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19 de Septiembre, 2005

La Esposa del Ministro Montilla Imputada por Prevaricación

Por Sin Pancarta - 19 de Septiembre, 2005, 15:10, Categoría: PSOE

La noticia del fin de semana es sin duda la imputación de la esposa del ministro Montilla por prevaricación, concretamente ha sido acusada de delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento, presuntamente cometidos como concejal de Urbanismo de Sant Just Desvern. Parece ser que vuelven viejos modos, viejas formas de actuación, de entender el poder. Este Montilla, auténtico ‘cáncer’ del gobierno debería ocuparse más de los delitos de su entorno mientras se olvida del estatuto y otras majaderías similares, como la OPA que sin duda apadrina. Seguiremos atentos esta cuestión.

EL MUNDO

Sábado, 10 de septiembre de 2005

ABREN DILIGENCIAS CONTRA LA MUJER DEL MINISTRO MONTILLA POR PREVARICACIÓN

Carol Alvarez y Felix Martinez

BARCELONA.- La esposa de José Montilla, ministro de Industria, ha tenido un tropiezo con la Justicia que la llevará ante el juez. Ana Hernández ha sido acusada de delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento, presuntamente cometidos como concejal de Urbanismo de Sant Just Desvern y respecto a una misma actuación.

Hernández, que deberá acudir al juzgado asistida por un letrado al estar imputada, no hizo ayer declaraciones, pero su abogado, Cristóbal Martell, sí. «No auguro éxito al querellante, quien no sólo acometió una obra clandestina e ilegal, sino que ha fracasado en cuantos pleitos penales y administrativos ha iniciado por idéntico conflicto».

El querellante interpuso años atrás una demanda contencioso-administrativa relacionada con la licencia de obras que le había sido denegada por el Ayuntamiento, y también una querella criminal. La Justicia desestimó la una y archivó la otra.

La denuncia que ha dado pie a la nueva imputación de la esposa de Montilla entronca con aquella iniciativa judicial. El denunciante, Ernesto Huguet, es un profesional del Derecho que remonta los hechos al 16 de febrero de 2004, cuando procedió a ejecutar el derribo de unas obras que había hecho en un inmueble de su propiedad y que el Ayuntamiento había desautorizado. Meses después de la actuación municipal, el Consistorio aprobó la liquidación definitiva de las obras, que había ejecutado una empresa externa. La liquidación la firmó Ana Hernández. En ese montante, se incluyeron 1.300 euros por la dirección de obras y la redacción del proyecto de derribo que, según el denunciante, no deberían haber sido girados por ser un trabajo «incluido dentro de sus funciones».

Con todo, Huguet señaló ayer que no hay animadversión en su denuncia, sino voluntad de aclarar un proceder «irregular» del Ayuntamiento. No descarta replantearse la denuncia si se demuestra que los hechos son un error en la gestión municipal y se le repararan los daños.

Miembro del PCTV Encarcelado

Por Narrador - 19 de Septiembre, 2005, 15:01, Categoría: Partido Comunista de las Tierras Vascas

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha ordenado la detención y decretado prisión incondicional para Joseba Zinkunegi, uno de los miembros del equipo de prensa del Partido Comunista de las Tierras Vascas, por no presentarse el pasado viernes en la comisaría de la Ertzaintza. La comparecencia dos veces al día ante la comisaría de la policía más cercana a su domicilio es una de las medidas cautelares que el juez impuso el miércoles a Zinkunegi y a las otras dos personas que considera responsables de comunicación de EHAK -Peio Gálvez y Juan Jose Petrikorena-, dentro del proceso que sigue contra ellos por su presunta relación con la banda terrorista ETA. Petrikorena y Zinkunegi son, además, dirigentes de la ilegalizada Batasuna.

La abogada y miembro de Batasuna, Jone Goirizelaia, denunció la "absoluta indefensión" en la que se encuentran los tres procesados, que han tenido que declarar ante el juez "sin saber exactamente qué hay en el procedimiento", pues las diligencias son secretas. Según la abogada se trata de una situación excepcional en el Derecho Penal español que, sin embargo, se está convirtiendo en algo "normal y diario" en la Audiencia Nacional. Reprochó que las resoluciones se alimenten "fundamentalmente" de informaciones policiales y criticó que la Asociación de Víctimas del Terrorismo, agrupación que ha interpuesto la denuncia contra EHAK, tenga "un informe policial que no sabemos cómo lo ha conseguido".

EL MUNDO

Domingo, 11 de septiembre de 2005

UN MIEMBRO DEL PCTV, ENCARCELADO POR «OLVIDAR» PRESENTARSE EN LA COMISARÍA

Marcos Iriarte

Zinkunegi estaba pendiente de pagar mañana una fianza de 100.000 euros para evitar la prisión

BILBAO.- Joseba Zinkunegi, uno de los tres responsables de Comunicación del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) imputados por pertenencia a ETA, fue detenido ayer en Gipúzcoa tras incumplir la orden que le obliga a presentarse dos veces al día ante la Ertzaintza.

Cuatro días después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska le impusiera una fianza de 100.000 euros y le retirara el pasaporte, Zinkunegi incumplió la obligación de presentarse periódicamente ante la Policía y, tras su detención, el juez ha decretado prisión incondicional sin posibilidad de fianza.

El presunto miembro de ETA y uno de los tres encargados de las relaciones del PCTV con los medios de comunicación fue detenido ayer por la Ertzaintza cuando acudió a una comisaría guipuzcoana. Allí le esperaba una orden de arresto dictada por la Audiencia Nacional, motivada por su ausencia del viernes por la tarde ante la Policía Autonómica.

Zinkunegi, al igual que sus compañeros Peio Gálvez y Juan José Petrikorena, debía presentarse ante los agentes dos veces al día como norma preventiva -entre las 9.00 y las 10.00 horas y entre las 19.00 y las 20.00 en la comisaría más próxima a su domicilio- hasta mañana lunes, fecha en la que finalizaba el plazo para abonar los 100.000 euros de fianza que evitarían su entrada en la cárcel.

Un «descuido»

La ausencia de Zinkunegi el viernes por la tarde ante la Ertzaintza -sí acudió el jueves, dos veces, y el viernes por la mañana- fue justificada ayer como un «descuido» desde la izquierda abertzale. Fuentes policiales, por su parte, aseguraron a la agencia Efe que, justo antes de ser detenido, el asesor del PCTV dijo que se le había «olvidado».

Tras su detención por parte de la Ertzaintza, Zinkunegi fue trasladado hasta Madrid y llevado ante la Audiencia Nacional, donde se le comunicó su inmediato ingreso en prisión y la revocación de su fianza. Esta medida, considerada por la abogada y ex parlamentaria vasca Jone Goirizelaia como «desmesurada» y fruto de un «impulso policial», fue ignorada por la formación ilegalizada, que aseguró que mañana se entregarán 300.000 euros en la Audiencia Nacional -incluidos los de Zinkunegi- para zanjar las fianzas de los tres colaboradores del PCTV.

La izquierda abertzale, tras advertir por boca de Arnaldo Otegi de que «tarde o temprano» recuperará el dinero que la Audiencia Nacional está «robando al pueblo vasco», abrió esta semana dos cuentas bancarias para conseguir la cantidad impuesta como fianza por Grande-Marlaska.

El encarcelamiento de este asesor del PCTV llega en un momento delicado, sólo un día antes de la manifestación en favor de los presos de ETA que se celebrará hoy en San Sebastián y un día después de otra marcha celebrada también en la capital guipuzcoana en solidaridad con el secretario general del sindicato LAB, Rafa Díez Usabiaga, que debe declarar mañana en la Audiencia Nacional, imputado por pertenencia a ETA.

La ilegalizada Batasuna no tardó ayer en reaccionar. En un comunicado, exigió la «inmediata» puesta en libertad de Zinkunegi. Además, manifestó su «compromiso de avanzar en un proceso que derrote, de una vez por todas, esta estrategia de guerra y posibilite un escenario de paz y democracia para el pueblo vasco».

Según Batasuna, el ingreso en prisión de Zinkunegi supone una «medida de absoluta gravedad que refleja el ensañamiento con el que actúa la Audiencia Nacional».

La formación ilegalizada manifestó además que Zinkunegi «está en la cárcel por ser un ciudadano vasco, de la izquierda abertzale, que trabaja por la paz y las soluciones en este país».

EL PAIS

Domingo, 11 de septiembre de 2005

EL JUEZ ENVÍA A PRISIÓN A UN JEFE DE PRENSA DE EHAK POR NO PRESENTARSE EN COMISARÍA 

E. Azumendi

Joseba Zinkunegi tenía obligación de comparecer dos veces al día ante la Ertzaintza

Vitoria - El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha ordenado la detención y decretado prisión incondicional para Joseba Zinkunegi, uno de los miembros del equipo de prensa del Partido Comunista de las Tierras Vascas-EHAK, por no presentarse el pasado viernes en la comisaría de la Ertzaintza.

La comparecencia dos veces al día ante la comisaría de la policía más cercana a su domicilio es una de las medidas cautelares que el juez impuso el miércoles a Zinkunegi y a las otras dos personas que considera responsables de comunicación de EHAK, Peio Gálvez y Juan José Petrikorena, dentro del proceso que sigue contra ellos por su presunta relación con la organización terrorista ETA.

Petrikorena y Zinkunegi son, además, dirigentes de la ilegalizada Batasuna.

Grande-Marlaska acusó el miércoles formalmente a los tres de pertenecer a ETA y ordenó su ingreso en prisión, que sólo podrán eludir si abonan sendas fianzas de 100.000 euros antes de las 14.00 de mañana. Para evitar una posible fuga, el juez les impuso también una serie de medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin autorización judicial, la comunicación de cambio de domicilio y la comparecencia dos veces al día ante la comisaría de policía más cercana.

El caso es que Zinkunegi no acudió el viernes a ninguna de las dos citas con la Ertzaintza. La policía vasca comunicó este hecho al juez, quien concedió un plazo extra de cuatro horas a Zinkunegi. Tras vencer este plazo a las doce de la noche del viernes sin tener noticias del procesado, el juez dictó una orden de busca y captura contra él.

Cuando Zinkunegi acudió ayer puntualmente a su cita en la comisaría a las nueve y cinco de la mañana se encontró con el nuevo auto judicial que revocaba su situación de libertad provisional por la de prisión incondicional. Según fuentes jurídicas, alegó que se le había "olvidado" que debía comparecer dos veces al día hasta el próximo lunes, fecha fijada para depositar la fianza. Los agentes de la Ertzaintza le detuvieron inmediatamente y le trasladaron hasta la sede de la Audiencia Nacional para que el juez le comunicara el cambio de situación. Grande-Marlaska adoptará una decisión definitiva sobre Zinkunegi mañana.

Abono de las fianzas

La resolución del juez se producirá justo una hora antes de que venza el plazo que concedió a los jefes de prensa de EHAK para abonar las fianzas y evitar de esta forma el ingreso en prisión. La abogada y miembro de Batasuna Jone Goirizelaia aseguró ayer que ya se ha reunido el dinero suficiente para afrontar el pago de la fianza de Zinkunegi, Gálvez y Petrikorena, que se hará efectivo a primera hora de mañana. Según la abogada, los 100.000 euros impuestos a cada uno de ellos no se han abonado aún debido a que el viernes fue jornada festiva en Guipúzcoa y durante el fin de semana los bancos se encuentran cerrados.

Goirizelaia denunció la "absoluta indefensión" en la que se encuentran los tres procesados, que han tenido que declarar ante el juez "sin saber exactamente qué hay en el procedimiento" pues las diligencias son secretas. Según la abogada, se trata de una situación excepcional en el Derecho Penal español, que, sin embargo, se está convirtiendo en algo "normal y diario" en la Audiencia Nacional.

La abogada reprochó que las resoluciones judiciales se alimenten "fundamentalmente" de informes policiales y criticó que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), agrupación que ha interpuesto la denuncia contra EHAK, tenga "un informe policial que no sabemos cómo ha conseguido".

Goirizelaia argumentó que es la policía la que impulsa la querella contra EHAK pasando el informe a la AVT. "Después", señaló, "el juez decreta el secreto de las diligencias y utiliza esos informes policiales para imputar a las personas que van a declarar". Se trata de algo "especialmente grave" cuando se investiga a un partido político legal, advirtió.

LA RAZON

Domingo, 11 de septiembre de 2005

DETIENEN A UN MIEMBRO DEL PCTV POR «OLVIDARSE» DE ACUDIR A COMISARÍA

R. N.

Los imputados por el juez Marlaska pagarán mañana los 300.000 euros de fianza

Madrid - Lo que no se acordó en la vista lo ha provocado un «olvido». El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska pidió el ingreso en prisión incondicional del miembro del equipo de comunicación del EHAK-PCTV Joseba Zinkunegi, detenido ayer por la mañana después de que el viernes no se presentara en una comisaría de la Ertzaintza, obligación que le impuso el magistrado. Según informaron fuentes jurídicas a Efe, Zinkunegi, que ayer sí acudió a las dependencias de la Policía Autónoma vasca donde fue detenido, aseguró que se le había «olvidado» que hasta el próximo lunes, fecha límite para depositar la fianza de 100.000 euros que le exigió el juez el pasado miércoles, debía presentarse allí dos veces al día: entre las 9 y las 10 de la mañana y entre las 7 y las 8 de la tarde.

Las fuentes consultadas explicaron que, después de comprobar que no se presentaba a ninguna de las dos citas, la Ertzaintza comunicó esta circunstancia al magistrado, quien decidió concederle un «plazo de gracia» de cuatro horas hasta la medianoche, momento en el que dictó una orden de busca y captura contra él. Zinkunegi acudió ayer puntualmente a la comisaría –estaba allí cuando sólo pasaban cinco minutos de las nueve de la mañana–, pero se encontró con un auto del juez por el que se modificaba su situación de libertad provisional por el de prisión incondicional. Después de ser detenido, el miembro del equipo de comunicación del EHAK-PCTV fue conducido a la sede de la Audiencia Nacional en Madrid, donde Grande-Marlaska le comunicó, en presencia de sus abogados, el cambio de situación.

