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A Vueltas con la Guerra Civil

Por Sin Pancarta - 20 de Septiembre, 2005, 17:06, Categoría: General

Otra noticia que sólo ocupa las páginas de EL PAIS: De la Vega frena la ley de memoria histórica para acoger a ambos bandos. El Ejecutivo se concentra en los republicanos pero incluirá a todos para "cicatrizar heridas". Pensábamos que estas historias del pasado habían quedado en el olvido como la Constitución Europea o ‘El Corazón de Europa’ pero parece que no es así. Cada dos o tres meses hay que sacar de paseo el enfrentamiento entre la ciudadanía por sucesos de hace casi 70 años. Lo de siempre.

EL PAIS

Lunes, 12 de septiembre de 2005

DE LA VEGA FRENA LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA PARA ACOGER A AMBOS BANDOS

Carlos E. Cué

El Ejecutivo se concentra en los republicanos, pero incluirá a todos para "cicatrizar heridas"

Madrid - Un año después de anunciar un proyecto largamente esperado por los represaliados del franquismo para recuperar la memoria histórica, el Gobierno aún no ha resuelto esta compleja papeleta, y no tiene fecha para hacerlo. El Ejecutivo ha decidido frenar o al menos ralentizar la ley que preparaba con la idea de buscar un proyecto "ambicioso" que "contente a los dos bandos y no sirva para reabrir heridas, sino para cicatrizarlas". El proyecto se concentra en los republicanos, pero incluirá a todos los que sufrieron la Guerra Civil.

Pasó marzo, pasó abril, llegó el verano, y la recuperación de la memoria histórica y la rehabilitación de los republicanos represaliados por el franquismo, uno de los grandes proyectos del Gobierno socialista, sigue encima de la mesa de María Teresa Fernández de la Vega, la vicepresidenta primera. Junto a él hay más de 700 documentos aportados por 40 asociaciones, particulares y expertos que abordan un tema definido por el Gobierno como "enormemente complejo y muy sensible".

El Ejecutivo ha incumplido hasta ahora los tres plazos que se dio a sí mismo. Pero no por capricho o desidia, sino por motivos políticos y técnicos. De la Vega creó en octubre de 2004 la Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo. La decisión, de forma simbólica, se había anunciado en julio, en un Consejo de Ministros celebrado en León, donde fue fusilado, por mantenerse fiel a la república, el capitán Juan Rodríguez Lozano, el abuelo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El día que anunció la puesta en marcha de la Comisión, De la Vega fue muy clara en su objetivo:

"Reparar la dignidad y restituir la memoria de aquellas personas que sufrieron cárcel, represión o muerte por defender unos valores que hoy disfrutamos como sociedad democrática". Pero la realidad ha desbordado poco a poco esas intenciones iniciales.

A medida que la Comisión ha ido avanzando en su trabajo, sus miembros han ido comprobando la gran complejidad de este asunto. No sólo por los 700 documentos recibidos, sino por las miles de personas a las que afecta, y los problemas tan diferentes que engloba. Enterramientos ilegales en fosas comunes, reparaciones morales, peticiones de devolución de patrimonio, pensiones reparatorias para los afectados, anulación de sentencias sumarísimas, retirada de símbolos franquistas... "Estos asuntos son como las cerezas, tiras de uno y salen otros tantos", señalan en La Moncloa.

Proyecto ambicioso

Lo cierto es que el Ejecutivo mantiene su intención de presentar un "proyecto ambicioso" sobre la recuperación de la memoria histórica, en palabras de una portavoz de la Vicepresidencia Primera, pero se lo va a tomar con calma. También por un motivo político. Las últimas ocasiones en las que este asunto se ha reabierto, especialmente en marzo, cuando el Ministerio de Fomento retiró la última estatua de Francisco Franco que quedaba en Madrid, han permitido al Ejecutivo comprobar lo que ya temía: que éste no es un asunto cerrado en la historia de España, que sigue reabriendo heridas y que, sobre todo, cuenta con la oposición frontal del PP, especialmente en lo que se refiere a retirada de símbolos franquistas. El argumento de la oposición se repite cada vez que hay alguna novedad: "Esto no interesa a nadie, no hay que remover el pasado".

El Ejecutivo se encuentra frente a un gran problema. Los enfrentamientos que provocó la retirada de la estatua de Franco en Madrid -después cayó la de Guadalajara, aunque resisten otras- le han convencido de que debe tratar el asunto con mucha delicadeza. De hecho, el Ejecutivo ya ha anunciado a sus socios prioritarios, ERC e Izquierda Verde, que va para largo y que quiere medir muy bien los tiempos.

Los socios se impacientan. La formación ICV ya ha pedido que al menos el asunto de la transformación del Valle de los Caídos en un memorial de la represión franquista esté resuelto para el próximo 20 de noviembre, cuando se cumplen 30 años de la muerte del dictador. La Moncloa no quiere poner fechas, y menos una tan simbólica que sin duda pondría en pie de guerra a la extrema derecha. El Gobierno argumenta, además, que la intensa temporada política de este otoño no facilita las cosas para volcarse en un asunto de esta magnitud.

El Ejecutivo busca un objetivo complejo: "No despertar rencillas en ningún bando, ni convertir este asunto en un arma arrojadiza". Pero para lograr eso, el Ejecutivo cree que sólo hay una manera: revisar toda la historia, no sólo la represión franquista; también las ejecuciones sumarísimas, por ejemplo, que se realizaron en zona republicana.

De la Vega asume que las víctimas de ambos bandos no están en igualdad de condiciones, porque mientras el franquismo honró a sus muertos, los sacó de las fosas comunes y los convirtió en héroes, los republicanos quedaron olvidados en las cunetas prácticamente hasta este nuevo siglo, cuando varios jóvenes nietos de represaliados han reabierto la memoria.

