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El PNV Pone 'a Pureba' a Zapatero

Por Narrador - 19 de Septiembre, 2005, 7:05, Categoría: ¿Se Negocia con ETA?

¿Cómo Puede ser esto? Lean: El PNV quiere acabar con algunas de las principales medidas antiterroristas impulsadas por el anterior Gobierno del PP, para lo que presentará el lunes en el Congreso tres iniciativas en las que pide la reducción de penas para las colaboraciones "nimias" con banda armada, acabar con la "excepcionalidad" para los delitos de terrorismo cometidos por menores y limitar el régimen de incomunicación a tres días. El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, opinó ayer que las propuestas son "asumibles" por el PSOE y admitió que uno de los objetivos es "poner a prueba" a los socialistas sobre su disposición a "corregir la amplísima legislación dictada por el PP".

Un detalle importante. Recoge la noticia EL PIAS y la prensa vasca, especialmente el portavoz oficioso del PNV. No es un dato menor, ni tampoco la reacción tardía de Ares casualmente publicada en DEIA ¿Nos quieren ocultar algo? Yo creo que si.

Partido Nacionalista Vasco

Viernes, 9 Septiembre 2005

ERKOREKA: "QUEREMOS PONER A PRUEBA AL PSOE CON LA PETICIÓN EN EL CONGRESO DEL TRASPASO DE PRISIONES Y OTRAS MODIFICACIONES LEGALES"

Nota de Prensa

El portavoz de EAJ-PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, y la diputada, Margarita Uria, han anunciado en una rueda de prensa celebrada en Sabin Etxea, que exigirán en el Congreso el traspaso de la competencia de prisiones por "oportunidad política" al estar vinculada a la normalización de Euskadi.

Con esta iniciativa, que se enmarcará en una batería de iniciativas sobre medidas penales, procesales y penitenciarias dirigidas a "modificar normas de excepción" de la época de Gobierno del PP, la formación jeltzale pretende "poner a prueba al PSOE".

Uria ha recordado que la transferencia de Instituciones Penitenciarias está prevista en el Estatuto y es una "petición constante del Gobierno vasco y del PNV".

Asimismo, ha señalado que el acuerdo de coalición del Ejecutivo autónomo "lo vincula, además, a la consecución de las condiciones de normalización". Tras asegurar que "es evidente" esta vinculación, ha destacado que "no existen problemas de índole jurídica" para traspasar esta competencia.

"El alcance de la competencia no lo pone nadie en duda, ni que el Estatuto lo contemple, sino que simplemente nunca se encuentra el momento porque se considera que no hay oportunidad política. A nosotros nos parece que sí la hay y, por eso, también le instamos, mediante esta iniciativa, aunque lo haremos también con otras medidas, a que, de una vez, se materialice este traspaso", ha añadido.

Por su parte, Josu Erkoreka ha reclamado al Gobierno del PSOE que "explique qué tipo de imposibilidad metafísica hace que esta transferencia no pueda llevarse a cabo, porque problemas jurídicos no hay; el Estatuto es meridiano, clarísimo a ese respecto; y existe alguna otra Comunidad Autónoma que, con las mismas bases estatutarias, tiene ya la gestión de las prisiones", en referencia a Cataluña.

"Ya nos explicarán cómo formaciones políticas que se dicen estatutistas pueden optar tan flagrantemente por incumplir el Estatuto de Gernika", ha insistido.

EL PAIS

Sábado, 10 de septiembre de 2005

EL PNV PROPONDRÁ DESMONTAR VARIAS MEDIDAS ANTITERRORISTAS QUE IMPULSÓ EL PP

A. Uriona

Bilbao - El PNV quiere desmontar algunas de las principales medidas antiterroristas que impulsó el PP cuando estuvo en el Gobierno. Los nacionalistas presentarán el lunes en el Congreso tres iniciativas en las que pide la reducción de penas para las colaboraciones "nimias" con banda armada, acabar con la "excepcionalidad" para los delitos de terrorismo cometidos por menores, y limitar el régimen de incomunicación a tres días. El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, valoró ayer que las propuestas son "asumibles" por el PSOE y admitió que uno de los objetivos es "poner a prueba" a los socialistas sobre su disposición a "corregir la amplísima legislación de excepción dictada por el PP". Agregó que todas ellas se apoyan en "sólidas razones jurídicas".