Revisión del caso para el lunes. El magistrado le ha convocado para las 13.00 horas del próximo lunes día 12 para celebrar una «vistilla» en la que se adoptará una decisión definitiva sobre su situación personal. Esa comparecencia tendrá lugar una hora antes de que se cumpla el plazo dado por el juez a Zinkunegi y a otros dos imputados, Juan José Petrikorena y Peio Gálvez, en la causa en la que se investiga si EHAK-PCTV se constituyó en sucesor de la ilegalizada Batasuna para depositar sendas fianzas de 100.000 euros y así eludir la prisión.

Por su parte, la abogada Jone Goirizelaia estima que existe «un impulso policial» tras la querella que ha dado lugar a la investigación judicial contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK) y anunció que las fianzas impuestas a los imputados serán entregadas el lunes antes de que concluya el plazo. Goirizelaia indicó en una rueda de prensa en San Sebastián que ha sido la Policía quien entregó a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) el informe que presentó junto a la querella y en el que, según dijo, se sustenta exclusivamente el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra EHAK, lo cual calificó de «muy grave» por tratarse de un partido legal.

Sobre la prisión para Zinkunegi destacó que el magistrado demuestra que «sigue empeñado en poner trabas a las cosas que se tienen que hacer en positivo, pues si tú compareces no tiene sentido la medida, cuando además ni siquiera ha finalizado el plazo para depositar las fianzas».

ABC

Domingo, 11 de septiembre de 2005

PRISIÓN PARA UNO DE LOS IMPUTADOS DE EHAK POR «OLVIDAR» PRESENTARSE ANTE LA ERTZAINTZA

Joseba Zinkunegi fue trasladado ayer a Madrid después de presentarse en una comisaría guipuzcoana, donde fue detenido tras no acudir el día anterior

MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decretó ayer prisión para Joseba Zinkunegi, uno de los tres responsables de comunicación del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK) a los que el miércoles pasado se les impuso una fianza de 100.000 euros, que pueden pagar hasta mañana para eludir la cárcel. El motivo del nuevo auto fue que el viernes Zinkunegi no acudió a una de las dos comparecencias diarias en dependencias de la Ertzaintza que le ordenó el juez hasta abonar la cantidad fijada.

El imputado sí se presentó a primera hora de ayer en una comisaría guipuzcoana y alegó que se le había «olvidado» realizar el trámite el día anterior. En ese momento, los agentes de la Ertzainta le notificaron el nuevo auto de Grande-Marlaska en el que decreta su ingreso en prisión y procedieron a trasladarlo a Madrid, donde el magistrado, en presencia de sus abogados, le comunicó el cambio en su situación procesal.

El juez también fijó para mañana una vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, necesaria para modificar la situación penal de los imputados. Grande-Marlaska comunicará entonces a Zinkunegi si le mantiene en prisión o le permite abandonar la cárcel, abonando previamente la fianza de 100.000 euros.

Joseba Zinkunegi, que fue jefe de prensa de EHAK hasta que le sustituyó otro de los imputados, Peio Xabier Gálvez, compareció el pasado miércoles en la Audiencia Nacional ante Grande-Marlaska, quien dictó un auto por el que imponía fianzas de 100.000 euros para eludir la cárcel a cada de uno de los responsables de comunicación que declararon.

Además de Zinkunegi y Gálvez, quien hasta el pasado mes de abril formaba parte del área de comunicación de la ilegalizada Batasuna, el juez tomó declaración a Juan José Petrikorena, responsable de comunicación de la formación liderada por Arnaldo Otegi y que «impartía indicaciones expresas de cómo debía actuar la portavoz de EHAK en plenos tan importantes como el de constitución de la Mesa del Parlamento vasco y el de investidura del lendakari», indica el auto.

Según el magistrado, Petrikorena filtraba las relaciones con la prensa de los miembros de EHAK y el contenido de sus comparecencias. Así, señala que mientras en sus conversaciones por teléfono móvil «se mantenían suficientemente discretos», no lo hacían por «la escrita vía sms», porque pensaban que la observación judicial se limitaba a la comunicación oral.

Todo ello, y a pesar de que los imputados negaron cualquier vinculación con la banda terrorista, llevó al juez a considerar que EHAK «ha sido utilizada por el entramado ETA-Batasuna con el fin de soslayar o poner fin al denominado «ciclo de ilegalización»».

ABC

Domingo, 11 de septiembre de 2005

BATASUNA EXIGE LA «INMEDIATA» PUESTA EN LIBERTAD DE ZINKUNEGI

Los representantes de EHAK insisten en que no tienen vinculación con ETA, y el PNV pide la derogación de la Ley de Partidos porque propicia «estas situaciones»

SAN SEBASTIÁN. La ilegalizada Batasuna exigió ayer la «inmediata»puesta en libertad del responsable de comunicación de EHAK, Joseba Zinkunegi, y expresó su «compromiso para avanzar en el proceso que derrote, de una vez por todas, esta estrategia de guerra que se nos impone». En un comunicado, la formación abertzale consideró que la medida del juez Grande-Marlaska es de «absoluta gravedad, por injustificada, y porque refleja el ensañamiento con el que se actúa desde la Audiencia Nacional». A su juicio, Zinkunegi está en la carcel por ser un ciudadano «de la izquierda abertzale, que trabaja por la paz y las soluciones en este país».

En la misma línea se manifestó la abogada de Batasuna Jone Goirizelaia, quien consideró «totalmente desproporcionada» la decisión e hizo una «valoración absolutamente negativa» de la orden de ingreso en prisión, porque, a su juicio, «jurídicamente no hay por donde cogerla». «No tiene ninguna lógica -aseguró- que se ordene la prisión de una persona que es detenida cuando va a comparecer precisamente atendiendo al llamamiento judicial».

La abogada también anunció que el próximo lunes podrán abonar las fianzas de 300.000 euros impuestas a Zinkunegi, Juan José Petrikorena y Peio Gálvez.

«Estamos hartos»

En la misma rueda de prensa, los representantes de EHAK mostraron su confianza en que «a medio plazo, esta situación termine» ya que insisten en que la Audiencia Nacional no encontrará ninguna vinculación de su partido con ETA ni con Batasuna. Su presidente, Juan Carlos Ramos, quien también declaró ante Grande-Marlaska, aseguró que están «hartos» y que es «increíble» que las comparecencias públicas y privadas de un partido «absolutamente legal» se relacionen con «qué ha dicho el juez o el Ministerio publico».

Asimismo, el portavoz de la Ejecutiva del PNV, Iñigo Urkullo, reclamó la derogación de la Ley de Partidos porque «dificulta» la consecución de un «proceso incipiente para la normalización política y para la consecución de la paz» en el País Vasco y propicia «este tipo de situaciones», en referencia a las actuaciones judiciales emprendidas esta semana contra miembros de la llamada izquierda abertzale.

EL CORREO

Domingo, 11 de septiembre de 2005

ENCARCELAN A UN IMPUTADO EN EL SUMARIO DE EHAK POR NO ACUDIR A COMISARÍA

Joseba Zinkunegi se «olvidó» el viernes de presentarse ante la Ertzaintza, mientras  Goirizelaia anuncia que pagará mañana su fianza y la de otros dos encausados

SAN SEBASTIÁN - El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska revisará mañana la situación del miembro del equipo de comunicación de Batasuna Joseba Zinkunegi, acusado de pertenecer también a EHAK, que permanece encarcelado después de que el viernes quebrantara una orden del magistrado al no presentarse en una comisaría de la Ertzaintza.

Según informaron fuentes jurídicas, Zinkunegi, que ayer sí acudió a las dependencias de la Policía autónoma, donde fue arrestado, aseguró que se le había «olvidado» que hasta mañana, fecha límite para depositar la fianza de 100.000 euros que le exigió el juez el pasado miércoles, debía presentarse en la comisaría dos veces al día: entre las 9.00 y las 10.00 y entre las 19.00 y las 20.00 horas.

Después de comprobar que no había comparecido en este último turno, la Ertzaintza se puso en contacto con el magistrado, quien decidió concederle un «plazo de gracia» de cuatro horas, hasta la medianoche. en ese instante, dictó una orden de busca y captura contra él.

Zinkunegi acudió ayer puntualmente a la comisaría, pero se encontró con un auto del juez por el que se modificaba su situación de libertad provisional por el de prisión incondicional. Una vez detenido, fue conducido a la sede de la Audiencia Nacional en Madrid y, posteriormente, a la cárcel de Soto del Real.

El magistrado ha convocado al acusado para las 13.00 horas de manaña, con el fin de celebrar una pequeña vista en la que se adoptará una decisión definitiva sobre su situación. La comparecencia tendrá lugar una hora antes de que se cumpla el plazo dado por Grande-Marlaska a Zinkunegi y a otros dos imputados -Juan José Petrikorena y Peio Gálvez- en la causa en la que se investiga si EHAK se constituyó en sucesor de la ilegalizada Batasuna para depositar sendas fianzas de 100.000 euros y así eludir la prisión.

En el auto en el que el pasado miércoles emitió el magistrado, éste afirmaba que los tres imputados mantuvieron diversos contactos antes de las elecciones autonómicas del pasado 17 de abril para que el PCTV «asumiera el papel de Batasuna, así como las directrices diseñadas por ETA, concluyendo con el denominado 'ciclo de ilegalización'».

Batasuna, a través de una nota, calificó ayer el encarcelamiento de Zinkunegi como una decisión de «gravedad absoluta, por injustificada y porque refleja el ensañamiento con el que se actúa desde la Audiencia Nacional». El comunicado asegura que el encausado está en la cárcel «por ser un ciudadano vasco, de la izquierda abertzale, que trabaja por la paz y las soluciones en este país».

El partido ilegalizado censuró al «entorno político, judicial y mediático que pretende hacer inviable un proceso de soluciones definitivas y utiliza la Audiencia Nacional como arma judicial para llenar las cárceles españolas de ciudadanos vascos que trabajan por el cambio». Batasuna, tras exigir la libertad de Zinkunegi, muestra su compromiso para «avanzar» en el proceso que «derrote esta estrategia de guerra y posibilite un escenario de paz y democracia para el pueblo vasco».

Impulso de la Policía

La abogada Jone Goirizelaia denunció la «absoluta indefensión» de las personas relacionadas con EHAK, al ser las diligencias judiciales de carácter secreto. En su opinión, la Policía «impulsa» la querella, al acusarla de dar «el informe a la AVT», hipótesis que considera «grave» cuando se está investigando «a un partido político legal».

Por otro lado, la letrada adelantó que ya se ha reunido el dinero suficiente para afrontar el pago de la fianza de Peio Gálvez, Juan Joxe Petrikorena y Joseba Zinkunegi, que asciende a 100.000 euros por persona. Estas cantidades no se han entregado aún porque el viernes fue festivo en Guipúzcoa y el fin de semana los bancos están cerrados, pero el pago se efectuará a primera hora del lunes, antes de que el plazo se haga efectivo, a las 14.00 horas.

El presidente del PCTV, Juan Carlos Ramos, aseguró ayer en San Sebastián que la Audiencia Nacional «no va a encontrar ninguna vinculación» de su partido «con ETA ni con Batasuna», por lo que mostró su confianza en que, «a medio plazo, esta situación termine».

EL PAIS se Plantea la Ilegalización deñ PCTV

Por Sin Pancarta - 19 de Septiembre, 2005, 14:52, Categoría: Partido Comunista de las Tierras Vascas

Debo reconocer estar muy sorprendido ante el editorial de EL PAIS del sábado. Ahora parece ser que si procede la ‘ilegalización’ del PCTV y ahora es inadmisible que se ‘pare el reloj’ de la justicia en aras a una supuesta distensión. Veremos a dónde nos lleva este cambio de postura sin esperar demasiado.

Les resumo el editorial: el juez Grande-Marlaska, sustituto de Garzón en la Audiencia Nacional, investiga la supuesta pertenencia a ETA de varios miembros del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK). El Gobierno, que en su día desistió de instar la ilegalización de esa formación, por considerar insuficientes los indicios existentes, no ha cambiado de posición. Sin embargo, la admisión a trámite de una querella presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha motivado la apertura de una investigación en virtud de la cual ya han comparecido como imputados miembros de EHAK y de Batasuna, y el lunes lo hará Rafael Díez Usabiaga, secretario general de LAB. La imputación es por un presunto delito de pertenencia a banda armada. Si como afirma ahora el fiscal del caso, han aparecido nuevos elementos, deben investigarse de acuerdo con los requisitos propios del derecho penal, con todas las garantías legales. Lo que no resulta admisible es la pretensión de los dirigentes de Batasuna de que deje de aplicarse la ley para favorecer un clima de distensión.

EL PAIS

Sábado, 10 de septiembre de 2005

¿ESTÁN FUERA DE BANDA? 

Editorial

El juez Grande-Marlaska, sustituto de Garzón en la Audiencia Nacional, investiga la supuesta pertenencia a ETA de varios miembros del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK, en sus siglas en euskera). El Gobierno, que en su día desistió de instar la ilegalización de esa formación, por considerar insuficientes los indicios existentes, no ha cambiado de posición. Sin embargo, la admisión a trámite de una querella presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha motivado la apertura de una investigación en virtud de la cual ya han comparecido como imputados miembros de EHAK y de Batasuna -estos últimos deberán pagar fuertes fianzas para eludir la prisión provisional-, y el lunes lo hará Rafael Díez Usabiaga, secretario general del sindicato abertzale LAB, en el que militaban varios de los candidatos que resultaron electos.