Aún así, y dejando claro que es imposible situar en el mismo plano a los dos bandos, el Ejecutivo cree que su proyecto debe incluir toda la memoria histórica. "Hubo ejecuciones sumarísimas en los dos bandos. Tenemos que ver qué hacemos con Paracuellos del Jarama", señalan gráficamente en Moncloa, recordando el fusilamiento de unos 2.000 civiles del bando nacional a las afueras de Madrid, que el franquismo convirtió en máximo ejemplo de la crueldad de los republicanos. "Con este proyecto no se pretende reabrir ninguna herida, al revés; nuestro máximo interés será cicatrizarlas, si es posible, en ambos bandos", concluye el Ejecutivo.

EL PAIS

Lunes, 12 de septiembre de 2005

LAS FOSAS DE FRANCO SE ABREN POCO A POCO

Carlos E. Cué

Madrid - Al margen de la ley que prepara el Gobierno, las asociaciones y los familiares siguen reabriendo fosas comunes de la Guerra Civil que el franquismo quiso condenar al olvido. En la foto, Agustín Elvira posa ante una enorme fosa en la que cree que está enterrado su padre, fusilado en 1942. Se trata de un lugar al pie del monasterio de Uclés (Cuenca), donde un grupo de un centenar de familiares buscan a los suyos, víctimas de la represión del 39 al 42, cuando el edificio religioso se convirtió en cárcel franquista.

Hay 316 entierros documentados, aunque podrían superar los 500. Voluntarios de toda España, coordinados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, llevan todo el verano reabriendo la fosa y ya han localizado más de 50 cadáveres. El lugar, rodeado de una gran tapia, ha estado cerrado al público durante más de 60 años porque la iglesia rechazaba que los familiares pudieran velar allí a sus muertos.

Durante la dictadura, las viudas tiraban flores por encima de la tapia, ya que todo el pueblo sabía quiénes estaban enterrados allí sin lápidas ni nada para recordarlos.

EL PAIS

Lunes, 12 de septiembre de 2005

LAS ASOCIACIONES SE IMPACIENTAN Y EXIGEN UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA

Carlos E. Cué

Madrid - El Gobierno ha escuchado a las asociaciones que tienen algo que decir sobre la recuperación de la memoria histórica, hasta alcanzar la cifra de 40. Lo que sigue es el extracto de algunas de sus peticiones, a las que se ha sumado este verano un informe de Amnistía Internacional, que reclamaba al Gobierno que actúe ya. Las asociaciones comienzan a impacientarse, exigen una solución definitiva y recuerdan al Ejecutivo que éste es un asunto urgente, sobre todo dada la avanzada edad que tienen los escasos supervivientes.

Anulación de juicios. Es el punto técnicamente más complejo. Las asociaciones, entre ellas grupos internacionales de derechos humanos como el Equipo Nizkor o Amnistía Internacional, exigen que, como sucedió con el nazismo y el fascismo italiano, el régimen franquista sea anulado a todos los efectos, incluidos los juicios sumarísimos, para deslegitimar el golpe de Estado. El Gobierno apuesta por una ley de rehabilitación moral y simbólica, sin abrir la vía de la revisión judicial, porque daría lugar a una "inseguridad jurídica inmanejable". En ese caso, algunas asociaciones piensan recurrir a tribunales internacionales.

Símbolos, estatuas y callejero. Las asociaciones reclaman una ley que obligue a los ayuntamientos, iglesias y recintos militares a retirar los múltiples restos vivos de la dictadura. El Ejecutivo asegura que sólo puede recomendar, porque la competencia es de los municipios. Una proposición promovida en noviembre de 2004 el Congreso por PSOE, ERC e ICV y apoyada por todos, salvo el PP, insta al Gobierno a redactar esa ley. Otra que pide la retirada de la estatua de Franco en la Academia Militar de Zaragoza, que tampoco se ha cumplido aún.

Fosas. Sólo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, sin apenas ayuda oficial, ha realizado 536 exhumaciones en tres años. También trabaja en este campo el Foro por la Memoria, vinculado al PCE. Todos piden que el Gobierno cree una oficina para promover las excavaciones de forma oficial, con expertos, con todas las garantías y siguiendo los protocolos internacionales de búsqueda de desaparecidos.

Pensiones y devolución de patrimonio. Ambos han sido ya tratados, pero las asociaciones piden más; por ejemplo, que se suban las cuantías y no se cobre el IRPF sobre la cantidad entregada. El Gobierno recuerda que en este asunto la competencia es de las comunidades. En cuanto a las devoluciones, se ha trabajado en el patrimonio de los partidos. Ahora se reclama el de los republicanos expoliados tras la guerra.

Los archivos de la represión. El conocimiento de la verdad, la recuperación de la historia, es algo que obsesiona a todos los familiares de represaliados, que se encuentran con archivos militares cerrados para ellos o de difícil acceso. Las asociaciones piden crear un gran archivo informatizado de la represión no para expertos, sino para familiares.

Comisión de la Verdad. Al final de otras dictaduras, como la argentina, se realizó un estudio para determinar una verdad oficial ratificada por el Congreso, que en España no existe. También se pide que sea eso lo que se enseñe en las escuelas.

Valle de los Caídos. Se pide la instalación en la nave central de una exposición permanente sobre los 12.000 presos políticos que lo construyeron. También se reclama la colocación de placas en todas las obras, como el canal del Guadalquivir, construidas por presos políticos. Además, se propone crear un gran centro de interpretación de la represión franquista, similar al que hay en Nüremberg (Alemania), sobre el nazismo.