La diputada nacionalista Margarita Uria explicó que el cambio en la figura penal de colaboración con banda armada "no pone en duda la existencia del delito" sino que pretende rebajar las penas de los hechos más leves. "En muchos casos se pena la intención de quien comete la acción", dijo. A su juicio, es una "desproporción" una condena de 15 años por la quema de un cajero y que se sentencie entre 5 y 10 años a quienes han tenido "una colaboración menor". El planteamiento del PNV es que los hechos leves supongan un año de prisión.

Incomunicación

Los peneuvistas pedirán también la modificación del tiempo de incomunicación de los detenidos, "que ahora pueden llegar a los 13 días, y eso es una barbaridad". Defienden un periodo máximo de tres días, "como dice la Constitución". Junto a ello, la propuesta pide la grabación de todo el periodo de la detención, en la línea de las recomendaciones de organismos como el Consejo de Europa. La tercera reforma reclamada se refiere a la Ley de Menores sobre casos de terrorismo. El PNV se opone a las penas actuales de internamiento de entre cinco y ocho años, pero considera "peor" la existencia de un juzgado central de menores en la Audiencia Nacional por el "desarraigo" que produce en el acusado.

Los nacionalistas presentarán el lunes una cuarta iniciativa para que se transfiera la competencia de instituciones penitenciarias y especialmente explique la negativa del Gobierno a llevarla a cabo. Erkoreka aseguró que no hay razones jurídicas para oponerse al traspaso, por lo que pidió al Ejecutivo una comparecencia en el Congreso para que explique "que tipo de imposibilidad metafísica hace que la transferencia de prisiones no pueda llevarse a cabo".

El portavoz peneuvista manifestó que la próxima semana están convocados a una reunión para negociar los Presupuestos pero insistió en que previamente se debe firmar un convenio sobre el Cupo, los gastos del Prestige y la financiación de la ampliación de la Ertzaintza.

EL CORREO

Sábado, 10 de septiembre de 2005

EL PNV PONDRÁ AL PSOE «A PRUEBA» AL EXIGIR LA CESIÓN DE LAS PRISIONES

L. P.

BILBAO - El grupo del PNV registrará el lunes en el Congreso cuatro enmiendas con las que pretende «poner a prueba al PSOE» y comprobar «si está dispuesto a cambiar» las políticas «de excepción» firmadas por José María Aznar. Las proposiciones no de ley, presentadas ayer ante los medios en Sabin Etxea, incluyen la solicitud de transferir la gestión de las prisiones al Gobierno vasco así como diferentes reformas penales y procesales.

Los diputados peneuvistas Josu Erkoreka y Margarita Uria aseguraron que sus propuestas no son «maximalistas o inasumibles» por los socialistas y que sólo servirán para determinar si el Gobierno pretende «corregir la actual situación hacia parámetros más democráticos» y acabar con «los excesos» del PP. Así, insistieron que en el primer año de la actual legislatura han detectado «la nula voluntad» del Ejecutivo por «reorientar» las medidas implantadas por los populares.

Así, Erkoreka defendió que desde Madrid «nunca se nos ha dicho que existan problemas de índole jurídica, sino que se considera que no hay oportunidad política» para transferir las instituciones penitenciarias.

Penas «proporcionadas»

Los representantes nacionalistas incluyen en el mismo paquete la revisión del delito de colaboración con banda armada. Esta modificación facilitaría la rebaja de penas y «hacerlas más proporcionadas» en actuaciones «nimias» por colaborar con grupos terroristas. En este sentido, Uria puso como ejemplo la pena de 15 años que puede imponerse por la quema de un cajero, equiparable, dijo, con las que se aplican a «importantes colaboraciones para cometer actos terroristas».

El resto de propuestas afectan a la reforma del Código Penal para impedir que se prolongue el internamiento de los menores por delitos de terrorismo, y la reducción del tiempo de incomunicación de los detenidos así como la colocación de cámaras para grabar los interrogatorios.