No tienen razón quienes sostienen que las medidas actuales del juez Marlaska dan retrospectivamente la razón a su exigencia de intervención del Gobierno. La suspensión de EHAK antes de las elecciones presentaba grandes dificultades. No era un caso comparable al de la agrupación electoral Aukera Guztiak, creada expresamente para sustituir a Batasuna. Bastaba demostrar esa voluntad de sustitución fraudulenta de una organización ilegal; mientras que EHAK era un partido preexistente, legal, por lo que su ilegalización hubiera requerido, de acuerdo con la Ley de Partidos, demostrar que había incurrido en actividades "reiteradas y graves" de apoyo, exculpación o legitimación del terrorismo. Algo difícil de hacer en el escaso tiempo que había entre la presentación de la candidatura y las elecciones. Una suspensión cautelar implicaba el riesgo de tener que repetir las elecciones si en su momento el Tribunal Constitucional rechazaba la suspensión.

La situación actual es diferente. La imputación lo es, según la querella, por un presunto delito de pertenencia a banda armada de los artículos 515 y siguientes del Código Penal: los que sirvieron a Garzón para decretar la disolución de Batasuna. Si, como afirma ahora el fiscal del caso, han aparecido nuevos elementos, deben investigarse de acuerdo con los requisitos propios del derecho penal, con todas las garantías legales. Lo que no resulta admisible es la pretensión de los dirigentes de Batasuna de que deje de aplicarse la ley para favorecer un clima de distensión.

Dos días después de que se conociera la nueva oleada de cartas de extorsión enviadas por ETA, y de que una docena de encapuchados tratase de abrasar vivos a los ertzainas del cuartel de Ondárroa, Díez Usabiaga protestaba de que se hable "tanto de la kale borroka" y tan poco del "apartheid" y la "caza política" de los dirigentes abertzales. Y Otegi advertía de que la decisión del juez había "colmado la paciencia" de su partido, al que "a partir de ahora" nadie podrá hacer responsable "de ningún tipo de enfrentamiento popular o armado que exista". Sin embargo, la ilegalización de Batasuna no es consecuencia de sus ideas independentistas, sino de su vinculación con ETA y de su incapacidad para desmarcarse del entramado coactivo montado por la banda.

Caza de Brujas en la Universidad Vasca

Por Narrador - 19 de Septiembre, 2005, 14:44, Categoría: Terrorismo

¿Recuerdan las informaciones de LA RAZON y otro medios sobre cómo aprobaban los presos etarras sus carreras en la UPV? ¿Recuerdan aquel sujeto que logró matricularse años antes de haber superado la ‘selectividad’? Pues el rector de dicha institución académica en vez de investigar los gravísimos sucesos cuya responsabilidad es suya, se dedica a investigar cómo han llegado los expedientes a la prensa organizando una auténtica caza de brujas. La gravedad no está en la actuación delictiva muy al contrario se encuentra en su difusión ante la opinión pública.

EL MUNDO

Sábado, 10 de septiembre de 2005

LA UPV INVESTIGA LA DIFUSIÓN DE EXPEDIENTES DE PRESOS ETARRAS

Marcos Iriarte

BILBAO.- La Universidad del País Vasco (UPV) ha abierto una investigación interna para esclarecer cómo han llegado hasta la prensa los expedientes académicos de varios presos etarras y no descarta emprender acciones judiciales contra los responsables de lo que califica como una «intolerable» filtración.

Lo avanzó ayer el rector, Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien aseguró que está «valorando seriamente» la posibilidad de llevar ante los tribunales la publicación de documentos que «sólo deberían obrar en manos de la Universidad» y que están creando «sospechas» en torno al funcionamiento de la UPV.

El rector precisó en una entrevista en Radio Euskadi que la institución que dirige no ha proporcionado a la Fiscalía «ninguna» de las informaciones que se están conociendo a través de la prensa sobre las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la UPV para beneficiar académicamente a reclusos de ETA y advirtió de que estas publicaciones «tienen implicaciones muy serias».

Pérez Iglesias puntualizó que los expedientes académicos que están siendo revelados «han sido obtenidos de forma ilícita» y son datos «que bajo ningún concepto pueden estar manejándose fuera de la Universidad». El responsable de la UPV negó que existan «las irregularidades» que la Fiscalía investiga -dijo tener «constancia»- y sostuvo que la situación creada alrededor de estos expedientes es «intolerable».

EL CORREO

Domingo, 11 de septiembre de 2005

EL RECTOR DE LA UPV REITERA QUE NO HAY TRATO DE FAVOR A LOS PRESOS DE ETA

SAN SEBASTIÁN - El rector de la Universidad del País Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, asegura en una entrevista concedida a 'El Diario Vasco' que en la institución que dirige no se produce ningún trato de favor a los presos de ETA. Con referencia a la investigación abierta por la Fiscalía General del Estado para revisar los expedientes de 47 presos de ETA que han estudiado en la UPV, Iglesias insiste en que «mucho de lo que se publica es incorrecto y falso».

Según el rector, hablar de trato de favor a los presos de ETA es «muy subjetivo». «¿Se considera trato de favor que a un alumno se le remitan los apuntes cuando a un alumno presencial no se los facilitan, o que se evalúen de otras maneras?», se pregunta. Iglesias añade que, según los datos estadísticos, «la tasa de éxito es desproporcionadamente menor entre los presos. El porcentaje de aprobados y la calificación media, también. Lo que varía es la tasa de presentación, porque normalmente los presos no se presentan a las convocatorias».

El rector de la UPV, por otra parte, muestra su preocupación por la filtración de expedientes académicos de etarras presos. «Se ha producido una intromisión o una salida de información por vías no autorizadas. Por eso», añade, «además de llevar a cabo una investigación interna, valoramos la posibilidad de denunciarlo ante los tribunales de Justicia».

Más Deseos que Realidades

Por Narrador - 19 de Septiembre, 2005, 14:34, Categoría: ¿Se Negocia con ETA?

Encontramos este curioso reportaje en EL PAIS que no aclara nada, no explica de dónde ha obtenido las informaciones o filtraciones (nos lo imaginamos), ni podemos valorar su veracidad. En realidad más parece la exposición novelada de un deseo que una sucesión de hechos probados. En cualquier caso tiene su importancia al marcar la posición del periódico más próximo al gobierno en lo que se refiere a la ‘negociación’ con ETA.

EL PAIS

Sábado, 10 de septiembre de 2005

BATASUNA ENCARA SU HORA DE LA VERDAD CON UN DEBATE INTERNO

Luis R. Aizpeolea

El Gobierno de Zapatero estima que "Batasuna debe dar el paso hacia la política y la paz", porque "no ha avanzado nada desde la Asamblea de Anoeta, en noviembre de 2004"

Madrid - La ilegalizada Batasuna abrirá un debate sobre la orientación estratégica que marcó en la Asamblea de Anoeta (San Sebastián), de noviembre de 2004, de sustitución de la vía violenta por la política para resolver el llamado "conflicto vasco" con una inminente reunión, al inicio del curso político. Prevista inicialmente en Alsasua (Navarra) para este fin de semana, los dirigentes de Batasuna han cambiado el lugar y la fecha tras haberse hecho pública.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha constatado la ausencia de atentados mortales en los últimos 27 meses por parte de ETA, la práctica desaparición de la habitual "campaña de verano" de atentados en las costas españolas por parte de esa banda e incluso la disminución de la kale borroka, tras un repunte en Getxo (Vizcaya) y San Sebastián (Guipúzcoa) a mediados de agosto, que no tuvo continuidad, a diferencia de otras ocasiones, en las fiestas de Bilbao. Paralelamente, percibe un aumento del protagonismo público perdido de Batasuna, tras su ilegalización en 2002.

El diagnóstico de esta situación fue objeto de atención en las reuniones que el presidente Zapatero mantuvo esta semana con el líder del PP, Mariano Rajoy, y el lehendakari, Juan José Ibarretxe, en La Moncloa.

Rajoy ha eludido hablar de esta cuestión con los medios de comunicación e incluso llegó a señalar, al salir de La Moncloa, que Zapatero no le había aportado ninguna novedad.

No sucedió lo mismo con Ibarretxe que, en la escueta nota que difundió tras reunirse con Zapatero, admitió que las expectativas de paz en Euskadi ocuparon el lugar prioritario de la reunión.

La fecha clave que barajan el Gobierno y Batasuna para este proceso son las elecciones municipales de 2007, en las que la formación de Otegi pretende concurrir como partido legalizado. El Gobierno ya ha notificado por vías indirectas, e incluso públicamente, que la condición para que Batasuna sea legalizada es que debe condenar la violencia o lograr que ETA haga público el cese definitivo de la violencia.

Hasta ese momento, hasta el compromiso público por parte de ETA de dejar la violencia, el Gobierno de Zapatero no considerará abierto el proceso de paz en Euskadi. Ibarretxe coincidió, el miércoles en La Moncloa, con esta visión de Zapatero.

Es a partir de ese momento, del cese de la violencia de ETA, cuando el Gobierno está dispuesto a abrir la negociación sobre los 800 presos etarras. En ese momento podría abrirse el proceso de legalización de Batasuna.

A esta cuestión se refirió el pasado lunes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión de Zapatero con Rajoy, cuando dijo que no habrá conversaciones con ETA hasta que cese definitivamente la violencia. El Gobierno de Zapatero basa su posición en el Pacto de Ajuria Enea de 1988 y en la resolución aprobada por el Congreso en mayo, con la única excepción del PP.

En este contexto, Batasuna va a abrir un debate interno en asambleas, en las próximas semanas y hasta fin de año, sobre la vía a seguir. En medios nacionalistas valoran que el momento es "delicado" y que "hay nerviosismo" en las filas de la izquierda abertzale, sobre todo por los procesos judiciales en marcha, que afectan a sus principales líderes, entre ellos Arnaldo Otegi y el secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, que el próximo lunes comparecerá ante la Audiencia Nacional bajo la imputación de pertenencia a ETA. Desde estos sectores se reclaman "gestos" al Gobierno de Zapatero.

Pero el Gobierno, además de subrayar que en un Estado de derecho el poder judicial es independiente del poder ejecutivo, está reclamando a Batasuna que "avance de forma decidida por la vía política y se desmarque definitivamente de la violencia". "El País Vasco necesita que los 150.000 votos que tiene Batasuna se aíslen de la violencia", señalan fuentes gubernamentales.

El Gobierno cree que "ha llegado el momento de la verdad para Arnaldo Otegi", que "no debe repetir la oportunidad perdida en la tregua fallida de 1999".

En definitiva, el Gabinete cree que la pelota está ahora en el tejado de Batasuna, que es a quien corresponde mover pieza, contribuyendo al cese definitivo de la violencia, para poner en marcha un "auténtico proceso de paz" y que "ése debe ser el sentido de las asambleas de las próximas semanas".

El Ejecutivo estima, también, que desde la Asamblea de Anoeta (Guipúzcoa), de noviembre de 2004, Batasuna "no ha dado más pasos en la dirección de desmarcarse de la violencia".

El alejamiento de Batasuna de la violencia de ETA o el logro de que la banda notifique su cese definitivo es lo que el Gobierno de Zapatero espera para desencadenar el proceso de paz. No hay ningún plazo para ello, pero el proceso asambleario de Batasuna de este otoño podría ser decisivo, según fuentes nacionalistas.

A partir del desencadenamiento del proceso de paz, el Gobierno de Zapatero cree que podría contar con algún tipo de complicidad con el PP, de la que ahora no dispone. Cuenta con el precedente de que este partido, cuando gobernó, mantuvo en 1998 y 1999 un proceso de diálogo con ETA, tras constatar la duración de la tregua declarada por la banda.

Ibarretxe está colaborando con Zapatero en propiciar que Batasuna dé el paso, con un reparto de papeles. Si se materializase el abandono de las armas por parte de ETA, correspondería a Zapatero dirigir el proceso de paz, ya que como presidente del Gobierno tiene competencia sobre las prisiones. Él tendría que dirigir el hipotético proceso de conversaciones con ETA.

El papel de Ibarretxe se centraría en dirigir la mesa de partidos que, al igual que en numerosas comunidades autónomas, procederá a la reforma del Estatuto vasco. Ibarretxe pretende que la ilegalizada Batasuna participe en la mesa de partidos. También propone que esa mesa no tome resoluciones mientras ETA no declare públicamente el cese de la violencia, lo que es otra forma de decir, hasta que Batasuna entre en un proceso de legalización.

Ibarretxe ejerce, de ese modo, una forma de presión sobre Batasuna, que el Partido Socialista de Euskadi y el PP vasco llevan hasta el final al exigir que ni siquiera se sentarán en la mesa con la ilegalizada Batasuna hasta que ETA declare el cese definitivo de su violencia terrorista.

El Entorno Etarra Responsabiliza al PSOE de Realizar un "Sabotaje" al Proceso de Paz

Por Narrador - 19 de Septiembre, 2005, 7:23, Categoría: ¿Se Negocia con ETA?

Me lo creo porque esta contrastado: la dirección de Batasuna y sus antiguos líderes se manifestaron ayer en San Sebastián junto a la ejecutiva de LAB para arropar al secretario general de este sindicato, Rafael Díez Usabiaga, que el lunes comparecerá ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska imputado por el delito de integración en ETA. La izquierda abertzale responsabiliza al PSOE de esta actuación que considera un "sabotaje" al proceso de paz ¿Qué proceso de paz? Y como siempre el diario del PNV es el que entra al tema en profundidad. A ver si vamos a tener que enterarnos de lo que pasa en España, de lo trascendente de verdad por el DEIA.

