuso que se asigna a la autoridad y plausibilidad que alcancen en cada caso sus razonamientos. Sin olvidar que esa auctóritas existe ya, y sin olvidar tampoco que es un anhelo por el que sin desmayo debemos trabajar todos los días en el Tribunal Supremo, lo cierto es que la calificación de esa misma “autoridad” en cada caso, por su subjetividad, se hace inconciliable con las exigencias de igualdad y certeza en un mundo en el que las relaciones jurídicas son volátiles y masivas.

La decisión de dotar de valor vinculante a la jurisprudencia no supondría en modo alguno, en mi opinión, atribuirle el carácter de fuente del derecho. De hecho creo que ni siquiera éste debe ser el debate. Aunque si debiéramos de entrar en él por un instante yo diría que la jurisprudencia continental ni es ni debe ser fuente del derecho. No puede ser un nuevo manantial, una nueva corriente al margen del sistema de legitimación democrática de la ley y a través de la cual se introduzcan reglas en el Ordenamiento Jurídico. La jurisprudencia será sólo un mero recurso o procedimiento de filtrado, depurado -y sobre todo de navegación- dentro esos mismos cursos ordinamentales que ya habían sido introducidos por las fuentes propiamente dichas. Y es que nada distinto, nada nuevo, nada que no haya sido puesto previamente en el Ordenamiento por las fuentes del derecho en sentido propio debe aportar la jurisprudencia. Y desde luego, frente al canal de validez de la ley como expresión de la voluntad popular no pretendo, en modo alguno, añadir uno nuevo externo o corporativo. Quien afirme tal cosa no habrá entendido el alcance de mis palabras.

En cuanto a los fines buscados para incrementar la vinculatoriedad de la jurisprudencia no estaría reforzar, por esta indirecta vía, ningún signo visible de supremacía del Tribunal Supremo. Menos aún se trataría de hacer prevalecer el principio jerárquico, como valor en sí mismo, y de allanar cuantos obstáculos puedan interponérsele. Aquella opción no es un añadido institucional para mayor gloria de nadie. Estamos ante un atributo estrictamente funcional, vinculado a la igualdad ante la ley, a la certeza del derecho y a la previsibilidad de las resoluciones judiciales.

Como colofón a mis palabras creo importante indicar que aquella asignación de fuerza vinculante a la jurisprudencia no significaría un cambio en nuestro sistema constitucional de justicia civil. Y niego especialmente que con esa decisión se pudiera alterar el régimen de obediencia única al imperio de la Ley. No supondría así la ruptura del mandato de única sujeción, de modo que se añada otra segunda -la jurisprudencia- no prevista por el Texto Constitucional. Como ya se ha indicado, la jurisprudencia no aporta reglas nuevas al Ordenamiento Jurídico. Sólo actúa dentro de aquella misma ley que vincula a los Jueces y con pleno respeto a ella. Tampoco se afectará a la independencia judicial. Como es sabido, esa independencia no es otra cosa que una garantía institucional encaminada a asegurar la sujeción exclusiva, sin injerencias o presiones, de los Jueces al imperio de la Ley. Cosa distinta de esa independencia es la libertad de criterio del Juez. La independencia judicial en modo alguno equivale a independencia de criterio propio. La independencia es objetiva, funcionalmente afectada al imperio de la ley y previsible pues su contenido es el contenido de la ley. El criterio es subjetivo, personal, mudable y por tanto imprevisible. Ningún problema existe, pues, en mi opinión para unificar criterios a través de la jurisprudencia, siempre y cuando nos mantengamos dentro de los confines de la ley, es decir de la mejor interpretación y aplicación de la ley hechos por el Tribunal Supremo: el único órgano jurisdiccional que conforme a nuestra arquitectura constitucional está llamado a definir el ordenamiento jurídico aplicable en España en virtud de su posición de, como digo, único intérprete de ese mismo ordenamiento.

Majestad: bajo Vuestra Presidencia iniciamos hoy otro año judicial. Lo hacemos fuerzas renovadas tras el descanso. Pero sobre todo lo hacemos con la ilusión y con el propósito firme de servir a los ciudadanos desde esta nuestra alta responsabilidad de administrar justicia.

Gracias, una vez más, Majestad, en nombre de los Jueces y Magistrados de España.