DEIA

Sábado, 10 de septiembre de 2005

EL PNV PONE «A PRUEBA» AL PSOE PARA VER SI CORRIGE «LAS LEYES DE EXCEPCIÓN DEL PP» 

Javier Velilla

Presentará en Madrid cuatro iniciativas «asumibles por cualquier demócrata» 

Bilbao - El PNV presentará el lunes en el Congreso un bloque de iniciativas relacionadas con otras tantas medidas penales procesales y penitenciarias que ««pretenden corregir la situación actual hacia parámetros más democráticos y más respetuosos con los derechos fundamentales y las libertades públicas», según señaló Josu Erkoreka, portavoz parlamentario nacionalista.

Erkoreka no ocultaba el objetivo de estas propuestas y señalaba que «queremos poner a prueba al PSOE para ver si es capaz de corregir la amplísima legislación de excepción dictada por el PP en su mandato y si está dispuesto a solucionar los vicios consolidados por la práctica que a nuestro juicio no pueden continuar por más tiempo».

Margarita Uria, portavoz del Grupo del PNV en la comisión de Justicia del Congreso detalló las cuatro propuestas. Uria se refirió, en primer lugar, a la revisión de la configuración del delito de colaboración con banda armada, tal como, según indicó, fue un mandato del Tribunal Constitucional a través de la sentencia sobre la Mesa Nacional de HB.

En la proposición se pide adecuar su tipificación porque «hay colaboraciones que son importantes y merecen mucho reproche penal, pero puede haber colaboraciones nimias que entran en el tipo», por lo que abogó por disminuir «el suelo de la pena» para que no haya desproporciones en las condenas.

La segunda iniciativa se refiere a la modificación de la respuesta penal a los delitos terroristas cometidos por menores y criticó que se creara un Juzgado Central de Menores en la Audiencia Nacional porque, «si algo es fundamental para recuperar un menor, es que pueda seguir teniendo cercanía con su núcleo familiar, que pueda continuar sus estudios, su formación o su trabajo y que sufra el menos desarraigo posible» y destacó que, al trasladarse a la AN los delitos terroristas cometidos por menores, «se violentan las competencias propias de la comunidades autónomas como el seguimiento de las medidas en los tribunales de menores». «Además se está penando las intenciones», señaló poniendo por ejemplo que por quemar un cajero se imponen 15 años de cárcel.

Uria señaló que la tercera proposición está relacionada con el régimen de incomunicación y subrayó «la inquietud porque los malos tratos y las torturas se puedan producir» en este periodo impuesto a los detenidos y apuntó que en la actualidad se llega a posibilitar incomunicaciones de hasta 13 días y señaló que pedirán que el plazo se establezca en 72 horas como señala la Constitución y que se realicen grabaciones en las dependencias policiales. Y la cuarta es pedir la transferencia de Prisiones.

EL MUNDO

Sábado, 10 de septiembre de 2005

LAS FUERZAS DE SEGURIDAD VEN DIFÍCIL LA SUSPENSIÓN DE LA ASAMBLEA CONVOCADA HOY POR BATASUNA EN ALSASUA

Angeles Escriva

MADRID.- Las Fuerzas de Seguridad del Estado están recabando todos los datos sobre una convocatoria de Batasuna a sus bases para una asamblea del partido ilegalizado que fue realizada hace semanas para hoy en la localidad navarra de Alsasua. Sin embargo, y a pesar de que se trata de la reunión interna de una formación ilegalizada por el Supremo, según fuentes de las Fuerzas de Seguridad, son pocas las posibilidades legales de que los agentes puedan proceder a la identificación y disolución de los asistentes.

La primera referencia a la celebración de un acto de la formación representada por Arnaldo Otegi se produjo a mediados del pasado mes de agosto cuando en una nota en euskara, el diario Gara anunció que el sábado 10 de septiembre Batasuna iba a iniciar la apertura de un proceso de renovación de la mesa que aglutina a sus dirigentes, que se iba a prolongar hasta el mes de enero.

Es un procedimiento previsto en los estatutos del partido y que ha de celebrarse cada cuatro años, pero que en esta ocasión se lleva a cabo por primera vez desde que los tribunales sentenciaron su ilegalización.

En los últimos dos años, los integrantes de Batasuna han celebrado sus asambleas o reuniones internas en la clandestinidad. Sin embargo, en este caso, se ha especulado con la posibilidad de que el portavoz de la formación ilegalizada, Arnaldo Otegi, decida comparecer públicamente para desgranar los puntos más relevantes de las ponencias presentadas.