EL PAIS

Sábado, 10 de septiembre de 2005

LA IZQUIERDA 'ABERTZALE' RESPALDA A DÍEZ USABIAGA, CITADO A DECLARAR

G. Gastaminza

Responsabiliza al PSOE de su imputación por integración en ETA

San Sebastián - La dirección de Batasuna y sus antiguos líderes se manifestaron ayer en San Sebastián junto a la ejecutiva de LAB para arropar al secretario general de este sindicato, Rafael Díez Usabiaga, que el lunes comparecerá ante el juez Grande-Marlaska imputado por el presunto delito de integración en ETA. La izquierda abertzale responsabiliza al PSOE de esta actuación que considera un "sabotaje" al proceso de paz.

Díez Usabiaga es un veterano ideólogo abertzale en cuyo haber está el éxito con el que ha conducido el sindicato LAB, la única organización legal que queda a la izquierda independentista, junto al Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK en sus siglas en euskera) que asumió el pasado marzo su representación política. La actividad sindical de LAB en las dos últimas décadas no ha desmerecido a la política, que alcanzó su momento culminante en la unidad de acción nacionalista con el sindicato ELA, germen de acuerdos como el de Lizarra, en 1998.

La biografía de Díez Usabiaga refleja su significación dentro del mundo abertzale. El secretario general de LAB ha participado directamente en todos los episodios de diálogo con los sucesivos gobiernos. Y en el último, que se derivó de la tregua de ETA en 1998, intervino tras haber sido sobreseído su expediente judicial con una imputación parecida a la actual.

Esta significación explicaría el revuelo y la indignación que la citación de Díez como imputado en la Audiencia Nacional ha provocado en el mundo radical. La manifestación de ayer sirvió para mostrar que ese sector político lo interpreta como un "sabotaje" al proceso de paz. "Parece que [el PSOE] no controla ciertos aparatos del Estado que están dispuestos a sabotear sus propios planteamientos" dijo Txutxi Ariznabarreta, responsable de comunicación de LAB.

Junto a los dirigentes de Batasuna y LAB, entre ellos Arnaldo Otegi y Pernando Barrena, se manifestaron tres parlamentarios de Eusko Alkartasuna, dos de EHAK y la parlamentaria de Aralar, junto a otros miembros de estos partidos. ELA no envió a ningún representante conocido, si bien expresó previamente su respaldo a LAB. A la manifestación acudieron unas 2.000 personas.

Usabiaga cerró el acto con un discurso que abundaba en la "base política" que, a su juicio, impulsa las decisiones judiciales y que enmarcó en la ley de partidos y el Pacto Antiterrorista. "En la Audiencia Nacional comen y beben de ahí, y en ese sentido hay que situar la responsabilidad política directa que tiene el PSOE", afirmó.

El dirigente de LAB admitió que el diálogo exige, para avanzar, muchos "pulsos", incluso "hechos contradictorios", y en él pueden surgir "incontrolados políticos y judiciales". E insistió en el planteamiento de Batasuna: "Construir una mesa de partidos sin exclusiones ideológicas y territoriales", siempre que el diálogo verse sobre el "reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad de los vascos". Advirtió al PSOE y a "algunas posiciones del PNV" de que en estos contenidos "no hay atajos ni sucedáneos".

LA RAZON

Sábado, 10 de septiembre de 2005

EL PP CREE QUE MARLASKA HA DEMOSTRADO QUE HAY PRUEBAS PARA ILEGALIZAR AL PCTV

R. N. y J. A. B.

Llamazares defiende en Bilbao la autodeterminación para el País Vasco

Madrid / Vitoria - Existen pruebas más que suficientes para que el Gobierno pida la ilegalización al Partido Comunista de las Tierras Vascas. Y más después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska haya imputado a tres de sus miembros por pertenencia a ETA. Eso es lo que cree el PP. Y así lo puso ayer de manifiesto su secretario de Libertades Públicas, Justicia y Seguridad, Ignacio Astarloa.

El ex secretario de Estado para la Seguridad afirmó en una entrevista a Servimedia que los motivos que han llevado a Grande-Marlaska a adoptar medidas cautelares contra los miembros del PCTV son «los mismos elementos de juicio de los que disponen el presidente del Gobierno y el fiscal general del Estado» hace meses. Astarloa explicó que el magistrado dictó libertad bajo fianza de 300.000 euros para los responsables del área de Comunicación del PCTV Juan José Petricorena, Peio Gálvez y Joseba Cincunegui después de analizar las pruebas acumuladas por las Fuerzas de Seguridad y la Fiscalía desde antes de las últimas elecciones vascas.

Documentación del Gobierno. La documentación remitida a Grande-Marlaska, según dijo, es la misma información que la Guardia Civil y la Fiscalía mostraron al Gobierno en la campaña de los comicios vascos y que llevó a Zapatero a tomar la decisión de no impugnar la candidatura del PCTV. «Lo que está claro es que el cambio de actitud de la Fiscalía se produce sobre la base de la constatación de unos hechos que le llevan a pedir imputación y medidas cautelares. Esos mismos elementos de juicio los tiene encima de la mesa el presidente del Gobierno y el fiscal general del Estado. ¿Por qué ayer mismo no han pedido ante el Tribunal Supremo la ilegalización del PCTV?», dijo.

El dirigente del PP insistió en que «hace muchos meses que existen indicios suficientes para plantear la ilegalización del PCTV como el último rostro conocido de ETA-Batasuna», por lo que manifestó que es «inexplicable e incomprensible» que ni el Gobierno ni el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, hayan planteado «a estas alturas» la ilegalización del PCTV ante la sala 61 del Tribunal Supremo.

Tampoco entiende el parlamentario vasco del PP Carlos Urquijo que ni Zapatero ni Conde-Pumpido hayan bloqueado la cuenta que Batasuna ha abierto para recaudar fondos con los que pagar la fianza de los tres imputados del PCTV. En su opinión, la actuación de la formación abertzale es «una nueva chulería y un nuevo desafío al Estado de Derecho», al tiempo que denunció la actitud del Ejecutivo cuando es «evidente que tienen mecanismos para evitar esta nueva burla».

Por otra parte, IU se sumó ayer a los postulados nacionalistas y, en un documento presentado en Bilbao sobre «pacificación y normalización política», defendió modificar el «ordenamiento jurídico-político actual» para introducir el «derecho a decidir libre y democráticamente de todos los pueblos». Además, el texto considera también necesaria la creación de sendas mesas de negociación en el País Vasco y Navarra en las que participen «todos los partidos», sin excepción, para solucionar la conflictiva situación vasca.

EL CORREO

Sábado, 10 de septiembre de 2005

LAB CULPA AL PSOE DEL PROCESO JUDICIAL CONTRA LA IZQUIERDA ABERTZALE

Manu Rueda

El sindicato considera que la citación de la Audiencia Nacional a su secretario general constituye un «sabotaje al proceso de superación del conflicto»

SAN SEBASTIÁN - Miles de personas recorrieron ayer las calles de San Sebastián bajo el lema en euskera 'Basta ya. A favor de los derechos civiles y políticos. LAB adelante'. Tras la manifestación, tomó la palabra el secretario general del sindicato, Rafa Díez Usabiaga, para acusar al PSOE de ser el «responsable político» de las imputaciones contra la izquierda abertzale.

Distintos cargos sindicales y representantes políticos participaron en la movilización, entre los que se incluían Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena de Batasuna, Nekane Erauskin, Maite Aranburu y Julián Martínez de EHAK, Ain-tzane Ezenarro y Mikel Basabe de Aralar y Martín Aranburu de EA. Todos ellos quisieron mostrar su solidaridad con Rafa Díez, quien el próximo lunes acudirá a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, imputado por un supuesto delito de integración en ETA.

Díez protagonizó un discurso en el que destacó los «esfuerzos» de la izquierda abertzale por abrir un proceso de paz, que contrastó con las reiteradas acusaciones a los aparatos del Estado dependientes del Gobierno central de intentar «sabotearlo». No obstante, dejó un resquicio a la esperanza y apeló a todos los partidos, y en especial al PSOE, a asumir unos principios que sustenten un diálogo sin exclusiones.

El líder de LAB culpó al poder judicial, «bajo la protección del Gobierno de Madrid», de estar llevando a cabo una «caza política» contra «los colectivos y ciudadanos de Euskal Herria». A su juicio, esta estrategia de «criminalización» política «ha fracasado».

Mantener la tensión

Rafa Díez también quiso responder al «animador veraniego de diligencias judiciales» que, en su opinión, ha sido el coordinador de la ejecutiva del PSE, Rodolfo Ares, quien «dijo que yo no entiendo el Estado de Derecho español». «Tiene razón -añadió-, no entiendo los dos 'estados de derecho', uno para Vera, Roldán, Galindo, los promotores del GAL... y otro que se aplica contra los presos políticos vascos y contra las personas y organizaciones de la izquierda abertzale».

El representante sindical, sin embargo, mostró su comprensión hacia «los pulsos e incluso hechos contradictorios» que se dan en un proceso que busca soluciones. En este sentido, reclamó «hechos concretos» para constituir una mesa multipartita sin exclusiones, así como la asunción de principios que sustenten ese foro por el diálogo.

Para llevar este proceso a buen término, Díez aseguró que «no hay atajos, ni sucedáneos», y aclaró que el único camino posible es «el reconocimiento de Euskal Herria» y «el compromiso» de respetar la voluntad y decisiones de la ciudadanía vasca. «Sin esa disposición por parte de todos no hay proceso de paz y normalización política», advirtió.

«Es hora de la paz en Euskadi», prosiguió. En su opinión, el PSOE y todas las organizaciones políticas deben recorrer un camino en la misma dirección «que lo está haciendo la izquierda abertzale». «Voluntades contrastadas con propuestas y compromisos para avanzar en la construcción de un proceso resolutivo», insistió. Antes de concluir su intervención, Rafa Díez hizo un llamamiento a sus militantes para que mantengan «un nivel de tensión en las respuestas a agresiones».

El responsable de comunicación de LAB, Txutxi Ariznabarreta, también sostuvo que «parece que el PSOE no controla ciertos aparatos del Estado que están saboteando los planteamientos del Gobierno». A su juicio, las diligencias judiciales abiertas contra EHAK y su sindicato «se contradicen» con las declaraciones de los partidos sobre negociación y «crean frustración en la sociedad vasca».

DEIA

Sábado, 10 de septiembre de 2005

DÍEZ ACUSA AL PSOE DE SER RESPONSABLE DE LAS ACCIONES DE LA AUDIENCIA NACIONAL 

Donostia - El secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, acusó ayer al PSOE de ser el «responsable político directo» de las actuaciones de la Audiencia Nacional contra organizaciones de la izquierda abertzale. No obstante, invitó a ese partido y al resto a «recorrer un camino en la misma dirección» que la izquierda abertzale, con voluntades contrastadas a través de «propuestas y compromisos». Díez intervino al final de la manifestación convocada por LAB en Donostia, después de que la Audiencia Nacional le haya llamado a declarar el lunes por un supuesto delito de integración en ETA.

Miles de personas secundaron ayer a mediodía la manifestación, que discurrió tras una pancarta con el lema, en euskara, "A favor de los derechos civiles y políticos. LAB adelante", y en la que se corearon lemas como "Todos los derechos para Euskal Herria", "No a los montajes policiales", "Los presos vascos a casa" o "No pongáis obstáculos a la paz". Entre los participantes se encontraban los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Pernando Barrena o Juan José Petrikorena, así como el ex parlamentario de EA Martin Aranburu, las parlamentarias de EHAK Maite Aranburu y Nekane Erauskin y dirigentes de Aralar como Aintzane Ezenarro y Mikel Basabe. El sindicato ELA también había mostrado su apoyo a este acto.

La marcha concluyó en el Boulevard, donde el secretario general de LAB responsabilizó al PSOE de las actuaciones de la Audiencia Nacional contra organizaciones como EHAK y LAB porque el Alto Tribunal se «alimenta» de la Ley de Partidos y el Pacto Antiterrorista. Atribuyó esta «caza política» contra personas y organizaciones vascas a que el Estado español ha «perdido la batalla política».

A Rodolfo Ares

También se dirigió al dirigente del PSE-EE Rodolfo Ares, a quien calificó de «animador veraniego de diligencias judiciales», para decirle que él tampoco entiende los «dos estados de derecho que se dan en el Estado español, uno para Vera, Roldán, Galindo y los promotores del GAL y otro que se aplica» a izquierda abertzale. El dirigente sindical dijo ser consciente de que en el proceso hacia las soluciones va a haber «hechos contradictorios» y «mucho incontrolado político y judicial».

DEIA

Domingo, 11 de septiembre de 2005

LAB PIDE QUE ZAPATERO ASUMA LA RESPONSABILIDAD EN «LOS SABOTAJES» AL PROCESO DE PAZ 

Ariznabarreta dijo que derogar la Ley de Partidos «limitaría los atropellos políticos» 

Bilbao - El responsable de Comunicación del sindicato LAB, Txu-txi Ariznabarreta, pidió ayer a Zapatero, que asuma su responsabilidad en «los sabotajes» al proceso de paz. Por ello pidió la derogación de la Ley de Partidos pues «limitaría la capacidad de acción de los atropellos político-judiciales».

En este sentido, Ariznabarreta instó a la sociedad vasca a «rebelarse» para «blindar el proceso» e impulsar el diálogo y la negociación. El dirigente del sindicato abertzale se refirió así a las acciones judiciales contra el secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, quien tendrá que declarar el próximo lunes ante el juez de la AN, Fernando Grande-Marlaska, por presunta pertenencia a ETA, así como a la imputación de los militantes de EHAK y al hecho de que ayer se haya decretado prisión para Zinkunegi sin que, a su juicio, exista razón «para pensar que hay riesgo de fuga».

Ariznabarreta explicó que la sociedad vasca «está viendo todo esto como una gran contradicción» pues, a su juicio, «después de escuchar todo el verano a casi todos los dirigentes políticos diciendo que son tiempos de diálogo y negociación, que venía un otoño clave con la creación de las mesas de diálogo, se encuentra a primeros de septiembre con este montaje político-judicial». Así, el dirigente abertzale continuó afirmando que «con estos atropellos» se consigue «una gran frustración social» ya que, en los últimos meses, «se había encendido una esperanza y una ilusión». Por ello explicó que «la sociedad está percibiendo que detrás de este sumario hay unos sabotajes al proceso de superación del conflicto» ya que, a su juicio, se ve con claridad que hay aparatos del Estado que están detrás de este sabotaje. Ahí está el papel del Poder judicial».

DEIA

Domingo, 11 de septiembre de 2005

EA ACUSA A ZAPATERO DE QUERER ILEGALIZAR A EHAK 

Unai Ziarreta cree que se quiere «alterar nuevamente» el mapa político de Euskadi 

Donostia - El secretario general de EA, Unai Ziarreta, acusó ayer al Estado español de haber permitido «conscientemente» la participación de EHAK en las pasadas elecciones para «debilitar» a formaciones como la suya, y de pretender ahora «ilegalizarles» para «alterar nuevamente el mapa político en Euskal Herria».

Ziarreta compareció junto a su compañera de partido Onintza Lasa en Donostia, donde se refirió a las comparecencias de miembros de LAB y EHAK en la Audiencia Nacional al denunciar la existencia de una «estrategia» para «sacar del escenario social» al sindicato abertzale y del «espacio político» al grupo parlamentario «mediante su previsible ilegalización».

El dirigente abertzale dijo que «produce pavor ver con qué frialdad y con qué tranquilidad por parte del Estado se mueven las fichas de las mayorías y las minorías en este país». En este sentido, señaló que, tras la ilegalización de Aukera Guztiak, «el Estado permitió conscientemente que EHAK se presentara a las elecciones» en un intento de «debilitar formaciones como EA y, una vez cumplida esa función, ahora se inicia un movimiento tendente a ilegalizarles» con el objetivo de «alterar nuevamente el mapa político» vasco.

En cualquier caso, apostó por eliminar «los obstáculos» al «incipiente proceso de paz y diálogo» que puedan poner «los sectores más intransigentes y reaccionarios del nacionalismo español», y también los «actos de violencia» y las actuaciones judiciales de la Audiencia Nacional. Ziarreta enmarcó asimismo la detención y posterior orden de prisión contra el responsable de comunicación Joseba Zinkunegi en los «obstáculos de los sectores más conservadores» en contra de la normalización de Euskadi. Así, lamentó la detención de Joseba Zinkunegi y señaló que ésta responde, según su criterio, a «un nuevo episodio de la estrategia que se está siguiendo desde el Gobierno del Estado español».

DEIA

Domingo, 11 de septiembre de 2005

LAB PIDE QUE ZAPATERO ASUMA LA RESPONSABILIDAD EN «LOS SABOTAJES» AL PROCESO DE PAZ 

Ariznabarreta dijo que derogar la Ley de Partidos «limitaría los atropellos políticos» 

Bilbao - El responsable de Comunicación del sindicato LAB, Txu-txi Ariznabarreta, pidió ayer a Zapatero, que asuma su responsabilidad en «los sabotajes» al proceso de paz. Por ello pidió la derogación de la Ley de Partidos pues «limitaría la capacidad de acción de los atropellos político-judiciales».

En este sentido, Ariznabarreta instó a la sociedad vasca a «rebelarse» para «blindar el proceso» e impulsar el diálogo y la negociación. El dirigente del sindicato abertzale se refirió así a las acciones judiciales contra el secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, quien tendrá que declarar el próximo lunes ante el juez de la AN, Fernando Grande-Marlaska, por presunta pertenencia a ETA, así como a la imputación de los militantes de EHAK y al hecho de que ayer se haya decretado prisión para Zinkunegi sin que, a su juicio, exista razón «para pensar que hay riesgo de fuga».

Ariznabarreta explicó que la sociedad vasca «está viendo todo esto como una gran contradicción» pues, a su juicio, «después de escuchar todo el verano a casi todos los dirigentes políticos diciendo que son tiempos de diálogo y negociación, que venía un otoño clave con la creación de las mesas de diálogo, se encuentra a primeros de septiembre con este montaje político-judicial». Así, el dirigente abertzale continuó afirmando que «con estos atropellos» se consigue «una gran frustración social» ya que, en los últimos meses, «se había encendido una esperanza y una ilusión». Por ello explicó que «la sociedad está percibiendo que detrás de este sumario hay unos sabotajes al proceso de superación del conflicto» ya que, a su juicio, se ve con claridad que hay aparatos del Estado que están detrás de este sabotaje. Ahí está el papel del Poder judicial».

El PNV Pone 'a Pureba' a Zapatero

Por Narrador - 19 de Septiembre, 2005, 7:05, Categoría: ¿Se Negocia con ETA?

¿Cómo Puede ser esto? Lean: El PNV quiere acabar con algunas de las principales medidas antiterroristas impulsadas por el anterior Gobierno del PP, para lo que presentará el lunes en el Congreso tres iniciativas en las que pide la reducción de penas para las colaboraciones "nimias" con banda armada, acabar con la "excepcionalidad" para los delitos de terrorismo cometidos por menores y limitar el régimen de incomunicación a tres días. El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, opinó ayer que las propuestas son "asumibles" por el PSOE y admitió que uno de los objetivos es "poner a prueba" a los socialistas sobre su disposición a "corregir la amplísima legislación dictada por el PP".

Un detalle importante. Recoge la noticia EL PIAS y la prensa vasca, especialmente el portavoz oficioso del PNV. No es un dato menor, ni tampoco la reacción tardía de Ares casualmente publicada en DEIA ¿Nos quieren ocultar algo? Yo creo que si.

Partido Nacionalista Vasco

Viernes, 9 Septiembre 2005

ERKOREKA: "QUEREMOS PONER A PRUEBA AL PSOE CON LA PETICIÓN EN EL CONGRESO DEL TRASPASO DE PRISIONES Y OTRAS MODIFICACIONES LEGALES"

Nota de Prensa

El portavoz de EAJ-PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, y la diputada, Margarita Uria, han anunciado en una rueda de prensa celebrada en Sabin Etxea, que exigirán en el Congreso el traspaso de la competencia de prisiones por "oportunidad política" al estar vinculada a la normalización de Euskadi.

Con esta iniciativa, que se enmarcará en una batería de iniciativas sobre medidas penales, procesales y penitenciarias dirigidas a "modificar normas de excepción" de la época de Gobierno del PP, la formación jeltzale pretende "poner a prueba al PSOE".

Uria ha recordado que la transferencia de Instituciones Penitenciarias está prevista en el Estatuto y es una "petición constante del Gobierno vasco y del PNV".

Asimismo, ha señalado que el acuerdo de coalición del Ejecutivo autónomo "lo vincula, además, a la consecución de las condiciones de normalización". Tras asegurar que "es evidente" esta vinculación, ha destacado que "no existen problemas de índole jurídica" para traspasar esta competencia.

"El alcance de la competencia no lo pone nadie en duda, ni que el Estatuto lo contemple, sino que simplemente nunca se encuentra el momento porque se considera que no hay oportunidad política. A nosotros nos parece que sí la hay y, por eso, también le instamos, mediante esta iniciativa, aunque lo haremos también con otras medidas, a que, de una vez, se materialice este traspaso", ha añadido.

Por su parte, Josu Erkoreka ha reclamado al Gobierno del PSOE que "explique qué tipo de imposibilidad metafísica hace que esta transferencia no pueda llevarse a cabo, porque problemas jurídicos no hay; el Estatuto es meridiano, clarísimo a ese respecto; y existe alguna otra Comunidad Autónoma que, con las mismas bases estatutarias, tiene ya la gestión de las prisiones", en referencia a Cataluña.

"Ya nos explicarán cómo formaciones políticas que se dicen estatutistas pueden optar tan flagrantemente por incumplir el Estatuto de Gernika", ha insistido.

EL PAIS

Sábado, 10 de septiembre de 2005

EL PNV PROPONDRÁ DESMONTAR VARIAS MEDIDAS ANTITERRORISTAS QUE IMPULSÓ EL PP

A. Uriona

Bilbao - El PNV quiere desmontar algunas de las principales medidas antiterroristas que impulsó el PP cuando estuvo en el Gobierno. Los nacionalistas presentarán el lunes en el Congreso tres iniciativas en las que pide la reducción de penas para las colaboraciones "nimias" con banda armada, acabar con la "excepcionalidad" para los delitos de terrorismo cometidos por menores, y limitar el régimen de incomunicación a tres días. El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, valoró ayer que las propuestas son "asumibles" por el PSOE y admitió que uno de los objetivos es "poner a prueba" a los socialistas sobre su disposición a "corregir la amplísima legislación de excepción dictada por el PP". Agregó que todas ellas se apoyan en "sólidas razones jurídicas".

La diputada nacionalista Margarita Uria explicó que el cambio en la figura penal de colaboración con banda armada "no pone en duda la existencia del delito" sino que pretende rebajar las penas de los hechos más leves. "En muchos casos se pena la intención de quien comete la acción", dijo. A su juicio, es una "desproporción" una condena de 15 años por la quema de un cajero y que se sentencie entre 5 y 10 años a quienes han tenido "una colaboración menor". El planteamiento del PNV es que los hechos leves supongan un año de prisión.

Incomunicación

Los peneuvistas pedirán también la modificación del tiempo de incomunicación de los detenidos, "que ahora pueden llegar a los 13 días, y eso es una barbaridad". Defienden un periodo máximo de tres días, "como dice la Constitución". Junto a ello, la propuesta pide la grabación de todo el periodo de la detención, en la línea de las recomendaciones de organismos como el Consejo de Europa. La tercera reforma reclamada se refiere a la Ley de Menores sobre casos de terrorismo. El PNV se opone a las penas actuales de internamiento de entre cinco y ocho años, pero considera "peor" la existencia de un juzgado central de menores en la Audiencia Nacional por el "desarraigo" que produce en el acusado.

Los nacionalistas presentarán el lunes una cuarta iniciativa para que se transfiera la competencia de instituciones penitenciarias y especialmente explique la negativa del Gobierno a llevarla a cabo. Erkoreka aseguró que no hay razones jurídicas para oponerse al traspaso, por lo que pidió al Ejecutivo una comparecencia en el Congreso para que explique "que tipo de imposibilidad metafísica hace que la transferencia de prisiones no pueda llevarse a cabo".

El portavoz peneuvista manifestó que la próxima semana están convocados a una reunión para negociar los Presupuestos pero insistió en que previamente se debe firmar un convenio sobre el Cupo, los gastos del Prestige y la financiación de la ampliación de la Ertzaintza.

EL CORREO

Sábado, 10 de septiembre de 2005

EL PNV PONDRÁ AL PSOE «A PRUEBA» AL EXIGIR LA CESIÓN DE LAS PRISIONES

L. P.

BILBAO - El grupo del PNV registrará el lunes en el Congreso cuatro enmiendas con las que pretende «poner a prueba al PSOE» y comprobar «si está dispuesto a cambiar» las políticas «de excepción» firmadas por José María Aznar. Las proposiciones no de ley, presentadas ayer ante los medios en Sabin Etxea, incluyen la solicitud de transferir la gestión de las prisiones al Gobierno vasco así como diferentes reformas penales y procesales.

Los diputados peneuvistas Josu Erkoreka y Margarita Uria aseguraron que sus propuestas no son «maximalistas o inasumibles» por los socialistas y que sólo servirán para determinar si el Gobierno pretende «corregir la actual situación hacia parámetros más democráticos» y acabar con «los excesos» del PP. Así, insistieron que en el primer año de la actual legislatura han detectado «la nula voluntad» del Ejecutivo por «reorientar» las medidas implantadas por los populares.

Así, Erkoreka defendió que desde Madrid «nunca se nos ha dicho que existan problemas de índole jurídica, sino que se considera que no hay oportunidad política» para transferir las instituciones penitenciarias.

Penas «proporcionadas»

Los representantes nacionalistas incluyen en el mismo paquete la revisión del delito de colaboración con banda armada. Esta modificación facilitaría la rebaja de penas y «hacerlas más proporcionadas» en actuaciones «nimias» por colaborar con grupos terroristas. En este sentido, Uria puso como ejemplo la pena de 15 años que puede imponerse por la quema de un cajero, equiparable, dijo, con las que se aplican a «importantes colaboraciones para cometer actos terroristas».

El resto de propuestas afectan a la reforma del Código Penal para impedir que se prolongue el internamiento de los menores por delitos de terrorismo, y la reducción del tiempo de incomunicación de los detenidos así como la colocación de cámaras para grabar los interrogatorios.

DEIA

Sábado, 10 de septiembre de 2005

EL PNV PONE «A PRUEBA» AL PSOE PARA VER SI CORRIGE «LAS LEYES DE EXCEPCIÓN DEL PP» 

Javier Velilla

Presentará en Madrid cuatro iniciativas «asumibles por cualquier demócrata» 

Bilbao - El PNV presentará el lunes en el Congreso un bloque de iniciativas relacionadas con otras tantas medidas penales procesales y penitenciarias que ««pretenden corregir la situación actual hacia parámetros más democráticos y más respetuosos con los derechos fundamentales y las libertades públicas», según señaló Josu Erkoreka, portavoz parlamentario nacionalista.

Erkoreka no ocultaba el objetivo de estas propuestas y señalaba que «queremos poner a prueba al PSOE para ver si es capaz de corregir la amplísima legislación de excepción dictada por el PP en su mandato y si está dispuesto a solucionar los vicios consolidados por la práctica que a nuestro juicio no pueden continuar por más tiempo».