Esta actitud le daría la posibilidad de remarcar una vez más la posición de la izquierda abertzale respecto a un hipotético «proceso de paz».

Posición

Además, le daría la oportunidad de desbrozar cuál es el margen de maniobra de Batasuna -muy distinto al de hace cuatro años- mientras dependa en las instituciones del PCTV, y le permitiría escenificar un desafío al Gobierno en un momento en el que los tribunales recuerdan día tras día la falta de legitimidad de los representantes vinculados al entorno radical.

Sin embargo, si la trascendencia pública que ha tenido el encuentro no mueve a sus convocantes a abortarlo, las posibilidades de que la Guardia Civil pueda impedirlo no parecen ser muchas.

De darse en un local privado, la intervención es legalmente imposible; si, como parece, se celebra en instalaciones de carácter público, según fuentes de la Delegación del Gobierno, los agentes sí podrían intervenir, pero fuentes de la Guardia Civil recuerdan que necesitarían de una orden judicial para disolver la convocatoria y las pruebas de que Batasuna es la convocante. Únicamente pueden intervenir de manera inmediata en el improbable caso de que el acto tenga lugar en la vía pública.

Desde el mes de marzo, la Delegación de Gobierno de Navarra ha prohibido los actos convocados por Batasuna en tres ocasiones, incluso apelando al TSJN. Siempre en la vía pública.

DEIA

Sábado, 10 de septiembre de 2005

UN TEST SOBRE EXCEPCIÓN 

Editorial

El Partido Nacionalista Vasco anunciaba ayer una serie de iniciativas con las que pretende tomar el pulso a la vocación del Gobierno español de desmarcarse o continuar en la dinámica de la excepcionalidad legislativa que marcó la última legislatura en el Estado. Junto a la demanda de reforma de normas de actuación judicial como la consideración del delito de colaboración con banda armada, la reducción del período de incomunicación de detenidos o el tratamiento penal a los menores acusados de delitos de terrorismo, aparece la piedra de toque de la competencia de prisiones, negada con reiteración por el Ejecutivo de Aznar y, ahora, por el de Zapatero. El conjunto de las iniciativas que serán presentadas el lunes en el Congreso supondría, en el caso de ser aceptadas, un giro estratégico de casi 180 grados en la que viene siendo la postura oficial del Gobierno socialista, lo que las hace difíciles de materializar. Sin embargo, constituyen una oportunidad excepcional para medir el grado de implicación en la transformación del escenario heredado de las legislaturas "populares" y en la recuperación de un escenario jurídico con vocación garantista en materia penal y no supeditado a las estrategias de rendimiento político que marcaron su establecimiento.

DEIA

Domingo, 11 de septiembre de 2005

ARES AFIRMA QUE LA LEY DE PARTIDOS SEGUIRÁ EN VIGOR MIENTRAS ETA SIGA ACTUANDO 

El dirigente socialista asegura que, a día de hoy, continúa siendo «plenamente necesaria» 

Bilbao - El portavoz de la Ejecutiva del PSE-EE, Rodolfo Ares, afirmó ayer que la Ley de Partidos «seguirá estando en vigor mientras siga siendo un instrumento útil para combatir al terrorismo y a aquellos que amparan y justifican la violencia». Ares manifestó que, en relación con las decisiones judiciales, los socialistas no tienen «nada que decir» porque respetan la acción de la Justicia, «que en un Estado de Derecho funciona con plena autonomía de otros poderes», en alusión a la prisión decretada contra el miembro del servicio de comunicación de EHAK, Joseba Zinkunegi, y a otras acciones que la Audiencia Nacional está desarrollando contra la izquierda abertzale.

Sobre las reclamaciones realizadas para que se derogue la Ley de Partidos «y otras aprobadas con el apoyo, en su momento, del Partido Socialista y que también se impulsaron en virtud del Pacto Antiterrorista», afirmó que se trata de normas que «siguen siendo plenamente necesarias para combatir y debilitar al terrorismo con el fin de consolidar la paz en Euskadi».

Tras afirmar que el Gobierno socialista ya lo ha repetido en diversas ocasiones, se dirigió a quienes reclaman la derogación de la Ley de partidos y exigen otras reformas legales para «que hagan política alejados del apoyo a la violencia y renunciando a ella para obtener fines políticos porque la política es incompatible con la violencia».