Margarita Uria, portavoz del Grupo del PNV en la comisión de Justicia del Congreso detalló las cuatro propuestas. Uria se refirió, en primer lugar, a la revisión de la configuración del delito de colaboración con banda armada, tal como, según indicó, fue un mandato del Tribunal Constitucional a través de la sentencia sobre la Mesa Nacional de HB.

En la proposición se pide adecuar su tipificación porque «hay colaboraciones que son importantes y merecen mucho reproche penal, pero puede haber colaboraciones nimias que entran en el tipo», por lo que abogó por disminuir «el suelo de la pena» para que no haya desproporciones en las condenas.

La segunda iniciativa se refiere a la modificación de la respuesta penal a los delitos terroristas cometidos por menores y criticó que se creara un Juzgado Central de Menores en la Audiencia Nacional porque, «si algo es fundamental para recuperar un menor, es que pueda seguir teniendo cercanía con su núcleo familiar, que pueda continuar sus estudios, su formación o su trabajo y que sufra el menos desarraigo posible» y destacó que, al trasladarse a la AN los delitos terroristas cometidos por menores, «se violentan las competencias propias de la comunidades autónomas como el seguimiento de las medidas en los tribunales de menores». «Además se está penando las intenciones», señaló poniendo por ejemplo que por quemar un cajero se imponen 15 años de cárcel.

Uria señaló que la tercera proposición está relacionada con el régimen de incomunicación y subrayó «la inquietud porque los malos tratos y las torturas se puedan producir» en este periodo impuesto a los detenidos y apuntó que en la actualidad se llega a posibilitar incomunicaciones de hasta 13 días y señaló que pedirán que el plazo se establezca en 72 horas como señala la Constitución y que se realicen grabaciones en las dependencias policiales. Y la cuarta es pedir la transferencia de Prisiones.

EL MUNDO

Sábado, 10 de septiembre de 2005

LAS FUERZAS DE SEGURIDAD VEN DIFÍCIL LA SUSPENSIÓN DE LA ASAMBLEA CONVOCADA HOY POR BATASUNA EN ALSASUA

Angeles Escriva

MADRID.- Las Fuerzas de Seguridad del Estado están recabando todos los datos sobre una convocatoria de Batasuna a sus bases para una asamblea del partido ilegalizado que fue realizada hace semanas para hoy en la localidad navarra de Alsasua. Sin embargo, y a pesar de que se trata de la reunión interna de una formación ilegalizada por el Supremo, según fuentes de las Fuerzas de Seguridad, son pocas las posibilidades legales de que los agentes puedan proceder a la identificación y disolución de los asistentes.

La primera referencia a la celebración de un acto de la formación representada por Arnaldo Otegi se produjo a mediados del pasado mes de agosto cuando en una nota en euskara, el diario Gara anunció que el sábado 10 de septiembre Batasuna iba a iniciar la apertura de un proceso de renovación de la mesa que aglutina a sus dirigentes, que se iba a prolongar hasta el mes de enero.

Es un procedimiento previsto en los estatutos del partido y que ha de celebrarse cada cuatro años, pero que en esta ocasión se lleva a cabo por primera vez desde que los tribunales sentenciaron su ilegalización.

En los últimos dos años, los integrantes de Batasuna han celebrado sus asambleas o reuniones internas en la clandestinidad. Sin embargo, en este caso, se ha especulado con la posibilidad de que el portavoz de la formación ilegalizada, Arnaldo Otegi, decida comparecer públicamente para desgranar los puntos más relevantes de las ponencias presentadas.

Esta actitud le daría la posibilidad de remarcar una vez más la posición de la izquierda abertzale respecto a un hipotético «proceso de paz».

Posición

Además, le daría la oportunidad de desbrozar cuál es el margen de maniobra de Batasuna -muy distinto al de hace cuatro años- mientras dependa en las instituciones del PCTV, y le permitiría escenificar un desafío al Gobierno en un momento en el que los tribunales recuerdan día tras día la falta de legitimidad de los representantes vinculados al entorno radical.

Sin embargo, si la trascendencia pública que ha tenido el encuentro no mueve a sus convocantes a abortarlo, las posibilidades de que la Guardia Civil pueda impedirlo no parecen ser muchas.

De darse en un local privado, la intervención es legalmente imposible; si, como parece, se celebra en instalaciones de carácter público, según fuentes de la Delegación del Gobierno, los agentes sí podrían intervenir, pero fuentes de la Guardia Civil recuerdan que necesitarían de una orden judicial para disolver la convocatoria y las pruebas de que Batasuna es la convocante. Únicamente pueden intervenir de manera inmediata en el improbable caso de que el acto tenga lugar en la vía pública.

Desde el mes de marzo, la Delegación de Gobierno de Navarra ha prohibido los actos convocados por Batasuna en tres ocasiones, incluso apelando al TSJN. Siempre en la vía pública.

DEIA

Sábado, 10 de septiembre de 2005

UN TEST SOBRE EXCEPCIÓN 

Editorial

El Partido Nacionalista Vasco anunciaba ayer una serie de iniciativas con las que pretende tomar el pulso a la vocación del Gobierno español de desmarcarse o continuar en la dinámica de la excepcionalidad legislativa que marcó la última legislatura en el Estado. Junto a la demanda de reforma de normas de actuación judicial como la consideración del delito de colaboración con banda armada, la reducción del período de incomunicación de detenidos o el tratamiento penal a los menores acusados de delitos de terrorismo, aparece la piedra de toque de la competencia de prisiones, negada con reiteración por el Ejecutivo de Aznar y, ahora, por el de Zapatero. El conjunto de las iniciativas que serán presentadas el lunes en el Congreso supondría, en el caso de ser aceptadas, un giro estratégico de casi 180 grados en la que viene siendo la postura oficial del Gobierno socialista, lo que las hace difíciles de materializar. Sin embargo, constituyen una oportunidad excepcional para medir el grado de implicación en la transformación del escenario heredado de las legislaturas "populares" y en la recuperación de un escenario jurídico con vocación garantista en materia penal y no supeditado a las estrategias de rendimiento político que marcaron su establecimiento.

DEIA

Domingo, 11 de septiembre de 2005

ARES AFIRMA QUE LA LEY DE PARTIDOS SEGUIRÁ EN VIGOR MIENTRAS ETA SIGA ACTUANDO 

El dirigente socialista asegura que, a día de hoy, continúa siendo «plenamente necesaria» 

Bilbao - El portavoz de la Ejecutiva del PSE-EE, Rodolfo Ares, afirmó ayer que la Ley de Partidos «seguirá estando en vigor mientras siga siendo un instrumento útil para combatir al terrorismo y a aquellos que amparan y justifican la violencia». Ares manifestó que, en relación con las decisiones judiciales, los socialistas no tienen «nada que decir» porque respetan la acción de la Justicia, «que en un Estado de Derecho funciona con plena autonomía de otros poderes», en alusión a la prisión decretada contra el miembro del servicio de comunicación de EHAK, Joseba Zinkunegi, y a otras acciones que la Audiencia Nacional está desarrollando contra la izquierda abertzale.

Sobre las reclamaciones realizadas para que se derogue la Ley de Partidos «y otras aprobadas con el apoyo, en su momento, del Partido Socialista y que también se impulsaron en virtud del Pacto Antiterrorista», afirmó que se trata de normas que «siguen siendo plenamente necesarias para combatir y debilitar al terrorismo con el fin de consolidar la paz en Euskadi».

Tras afirmar que el Gobierno socialista ya lo ha repetido en diversas ocasiones, se dirigió a quienes reclaman la derogación de la Ley de partidos y exigen otras reformas legales para «que hagan política alejados del apoyo a la violencia y renunciando a ella para obtener fines políticos porque la política es incompatible con la violencia».

Aznar Rechaza la Negcociación de ZP con ETA

Por Narrador - 19 de Septiembre, 2005, 6:10, Categoría: ¿Se Negocia con ETA?

Y mientras todo esto sucede Aznar con voz clara denuncia el presente y lo que se puede avecinar. Eso sí, sin gran cobertura mediática, sólo se puede leer en LA RAZON.

LA RAZON

Sábado, 10 de septiembre de 2005

AZNAR RECHAZA EN COLOMBIA EL DIÁLOGO CON LOS TERRORISTAS INICIADO POR ZAPATERO

Enrique Ibáñez

El ex presidente ratifica que no volverá a la política, pero sigue con interés «lo que está ocurriendo»

Bogotá - El ex presidente del Gobierno español José María Aznar reiteró el jueves en Bogotá su tesis de que «con el terrorismo no hay términos medios: o se gana o se pierde». Aznar, que presentó su libro «Retratos y perfiles. De Fraga a Bush» ante un centenar de personas reunidas en un club de la capital colombiana, aseguró que una «política de apaciguamiento [en ese terreno] envalentona a los terroristas».

Para presentar el libro, Aznar participó en un coloquio junto al presidente colombiano, Álvaro Uribe; con el ex ministro de Interior y uno de los puntales políticos de Uribe a comienzos de su mandato, Fernando Londoño, y el director de la revista «Cambio 16», Mauricio Vargas. Uribe, que se niega a calificar de conflicto armado la situación en Colombia y prefiere hablar de terrorismo, ha sugerido a la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que no tendría objeción en aceptar la calificación de conflicto armado si ese grupo paramilitar proclama el cese de las hostilidades.

Convencido de que la política de Uribe es firme, valiente y acertada, y «da resultados», el ex presidente del Gobierno aseguró en una entrevista publicada ayer en el diario colombiano «El Tiempo» que «cualquier movimiento que se haga será en torno a esa política, que está siendo reconocida y apoyada en el ámbito internacional».

La batalla antiterrorista. Asimismo, Aznar mostró su admiración al jefe de Estado colombiano, y afirmó también que «el único destino y mensaje es que el terrorismo debe ser derrotado», aún reconociendo que será «una batalla dura, larga y difícil, pero que hay que ganar». El ex jefe del Ejecutivo, que criticó la política contra el terrorismo del presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, declaró en la entrevista al diario que en líneas generales «todos los diálogos [con los terroristas] son iguales», aunque los fundamentos, según la trayectoria histórica, «pueden tener formas diferentes».

«El diálogo con los terroristas es un diálogo que hay que rechazar. Lo que hay que buscar en todo caso es la derrota de las instituciones terroristas», porque no es lo mismo, en su opinión, «un diálogo con una organización prácticamente derrotada que con una que aún está revitalizada». En el acto de presentación del libro, Aznar afirmó que «ser superviviente [del terrorismo] es un privilegio» y subrayó que con el atentado que sufrió en 1995, la organización terrorista ETA «quería impedir que el PP llegase al poder» en 1996, algo que no consiguió llevar a cabo. Asimismo, respecto a los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, perpetrados por una célula de Al Qaida, tres días antes de la elecciones legislativas en España, Aznar declaró que «puso de manifiesto la voluntad [terrorista] de que el Partido Popular perdiera» esas elecciones.

Habló también de la política como dedicación y afirmó, aludiendo a Manuel Fraga, fundador del PP y ex presidente de Galicia, que «sin pasión no hay política» y despreció a quienes llamó «pequeños líderes» que «están más pendientes de su imagen» que de llevar a cabo un gobierno real.

«Si me propusieran ahora regresar a la política, diría rotundamente que no», dijo, «pero sí tengo y sigo conservando el interés por lo que está ocurriendo», al recordar que preside la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). Además, arremetió contra la izquierda al defender a ultranza el liberalismo y la economía de mercado y explicó que se hizo amigo de Tony Blair, el primer ministro británico, porque dejó atrás la política laborista de izquierda con la así llamada Tercera Vía. «Blair entendió que el socialismo se había acabado y denominó Tercera Vía a su política para no decir que el socialismo se acabó», subrayó. Efe

La Opacidad de Ibarretxe

Por Narrador - 19 de Septiembre, 2005, 6:05, Categoría: Gobierno Vasco

Dos opiniones sobre el ‘secretismo’ de Ibarretxe, sobre la demostración palpable del nulo sentido democrático de este sujeto y los suyos. No somos menores de edad para que un grupo de asalariados actúen a nuestras espaldas sin dar cuentas de su actuación. Es lamentable pero al menos clarificador.

EL MUNDO

Sábado, 10 de septiembre de 2005

EL DISCRETO ENCANTO DEL 'LEHENDAKARI' IBARRETXE

Lourdes Martin Salgado

...«No sólo voy a seguir siendo discreto sino que, además, os pido a los medios que entendáis el concepto de mi discreción como un acompañante indispensable para alcanzar soluciones». - JUAN JOSE IBARRETXE / Palacio de Ajuria Enea (8/9/2005)

El lehendakari Juan José Ibarretxe ha decidido que, cuantas veces le sea posible, va a sustituir sus comparecencias públicas por comunicados. Es otra forma de hacer llegar su discurso. Al fin y al cabo, la elocutio, tercera y última operación del arte discursivo, no exige la expresión oral, sino la búsqueda del modo más conveniente y persuasivo de expresar las ideas.

Y es evidente que al lehendakari le convienen los comunicados: con ellos la forma suplanta al fondo. Puesto que su objetivo es demostrar que se trata de un líder discreto, qué mejor que demostrarlo con hechos: capaz de dialogar con todos, no va por ahí contando lo que le cuentan, y menos aún a esos indiscretos periodistas, integrantes de la brunete mediática tantas veces denunciada por el nacionalismo vasco como obstaculizadora del llamado «proceso».

El comunicado se convierte así en el símbolo de la discreción, y ésta, en el de la responsabilidad y el deseo de lograr benéficos objetivos para todos. Los malintencionados verán secretismo o falta de algo significativo que decir pero las personas de buena fe entenderán la discreción.

Y qué duda cabe de que el comunicado que siguió a la reunión mantenida con Zapatero el pasado miércoles fue discreto, tanto, que perfectamente podría haber sido escrito antes de celebrarse el encuentro. Y si no, lean ustedes: como «no hay recetas mágicas ( ) la búsqueda de soluciones pasa por abrir un proceso de diálogo sincero entre todos, por eso el lehendakari ha ofrecido al presidente Zapatero diálogo sincero y discreto ( ) y le ha transmitido su voluntad de iniciar un proceso de diálogo, igualmente sincero y discreto, con todos ( ) con el fin de generar las condiciones que permitan la puesta en marcha de un instrumento de diálogo que haga posible ( ) poder abrir una fase de diálogo». Puesto que el comunicado íntegro puede ser consultado en la página web del Gobierno vasco, cualquiera podrá comprobar que esto que parece una parodia del texto no lo es en absoluto. Todo él es un bucle colgado del diálogo, con tan sólo tres líneas finales que sirven para negar aquello que simultáneamente estaba afirmando el menos discreto ministro de Administraciones Públicas ante los medios.Y es que, a veces, una demostración de fuerza frente a Madrid le resulta al lehendakari mucho más eficaz que la manida discreción.

Habrá quien piense que no tiene sentido hablar (o emitir comunicados) para no decir nada. Es evidente que, si Ibarretxe estuvo dos horas y cuarto con Zapatero, debió de transmitirle algo más que su propósito de dialogar sobre el diálogo. Pero lo cierto es que tanto lo dicho en el comunicado como, sobre todo, la forma de decirlo, transmite un mensaje cuidadosamente elaborado, un falso silogismo fundamentado en la lógica aparente. Basta con que uno asuma sin más la premisa expresada por el propio Ibarretxe -«el concepto de mi discreción es un acompañante indispensable para alcanzar soluciones»- para, inevitablemente, verse abocado a esta falaz conclusión: cualquier crítica al proceder del lehendakari proviene de quienes no quieren soluciones.

Diálogo y discreción, dos conceptos tótem que el ciudadano debe respetar sin hacer preguntas o permitir que otros las hagan, asumiendo que en la sucesión de encuentros se está cociendo algo que es por el bien de todos. Menuda coartada se han buscado nuestros gobernantes para hacer cualquier cosa o, simplemente, no hacer nada. Siempre que comunicados y comparecencias se encabecen con un canto al «clima de normalidad», asuman ustedes que todo va bien.

El problema es que, en una democracia, resultan imprescindibles tanto la transparencia como el que los gobernantes den cuenta de sus actos y decisiones. Por eso la discreción de Ibarretxe no guarda el habitual significado de reserva y prudencia, sino que responde mejor a la segunda acepción que le da la Real Academia: «Antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación».

EL CORREO

Domingo, 11 de septiembre de 2005

SECRETISMOS

Opinión

La decisión de mutismo que el lehendakari ha adoptado sobre asuntos de importancia no se aviene con los usos de una democracia de opinión pública

Recuerdo haber dicho alguna otra vez que el lehendakari Ibarretxe no es un político al uso. No van con él las convenciones que rigen el proceder habitual en la política, sino que lo suyo consiste en no atenerse a lo que comúnmente se considera políticamente correcto. Más que de un espíritu de rebeldía se trata, pienso yo, de ese cierto adanismo de quien cree estar inaugurando en cada actuación un tiempo nuevo, en el que nunca nadie antes había dejado la huella de sus pisadas. En esta línea de conducta ha de encuadrarse la última decisión que el lehendakari ha adoptado en el sentido de no dar cuenta a la opinión pública ni de sus reuniones con el presidente del Gobierno español ni de sus contactos con los líderes de los partidos vascos. Así, los dos grandes objetivos que él mismo se había propuesto para la legislatura, la pacificación y la normalización, quedan ocultos a los ojos de los ciudadanos tras el velo de lo que él entiende por discreción y los demás interpretamos como oscurantismo.

Poco convincente resultará para un adanista el argumento de que el secretismo no se aviene con lo que ha venido en llamarse «democracias de opinión pública» ni respeta el derecho a la información de que deben disfrutar los ciudadanos de cualquier sistema democrático. Mejor será, por tanto, recurrir al otro argumento más funcional de que los comportamientos ocultistas de este género se vuelven, a la postre, contra el mismo que los practica. El vacío que deja la falta de información, o bien se convierte en pasto de rumores, o bien es llenado interesadamente por quien, compartiendo la misma información, se siente libre de manejarla a su antojo. Lo que ha ocurrido tras la reciente entrevista entre el lehendakari Ibarretxe y el presidente Zapatero constituye el mejor exponente de lo dicho. La opacidad del primero ha sido aprovechada por el segundo para dar una versión de los hechos que a duras penas habrá podido ser desplazada por las matizaciones que torpe y tardíamente se le opusieron desde la presidencia del Gobierno vasco.

Pero subyace además en todo este asunto -o así es, al menos, de temer- otra razón más de fondo. Cuando un responsable público se niega a dar cuenta de sus actos, cabe siempre pensar, o bien que no tiene nada que decir, o bien que no quiere decir lo que tiene. Las dos cosas a la vez han concurrido, a mi entender, en el caso que nos ocupa. En aquella materia que al lehendakari le gustaría presentar como el asunto exclusivo de su entrevista con el presidente, la de la pacificación y la normalización, el secretismo que se mantiene más parece ocultar, a estas alturas, el vacío de la nada que la plenitud de algún acontecimiento significativo. El silencio no es, en este sentido, el producto de una discreción que vendría recomendada por la natural delicadeza del asunto, sino que se usa simple e interesadamente como alimento de esa creencia tan arraigada entre nosotros de que «algo se mueve en ese mundo», aunque ningún político haya sido nunca capaz de concretar, más allá de lo que ven los ojos del ciudadano avezado, ni qué es lo que realmente se mueve ni en qué dirección lo hace. No se habla, por tanto, porque nada se tiene que decir, pero el silencio sirve para engordar la expectativa.

En las otras materias, en cambio, es decir, en esas que se refieren a la gobernación ordinaria del país y que, en este momento concreto, se llaman diferencias sobre el Cupo, la financiación de la Ertzaintza o el reembolso de los gastos realizados con ocasión del hundimiento del 'Prestige', el secretismo se debe, por el contrario, a que quien de ellas ha tratado no quiere decir lo que sí tendría que decir. No cabe duda de que fueron éstos asuntos que ocuparon algún tiempo de la reunión que el lehendakari Ibarretxe mantuvo con el presidente Zapatero. Ninguna referencia encontramos, sin embargo, a ellos en la nota informativa que emitió la presidencia del Gobierno vasco. En este caso, no es, por tanto, que no hubiera nada que decir, sino que no se quiso decir lo que de hecho había.

La razón de este segundo silencio nada tiene que ver con el secretismo interesado del primero. Delata, más bien, el modo peculiar de entender su función que tiene quien tras de ese silencio se escuda. Ya en la legislatura anterior, pero, sobre todo, desde las elecciones del 17 de abril, el lehendakari Ibarretxe ha dado claras muestras de que los asuntos de la gobernación ordinaria del país no son de su directa incumbencia. No es, por tanto, de extrañar que quien ni siquiera se ocupó, en sus conversaciones iniciales con los partidos, del problema de su propia investidura, no esté ahora interesado en ofrecer explicaciones sobre asuntos que nada tienen que ver con lo único que realmente le importa: la resolución del gran conflicto político de raíz histórica que nos abruma.

Izquierda Unida en Socorro del Entorno Etarra

Por Narrador - 19 de Septiembre, 2005, 5:31, Categoría: ¿Se Negocia con ETA?

Izquierda Unida, cada vez más hundida, acude en socorro de los terroristas. Gaspar Llamazares, defendió ayer la constitución de una segunda mesa de diálogo en Navarra para resolver el problema de la violencia, que se uniría a la promovida por el Gobierno vasco. También les ofrecemos la entrevista que DEIA publica con Madrazo donde se pueden leer lindezas como; «La política del talante y de la sonrisa de Zapatero ya no es suficiente» o «Las actuaciones de Grande-Marlaska no deben provocar una huida hacia delante». Sin comentarios

EL PAIS

Sábado, 10 de septiembre de 2005

LLAMAZARES PIDE LA CONSTITUCIÓN EN NAVARRA DE UNA SEGUNDA MESA DE DIÁLOGO PARA LA PAZ 

A. U.

Bilbao - El coordinador de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, defiende la constitución de una segunda mesa de diálogo en Navarra para resolver el problema de la violencia, que se uniría a la promovida por el lehendakari Juan José Ibarretxe en el País Vasco. Su formación, junto a la vasca de Ezker Batua y la navarra IUN, suscribieron ayer en Bilbao una declaración pública en la que promueven lo que denominan fase de distensión. Llamazares explicó que luego vendría la negociación en la que deberían participar todos los partidos vascos y navarros y también las víctimas del terrorismo.

El líder de Izquierda Unida consensuó junto a los máximos responsables de Ezker Batua, Javier Madrazo, y de IU de Navarra, Ion Erro, un documento que calificaron de "importante" para el nuevo escenario abierto en Euskadi. Gaspar Llamazares valoró que la ausencia de atentados mortales de ETA desde hace 27 meses abre una nueva etapa que obliga a adoptar iniciativas. Como explica el documento aprobado ayer, las tres formaciones exigen a la izquierda abertzale el cese de toda violencia, incluida la kale borroka y las campañas de amenaza y extorsión, y al Gobierno, la derogación de la Ley de Partidos y el acercamiento a Euskadi de los presos de ETA. "Si esta distensión sale adelante, el proceso puede ser irreversible. Se puede ir de la violencia a la tregua y de la tregua a la paz", vaticinó.

Presión a los cargos públicos

Llamazares instó al mundo abertzale a acabar con la "presión sobre los cargos públicos" en Euskadi, lo que, aseguró, sería "su aportación a la distensión". Sobre la reforma de la Ley de Partidos, opinó que las medidas "de excepción" no se justifican para luchar contra el terrorismo en periodo de actividad y "muchos menos en una fase de interrupción de la actividad cruenta que vivimos en estos momentos".

La resolución considera el cumplimiento de las exigencias al entorno de ETA y al Gobierno como "imprescindibles" para avanzar en la pacificación del País Vasco e insiste en que Izquierda Unida pretende jugar "un papel de puente en esta materia". Las tres formaciones defienden el derecho a "decidir libre y democráticamente de todos los pueblos", lo que implica la modificación de la Constitución "respetando en todo momento el principio de no unilateralidad y el compromiso de no imposición", expresa el texto.

El coordinador de IUN, Ion Erro, defendió la constitución de otra mesa de diálogo en Navarra, porque "debe jugar un papel importante también en el proceso de paz". Defendió su comunidad como "sujeto político activo, diferenciado y propio" y criticó la "imposibilidad" de establecer una vía de diálogo en Navarra por la "incapacidad y la falta de voluntad política" del presidente del Gobierno foral, Miguel Sanz (UPN).

EL CORREO

Sábado, 10 de septiembre de 2005

LLAMAZARES PIDE ACERCAR A LOS PRESOS DE ETA «TRAS DOS AÑOS SIN ATENTADOS CRUENTOS»

Antonio Santos

BILBAO - El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, aconsejó ayer al Gobierno que «tenga en cuenta» la «interrupción de los atentados cruentos» de ETA para «reconsiderar medidas de excepción» como la Ley de Partidos y la dispersión de los presos etarras. Este cambio de rumbo, a su juicio, permitiría afianzar «la nueva fase de distensión» y convertir en «irreversible» el proceso de pacificación.

Su intervención, en Bilbao, sirvió también para exigir a «los abertzales» el cese de la violencia «callejera y la presión» de la 'kale borroka'. «No podemos desaprovechar el momento», insistió poco después de apostar por la constitución de «dos mesas de partidos» en el País Vasco y Navarra que resuelvan el conflicto vasco y cuyas decisiones sean sometidas «a la voluntad de la ciudadanía en una consulta popular».

Llamazares suscribió, tras mantener una reunión con los coordinadores de la coalición en Euskadi y Navarra, Javier Madrazo y Ion Erro, una declaración conjunta en la que las tres organizaciones abogan por un proyecto de Estado «republicano, federal y de izquierdas» donde prevalezca un «pacto entre diferentes para agregarse común y políticamente».

La resolución marca los objetivos de las tres formaciones para el curso político que acaba de arrancar. El texto, de seis puntos, subraya la necesidad de fijar vías de «diálogo» entre todos los partidos y realiza una defensa del «derecho a decidir libre y democráticamente» de todos los pueblos. En este punto, incluye la posibilidad «llegado el caso» de modificar la Constitución para permitir la autodeterminación dentro del Estado español.

DEIA

Sábado, 10 de septiembre de 2005

IU DEFIENDE EL CAMBIO DEL ACTUAL MARCO JURÍDICO PARA INCLUIR EL DERECHO A DECIDIR 

Presentó ayer en Bilbao un documento sobre pacificación y normalización 

Bilbao - Izquierda Unida presentó ayer en Bilbao un documento sobre pacificación y normalización política en el que defiende modificar el «ordenamiento jurídico-político actual» para introducir el «derecho a decidir libre y democráticamente de todos los pueblos». El documento fue presentado en rueda de prensa por los coordinadores generales de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares; de Ezker Batua, Javier Madrazo; y de Izquierda Unida de Navarra, Ion Erro; así como el responsable federal de Política Institucional y Modelo de Estado, Félix Taberna.

La resolución establece que el proceso de paz se debe llevar a cabo a través de sendas mesas de «diálogo democrático resolutivo» en la CAV y Navarra, en las que participarán «todas las formaciones políticas, sin excepción», y cuyos acuerdos serán sometidos a referéndum. La constitución de esos foros, según IU, sólo podrá realizarse en un «escenario de cese definitivo de toda expresión de violencia», incluida la kale borroka y las presiones a los cargos públicos, y en un «contexto político de reconocimiento a los diversos ámbitos de decisión». Además, la coalición de izquierdas reclama, como «gesto de distensión» para favorecer el proceso de paz, la derogación de la Ley de Partidos y el acercamiento de los presos de ETA a cárceles próximas a sus lugares de origen.

Etapa de distensión

Llamazares destacó que se trata de una «resolución muy importante» porque supone el «reconocimiento en el ámbito federal» de la existencia de una «nueva etapa de distensión». «La interrupción de los atentados cruentos de ETA es real y la respuesta de las instituciones ha sido la resolución del Congreso para un diálogo y negociación resolutiva si hay un cese definitivo de la violencia armada, pero es imprescindible dar un paso más».

Ese «paso» consistiría, a su juicio, en el cese de «todo tipo de violencia» desde el «mundo abertzale» y en la anulación de «todas las medidas de excepción» establecidas para luchar contra el terrorismo, entre las que citó la Ley de Partidos y la política de dispersión. Llamazares sostuvo que Izquierda Unida debe jugar en este proceso un «papel de puente» para no perder la oportunidad de conseguir la paz. El documento recalca que cualquier reforma estatutaria que se aborde en este proceso «deberá partir de los mecanismos establecidos al efectos en los diferentes marcos de autogobierno actualmente vigentes».

Por otra parte, Madrazo y Llamazares criticaron el proceso judicial contra EHAK porque «no contribuye» a la puesta en marcha de un proceso de pacificación y normalización. El coordinador de EB dijo no entender por qué se produce «la marcha atrás» de investigar ahora la vinculación de EHAK con Batasuna cuando antes no se cuestionó su legalidad. «Si en su momento no se vieron conexiones concretas de EHAK con el mundo de ETA y, por tanto, no se le aplicó la legislación de la Ley de Partidos, no entendemos porqué ahora se da una marcha atrás y se apuesta por este tipo de iniciativas y dinámicas que tienen que formar ya parte del pasado», concluyó.

DEIA

Domingo, 11 de septiembre de 2005

EZKER BATUA PIDE LA TRANSFERENCIA INMEDIATA DE LA COMPETENCIA EN PRISIONES 

«Por la incapacidad y la desidia del Gobierno central», según denunció ayer Arana 

Gasteiz - El portavoz de presidencia de Ezker Batua-Berdeak, Mikel Arana, pidió hoy al Gobierno central la «transferencia inmediata de la competencia de prisiones a las instituciones vascas», por la «absoluta incapacidad y desidia» de este Ejecutivo ante la «situación extrema» que se está dando en la prisión alavesa de Nanclares de la Oca, donde han fallecido seis personas desde el mes de enero.

Arana hizo estas declaraciones ayer al término de una concentración ante la puerta de este centro penitenciario a la que asistieron unas 50 personas. Entre ellas, estuvieron presentes los parlamentarios Kontxi Bilbao y Oskar Matute, el procurador Ritxar Bacete y el coordinador territorial de EB en Alava, José Miguel Fernández.

«Nos hemos reunido ante esta prisión para constatar nuestra alarma y preocupación por la situación que se está dando en esta cárcel por el deterioro de las condiciones», manifestó el portavoz de EB, quien añadió que «una prueba muy evidente de ello es la muerte de seis personas en los últimos meses».

Tras calificar esta situación como «extrema», Arana aseguró que «el Gobierno central es el responsable subsidiario de esas muertes», y en ese sentido denunció la «absoluta incapacidad y desidia» de este Ejecutivo, que no ha hecho ninguna inversión ni en medios humanos ni en medios materiales en este centro penitenciario.

Política penitenciaria

«Queremos reclamar la inmediata transferencia de la competencia de prisiones a las instituciones vascas, ya que esta será la única manera de poder garantizar una política penitenciaria basada en el respeto a los derechos humanos, la reeducación y la resocialización», agregó.

Respecto a los planes de choque anunciados por el Gobierno central para poner fin a esta situación, Arana dijo desconocer que se estén aplicando e insistió en que la situación de este centro es «absolutamente extrema». «La única manera de resolver esta situación es la transferencia inmediata de la competencia», reiteró el representante de Ezker Batua- Berdeak.

DEIA

Domingo, 11 de septiembre de 2005

«EL GOBIERNO ESPAÑOL JUEGA CON DOS BARAJAS Y TIENE PREPARADO EL ESCENARIO DE OTRA ILEGALIZACIÓN» 

Javier Madrazo es, junto al lehendakari Ibarretxe y a Joseba Azkarraga, uno de los miembros del "núcleo duro" del Gobierno vasco en las cuestiones relacionadas con la normalización política. El líder de EB-Berdeak reclama valentía y pasos simultáneos al Gobierno de España y a la izquierda abertzale. 

Joseba Arruti

Bilbao - El Coordinador de EB-Berdeak y consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Javier Madrazo, (Riaño, Cantabria, 1960) se muestra muy cauto al valorar el momento político actual pero advierte de que «el tiempo no es ilimitado» para hacer avanzar el proceso de normalización y pacificación.

¿Tiene claro sobre qué hablaron el miércoles el presidente Zapatero y el lehendakari Ibarretxe?

Da la impresión de que el Partido Socialista quiso comunicar la reunión en positivo, pero con un mensaje sin sustancia ni contenido. Todavía faltan compromisos claros, tanto en lo que respecta a la normalización política como a otra serie de elementos vinculados con diversos compromisos adquiridos por Zapatero.

Por tanto, ¿no ha servido para lograr avances sustanciales?

Creo que ya ha llegado la hora de la verdad para la política de Zapatero. Está en una encrucijada, y la política del talante y la sonrisa, que le ha acompañado durante todo este tiempo, ya no es suficiente. Le hace falta un plus. Estos próximos meses van a ser definitivos para saber si de verdad tiene una hoja de ruta para Euskadi y si posee voluntad política para abordar un proceso de diálogo resolutivo. Por eso, una reunión como la del miércoles, sin contenidos concretos, queda vacía más allá del envoltorio que haya querido trasladar a la opinión pública el Gobierno.

¿Quién debería dar el siguiente paso para hacer avanzar el proceso de normalización?

Tienen que dar pasos tanto la izquierda abertzale como el Gobierno, y deben hacerlo de forma simultánea. La primera tiene la asignatura pendiente del cese de la violencia en todas sus expresiones, incluida la kale borroka y también la presión a los cargos públicos, y de manera paralela y simultánea el Gobierno debería propiciar gestos de distensión.

¿Cuáles?

Tiene que dar carpetazo a la legislación excepcional, que en este momento tiene menos sentido que nunca, y debe modificar la política penitenciaria de cara a facilitar el acercamiento de presos.

¿Ése sería el escenario idóneopara poner en marcha la mesa de diálogo?

Sin duda. Lo que no cabe es que uno exija al otro que haga movimientos unilaterales. Ahora, lo inteligente sería posibilitar movimientos en paralelo. De lo contrario, se genera mucha incertidumbre sobre la viabilidad del proceso. Ojalá hubiera un cese indefinido de la violencia por parte de ETA, porque hay que exigírselo en cualquier caso y de forma incondicional, pero las cosas, en política, no suelen funcionar así. Los movimientos por parte del Gobierno serían muy positivos para desencadenar un escenario de cese permanente de la violencia.

En cualquier caso, queda claro que no habrá mesa de diálogo resolutivo sin un cese de todo tipo de violencia...

Sí. Ésta es una premisa básica que nadie pone en cuestión, por lo menos entre las voces autorizadas. Hoy es una opinión que no se discute. La mesa debe ponerse en marcha en un contexto de cese permanente de la violencia en todas sus expresiones.

¿Esa situación se podría producir en el corto plazo?

Confío en que sí. El tiempo no es ilimitado. Tenemos el horizonte de las elecciones municipales de 2007, y habrá que hacer las cosas antes de entrar en una fase preelectoral. Por lo tanto, no tenemos mucho tiempo. Sería importante que en esta fase de diálogo preparatorio en la que nos hallamos fuéramos capaces de llegar a algunos acuerdos básicos en relación al nudo gordiano del conflicto vasco: es decir, a la regulación del derecho a decidir.

¿No corresponde esa parte a la fase resolutiva?

La mesa puede servir para materializar o plasmar la regulación concreta del derecho a decidir, pero primero hacen falta acuerdos básicos. Si no hay diálogos preparatorios que encarrilen esta situación, asumiremos demasiados riesgos a la hora de sentarnos en torno a la mesa. Al diálogo resolutivo hay que ir con suficientes garantías de que ese foro va a llegar a buen puerto. Sería imperdonable que se produjera una nueva frustración: esta iniciativa de la mesa de diálogo ha de ser la definitiva.

¿Hasta qué punto sirve la referencia de Irlanda del Norte?

El proceso no debe ser muy diferente al de allí. Hubo una declaración de Downing Street en relación al respeto a lo que se decidiera en una mesa de diálogo y, por otra parte, también se exigió un cese permanente de la violencia para hacer factible una mesa de diálogo resolutivo. Estos elementos son también necesarios en Euskadi.

Tampoco están nada lejos de las premisas ya marcadas en el "Plan Ibarretxe"...

Sí, ése era, precisamente, el "zumo" de esta propuesta. El "Plan Ibarretxe" era una reforma global del Estatuto. Nosotros compartíamos algunos de sus aspectos, pero otros muchos no. De todas formas, en lo que estábamos de acuerdo era en estas cuestiones centrales. Pero el "Plan Ibarretxe" es mucho más y por eso hemos mantenido reservas frente a esa iniciativa.

¿Para cuándo queda la reforma del Estatuto?

Tiene que haber tres fases: la actual, de diálogo preparatorio, la siguiente, de diálogo resolutivo, y la final, la de la reforma global del Estatuto. Pero esta última no se abordará en esta legislatura. Yo me daría con un canto en los dientes si pudiéramos desentrañar el nudo gordiano del conflicto vasco y llegáramos a acuerdos básicos en torno al derecho a decidir en ese plazo.

¿La actuación judicial contra Rafa Díez Usabiaga y algunos miembros de EHAK responde a un intento de obstaculizar el salto hacia el diálogo resolutivo?

Se presta a diversas interpretaciones. Es verdad que se pueden vincular estas iniciativas judiciales a la actuación particular de un juez, dentro de su independencia, pero pienso que hay algo más. No hay que olvidar que la actitud del fiscal también se ha movido y que, al fin y al cabo, actúa en consonancia con los parámetros del Gobierno.

Por tanto, deduzco que ve un impulso gubernamental...

Hay una cobertura política a los movimientos que ha habido en el ámbito de la Justicia respecto a EHAK y Rafa Díez. El Gobierno está utilizando la Ley de Partidos y ese tipo de iniciativas como una amenaza sobre Batasuna advirtiéndole de lo que le puede pasar si no cesa la violencia de forma definitiva en forma de tregua de ETA.

¿Se está intentando presionar a Batasuna?

Sí. Es un factor de presión. El Gobierno español juega con dos barajas. Tienen preparado el escenario de otra ilegalización de ese mundo en caso de que el proceso fracase. Me parece preocupante la situación que estamos viviendo y creo que el Gobierno debería aparcar esta vía de la Ley de Partidos y apostar a una única carta, en favor de un escenario de paz y de normalización política. Por eso pedimos a Zapatero que realice movimientos valientes...

...¿en la línea de la declaración del Congreso?

La declaración del Congreso fue importante, pero ya no es suficiente. También fueron importantes algunos pasos de la izquierda abertzale, como los concretados mediante la declaración de Anoeta o el levantamiento de la amenaza de atentados contra los electos del PP y del PSOE. Pero tampoco esos movimientos son ya suficientes. Debe haber un plus de ambos mundos. Hay que pasar de la violencia a la tregua y de la tregua a la paz. Pero ahora sólo estamos en la fase de la apuesta por la distensión.

¿Cómo ha interpretado la advertencia de Batasuna de que este proceso tiene fecha de caducidad?

No conviene dar ultimatums al proceso. Esa actitud sólo expresa nerviosismo en ese mundo y, en cualquier caso, no está justificado que se pretendan imponer fechas de caducidad. La consecuencia de las actuaciones del juez Grande-Marlaska no puede ser una huida hacia delante.

¿Teme que se produzca?

Hay que apostar por un proceso que no tenga vuelta atrás, y la izquierda abertzale tendrá que entender que su mejor política es la de la apuesta por el cese permanente de la violencia. Realmente, ésa es la vía que les va a dar fuerza y les va a cargar de razón, más allá de lo que haga o deje de hacer el Gobierno central. Ése es el papel que debe ir interiorizando este mundo aunque en verano Batasuna haya realizado movimientos destinados a dar oxígeno a sus sectores más duros. Veo a la izquierda abertzale en una posición pragmática.

¿Cuál sería la función del Gobierno vasco?

Tiene un papel importante, de facilitador, de impulso, de motor. Debe ejercer de cauce central de ese proceso, liderándolo con mucha valentía. Tiene que ser, precisamente, el referente que obligue a los dos mundos a llevar a cabo los movimientos que les corresponden.

¿No han perdido capacidad de iniciativa política tras ser rechazado el "Plan Ibarretxe"?

No, aunque el papel es diferente. Ahora el protagonismo tiene que ser de todos. Es bueno que no haya una propuesta sobre la que gire todo el debate. La búsqueda del consenso debe producirse en torno a la iniciativa de todos. Sería malo que el Gobierno pretendiera arrogarse el protagonismo del debate político. Pero también sería si lo pretendiesen hacer el Partido Socialista o la izquierda abertzale, como intentaron justo antes de las autonómicas.